3.5 LOS ÓRGANOS DEL PODER REVOLUCIONARIO. COMITES, PATRULLAS Y MILICIAS.

Como consecuencia de las jornadas de julio, una verdadera explosión revolucionaria sacudió los cimientos en el territorio donde los militares habían sido derrotados. Una multitud de comités, dispersos por toda la geografía, aparecieron en los pueblos y ciudades, y en los centros de trabajo.

La mayor parte de la burguesía había apoyado o simpatizado con el levantamiento militar. Entre los meses de Febrero y Julio, la fuga de grandes capitales y los cierres patronales, había sido la tónica cosntante. Sólo en los quince días anteriores a la sublevación militar, más de noventa millones de pesetas, habían sido trasladados al extranjero. Poco antes de la sublevación, gran número de propietarios decidieron ausentarse de sus propiedades y trasladarse al extranjero, esperando que un desenlace victorioso para el ejército, disiparía el peligro revolucionario que el gobierno del Frente Popular había sido incapaz de detener. Con la derrota de los militares en la mayor parte de la península, gran numero de propietarios que todavía no habían huido, decidieron hacerlo, por temor a las posibles represalias.

Los decretos del gobierno de Giral y de la Generalitat de Catalunya, cesando a los alcaldes y concejales de signo derechista, llegaron tarde. La mayor parte de los Ayuntamientos en todo el estado, habían dejado de existír. Habían sido sustituidos por los comités revolucionarios, que se habían revelado como los nuevos poderes locales.

La deserción de la burguesía y de los funcionarios del aparato estatal provocó un verdadero vacío de poder, que sería rapidamente ocupado por las organizaciones obreras. Los trabajadores ocuparon los Ayuntamientos, las fábricas, las minas y los talleres. Formaron sus propios comités que sustituyeron a las viejas autoridades republicanas, y se encargaron de reorganizar la producción y la vida cotidiana.

Los comités eran un reflejo de la profunda desconfianza que sentían los trabajadores hacia las autoridades republicanas, que habían permitido con su política, la sublevación militar.

"El pueblo... experimentaba un sentimiento de profunda desconfianza, que abarcaba todo y cegaba cualquier intento de organización. Lo triste es que tenía razón para tal desconfianza, porque todos los organismos de estado lo habían traicionado y los gobiernos, con sus errores, permitieron la realización del movimiento subversivo. Su desconfianza se presentaba bajo dos aspectos: uno, el que le producía la duda sobre la lealtad de los funcionarios del estado: y otro, el consiguiente a desconfiar, no de la lealtad, sino del acierto en las disposiciones que se dieron cuando estas se asemejaban a las del anterior régimen. Su rencor se extendía a todo lo pasado, instituciones y procedimientos; buscaba como Diógenes el ideal: aseguraban las libertades del pueblo y que éstas no fueran jamás abolidas, para lo que se trataba de inventar organismos nuevos que fueran perfectamente controlados y no pudieran incurrir en los defectos de los anteriores, ni producir nuevas traiciones".

"De ahí, la creación de comités, que no era otra cosa que el control que el pueblo establecía en todas las funciones estatales. No pretendía suplantar al gobierno; quería sencillamente vigilar sus actos..." (104).

Felipe Diaz Sandino describió perfectamente, el sentido y la naturaleza de estos organismos revolucionarios, además de la conciencia que animaba a la mayor parte de sus bases sociales.

Los comités pretendían defender las libertades populares y lo que es más importante, y Diaz Sandino no menciona, satisfacer las reivindicaciones históricas de la población trabajadora, que la República, durante cinco largos años se había negado a realizar.

Aunque la génesis de los comités fué extremadamente heterogénea y compleja, el ejemplo de Lérida, ciudad controlada por el POUM, es bastante representativo del proceso:

"La grande y la pequeña burguesía fueron separadas del ejercicio del poder; los partidos republicanos, genuinos representantes de la pequeña burguesía, fueron barridos de la plaza pública... Durante los primeros días, la constitución de la nueva ciudad revolucionaria quedó fijada. Una serie de comités obreros atendían las necesidades perentorias y controlaban todas las actividades (abastecimientos, transportes, ejército, seguridad revolucionaria, etc.). El POUM convocó una reunión de organizaciones sindicales. De esta histórica reunión salió pujante y fuerte un nuevo orden (sin ninguna relación con el gobierno de Madrid y el de la Generalidad de Catalunya)... La clase obrera ejerció su poder a través de tres organismos, independientes en su funcionamiento, pero estrechamente ligados en sus directivas. Partiendo del principio de que todo el poder emanaba de la clase obrera, ésta, por medio de las juntas de todos los sindicatos de la CNT, UGT, y de la FOUS (Sindicato dependiente del POUM), junto con la delegación de un solo partido, el POUM, se constituye en poder legislativo. Su misión era estudiar y fijar las normas sobre todos los problemas. La asamblea de las juntas de los sindicatos delega el poder ejecutivo en las personas de los comisarios de la Generalidad y Ordén Público y en el Comité Popular Antifascista. Este comité queda constituído por representantes de las mismas organizaciones sindicales y políticas de la asamblea. Dos representantes por organización. Su misión es cumplir las disposiciones acordadas por la Asamblea. Las dos comisarías tienen las funciones propias de su cargo. La de la Generalidad (dirigida por Joaquín Vila, militante de las UGT) se ocupa de cuestiones económicas, la del Orden Público (dirigida por José Robles, miembro del POUM) de la seguridad revolucionaria. La asamblea de los sindicatos establece el orden judicial... Crea el Tribunal Popular Revolucionario". (105).

El poder político de las clases medias había sido expropiado por la revolución. Sin embargo, la voluntad de la población trabajadora y de las masas revolucionarias sólo llegaría a expresarse en la gestión del nuevo poder, de forma indirecta, a través de sus organizaciones tradicionales, los sindicatos y los partidos obreros, o lo que es lo mismo, a través del aparato de éstos.

Los comités no sólo ejercieron las funciones de los gobiernos municipales abandonados, sino que fueron mucho más lejos en su tarea de llenar el vacío de poder. Los nuevos organismos revolucionarios actuaron como verdaderos gobiernos locales en las poblaciones donde habían aparecido. Se preocuparon del abastecimiento de víveres de la población. Crearon sus tribunales populares que se encargaron de administrar justicia.

Formaron su propia policía, las patrullas de control o las milicias de retaguardia, que aseguraron el nuevo orden revolucionario. Formaron milicias de voluntarios, que se dirigieron a combatir a los sublevados, en aquellos lugares, donde éstos, habían triunfado. Los comités se encargaron de muchas otras funciones (sanidad, educación...). Confiscaron los edificios religiosos y las propiedades de la burguesía, que había huido. Las propiedades confiscadas fueron utilizadas como cooperativas agrícolas, escuelas, guarderías, almacenes de víveres y de armamento, locales de las organizaciones políticas y sindicales, y para otras muchas funciones y servicios que eran necesarios para la comunidad (106).

En algunas de las grandes ciudades, como Barcelona, aparecieron comités de barricada, descendientes directos de los viejos grupos de defensa de la CNT y de la FAI. El conjunto de estos comités se articularon en una verdadera federación. Se encargaron de administrar sus respectivas áreas de influencia, convirtiéndose en el único poder existente, en los primeros momentos de la revolución. En palabras de un periodista francés testimonio de los acontecimientos.

"... se ha hecho aquí con el poder. El gobierno civil es una figura simbólica, es un pálido girondino ante unos jacobinos, en comparación con los cuales, los nuestros, fueron simples aficionados" (107).

De forma precipitada, se crearon tribunales populares que tuvieron que suplir las funciones del viejo aparato judicial. Los antiguos magistrados fueron relevados de sus puestos, mientras que los elementos más reaccionarios fueron detenidos y en algunos casos, fusilados. Los archivos judiciales y los registros de la propiedad fueron quemados y saqueados por la multitud. De esta forma, la multitud expresaba su odio hacia el viejo orden social.
Los nuevos tribunales, formados con representantes de todas las organizaciones antifascistas, se encargaron de administrar, de manera improvisada, la nueva justicia.

La nueva polícía revolucionaria, Las patrullas obreras de retaguardia se encargaron de vigilar por la seguridad interna del nuevo orden social. Llevaron a cabo la represión contra los simpatizantes de la sublevación, y evitaron, en muchos casos los saqueos, los excesos y las venganzas personales, protagonizados por el lumpenproletariado y por algunos de los elementos revolucionarios más exaltados.

Los nuevos organismos aparecieron también en el interior de los restos de los viejos cuerpos policiales, los guardias de asalto, y la guardia civil (reconvertida rapidamente, en guardia republicana). Estos comités, creados a iniciativa de los mismos guardias de base, se encargaron de la vigilancia y de la depuración de los elementos sospechosos de simpatizar con la sublevación.

La práctica desaparición de cualquier sector del ejército, fiel al gobierno y el fermento revolucionario que se estaba desarrollando por todo el país, fueron las causas de la rápida aparición de un improvisado ejército de voluntarios, dispuestos a terminar con los últimos reductos de los sublevados. Las estimaciones más ajustadas hablan de más de 100.000 milicianos en todo el Estado. La mitad de ellos pertenecían a los sindicatos de la CNT, 30.000 a la UGT, 10.000 al Partido Comunista, 5.000 al POUM (en su mayor parte, en Catalunya). A las milicias obreras se unió un contingente de 12.000 guardias de asalto, algunos centenares de guardias civiles, algunos miles de soldados y apenas 200 oficiales del antiguo ejército (108).

El improvisado ejército de voluntarios en el que se constituyeron las milicias, se caracterizó por su igualitarismo, reflejo de los ideales de la revolución que estaban llevando a cabo. Se abandonaron los nombres de las antiguas unidades, los uniformes, el saludo castrense, el código militar y todos aquellos rasgos que pudieran recordar al viejo ejército de castas que había protagonizado la sublevación. Los oficiales y suboficiales que carecían de privilegios y de distinciones que los diferenciara de la tropa, eran elegidos frecuentemente por ésta en asambleas de milicianos. Sin embargo, eran normalmente los altos mandos y los delegados de las organizaciones políticas y sindicales, los que hacían la elección de los mandos. Su autoridad sólo era utilizada en los combates.

Indiscutiblemente, en ocasiones el afán igualitarista fué llevado, a extremos anecdóticos, y a menudo se dieron grandes dosis de ingenuidad. (109).Frecuentemente también se cometieron graves errores que limitaron la capacidad de los combatientes. Las órdenes de los mandos eran a menudo, discutidas en plenarios y en ocasiones, desobedecidas por los milicianos, si éstos no se mostraban en acuerdo.

Los errores de las milicias serían utilizados por los partidarios de la reconstrucción del viejo ejército republicano, para denigrarlas. Sin embargo, hasta sus adversarios más decididos, tuvieron que reconocer que el avance de los sublevados solo pudo detenerse, durante los primeros meses, gracias a la acción de las milicias populares.

La estructura del improvisado ejército revolucionario era, por lo general, profundamente democrática. En el Frente de Aragón, las asambleas de milicianos escogían a sus representantes, uno por cada veinte combatientes. Los delegados, a su vez, formaban un Comité General de la agrupación, que era el intermediario entre las asambleas y el Comité Ejecutivo.
Este organismo rector era el encargado de llevar a cabo los acuerdos tomados por los milicianos. Las asambleas eran convocadas periodicamente para discutir y resolver los problemas a los que se enfrentaban. Los cargos eran responsables de su gestión ante la tropa que los había elegido y podían ser revocados en cualquier momento, si así lo decidían las bases.

Los "Consejos de obreros y de soldados" aparecieron por iniciativa de la CNT y de la UGT, primero en Catalunya, para extenderse rapidamente al resto del territorio "republicano". Estaban formados por delegados de las milicias y por representantes de los partidos y de los sindicatos que las integraban. Dirigieron el trabajo de vigilancia y depuración de los militares profesionales que se habían integrado en las milicias como asesores técnicos. Los revolucionarios veían en ellos, con razón o sin ella, a los representantes del viejo y odiado ejército, sospechosos de simpatizar con el enemigo. Los consejos de delegados se encargaron también de representar a los milicianos frente a los mandos.

Es importante destacar la importancia obra de las milicias, al extender la revolución y sus conquistas, a las tierras recuperadas a los sublevados. Sólo de esta forma, podemos comprender, como las improvisadas milicias, "carentes de organización y experiencia militar, de armas y de mandos" pudieron enfrentarse con éxito a un ejército, que era claramente superior a ellas, en todos los aspectos convencionales.

"En efecto, carentes de organización y experiencia militares, de armas y de mandos, los obreros solo podían compensar este desequilibrio mediante el entusiasmo, y el entusiasmo no podía generarse por la idea de defender una República que había perseguido a buena parte del movimiento obrero y que había permitido que estallara la guerra civil. Ese entusiasmo, que debía ocupar el lugar del ejército, de las armas, de la experiencia militar, solo podía surgir de la convicción de que se defendía la propiedad del pueblo, es decir, la revolución" (110).

Apenas acabados los combates, los sindicatos descombocaron la huelga general que había paralizado todo el estado. Era necesario recuperar cuanto antes, la normalidad en los centros de trabajo, para poder suministrar lo necesario en los frentes de batalla. Los trabajadores encontraron cerradas las empresas y las industrias donde trabajaban. La mayor parte de los propietarios y de los técnicos habían huído.

"Aunque el día 20, lunes, todavía seguía la consigna de huelga general, los obreros se dirigieron a sus empresas. No sabían si a trabajar o a curiosear. Había en el aire de los barrios, la sensación de que las cosas eran distintas.

El martes 21. En la mayoría de las empresas grandes no estaba el dueño, ni los gerentes, a veces ni siquiera los ingenieros. Ahí, la inquietud se concretó. Si las empresas no funcionaban. ¿qué pasaría?" (111).

La improvisación y la creatividad fueron la tónica general en los centros de trabajo.

"... cada industria, cada empresa, se puso a funcionar por simple iniciativa del propio proletariado, con todos los inconvenientes que se producen en las simples improvisaciones... ellos mismos, desconectados en los primeros momentos de sus propios sindicatos y de sus propios dirigentes ideológicos, se constituyen en asamblea, la cual escoge a quienes consideran más capacitados para poner en funcionamiento la empresa. Si esta requiere una dirección técnica muy especializada se va a buscar, si no se ha presentado, al elemento técnico que les merece más confianza y lo ponen como directivo máximo" (112).

En numerosas ocasiones, los mismos patronos que no habían huido, fueron incorporados a los centros de trabajo como simples técnicos o trabajadores.

La iniciativa de los comités partió, principalmente de los militantes de las organizaciones obreras, que serían seguidos por el resto de los trabajadores. En muchos casos fueron los antiguos comités de empresa, los que dirigieron la puesta en marcha de la producción. A pesar de las jornadas de julio, la producción apenas se interrumpió durante dos o tres días. Cuando se reinició el trabajo, todo volvió a funcionar como antes. A medida que la vida cotidiana se ponía en marcha, se registraba una actividad frenética de los sindicatos para coordinar a los comités, que pedían desorientados, asesoramiento e instrucciones.

El anarcosindicalismo, por su peso en el movimiento obrero catalán, y su fuerte presencia en otras regiones del estado, jugó un papel fundamental. Los militantes de la CNT y de la FAI, empujados por la realidad, se vieron empujados a renunciar a sus principios de rechazo a cualquier forma de poder y acabaron por convertirse en la fuerza principal que impulsó la creación de los comités. El poder estatal, rechazado en la cúpula por sus dirigentes, fué ejercido sin paliativos a nivel local por los militantes de base que no despreciaban las medidas autoritarias para consolidar su revolución.

"El Estado proletario brotaba poderosamente por todas partes, de las propias filas anarquistas" (113).

Es importante destacar la absoluta espontaneidad del fenómeno revolucionario. Fruto de ésta, fué la gran variedad de nombres que adoptaron los comités, en las diferentes localidades. Los nuevos organismos fueron la obra espontánea de las bases de los partidos, de los sindicatos, y también de gran número de trabajadores no afiliados, que decidieron sin esperar las órdenes de sus dirigentes, llenar el vacío político y enfrentarse a los graves problemas que se presentaban.

"En esas primeras semanas posteriores al 20 de Julio ni siquiera los partidos y organizaciones controlaban a sus afiliados" (114).

El carácter espontáneo de los comités y de su obra, pone en evidencia la profunda naturaleza anticapitalista de la revolución española frente a todos aquellos que prefieren reducirla a una simple guerra civil, o bien a una hipotética revolución democrática burguesa que solo fué rebasada por algunos sectores extremistas.

Las organizaciones obreras carecían por completo, en los primeros momentos, de un programa político que les permitiera enfrentarse con la situación desencadenada.

"Los socialistas no lo aprovechan porque de hecho habían perdido su impulso revolucionario y se diluían en divisiones más o menos provocadas, por una demagogia a la cual les impulsaban otras formaciones proletarias; los comunistas tampoco no lo aprovechan porque su fuerza numérica aún era muy inferior y porque ya habían iniciado su evolución, marcada por Moscú, hacia un conservadurismo local, y los anarquistas porque, numericamente superiores solo en Catalunya y Aragón, no tenían una concepción clara de la forma de como tenían que hermanar su deseo revolucionario y su realización práctica" (115).

Sin embargo no hay que caer en el error de considerar a los comités y su obra colectivizadora, como el reflejo de una plena conciencia revolucionaria de los trabajadores. La acción espontánea también fué una consecuencia del vacío de poder político (derrumbe de la República y de sus instituciones) y económico (huída de la burguesía). La reacción fué en gran parte instintiva para la mayoría de los trabajadores. Sólo una minoría organizada veía con claridad la meta final del proceso revolucionario que acababa de iniciarse.

A menudo, los historiadores conservadores o simpatizantes del orden republicano, han atribuído a los comités revolucionarios, numerosos excesos, venganzas personales,... Sin lugar a dudas, algunos en ocasiones, fueron responsables de parte de los excesos perpetrados durante los primeros meses de la guerra civil. En toda revolución se liberan odios acumulados durante siglos de miseria y de explotación, y por lo tanto, va acompañada de excesos inevitables. Juzgar la obra de los comités por estos hechos, significaría disimular la represión fría y planificada que llevaron a cabo sus adversarios, tanto en el bando republicano, como en el franquista Significaría también minusvalorar, pese a los errores cometidos, los importantes éxitos conseguidos en la improvisada puesta en marcha de la economía en el bando "republicano".

Los excesos se produjeron en los momentos de desorden y de vacío de poder. La espontaneidad del fenómeno y el hecho de que no existiera ningún órgano del poder revolucionario que centralizara y coordinara las actividades de los comités, fué una de las causas de los posibles excesos de violencia que se pudieran dar.

Los comités, aparecidos al calor de la derrota del ejército y del derrumbe del poder del poder republicano, se formaron por lo general, con los militantes de las organizaciones obreras que contaban con mayor popularidad entre la población. Victor Alba da un importante testimonio sobre los procedimientos que se siguieron en la elección de los delegados de los comités.

"fué una selección hecha por la base, sin formalidades, aunque a veces se designaron en asambleas, por una especie de concenso. Solo en localidades grandes se recurrió a asambleas con elecciones, más o menos democráticas, para seleccionar a los miembros de los comités. No faltaron los lugares donde fueron los comités de cada organización quienes hicieron las designaciones" (116).

Al contrario de lo que parece afirmar Victor Alba, la democracia interna de los comités era inversamente proporcional a la importancia de las poblaciones. En las grandes ciudades, el peso de la burocracia de las organizaciones obreras se hizo sentir, en detrimento de la democracia. Eran los dirigentes, los que por medio de negociaciones y pactos con las demás fuerzas políticas y sindicales, escogían a sus representantes.

"Rara vez los comités ratificaron su composición mediante un voto más amplio, en los días que siguieron a su designación... de hecho, la <<base>> no ejerció un dominio verdadero más que sobre los comités de pueblo o de empresa. En el escalón superior, la voluntad de las organizaciones fué preponderante" (117).

La democracia en los comités se relegaba a las poblaciones de menor tamaño y a los centros de trabajo. A menudo, los delegados de los comités fueron elegidos en asambleas abiertas, por los miembros de la comunidad o del centro de trabajo. La proximidad entre los delegados y sus bases, hacía que éstos últimos ejercieran un control directo sobre la gestión que realizaban sus representantes. A menudo, los asuntos más importantes eran discutidos en asamblea por la comunidad y no sólo por los delegados del comité. En la composición de los comités se cuidaba con frecuencia, que las minorías estuvieran representadas.

"La mayoría de los comités eran elegidos democráticamente por los trabajadores, milicianos, marinos y campesinos, sin distinción de tendencias, realizándose así la democracia proletaria..." (118).

Los comités, a pesar de ser elegidos generalmente en asambleas, no representaban la opinión real de los trabajadores, sino que reflejaban la correlación de fuerzas que existía entre los sectores más avanzados que estaban organizados en los partidos y en los sindicatos (119). Muchas de estas características hacen que éstos deban ser comparados, no con los soviets rusos de 1917, sino con las Juntas revolucionarias españolas del siglo XIX (120).

COMPOSICION DE LOS COMITÉS EN DIFERENTES POBLACIONES DE CATALUNYA (Datos de Cesar M.Lorenzo) (121).

VICH: 2(CNT),1(FAI),1(ERC),1(UGT),1(POUM),1(UdR).
VALLS:5(CNT),2(ERC),2(USC)1(UGT),1(POUM).
BADALONA:2(CNT),2(FAI),1(ferroviarios CNT),1(PS),1(PC),
1(UGT),1(UdR),1(AC),1(Estat Catalá),2(ERC),1(POUM).
GARRIGUELLA:1(CNT),1(POUM),2(ERC).
CABANES: 3(CNT),1(POUM),1(ERC),2(Ayuntamiento).
VILLAJUICA:1(CNT),1(ERC),1(UdR),1(Ayuntamiento).
AGULLANA:2(CNT),2(UGT),2(POUM),1(ERC).
PONTS DE MOLINS:4(CNT),4(ERC), más el alcalde, liberal.
ROSAS: 4(CNT),3(ERC).

Los comités-gobierno eran los herederos de las Alianzas Obreras que habían protagonizado los hechos de Octubre de 1934, y como éstas, arrastraba las mismas limitaciones. Los nuevos organismos, de la misma forma que las viejas Alianzas, eran fruto del acuerdo entre los diferentes partidos y sindicatos, y por lo tanto tenían el mismo funcionamiento "burocrático" que aquellas.
Sin embargo, la debilidad política de los comités era mayor. Las Alianzas Obreras locales habían tenido su representación jerárquica en las Alianzas regionales o nacionales, existía un verdadero vínculo directo entre ellos. Los comités revolucionarios en cambio, se encontraban dispersos, sin ningún tipo de relación con las Juntas que representaban el poder territorial. Las directrices políticas de éstas últimas, sin ningún tipo de relación jerárquica, chocaban con frecuencia con la oposición de los comités locales y sólo se transmitían a través de los militantes de las organizaciones que estaban presentes en ambos organismos.

Los comités no mantenían estrictamente la condición clasista que habían defendido las Alianzas Obreras. Frecuentemente, los partidos republicanos o militantes destacados de éstos, tenían su representación en los comités, en las localidades donde estaban implantados. La condición interclasista era una consecuencia lógica del pacto que se había realizado en la cúpula, por las direcciones de las organizaciones obreras con el gobierno y con las organizaciones republicanas.

A pesar de la dispersión de los comités, la existencia en muchos casos de coordinadoras comarcales o cantonales, confirman la existencia de una tendencia de los trabajadores a constituirse espontaneamente en un poder revolucionario de tipo soviético o asambleario. Fué la incomprensión de las organizaciones que se reclamaban de la revolución, especialmente la CNT y en mucha menor medida el POUM, sobre la naturaleza y el papel de los comités en la revolución, la que impidió que estas coordinadoras establecieran su representaciòn y su control sobre los organismos de poder territorial.

La falta de una organización que estuviera dispuesta a llevar a cabo la estructuración de los dispersos comités, en un verdadero estado obrero, llevó a muchos de éstos, a convertirse en verdaderos cantones casi independientes. Cada comité de pueblo o de suburbio se convirtió en el responsable de sus propias acciones y fué muy difícil establecer algún tipo de unidad orgánica o de coordinación. Sin embargo, la causa de las dificultades para someter a los comités a una autoridad superior, residía en la escisión creciente que existía entre éstos y las Juntas territoriales, cada vez más subordinadas a la autoridad en vías de recuperación del gobierno de la República.

El fenómeno de los comités revolucionarios que surgió en todo el territorio "republicano", no tuvo un carácter homogéneo. Su implantación, el radicalismo de su obra, sus relaciones con las autoridades gubernamentales y con las Juntas territoriales, dependió en gran manera de la correlación de fuerzas existente en cada una de las zonas del estado. La falta de un organismo centralizado que se convirtiera en la cúspide del poder de los comites, fué también una de las causas de su gran heterogeneidad, tanto en la forma, como en su funcionamiento.

El caso de Euskadi es perfectamente ilustrativo. La fuerza del nacionalismo burgués fué un obstáculo insalvable para que los comités-gobierno se multiplicaran y se consolidaran como un verdadero poder alternativo. En ocasiones, bajo el nombre de los comités, siguieron subsistiendo los viejos Ayuntamientos. La hegemonía aplastante del Partido Nacionalista Vasco impidió la realización de las expropiaciones. Las propiedades de la burguesía vasca fueron respetadas. (Este tipo de comités, escasamente desarrollados como órganos embrionarios del nuevo poder revolucionario, hizo su aparición también en otros territorios del estado, como en Extremadura).

En Asturias, la industria, el comercio y los servicios quedaron socializados. La producción estuvo bajo control de los consejos obreros y de los sindicatos, mientras que su dirección quedaba en manos de las Juntas territoriales de Gijón y de Sama de Langreo. Los comités de empresa se limitaron a controlar la producción en los centros de trabajo, bajo la influencia socialista, tradicionalmente mayoritaria en la región (122). (El ejemplo de Asturias, con sus propias variantes, se desarrolló en algunas zonas de Andalucía y en toda Catalunya).

Otro ejemplo característico fué el caso de Madrid, donde la dispersión fué la tónica dominante. Cada partido, cada sindicato, tenían sus propios comités, su propia policía, sus milicias, sus tribunales y sus prisiones. Cada organización funcionaba en la práctica como un microestado, en convivencia con lo que quedaba del estado central.

Es difícil analizar la conciencia de las masas en plena situación revolucionaria, sin caer en los tópicos tradicionales. A menudo, unos ensalzan el grado de conciencia, hasta convertir a los trabajadores, en revolucionarios completamente conscientes de las circunstancias y perspectivas de la obra que habían iniciado. Otros los convierten en una masa dócil, dirigida y manipulada por una pequeña minorìa de conspiradores. La conciencia de las masas, en medio de un proceso revolucionario, es algo infinitamente más complejo, que cualquiera de los esquemas simplificadores. Los grados de conciencia varían hasta el infinito. Desde los sectores más atrasados de los trabajadores, que inician su incorporación al proceso de transformación social, hasta los que constituyen su vanguardia organizada en los partidos y sindicatos:

"Sin embargo, en el curso de una revolución, la conciencia de clase, es el proceso más dinámico que puede darse, el que determina directamente el curso de la revolución" (123).

