3.11 LOS PARTIDOS Y SINDICATOS OBREROS ANTE LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA.

El período de la dualidad de poderes en la revolución española, adoptó una forma completamente original, si lo comparamos con el resto de las revoluciones realizadas durante el siglo XX. Mientras el poder revolucionario de los comités se encontraba atomizado y disperso, por toda la geografía del país.

La esencia del poder burgués republicano, no estuvo encarnada en el impotente gobierno de Giral, sino en los comités ejecutivos de las organizaciones obreras del Frente Popular.

Cuando nos referimos, matizando, a las direcciones y no a los partidos y sindicatos en general, lo hacemos con plena conciencia. Con esta precisión queremos resaltar que, durante el período del "desorden revolucionario" de las primeras semanas, miles de militantes de base de estas organizaciones, faltos de la orientación de sus dirigentes, completamente desconcertados y desbordados por los acontecimientos, encarnaron la revolución. Llevaron a cabo las confiscaciones de las propiedades de la burguesía; formaron sus propios comités, que dirigieron y organizaron la marcha de sus localidades; formaron sus milicias y patrullas, para combatir y reprimir la sublevación... Llevaron a cabo, un proceso revolucionario, satisfaciendo, de una vez por todas, sus reivindicaciones históricas, que cinco largos años de República no habían conseguido. En resumen, realizaron los inicios de una revolución, a la que sus propios partidos y sindicatos, se oponían, bajo diferentes formas y matices diferentes.

Aunque este trabajo esté centrado en las características de la revolución española en Catalunya, consideramos que es fundamental analizar a fondo, la actitud mantenida por el PSOE y la UGT estatal. La actitud de las organizaciones socialistas, aunque inexistentes en Catalunya, al quedar absorbidas por el PSUC, organización que se colocó rápidamente bajo la órbita de la Komintern, nos pueden ayudar a comprender muchos de los acontecimientos políticos que se dieron en Catalunya, durante la guerra civil.

El comunismo estalinista, encarnado por el PSUC, experimentó una evolución espectacular, durante el primer período revolucionario. Nacido al calor de las jornadas de julio, a partir de la unificación de cuatro pequeñas organizaciones políticas catalanas, se convirtió en pocos meses en el primer partido catalán, opuesto a la hegemonía libertaria. Con su rápido crecimiento, el PSUC acabó sustituyendo, como representante de las clases medias, a la tradicional Esquerra Republicana de Catalunya, que había quedado desarbolada durante y después de los acontecimientos de Julio.

El anarcosindicalismo, indiscutiblemente, fue la fuerza hegemónica del movimiento obrero catalán, y su actitud ante los acontecimientos fue determinante en la evolución de la revolución. Fueron las bases anarcosindicalistas, las que conformaron, mayoritariamente, la multitud de comités y de colectivizaciones.

Finalmente el POUM, la principal fuerza política que se reclamaba del marxismo en Catalunya, durante los primeros meses de la revolución. Organización comunista independiente, que atrajo los odios del estalinismo internacional, por sus denuncias y su firme condena de los procesos de Moscú, que se estaban llevando a cabo contra la vieja guardia bolchevique. Su militancia, aunque sensiblemente inferior en número a la de los anarcosindicalistas, también fue decisiva en la formación de los comités revolucionarios y en el de numerosas colectivizaciones.

El POUM estaba fuertemente implantado en Lérida y en otras localidades catalanas. No podemos estar de acuerdo con aquellos que han considerado desproporcionada la importancia que se le ha dado a esta organización, en comparación con las grandes formaciones tradicionales del movimiento obrero.

Las situaciones revolucionarias se caracterizan por su vertiginosa dinámica. En un corto espacio de tiempo, la población experimenta grandes cambios en su conciencia, que no se había dado en los largos períodos que lo precedieron. Los nuevos estado de conciencia se reflejan en la decadencia de las viejas organizaciones, y en el rápido ascenso de otras que representan las nuevas aspiraciones. En estas especiales condiciones, la importancia política de una organización, no se mide por el número de sus efectivos militantes, sino también por sus posiciones, su grado de influencia entre las clases sociales que pretenden representar y también por el lugar político que ocupa en los acontecimientos.

Los diferentes partidos y sindicatos obreros, se agruparon en torno a determinados programas políticos frente a la revolución española, que intentaremos definir y explicar en la pequeña síntesis, que hemos realizado en las próximas páginas.

Con sus respectivas diferencias, socialistas de derecha, republicanos y comunistas (de obediencia estaliniana), se agruparon en torno a un objetivo común, hacer retroceder la revolución y el derrocado viejo aparato de estado republicano.