Las clases populares, el proletariado urbano, el campesinado pobre (jornaleros, pequeños propietarios) y la pequeña burguesía urbana mantenían una serie de reivindicaciones históricas que hasta el momento, no habían sido satisfechas. La monarquía de Alfonso XIII, y la dictadura del general Primo de Rivera habían sido un obstáculo. La República había sido recibida por la inmensa mayoría de la población, salvo por una pequeña minoría de grandes propietarios, con inmensas esperanzas. Sin embargo, cinco años después, la República, poco o nada había hecho para satisfacerlas.
Las ocupaciones de tierras, las huelgas generales o parciales, por motivos económicos, políticos o solidarios, realizadas entre los meses de Febrero y Julio de 1936, reflejan el creciente descontento y la desconfianza que existía hacia los métodos legales o parlamentarios. La masividad de estas movilizaciones nos permiten afirmar que la conciencia del proletariado y del campesinado, reflejaba confusamente estos deseos de liberación social. La República los había defraudado. Las escasas reformas que se iniciaron durante el período de la coalición republicano socialista, habían sido anuladas durante el bienio negro, en el que había gobernado la reacción derechista.

La sangrienta represión de Octubre de 1934 había sacudido los cimientos de la conciencia de los trabajadores.

Paradójicamente, esta última había dado la victoria electoral, en el mes de febrero de 1936, a un moderado Frente Popular que prometía la amnistía para los represaliados por el gobierno derechista, pero que defendía un programa conservador que no respondía a las reivindicaciones históricas de la población. Cuando las masas llegaron a impacientarse por las duras condiciones de penuria en las que sobrevivían, pasaron a utilizar la acción directa. Las autoridades republicanas izquierdistas del Frente Popular, reprimieron sin contemplaciones las movilizaciones, en nombre del sagrado principio de la propiedad.

Las jornadas revolucionarias de Julio, desencadenaron en Catalunya y en toda España, las profundas aspiraciones de liberación de las clases populares. Después de haber participado en los combates callejeros, o de haber apoyado a los que lo hacían, no estaban dispuestos a confiar en un gobierno totalmente desprestigiado, que carecía de sus cuerpos policiales y de su ejército, a los cuales poder recurrir para imponer su autoridad.
Durante el período revolucionario, los comités y su obra actuaron como un verdadero catalizador en la conciencia de los trabajadores.

"El hombre común tuvo pues, la impresión de que no sólo era el amo de las empresas abandonadas, sino también de las instituciones municipales o privadas abandonadas o paralizadas" (124).

Podríamos añadir que también empezaba a serlo de su propio destino. En el campo y en la ciudad, muchos trabajadores presentían, en la derrota de los militares y en la huida de los odiados patronos, su oportunidad histórica para liberarse de tantos siglos de explotación. Aquella que tanto habían prometido los dirigentes de sus organizaciones. Los jornaleros en el campo vieron la posibilidad de acceder, de forma individual o colectiva, a la propiedad de la tierra. Sin embargo es importante destacar que gran parte del campesinado pobre, escogió la via de la explotación colectiva de las propiedades, superando el tradicional individualismo campesino. Sin lugar a dudas, el tradicional arraigo del anarquismo en muchas zonas rurales, fué un factor decisivo en la aparición y desarrollo de esta conciencia socialista agraria. Fué el instinto revolucionario, el que convirtió a los trabajadores en los artífices de los comités revolucionarios y de su obra: las colectivizaciones.

Aunque los comités se convirtieran en verdaderos embriones del estado obrero, esta idea no estaba claramente definida en la conciencia de sus bases sociales. Con ellos, los trabajadores pretendían cubrir el vacío de poder dejado por el derrumbe de las autoridades republicanas, solucionar sus problemas históricos y también sus necesidades más inmediatas.

" (Lo que quería la clase obrera) era tener el salario asegurado, en ausencia de quien tradicionalmente lo pagaba. Buscó esta seguridad, no en medidas gubernamentales, sino en sus propias medidas. Los obreros, de momento, no pensaron en ejercer este poder que les daba el tener armas y el haber ganado las jornadas más que en una cuestión, la de asegurarse el salario del sábado siguiente" (125).

Desconfiaban de las autoridades republicanas que habían permitido con su política, que estallara la sublevación militar.
Cumplían sus más profundos deseos de satisfacer sus reivindicaciones históricas. Pero, salvo su vanguardia organizada, la mayoría de los trabajadores no eran completamente conscientes de la incompatibilidad que existía entre los comités, su obra y el estado republicano en ruinas que pugnaba por resurgir, y con el que habían pactado y colaboraban sus direcciones políticas y sindicales.

La pequeña burguesía urbana, junto a importantes sectores del campesinado (pequeños y medianos propietarios), vieron con agrado la caída del gran capital que los había condenado inexorablemente a la ruina. Los pequeños propietarios agrícolas veían en la situación revolucionaria, la oportunidad para desembarazarse del pesado yugo de los grandes terratenientes. Sin embargo, la pequeña burguesía también veía con recelo y temor a los trabajadores y sus posibles excesos expropiadores. Las clases medias adoptaron en muchos casos, una actitud neutral o de tímido apoyo a la revolución que se acababa de iniciar. No estaban dispuestas a arriesgar su vida oponiéndose a la revolución.

El verbalismo izquierdista de los socialistas, sus divisiones internas y su desconcierto frente a los hechos, los incapacitaba para convertirse en una verdadera alternativa para las clases medias. Fué el PCE-PSUC con su política audaz y decidida, en defensa de los intereses de estos sectores sociales, quién recogió en los meses posteriores, su apoyo. La táctica que iban a seguir los revolucionarios iba a ser preciosa para decidir hacia qué lado iban a decantarse las clases medias, y por lo tanto, en gran parte, cual iba a ser el destino de la misma revolución.

El funcionamiento de los comités revolucionarios, verdaderos embriones de estado obrero y la reorganización autogestionaria de la producción en los centros de trabajo, hizo que los obreros y el campesinado pobre creyeran que había llegado la hora de la nueva sociedad. Sólo esta nueva conciencia liberadora y revolucionaria puede explicar el entusiasmo, el arrojo y la improvisación con la que se enfrentaron, no sólo a los militares sublevados, sino también a los retos que presentaba la nueva organización de la producción y de la vida cotidiana en general.Los comités revolucionarios estuvieron formados, principalmente, por militantes socialistas, anarquistas y comunistas.

La hostilidad o la incomprensión con la que sus direcciones políticas se opusieron a su obra y el hecho de que no existiese ninguna organización que apoyase con claridad, la vocación estatalista de los comités, hizo que éstos acabaran subordinándose, no sin oponer resistencia, a las autoridades republicanas. Aunque los trabajadores se aferraran a sus comités y desconfiaran de los llamamientos al desarme de la retaguardia, no podían oponerse indefinidamente, sin tener que enfrentarse a los dirigentes de sus propias organizaciones.

Socialistas y comunistas oficiales en nombre del Frente Popular, pronto se mostraron partidarios de disolver los comités y de reconstruir las instituciones republicanas. El hecho de que los trabajadores se empeñaran tercamente en no abandonar lo conquistado, cuestionaba su proyecto de construcción de una "democracia avanzada", que había sido superada por gran parte de la población.

Los nuevos organismos revolucionarios, formados en muchos casos por militantes de estas organizaciones, actuaban frecuentemente por su propia cuenta, al margen de las directrices de sus direcciones políticas. A menudo, sus líneas de acción entraban en abierta oposición.

"... donde militantes socialistas y estalinistas hacían prácticamente la revolución, mientras sus dirigentes predicaban la democracia burguesa y preparaban la reorganización del Estado" (126).

Las aspiraciones de los trabajadores y del resto de las clases populares, estaban simbolizadas por el poder de los comités y se hicieron realidad en la obra de éstos. Sin embargo no fueron recogidas, por diferentes razones, por las organizaciones que los representaban.

Unos se empeñaban en volver a la situación anterior a Julio, que había demostrado hasta la saciedad, sus límitaciones insalvables. Al liquidar las conquistas revolucionarias, consideradas como "excesos" de los trabajadores, manipulados por "extremistas", introducían la desmoralización entre las masas revolucionarias y, simultáneamente, debilitaban el suelo político en el que se apoyaban, facilitando el avance de la reacción militar.

Otros no comprendían que la dinámica revolucionaria de los comités estaba muy lejos de sus esquemas tradicionales, y esto los incapacitaba para llevarla hasta sus últimas consecuencias. Sacrificaron la revolución, poco a poco, en nombre de una ficticia unidad antifascista, que la iba socavando, a medida que iban siendo desmanteladas las conquistas revolucionarias y reconstruido el viejo aparato estatal.

"Sabíamos que no era posible triunfar en la revolución si no se triunfaba antes en la guerra, y por la guerra lo sacrificábamos todo. Sacrificábamos la revolución misma, sin advertir que ese sacrificio implicaba también el sacrificio de los objetivos de la guerra" (127).

La imposibilidad de los comités-gobierno para convertirse en verdaderos soviets, es decir, en las células del nuevo Estado Obrero, no puede ser atribuida a la rápida restauración del poder republicano. Esto sería una cuestión secundaria. La República, al fin y al cabo, pudo reconstruirse gracias al apoyo prestado por las organizaciones obreras, y por consiguiente, también por su negativa a convertir a los comités en los cimientos de la nueva sociedad revolucionaria. El poder de los comités se oponía directamente al de las instituciones republicanas. Ambas se excluían mutuamente. El apoyo al gobierno, por lo tanto, tenía que combinarse con la hostilidad, más o menos abierta, hacia los comités. Ningun partido o sindicato se mostró dispuesto a estructurarlos y coordinarlos. Elementos que eran indispensables, para que la dualidad de poderes evolucionara en un sentido revolucionario.

La inexistencia de una organización que comprendiera el verdadero papel de los comités, sería la causa de que éstos no llegaran a convertirse en verdaderos soviets, similares a los que habían aparecido en las revoluciones rusas de 1917 y 1905, o en la fracasada revolución alemana de 1918.

"Para que los comités hubiesen podido llegar a convertirse en verdaderos soviets, hubiese sido necesario que en uno o en otro momento, hubiesen dejado de estar integrados por dirigentes de las organizaciones, designados o elegidos, para convertirse en organismos elegidos y revocables en los cuales operase democráticamente la ley de la mayoría, y no la regla de los acuerdos de las altas esferas del partido" (128).

En resumen, los comités-gobierno no llegaron a convertirse en soviets, no porque existiera alguna particularidad de la revolución española, o por la tradición y arraigo de los sindicatos en el movimiento obrero de este país. Al fin y al cabo, los rätes alemanes, de naturaleza similar a los soviets rusos, o a los comités revolucionarios españoles, partían de un movimiento obrero que contaba con poderosas organizaciones sindicales y partidarias y con una tradición mucho más vasta que la española. Los organismos de naturaleza soviética no existieron en la revolución española, porque no hubo ninguna fuerza dispuesta a promoverlos.

La incapacidad de los comités-gobierno, fué también la causa de su decadencia y disolución posterior:

"Así también, poco a poco, los comités dejaron de ser verdaderos organismos revolucionarios, por no haberse transformado en expresión directa de las masas sublevadas. Se convirtieron en <<comités de alianza>>, en los cuales la acción de los obreros y de los campesinos, a medida que nos alejamos de las jornadas revolucionarias y del ejercicio del poder en la calle, por los trabajadores en armas, se dejó sentir cada vez menos, y en los cuales, por el contrario, la influencia de los aparatos de los partidos y de los sindicatos se volvió preponderante" (129).

3.6 EL PERÍODO DE DOBLE PODER EN EL RESTO DEL ESTADO

Numerosos historiadores y políticos han catalogado a la revolución española, como la más profunda acaecida en el siglo XX, después de la del Octubre ruso. Su gran originalidad residió, sin duda alguna, en que su carácter insistentemente socialista, se dio de forma independiente de las fuerzas políticas que intervinieron en ella.

La dualidad de poderes, durante los primeros meses de la guerra civil, estuvo centrada en la oposición existente entre el poder de los comités-gobierno locales y el de las direcciones de las organizaciones obreras que formaban parte del Frente Popular. La revolución española tenía sus propias singularidades.
El gobierno de Giral y la Generalitat de Companys sólo se representaban así mismos. La burguesía urbana y agraria los había abandonado refugiándose en el bando franquista. Las clases medias, o bien se mantenían aparentemente neutrales o se agrupaban en torno al PCE-PSUC, que demostraba ser mucho más audaz en la defensa de sus intereses, que los agonizantes partidos republicanos.

Por lo tanto, sería incorrecto afirmar que la dualidad de poderes estaba situada entre las instituciones gubernamentales republicanas y los comités revolucionarios. El falso argumento se apoya en el hecho circunstancial de que en el gobierno, estaban representadas exclusivamente las organizaciones republicanas, y que eran apoyadas desde el exterior por las organizaciones obreras del Frente Popular. La afirmación tiende a sobrevalorar a un gobierno republicano que había perdido toda su autoridad política ante la población, y que mantenía un raquítico poder, que le era concedido por la gracia de las organizaciones obreras (130).

Como en Catalunya, también a nivel estatal se produjeron cambios revolucionarios profundos. Sin embargo, el período de dualidad de poderes sería mucho más corto e inestable. Las principales diferencias entre ambas dinámicas revolucionarias hay que buscarlas en dos factores: El proyecto político de las organizaciones obreras mayoritarias en ambas zonas era distinto y el hecho de que Catalunya contara con el proletariado más concentrado, mejor organizado y con la mayor tradición de lucha de todo el estado.

El anarcosindicalismo, fuerza hegemónica en Catalunya, carecía de un programa político adecuado para enfrentarse con éxito a la compleja situación que se estaba desarrollando. Los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI, mantenían una larga tradición antipolítica y antiestatalista que les impedía comprender la verdadera naturaleza de los comités-gobierno. Pero el anarcosindicalismo necesitaban apoyarse en éstos para mantener su hegemonía frente a los partidarios mantener la revolución en los límites de la revolución democrática. En Catalunya, los partidos y sindicatos obreros que integraban el Frente Popular, eran claramente minoritarios. Fuera de la CNT, solo el POUM contaba en aquellos momentos con una implantación significativa en Catalunya, y éste también se apoyaba en la autoridad de los comités.

Las direcciones de las diferentes fracciones del PSOE y de la UGT, organizaciones mayoritarias fuera de Catalunya, tenían en común, a pesar de sus diferencias políticas, su adhesión al Frente Popular. Caballeristas y prietistas eran partidarios de terminar cuanto antes con el poder de los comités, para reconstruir el estado republicano.

La profundidad de la revolución en el resto del territorio "republicano", era similar a la que se estaba desarrollando en Catalunya, pero los obstáculos eran mucho mayores. La principal diferencia entre los dos procesos revolucionarios, estaba en su dinámica. Los comités en el resto del estado, se estrellaron con la hostilidad, más o menos abierta, de los dirigentes de la mayoría de los partidos y sindicatos, y declinaron rápidamente.

Con la decadencia de los comités-gobierno, decayeron también gran parte de las conquistas conseguidas en el primer período de la guerra y de la revolución.

Durante los meses que existió el período dual, el poder revolucionario estuvo indiscutiblemente, ligado al auge y a la decadencia de los comités.

"...el destino de la revolución española de 1936-1939 estuvo estrechamente vinculado a la formación, despliegue y decadencia de los comités en los meses de guerra" (131).

3.7 LAS JUNTAS TERRITORIALES.

Por encima de los comités-gobierno que aparecieron en los pueblos, en las barriadas de las ciudades y en los centros de trabajo, se formaron una serie de organismos territoriales en todas las zonas de la península donde los militares habían sido derrotados. El Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya, del que hablaremos en otros capítulos, fue el exponente más completo de esta clase de organismos de poder.

Una de las principales características que presenta el fenómeno de las Juntas territoriales, es la inexistencia de un poder unitario y centralizador en todo el territorio republicano. Durante los meses siguientes a las jornadas de julio, el gobierno republicano en proceso de reconstrucción, tuvo que disputar, palmo a palmo, el poder político a las Juntas territoriales, hasta conseguir someterlas y disolverlas posteriormente para sustituirlas por sus propias instituciones restauradas.

Las causas del renacimiento de esta expresión del viejo cantonalismo, hay que buscarlas en la histórica falta de desarrollo y articulación de las estructuras estatales españolas.
El derrumbe del estado central republicano daría paso, no a una nueva forma de estado, sino a diversos gobiernos regionales o territoriales, semi-independientes y sin apenas relación entre si. No hay que olvidar que esta conciencia cantonalista ya había impregnado profundamente a las mismas organizaciones del movimiento obrero español, que tradicionalmente, se habían reivindicado, en mayor o menor grado como federalistas. La "deficitaria" conciencia nacional española fue descrita magistralmente por Gerald Brenan:

"España es el país de la <<patria chica>>...un hombre se caracteriza por su vinculación a su ciudad natal o, dentro de ella, a su familia o grupo social, y sólo en segundo lugar a su patria y al Estado" (132).

A nivel jerárquico, el vacío de poder provocado por el derrumbe de las instituciones republicanas fue rápidamente ocupado por las Juntas territoriales, que tuvieron que encargarse, con la urgencia que la situación requería, de los graves problemas que se presentaban, en medio de una guerra civil. Se crearon comisiones que se encargaron de dirigir y gestionar los servicios y las funciones específicas que anteriormente habían estado en manos del Estado (Abastecimientos, economía, enseñanza, seguridad, Justicia,...). Sin embargo y de la misma forma que los comités revolucionarios locales, nunca adquirieron alcance nacional. Se limitaron a ejercer su autoridad en los territorios en los que habían aparecido, sin que existiera ninguna tentativa de coordinación y de enlace. El hecho de que la mayor parte de las organizaciones obreras fueran partidarias del mantenimiento del gobierno republicano y de los acuerdos del Frente Popular explica la inexistencia de tentativas de coordinación entre ellas. Las Juntas territoriales nunca se convirtieron en un verdadero Estado, ni se vincularon directamente a los comités locales, por la razón de que tampoco pretendían suplantar a la República.

Algunos historiadores parecen considerar que los poderes regionales se formaron a partir de los comités locales.

"A partir de los comités locales se organizaron en los días que siguieron al aplastamiento de la rebelión armada, los poderes regionales" (133).

El origen de las Juntas territoriales no estuvo en la multitud de comités-gobiernos de carácter local que existían, sino en los pactos y negociaciones que se dieron entre las direcciones de las diferentes organizaciones obreras y republicanas.

Los miembros de las Juntas territoriales, representaban a los organismos dirigentes de los distintos partidos y sindicatos, y sólo eran responsables ante ellos. La falta de democratización interna de éstas no es sólo atribuible a las circunstancias de la guerra, sino también a la concepción burocrática que de ellas tenían los dirigentes de las organizaciones que las conformaban. Desde este punto de vista, las Alianzas Obreras territoriales que se habían desarrollado durante 1934 habían sido un precedente de las Juntas territoriales, es decir, como organismos de enlace de las diferentes organizaciones.

Para los partidos y sindicatos obreros del Frente Popular, los comités locales y las Juntas territoriales eran un mal menor que había que aceptar, pacientemente, mientras se reconstruía el estado. Al fin y al cabo, ocupaban el espacio político que habían dejado las desaparecidas instituciones republicanas e impedían que la zona republicana se hundiera en el caos y en el vacío total de poder. Defender la democratización de los organismos revolucionarios, su articulación de abajo a arriba, hubiera significado consolidar una revolución en la que no creían o de la que eran decididos adversarios.

En el espectro ideológico izquierdista, se situaban la CNT, la FAI y el POUM. Las organizaciones anarcosindicalistas consideraban que la democratización de las Juntas territoriales era innecesaria. Para ellos, eran tan solo organismos de frente único con el resto de grupos antifascistas. Para los libertarios los comités locales y las Juntas territoriales eran organismos extraños a su concepción de revolución anarcosindicalista. En el Congreso de Zaragoza, pocos meses antes, la CNT se había definido por una sociedad libertaria, que estaría basada en los sindicatos y en las comunas libres.
El denominador común de todas las organizaciones obreras con respecto a los nuevos organismos que habían aparecido al calor de la revolución era o bien la hostilidad y la desconfianza o bien la simple incomprensión de la naturaleza de las Juntas y de los comités en la revolución española. Sin ningún partido o sindicato que estuviera dispuesto a trabajar desde ellos, para la construcción de un auténtico poder obrero, estructurado y centralizado, que acabara con la débil existencia de la República, el camino de la revolución de los comités quedaba fatalmente bloqueado.

El débil control que ejercieron las Juntas sobre los comités revolucionarios, se realizó a través de los partidos y de los sindicatos obreros que estaban representados en ambos organismos. Los comités lo eran todo a nivel local, las Juntas cumplían la misma función en el territorio donde habían aparecido. Ambos organismos tenían el mismo origen, el vacío del poder político que había dejado la República. La explicación del porqué las Juntas territoriales nunca mostraron vocación para convertirse en el embrión estatal que debería ocupar el espacio dejado por las instituciones republicanas hay que buscarla en la voluntad política de las organizaciones obreras que formaban parte de ellas. Ninguna de ellas, ni siquiera las más radicalizadas, estaban dispuestas, en aquellas condiciones y por distintos motivos, a llevar la revolución hasta sus últimas consecuencias.

La CNT, presionada por las circunstancias, llegó a proponer la creación de una Junta Nacional de Defensa, con representación exclusivamente sindical, UGT y CNT, en la que las organizaciones republicanas serían excluidas y donde los partidos obreros solo estarían representados, por medio de los sindicatos. La propuesta anarquista parecía dirigirse hacia la formación, con otro nombre y arrastrando sus viejos prejuicios antipartidistas, de un verdadero gobierno obrero. Sin embargo, tampoco en esta ocasión la dirección cenetista, estaba dispuesta a llevar el combate hasta el final. La propuesta fue rechazada por Largo Caballero, consciente de que cuestionaba en esencia los acuerdos del Frente Popular y de que ésta no reflejaba la fortaleza política de la CNT, sino su debilidad. Efectivamente, pocas semanas después, los anarcosindicalistas entrarían, sin condiciones, a formar parte de su segundo gobierno.

3.7.1. Asturias:

Coexistiendo con los comités revolucionarios locales, se formaron dos poderes regionales: el Comité de Guerra de Gijón (con mayoría anarcosindicalista), presidido por Segundo Blanco y el Comité Popular de Sama de Langreo (de mayoría socialista y con presencia de comunistas y republicanos), que estuvo dirigido primero por el socialista González Peña y posteriormente por Amador Fernández. En Septiembre, ambos poderes territoriales llegarían a unificarse en un Comité de Guerra, que se instaló en Gijón, y sería dirigido por el socialista Belarmino Tomás.

Los dos organismos territoriales, herederos de la vieja Alianza Obrera regional, cooperaron activamente hasta el momento de su fusión. Ambos crearon sus propias estructuras, dirigidas a solucionar los graves problemas de abastecimiento de la población y a cubrir las necesidades de la guerra. El Comité de Sama de Langreo conseguiría movilizar hasta 20.000 milicianos para hacer frente al ejército franquista. Las milicias revolucionarias en Asturias, al contrario de lo que ocurriría en el del resto del país, no se dividieron según sus ideologías políticas, sino que en su seno coexistieron sin dificultades, los militantes de los diferentes partidos y sindicatos. La lejanía y la escasa influencia de los centros estatales de dirección de las organizaciones obreras hizo que las bases militantes tendieran espontáneamente a la unidad en defensa de la revolución (135).

En la retaguardia, las milicias y patrullas de control, dirigidas por delegados de los partidos y de los sindicatos, se encargaron de mantener el orden interno. En Gijón, se constituyó el Tribunal Popular de Asturias, formado por representantes de todas las organizaciones antifascistas, que se encargó de administrar la justicia revolucionaria en la zona.

Durante este período hasta la ocupación de Asturias por las tropas franquistas, la industria fue socializada. Las minas y las empresas metalúrgicas estuvieron dirigidas por los comités y por los sindicatos. También la actividad pesquera tuvo profundas transformaciones revolucionarias y fue colectivizada. La experiencia con la comuna asturiana de 1934, fue determinante para que fuera llevada a cabo una política de alianza entre el movimiento obrero y el campesinado pobre de la región.
El agro asturiano, donde la pequeña y mediana propiedad eran mayoritarias, no estuvo afectado por la acción colectivizadora.

La prudencia de los revolucionarios en el campo, permitió que existiera una relación estable entre los obreros y el campesinado La moderación con la que los comités dirigieron sus relaciones con el campesinado, no impidió que los productos fueran fiscalizados en beneficio del abastecimiento de la población.

3.7.2. Santander, Burgos y Palencia:

En la zona se constituyó el Comité del Frente Popular Ampliado, en la que se integraron, además de las distintas organizaciones del frente Popular, la CNT y la FAI.

La obra colectivizadora en la región fue escasa, debido a la predominancia socialista en el movimiento obrero. Las expropiaciones sólo afectarían a las propiedades pertenecientes a los patronos que había huido o la de los que eran simpatizantes declarados de los sublevación militar. La industria pesquera fue socializada y controlada por un comité sindical formado por seis miembros de la CNT y seis de la UGT.

Como en Asturias, las buenas relaciones entre los sindicatos permitirían la formación de milicias mixtas, formadas por militantes de todas las organizaciones que integraban la Junta.

3.7.3 Andalucía:

En Córdoba, Jaén y Granada, las dos centrales sindicales UGT y CNT, estaban ampliamente arraigadas y mantenían fuerzas similares. En Sevilla, la situación era compleja, los socialistas eran mayoritarios en la capital, el PCE también estaba fuertemente implantado, mientras que la CNT controlaba el campo.

En la ciudad de Málaga, los comunistas mantenían una fuerte influencia entre los trabajadores organizados.

El estallido de la sublevación y el rápido control de los insurrectos sobre la parte Occidental de la región, impidió que la situación revolucionaria se desarrollara en estas zonas tan complejas en su correlación de fuerzas. La división existente provocó, tras las jornadas de Julio, una profunda disgregación del poder político. No existió un solo poder centralizado, sino varios, que organizaran la resistencia y dirigieran el movimiento espontáneo de la población, (Comité de Salud Pública de Málaga, Frente Popular Antifascista de Granada, Consejo Provincial de Sevilla, Comité de Defensa de Ronda,...),

"Cada ciudad se hizo independiente; no fueron posibles ninguna centralización ni acción coordinada alguna. A diferencia de las otras grandes regiones de España, no se constituyó aquí ningún organismo que subyugara o que al menos intentara subyugar a los innumerables poderes locales" (136).

En Málaga, una vez aplastados en los primeros días los insurrectos, se formó un Comité de Defensa, a partir de los sindicatos UGT-CNT. Posteriormente, el acuerdo se amplió a los partidos políticos "antifascistas" y se constituiría el Comité de Salud Pública de Málaga. La nueva Junta se encargaría de asegurar el orden interno, la organización de la defensa y el abastecimiento de la ciudad.

A diferencia de lo que ocurría en el resto de las Juntas territoriales, la división del trabajo en el seno del Comité de Salud Pública estuvo poco definida. No existieron subcomités especializados en tareas específicas. Sólo posteriormente, y frente a la necesidad de contener el avance franquista, parecen haberse definido las tareas internas (Sin embargo nunca hubo ningún intento de constituir un Consejo Económico). Otra particularidad del Comité de Salud pública fue la de que el Ayuntamiento de la ciudad no fue disuelto, sino solamente depurado de los elementos derechistas y reaccionarios. El 30 de Julio se convirtió en una comisión ejecutiva compuesta por doce miembros, representantes de todas las organizaciones antifascistas.

La autoridad del Comité de Salud Pública se limitó a la ciudad de Málaga. Fuera de ella, el poder estaba en manos de los comités locales que existían en los pueblos de la provincia (Comité Central Permanente de Motril...).

El Frente Popular Antifascista de Granada no se formó hasta el mes de noviembre. La presidencia del organismo recayó en el gobernador civil. Todas las organizaciones antifascistas, incluidas las más radicales, se integraron en la Junta y aceptaron su política de disolución de los comités locales y la sustitución por Consejos Municipales. Esto significó la consolidación del poder político del gobierno de la República en todo su área de influencia.

A pesar del rápida liquidación de la revolución en toda Andalucía, ésta no se hizo sin grandes resistencias. En el proceso de disolución de los comités, los anarcosindicalistas adoptaron diferentes actitudes, según la zona. En algunos lugares como en Granada, la CNT se integró en el poder provincial y en los nuevos Consejos Municipales, que no eran otra cosa que apéndices del gobierno, a diferencia de lo que ocurrió en Málaga donde nunca aceptaron su incorporación.

La inexistencia de una pequeña burguesía numerosa en la región, hizo que los enfrentamientos en la adquirieran formas distintas a las que se desarrollaron en otras zonas. Las organizaciones republicanas apenas tenían algún peso en la sociedad andaluza. El PCE no pudo capitalizar el temor de las clases medias para frenar a los revolucionarios. Las diferencias entre las bases comunistas y las del anarcosindicalismo en cuanto a las colectivizaciones, se limitaron a las formas y no al contenido y naturaleza de éstas (137).

La falta de un organismo territorial único y centralizado, que canalizara los esfuerzos de los trabajadores y de sus comités para frenar el avance de las tropas franquistas, explica la facilidad con la que éstas se adueñaron de gran parte de la región, frente a una oposición dispersa, desorganizada y mal armada.

3.7.4. Aragón:

La reconquista parcial de la región por las milicias de catalanas, principalmente anarcosindicalistas, fue acompañada de profundos cambios revolucionarios, bajo la forma de las colectivizaciones agrarias.

El 6 de Octubre y por iniciativa del Comité Regional de la CNT, se reunió en la población de Bujaraloz, donde estaba situado el Cuartel General de la columna de Durruti, un Congreso de representantes de los comités de las colectivizaciones y de las milicias del frente. Los delegados eligieron un Consejo de Defensa de que estuvo presidido por Joaquín Ascaso. La nueva Junta revolucionaria se instaló en Fraga:

"...El gobierno se resiste a abandonar su puesto para ceder el paso a las iniciativas de la CNT, ante esto, el pleno decidió minar la influencia del poder central y para ello nada mejor que ir a la constitución de los consejos regionales de defensa. Catalunya ya los ha constituido; Levante también lo ha decidido, y por lo que a Aragón respecta: aquí estamos reunidos para llegar a una inteligencia e ir a la constitución del Consejo Regional de Defensa de Aragón" (138).

El Consejo de Aragón estuvo compuesto, desde un principio, exclusivamente por miembros de la CNT. Los socialistas rechazaron su participación y contemplaron con hostilidad la formación de una Junta, que con su existencia cuestionaba, los intentos del gobierno para reconstruir su autoridad en la región. Las organizaciones republicanas, ante la actitud del PSOE, decidieron abstenerse de participar. Socialistas y comunistas oficiales atacaron la formación del nuevo organismo acusándolo de ser una dictadura anarquista camuflada y de cantonalismo (139).

También la Generalitat de Catalunya vio con malos ojos la formación de un poder territorial en Aragón que le disputaba su influencia sobre la región. El gobierno de Madrid no estaba en condiciones para evitar su formación. Sólo lo reconocería mucho más tarde, como maniobra para someterlo a su autoridad. El reconocimiento político del Consejo sería el paso previo para su absorción y disolución, que daría paso a las instituciones del estado republicano reconstruido.

Sin embargo, una de las principales oposiciones a la formación del Consejo de Aragón provino de la misma dirección estatal anarcosindicalista.

"... los propios dirigentes de la CNT proclamaron su descontento. Según ellos, la creación de este Consejo no sólo entorpecía sus gestiones para integrarse en el gobierno sino que además, era ilegítimo ya que no había sido decidido con la aprobación del Comité nacional, ni ratificado por ningún pleno o congreso regular" (140).

La dirección de la CNT, presa de sus compromisos con el gobierno y el Frente Popular, sacrificaba todo lo que pudiera significar profundización en la organización del poder revolucionario, en aras de una "unidad antifascista" que pretendía restaurar el viejo orden republicano.

3.7.5. Valencia:

El 20 de Julio, en pleno fragor de los combates, se constituyó un Comité que agrupó a todas las organizaciones pertenecientes al Frente Popular. Mientras tanto, el día 19, la CNT había formado su propio Comité de Huelga que procedió a convocar la huelga general en toda la región, apenas conocida la sublevación militar.

El Comité de Huelga precedió al que se formaría el mismo día 20 entre las dos centrales sindicales, UGT y CNT, dirigido por el cenetista Francisco Gómez y por el socialista Guillén. Poco después, se formó un nueva Junta que unificaría a los dos organismos existentes, el Comité Ejecutivo Popular de Levante.
Aprovechando el largo paréntesis entre el estallido de la sublevación estatal y la de Valencia, el gobierno Giral intentó aprovechar la situación y recuperar su autoridad en la región.

Una Junta delegada, dirigida por Martínez Barrio fue enviada desde Madrid, para sustituir al gobernador civil.

El choque entre la Junta gubernamental y el Comité Ejecutivo Popular no se hizo esperar. La Junta delegada, apoyada por el PCE, presionó para que finalizara la huelga general y se iniciaran negociaciones con los mandos de la guarnición militar que estaba acuartelada, y que era supuestamente leal al gobierno.
La Junta de Martínez Barrio pidió la disolución del Comité Ejecutivo Popular, y la subordinación de todo el movimiento a su autoridad. Las direcciones sindicales de la CNT y de la UGT empezaron a ceder ante las demandas y ordenaron la vuelta al trabajo, a excepción de los trabajadores del Transporte. Sin embargo la desconvocatoria no se produjo porque los trabajadores se negaron a desmovilizarse frente a la actitud sospechosa del ejército. Fue la guarnición de Valencia la que resolvería la situación de impás existente.

El día 31 de Julio, los militares superaron sus vacilaciones e intentaron el levantamiento. Sin embargo, el tiempo perdido por los insurrectos fue decisivo, y sería aprovechado por sus adversarios. Los trabajadores, organizados y armados por el Comité Ejecutivo Popular, con armas procedentes de Barcelona y de la zona centro, que fueron enviadas por la CNT y por la FAI, sofocaron rápidamente la sublevación. Los acontecimientos colocaron a la Junta delegada por el gobierno en una situación más que difícil. Sus directrices, que implicaban el desarme de la población, habrían facilitado enormemente los objetivos de los sublevados. La delegación de Martínez Barrio completamente desprestigiada, tuvo que regresar a Madrid, dejando el poder en manos del Comité Ejecutivo Popular. La presidencia de la Junta territorial quedaría, sin embargo, en manos del Coronel Arín, que fue promovido por el gobierno de Madrid a gobernador civil. De esta forma, el presidente del poder paralelo, se convertía también en el represente del gobierno republicano.

Sin embargo, el Comité Ejecutivo Popular, sólo controló la capital levantina y sus alrededores. La autoridad de la Junta territorial tuvo que convivir con el poder de los numerosos comités revolucionarios locales y con las colectividades. Su autoridad en muchos lugares sólo fue simbólica. La coordinación entre el poder regional y los comités locales era inexistente en la práctica.

El Comité Ejecutivo Popular de Levante, como otras Juntas territoriales, tuvo que enfrentarse a numerosas dificultades, nacidas por el repentino desplome del gobierno republicano y por el inicio de la guerra civil y de la revolución. A propuesta de la CNT, se formó un Consejo de Economía, similar al existente en Catalunya y que había sido creado a instancias del Comité Central de Milicias Antifascistas. El nuevo organismo económico, formado por representantes de las dos centrales sindicales, se encargó de organizar y coordinar la producción y las colectivizaciones de la región.

El traslado del gobierno de Largo Caballero a Valencia, durante la primera semana de noviembre, huyendo de la amenaza inminente de las tropas franquistas sobre Madrid, significó la rápida decadencia y desaparición del Comité Ejecutivo Popular, que acabó disolviéndose en el mes de diciembre.

3.7.6. Euskadi:

En el primer período posterior a las jornadas de Julio, el orden fue mantenido por el Comité del Frente Popular, que estaba presidido por el gobernador civil, José Echevarría Novoa.

A finales de Julio se constituyó el Comisariado de Defensa de Vizcaya, encargado de enfrentarse a la reacción militar. El hecho de que la principal organización en el Pais Vasco fuera el Partido Nacionalista sería un poderoso condicionante para que el proceso revolucionario en Euskadi no llegara a desarrollarse, más allá de los primeros balbuceos.

"Las Juntas de Defensa que se constituyeron en todas las provincias vascas eran organismos de lucha contra la insurrección militar y, al mismo tiempo, bastiones contra la revolución" (141).

La rápida organización de las milicias vascas, controladas por el PNV y dirigidas por el comandante Saseta, permitieron a los nacionalistas recuperar las armas y el terreno perdido ante las organizaciones obreras, en los primeros días del estallido de la guerra.

El hundimiento del gobierno central, dio lugar, no a un poder obrero, más o menos desarrollado, sino a un nuevo estado específicamente nacionalista burgués, que combatió y limitó con éxito al movimiento revolucionario. El fenómeno de los comités, que habían surgido con extraordinaria fuerza, por toda la geografía del estado, apenas llegó a existir en el Pais Vasco.

3.7.7. Badajoz:

Extremadura quedó dividida en dos zonas. Cáceres había caído en manos de los sublevados, mientras que Badajoz continuaba bajo control republicano. Los socialistas estaban fuertemente implantados en el campo extremeño, donde eran claramente mayoritarios. La UGT había organizado y dirigido el poderoso movimiento yuntero. A pesar de ello, la CNT y los diferentes grupos comunistas, el PCE y el POUM, tenían importantes núcleos militantes en la región.

Pese a la hegemonía socialista, el proceso revolucionario abierto con las jornadas de Julio fue capitalizado por el anarcosindicalismo y por las organizaciones comunistas, mucho más audaces y decididas que los primeros.

En numerosos poblaciones (Mérida,...), donde el anarcosindicalismo era mayoritario, los antiguos ayuntamientos fueron sustituidos por comités revolucionarios locales que constituyeron sus propias milicias y se encargaron de la defensa y del orden público. En otras poblaciones de mayoría socialista, (Badajoz, Almendralejos, Zafra, Villafranca de los Barros...), los ayuntamientos continuaron existiendo, depurados de los sectores derechistas, pero sin que llegaran a integrarse las organizaciones que hasta el momento no habían formado parte de ellos.

En todas las poblaciones se formaron patrullas de vigilancia a partir de los militantes de todas las organizaciones obreras, que se encargaron de mantener el orden interno en sus respectivas localidades. Las milicias que se opusieron al avance del ejército sublevado, se formaron a partir de la iniciativa de los partidos y de los sindicatos, y no llegaron a mezclarse entre ellas. Sin duda alguna, la división existente entre las diferentes milicias, mal organizadas y peor armadas, hizo que no llegaran a ser, en ningún momento, un serio rival para las tropas sublevadas que avanzaban, procedentes del sur.

El Consejo Provincial de Badajoz no llegaría a formarse hasta el mes de noviembre y fue presidido por el socialista Casado. El tardío poder territorial se creaba, empujado por la fuerza de las circunstancias, por la necesidad de coordinar la defensa y contener el rápido avance de las tropas franquistas.

Algunos historiadores consideran que la constitución de la nueva Junta territorial sirvió para superar la oposición que existía entre los comités revolucionarios y los antiguos ayuntamientos (142). La afirmación parece un tanto ingenua. La formación del poder regional se dio, simultáneamente a la reorganización de los poderes locales. La supuesta superación de la oposición entre los comités y los ayuntamientos se dio, en cualquier caso, con la disolución de los primeros y la integración de las organizaciones más radicales en los organismos republicanos. La diferencia entre ambos organismos era algo mucho más importante que un simple cambio de nombre.

La ocupación de Extremadura por las tropas franquistas, en su marcha hacia Madrid, truncó el desarrollo de esta situación.

3.7.8. Murcia:

El cantonalismo resurgió con fuerza en esta región. Esto hace que numerosos historiadores lleguen a equipararlo con el existente en 1873 (143). El Comité Provincial del Frente Popular Antifascista, se formó en torno a dos núcleos urbanos importantes: Murcia, dirigida por los socialistas y Cartagena, que contaba con una fuerte presencia libertaria.

La CNT contaba con importantes núcleos militantes en Cartagena y en los pueblos mineros (La Unión, Llano del Beal, Alumbres, Portman,...). Mientras que los socialistas y los republicanos federalistas (cantonalistas) tenían también un importante arraigo en la región, especialmente en la ciudad de Murcia.

La industria, la minería y los servicios fueron socializados y puestos bajo control de los comités y sindicatos. En el campo, los numerosos latifundios de la región fueron sustituidos por colectivizaciones de la UGT y de la CNT. Las propiedades de los pequeños y medianos propietarios agrícolas, numerosos en la región, fueron respetadas.

3.7.9. Castilla:

Después de las jornadas de julio, la mayor parte de Castilla-León cayó en manos de los insurgentes, mientras que la región de Castilla-La Mancha y Madrid continuaban en manos "republicanas". La batalla por el control de la capital fue determinante en la derrota de los sublevados en toda la zona centro, y por lo tanto decisivo en la mayor parte del estado. En los días posteriores a los primeros combates, las milicias revolucionarias liberaron numerosas poblaciones (Toledo, Alcalá de Henares, Sigüenza, Guadalajara...), y detuvieron el avance de los rebeldes en los pasos montañosos de Guadarrama y Somosierra.

En el período anterior al inicio de la guerra y la revolución, los socialistas habían sido la organización obrera mayoritaria en toda la región castellana y en Madrid. Los anarcosindicalistas estaban fuertemente implantados en algunas poblaciones. Mientras que los diferentes grupos comunistas, el PCE y el POUM, muy débiles organizativamente, apenas contaban políticamente.

Después de las jornadas de Julio, la hegemonía socialista se vio quebrada por los acontecimientos. La direcciones del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores, se vieron bloqueados por sus divisiones internas y por la falta de un programa político apropiado para enfrentarse a la nueva situación revolucionaria. La parálisis socialista pronto sería capitalizada por los grupos minoritarios, por el anarcosindicalismo y el Partido Comunista.

La CNT y la FAI, gracias al poderoso movimiento colectivizador que sustituyó a los grandes latifundios, impulsado por sus propias bases, capitalizó parte del prestigio perdido por los socialistas. La CNT tendió a arrastrar con las colectivizaciones, a los sectores más izquierdistas de la UGT. Gran parte de la región de La Mancha y la ciudad de Cuenca, cayeron bajo control anarcosindicalista. El movimiento colectivista arraigó profundamente en la meseta castellana. En muchos lugares, los campesinos prefirieron explotar las grandes propiedades agrícolas de forma conjunta y solidaria, a repartirse individualmente la tierra. El fenómeno colectivizador, aunque protagonizado principalmente por las bases anarcosindicalistas, pronto se extendería a numerosos sectores socialistas, comunistas, e incluso católicos. La llegada de las milicias revolucionarias madrileñas permitió que el 80% de los campesinos toledanos se mostraran partidarios de la colectivización del campo (144).

El fuerte crecimiento comunista obligó a los libertarios a replantearse sus viejas fórmulas espontaneístas y antimilitaristas. Las milicias libertarias de la zona centro, fueron las primeras, de la CNT, que aceptaron reorganizarse en torno a criterios de disciplina y autoridad en el combate.

El Partido Comunista se convertiría en el principal beneficiario de la decadencia socialista. Gracias a su decidida y eficaz defensa de los intereses de las clases medias, el PCE se convirtió en un polo de atracción para la pequeña burguesía urbana y campesina. Los militares profesionales que se mantuvieron fieles a la legalidad republicana, entraron a menudo en sus filas, atraídos por el prestigio organizativo que habían ganado sus milicias, mucho mejor organizadas y disciplinadas que las de los demás partidos y sindicatos. El PCE también reclutó a numerosos cuadros dirigentes del PSOE y de la UGT hacia sus filas, decepcionados por la desorientación y la confusión que había hecho presa en su partido.

3.7.10. Madrid:

El peso principal en la defensa de la capital recayó en los anarcosindicalistas y en los grupos izquierdistas que, aunque minoritarios, eran mucho más decididos y audaces que los socialistas. Fueron éstos los que capitalizaron el prestigio de los primeros momentos. Sin embargo, la CNT y la FAI, víctimas de sus prejuicios antiautoritarios, fueron incapaces de capitalizar la situación existente para organizar un nuevo poder a partir del movimiento revolucionario que se había iniciado con los combates. Finalmente, la iniciativa recaería en manos de los comunistas del PCE, que comprendieron mejor que nadie la oportunidad que se les brindaba, con la defensa de la ciudad.
La falta de un poder real unificado en Madrid, provocó una caótica dispersión del poder que había surgido de la revolución. Cada partido o sindicato tenía sus propias milicias, su propia policía e incluso sus propias cárceles. El poder quedaba, de esta manera, completamente fragmentado entre los distintos partidos y sindicatos. Este caos no podía mantenerse indefinidamente sin poner en peligro la defensa de la capital y la misma revolución en si.

En Madrid, el prestigio conseguido por sus milicias, dio la supremacía política y militar al PCE. Con la huida del gobierno de Largo Caballero, la organización de la defensa quedaría en manos de una Junta, donde los comunistas tendrían un papel destacado, que se fue acrecentando a medida que el movimiento revolucionario retrocedía y el poder del viejo estado se desarrollaba y se consolidaba.

Madrid, a pesar de ser la capital de la República, carecía de industrias importantes. La pequeña burguesía, agrupada en torno a lo que constituía el corazón del aparato de Estado era numerosa. Estos factores, junto a la delicada situación que presentaba la defensa de la ciudad, en peligro inminente de ser ocupada por los franquistas, durante la mayor parte de la guerra, explican el escaso eco que tuvo en la capital, el movimiento expropiador.

El gobierno Giral, completamente impotente frente a la oleada revolucionaria, mantuvo una autoridad ficticia durante todo su mandato. La existencia del gobierno republicano y la fuerte oposición del PSOE y del PCE impidieron la formación de un poder, similar a las Juntas territoriales que habían aparecido por toda la geografía "republicana".

La fuga del gobierno a Valencia, hizo que la Junta de Defensa se convirtiera, posteriormente, en el nuevo poder local, manteniendo una relativa independencia durante todo el tiempo de su existencia. El nuevo organismo perduraría, bajo predominio del PCE y tras algunas reorganizaciones hasta el 21 de Abril de 1937, fecha en la que fue disuelta, para dar paso a un Consejo Municipal, subordinado al gobierno de Valencia.

Indiscutiblemente, la mayor parte de las Juntas territoriales fueron útiles a la revolución en sus primeros momentos, ya que fueron, en mayor o menor medida, las responsables de su organización y coordinación a una escala superior a la local. Sin embargo, su falta de coordinación con los comités; el hecho de que se mantuvieran como organismos de naturaleza burocrática y no llegaran a democratizarse; la subordinación creciente de las direcciones de los partidos políticos y de los sindicatos más izquierdistas al estado republicano, convertiría a las Juntas en auténticos obstáculos para que los comités-gobierno locales pudieran llegar a convertirse en las bases del nuevo poder revolucionario.

3.8 LA REVOLUCIÓN DE LOS COMITES Y SU OBRA. LAS COLECTIVIZACIONES.

"Si el concepto clave de la revolución política y administrativa fue el poder de los comités, su equivalente económico fue la colectivización" (145).

Las colectivizaciones fueron la obra económica de la revolución de los comités. Como ellos, su origen fue completamente espontáneo, y no, fruto de ninguna estrategia revolucionaria deliberada de ninguna organización. Las colectividades nacieron de la necesidad de los trabajadores del campo y de la ciudad, de llenar el vacío económico causado por el derrumbe de la República y por la huída de la mayor parte de los propietarios, por temor a la represión de los revolucionarios.

Las colectivizaciones aparecieron al margen de los partidos y sindicatos, en un momento en el que nadie comprendía todavía el alcance de las medidas que se estaban llevando a cabo de forma espontánea.

Después de las jornadas de Julio, las organizaciones obreras, verdaderas dueñas de la situación, se encontraron ante el urgente reto de reorganizar la producción, abastecer a la población y a las milicias, y asegurar el pago de los salarios a los trabajadores, para evitar el cierre de las empresas

"En aquel momento no teníamos la menor intención de ocupar, expropiar o colectivizar ninguna fábrica. Pensábamos que el levantamiento sería aplastado rápidamente y que todo quedaría más o menos igual que antes. ¿De qué iba a servir entusiasmarse con las colectivizaciones si todo iba a terminar otra vez en manos del anterior sistema capitalista?..." (146).

La CNT, completamente desconcertada por la amplitud de los acontecimientos que se estaban desarrollando, se mostró incapaz, durante las primeras semanas, de dar ninguna directriz a sus afiliados, que se estaban apoderando de las tierras y de las empresas. Las resoluciones del Congreso de Zaragoza, acordadas apenas tres meses antes, quedaban ahora completamente alejadas de la realidad y demostraban su inutilidad para poder orientar a la organización en la nueva situación revolucionaria.

"Ni la CNT regional de Catalunya, ni su federación local, ni la FAI impartieron en sus primeras declaraciones, los objetivos de la nueva estructura económica que había empezado a construirse... fue una obra de completa espontaneidad" (147).

Sin embargo sería la madurez revolucionaria de la situación y la dinámica de los hechos (la desaparición de la ficción republicana y la derrota de los militares sublevados en la mayor parte del estado), las que iban a convertir la espontánea ocupación de los centros de trabajo de los primeros momentos, en un poderoso movimiento colectivizador que iba a transformar radicalmente la sociedad.
Las colectivizaciones consistieron en la organización de las expropiaciones de los medios de producción que llevó a cabo el proletariado industrial en las ciudades, y el campesinado pobre en el campo.

Es importante resaltar los intentos posteriores que hubo, por parte de las autoridades republicanas y por las direcciones de las organizaciones obreras, para "legalizar" la nueva economía revolucionaria. Sin embargo, esta obsesión por "legalizar" lo que ya los trabajadores habían legalizado en la práctica, con sus propios medios, no ocultaba la realidad. Las nuevas leyes se limitaron a registrar una realidad cotidiana que había aparecido al margen del gobierno que pretendía legislarla. La obsesión legalista de los partidos y sindicatos obreros refleja que ninguna de ellas estaba dispuesta, por el momento, a romper por completo con el tambaleante poder republicano y a llevar el nuevo orden revolucionarios hasta sus últimas consecuencias. El empeño de las organizaciones obreras, para que las viejas autoridades republicanas "legalizaran" las conquistas revolucionarias pone al descubierto también otros elementos, no menos importantes. El debate tantas veces planteado, sobre cual debía ser el objetivo prioritario, la guerra o la revolución, era en realidad, una falsa polémica. Todos las fracciones organizadas del movimiento obrero, desde la derecha socialista y el Partido Comunista, hasta el anarcosindicalismo y el poumismo, se mostraron partidarias en la práctica -partiendo desde distintas ópticas políticas- de anteponer la victoria militar a las conquistas revolucionarias, partiendo del supuesto de que ambas ideas, guerra y revolución, eran antagónicas.

"Guerra y revolución; revolución y guerra. Con qué frecuencia se utilizaron estas tres palabras, ya fuese recitándolas de un modo o del otro. El triunfo de la revolución para asegurar la victoria en la guerra, la victoria en la guerra para asegurar el triunfo de la revolución. Las palabras pueden representar una trampa terrible. Los términos de cada eslogan se veían tan separados como unidos por la sencilla palabra <<y>>. Cuán pocas veces se eliminó la conjunción para formar una frase adjetival: guerra revolucionaria, que diera respuesta a las preguntas gemelas: ¿qué tipo de revolución? ¿qué clase de guerra? Las dos eran más <<inseparables>>; había que fusionarlas en un nuevo conjunto" (148).

Sin querer entrar en detalles sobre las diferentes posiciones (de ellas hablaremos en otros capítulos) nos limitaremos a relacionar aquellas que demuestren la orfandad políticas en la que se encontraron los comités y su obra, las colectivizaciones.

Las organizaciones del Frente Popular, con sus diferencias y matices, pretendían en su conjunto hacer retroceder la revolución espontánea a la situación anterior a las jornadas de Julio. Sin embargo esto ya no era posible, ya que, a medida que avanzaban en sus objetivos y el movimiento revolucionario retrocedía, también decrecía el entusiasmo de los trabajadores.

El mismo entusiasmo que había permitido vencer a los sublevados en los primeros momentos y que había conseguido improvisar un ejército miliciano y reconstruir la economía en escasas semanas. La liquidación de las conquistas revolucionarias de julio y la reinstauración del poder republicano condujeron a los obreros y al campesinado pobre a la desmoralización y a la desmotivación. Sin duda alguna esta evolución favoreció el avance del ejército sublevado. Una vez desencadenada la revolución ya no era posible hacerla volver atrás, sino era por medio de la represión y del aplastamiento del movimiento revolucionario. Una vez perdido el entusiasmo, la capacidad ofensiva del ejército franquista iba a ser muy superior a la que podría oponerle el futuro Ejército Popular republicano.

Los sectores más izquierdistas, principalmente los anarcosindicalistas, se mostraron partidarios de mantener la situación existente, la dualidad de poderes, hasta el final de la guerra. Una vez derrotados los militares sublevados sería posible proseguir la revolución victoriosa, en las mejores condiciones posibles. Esta concepción estática de la dualidad de poderes, reflejaba su incomprensión de la dinámica de las revoluciones que se habían dado hasta el momento, desde la francesa de 1789, hasta la soviética de 1917. Este error, el de considerar que las situaciones revolucionarias podían prolongarse indefinidamente, les iba a traer funestas consecuencias en el período posterior.
Los obreros de las ciudades y el campesinado pobre, no esperaron a la iniciativa de sus partidos y sindicatos para llevar a cabo las expropiaciones. Las colectividades no se formaron con los decretos que las legalizaban, sino que ya llevaban largo tiempo existiendo y desarrollándose, al margen de las autoridades republicanas y de la voluntad de los órganos dirigentes de las organizaciones obreras.

"Los anarcosindicalistas catalanes habían <<aplazado>> la revolución libertaria y, pese a ello, en Barcelona la revolución echaba diariamente raíces en las colectividades de la CNT y en las industrias dirigidas por los sindicatos" (149).

Al llevar a cabo las colectivizaciones, los obreros y los campesinos pobres demostraban que no estaban dispuestos a volver a la situación anterior al inicio de la guerra y de la revolución. Sin embargo, esto no implica que la mayoría de los trabajadores llegaran a ser plenamente conscientes de la incompatibilidad que existía entre su obra revolucionaria y el resurgimiento de las instituciones republicanas que estaban siendo auspiciadas por sus propias organizaciones.

"Las colectividades no fracasaron, los obreros, gracias a ellas demostraron dos cosas fundamentales: que deseaban ser los amos y que podían serlo con tanta o más eficiencia que los amos tradicionales. El colectivismo resultó ser más eficaz, administrativamente, que el capitalismo, y además probó que con la economía en manos de los obreros existían más posibilidades de que sirviera a toda la sociedad en vez de solo a un sector de ella" (150).

Las múltiples formas que adquirieron las colectivizaciones refleja también su origen espontáneo. Los trabajadores, de forma empírica y sin ningún tipo de plan preconcebido, tuvieron que enfrentarse a los retos que les presentaba la nueva situación (huida de los antiguos propietarios, escasez de técnicos, una parte de los obreros estaban en el frente con las milicias...).

En esta espontaneidad, de la que hablaremos más adelante, se evidencia una extraordinaria iniciativa y creatividad en los trabajadores, que sólo es posible explicar, por la nueva conciencia adquirida: la energía desplegada en su obra, no sólo estaba destinada a aplastar la sublevación militar, sino también a crear las bases de una nueva sociedad, que los iba a liberar de los viejos yugos sociales.