Socialistas de izquierda, anarcosindicalistas y poumistas, conformaron otro bloque, que pretendía mantener en las mejores condiciones posibles, el cuadro aparecido tras las jornadas de Julio, postergando el avance definitivo de la revolución para después de la victoria militar sobre los sublevados.

Entre las diferentes fracciones, tendencias y bloques existentes, hubo numerosos intentos de establecer alianzas. Sin embargo, éstas se caracterizaron por su inestabilidad. La guerra y la revolución, convertían cualquier acuerdo en algo frágil y quebradizo. Anarcosindicalistas, socialistas de izquierda y poumistas experimentaban la fuerte presión de sus propias bases radicalizadas. Socialistas de derechas, republicanos y comunistas, llegaron a alianzas, pero también eran conscientes que sus acuerdos eran sólo circunstanciales, y que en el seno de su propio bloque político, existía una sórdida lucha por el poder. Tanto los republicanos, como los socialistas de derechas, desconfiaban de sus temibles aliados, que solo obedecían las consignas que procedían de Moscú. Pero incluso entre los mismos republicanos y los partidarios de Prieto, hubo frecuentes roces por sus diferentes concepciones políticas.

"La lealtad era hacia las organizaciones, no hacia la República. No había más que coaliciones temporales entre las dos o tres corrientes, los llamamientos frecuentes a la unidad antifascista no eran más que grandes camuflajes para esconder las tentativas y las prácticas de dominación" (237).

La fragilidad de las alianzas políticas que se establecieron entre las cúpulas dirigentes, demuestra que, tras las jornadas de julio, lo que quedaba de la República era, más que nunca, una ficción encarnada en el impotente y desprestigiado gobierno de Giral. La reconstrucción del aparato de Estado republicano tenía que realizarse encima del mar embravecido de la revolución, sobre el que pretendían cabalgar los distintos partidos y sindicatos.

3.11.1 LOS SOCIALISTAS.

El estudio de las posiciones políticas del socialismo español es harto dificultoso, debido a la gran división existente entre las diferentes fracciones en las que estaban fragmentadas sus organizaciones. Es difícil encontrar una postura unitaria ante el hecho revolucionario, entre las distintas tendencias, que ya estaban fuertemente enfrentadas, y al borde de la escisión, en el período precedente a la guerra. El estallido de la contienda y el inicio de la revolución, encontraron al Partido Socialista, completamente fraccionado en corrientes irreconciliables que se disputaban el control del aparato.

Dividido y sin un programa político propio, el Partido Socialista demostró ser un gran gigante con pies de barro. Difícilmente podía jugar un papel independiente en los acontecimientos que se estaban desarrollando por todo el país. De hecho, la amplitud de las actitudes que se presentaban en el arco político del Partido Socialista, se encuadraron en los distintos sectores en el que también estaba dividido, a su vez, el campo republicano.

Prieto y Negrín, defendían la necesidad inmediata de acabar con la revolución y restaurar, lo antes posible, el gobierno del Frente Popular. Largo Caballero mantuvo una posición vacilante, presionado desde la derecha y la izquierda. El máximo dirigente de la Izquierda Socialista pretendía lo imposible, conciliar la revolución de los comités y la contrarrevolución del Frente Popular. La decantación de la situación hacia cualquiera de los dos extremos, significaba el final de su postura de árbitro privilegiado y, probablemente, también el fin de su influencia política.

Es importante resaltar, en el seno del PSOE y de la UGT, de algo que ya hemos planteado más arriba. La diferenciación existente entre las bases socialistas y sus dirigentes, con respecto al futuro de las milicias, de los comités y de las colectivizaciones. Las diferencias son detectables al observar el contraste entre la práctica llevada a cabo por las bases, y las directrices defendidas por sus dirigentes. Sin embargo, no debemos considerar esta afirmación, como algo evidente. No hay que ver en esta oposición, el reflejo de una clara conciencia revolucionaria, sino el choque entre las aspiraciones y el instinto revolucionario de los trabajadores con las moderadas y vacilantes directrices defendidas por la dirección.

La oposición socialista, al contrario de lo que aconteció entre los anarcosindicalistas, no adoptó forma de corrientes políticas, en el seno del partido. El lenguaje radicalizado utilizado por los dirigentes son también la evidencia de la fuerte presión a la que estos se encontraban sometidos.

Los militantes socialistas participaron en la creación de los comités y de las colectividades, expropiaron a los terratenientes y a la burguesía industrial, formaron sus propias milicias y sus patrullas de retaguardia. En su acción espontánea, encontraríamos muy pocas diferencias con los militantes anarcosindicalistas. Sin embargo, los trabajadores socialistas, a diferencia de los libertarios, consideraban al PSOE y a la UGT como sus organizaciones tradicionales, y su política, encaminada a la restauración del orden republicano, como una táctica dirigida al fin último, la revolución socialista, objetivo que, aunque desmentido en la práctica, era proclamado por sus dirigentes.

El discurso "revolucionario" de los líderes caballeristas, no podía esconder una alarmante falta de programa político, la inexistencia de proyectos y de medidas concretas, capaces de orientar y de ser llevadas a cabo por la militancia.

A la política de apoyo al Frente Popular, defendida con matices, por las distintas fracciones socialistas, y que comportaba una actitud de hostilidad, más o menos camuflada, ante el proceso revolucionario, se unía la tradicional incomprensión de las cuestiones nacionales catalán y vasca. El hecho de que Catalunya se hubiera convertido en el corazón de una vasta revolución que no se avenía a sus canones tradicionales, y de que estuviera dirigida por su tradicional rival, la CNT, caracterizó la política de los diferentes gobiernos de mayoría socialista.

Las tomas de posición de los cuadros dirigentes se hacían, en muchas ocasiones, bajo la presión de las propias bases, mucho más radicalizadas y dispuestas a todo, que sus direcciones. La evolución política de la Izquierda Socialista, sus evidentes y continuas contradicciones entre teoría y práctica, se explican por el choque de intereses existentes entre la presión de la población trabajadora y los compromisos adquiridos por las cúpulas dirigentes en el seno del Frente Popular.

Comparemos pues, las posiciones defendidas desde las páginas de "Claridad", el órgano de prensa de esta corriente, y la política de contención de la revolución, defendida por el gobierno de Largo Caballero, poco después:

"Alguna gente dice: <<derrotemos primero al fascismo, terminemos la guerra victoriosamente, y luego tendremos tiempo para hablar de la revolución y de hacerla si es necesario>>. Aquellos que afirman esto, no han contemplado con madurez el formidable proceso dialéctico que nos arrastra. La guerra y la revolución son una y la misma cosa. No se excluyen, no se estorban, sino que se apoyan y se complementan. La guerra necesita a la revolución para triunfar, de la misma manera que la revolución ha requerido la guerra... Es la revolución en la retaguardia la que hará más segura y más inspirada la victoria en los campos de batalla..." (238).

Las opiniones reflejadas en las páginas de "Claridad" reflejaban la presión a la que estaban sometidos, por parte de sus propias bases izquierdistas y constituían una clara crítica a los seguidores de Prieto, el ala derecha del partido, aliados de los comunistas y de los republicanos, partidarios de hacer retroceder la revolución hasta un futuro indeterminado. Sin embargo, las opiniones vertidas por "Claridad", poco o nada tenían que ver con la práctica política del gobierno que estaba presidido por Largo Caballero, y que acabó potenciando los viejos cuerpos de seguridad republicanos, desmanteló las patrullas obreras de la retaguardia e inició la formación de un ejército al viejo estilo, en detrimento de las milicias revolucionarias.

Las veleidades radicales de la Izquierda Socialista se habían transformado durante el período anterior a la guerra. A medida que el movimiento revolucionario experimentaba una profunda radicalización, los caballeristas habían ido moderando su lenguaje y sus objetivos políticos. Lejos quedaban ya, los términos de "dictadura del proletariado" y de "revolución socialista". "Claridad" había acabado calificando a la revolución española, como burguesa-democrática, antifeudal y antioligárquica y se había declarado ferviente partidaria del Frente Popular, que tanto había criticado con anterioridad (239). Los caballeristas, después de llamar, durante todo un período, a la revolución socialista, habían abandonado esta caracterización, para sumarse a la que mantenían los prietistas y comunistas, al considerar que la guerra que se iniciaba, era entre la democracia burguesa y el fascismo, precisamente, en aquellos momentos, en los que la revolución socialista, que tanto habían predicado, se ponía en marcha.

La Izquierda Socialista también expresaba con su política vacilante y llena de contradicciones, la presión de las diferentes fuerzas políticas que intervenían en la revolución española, tanto nacionales como internacionales. La guerra, dentro del esquema caballerista, solo podía ganarse con la ayuda de la URSS, de Francia y de Gran Bretaña. A principios de 1937, el gobierno de Largo Caballero, llegó a ofrecer la cesión del Marruecos colonial español y las islas Canarias, a cambio de que Francia y Gran Bretaña, con fuertes intereses en el norte de Africa, abandonasen su "neutralismo" y accediesen a apoyar a la República en la contienda. (240) Sin embargo, este apoyo no era posible mientras el movimiento revolucionario no se retirase a sus cuarteles de invierno para dejar paso libre a la reconstrucción del orden republicano. Sin embargo, el caballerismo no pretendía la derrota total del movimiento revolucionario, fuente de poder de la Izquierda Socialista, y que había arraigado profundamente en las bases sindicales de la UGT.