"Era increíble, era la prueba práctica de lo que uno conoce en teoría: el poder y la fuerza de las masas cuando se echan a la calle. De pronto todas sus dudas se esfuman, dudas sobre cómo hay que organizar a la clase obrera y a las masas, sobre cómo pueden hacer la revolución en tanto que no se hayan organizado. De repente sientes su poder creador. No puedes imaginarte cuan rápidamente son capaces de organizarse las masas. Inventan formas de hacerlo que van mucho más allá de lo que jamás hayas soñado o leído en los libros. Lo que ahora hacía falta era aprovechar esta iniciativa, canalizarla, darle forma..." (159).

Junto a las indiscutibles virtudes y méritos de las colectivizaciones, se cometieron errores e ingenuidades, de los que hablaremos más adelante, y que colocan en el centro del debate, algo que los anarcosindicalistas siempre rechazaron y a lo que se habían opuesto, por distintos motivos, las organizaciones obreras pertenecientes al Frente Popular: La toma del poder, para ponerlo al servicio de la profundización y consolidación de las conquistas revolucionarias que había llevado a cabo la población trabajadora.

No era suficiente con apoderarse del poder económico, también era necesario apoderarse del político. Sin esta condición, la nueva economía revolucionaria que había surgido dispersa y desarticulada, afectada por graves contradicciones, derivadas de las duras condiciones en las que había nacido, estaba destinada a desaparecer.

De los grandes errores que cometieron las colectividades, como indica Munis:

"El primero de ellos, fuente de los demás, consistía en no ser más que eso, colectividades" (152).

Es decir, el desprecio del poder político, como condición necesaria para convertirlas en los cimientos de una economía socializada. Del mismo modo que los comités revolucionarios locales, que eran el aspecto político de la revolución española, nunca llegaron a articularse entre si, para conformar un poder revolucionario, las colectivizaciones, que representaban el aspecto económico, nunca llegaron a formar un verdadero tejido social.
No tiene sentido considerar al sistema colectivista, como socialista o libertario. Su naturaleza era contradictoria.

Mantenía características del viejo sistema capitalista (la idea de muchos trabajadores, de que las empresas donde trabajaban eran de su propiedad; la competencia entre las diferentes empresas colectivizadas para vender los productos ...), con elementos de naturaleza revolucionaria (los medios de producción en manos de los trabajadores, intentos de planificar la economía en base a las necesidades de la población ...). En cualquier caso, el orden de las colectivizaciones era altamente inestable y precario. Forzosamente habría acabado derivando hacia uno de los dos polos existentes. Desde el punto de vista económico, expresaban las contradicciones políticas de la situación de dualidad de poderes.

Es necesario, que no olvidemos otra cuestión, para poder comprender la obra colectivizadora y su alcance: las condiciones sociales y económicas en las que se llevó a cabo. La guerra no sólo había dividido el estado, separando las regiones agrícolas y mineras, de las manufactureras y cercenando los mercados internos. También había provocado la caída drástica de las exportaciones y de las importaciones. Por lo tanto, es incorrecto valorar a las colectivizaciones, como si su existencia se hubiera desarrollado en un período económico normal. Es absurdo o malintencionado, achacar todos los problemas con los que tuvieron que enfrentarse a su propia naturaleza, a sus errores o ingenuidades, eludiendo las graves circunstancias con las que tuvieron que enfrentarse.

Es más difícil todavía, pronosticar que hubiera podido pasar con éstas, si la reacción no hubiese triunfado. En cualquier caso, la especulación no forma parte de la historia. Lo que sí que podemos afirmar, es que su éxito y viabilidad estaban condicionados por la consolidación del poder revolucionario, basado en la planificación de la economía. La victoria de Franco, o de la República, condenaban a las colectividades a su total extinción.

"No hubo tiempo de que maduraran, de que en ellas surgieran los problemas más propios de la colectivización y las soluciones a los mismos que habrían permitido juzgar el éxito o el fracaso de la colectivización como sistema de propiedad".

"...la experiencia colectivizadora no duró treinta meses, como muchos autores pretenden, aunque las colectividades persistieran por este lapso de tiempo en algunos lugares, pero no en todos. En Mayo del 37, con el cambio de gobierno, la experiencia colectivizadora se paralizó. El gobierno Negrín se esforzó con éxito en reducir las colectivizaciones que no pudo destruir, a simples cooperativas o nacionalizaciones" (153).

En las semanas posteriores a julio, el gobierno republicano y los dirigentes del Frente Popular no se opusieron frontalmente a las colectivizaciones. Tampoco habrían podido hacerlo.

Pretendieron que el movimiento expropiador se limitara a las propiedades de los simpatizantes declarados del movimiento insurgente. Sin embargo, la revolución no les escuchaba y sus propias bases se habían lanzado a llevar a cabo todo aquello que había constituido su tradicional aspiración de emancipación social.

Por otro lado, las organizaciones partidarias del Frente Popular, no podían atacar directamente al movimiento expropiador, sin poner en peligro sus propios planes de restauración republicana. Durante los primeros meses, después de iniciada la guerra, no contaron con la fuerza suficiente para imponer sus planes Ni siquiera a sus propias bases. Intentar derribar en aquellos momentos al movimiento revolucionario que se les había ido de las manos, hubiera significado su suicidio político. En el mejor de los casos, en el que hubieran conseguido recuperar el control sobre las masas revolucionarias, no habrían tenido con qué llenar el vacío provocado por la desbandada de los propietarios. Era mejor esperar y proceder con cautela, limitando y haciendo retroceder progresivamente a la revolución.

Los partidarios de volver al viejo orden republicano procedieron, paso a paso, aprovechando la incapacidad del movimiento revolucionario para consolidar su poder. En nombre de una mayor eficacia, al servicio de la victoria militar, pretendieron coordinar, mejorar y aumentar la producción. El gobierno republicano en vías de reconstrucción, saboteó y presionó hasta conseguir que comités y colectivizaciones se sometieran a su control político. Posteriormente y a medida que el movimiento revolucionario retrocedía, pretendió la nacionalización de la industria, dejando a los comités de fábrica y a los trabajadores las funciones de cogestión y colaboración con las medidas gubernamentales.

La derrota republicana nos ha impedido ver cual hubiera sido el final del proceso de restauración republicana. Sin embargo, las aspiraciones del gobierno Negrín, decretando la devolución de las propiedades expropiadas a sus antiguos dueños, en aras a las negociaciones de paz con Franco, dejan muy claro cual era el destino final proyectado para los restos de la revolución de Julio.

Un elemento característico de las colectivizaciones fue el peso fundamental que tuvieron los elementos sindicales en ellas, especialmente la CNT. Esta influencia era directamente proporcional a la fuerza y a la tradición de las centrales sindicales en el movimiento obrero español. El historiador anarcosindicalista Abel Paz recoge una conversación entre dos de los principales líderes libertarios, Durruti y Marianet, que refleja el arraigo sindical:

"De golpe y porrazo... la CNT se ha revelado indispensable para resolver todos los problemas de la vida local y regional. Los centros de producción están todos controlados por los obreros, y los sindicatos tienen que estudiar los problemas que presenta la gestión colectiva de la producción y, como consecuencia, ha sido necesaria crear esta estructura que ha ido naciendo por si misma, imponiéndose en razón de las necesidades. En realidad, todo este aparato que ves, no obedece a un centro. Cada organismo lo controla su propio sindicato. Los compañeros que los atienden siguen siendo obreros en sus respectivas fábricas, y sus asambleas controlan sus actividades. Por el momento, el control sobre el militante no se ha perdido" (154).

Las bases anarcosindicalistas fueron las principales protagonistas del fenómeno colectivizador, pero no fueron los únicos, socialistas, comunistas, republicanos y también católicos, participaron en la obra revolucionaria. Por lo tanto, no puede hablarse de que las colectivizaciones fueran el fruto de la acción de grupos determinados, sino que encarnaría las aspiraciones históricas de las clases sociales más desfavorecidas. Aquellas que la República, durante más de cinco años, no había sido capaz de satisfacer.

La múltiples formas que adquirió el fenómeno socializador estuvieron condicionadas por la correlación de fuerzas existente en cada sector o en cada centro de trabajo. Las colectivizaciones se dieron en mayor proporción allí donde los anarcosindicalistas eran mayoritarios con respecto a comunistas y socialistas. En los casos donde esta correlación de fuerzas se invertía, las empresas controladas por los obreros fueron nacionalizadas por medio de la incautación, o bien intervenidas por los comités. Sin embargo, en ningún caso se puede cuestionar el origen espontáneo de la obra económica que llevaron a cabo los comités.

3.9 LA OBRA DE LAS COLECTIVIZACIONES EN LA CIUDAD

En Barcelona, la huelga general contra la sublevación militar se mantuvo hasta el día 28. A partir de esta fecha y una vez sofocados en toda Catalunya los últimos reductos de la sublevación, los comités de empresa, siguiendo las consignas de regional catalana de la CNT, decidieron la vuelta al trabajo. Sin embargo y desde el día 21, apenas terminados los combates callejeros, los obreros habían empezado a ocupar espontáneamente los centros de trabajo. La mayor parte de los empresarios habían abandonado sus propiedades por temor a las represalias. Algo parecido había pasado con gran parte de los directivos y de los cuadros técnicos que se encargaban de dirigir y organizar la producción. La formidable obra colectivizadora, nacía de la necesidad de llenar el vacío económico provocado por la fuga de los antiguos propietarios. Los dirigentes obreros se encontraron con una revolución en marcha, completamente espontánea, e imposible de detener. Después de las jornadas de julio, las organizaciones obreras están completamente desbordadas y con graves dificultades para dar cualquier tipo de orientación a las demandas de sus afiliados en las empresas.

El primer folleto de la FAI no llegaría a publicarse hasta el 26 de Julio. En él se hablaba de aplastar al fascismo, pero no había ni una sola línea sobre el fenómeno revolucionario que se está desarrollando por todas partes. El día 28 del mismo mes, la Federación local de la CNT de Barcelona lanzaba la consigna de volver al trabajo, para enfrentarse a las necesidades del conflicto, cuyo final se preveía inminente. Sin embargo, continuaba sin haber una sola consigna, ni una directriz que pudiera servir para reorganizar la producción.

Uno de los primeros folletos que aparecieron para ayudar a poner orden en el marasmo revolucionario surgiría a principios de agosto, publicado por el Sindicato Mercantil de Barcelona, que había sido expulsado de la CNT por estar dirigido por el POUM. En las instrucciones que se daban se recomendaba que el número de los miembros de los comités fuera reducido, para evitar la falta de eficacia y el exceso deliberativo; se indicaba que las asambleas y reuniones deberían realizarse fuera de la jornada de trabajo, para no dificultar el trabajo; y pedía que en el seno de los comités estuvieran representadas todas las tendencias existentes en la empresa, de forma proporcional; se recomendaba la disciplina y el pleno aprovechamiento de los escasos cuadros técnicos que se habían incorporado a las empresas, después de julio. Existía una gran preocupación para que los trabajadores fueran conscientes de su responsabilidad en la revolución que acababa de iniciarse (155).

Los trabajadores, sin esperar órdenes ni consignas, habían ido mucho más lejos que los objetivos marcados por la huelga general. Los sindicatos y los partidos obreros empezaron a reaccionar, algunas semanas después, presionadas por sus bases y por los retos que la nueva situación planteaba.

"A cada día que pasaba, la ciudad caía más, bajo control de la clase obrera. El transporte público funcionaba, las fábricas trabajaban, las tiendas estaban abiertas, los abastecimientos de víveres llegaban sin novedad, el teléfono funcionaba también, el suministro de agua y gas igualmente, todo ello organizado y llevado, en mayor o menor medida, por los propios trabajadores. ¿A que se debía que así fuera? Los principales comités de la CNT no habían dado ninguna orden en tal sentido" (156).

Es importante destacar que, a pesar del carácter espontáneo de las colectivizaciones, de que empezaron a desarrollarse sin ser parte de los planes de ninguna organización y de que no existiera una plena conciencia de las repercusiones revolucionarias que iban a tener, los obreros no acudieron a las autoridades republicanas para solucionar sus problemas, sino que prescindieron de ellas por completo. Sin duda alguna, la iniciativa de las bases anarcosindicalistas y ugetistas evitó el desmoronamiento completo de la economía, que hubiera convertido el intento de golpe de estado, en un simple paseo triunfal de los militares. La iniciativa de los trabajadores, salvó a la revolución que acababa de nacer con su protagonismo, tanto en las barricadas, como en los centros de trabajo.

El hecho de que en la mayor parte de la zona republicana, las empresas no llegaran a socializarse, sino que pasaran a manos de los trabajadores de sus propias plantillas, o de los sindicatos, fue una consecuencia de la inexistencia de un organismo representativo, que unificara la acción revolucionaria (al estilo de lo que habían sido los soviets rusos). Esta característica no sólo no desmiente el carácter socialista de la revolución española, sino que lo confirma todavía más. Las clases populares manifestaban, de forma espontánea y desorganizada, la necesidad que tenían de tomar en sus manos, las riendas de su propio destino.

"De todas las alternativas posibles, escogieron la que reflejaba mejor sus deseos y que les parecía que respondía a sus intereses: convertirse en los amos. En la calle, millares de obreros tenían armas. En el lugar del trabajo, tendrían las fábricas. Sin las armas, eso no hubiese sido posible. Con las armas solas, nada habría cambiado. Los trabajadores, sin necesidad de que nadie les diera instrucciones, comprendieron que las dos cosas estaban relacionadas" (157).

Los trabajadores en las empresas que habían sido abandonadas por sus antiguos dueños, tuvieron que dotarse de una nueva dirección que pudiera organizar la producción y el trabajo. La elección de los comités dirigentes partió de la iniciativa de los obreros, sin esperar las directrices de sus organizaciones sindicales. Según reconoce el mismo Peirats:

"Hasta los primeros días de agosto, la CNT no se encargó de modo oficial y organizado de canalizar las colectivizaciones" (158).

Ronald Fraser es bastante más explícito y descriptivo en sus conclusiones, después de recoger numerosos testimonios:

"La iniciativa revolucionaria no había surgido de los comités directivos de la CNT -eso era imposible toda vez que la revolucción había sido oficialmente <aplazada>-, sino de los sindicatos cenetistas individuales, impulsados por sus militantes más avanzados. Incluso así tal vez no hubiese ido más lejos que el simple control de las funciones directivas por parte de los trabajadores. La defección a gran escala de propietarios, directores y gerentes, temerosos por su suerte, condujo al siguiente paso en muchas fábricas" (159).

En los casos más frecuentes, los comités dirigentes fueron elegidos en asambleas abiertas, por toda la plantilla de la empresa, obreros, administrativos y técnicos; en otros, los viejos comités de empresa, ya existentes en el período prerrevolucionario, pasaron a convertirse en la nueva dirección de la empresa.

Los delegados de los nuevos comités, estaban sujetos al control de los trabajadores que los habían escogido, tenían que responder periódicamente ante ellos y podían ser sustituidos en cualquier momento por la asamblea, si ésta consideraba que su gestión no era satisfactoria.

Frecuentemente, las enormes dificultades con las que los comités tuvieron que enfrentarse, les obligaron a dotarse de una estructura, a subdividirse y a especializarse en ciertas tareas.
La tradición y el arraigo de las centrales sindicales hizo que, por lo general, la inmensa mayoría de los delegados de los comités estuvieran afiliados a ellas. Esta circunstancia ha hecho que algunos historiadores hayan considerado, tal vez de forma simplista, a los comités de empresa y de control, como simples delegaciones o apéndices de los sindicatos (160). Sin embargo, frecuentemente, los sindicatos y los comités tuvieron graves desacuerdos en la orientación de la nueva economía revolucionaria.

Los obreros tuvieron que enfrentarse en las empresas, a multitud de problemas técnicos y administrativos, derivados de la gestión y dirección de éstas, también chocaron con el sabotaje de algunos de los técnicos. Todo ello conformaba un cuadro de dificultades para las que no estaban preparados, por lo que tuvieron que recurrir a los sindicatos, en busca de asesoramiento. Desgraciadamente, los cuadros sindicales no abundaban ni estaban mucho mejor preparados y en numerosas ocasiones, sus consignas causaron todavía una mayor confusión entre los comités y los trabajadores de las empresas.

Aunque las formas que adoptó el estallido colectivizador, por su propia acción espontánea, fueron numerosísimas, aprovecharemos la clasificación introducida por Bernecker (161):

1.Empresas colectivizadas.

Todo el poder pertenecía exclusivamente a los trabajadores de la empresa. Las tareas de dirección y de administración quedaban en manos del comité de delegados y de un director. Los nuevos dirigentes tenían que responder de su gestión ante los trabajadores en asamblea y ante el Consejo General de Industria. (Entre otros muchísimos casos, en Barcelona encontramos los ejemplos de las compañías navieras, Trasatlántica, Ibarra, Ramos... de los transportes urbanos y de las compañías ferroviarias...).

2.Empresas controladas.

Eran empresas que continuaban en manos de sus antiguos dueños y que no llegaron a ser colectivizadas. Sin embargo, los trabajadores, mediante sus comités de control tuvieron una gran influencia en su gestión y dirección. Además de la existencia del antiguo propietario y del comité de control, existía también un delegado del gobierno que mantenía el vínculo de la empresa, con la política planificadora del Consejo General de Industria (Telefónica...).

3.Empresas nacionalizadas.

Eran empresas que estaban bajo el control directo del gobierno. Con la recuperación progresiva del poder de las instituciones republicanas, el número de estas empresas aumentó.
Las autoridades republicanas de Madrid y de la Generalitat de Catalunya, poco pudieron hacer para frenar el proceso expropiador. Sin embargo, algunas empresas fueron intervenidas por "necesidades de la producción y de la guerra". En la medida en que pudieron y con el visto bueno de las direcciones de las organizaciones obreras, numerosas empresas se mantuvieron bajo el control estatal. Sólo en Catalunya, en el mes de Octubre de 1936. se contabilizaron 435 empresas que estaban en esta situación. La Generalitat creó la Comisión de Industrias de guerra que contaban en el otoño de 1937. con 500 fábricas y con más de 50.000 trabajadores.

4.Empresas municipales.

Este era el caso de las empresas de servicios urbanos (transportes...). Los ayuntamientos tomaron estas medidas para paliar sus déficits económicos y sus evidentes dificultades para recaudar los impuestos, en plena situación revolucionaria.

5.Agrupaciones.

Se produjeron numerosos casos de concentración de las pequeñas empresas, en sectores determinados de la economía. Las Agrupaciones fueron una de las fórmulas que se adoptaron para articular las colectivizaciones urbanas y para racionalizar los costos de la producción, superando la dispersión antieconómica de las colectivizaciones. Las agrupaciones, controladas por los sindicatos, supusieron un aumento del poder y de la influencia de la CNT y posteriormente encontrarían cada vez mayores obstáculos por parte de las autoridades republicanas.

Una multitud de empresas fueron colectivizadas por los trabajadores (se calcula que en el mes de septiembre de 1936, más de 80.000 empresas habían sido incautadas). Algunas de ellas, como sería el caso de las entidades financieras, los bancos y las cajas de ahorro, serían nacionalizadas por las autoridades republicanas, para evitar el peligro de que acabaran siendo expropiadas por la oleada revolucionaria. Las nacionalizaciones contaron, por lo general, con el visto bueno de las centrales sindicales, UGT y CNT, o en cualquier caso con su pasividad.

Cuando por diferentes razones, los obreros no pudieron incautarse de los centros de trabajo, éstos quedaron bajo control de sus comités, que se encargaron de dirigir la producción. En la mayoría de los casos, los antiguos comités de empresa del período prerrevolucionario, se convirtieron en los nuevos organismos de control obrero.

En el caso de las empresas con capital extranjero, el movimiento expropiador chocó con la oposición y la resistencia de los países extranjeros. Durante las jornadas de julio, en el puerto de Barcelona, algunos buques de guerra británicos habían hecho acto de presencia, en un gesto intimidatorio, para que los revolucionarios se abstuvieran de expropiar las empresas en las que habían capitales extranjeros invertidos. La CNT y el gobierno catalán, llegaron a un acuerdo por el que una lista de 87 firmas quedarían a salvo de cualquier intento de incautación (Riegos y Fuerza del Ebro, Sales Potásicas de Suria,...). En algunos casos, donde la composición del capital de las empresas era mixto, los obreros procedieron a su expropiación, desoyendo la orientación dada por las centrales sindicales, que pedían que fuera respetado el acuerdo.

Los comités de control ejercieron una fuerte vigilancia sobre la gestión y dirección de las empresas que no habían sido colectivizadas. El control se extendía hasta las cuentas bancarias de éstas. Los propietarios y los directivos sólo podían acceder al dinero, con el visto bueno del comité. De esta forma, se evitaron nuevas fugas de capitales y posibles sabotajes contra la producción, por parte de los antiguos dueños de las empresas, que no simpatizaban con la revolución.

Las fórmulas de nacionalización y de control obrero, fueron utilizadas por las autoridades republicanas para evitar que el proceso de incautaciones se extendiese a algunas industrias y empresas de alto valor estratégico. Posteriormente, las nacionalizaciones fueron utilizadas para recuperar el poder perdido y hacer retroceder el control de los revolucionarios sobre la economía.

Hay numerosos ejemplos representativos de la dinámica del proceso: La Compañía Telefónica, propiedad de un trust norteamericano, la International Telephone and Telegraph Corporation, obedeciendo las órdenes de las direcciones sindicales, no fue incautada. Sin embargo, los obreros se reunieron en una asamblea abierta y nombraron a su propio comité de control, en el que estarían representadas las dos centrales sindicales. El control de los trabajadores se extendió a todos los centros de trabajo de la compañía, mediante subcomités de delegados. La antigua dirección de la empresa quedó limitada en sus funciones, a llevar el sistema contable de la compañía.

A nivel estatal, la mayor parte de la industria de armamento había caído en manos franquistas. En Catalunya existían cerca de 800 establecimientos metalúrgicos, pero ninguno de ellos estaba preparado para la producción bélica. La maquinaria existente en los cuarteles de Sant Andreu (Barcelona) para recargar cartuchos había sido destruida en el asalto, durante las jornadas de Julio. Incluso habían llegado a desaparecer los cianotipos para la fabricación de obuses.

En Barcelona, como en otras ciudades industriales, todas las grandes industrias metalúrgicas fueron colectivizadas (Hispano Suiza, Vulcano, La Maquinista Terrestre y Marítima...). Los obreros, dirigidos por sus comités reiniciaron la producción destinada a cubrir las necesidades de las milicias combatientes.

En el mes de Agosto se creó la Comisión de la Industria de Guerra, que estaría presidida por Josep Tarradellas (ERC), miembro de la Generalitat. El control del gobierno autónomo era sólo simbólico. Era la central sindical anarcosindicalista y los comités de trabajadores, los que verdaderamente controlaban la producción de la industria de armamento. Pese a las grandes dificultades que conllevaba la guerra, pese a la política de boicot del gobierno central a la industria bélica catalana, sólo un año después, la producción había superado las estimaciones más optimistas que había establecido la comisión (162).

La aparición de una verdadera industria bélica catalana fue un fenómeno que reflejaría la inmensa energía creativa que había desencadenado la revolución. Las circunstancias de su aparición, su espectacular desarrollo en un espacio tan corto de tiempo, son muestras de ello. La industria metalúrgica reconvertida sufrió un extraordinario proceso de concentración de la producción. Más de setenta pequeñas y antieconómicas fundiciones barcelonesas fueron cerradas y concentradas en tan solo veinticuatro centros.

Sin embargo, mucho antes de la aparición de la Comisión de industrias de Guerra de Catalunya, los trabajadores ya habían iniciado su propia "reconversión industrial" de los sectores químico y metalúrgico. Gracias a la iniciativa de un grupo de militantes de la CNT y de un militar, experto de la fábrica de armamentos de Oviedo, se improvisó la primera industria bélica.

Era el primer paso para la formación de una verdadera industria de guerra.

El hecho de que las empresas metalúrgicas fueran capaces de reconvertirse en tan solo algunas semanas, en tan difíciles condiciones y sufriendo una importante carestía de cuadros técnicos refleja el enorme entusiasmo que el desenlace de las jornadas de julio había provocado entre los trabajadores. Apenas unos días después de la victoria sobre los sublevados, en las calles de Barcelona, ya habían hecho acto de presencia los primeros camiones blindados y las primeras granadas de mano, material que fue rápidamente enviado al frente aragonés.

"Hemos asistido al nacimiento y al desarrollo de las industrias de guerra de Catalunya y podemos decir que raramente se podrá presentar un ejemplo semejante de improvisación, porque raramente se volverá a encontrar un acuerdo tan perfecto y una pasión tan unánime entre las autoridades políticas, las autoridades técnicas y los obreros de todos los oficios de un país. Técnicos militares extranjeros que vieron de cerca esa obra nos aseguraban que lo realizado por nosotros en muy pocos meses era superior a cuanto se había logrado con muchos más medios, por países mejor equipados, como Francia, en los dos primeros años de la guerra de 1914-1918" (163).

Por primera vez, los obreros se sentían dueños de sus destinos, y era esa, su conciencia liberadora, el motor que podía hacer posible tales iniciativas y tal capacidad de creación.

"En Catalunya, donde yo me encontraba, he visto crearse una industria de guerra como por arte de brujería... (el pueblo) estaba dispuesto para realizar ese milagro, que pueblos en plena paz y con medios económicos adecuados no logran realizar en mucho tiempo, y más aún, sin ingenieros en las fábricas, con solo dos o tres en la comisión de industrias de guerra, y aquellas fábricas y talleres tan rápida y perfectamente transformados funcionaban admirablemente, aumentando cada día la producción en términos insospechados, creándose las más difíciles actividades industriales, gracias a la iniciativa particular de los obreros catalanes..." (164).

La Comisión de Industrias Bélicas tuvo en un par de meses, bajo su control, 24 importantes fábricas catalanas de ingeniería y de productos químicos, que se dedicaron a la producción de obuses, explosivos y vehículos blindados... En el mes de Octubre de 1937, más de 50.000 obreros, repartidos en 500 fábricas, intervenían en la producción de armamento, mientras que otros 30.000 lo hacían en industrias auxiliares (165).

En el mes de Septiembre de 1936, el gobierno de la Generalitat pidió el traslado a Catalunya de la maquinaria para la producción de municiones que existía en Toledo, y que se veía amenazada por el avance del ejército franquista. La respuesta del gobierno de Madrid fue categórica y reveladora de cual era la actitud de las autoridades republicanas estatales:

"Catalunya nunca hará cartuchos" (166).

Con el retroceso revolucionario vendría también la decadencia de la economía colectivizada y también la de la industria bélica, contrapuestas a la creciente intervención de las autoridades republicanas.

En una carta enviada por Lluís Companys a Prieto, éste confesaba que la producción bélica había retrocedido considerablemente. El presidente de la Generalitat establecía el principio de la decadencia en el mes de Junio, pero la decadencia parece haber empezado antes, en el mes de marzo. Companys reconocía que la situación había cambiado por completo, desde la nacionalización de la industria de armamento. La moral de los trabajadores que durante los primeros meses de la guerra y de la revolución habían trabajado más de 56 horas, sin cobrar por las horas extraordinarias y sin que se diesen casos de sabotaje o de indisciplina, ahora se resentía por la creciente burocratización que había acompañado a la toma de control de la industria, por parte del gobierno (167).

En cualquier caso, podemos ver un paralelismo en el retroceso de la producción y la disminución del entusiasmo de los trabajadores. La recuperación del poder republicano iba parejo a la progresiva liquidación del orden revolucionario. Este proceso iba acompañado de la apatía y de la desmoralización de los obreros. La explicación del retroceso de la producción no es posible atribuirlo solo a las dificultades que entrañaba el conflicto bélico. Del mismo modo, que el factor de la moral revolucionaria explica el milagro económico, también lo hace con la decadencia de la economía colectivizada.

El sistema de control obrero sobre las industrias bélicas terminó con el decreto de militarización del sector, promulgado por el gobierno el 11 de agosto de 1938. Aunque hasta aquel momento había sido la Generalitat la que legalmente había controlado la industria armamentística, en realidad, habían sido los comités obreros, los que habían ejercido la verdadera dirección de la producción.

La militarizacion fue la medida que adoptaron las autoridades republicanas para acallar en creciente descontento de los trabajadores del sector (168). La afirmación que hemos hecho no es gratuita. El mismo Joan Comorera, máximo dirigente del PSUC y enemigo declarado del movimiento expropiador, partidario entusiasta de la reconstrucción del poder republicano, declaraba en un Plenario de su partido, celebrado en Lérida, en el año 1938, que:

"La situación de las industrias de guerra hay que confesar que no ha mejorado suficientemente y que en algunos casos, incluso ha empeorado" (169).

También el dirigente ugetista catalán, Rodríguez Vega, confesaba que en algunas industrias, la productividad había descendido a la mitad (170). Con el restablecimiento del orden republicano y el incremento del control burocrático de las empresas, los trabajadores veían esfumarse sus sueños de liberación y aumentaba la desmoralización y la apatía.

Vale la pena citar algunos ejemplos sobre la nueva organización de la industria metalúrgica catalana, dedicada a la fabricación de armamento. Los TALLERES HISPANO SUIZA contaban con unos 1400 obreros. Fue de esta empresa, de donde surgieron los primeros camiones blindados que acompañarían a la columna de milicianos dirigida por Durruti, que se dirigía hacia Aragón, para recuperar Zaragoza. Los sindicatos procedieron a la incautación de la industria y remodelaron su organización, adaptándola para la producción de guerra automóviles blindados, motores de avión, granadas de mano, ambulancias, soportes de ametralladoras...).

La industria se situó bajo el control del Comité Central de Milicias Antifascistas, que nombró un delegado, un obrero metalúrgico, militante de la CNT, para hacer de intermediario entre ambos.

El comité se formó por delegados de ambos sindicatos, de todos los sectores de la empresa, incluidos los técnicos, empleados administrativos e ingenieros, que de esta forma se integraban en la obra revolucionaria.
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARÍTIMA. Como el resto de las empresas del sector bélico no fue incautada por los trabajadores. Sin embargo, las diferencias entre las empresas expropiadas y las que solo estaban sujetas al control, eran mínimas. Fue el comité de empresa, el que realmente dirigió la marcha de la producción. Ésta nunca llegó a superar el 50% de su potencial, debido a las insalvables dificultades de carácter técnico que existían. A pesar de la iniciativa y del entusiasmo de los obreros, la escasez de técnicos y el hecho de que los que no habían huido, no simpatizaran con la causa revolucionaria impidió el aumento de la producción (171).
Junto a la industria metalúrgica y armamentística, muchos otros ramos de la industria y de los servicios se vieron afectados profundamente por las colectivizaciones, el textil, la alimentación, madera, electroquímica... El textil catalán, en el que trabajaban más de 230.000 obreros (170.000 de ellos, afiliados a la CNT), sufrió grandes transformaciones revolucionarias en la organización del trabajo y de la producción. La colectivización en este sector fue prácticamente total, salvo algunas empresas que contaban con capital extranjero. De los 20.000 patronos existentes, apenas una décima parte de ellos se acercó a sus antiguas empresas, donde entraron a trabajar como técnicos o como simples trabajadores a sueldo. El resto de ellos huyó o fue eliminado.

LA ESPAÑA INDUSTRIAL contaba con fábricas en Barcelona, en Sabadell y en Sants, y empleaba a cerca de 2.000 obreros que trabajaban en sus instalaciones. De ellos el 80% estaba afiliado a la CNT y el 20% restante a la UGT (172).

Después del mes de Julio, la empresa pasó a depender de un comité que fue elegido en una asamblea a mano alzada por más de 1.800 trabajadores de la plantilla, para sustituir a los directivos que habían huido. A pesar de que la empresa quedó bajo control de los obreros, no fue colectivizada hasta la publicación del decreto de colectivizaciones (173).

El comité de empresa estuvo compuesto por un total de doce miembros (dos técnicos, dos administrativos y ocho de los trabajadores manuales), dos de los delegados eran mujeres que representaban al sector de hilado y de tejido. Los delegados siguieron trabajando en sus puestos, reuniéndose semanalmente los sábados, después de la jornada de trabajo, para resolver los problemas derivados de la reorganización de la producción. Para estas tareas el comité fue dividido en diferentes comisiones de trabajo (finanzas, comercialización, técnica y personal). El personal técnico y el administrativo, representado en el comité por sus propios representantes se comprometió a acatar las decisiones mayoritarias.

El comité convocaba asambleas periódicamente, cada dos o tres meses. La finalidad de las reuniones abiertas a todos los trabajadores, era explicar y rendir cuentas de la marcha de la empresa. Pese a ello, los duros condicionamientos de la guerra les obligaron a reducir el trabajo a tres días semanales, debido a la escasez de materias primas que empezaba a ahogar a la economía colectivizada. El sindicato textil de la CNT se encargó de la venta de la producción y de la importación de materias primas.

En la nueva organización del trabajo, los trabajadores escogieron a sus propios capataces, que siguieron cobrando lo mismo que el resto de trabajadores manuales. Los nuevos encargados hicieron de enlace entre sus secciones y el consejo de empresa en las cuestiones de carácter técnico. Las diferencias salariales se redujeron sin llegar a eliminarse. Las trabajadoras siguieron cobrando entre un 15 y un 20% menos que los hombres, mientras que los trabajadores manuales mantuvieron salarios menores que los de los administrativos y técnicos. Los condicionamientos económicos que imponía la guerra impidieron los aumentos salariales. Sin embargo fueron los técnicos y los administrativos, los que propusieron una reducción de sus salarios en un 20%. El dinero ahorrado fue utilizado en la creación de un fondo de pensiones destinado a los trabajadores más ancianos (no olvidemos que no existía la seguridad social, y que el abandono del trabajo significaba la inmediata miseria).

LA SEDA DE BARCELONA, no pudo llegar a ser colectivizada por ser de capital holandés. La empresa, puesta bajo control obrero, estuvo dirigida por un comité compuesto por diez miembros. Aunque los delegados habían sido escogidos en una asamblea, el reparto de puestos se decidió de forma paritaria, 5 de la CNT y 5 de la UGT, a pesar de la clara hegemonía del anarcosindicalismo en la empresa. La conciencia unitaria de los trabajadores superaba, de esta forma, los posibles enfrentamientos entre ambas centrales sindicales.

Las colectivizaciones urbanas no se limitaron a la industria. También se extendieron al sector de servicios. Los depósitos de CAMPSA, las centrales eléctricas, las compañías del gas, los trasportes urbanos (tranvías, metros y autobuses) y también los terrestres y marítimos. Las compañías ferroviarias quedaron bajo control sindical de la UGT y de la CNT. Algo similar ocurrió con la mayoría de las empresas de comunicaciones.
Tampoco el sector de espectáculos (cines, teatros) escapó a la colectivización. Todo iba quedando en manos de los obreros sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo.

Los trabajadores de Tranvías de Barcelona se incautaron de la compañía. El comité gestor, compuesto por siete delegados, se encargó de las tareas de organización de los servicios en toda la ciudad. Poco después, las compañías de autobuses y del metro adoptaron las mismas iniciativas.

Las empresas de transportes de Barcelona formaron un comité central unificado con representantes de todas ellas (de 1 a 4 delegados por empresa, según su importancia), para coordinar racionalmente el transporte de viajeros en toda la ciudad. Cada empresa se administraba de forma autónoma, sin embargo, todas estaban supeditadas al comité central coordinador, que se encargaba de compensar con los beneficios de las compañías más rentables, las pérdidas del resto. Se mejoraron las condiciones de trabajo y de higiene de las plantillas, y se llegó a plantear, para después de la guerra, la implantación de la semana de cuarenta horas, en el camino hacia la de treinta y seis. En materia salarial, aunque las diferencias persistieron, tendieron a igualarse.

La composición de los comités de las diferentes compañías de transporte de viajeros de Barcelona no era uniforme. Mientras en el del Metro Transversal y en el de la Compañía de Autobuses su composición era completamente anarcosindicalista, en el del Gran Metro habían representantes de ambas centrales sindicales. La Compañía de los Ferrocarriles Catalanes fue dirigida por un comité conjunto CNT-UGT, contando con la presencia de un delegado del Gobierno de la Generalitat que tuvo un papel completamente testimonial, durante los primeros meses de conflicto.

El gran comercio barcelonés sufrió también importantes cambios. Los grandes almacenes como "El Siglo", fueron incautados por el Sindicato Único Mercantil de la CNT. En la asamblea de trabajadores de la empresa se escogió un Consejo Técnico (3 miembros) y un Consejo Administrativo (12 empleados, 2 ex-empleados y un representante del Sindicato).

La mayor parte de los establecimientos comerciales (los grandes en su totalidad) fueron colectivizados. Algo similar ocurrió con el comercio mayorista de víveres (huevos, pescado, verduras, fruta, leche,...), mientras se establecían comercios de venta minorista. Los intermediarios fueron excluidos del circuito comercial, permitiéndoseles trabajar como asalariados en el mismo ramo. Se dictaron normas encaminadas a mejorar la higiene de los alimentos, se establecieron comités de control en el matadero municipal y se cerraron aquellos establecimientos que fueron considerados insalubres. El campesinado fue obligado a comerciar sus excedentes con los comités locales de abastecimiento creados por la CNT.

Los comités de empresa se convirtieron en la nueva dirección de los centros de trabajo colectivizados. Las dificultades con las que se encontraron en su tarea de dirigir la producción, hizo que éstos, frecuentemente, delegaran sus funciones de representación sindical, en los denominados comités de fábrica. Estos organismos se convirtieron en los intermediarios de los trabajadores frente a los comités, que se habían convertido en los nuevos organismos directivos de las empresas. Sus tareas reivindicativas permitieron integrar a numerosos trabajadores en las tareas de gestión de la producción y evitaron el alejamiento entre éstos y los nuevos organismos de dirección (174).

Es destacable el sentimiento de unidad de clase que se expresó, a menudo, en la composición de los comités de las empresas colectivizadas y en las sujetas al control obrero. Ambas centrales sindicales, CNT y UGT, estuvieron representadas en los comités de las empresas, unas veces de forma proporcional a su afiliación, otras de forma paritaria. En los comités también estuvieron integrados los representantes de los técnicos y de los administrativos. La idea dominante era la de integrar a las minorías y preservar de esta forma, el espíritu unitario que alentaba al movimiento.

Algunos historiadores, estudiosos del tema, consideran que la asistencia y la participación en las asambleas no fue demasiado numerosa. Algunos la sitúan en un porcentaje en torno a una tercera parte de las plantillas (175). La participación en las reuniones periódicas no era, necesariamente, falta de identificación de los trabajadores con la obra colectivizadora de la que eran protagonistas. No podemos olvidar que, la mayor parte del debate en este tipo de asambleas se centraba en aspectos rutinarios, técnicos y administrativos, que difícilmente atraían el interés del conjunto de los trabajadores, salvo a los sectores más conscientes y militantes de las empresas.

Para comprender el impacto que tuvieron las colectivizaciones en la conciencia de los trabajadores, es revelador el testimonio de uno de los anarcosindicalistas que participó en ellas:
"A raíz de la colectivización observó una gran diferencia en los obreros. Antes de la guerra ninguno de ellos <<sabía hablar>>. Si había que hacer alguna reivindicación, él, Capdevila, o alguno de sus compañeros del sindicato tenía que entrevistarse con la dirección. Mientras funcionó el comité obrero de control, el grueso de la fuerza laboral siguió sin decir palabra. Pero en cuanto se colectivizó la fábrica y se celebraron asambleas generales, todo el mundo empezó a hablar".

"<<Era asombroso. Todo el mundo se convirtió en un loro, todo el mundo quería decir lo que pensaba y sentía. Evidentemente ahora eran conscientes de estar a cargo de las cosas y de que tenían derecho a hablar por si mismos...>>" (176).

Las empresas expropiadas sólo fueron completamente autónomas durante un breve período de tiempo, durante las semanas siguientes a las jornadas de julio. La situación creada, las necesidades y los obstáculos, pese al origen espontáneo y disperso de las colectivizaciones y de su obra, las empujaba en una sola dirección. La obra revolucionaria, solamente podía sobrevivir mediante la coordinación y planificación de la economía.

La inexistencia de un auténtico estado obrero, que representara, centralizara y ordenara la actividad de los comités y de las colectivizaciones, hizo que durante los primeros meses, después de iniciado el conflicto, la economía se caracterizara por la combinación de rasgos de autogestión obrera y de corporativismo, con los intentos de coordinación y de estructuración de la misma. El hecho de que la dualidad de poderes derivase hacia la restauración de las viejas instituciones estatales, sería la causa de que en la mayor parte del territorio, las colectivizaciones quedasen rápidamente en la órbita del nuevo gobierno republicano. Esta vez dirigido por Largo Caballero y por las organizaciones obreras del Frente Popular.

Sólo en Catalunya, las colectivizaciones y los comités, consiguieron mantener una cierta independencia de las autoridades, incluido el Comité Central de Milicias. Durante cerca de cuatro meses, se resistieron a someterse al Consejo de Economía y al Gobierno de la Generalitat, a pesar de la participación y de la subordinación de los organismos dirigentes de las organizaciones obreras a estos organismos.

En el mes de octubre de 1936, se reunió en Barcelona un Congreso sindical, en el que asistieron delegaciones y representantes de más de 600.000 obreros de las industrias colectivizadas. La finalidad del acto era el estudio de la socialización de la industria.

Pocos días después, el 24 del mismo mes, el nuevo orden económico era institucionalizado en Catalunya, con la publicación del decreto de colectivizaciones. La orden gubernamental reconocía como un hecho consumado lo que era una realidad desde hacía algunos meses en la calle. Sin embargo, a cambio se iniciaba un proceso de intervención de las colectivizaciones, por parte de la Generalitat. La penetración del gobierno catalán, testimonial y simbólica al principio, acabaría por significar la contención y la limitación de las colectivizaciones, en el período del retroceso revolucionario. El nuevo decreto también reflejaba la consolidación del poder del gobierno de la Generalitat, y la tendencia de las organizaciones obreras más radicales a subordinarse a su autoridad política.

Hubo numerosos intentos de planificación de la economía colectivizada. En el mes de diciembre del mismo año, se celebró un Congreso de Sindicatos Únicos de la CNT en la ciudad de Valencia. El congreso pretendía estudiar y proponer soluciones a las dificultades que provocaba la dispersión y la competencia entre las diferentes industrias colectivizadas.
El resumen de la declaración final refleja las conclusiones y las propuestas que fueron dirigidas a los sindicatos:

"Al proceder a la socialización de una industria deberán agruparse todos los esfuerzos de los distintos sectores que componen la rama de la industria en un plano general y orgánico con lo cual se evitarán las competiciones y dificultades de orden sindical que dificultarían la buena organización de la industria socializada. Se enlazarán los organismos de producción y distribución de tal manera que se evite la especulación de elementos ajenos a los intereses de la industria socializada"
(177).

Como muy bien indica José Peirats, el documento de Valencia reflejaba una conciencia clara entre los participantes del Congreso, de cuales eran los problemas que amenazaban a la industria socializada.

"Los trabajadores se daban cuenta de que la colectivización parcial degeneraría con el tiempo en una especie de cooperativismo burgués. Encastillado en su respectiva colectividad, las empresas habrían suplantado los clásicos compartimientos estancos y caerían fatalmente en la burocracia, primer paso de una nueva desigualdad social. Las colectividades terminarían haciéndose la guerra unas a otras, comercialmente hablando, con tanto ahínco y mediocridad como las antiguas empresas burguesas" (178).

Los sindicatos procuraron reorganizar las distintas ramas de la producción. Por su peso y arraigo en el movimiento obrero y a falta de organizaciones de otro tipo (soviets) que pudieran asumir estas tareas, las centrales sindicales y especialmente la CNT, tuvieron que asumir la función de coordinación de las empresas colectivizadas o las que estaban sujetas al control obrero. Su importancia en la estructuración de la economía revolucionaria fue inmensa. Sin ningún tipo de dudas podemos considerar que hubiera sido imposible superar el caos revolucionario de los primeros momentos, si los sindicatos no hubieran intervenido. Sin embargo, es constatable también, la falta de definición y de delimitación en las relaciones entre éstos y los comités. Esta confusión, fue una frecuente fuente de tensiones y de conflictos entre ambos organismos y facilitó, posteriormente, la intervención del gobierno republicano.

La idea de estructurar la economía revolucionaria mediante las agrupaciones industriales, fue vista con buenos ojos por los anarcosindicalistas, que consideraron que esta solución se aproximaba a sus planteamientos de socialización bajo control sindical de la economía.

"Los de la CNT opinábamos que todo debía partir del obrero... A tal efecto queríamos crear federaciones industriales (textiles, ingeniería, grandes almacenes, etc.) que estarían representados en un consejo económico global encargado de dirigir la economía. De esta manera, todo, incluyendo la planificación económica, permanecería en manos de los obreros. (Las federaciones industriales habían sido aprobadas por la CNT en 1931, pero su creación fue combatida por elementos anarquistas del sindicato, por lo que sólo existían unas cuantas al estallar la guerra)" (179).

En ocasiones, los intentos de creación de las agrupaciones industriales fracasaron al chocar con la visión corporativista de los comités, que consideraban a las empresas colectivizadas, como algo de su exclusiva propiedad y se mostraban reticentes a formar parte de las federaciones.

Pasados los primeros momentos, generalmente, fueron las Juntas territoriales las que acabaron por asumir las funciones de dirección de la economía en sus respectivas zonas. La aparición en Catalunya del Consejo de Economía, organismo de planificación que estaba supeditado al gobierno de la Generalitat, en la que participaban todas las organizaciones obreras, hizo que estas funciones recayeran en él. Sin embargo, las centrales sindicales y en concreto la CNT, mantuvieron su poder e influencia en las empresas socializadas o intervenidas por los trabajadores. Gran parte de la articulación de la economía revolucionaria siguió recayendo en ella.

El Consejo de Economía de Catalunya apareció ante muchos trabajadores como un órgano extraño, que había sido impuesto desde las alturas y que estaba subordinado al desprestigiado gobierno de la Generalitat. Los sindicatos en cambio, eran las organizaciones tradicionales del movimiento obrero y gozaban de su entera confianza, por lo tanto, no es de extrañar que estas organizaciones continuaran siendo las que coordinaran y estructuraran los sectores colectivizados.

La coordinación superó en muchos casos el ámbito local extendiéndose a regiones enteras, llegando a abarcar desde la extracción de materias primas, hasta la manufacturación y distribución de los productos. Ramas enteras de los servicios y de la industria fueron completamente reorganizadas. Cientos de pequeñas industrias, dispersas y antieconómicas, fueron cerradas y concentradas en grandes centros, mejor equipados para la producción. Los trabajadores de la mayoría de los 745 hornos-panadería que existían en Barcelona aceptaron la socialización y la reestructuración de todo el sector. Algo similar ocurrió con el sector de la madera, donde cientos de pequeños talleres fueron reorganizados y concentrados en fábricas más grandes.

En otras poblaciones catalanas se vivieron procesos idénticos (la industria del vidrio, confección, la sastrería, la piel y también el calzado de Sitges, el embutido de Vich...). El fenómeno, muy importante en Catalunya, se extendería a otras ciudades y pueblos de la zona republicana (el metal y el textil de Alcoi, la madera de Cuenca, la ebanistería de Madrid...).

Los proyectos de racionalización y de coordinación de la economía colectivizada fueron impulsados especialmente por las organizaciones más radicales del movimiento obrero, la CNT-FAI y también por el POUM. Sin embargo, a menudo, estos proyectos chocaron con la resistencia del resto de organizaciones, que no veían con buenos ojos la consolidación del sistema de las colectivizaciones.

Después de las jornadas barcelonesas de mayo de 1937, en Catalunya y a pesar de la supuesta legalidad que amparaba la planificación de la economía, con la publicación del decreto sobre las colectivizaciones, los intentos de racionalización de la producción encontraron la oposición creciente de la UGT catalana, que invocaba a la Generalitat y al secretario del PSUC, Comorera, para impedirlos.

El origen no planificado de las colectivizaciones revela el verdadero carácter de la revolución española. Sin embargo el espontaneísmo también fue el origen de numerosos errores y limitaciones del movimiento colectivizador. Sobre la ingenuidad y el simplismo con el que los revolucionarios acometieron su obra revolucionaria en la economía, Fraser recoge las declaraciones de un joven militante de CNT, Pons Prades, que había trabajado en la industria colectivizada:

"... era fácil alcanzar aquel mundo nuevo, aquel paraíso terrenal del que tan a menudo le hablara su padre. Bastaría con cambiar las banderas, entonar nuevas canciones revolucionarias, abolir el dinero, la jerarquía, el egoísmo, el orgullo; las columnas sobre las que se apoyaba el imperio del dinero. <<No era yo solo, joven inexperto, quien así pensaba. Eran también los hombres, los militantes de la CNT que tanto habían luchado en la vida>>..." (180).

En muchos casos, los trabajadores se limitaron a aumentarse los salarios, reducir sus horas laborales y producir contando tan solo con las reservas existentes en sus almacenes y sin preocuparse de lo que pasaría cuando éstas se agotaran. Muchos trabajadores tenían una visión excesivamente esquemática de lo que significaban las colectivizaciones y también de su funcionamiento. Sin embargo pronto surgieron problemas inesperados que se encargaron de borrar esta falsa idea.

Las colectividades no llegaron a unificarse jamás, en un sistema económico coherentemente estructurado, con una sola administración centralizada, elegida democráticamente por las bases. Esto hubiera significado sentar las bases del estado obrero, alternativa en la que no estaban interesadas en aquel momento, ninguna de las organizaciones obreras.

El anarcosindicalismo cometió la equivocación de olvidar las experiencias de las revoluciones anteriores. Los libertarios españoles repitieron trágicamente los errores que había cometido la Comuna de París, apenas sesenta años antes, abandonando en manos de sus adversarios políticos, en la zona republicana, los resortes del capital financiero, que luego serían utilizados en su contra.

La Generalitat de Catalunya nombró rápidamente delegados en cada banco y en cada caja de ahorros, con el acuerdo de la UGT y de la CNT, para impedir la fuga de capitales y controlar las operaciones comerciales de las empresas. Con esta maniobra, el gobierno catalán evitaba cualquier tentación de incautación de las entidades financieras catalanas. En los meses siguientes, el control sobre los bancos y las entidades financieras se mostró como un instrumento eficaz para paralizar y hacer retroceder al movimiento colectivista, como paso previo y obligado para su posterior liquidación.

Dos años después de iniciada la guerra, al menos la mitad de las empresas colectivizadas catalanas se encontraban hipotecadas con la Generalitat, por los préstamos que ésta había concedido para el pago de los salarios. Gracias a esta situación, el gobierno autónomo conseguiría fácilmente intervenir la industria colectivizada, mediante el nombramiento de inspectores. A medida que las viejas autoridades recuperaban su poder, los interventores de la Generalitat también irían adquiriendo, poco a poco, más poder en el seno de las colectividades, en detrimento de la antigua autonomía económica que éstas habían gozado. Con esta situación, atada de pies y manos, la economía revolucionaria iniciaba su declive.

"Según sus defensores, las colectividades fracasaron, no por su celo egocéntrico, ni por su incompetencia o mala organización, sino sencillamente porque, una vez agotados sus recursos iniciales, no consiguieron crédito de sus enemigos, que manipulaban el sistema bancario y controlaban las divisas y el comercio exterior. Juan Fábregas, delegado de la CNT en el Consejo Económico de Catalunya, recibió de Madrid negativas rotundas. <<Bastaba que la nueva industria militar de Catalunya estuviera controlada por los trabajadores de la CNT para que el gobierno de Madrid negara su ayuda. Solo concedían ayuda económica a cambio de ceder el control al gobierno>>. Negrín dijo al periodista Louis Fischer que las fábricas colectivizadas de Catalunya habían gastado todas sus reservas en pagar salarios y que por eso acudían a él, Ministro de Hacienda, a solicitar dinero. <<Aprovecharemos su petición -añadió- para hacernos con el control de las fábricas>>. En otras palabras, los enemigos políticos de la CNT trataban de colocar a las empresas colectivas en una situación tan difícil que se vieran obligadas a rendirse" (181).

El testimonio de Fábregas, y la conversación entre Negrín y el periodista procomunista Fischer, revelan el alcance y la eficacia del instrumento financiero, como instrumento contra la revolución colectivista que estaba en marcha.

El arma financiera no solo fue utilizada contra las colectivizaciones. También sería un instrumento de presión del gobierno central contra los deseos autodeterminativos de la Generalitat de Catalunya, demasiado escorada hacia la izquierda, por la fuerte presión a la que estaba sometida por el movimiento revolucionario. El gobierno de Largo Caballero se negó a traspasar parte de las reservas de oro del Banco de España a Catalunya, que debían ser utilizadas en la compra de armamento y de materias primas, por temor a que ésta, adquiriese demasiada independencia frente al gobierno central (182).

Resulta asombroso observar como algunos historiadores anarcosindicalistas justifican la trágica equivocación:

"En un ramo no se realizó la colectivización: en la Banca. Por razones fáciles de comprender. La colectivización no se hace por decreto desde arriba, sino por la intervención de los obreros y empleados de cada empresa".

"¿Porqué no se colectivizaron los bancos? los dependientes bancarios estaban poco organizados, existían dos sindicatos bancarios, uno CNT y otro UGT; este último, mayoritario, era contrario a la colectivización y propugnaba la estatalización".

"La socialización debe realizarse, según su doctrina, por decretos gubernamentales. El gobierno no decretó la colectivización de los bancos. Así, los dependientes bancarios, en mayoría, no sabían lo que debían hacer. La colectivización no se llevó a cabo" (183).

Sin embargo, otros historiadores de la misma ideología, reconocen el error histórico del anarcosindicalismo español (184). El sector financiero, controlado por la UGT catalana se mantendría al margen del movimiento expropiador, siendo entregado intacto, con el visto bueno de los dirigentes de CNT, a sus adversarios, para ser utilizado posteriormente como un instrumento de chantaje y de presión contra las colectivizaciones.

Es necesario tener en cuenta otro factor: el tradicional raquitismo del sector bancario en Catalunya, que lo hacía depender fuertemente del capital financiero estatal. Sin embargo este dato no invalida la conclusión: el desprecio que la tradición libertaria siente hacia el dinero, se convertía en una terrible arma contra la misma revolución. La ingenuidad anarcosindicalista residía en considerar que la iniciativa colectivizadora solo podía partir de los mismos trabajadores del sector, y no del conjunto de la clase obrera, que necesitaba utilizar los capitales expropiados para consolidar y extender el nuevo orden revolucionario.

Las empresas necesitaban financiarse, necesitaba divisas para importar materias primas que eran indispensables para poder seguir produciendo, era necesario pagar los salarios a los trabajadores que las integraban. Muchas empresas solo pudieron mantener su ritmo de trabajo, mientras no se agotaron los stocks que habían sido expropiados durante los primeros días de la revolución. El agotamiento de las reservas provocaría un descenso dramático de la producción en algunos sectores de la industria. El textil catalán tuvo que reducir la semana laboral a tres días, ante la escasez de materias primas.