La política vacilante de esta corriente quedaría patente a mediados del mes de agosto de 1936, cuando, en pleno fragor revolucionario, Largo Caballero pareció contemplar la posibilidad de formar una alianza sindical con la CNT, a la que intentaba atraer hacia sus posiciones. Sin duda alguna, el caballerismo consideró que la alianza con los anarcosindicalistas los convertiría en la única alternativa posible de gobierno, ante el moribundo gabinete de Giral, agotado políticamente, antes de nacer.
La presión política del embajador soviético en España, Marcel Rosemberg y la de los socialistas de derecha, hizo que finalmente la alianza CNT-UGT no pasara de ser un proyecto (241). La actitud de Largo Caballero fue la de mantener la misma línea defendida en el período anterior a la guerra. Después de la caída fulminante de los gabinetes de Casares Quiroga y de Martínez Barrio, Largo Caballero rechazó la propuesta de Azaña para formar gobierno. La Izquierda Socialista consideró que todavía no estaba preparada para acceder al poder y prefirieron dejar pasar dos meses y medio, apoyando a gobierno ficticio de Giral, hasta aceptar la propuesta (242).

La línea política de los caballeristas continuaba caracterizándose por su pasividad. Esperar el total agotamiento político de los gobiernos republicanos, rechazar cualquier compromiso con la pequeña burguesía, hasta que el poder cayera en sus manos, como un fruto maduro. La Izquierda Socialista seguía identificando, la toma del poder por parte de la clase trabajadora, con la llegada al gobierno de un gabinete socialista monocolor.

"Pretende una dominación socialista completa tan pronto como sea posible y abstenerse de participar en el gobierno hasta que ya no sea posible" (243).

Sin embargo, el fruto maduro no caería en sus manos, en las circunstancias en las que la Izquierda Socialista había soñado. Cuando Largo Caballero formó su primer gabinete, tuvo que hacerlo, no con un gobierno exclusivamente socialista, sino con uno de concentración, junto a republicanos, prietistas y comunistas. La presión internacional y la de las diferentes organizaciones del Frente Popular, condicionaron y limitaron drásticamente sus pretensiones, y posteriormente también harían lo mismo con su política.

"<<Virtualmente el gobierno republicano está muerto, no tiene autoridad, ni competencia, ni decisión para hacer una guerra a fondo y acabarla con una victoria absoluta y revolucionaria>>. Descartado Prieto como alternativa, <<no queda más que usted>>. Araquistain recomendaba pues, un gobierno presidido por Largo y de composición mixta entre los diferentes sectores del Frente Popular, pero, desde luego, en detrimento de los republicanos" (244).

El gabinete de Largo Caballero no fue, por lo tanto, monocolor, como habían pronosticado desde mucho antes los dirigentes de la Izquierda Socialista. Su proyecto para formar un gobierno exclusivamente socialista, quedaba relegado para después de la guerra, período en el que ellos estaban convencidos, de que iban a convertirse en los árbitros de la nueva situación, y en la que los republicanos, concretamente Azaña, ya no serían ningún obstáculo (245).

"nuestra victoria no será la implantación fulminante del bolchevismo o el anarquismo, como siguen temiendo en estos países, sino un régimen que nadie sabe aún que será" (246).

En la contradictoria política que había caracterizado a los dirigentes de la Izquierda Socialista, desde los orígenes de esta corriente, encontramos ya, las causas de su decadencia y posteriormente su derrota final.

"El fracaso final de la Izquierda Socialista estaba ya aquí, en la imposibilidad de encontrar un terreno intermedio entre la defensa del Frente Popular y la revolución. Lo primero exigía un acuerdo con Prieto, Azaña y los comunistas. Lo segundo exigía el mismo acuerdo con los anarquistas, y la Izquierda Socialista se empeñó en esperar unos misteriosos acontecimientos que habían de presentar la posibilidad milagrosa de hacer la revolución contra la reacción, contra el Frente Popular, y sin contar activamente con los anarquistas. En esa espera perdieron el control de su propio partido, perdieron la revolución" (247).

A diferencia de la Izquierda Socialista, Prieto y sus seguidores consideraban que el único futuro posible era la consolidación de la República y posteriormente la derrota militar de los sublevados o en su imposibilidad, negociar con éstos la supervivencia de ésta a cambio de concesiones. Sin embargo, cualquiera de las dos vías, la de la victoria militar (con la ayuda de las potencias democráticas) o la de la negociación, sólo podía conseguirse apagando el fuego revolucionario que había acabado con la República.

La Alianza con los republicanos, es decir, el Frente Popular, fue el eje principal de su política. Era necesario dar seguridades a Francia y a Gran Bretaña de que su hipotético apoyo a la República, no iba a convertirse jamás, en el apoyo a la revolución. Era necesario evitar también, que el pánico de la burguesía no acabase por arrojarla en brazos de los sublevados.

Sin embargo, los socialistas de derecha adoraban a un fantasma, la burguesía hacía tiempo que había desaparecido del campo republicano y se había refugiado, antes del inicio de la guerra, en manos de la conspiración que se estaba gestando en los cuarteles. El acuerdo con los republicanos, defendido por Prieto, no era más que la alianza con la sombra de las clases propietarias. Los políticos republicanos apenas se representaban a ellos mismos. La burguesía no estaba dispuesta a hablar de negociaciones y de reconciliación, mientras no se aplastase, de una vez por todas, al movimiento revolucionario. Y en este sentido, los propietarios preferían la opción militar, al cascarón vacío y peligroso del Frente Popular.

A medida que la actitud "neutral" de Francia y de Gran Bretaña se consolidaba, Prieto fue adoptando una actitud pesimista, que le valió la acusación de derrotista. Finalmente, acabó buscando, discretamente, el camino de las negociaciones con los facciosos, lo que le significó un nuevo fracaso. Franco no estaba dispuesto a negociar. Era perfectamente consciente de que una vez liquidada la revolución, él era el único triunfador, y tenía todas las cartas en sus manos. No necesitaba negociar, ni hacer concesiones a sus adversarios, aunque fueran los socialistas moderados y los republicanos.
Como el resto de los grupos del Frente Popular, las diferentes fracciones del Partido Socialista, coincidían en aceptar que los comités revolucionarios que habían surgido durante las primeras semanas de la revolución, habían jugado un papel de primer orden, en el primer período del conflicto. Pero eran partidarias de que, con la restauración de las instituciones gubernamentales, debían desaparecer a toda costa. La supervivencia de éstos, cuestionaba seriamente la autoridad del gobierno y restaba "respetabilidad" a la República.

"Aquellos comités populares reemplazaron al Estado desaparecido y, hay que hacerles esta justicia, salvaron la República, junto con las milicias" (248).

Para los socialistas de todas las tendencias, los comités-gobierno eran el símbolo viviente de la revolución que había derribado el orden republicano. El hecho de que siguieran existiendo y de que mantuvieran todavía su poder local intacto, hacía peligrar seriamente el proyecto de reconstrucción republicano. La supervivencia de un poder revolucionario, ajeno e independiente del Frente Popular, cuestionaba su alianza con los líderes republicanos, supuestos representantes de la mítica "burguesía democrática".

Las potencias democráticas europeas nunca estarían dispuestas a ayudar a una España, donde el poder de los comités revolucionarios coexistía con el de la República, e incluso lo desafiaba. Y donde, concretamente en Catalunya, el Comité Central de Milicias que se había apoderado de la autoridad del gobierno autónomo, seguía siendo el poder indiscutido e indiscutible.

Para Largo Caballero y sus partidarios, los comités eran un peligroso rival que disputaba su autoridad política y su influencia entre las masas trabajadoras. En el esquema ideológico de la Izquierda Socialista, los órganos del poder revolucionario en España, eran sus organizaciones tradicionales, el Partido Socialista y las dos centrales sindicales existentes, la CNT y la UGT. Hacía mucho tiempo que la idea de las Alianzas Obreras, como plataforma de frente Único, había ido desapareciendo de sus alforjas ideológicas. Los comités, los soviets, o cualquier organismo de esta naturaleza asamblearia, habían aparecido en otros países con situaciones revolucionarias, por la debilidad de las organizaciones obreras tradicionales.

El poder en la revolución española, debía residir en un gobierno del PSOE, y el frente único de los trabajadores, tenía que forjarse, a través de la alianza entre la CNT y la UGT (con el predominio de ésta última). Cualquier otro organismo extraño se convertía en un obstáculo a su autoridad y tenía que desaparecer.

Luis Araquistain, el principal teórico de esta corriente, había defendido esta concepción de la revolución en las páginas del periódico "Claridad", pocos meses antes de iniciarse la guerra, polemizando con los comunistas oficiales:

"Los soviets, Consejos, Juntas, Alianzas o como se quiera llamarlos son un anacronismo político y social... ¿Para que se quieren las Alianzas Obreras y campesinas, que además de ser un anacronismo son también un cuerpo extraño en sí, y en lo confuso del concepto al venir literalmente vertido del ruso, o sea de una realidad muy desemejante a la española" (249).