Cuando la situación empezó a volverse insostenible, un grupo de militantes libertarios llegó a proponer al Comité Nacional de la CNT la planificación del robo de una parte del oro guardado en el Banco de España de Madrid. El plan sería rechazado por la dirección, por las consecuencias políticas que hubiera tenido la acción, en las relaciones con el gobierno central.

La actitud que las autoridades republicanas y del Frente Popular mantuvieron frente a las colectivizaciones fue, en un primer período, de aceptación forzosa. Sin embargo y a medida que su autoridad iba siendo restablecida, tanto la Generalitat, como el gobierno de Valencia, intentaron detener la honda expansiva del movimiento expropiador. Aplicaron una política de boicot y de sabotaje a la industria colectivizada. El gobierno de Largo Caballero llegaría a importar del extranjero numerosas partidas de ropa para abastecer al nuevo Ejército Popular de la República, para evitar tener que hacer la compra a las empresas del textil catalán. Los gobiernos central y en menor medida, también el autónomo, tenían en su poder la llave de acceso a las divisas y a los tratados de comercio. En esta situación de boicot y sabotaje por parte de las autoridades republicanas, las empresas que dependían del mercado exterior se encontraron con graves dificultades para acceder a nuevos envíos de materias primas.

Difícilmente, los comités de empresa, podían proceder de forma diferente a como lo hicieron, sin la existencia de un sistema económico socialista coherente. La falta de criterios claros de planificación global, acentuó todavía más, los rasgos más individualistas de los trabajadores y llevó a los comités, en muchas ocasiones, a mantener una visión localista y corporativa de las empresas. La falta de una orientación precisa y concreta de las organizaciones obreras, hizo que surgiera con mucha fuerza, en muchas de las colectivizaciones, la idea de que éstas, eran propiedad exclusiva de los obreros que trabajaban en ellas, y no de toda la sociedad, que les habría cedido a ellos, su control y gestión.

Las consecuencias no se hicieron esperar: se dio una división creciente entre las empresas ricas y las pobres, con las consiguientes diferenciaciones salariales; apareció la competencia entre las diferentes empresas colectivizadas para conquistar el mercado, afán de lucro como motor de la producción,... Estos hechos fueron denominados por algunos sectores críticos como "capitalismo sindical" (185), o como lo llegó a denominar Peirats "cooperativismo burgués" (186).

"El colectivismo que vivimos en España no es el colectivismo anarquista, es la creación de un nuevo capitalismo más inorgánico que el viejo sistema capitalista que acabamos de destrozar... Está hoy plenamente comprobado que no existe dentro de nosotros ningún ajuste, ningún apego, ningún respecto a la moral libertaria que nosotros decidimos defender o sustentar; y no existe porque nadie entiende de economía en general, de complejos económicos, de la dependencia de unas industrias con otras..." (declaración de Horacio Prieto, exsecretario de la CN de la CNT, hechas el 06.01.1938). (187).

Más clarificadoras son las críticas aparecidas en el órgano del POUM, "La Batalla":

"(el artículo se titula <<ante todo hay que saber adonde se va y lo que se quiere>)... Asistimos en Barcelona, principalmente, casi sin que se preste atención a ello, a un proceso de <<sindicalización>> de todos los aspectos de la vida económica, que nada tiene que ver ni con la socialización, ni con la colectivización. Los sindicatos recaban la hegemonía absoluta de cada industria, establecen sus normas, su dirección, teniendo en cuenta los intereses estrictamente profesionales, no generales, de la clase trabajadora, e incluso ni el interés de la lucha actual... queremos referirnos a un caso, como ejemplo, el comité revolucionario ferroviario ha adoptado el acuerdo de no conceder billetes gratuitos, partiendo de la necesidad de no mermar los ingresos de la industria... pero evitar estos abusos es una cosa, y otra deducir las consecuencias de que deben negarse casi en absoluto de los billetes gratuitos... ¿porqué se producen todas estas contradicciones y hasta cierto punto este desbarajuste?, sencillamente porque hasta ahora no ha habido un pensamiento rector del curso de la revolución..." (188).

Era evidente que la persistencia de estas actitudes sólo podían llevar al hundimiento de la revolución y a la restauración progresiva de la vieja sociedad capitalista que había sido aplastada en las jornadas de julio.

La gravedad de la situación obligó a la CNT a presionar sobre las empresas colectivizadas para que éstas corrigieran las graves contradicciones que sufrían. En el mes de febrero de 1937, cuatro meses después de aprobarse el decreto sobre las colectivizaciones, una conferencia sindical conjunta CNT-UGT del textil, acordaba que la colectivización de las empresas, tal como se había llevado a cabo en muchos casos, había sido un grave error, y que era necesario proceder a la socialización total de la industria colectivizada. Una comisión del sindicato anarcosindicalista informaba en Barcelona en el mes julio del mismo año:

"El precipitado afán de colectivizarlo todo, especialmente las empresas que tenían reservas monetarias, ha revelado en las masas un espíritu utilitarista y pequeño burgués... al considerar toda colectividad como propiedad privada, no como mero usufructo, han sido ignorados los intereses de otras colectividades. Las empresas colectividades se han preocupado solo de su propia rentabilidad, produciendo un desequilibrio en las propias finanzas de otras empresas" (189).

Sin pretender minusvalorar el éxito de los comités y de las colectivizaciones en su gestión, hemos de aceptar, coincidiendo con Walther Bernecker, que las metas revolucionarias y de emancipación social que se plantearon, sólo pudieron conseguirse de forma limitada e imperfecta.

"Sin embargo, su meta social, la abolición de la alienación de los trabajadores, mediante transformaciones radicales de la estructura de poder de la economía industrial, sólo la alcanzaron temporalmente y aún en este caso, parcialmente. Su error de partida consistió en dejar fuera de su atención los intereses económicos generales y en tolerar durante demasiado tiempo la existencia de un ciego egoísmo de empresa" (190).

El avance y profundización de la conciencia revolucionaria de los trabajadores chocó con la inexistencia de un programa de planificación global de la economía que les ofreciera un proyecto socializador de la revolución que ellos habían iniciado, en vez de perderse en actitudes corporativistas.

La intentos de planificación y estructuración de la economía, impulsados por la CNT, hizo posible que estos prejuicios fueran superados por la comprensión de muchos trabajadores, de la existencia de una interdependencia de toda la economía colectivizada.

En Catalunya, los crecientes desequilibrios fueron corregidos en parte, con la creación de una Caja Central de igualación o de compensación, que redistribuiría los beneficios cedidos por las colectividades ricas, entre las que presentaban pérdidas. También existieron Cajas de Compensación sectoriales, como la de Transportes de Barcelona, donde la Compañía de Autobuses dedicó una parte de los beneficios obtenidos a compensar las pérdidas de la de tranvías.

Con frecuencia, los comités de empresa, empeñados en las tareas de dirección y de organización de la producción en las empresas colectivizadas o intervenidas, perdían sus antiguas funciones sindicales. En ocasiones, como hemos comentado más arriba, llegaron a crearse nuevos organismos sindicales que se encargaron de representar a los trabajadores en las cuestiones de índole laboral. Sin embargo y a menudo, estas funciones quedaron completamente abandonadas.

"Debería haberse hecho, para que los trabajadores siguieran teniendo su representación sindical directa a la que acudir en caso de alguna queja laboral. Fue un fallo muy común en el área de Barcelona, un fallo consciente en no comprender cuál era la nueva situación creada por el hecho de que un sindicato pasara de la fase de lucha de clases a la autogestión, una confusión entre los dos papeles..." (191).

De la idea recogida por Ronald Fraser se desprende un cierto grado de burocratización de los comités de empresa, y también el alejamiento de algunos sectores de trabajadores del funcionamiento de la economía colectivizada o intervenida.

"El principal fracaso, según la opinión de Pons Prades y de otros miembros, opinión que confirmaba la objeción planteada originariamente por los anarquistas, fue que el sindicato se transformó en una especie de gran empresa, con una estructura progresivamente fingida. <<Visto desde fuera, empezó a parecerse a un trust americano o alemán>>. Desde dentro, si bien los obreros tenían posibilidad de expresar sus críticas o necesidades, resultaba difícil efectuar los cambios que querían".
"<<Tenían la impresión de que no participaban directamente en la toma de decisiones. Si el <estado mayor> decidía que se cambiase la producción en dos talleres, no se informaba a los obreros del porqué. La falta de información... engendró descontento, especialmente si se tiene en cuenta que en la CNT era tradicional discutirlo y examinarlo todo. Las reuniones quincenales de delegados pasaron a ser mensuales y creo que terminaron siendo trimestrales...>>."
"A pesar de todas estas objeciones, en la primera asamblea general anual casi todos los cargos fueron prorrogados por unanimidad... <<A medida que fue pasando el tiempo, habría sido difícil corregir la estructura cada vez más rígida del sindicato.>>" (192).

Hay distintos factores que nos pueden ayudar a comprender el origen de estas actitudes burocráticas. Las circunstancias en las que se desarrollaban los comités, como la guerra, la falta de orientación política,... impidieron que éstos pudieran profundizar su democratización interna. La escasez de cuadros obreros, preparados para asumir las responsabilidades que implicaba la administración y la organización de la economía colectivizada era más que dramática. Las funciones de dirección de las empresas colectivizaciones acabaron por concentrarse en una pequeña minoría de militantes revolucionarios.

También el excesivo afán de expropiarlo todo, sin ningún tipo de criterio diferenciador entre las grandes y las pequeñas empresas, provocó graves problemas al movimiento revolucionario. La incautación de gran número de minúsculas empresas y establecimientos, provocó el descontento y el temor de la pequeña burguesía y de las clases medias. En Madrid, por ejemplo, llegaron a colectivizarse los equipos de zapateros, los ebanistas, las barberías e incluso... los salones de belleza. Los antiguos propietarios se convirtieron en simples trabajadores de sus antiguas empresas.

Durante las jornadas de julio, el grueso de la pequeña burguesía urbana y del campo había permanecido neutral, o incluso había llegado a simpatizar con los revolucionarios. Sin embargo los errores cometidos provocaron el alejamiento de las clases medias de la izquierda y también de los desprestigiados e impotentes republicanos, para volcarse hacia el PCE-PSUC, que fueron las organizaciones que, gracias a su eficacia, consiguieron capitalizar el desplazamiento político. Los excesos colectivizadores y la violencia indiscriminada que se dio en muchos casos, empujaron a la pequeña burguesía a buscar la protección entre las organizaciones que pretendían restaurar el viejo orden republicano y que se enfrentaban al anarcosindicalismo.

"Al sentar las bases del socialismo, un error gravísimo se ha cometido en nuestro país, la colectivización de la pequeña industria y del pequeño comercio, a pesar de estar prohibido por el decreto de colectivizaciones, estaba en el ánimo de muchos trabajadores, por falta de una cultura social suficiente, el deseo de intervenir y de disponer en los negocios de la industria o el comercio donde trabajaba. Un falso concepto igualitario, muy extendido en nuestros medios obreros, ha hecho también que se dañaran los intereses de la pequeña burguesía".

"Más que dañar su intereses, más que desposeerlos de su industria o comercio, lo que debía haberse hecho era impedirles su libre uso y apartarlos de la dirección del estado. Hubiera sido la mejor política respecto a la pequeña industria, ahora desposeídos de sus propiedades y con el poder político, tratan y tratarán constantemente de hacer marchar atrás en el camino de la revolución y buscarán la fórmula que les permite volver a la vieja situación. Y este error que ha cometido el proletariado colectivizando pequeños comercios e industrias, como la pequeña propiedad de la tierra, es totalmente contrario a las leyes del socialismo".

"El socialismo no debe entrar en la conciencia de las masas o de los individuos a la fuerza" (193).

El documento que cita Victor Alba pertenece al POUM, y sitúa la posición crítica de esta organización ante uno de los errores más graves, cometidos por el movimiento colectivizador. La inexistencia de una organización capaz de encauzar el torrente revolucionario desatado, condujo a una serie de errores o excesos que debilitarían a la misma revolución. Los adversarios de las colectivizaciones aprovecharon estos errores para denigrarlas, condición que era necesaria para su posterior liquidación.

Los historiadores contrarios al movimiento colectivizador, reconocen las graves dificultades, derivadas del conflicto bélico, que tuvo que atravesar la economía socializada. Han reflejado los errores y las ingenuidades que se desarrollaron en las colectividades. Sin embargo algunos de ellos han presentado una serie de argumentos en su contra, que no resisten un análisis serio.

Stanley Payne considera que las colectivizaciones y el control obrero, tuvieron efectos negativos en la economía republicana, y esta nunca pudo recuperar los niveles de producción existentes a principios de 1936.

"La escasez propia de la guerra, la pérdida de mercados, la falta de materias primas, junto con el efecto disgregador de las colectivizaciones y el control obrero, hizo imposible a la industria catalana alcanzar los niveles de producción previos" (194).

El historiador Stanley G. Payne coloca "el efecto disgregador de las colectivizaciones y el control obrero" al mismo nivel que los factores relacionados con la guerra. Sin embargo, se resiste a analizar las causas del "efecto disgregador" del colectivismo, es decir, la falta de un poder político que estuviera dispuesto a llevar hasta el final la construcción de una economía socialista, sólida y coherente.
La disminución de la producción, ha sido perfectamente explicado por otro economista e historiador, poco sospechoso de simpatizar con el movimiento revolucionario:

"(Primera fase. Julio-Agosto de 1936) Refleja el impacto de la desorganización debida a la guerra civil: el mes de agosto marca el punto más bajo de la actividad industrial...
(Segunda fase. Septiembre de 1936 a Octubre de 1937) Es una etapa de adaptación a la situación. El impacto económico de la guerra por la pérdida de mercados y del abastecimiento de materias primas reduce la producción entre el 75 y el 60% respecto a Enero de 1936. Hay puntos significativos de baja: noviembre de 1936, a causa del agotamiento de los stocks de las empresas, y Febrero de 1937, en que se manifiesta la crisis iniciada a principios de año, a causa de la reconversión, ya iniciada, de la economía catalana en una economía de guerra; todo esto repercute en el conjunto industrial del país, que se resiente por la rigidez de la oferta. De esta manera se acelera el incremento de precios a partir del mes de marzo, en que el encarecimiento acentuado de la subsistencia puede explicar en parte, los hechos de mayo de 1937. Por otra parte, la disminución de la producción industrial en mayo de 1937 es una consecuencia de los hechos producidos en Catalunya, y muy especialmente en la ciudad de Barcelona, aquel mismo mes" (195).

El autor de estas significativas líneas reconoce la existencia del factor "desmoralización", como una de las causas de la caída de la producción industrial de Catalunya (y por lo tanto, del resto de la zona republicana), pero no atribuye a la naturaleza del sistema de las colectivizaciones y al control obrero, ninguna cualidad "disgregadora" intrínseca, como causa de la decadencia. Por el contrario, si la desmoralización de los trabajadores fue una de las causas del retroceso de la economía, se deduce que el entusiasmo revolucionario de la clase obrera por las conquistas sociales conseguidas (las colectivizaciones y el control obrero) habían sido uno de los soportes principales que evitaron, pese a las condiciones negativas existentes, que la economía se desplomara.

Fue Jaume Miravitlles en una conversación con Josep Tarradellas, ambos miembros de ERC y adversarios de la revolución de los comités, quién, sin salir de su asombro, confesó: "Este sistema funciona" (196). Efectivamente, el sistema, con todas sus taras, con todos sus errores y defectos, con todas sus ingenuidades, funcionaba.

También hay que tener en cuenta, la multitud de conquistas sociales que se realizaron por primera vez en España y posiblemente en el mundo entero. Algunos de los proyectos, como el del salario único, o el de las seis semanas de vacaciones, fueron planteados pero nunca pudieron ser llevados a la práctica.

El momento en el que la revolución se estaba jugando su destino en el frente, contra el ejército franquista, o en la retaguardia, contra las organizaciones del Frente Popular, no era el más adecuado para ponerlas en marcha. Incluso algunas de ellas no pudieron ponerse en la práctica, de manera generalizada, sencillamente porque en aquel momento eran utópicas, como era la de la abolición del dinero.

Sin embargo otras muchas se aplicaron y funcionaron perfectamente, y hoy, algunas de ellas, todavía no han sido alcanzadas. Se abolió el trabajo a destajo, se redujo la semana laboral a 40 horas (aunque en un principio tal medida estaba planteada para el período posterior a la victoria de la revolución). La carestía de materias primas convirtieron la semana laboral en mucho menos, se creó el primer sistema de seguridad social en España, jubilación con la paga completa, asistencia médica y medicinas gratuitas, subsidio de enfermedad y de maternidad (el marido tenía derecho a dos días libres pagados, cuando su esposa estaba de parto), clínicas con servicios especializados, se creó un fondo de desempleo y de recolocación de los parados,... (197).

Todo este sistema de conquistas sociales estuvo financiado con las reservas de las empresas colectivizadas que presentaban beneficios.

Las colectividades fueron la expresión máxima de la conciencia socialista espontánea de los trabajadores. Ronald Fraser sitúa el verdadero debate, no en la defensa del éxito o del fracaso de las colectivizaciones, sino en si tal como se dieron éstas, fueron o no:

"... la respuesta revolucionaria adecuada a las necesidades del momento..." (198).

El sistema colectivista fue una reacción necesaria en los primeros momentos. En esto coinciden todos, adversarios y partidarios.

La diferencia entre unos y otros estribaría en si éstas eran o no, un mal necesario que llenaba el vacío dejado por la huida de los antiguos propietarios hasta que pudiese restablecerse el orden republicano, o eran la expresión legítima del nuevo orden revolucionario.

La dualidad de poderes que apareció simultáneamente a las colectivizaciones, evolucionó posteriormente, no hacia una salida revolucionaria, hacia la construcción de un estado obrero, capaz de canalizar las energías y esfuerzos hacia una verdadera economía socializada, sino hacia la reconstrucción de la vieja República, aunque fuera en su versión largocaballerista o negrinista.

3.10 LA OBRA DE LAS COLECTIVIDADES EN EL CAMPO

La huida en las ciudades de la burguesía industrial y financiera, tuvo su paralelismo en el campo, con la marcha de las familias de terratenientes latifundistas. El abandono de las grandes propiedades rurales puso en manos del campesinado pobre, la solución a su gran reivindicación histórica: la propiedad de la tierra.

Uno de los rasgos más característicos de la revolución española fue el hecho de que importantes sectores del campesinado pobre, (jornaleros y pequeños propietarios) se decidieran por la explotación colectiva y socialista de la tierra. El reparto de las propiedades incautadas, en pequeñas parcelas familiares, sin capacidad para mejorar las tradicionales técnicas de cultivo y sin posibilidades de conseguir la maquinaria adecuada, apenas habría mejorado sus ya precarias condiciones de existencia. El fenómeno espontáneo de la colectivización de la tierra, fue un rasgo original de la revolución española, que no tiene paralelismo con ninguna otra de las revoluciones contemporáneas.

La gravedad del momento fue uno de los factores que, sin duda alguna, estimuló la colectivización de las tierras incautadas. La situación de vacío de poder, tanto en el plano económico como en el político, que se había abierto con las jornadas de julio exigía poner en marcha, con la máxima urgencia, la recogida de la cosecha. El tiempo que transcurría era precioso, era necesario enviar víveres al frente para sostener a las milicias que se estaban enfrentando a los sublevados, y no podía perderse el tiempo improvisando un complicado plan de reparto de las tierras. Tampoco existía un poder político capaz de llevarlo a cabo.

Sin duda alguna y como veremos más adelante, estas condiciones, también fueron la causa de excesos y errores. Sin embargo, la aparición de las colectivizaciones solamente es explicable por la existencia de una arraigada conciencia colectivista del campesinado sin tierra, consecuencia de la larga tradición anarquista que se remontaba a la segunda mitad del siglo XIX.

La acción de las milicias revolucionarias fue otro de los motores que desencadenaron la oleada colectivizadora en el campo, y que se extendió por gran parte de la zona republicana. La revolución que había estallado en las ciudades, a partir de la lucha contra la sublevación militar, se extendió al campo, acompañando el avance de las milicias.

"La colectivización, llevada a cabo bajo el amparo general, si no necesariamente la gestión directa, de las columnas de milicianos de la CNT, representó el intento que una minoría revolucionaria hizo para controlar no sólo la producción, sino también el consumo, por razones igualitarias y por las necesidades de la guerra" (199).

En extensas zonas agrícolas recuperadas a los facciosos, como en Aragón o en Toledo, se originó un proceso revolucionario que modificaría profundamente las estructuras rurales y semifeudales, que habían perdurado, apenas sin modificarse, durante siglos. La recuperación del territorio estuvo acompañada de la fuga precipitada de las familias propietarias y del abandono de sus pertenencias. Sin embargo, en numerosas ocasiones hizo falta el efecto catalizador de la presencia de las milicias, para que el campesinado tomara la iniciativa.

"Formamos comités y milicias antifascistas por todos los pueblos. En el primer momento, el campesino demuestra cierta reserva y temor en romper con la organización feudal establecida en estas tierras de Aragón. Donde el campesinado sobrio, tozudo y leal ha vivido en la miseria durante siglos. Solo cuando se da cuenta de que los propietarios han huido y que las milicias son algo serio y capaz de derrotar al fascismo e imponer un orden nuevo de cosas, viene a exponernos sus quejas, sus necesidades y sus problemas..." (200).

La actitud inicial de reserva y de recelo del campesinado aragonés, fruto de siglos de opresión, se transformó en anhelo de liberación y en hambre de tierras, apenas comprendió que la presencia de las milicias obreras catalanas, no eran un fenómeno fugaz, sino que significaba la sólida implantación de un nuevo orden de cosas.

En Catalunya, las colectivizaciones que se desarrollaron, adoptaron dos formas claramente diferenciadas. La presencia de una clase campesina mayoritaria de pequeños propietarios, que mantenía fuertes sentimientos individualistas con respecto a la propiedad fue un factor que marcó profundamente la configuración de las colectivizaciones. En el caso menos frecuente, las comunas agrarias estaban integradas por todas las tierras del término municipal y abarcaban a todos los campesinos de la localidad (Hospitalet, El Prat del Llobregat,...). En la mayoría de los casos, las colectivizaciones sólo abarcaron una parte de las tierras de la población (las que procedían de los grandes propietarios huidos y que habían sido expropiadas), junto a las que aportaban los pequeños propietarios que quisieron integrarse en ellas y que aportaban todas sus pertenencias (Badalona). En este segundo caso, las colectivizaciones tuvieron que coexistir con las pequeñas propiedades familiares de los campesinos individualistas. Hubo comunas que estuvieron formadas exclusivamente por anarcosindicalistas, mientras que otras lo estaban por miembros de los dos sindicatos, UGT y CNT. También se dieron algunas situaciones en las que las controversias existentes entre ambas centrales llevaron a la formación de dos colectividades por separado, en la misma localidad.

En algunos casos, las iniciativas colectivizadoras de la CNT quedaron frustradas por el fuerte sentimiento individualista del campesinado. La asamblea de la comunidad se decidió frecuentemente por el reparto de las grandes propiedades incautadas, entre los miembros más pobres de la localidad, y rechazó la posibilidad de socializar la tierra.

En realidad, la acción colectivizadora fue muy desigual, debido a la gran heterogeneidad del campo español. El fenómeno de las colectivizaciones agrarias se dió principalmente en las extensas regiones latifundistas, donde predominaban los jornaleros, los campesinos sin tierras. En menor medida también se dió en los territorios donde predominaba el minifundio y la pequeña y mediana propiedad. En zonas como en Catalunya, existía un numeroso y próspero campesino, propietario o arrendatario de pequeñas explotaciones familiares. En estos casos, las colectivizaciones fueron escasas. En otros territorios, como Levante, las comunas agrícolas tuvieron que coexistir con importantes sectores campesinos, pequeños propietarios de fértiles explotaciones familiares.

El impacto de las colectivizaciones fue muy desigual en todo el territorio republicano. La profundidad con la que en cada lugar se dió el fenómeno dependió en gran parte del tejido social existente. La razón de la mayor o menor radicalización del proceso colectivizador se debe a la existencia o no, de importantes sectores de pequeños propietarios campesinos o de aparceros que aspiraban a la propiedad individual de la tierra, y no a su socialización.

Mientras en Aragón se constituyeron unas 450 colectivizaciones aproximadamente, que llegaron a agrupar a cerca de 500.000 miembros, y que significaban más de las tres cuartas partes del terreno cultivable de la región, recuperadas a los sublevados. En Catalunya, donde el sentido de la propiedad individual de la tierra estaba muy arraigado, las colectivizaciones apenas llegaron a la cuarentena, y el número de sus miembros seguramente no pasó de unos pocos miles. En la región de Levante, que agrupaba cinco provincias, incluidas Murcia y Albacete, se crearon cerca de 900 colectivizaciones, y llegaron a englobar el 43% de las localidades. Sin embargo, significativamente, la tierra cultivable socializada sólo llegó a una quinta parte del total de la región. En Castilla, las comunas fueron unas 300 comunas, que organizaron a cerca de 100.000 campesinos colectivistas. En Extremadura, los datos indican que fueron unas treinta, sin que podamos especificar el número de miembros con que contaban (la rapidez con la que el ejército sublevado conquistó la región impidió posiblemente, la proliferación de otras). En Andalucía, aunque sabemos de la existencia de comunas agrarias, el número de ellas, parece estar por determinar. Los distintos cálculos que se han hecho sobre el número de colectividades y de colectivistas parecen estar entre las 1265 y las 1865, con una población entre los 600.000 y los 800.000 miembros (201).

Las colectividades agrarias aragonesas constituyeron un caso peculiar. Aragón era una región donde predominaban las pequeñas y medianas propiedades. Las grandes propiedades (con 100 o más hectáreas) apenas abarcaban una quinta parte del total de las tierras. Las medianas propiedades (10 a 100 ha.) ocupaban cerca de la cuarta parte, mientras que las pequeñas explotaciones, comprendían poco más de la mitad de la superficie cultivable.

Sin embargo, la pobreza y el atraso de la región (antes de la guerra, Aragón producía tan solo el 7.6% de la cosecha cerealera del país), junto a la proximidad de la línea del frente y la presencia de las milicias revolucionarias desencadenaron el más completo proceso colectivizador de toda el área republicana.

Como en las ciudades, el fenómeno de las colectivizaciones agrarias, tuvo grandes dosis de espontaneidad y de improvisación. Aunque en muchos territorios fuera un factor externo, el desencadenante del proceso, las milicias revolucionarias, la génesis de las colectividades en el campo, no obedeció a ninguna idea preconcebida, ni a ningún programa político de partido o sindicato. Las múltiples formas que adoptó el proceso revolucionario en cada localidad, fue fruto de su origen, que tuvo que basarse en la intuición y en el instinto de los campesinos.

Ni socialistas, ni anarcosindicalistas habían previsto, en sus planes futuros, la existencia de las colectivizaciones. Los socialistas habían concebido la reforma agraria, como el reparto de los grandes latifundios entre los campesinos sin tierra. Los anarcosindicalistas en cambio, habían concebido una sociedad comunista libertaria futura, basada en las comunas libres y en los sindicatos. La colectivización espontánea en cambio, adoptaba formas de tipo consejista, que nunca llegaron a ser completamente asimiladas por los cuadros de la CNT y de la FAI (202).

Indiscutiblemente, el fenómeno de las colectivizaciones agrícolas, penetró profundamente en la conciencia de amplias capas, las más pobres y desposeídas del campesinado. Si las colectivizaciones hubieran sido un descabellado experimento, impuesto con la fuerza de las armas, como aseguraban las acusaciones de sus adversarios del Frente Popular, no hubieran resistido las agresiones de tipo político o militar de las que fueron objeto y se habrían disuelto, sin pena ni gloria, después de los primeros embates. Si las colectivizaciones no hubieran respondido a las aspiraciones más profundas de, por lo menos, una gran parte del campesinado aragonés, las milicias anarcosindicalistas no habrían podido imponer una obra tan gigantesca, sin acabar enfrentándose a la población.