Tanto la UGT como el PSOE, apoyaron la existencia de los comités de fábrica y de las colectivizaciones industriales. La UGT promovió la formación en todas las empresas, de comités dirigentes, compuestos por delegados escogidos, de forma proporcional al número de afiliados de cada sindicato.

Las diferencias con la central sindical anarcosindicalista eran claras. Mientras la CNT defendía la expropiación total de la industria, bajo la dirección de los sindicatos, la UGT defendía la nacionalización de aquellas propiedades que habían sido abandonadas por sus antiguos propietarios y de las que tuviesen un valor estratégico en la guerra. Para el resto de empresas, se defendía el control obrero (por medio de comités sindicales), pero respetando los derechos de propiedad de sus antiguos dueños. Sin duda alguna, los comités y las colectivizaciones industriales eran necesarias, pero siempre y cuando se mantuvieran sometidos al control y a la planificación del gobierno de la República.

En el terreno de las colectivizaciones agrarias la UGT adoptó una posición intermedia entre la defendida por el anarcosindicalismo y la mantenida por los comunistas. El hecho de que, las colectivizaciones se hubieran extendido mucho más allá de los objetivos que habían marcado los dirigentes socialistas, fueran de la tendencia que fueran, era en el mejor de los casos, un mal necesario (la burguesía había abandonado sus propiedades) que sería solucionado después de la victoria militar sobre los sublevados. A pesar de los "excesos" expropiadores de sus propias bases, los dirigentes socialistas se mostraron partidarios de limitar las incautaciones a las propiedades pertenecientes a los insurrectos o a sus simpatizantes. Frecuentemente, la UGT no dejó de mostrar sus reservas hacia el movimiento colectivizador.

Los socialistas criticaron el antiestatismo libertario y defendieron la nacionalización de la tierra y su entrega en usufructo a los campesinos. La CNT defendía el control sindical de las colectividades, en contraposición con el control estatal que pedían los socialistas.

Las diferencias entre los caballeristas y los comunistas oficiales también eran patentes. Coincidían con ellos, en la exigencia de que las colectivizaciones fueran totalmente voluntarias. Sin embargo, el sindicato ugetista se negó a sacrificar el movimiento colectivista que estaba formado en gran parte, por las bases de la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT), para fomentar el reparto individualizado de la tierra, que proponía el PCE-PSUC.

Las colectivizaciones agrarias que impulsaron los afiliados de la UGT, se diferenciaron en muy poco de las de la CNT. La sensibilidad frente a los pequeños propietarios parece que fue mayor, y no parecen haberse dado casos de colectivizaciones forzosas. Las colectividades socialistas, a diferencia de las libertarias, no abarcaron el resto de ocupaciones de las localidades, (barberos, zapateros, y otras profesiones artesanales...).

Los colectivistas de la UGT, como los de la CNT, aportaban voluntariamente sus equipos de labranza, su ganado, sus semillas, aunque no sus ahorros ni sus bienes de consumo. Como en el caso de las colectivizaciones libertarias, también se dieron numerosas ingenuidades: la abolición del dinero como instrumento para las transacciones en el seno de la comunidad y su sustitución por otros sistemas de intercambio y de distribución (cartillas de consumidor, moneda acuñada en la misma comunidad y solo válida en ella...).

Prieto, el principal representante de los socialistas de derecha, defendía la necesidad de centralizar la nueva economía para terminar con el caos que había provocado la revolución. La política de Prieto se orientaba a someter a las colectivizaciones a la política del gobierno de la República. Los socialistas de derecha se habían manifestado hostiles a los nuevos organismos, sin embargo también eran conscientes de que éstos, en los primeros momentos, habían llenado el vacío creado por la huida de los antiguos propietarios. Un ataque frontal a las colectividades podía significar el final de los intentos de reconstruir la maltrecha República, al tener que enfrentarse a un todavía poderoso movimiento revolucionario. Por otro lado, el Frente Popular carecía de otros instrumentos que pudieran competir con las colectividades. El hundimiento de éstas, hubiera significado el naufragio económico de la República, y habría precipitado la victoria de los rebeldes. Era necesario trabajar para conseguir el retroceso paulatino de las colectivizaciones y la liquidación definitiva, en cuanto las circunstancias lo hicieran posible, del movimiento revolucionario. La única política posible por el momento, era la de mantener las colectivizaciones, acorralarlas, utilizar el chantaje y la presión económica, hasta someterlas al control gubernamental, venciendo la resistencia y la hostilidad de los trabajadores revolucionarios.

La restauración del orden republicano significaría, en el momento adecuado y una vez vencido el movimiento revolucionario, devolver las propiedades a sus antiguos dueños, en aras de la reconciliación y de la consolidación de la República burguesa que ellos defendían.