En el verano de 1937, el movimiento revolucionario ya estaba derrotado o en franco retroceso. Los comités revolucionarios, representativos del período de dualidad de poderes habían desaparecido para dar paso a los nuevos ayuntamientos y a un gobierno del Frente Popular completamente recuperado. Fue el momento que aprovechó el PCE para redoblar sus ataques contra las colectivizaciones, con la intención de proceder a su inmediata disolución. El ministerio de agricultura, presidido por el comunista Uribe, tuvo que retroceder y corregir su táctica, para evitar que la disolución forzada de las colectivizaciones tuviera nefastas consecuencias, la pérdida de la cosecha.

En el mes de agosto del mismo año, las tropas de Lister, pretendieron liquidar las colectivizaciones aragonesas, por la fuerza de las bayonetas. Poco antes se habían producido sangrientos enfrentamientos entre comunistas y anarquistas en Castilla por motivos similares. La destrucción del colectivismo agrario provocaría un gran caos en el campo. Esta confesión la hace el secretario general del instituto de la Reforma Agraria, militante del PCE, y por lo tanto, nada sospechoso de simpatizar con las transformaciones socialistas del campo (203). Muchas de las colectivizaciones perdurarían hasta la práctica llegada del ejército franquista.

Tanto Burnett Bolloten como Noam Chomsky, consideran que el hundimiento del frente de Aragón, que se produjo pocos meses más tarde, estuvo influido por la desmoralización del campesinado colectivista. Bernecker, aunque considera problemática una afirmación tan tajante y se permite recordarnos otro factor, el militar, ya que en ese momento la correlación de fuerzas era claramente favorable al ejército franquista, reconoce que el factor "desmoralización" influyó en la derrota republicana.

"Para los campesinos pobres no estaba siempre claro que luchando por la república luchaban por su propio interés" (204).

¿Porqué tenía que estar claro?, ¿acaso la política negrinista no lo era? ¿acaso el gobierno de la República no había dejado bien claro que sus pretensiones eran devolver las tierras a sus antiguos propietarios (salvo aquellas que hubieran pertenecido a los facciosos), en aras de la paz y la reconciliación?.

El campesinado sentía una profunda desconfianza por una República que desde su nacimiento, había reprimido fuertemente sus intentos de paliar el hambre y la miseria, mediante la ocupación de los grandes latifundios. Durante más de cinco años, la prometida reforma agraria nunca había acabado de llegar. La revolución que había estallado con el inicio de la guerra, había puesto en marcha el proyecto de las colectivizaciones que grandes sectores del campesinado identificaban con su definitiva liberación. Después, vino el retroceso, la restauración de las viejas instituciones republicanas y con ellas, los intentos de liquidar las conquistas revolucionarias en el campo. No es pues de extrañar que apareciera la desmoralización y la apatía entre gran parte del campesinado que había apoyado las colectivizaciones.
La mayor parte de las comunas agrarias se formaron al calor de los acontecimientos revolucionarios, durante los meses de julio y de agosto de 1936, tras la huida de los grandes terratenientes, el derrumbe de las autoridades republicanas y la desaparición de la odiada guardia civil. Se convocaron asambleas en las poblaciones, donde los trabajadores agrícolas procedieron a debatir sobre cual tenía que ser el camino a seguir con las propiedades abandonadas e incautadas, eligieron a sus propias autoridades, integradas en los comités revolucionarios, que suplieron a los viejos ayuntamientos, y que se encargaron de suplir el vacío de poder que se había abierto, y a reorganizar la actividad económica de la localidad.

La tierra en las colectividades, fue trabajada colectivamente por toda la comunidad. El trabajo era obligatorio para todos los miembros comprendidos entre los dieciocho y los sesenta años, que estuvieran en condiciones para hacerlo, sin ningún tipo de excepción. Los trabajadores colectivistas se dividían en brigadas o grupos de trabajo, integradas por unos diez miembros, y que eran dirigidos por un delegado, responsable de la actividad ante el comité administrador de la comuna. A cada grupo se le adjudicaba un sector de la colectivización o bien, una función determinada.

Los comités que administraban las colectividades agrícolas, aunque con sus particularidades y variantes, estaban compuestos normalmente, por un presidente, por un secretario y un vicesecretario, por un contable y por un tesorero, además de todos los posibles delegados que estaban encargados de tareas específicas (estadística, abastecimientos, cosecha,...). Sin embargo, los miembros de los comités siguieron desarrollando las mismas tareas que llevaba a cabo el resto de la comunidad, sin tener por ello, ningún tipo de privilegio.

El papel dirigente de los comités revolucionarios en el seno de las colectivizaciones era casi omnipresente. Sus funciones abarcaban todos los aspectos que la comunidad consideraba necesarios para su administración. Los comités encarnaban a nivel local, el embrión del nuevo estado revolucionario, mientras que la colectivización le daba a éste, su expresión económica.

"El comité es padre, juez, cura, verdugo y comerciante. Todo al mismo tiempo, dirige <<la colectiva>> y fija los salarios. Estos son iguales para todos... El Comité no se ocupa de los salarios de aquellos que no forman parte de <<la colectiva>>, todos los antiguos obreros agrícolas hacen parte de ella, pues ya no queda ningún gran propietario, pero siguen existiendo pequeños agricultores que, en alguna ocasión trabajan para un vecino más rico, el Comité compra los productos de todos y, a cambio, les entrega provisiones y también dinero. La venta directa al comerciante y al consumidor está prohibida" (205).

El caso que nos cita H.E. Kaminski, podemos considerarlo como bastante representativo de las funciones que los comités revolucionarios adoptaron en el seno de las colectivizaciones.

Las infinitas formas que adoptó esta relación dependieron de los criterios y de las necesidades de cada comunidad. También dependieron de la correlación de fuerzas políticas que existiera en su seno, del tamaño de la población, o incluso del tipo de actividades que existieran en ella.

Los cargos de los comités, en la mayoría de los casos, eran elegidos democráticamente por una asamblea abierta en la que participaban todos los miembros de la colectivización. Los representantes eran revocables por decisión de la comunidad y tenían la obligación de rendir cuentas periódicamente de su gestión ante la comunidad. El plenario de la asamblea era el órgano soberano, y era en él, donde se debatían y se decidían todas las cuestiones económicas o políticas de envergadura, que incidían en la marcha de la colectivización. También se aprobaba en ellas, el destino que debían darse a los beneficios conseguidos con la cosecha, y que normalmente se dedicaban a fondos sociales (escuelas, medicinas, pensiones para los jubilados y para los enfermos...), siempre y cuando este destino no estuviese ya regulado en los estatutos de la colectivización.

"Era la forma de democracia directa y la convicción de los colectivistas que se expresaba en ella de haber tomado sus destinos en sus propias manos y de poder decidir libremente acerca de ellos..." (206).

El contenido de la democracia directa en las colectividades era claro. Cada miembro de la comuna tenía un solo voto. Las asambleas periódicas eran decisorias y estaban abiertas a toda la población, incluyendo con frecuencia a los campesinos individualistas, que podían dar a conocer su opinión sobre los asuntos que les concernían, pero que carecían de derecho al voto.

El papel de los sindicatos en la vida de las colectivizaciones no fue insignificante. Las organizaciones sindicales jugaron un papel muy importante en la coordinación y en la planificación económica, en el control y en el asesoramiento de las comunidades. Los excedentes de las cosechas eran entregadas obligatoriamente al sindicato local, que asumía el papel de intermediario entre los campesinos y los comités de abastecimiento de las ciudades con los que intercambiaban sus productos.

En algunas zonas, como en la región levantina, la CNT estableció una organización que se encargó de la compra, del empaquetado, de la distribución y comercialización de las cosechas de naranjas. Parte de esta producción se dedicó a la exportación, siendo una importante fuente de divisas. La red sindical intermediaria estuvo compuesta por unos 270 comités, que se distribuían por todos los pueblos y las ciudades de la región.

La nueva economía revolucionaria se enfrentaba a un importante reto, era necesario articularse o desaparecer, víctima de sus propias contradicciones internas. La revolución de las colectividades necesitaba la consolidación de sus órganos de expresión política, los comités-gobierno, en una nueva organización estatal, que desplazara los restos del viejo poder republicano. Era necesario que la nueva economía se planificara en base a las necesidades que presentaba la guerra revolucionaria. Sin embargo, y reflejando la incapacidad política del movimiento, la estructuración y planificación del sistema colectivista fue incompleta.

En toda la geografía republicana se dieron diversos ensayos de estructuración de la economía agrícola colectivizada. Los intentos de coordinación se dieron en detrimento de la independencia inicial de la que habían gozado las colectivizaciones. Algunas de sus funciones tuvieron que ser delegadas en organismos superiores a nivel territorial. Estas organizaciones intercolectivistas fueron, normalmente, de tipo sindical, o estuvieron controlados directamente por los sindicatos.

Las comunas agrícolas se agruparon en federaciones cantonales. Las tierras que pertenecían a estas agrupaciones, formaban un solo territorio sin deslindes entre los diferentes municipios. A su vez, las federaciones, se agrupaban en un organismo regional que se encargaba de la planificación de la producción y de los suministros a las colectividades.

"Se esbozó, al menos, una planificación agrícola basada en las estadísticas de producción y de consumo que entregaban las
colectividades a sus respectivos comités cantonales, los cuales, a su vez, las comunicaban al comité regional, que cumplía la tarea de controlar al comité regional, que cumplía la tarea de controlar la cantidad y la calidad de la producción de cada región..." (207).

El caso aragonés es, quizás, el más avanzado y completo de las formas que adoptaron los intentos de crear una estructura articulada de las colectivizaciones agrarias, que superase el primitivo desorden de las primeras semanas.

La formación del Consejo de Aragón, a finales del mes de septiembre de 1936, en la población de Bujaraloz, reforzó enormemente las perspectivas de desarrollo del sistema colectivista en la región.

Las colectivizaciones se habían desarrollado al principio, de forma prácticamente autónoma, bajo la protección y también la arbitrariedad de las milicias (término que utilizó la asamblea de los comités que dio lugar al Consejo de Defensa aragonés, para criticar los excesos de las columnas armadas provenientes de Catalunya y de Valencia) y con el teórico y lejano control, primero del Comité Central de Milicias Antifascistas, y posteriormente de la gobierno de la Generalitat de Catalunya.

Parece pues correcto, el análisis que realiza Walther Bernecker, al considerar que, durante los primeros meses de existencia del Consejo de Defensa aragonés, su apoyo a las colectivizaciones tan solo pudo ser de índole moral (208). La existencia de un poder territorial, donde los anarcosindicalistas, partidarios de las colectivizaciones, eran hegemónicos, amplió las espectativas y la confianza del sector colectivista del campesinado, en el nuevo sistema de explotación de la tierra.

En el período anterior a la constitución del Consejo de Aragón, hubo importantes avances en los ensayos de coordinación de las colectivizaciones, a niveles comarcales. El 26 de agosto de 1936, "Solidaridad Obrera" publicaba las resoluciones a las que habían llegado 21 comunidades agrícolas, reunidas en una asamblea celebrada en Albalate de Cinca: Recoger lo antes posible la cosecha, colectivizar lo expropiado y exigirle a los pequeños propietarios, su participación en los sacrificios que exigía el mantenimiento del frente aragonés. La colectivización de las comunidades firmantes, respetando las explotaciones familiares de los pequeños y medianos propietarios, y permitiéndoles un cierto margen de libertad para sus trabajos, siempre y cuando no tuvieran que emplear mano de obra asalariada. Como contrapartida, se les obligaba, a cambio de una pequeña compensación en dinero, a entregar a los sindicatos locales, los excedentes de sus cosecha para proceder a su comercialización.

Se aceptaba también, articular la producción de las colectividades que habían suscrito el acuerdo. La asamblea acordaba también, enviar una comisión a Lérida, para negociar el precio del trigo (209).

Se ensayaron también sistemas compensatorios para paliar las desigualdades sociales. El reparto de los sacrificios sería inversamente proporcional a la riqueza del campesinado, acordando reducir al mínimo los de los sectores más pobres.

Hasta el mes de Febrero de 1937, las colectividades gozaron de una autonomía casi completa. Sin embargo, la misma situación empujó, cada vez más, a dar un nuevo paso. Era urgente aumentar la eficacia en la producción, superar y corregir los graves errores que se estaban desarrollando en el seno de las comunas agrícolas. Era necesario corregir los excesos que se estaban cometiendo con el campesinado individualista en algunas colectivizaciones. Era indispensable para la supervivencia de la revolución y para el triunfo en la guerra, convertir a las colectividades dispersas y corporativizadas, en un nuevo sistema económico coherente.

Durante los días 14 y 15 del mes de Febrero de 1937, se celebró en la ciudad de Caspe, el congreso fundacional de la Federación Regional Aragonesa de Colectivizaciones. Asistieron al encuentro, 456 delegados representando a 275 comunas y a 141.430 campesinos colectivistas.

El congreso aprobó organizar la economía agrícola socializada en federaciones comarcales, que dependerían a su vez, de un comité regional de Aragón, que estaría supeditado al Consejo de Defensa. También se resolvió crear un Fondo de cambios exteriores (monopolio del comercio exterior), la municipalización de la tierra, un conjunto de medidas necesarias para le estructuración de una verdadera economía revolucionaria planificada (estadísticas, organización y planificación de la producción...), establecimiento de unas relaciones de tolerancia con los pequeños y medianos propietarios, que eran reacios a colectivizar sus propiedades, la sustitución del dinero por una cartilla de productor y de consumidor... (210).

Al margen de la ingenuidad o del realismo de algunas de las medidas que se aprobaron en el congreso, lo importante es resaltar la creación de una organización económica, de tipo piramidal, a nivel regional (El Consejo regional de las colectividades) paralela a otro organismo de índole político (El Consejo de Defensa de Aragón). Una vez más, los militantes anarcosindicalistas, empujados por la realidad de la revolución que defendían, se veían obligados a superar sus viejos dogmas para poder salvarla.

"Los resultados no estuvieron siempre a la altura de las esperanzas, quizás por falta de preparación o de capacidad, y sobre todo por falta de paz estable y de tiempo suficiente. Pero no deja de ser cierto que los anarcosindicalistas aragoneses se vieron obligados (sin conseguirlo nunca verdaderamente) a implantar, en total contradicción con su ideal de libre asociación de productores libres, un sistema económico que se parecía más al comunismo de guerra que al comunismo libertario". (211).

Como en toda revolución, los revolucionarios españoles no pudieron elegir las circunstancias en las que hubieran querido que ésta se desarrollase. Y era en esta situación, en las que sus viejas tradiciones libertarias, eran barridas por la fuerza de la circunstancias. Las resoluciones del Congreso de Zaragoza, basadas en los municipios y en las comunas de libres productores nunca pudieron aplicarse.

El Consejo de Defensa de Aragón tuvo, durante el primer período de su existencia, un importante grado de independencia ante los gobiernos de Madrid-Valencia y de Catalunya. Llegó a establecer, por medio de la Federación Regional de las colectividades, relaciones comerciales por su propia cuenta con diversos países europeos (Francia, Checoslovaquia, Yugoslavia...) intercambios especialmente valiosos para las colectividades, que sufrían una importante penuria de medios materiales para poder mantener la producción. También se encargó de organizar los suministros y los intercambios entre las diferentes comunas de la región.

El Comité nacional de la CNT desaprobó, desde el principio al Consejo de Defensa aragonés que se había constituido al margen de su voluntad. El nuevo organismos fue considerado como una violación de las viejas tradiciones antiestatalistas. La creación de un organismo regional de poder, monopolizado por los libertarios se convertía en un serio obstáculo para las negociaciones sobre integración en el gobierno de Largo Caballero (212).

En el mes de Diciembre de 1936, los comités-gobierno de la región fueron sustituidos por los nuevos consejos municipales. El Consejo de Aragón, cada vez más aislado, acabaría sometiéndose a la autoridad del gobierno. Su presidente, Joaquín Ascaso, por expreso deseo de Largo Caballero, se vio convertido en el nuevo gobernador de la región. El nuevo cargo simbolizaba el principio del fin de la revolución libertaria en Aragón.

"Tras haber querido ser más revolucionarios que nadie, los anarquistas aragoneses reconocían la autoridad del gobierno central, inclinaban la cabeza bajo el yugo del Estado y se amoldaban a su marco" (213).

La Junta territorial, cada vez más subordinada al poder central, acabaría siendo disuelta después de las jornadas barcelonesas de mayo de 1937, cuando, una vez aplastado el movimiento revolucionario, las circunstancias lo hicieron posible.

El fin de los comités-gobierno locales y su sustitución por los nuevos ayuntamientos, desembocó en una nueva situación, cada vez más comprometida para el movimiento revolucionario.

No era una simple modificación de nombres. Los nuevos consejos municipales dependían por completo de la autoridad del gobierno, y pasaban a formar parte del aparato de estado republicano. Los cambios en la composición de los nuevos ayuntamientos reflejaban la cambiante correlación de fuerzas, en una situación donde una CNT a la defensiva, acababa de integrarse en el nuevo gobierno. Los conflictos y las tensiones entre los comités administrativos de las colectivizaciones y los ayuntamientos aumentaron, a pesar de que los militantes anarcosindicalistas seguían siendo mayoritarios en ambos organismos.

Además de los problemas derivados de la guerra (pérdida de una parte del mercado interno, boicot internacional, escasez de materias primas y de maquinaria...), las colectivizaciones agrarias se estrellaron contra la negativa de los partidos y de los sindicatos obreros a consolidar el nuevo orden revolucionario. Para superar las limitaciones de las colectividades era necesario construir, a partir de ellas, un nuevo edificio económico sólido y coherente. Sin embargo, esto significaba cuestionar la política de alianzas "antifascista" existente. Con esta limitación política, las organizaciones defensoras de las colectivizaciones, como era el caso de la CNT y de la FAI, no pudieron utilizar a su favor, los mecanismos comerciales y financieros que se encontraban en manos del Estado republicano.

"Mas el crédito y el comercio exterior siguieron en manos del sector privado, por voluntad de gobierno republicano burgués. Y aunque el Estado controlaba los bancos, se guardaba de ponerlos al servicio de la autogestión. Por carecer de dinero en efectivo, muchas colectividades se mantenían con los fondos embargados al producirse la Revolución de julio de 1936... La única solución hubiera sido transferir todo el capital a manos del proletariado organizado. Pero la CNT, prisionera del Frente Popular, no se atrevió a ir tan lejos" (214).

La renuncia al poder político y el apoyo que las organizaciones obreras izquierdistas prestaron al disminuido gobierno republicano, provocó una gran desorientación e inseguridad jurídica entre los campesinos colectivistas. La evidente hostilidad de las autoridades republicanas y de las organizaciones obreras partidarias del Frente Popular, hacia las expropiaciones, fue la causa de que se diera un permanente sentimiento de incertidumbre en las colectivizaciones agrarias.

Sus miembros no tenían ninguna seguridad de que, con la victoria, o incluso antes de ella, las tierras no iban a ser devueltas a sus antiguos propietarios.

"El tiempo que pasaba no tardó en subrayar esta evidencia: el campesino se había apoderado de las tierras, pero, después del primer momento de entusiasmo, no estaba seguro ni de poseerlas efectivamente, ni de haber salido ganando... La revolución tan vigorosa, al comienzo, en los campos, parecía perder pie por falta de una verdadera dirección" (215).

Estos factores condicionaron gravemente el entusiasmo y la iniciativa del campesinado colectivista. La gran tragedia del campesinado español no estuvo en el grado de madurez de su conciencia, sino en que le faltó, lo que para los campesinos rusos en la revolución de Octubre supuso el decreto de la tierra.
La República burguesa española, aunque fuera mostrando su rostro más izquierdista, no podía llevar a cabo las medidas que promulgó el gobierno de los soviets de Lenin y Trotsky, y que le permitió liberar la energía revolucionaria del campesinado ruso.

La no consolidación del poder revolucionario, provocada por la incapacidad de las organizaciones obreras izquierdistas, para resolver favorablemente la dualidad de poderes existente, fue una grave limitación que impidió a las colectivizaciones escapar a las presiones para su "legalización".

Las leyes y decretos promulgados por los gobiernos de la Generalitat y de Valencia "legalizaban" la nueva economía revolucionaria, pero también introducían elementos de control y de reglamentación, que sometían a las colectivizaciones a su órbita política. La necesaria pérdida de autonomía de las colectivizaciones, en aras de una mayor articulación de la nueva economía, se daba, no en beneficio de un nuevo estado revolucionario, basado en el poder de los comités, sino en el de un gobierno que era manifiestamente hostil a cualquier medida socialista que fuera más allá de la República burguesa.
El gobierno central y la Generalitat de Catalunya, llevaron a cabo una política de centralización y de control creciente de las colectivizaciones, a la que no pudo oponerse eficazmente el anarcosindicalismo, cada vez más preso de sus compromisos políticos.
Aunque la revolución de los comités se extendió rápidamente por el campo y por las ciudades, hubo una patente desunión entre el proletariado urbano y el campesinado colectivista. Ambas partes del movimiento revolucionario se desarrollaron por separado, sin que existieran sólidos nexos de unión política entre sus proyectos sociales, salvando los de las relaciones mercantiles. Las colectivizaciones agrarias tuvieron que sufrir la falta de apoyo de la industria que, en plena situación bélica, era incapaz de prestarle. Frecuentemente, los campesinos se encontraron sin los medios materiales adecuados que debían recibir de las industrias (maquinaria, transportes...) para mejorar la producción y la distribución de los excedentes de las cosechas, mientras que en las ciudades, se daban situaciones de escasez y de penuria, cuando no de hambre.

La falta de un programa de planificación socialista de las colectivizaciones y de la sociedad en general provocó la puesta en marcha de numerosos proyectos, totalmente ingenuos, que no correspondían a la realidad del momento y que eran fruto del desconocimiento y de la falta de preparación de los trabajadores. Sin embargo, estos proyectos también reflejaban las aspiraciones emancipadoras del campesinado revolucionario.

En numerosas colectivizaciones, se llegó a suprimir la circulación interna del dinero, siendo sustituido por otros métodos de distribución, cartillas de productor y de consumidor, vales, moneda local,... Las medidas tomadas, eran fruto de la confusión que a menudo cometía la militancia anarcosindicalista, al equiparar dinero y capital, como si ambos conceptos fueran exactamente lo mismo. A pesar de tales medidas, inevitablemente, el dinero seguía siendo el vehículo de intercambio comercial, fuera de las colectivizaciones. Como en las ciudades, también existió, al principio de la creación de las comunas agrarias, un fuerte sentimiento de autarquía, consecuencia del mito sobre la autosuficiencia de las comunidades de productores libres, que había sido ensalzado en el Congreso cenetista de Zaragoza, poco antes de estallar la guerra. Todas estas ideas simplistas fueron rápidamente barridas por la realidad y por las necesidades con las que tenía que enfrentarse el movimiento revolucionario.

"La gente tiraba el pan porque era gratis... Era trágico para los que habíamos aspirado a una sociedad libertaria, pero teníamos que reconocerlo. No podíamos permitir el despilfarro. Teníamos que fijar un salario para el trabajo de la gente y un precio para los productos. De hecho tuvimos que introducir el racionamiento..." (216).

"Terra Lliure", órgano del campesinado catalán, organizado en la Unió de Rabassaires, y firme partidario de la explotación familiar de la tierra, frente a la experiencia colectivista, analizó los errores que estaban cometiendo las explotaciones agrarias socialistas:

"Tal como han creado las colectivizaciones agrícolas, el fracaso era evidente desde un principio. Aquí los payeses colectivizados se otorgaban jornales de 8 hasta 12 pesetas diarias, sin tener en cuenta las posibilidades económicas del cultivo de la explotación; allá arrancaban algarrobos para plantar patatas, sin tener en cuenta que debía prepararse previamente la tierra para este cambio de cultivo de cultivo; en otro lugar encargaban de la dirección de las colectivizaciones a obreros que nunca habían sido payeses; más allá querían resolver el paro industrial encuadrando a los obreros en las colectivizaciones agrícolas; más acá echaban a los payeses de sus tierras para colectivizarlas, sin que estos payeses fuesen propietarios de ellas ni menos proletarios que los que les expulsaban..." (217).

La escasez de personal administrativo o técnico, suficientemente preparado, en muchas colectivizaciones fue especialmente dramático. Con frecuencia, la población de las comunidades era completamente analfabeta y desconocía cualquier sistema de contabilidad de la producción y de los suministros. En ocasiones, tuvieron que ser elementos derechistas de la localidad, o poco sospechosos de simpatizar con el nuevo orden, los que tuvieron que encargarse de las tareas administrativas de la comunidad. En otros casos, serían los mismos colectivistas, analfabetos, los que pondrían en marcha su capacidad creativa para solucionar los problemas de la colectividad.

El sistema financiero, en manos de las semiderruidas instituciones del gobierno republicano, también se convirtió en un poderoso y eficaz instrumento para detener y boicotear la revolución en el campo. Las colectividades tuvieron que soportar la falta de divisas y de créditos para la adquisición de abono o de maquinaria, necesarias para la producción.

La inexistencia de una auténtica planificación socialista de la economía tendría consecuencias negativas para las colectivizaciones campesinas. El peligro de restauración capitalista surgió con el desarrollo de la conciencia corporativista en el seno de muchas comunas agrarias. La creencia de que los beneficios de las cosechas pertenecían exclusivamente a los trabajadores de la colectivización y no al conjunto de la sociedad, permitió el surgimiento de desigualdades entre las distintas colectivizaciones. Frecuentemente, la existencia de comunidades agrarias que contaban con fuertes excedentes en la producción, maquinaria agrícola y abundante mano de obra, contrastaban con la languidecente existencia de otras, mucho menos afortunadas, que contaban con menos recursos.

Los planes de coordinación promovieron la aparición de cajas de compensación que ayudaron a paliar estas diferencias. Los organismos compensatorios establecieron el principio de solidaridad entre las diferentes colectividades. A pesar de ello y aunque atenuadas en muchos casos, las desigualdades siguieron existiendo. Las cajas de solidaridad fueron un pobre sustitutivo de una verdadera administración centralizada de la economía, dependiente y controlada democráticamente por las mismas colectividades.

Merecen estudiarse como un capítulo aparte, las relaciones del movimiento colectivista con los pequeños y medianos propietarios del campo. Esta cuestión sería causa de frecuentes roces y tensiones entre ambos sectores del campesinado y ha sido fuente de muchas leyendas y exageraciones, por parte de adversarios y partidarios.

En algunos territorios de la zona republicana donde se desarrollaron las colectivizaciones agrarias, existía un numeroso campesinado propietario o arrendatario de pequeñas explotaciones familiares a las que en su inmensa mayoría no estaban dispuestos a renunciar.

El fenómeno de las colectivizaciones fue rápidamente asumido por el campesinado sin tierra, que vivía de vender su fuerza de trabajo a los grandes propietarios terratenientes. Una buena parte de éstos estaban tradicionalmente organizados en torno a las centrales sindicales. La revolución en el campo significaba la liberación y la mejora de las condiciones de vida de los sectores más pobres y desposeídos del campesinado. Sin embargo, también los pequeños y medianos propietarios habían experimentado un profundo malestar frente a la moderada política agraria de los distintos gobiernos republicanos de izquierdas. Ahora en plena revolución, veían también con desconfianza las drásticas medidas restrictivas que les había impuesto el movimiento revolucionario, forzado por las circunstancias de la guerra.

La heterogeneidad de las actitudes de los revolucionarios en el proceso de formación de las colectivizaciones, explicaría el fracaso de algunas de ellas, en las que se procedió a la colectivización total de la tierra, forzando a los pequeños propietarios a integrarse en ellas.

"Al intentar crear su sociedad libre, los anarquistas se vieron obligados a emplear la fuerza. He visto acudir a mí campesinos casi llorando de rabia que me decían que no estaban contra las colectividades, <<pero me lo han quitado todo, me han obligado a ingresar y eso es dictadura>>" (218).

Los excesos cometidos en las expropiaciones forzosas que se llevaron a cabo en algunas localidades generaron un clima de temor y descontento, que acabó siendo capitalizado por los adversarios de las colectivizaciones, tanto en el campo republicano, como en el franquista.

Los defensores del colectivismo agrario, no estaban de acuerdo con que las tierras incautadas, pudieran ser repartidas individualmente entre la población pobre. Existía el temor de que, una vez convertido en propietario de la tierra, se convirtiera en un adversario temible de la revolución.

"Este temor a que una nueva clase de ricos propietarios rurales pudiera levantarse sobre las ruinas del pasado... fue sin duda alguna responsable, en parte, del empeño de los más celosos colectivizadores, en asegurarse la adhesión del pequeño campesino, de grado, o por fuerza, al sistema colectivo.." (219).
La presencia en los pueblos recién liberados de las milicias revolucionarias fue, en muchos casos, el factor desencadenante en la formación de las colectivizaciones. El control que éstas impusieron sobre la producción y la comercialización de las cosechas, significó la limitación de la inflación, de la especulación privada y del mercado negro, y dio salida a los excedentes (que de otro modo, hubieran podido ser retenidos por los campesinos, para obtener mejores precios, a costa de la penuria en las ciudades y en el frente, y de aumentar el desgaste y la desmoralización de la población).

Las medidas "autoritarias" que llevaron a cabo las milicias revolucionarias tienen algunos puntos en común con la política de "comunismo de guerra" que desarrollaron los bolcheviques, en plena guerra civil, para salvar la revolución de Octubre. Sin embargo es importante resaltar que, mientras las medidas de los bolcheviques era consecuencia de una planificación y de un programa político que ellos juzgaban necesario, las de los anarcosindicalistas españoles fueron intuitivas, improvisadas y realizadas sobre la marcha. La falta de criterios claros, con respecto a las formas que debía adoptar la revolución en el campo, sería una de las causas de los excesos que se cometieron en algunas localidades contra los pequeños propietarios. Se ponía en evidencia la inexistencia de una estrategia elaborada con anterioridad, por la CNT, sobre cuales debían ser las relaciones de los revolucionarios con la pequeña burguesía agraria.

"...Para algunos libertarios, la colectivización obligatoria quedaba justificada por un razonamiento que estaba más próximo al comunismo de guerra que al comunismo libertario: la necesidad de alimentar a las columnas del frente. Macario Royo, líder cenetista aragonés, creía que las colectividades eran la organización más apropiada para controlar la producción y el consumo y para tener la seguridad de que el frente dispusiera de un excedente".

"<<Todo estaba desorganizado. Las columnas dependían de los pueblos, no tenían otra fuente de suministros. Si no hubiese habido colectividades, si cada campesino se hubiera guardado lo que producía para disponer de ello a su antojo, el asunto de los suministros se habría puesto mucho más difícil...>>" (220).

Las columnas armadas de la CNT y de la FAI, fueron un elemento de "imposición" y de temor para los partidarios del reparto individualizado de la tierra, pero también jugaron un papel de "protección" para los que deseaban la socialización y la explotación colectiva del campo. Considerar cualquiera de los dos aspectos por separado, como han hecho a menudo algunos de sus partidarios más entusiastas, o por el contrario, como han criticado sus detractores, conduce a deformar los hechos y a simplificar las actitudes de las distintas clases y estratos sociales del campo.

"Como consecuencia, el destino del campesino propietario y arrendatario de tierras, en las comunidades ocupadas por los milicianos de la CNT-FAI, quedó decidido desde el principio; porque aunque generalmente se convocara una reunión de la población para decidir sobre el establecimiento del sistema colectivo, se votaba por aclamación y la presencia de milicianos armados nunca dejó de imponer respecto y temor en los oponentes" (221).

La presión sobre el campesino individualista fue mayor en las zonas donde existía un predominio anarcosindicalista, que en las que estaba ampliamente implantada la Federación de Trabajadores de la Tierra, vinculada a la UGT. Lo que no quiere decir, que la presión sobre los pequeños y medianos propietarios no existiera en las zonas de mayoría ugetista. Las limitaciones impuestas a los pequeños agricultores eran medidas que compartían ambos sindicatos, y constituían una forma de presión para que éstos se integraran en las colectivizaciones.

La diferencia de sensibilidades entre ambos sindicatos, con respecto a los pequeños propietarios no es sólo explicable por el tradicionalmente mayor radicalismo libertario. Antes del estallido de la guerra civil, las organizaciones campesinas socialistas contaban ya en sus filas, con numerosos pequeños y medianos propietarios que se habían organizado para poder defenderse de la presión de los terratenientes. Los sindicatos agrarios ligados a la CNT en cambio, estaban compuestos casi exclusivamente por jornaleros.

La política de las centrales sindicales frente a los pequeños propietarios, fue por lo general, de respeto y de prudencia. Las pequeñas y medianas propiedades eran particularmente numerosas en algunas zonas del territorio republicano (Levante, Catalunya). La defensa a ultranza de la colectivización forzosa hubiera significado el alejamiento definitivo de la revolución de estos sectores del campesinado. y los habría precipitado en brazos de sus adversarios políticos. El mismo Consejo de Defensa aragonés, representante de los intereses de las colectividades de la región, se declaró desde los primeros momentos de su constitución, firme partidario del respeto de las pequeñas y medianas propiedades del campesinado.

"El Consejo hará respetar la voluntad del campesino para trabajar la tierra individual o colectivamente, a fin de evitar el descontento que pudo crearse acaso por las rápidas transformaciones de los primeros momentos, pero aunque el Consejo de Aragón será defensor de la pequeña propiedad, habrá de mantener incólumes los acuerdos de las dos sindicales UGT-CNT, para evitar que se pueda volver al sistema despreciable anterior al 19 de julio". (Joaquin Ascaso, presidente del Consejo, CNT, alocución por radio, 19.07.37) (222).

Sin embargo y a pesar de las directrices que dieron los sindicatos contra las actitudes más exaltadas, los pequeños propietarios sufrieron en ocasiones, las presiones y la violencia. El órgano de prensa de la CNT, "Solidaridad Obrera" condenó con fuerza tales excesos, y abogó para que fueran evitados a toda costa:

"Se han cometido determinados atropellos que los creemos contraproducentes. Sabemos que ciertos elementos irresponsables han atemorizado a los pequeños campesinos y hasta ahora se nota cierta apatía en la labor cotidiana" (223).

La moderación con la que los sindicatos enfocaron el problema de las relaciones con los pequeños propietarios del campo, no significa que los campesinos que no aceptaban integrarse en las colectivizaciones, no estuvieran sujetos a fuertes limitaciones, dictadas en muchos casos por cuestiones ideológicas y en otras por las necesidades de la guerra. Las propiedades no colectivizadas, no podían ser mayores que las que pudiera explotar, con sus propias manos, la unidad familiar. Tampoco les estaba permitido la posibilidad de arrendar sus parcelas, o parte de ellas, ni la de contratar a jornaleros para que les ayudasen en sus tareas. Los excedentes de las cosechas, sólo podían ser comercializados por medio de los sindicatos locales, con los precios que éstos estipulasen. En estas condiciones, los pequeños propietarios tuvieron que desenvolverse con grandes dificultades.

El criterio de las centrales sindicales era el de convencer a los campesinos individualistas de las patentes ventajas que conllevaría para sus condiciones de vida futuras, su integración en las colectividades.

"Tenemos la convicción de que lo que lograríamos quizá obligando, se obtendrá por el ejemplo que dará de si misma la colectivización de la tierra, al cambiar la estructura del cultivo, por mediación de la mecánica, de la química y de la técnica, que con un menor esfuerzo, producirá mayor capacidad de producción y consecuentemente proporcionará también una nueva vida al trabajador" (extracto de la resolución de la asamblea plenaria de los Trabajadores la Tierra de Catalunya) (224).

Los campesinos individualistas se encontraron con frecuencia, excluidos de la mayor parte de las ventajas y de los servicios que prestaban las colectivizaciones a sus miembros. Sin embargo, la marginación de éstos no era, ni mucho menos, total.

Los pequeños propietarios podían participar en las asambleas decisorias de la comunidad y hacer oir su voz (aunque sin tener derecho de voto). También podían colaborar en los trabajos de infraestructura y beneficiarse de las ventajas obtenidas.

El historiador anarcosindicalista alemán, Agustín Souchy, destacado estudioso de las colectividades, ha afirmado que las renuncias voluntarias a las propiedades, por motivos ideológicos fueron escasas. Por lo general, serían las ventajas económicas, las mejoras en las condiciones de vida a las que podían acceder, las que impulsaron a algunos de los pequeños propietarios a renunciar a sus explotaciones familiares.

"Aislado y abandonado a su suerte, el pequeño propietario estaba perdido, no tenía medios de transporte, ni máquinas. En cambio, las colectividades disponían de facilidades económicas inaccesibles a los pequeños propietarios. No todos los pequeños campesinos lo comprendieron enseguida. En muchos casos llevaron paulatinamente a las colectividades, y solo después de las experiencias hechas" (225).

Indudablemente, las colectivizaciones fueron un fenómeno popular que entroncó con las aspiraciones de amplias capas del campesinado pobre y sin tierra. Su raigambre quedó demostrada con la tenaz resistencia que opuso el campesinado colectivista contra la columna de Lister que, en agosto de 1937, penetró en la región aragonesa para terminar con la obra revolucionaria. Las colectivizaciones perdurarían en muchos casos, hasta la práctica llegada del ejército franquista, cuando el movimiento revolucionario ya hacía mucho tiempo que había sido aplastado.

No tiene pues, ninguna verosimilitud, la acusación hecha por sus adversarios, de que las colectivizaciones fueron un experimento completamente artificial, impuesto al campesinado por la fuerza de las armas. Difícilmente podemos aceptar esta explicación. Si las colectividades no hubieran respondido a las aspiraciones de por lo menos una buena parte del campesinado aragonés, las milicias de la CNT-FAI no habrían podido imponer una obra tan gigantesca, que abarcaba a más de tres cuartas partes de la tierra aragonesa recuperada a los sublevados, y que contaba con una población cercana al medio millón de seres humanos.

La popularidad de las colectivizaciones no evitó que pudieran darse excesos contra los campesinos que no estaban dispuestos a integrarse en ellas. Sin embargo, estos casos tampoco parecen tan frecuentes como quieren demostrar sus detractores. Algunos trabajos hechos sobre la cuestión afirman que en toda la región aragonesa, de las 450 colectivizaciones agrarias que llegaron a desarrollarse, tan solo en una veintena de ellas parecen haberse cometido este tipo de abusos (226). Por esta razón no podemos estar en absoluto de acuerdo con la afirmación que hace un historiador tan prestigioso como Burnett Bolloten.

"En el campo, los fanáticos impusieron su voluntad a los pequeños agricultores y en nombre del comunismo libertario, establecieron dictaduras caciquiles en muchos pueblos. El comunismo libertario, afirmaban, elevaría el nivel de vida de los campesinos, destruiría <<el odio, la envidia y el egoísmo>> y establecería el <<sentido de la solidaridad y el respeto mutuo>>".

"Aterrorizadas ante estos acontecimientos, las clases medias rurales y urbanas quedaron sin dirección, pues los líderes de los partidos republicanos estaban sumidos en la apatía o habían huido" (243).

Sin ninguna duda, los excesos y las agresiones contra los pequeños propietarios, fueron una consecuencia inevitable de la confusión que cometían muchos militantes libertarios, al considerar a los pequeños y medianos agricultores, como potenciales adversarios de la revolución. Lejos de intentar convencerlos de las ventajas de la explotación socializada de la tierra, los sectores más exaltados, procedieron por la fuerza a la colectivización total en algunas localidades, para hacer irreversible el proceso revolucionario.

Sin embargo, el análisis que hace Burnett Bolloten es a todas luces exagerado. Condenar un fenómeno social de la envergadura y profundidad de las colectivizaciones, por los excesos que cometieron algunos de sus partidarios, en unos momentos en los que la violencia era generalizada, implica perder de vista su significado como "fenómeno social". Términos descalificadores como "fanáticos", "dictaduras caciquiles", han sido utilizados de forma demagógica en los debates políticos, pero no ayudan en absoluto a comprender los acontecimientos históricos. Las acusaciones de Bolloten harían completamente inexplicable la tenacidad con la que éstas sobrevivieron a los intentos de erradicarlas. Tampoco explicarían que las autoridades republicanas (el ministro de Agricultura era el comunista Uribe) hubieran tenido que dar marcha atrás en sus propósitos, ante el peligro de que la cosecha pudiera derrumbarse por la apatía y la desmoralización de los campesinos.

Los diferentes gobiernos republicanos se cuidaron mucho de dar a las colectividades, cualquier garantía permanente de legalidad. La política gubernamental resaltaba la provisionalidad del momento y su deseo de acabar, en cuanto las circunstancias lo hicieran posible, con la existencia del movimiento colectivista.

El gobierno veía con malos ojos, que las expropiaciones se hubieran extendido a todas las grandes propiedades sin excepción, en toda la geografía republicana. El 7 de Octubre de 1936, el Ministerio de Agricultura publicaba un decreto que pretendía regular la aparición y la existencia de las colectividades. Una parte de la nueva ley no hacía otra cosa que sancionar lo que los campesinos ya habían realizado por su propia cuenta y riesgo, tres meses antes. Sin embargo el verdadero contenido del decreto era otro, chocaba con las colectivizaciones y pretendía limitarlas drásticamente. Se reconocía como tierras expropiables, tan solo las que hubieran pertenecido a los sublevados, pero no extendía la "legalidad" de las expropiaciones al resto de los grandes latifundios.
La naturaleza y la intencionalidad política del decreto no se le escapaba a nadie. Cenetistas y socialistas de izquierda, las principales corrientes que participaron en el movimiento colectivista, criticaron duramente el contenido de las medidas dictaminadas por el gobierno.

"El decreto conservador del 7 de octubre se proponía desmoralizar a los colectivistas y estimular al mismo tiempo el proverbial egoísmo de los campesinos por unos míseros terrones de tierra. A otros se les incitaba a recobrar las parcelas de su antigua propiedad que habían aportado voluntariamente a la colectividad. La CNT acusaba públicamente a los funcionarios del Ministerio de Agricultura de frecuentar las Colectividades con propósitos de intriga y derrotismo" (228).
A principios del mes de Junio de 1937, el gobierno creyó conveniente dar un nuevo paso en su política de someter al movimiento colectivista. Un nuevo decreto prometía ayudar a las comunas agrícolas para que pudieran llevar a cabo sus tareas de recogida de la cosecha. La nueva orden gubernamental reconocía una cierta entidad legal a las colectivizaciones, pero a cambio imponía una serie de condiciones drásticas que amenazaban con la disolución, a todas aquellas que no cumplieran los requisitos legales, devolviendo las tierras a sus antiguos propietarios. El cambio de actitud del gobierno no se debía a que éste hubiese acabado por aceptar las conquistas revolucionarias que representaban las colectivizaciones, sino a la seria amenaza que se cernía sobre la recogida de la cosecha, consecuencia de la incertidumbre y de la desmoralización que había hecho presa en el campesinado. El armisticio que ofrecía Uribe se reducía significativamente, "al corriente año agrícola".

La tregua se rompió poco después, cuando las tropas de la II División, comandadas por Enrique Lister, entraron en Aragón cumpliendo las órdenes de Prieto, ministro de la Guerra, para proceder al desmantelamiento de las colectivizaciones libertarias. Poco antes, se habían realizado operaciones similares en la región de Levante y en Castilla. La finalidad no era terminar definitivamente con las colectivizaciones, sino acabar, de una vez por todas, con el predominio anarcosindicalista, para someterlas al control del gobierno. Las tropas de Lister, una vez dueñas de la situación, invitaron a los campesinos a abandonar las colectivizaciones, para optar por el reparto individual de la tierra. Es difícil, como reconoce Ronald Fraser, calcular el número de campesinos que se mantuvieron fieles al sistema colectivista y cuantos prefirieron volver a la explotación individual de la tierra (229).

Pocos meses después de la entrada de las tropas de Lister en Aragón, la región caía en manos del ejército franquista. Por lo tanto, no existen datos fiables sobre el impacto que tuvieron estas medidas. Ernesto Margeli, libertario aragonés, calcula que fue el 60% de los colectivistas, los que, pese a las presiones, se negaron a abandonarlas (230).

En Catalunya, la pequeña y mediana propiedad rural eran hegemónicas, mientras que los latifundios y el campesinado sin tierra eran poco frecuentes. Los pequeños propietarios estaban tradicionalmente organizados en torno a la poderosa Unió de Rabassaires (organización campesina, controlada tradicionalmente por ERC y que pasó, durante la guerra a serlo por el PSUC). La importancia de la pequeña burguesía agraria fue, sin duda alguna, uno de los factores que hicieron que el anarcosindicalismo adoptara una actitud conciliadora, evitando cualquier punto de fricción que pudiera ser capitalizado por sus adversarios. Anarquistas y rabassaires mantuvieron una línea coexistencia e incluso de cooperación, entre los dos sistemas económicos agrícolas, el privado y el colectivista.

El 5 de Septiembre de 1936, se celebró un Congreso Regional de campesinos colectivistas, que organizó una comisión encargada de estudiar las relaciones con los rabassaires. El Congreso acordó respetar las pequeñas propiedades, siempre y cuando esto no implicara la contratación de mano de obra asalariada. El pequeño y mediano propietario, en un régimen de explotación familiar, debería integrase en las colectivizaciones por su propia voluntad, después de comprobar las ventajas que le ofrecían la economía socializada. Con esta política moderada, se pretendía evitar que los rabassaires pudieran convertirse en enemigos declarados del movimiento revolucionario (231).

Sin embargo, la actitud adoptada por los miembros de l'Unió de Rabassaires, después de las jornadas de julio no había sido conservadora, ni tampoco hostil a la revolución. El 22 de Julio, la dirección del sindicato agrario aconsejaba a sus afiliados que se apoderasen de la cosecha, que no pagasen los arriendos y que se incautasen, por medio de sus organizaciones locales, de las grandes propiedades y que éstas fueran repartidas individualmente entre el campesinado pobre (232).

L'Unió de Rabassaires colaboró estrechamente con el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya. Al disolverse éste, en un gobierno de concentración de la Generalitat, el sindicato campesino pasó a ocupar la consellería de Agricultura (Josep Calvet). Durante el proceso, los rabassaires fueron absorbiendo a otras pequeñas organizaciones como la Federación de Cooperativas (Unió de Sindicatos Agrícoles), formándose la Federación de Sindicats Agrícoles de Catalunya. El decreto de la Generalitat por el que se hacía obligatoria la sindicalización del campesinado se convirtió a l'Unió en la representante casi absoluta de los pequeños propietarios del campo. Las relaciones entre la Consellería de Agricultura (controlada por la U.de R.) y las escasas colectivizaciones catalanas no siempre fueron buenas. El Conseller Josep Calvet desoyó con frecuencia las demandas de ayuda económica de los libertarios. La financiación de las colectivizaciones campesinas catalanas tuvo que recaer fundamentalmente el la industria colectivizada.

La consolidación de la nueva situación en el campo, se dio con la promulgación de una serie de decretos publicados por la Generalitat, durante los meses de Enero y Febrero de 1937.
Las nuevas leyes anularon todos los contratos que habían sido redactados antes del 19 de Julio, y establecían que serían los nuevos propietarios, los que pagarían los impuestos. Otro decreto, publicado en el mes de Febrero, reconocía a los nuevos propietarios, la propiedad de las nuevas tierras, incluidas las que acababan de ser expropiadas, y que por lo tanto estaban sujetas a la amenaza de la colectivización. El gobierno de la Generalitat establecía que en los casos en que estos decretos fueran incumplidos, las colectivizaciones podrían ser desmanteladas. La única limitación que se imponía a los pequeños propietarios era la de la prohibición de contratación de mano de obra asalariada. Las tierras que no pudieran ser cultivadas por la unidad familiar pasarían a ser repartidas entre los agricultores más pobres. Por otro lado, se decretó que los miembros de las colectivizaciones que quisieran abandonarlas, podrían hacerlo con entera libertad en cualquier momento, teniendo derecho a llevarse consigo la parte del equipo con la que había contribuido a la explotación.

Como contrapartida a los errores y limitaciones que hemos apuntado, el movimiento colectivizador también se apuntó importantes éxitos en el campo social y en el de la producción.
El éxito o el fracaso del colectivismo agrario es difícil de determinar, por el corto período en el que las comunas existieron y se desarrollaron. Sin duda alguna, el sistema colectivista tendió a una progresiva superación de los errores iniciales. En muchos lugares también se procedió a articular y coordinar a las colectividades. La liquidación de la revolución impediría la posibilidad de que éstas pudieran llegar a desarrollarse, para convertirse en la piedra angular de una nueva economía de tipo socialista.

Las comunas agrícolas cosecharon importantes avances en el plano social, desconocidos en los países capitalistas avanzados y en todo el mundo. Los ancianos pudieron contar con pensiones y subsidios suficientes para poder tener una vida digna, existió una asistencia sanitaria gratuita... En el plano cultural, se llevaron a cabo verdaderos planes de alfabetización. En la región levantina, todas las colectivizaciones contaron con sus propias escuelas locales. La política salarial fue mucho más igualitaria que en las ciudades. En éstas, la tendencia era frenada por la existencia de un importante número de técnicos y de administrativos, tradicionalmente mucho mejor pagados que los obreros manuales. En el campo, la división del trabajo estaba mucho menos diferenciada y no presentaba grandes obstáculos. Por lo general, se instauró el llamado "salario familiar", que se acercaba al principio socialista, de "a cada cual según sus necesidades". Los trabajadores colectivistas cobraban un salario fijo por su trabajo, al que se añadía un suplemento por cada hijo que no estuviera en la edad de trabajar, o por cada familiar incapacitado que tenía que mantener.

En el plano económico, y a pesar de los fracasos, el nuevo sistema permitió el mantenimiento e incluso el aumento de la producción, después de la caída del viejo sistema agrario, y en unas condiciones tan difíciles como eran las que se derivaban de la guerra. La incipiente planificación de la producción que se llevó a cabo, significó un importante aumento en el rendimiento de la tierra. La explotación colectiva de la tierra en grandes explotaciones socialistas, permitió importantes mejoras en la infraestructura, (nuevos canales de regadío, reforestación de los bosques,...), en el sistema de producción (planificación del trabajo, introducción de nuevas técnicas, maquinaria, diversificación de los cultivos según la demanda y las necesidades...), se crearon escuelas técnicas rurales y granjas, se procedió a una selecciòn y mejora de la ganadería...

"...conviene tener en cuenta que la única cosecha de trigo recogida en Aragón bajo la colectivización -la del año 1937- mostró un aumento del 20 por ciento sobre la del año anterior, que había sido buena, mientras que en Catalunya, donde la colectivización agraria estaba menos extendida, descendió en el mismo porcentaje" (233).

Es difícil imaginarse, con estos datos, a la inmensa mayoría de las colectivizaciones, como "dictaduras caciquiles" impuestas por "fanáticos", o como "experimentos desatinados", como las calificaban sus adversarios. Es importante reflexionar sobre las posibles causas del crecimiento de la producción cerealera aragonesa, estando como estaba a escasos kilómetros del frente, con todos sus errores, en contraste con el dramático descenso de Catalunya, un área alejada del conflicto, y con una agricultura caracterizada por la pequeña y por la mediana propiedad.

El incremento de la cosecha cerealística en Aragón no bastó para contrarrestar la caída de la producción en el principado, ni para cubrir la demanda en toda Catalunya. El gobierno de la Generalitat tuvo que paliar la escasez de pan con importaciones procedentes del extranjero (234).

Josep María Bricall, en su obra, defiende las causas objetivas, como la guerra y el clima, además de los cambios de cultivo, como los factores que provocaron el descenso de la producción (235). Sin negar la validez y la importancia de las reflexiones de Bricall, existen otros factores que nos ayudan a explicar este contraste. Mientras los cambios revolucionarios provocaron el entusiasmo de gran parte del campesinado aragonés, que consideraban a las colectivizaciones como su gran oportunidad histórica para liberarse del pesado yugo de los terratenientes, el campesinado catalán, predominantemente pequeño propietario, contempló con temor creciente al movimiento colectivista y con profundo descontento las drásticas limitaciones que les habían impuesto los revolucionarios.

"En el segundo año de la producción colectivista, las cosechas aumentaron de un veinte a un treinta por ciento, según las comarcas. ¿Cómo es posible -se nos dice- que habiendo llamado a filas a un porcentaje apreciable de jóvenes, la producción aumentara? Sin embargo, es fácil comprender este fenómeno si tenemos en cuenta el entusiasmo que algunos hombres de edad avanzada sentían hacia la colectividad, lo que les incitaba a ir al trabajo cuando en otras situaciones no lo hubieran hecho. Muchas mujeres que habitualmente se ocupan únicamente de su casa, acudían a los trabajos durante algunas horas con una voluntad ejemplar, y muchos chicos que en épocas anteriores se hubieran dedicado a jugar, se unían a los colectivistas en un afán de suplir a sus hermanos que estaban en el frente, y aunque había mas trabajo, porque no se dejaba un pedazo de tierra sin cultivar, al estar mejor organizado, todo se hacía con menor esfuerzo" (236).

Además del apoyo social que pudieran tener, las ventajas que presentaban las colectivizaciones permitieron una serie de logros económicos y sociales, que las viejas explotaciones minifundistas y familiares, tan antieconómicos que en muchas ocasiones rozaban los niveles de subsistencia, o las grandes propiedades latifundistas y semifeudales, no estaban en condiciones de poder conseguirlo.

Es innegable que las colectividades agrarias respondieron a las necesidades de un momento determinado y de una situación concreta, es decir, a una revolución en marcha, donde todo tenía que improvisarse, y donde no existía el más mínimo programa de planificación del nuevo orden económico que estaba surgiendo de los escombros de la República.

Las colectivizaciones agrarias (como las urbanas) cubrieron el vacío económico dejado por la fuga de los antiguos propietarios. Con sus errores, con todas las críticas y acusaciones realizadas por sus enemigos, las colectividades en el campo, pusieron en marcha, con una preparación completamente insuficiente, un sistema económico que funcionó y que evitó el rápido colapso de la revolución.

El triunfo de las colectividades sólo podía ser posible, acompañado de la victoria política y militar de la revolución de los comités. Su gran tragedia consistió en que ninguna organización comprendió que para que éstas desarrollaran todos sus potenciales, era necesario que todos los resortes del poder político estuvieran a su servicio. Las colectividades carecieron del apoyo de un poder revolucionario que las defendiera frente a sus enemigos, que corrigiera sus errores y sus contradicciones y que las articulara hasta convertirlas en el tejido social y económico de la nueva sociedad.

Hablar, desde el punto de vista histórico, de la viabilidad o inviabilidad de las colectivizaciones, resulta simplemente absurdo. Las colectivizaciones no tuvieron tiempo para demostrar sus posibilidades de supervivencia. Sin embargo, en el breve espacio de tiempo de su existencia, demostraron las patentes ventajas de un sistema económico, que gozaba del entusiasmo y del apoyo de la mayor parte de la población trabajadora.