Sin embargo, la República no solo tenía que defenderse del movimiento revolucionario, sino que para sobrevivir tenía que obtener la victoria sobre los sublevados, o por lo menos, la negociación con ellos, desde una posición de fuerza que les permitiera dictar las condiciones. El viejo ejército se había sublevado en su mayoría contra la República, y el sector minoritario que le había sido leal, se había desmoronado como un castillo de naipes. Las milicias revolucionarias eran un peligroso aliado de la República, en tanto en cuanto, la mayoría de ellas, se proclamaban defensoras de un nuevo orden revolucionario y eran completamente independientes del gobierno.

Las milicias mostraron en numerosas ocasiones, su hostilidad a los primeros intentos del gobierno de Giral, para dotarse de un brazo armado.

La Izquierda Socialista defendió la formación del nuevo ejército, que debería sustituir a las milicias de voluntarios de los primeros momentos. Sin embargo, en numerosas ocasiones, surgieron voces, que expresaron su temor de a que la construcción de un nuevo ejército regular, apolítico, formado por levas forzadas y dotado con un cuerpo de oficiales separado de la tropa, un ejército similar al sublevado, pudiera ser utilizado, posteriormente, contra los revolucionarios, e incluso contra mismos socialistas.

"El nuevo ejército ha de tener por base los que ahora luchan y no solo los que aún no han luchado en esta guerra. Ha de ser el ejército correspondiente a la revolución, a la guerra social que se está operando en la sociedad española... a la cual (a la revolución) debe ajustarse el futuro Estado. Pensar en otra clase de ejército que sustituya a los actuales combatientes y en cierto modo controle su acción revolucionaria, es pensar contrarrevolucionariamente" (250).

Sin embargo, la política de los socialistas de izquierda estaba teñida de un fuerte oportunismo. Durante el período del gobierno de Giral, sus dirigentes se habían opuesto a cualquier proyecto de formación del nuevo ejército, que pudiera quedar bajo control de los republicanos, y que pudiese competir con las milicias revolucionarias. La postura de la Izquierda Socialista se transformó en el momento en el que Largo Caballero pasó a constituir su propio gobierno. Si la toma del poder se reducía a la sustitución del gobierno republicano por otro socialista, desde el que se debía apoyar y desarrollar la revolución, el nuevo ejército, controlado ahora por los socialistas, no se contraponía, de ningún modo, a su viejo esquema político.

Las milicias pasaban a ser una organización, anacrónica e ineficaz, que debía ser superada por el nuevo Ejército Popular.

La nueva obsesión de la Izquierda Socialista, mayoritaria en el nuevo gabinete, sería la de evitar, el progresivo control que los comunistas irían tomando sobre el nuevo cuerpo armado, sin que ellos pudieran hacer nada para evitarlo.

3.11.2 EL PARTIDO COMUNISTA.

El PCE a nivel estatal y el PSUC en Catalunya fueron los adversarios más eficaces que tuvo, en el seno del Frente Popular, la revolución de los comités. El rápido crecimiento de la militancia no puede atribuirse tan sólo al prestigio conseguido con la llegada de las armas enviadas por la URSS.
No es ningún secreto para nadie, que la limitada y calculada ayuda enviada por Stalin (pagada con el oro de las reservas del Banco de España), favoreció la influencia del Partido Comunista, y por consiguiente, también su desarrollo. Pero de ningún modo, es la única causa y tampoco la más importante.

Hay otros cuestiones que intervinieron de forma mucho más decisiva. La eficacia de la política del PCE y del PSUC para contener y hacer retroceder la oleada revolucionaria, y su firme defensa de la alianza con la pequeña burguesía urbana y con los pequeños y medianos propietarios del campo, convirtieron a los comunistas en el auténtico partido de las clases medias. En el mes de febrero de 1937, los pequeños y medianos propietarios campesinos sumaban ya, en 30,7 por 100 de su militancia (251).

La pequeña burguesía, temerosa de la violencia desatada contra ella, irrumpió en las filas del partido, después de abandonar a las viejas organizaciones republicanas, que se habían mostrado impotentes para defenderla y que habían quedado prácticamente desarticuladas con el inicio de la revolución.

El extraordinario crecimiento del PSUC, un partido obrero que se reclamaba del socialismo y de la revolución, entre la pequeña burguesía urbana y rural, clases sociales que política y socialmente no le eran afines, fue simultáneamente, la base de su fuerza, y también de su debilidad. La política moderada del PSUC no engañaba a nadie, ni a la burguesía, ni a las clases medias. A pesar de su tono moderado y de su firme defensa de la política del Frente Popular, estas clases sociales eran perfectamente conscientes de que el PSUC no era su verdadero partido, sino una tabla de salvación a la que aferrarse para no sucumbir ante la revolución desencadenada.

El grueso del movimiento obrero continuó siendo fiel a sus propias organizaciones tradicionales: los socialistas de izquierda y los anarcosindicalistas. La influencia del PCE y del PSUC no podía crecer de forma significativa entre el proletariado y menos todavía entre los sectores más concienciados y organizados de éste. La política comunista, la que le había permitido crecer entre la pequeña burguesía, atacaba directamente a las conquistas sociales que los obreros y los sectores más pobres del campesinado habían conseguido. Un observador y comentarista tan penetrante como E. H. Kaminski, explicaba a principios de 1937:

"Hay que reconocer que si oposición en Cataluña es extremadamente difícil. El nuevo partido unificado no sigue representado hoy, sino a una pequeña parte del proletariado catalán" (252).

Existen otros elementos secundarios que también nos pueden ayudar a comprender el formidable desarrollo del partido comunista en tan corto espacio de tiempo. Uno de ellos, fue el prestigio militar que ganó el PCE, por su capacidad y eficacia organizativa en la estructuración de sus milicias, y que constituyeron, posteriormente, la base del nuevo Ejército Popular.

Numerosos oficiales y militares profesionales, que eran vistos con recelo por parte de los revolucionarios, y que se habían quedado en el campo republicano, ya sea de forma oportunista, ya sea por su sincera lealtad al gobierno republicano, acabaron integrándose en las filas comunistas.

Sin duda alguna, el hecho de que el PCE y el PSUC formaran parte de la III Internacional, también contribuyó a engrandecer su prestigio, como supuestos herederos de los bolcheviques y de la revolución de Octubre.

El hecho de que el PSUC pasara de ser una pequeña e insignificante organización recién formada, apenas terminados los combates de julio, a convertirse en el gran partido de las clases medias catalanas, desbancando a la tradicional Esquerra Republicana, en tan solo dos meses, fue en gran parte, consecuencia de la moderación de su política y a su concepción sobre la naturaleza de la revolución española.

El día 21 de Julio, se formaba en Catalunya, el PSUC. En su precipitada formación, en su programa elaborado deprisa y corriendo, no encontraremos ni una sola palabra, sobre la revolución que se estaba desarrollando desde hacía escasos días, a una velocidad de vértigo, por toda Catalunya y por todo el territorio republicano. En el número 1 de "Treball", el órgano de prensa del nuevo partido comunista catalán, figuraba la petición de incautación de las fortunas de los que habían colaborado en la sublevación militar, reclamaban la semana de cuarenta horas y la conversión de las milicias populares en una gran fuerza armada popular (cuando, en estos momentos, el PSUC hablaba de milicias, se refería al modelo de "milicias ciudadanas" que había propuesto Companys, y que posteriormente fue rechazado por los poumistas y los anarcosindicalistas al servicio de la República.

La piedra angular sobre la que descansaba el edificio de la política del PSUC era la defensa de la unidad con los "sectores antifascistas de la burguesía". Para el PSUC esta alianza, encarnada en el Bloc Catalá d'Esquerres y también en su programa político (el Frente Popular en Catalunya), era fundamental para conseguir la victoria sobre la reacción en armas. El triunfo en las jornadas de julio, (supuesto presagio del futuro de la contienda), habría sido posible gracias a la "Unidad Antifascista".

"...Comorera era rotundamente contrario a dividir el bloque republicano. Hacer la revolución significaba coherentemente apartar a la pequeña burguesía del gobierno de la Generalitat y situarla en la difícil posición de estar entre la amenaza fascista de la insurrección militar y el poder revolucionario que se constituía en Catalunya. No era el momento de llevar a término la revolución socialista, sino de hacer que la clase obrera se situase al frente de la revolución democrática y de esta forma quedaría en las mejores condiciones posibles para hacer la revolución socialista una vez ganada la guerra" (253).

La tesis que defendía Joan Comorera (y con posterioridad, también por Caminal) estaba afectada, sin embargo, por una grave contradicción. Difícilmente la clase obrera iba a dirigir una revolución "democrática" sin pretender resolver simultáneamente sus propias reivindicaciones pendientes. Era evidente que los trabajadores no se estaban moviendo por esquemas prefabricados en ningún laboratorio político, sino que habían iniciado su propia revolución, alentados por la posibilidad de poder satisfacer, de forma inmediata, sus reivindicaciones históricas.

El gran problema con el que se encontraban, Comorera y el PSUC, era que los obreros y el resto de las clases populares, se mostraban tozudos a la hora de posponer sus aspiraciones tradicionales y continuaban empeñados en ir mucho más allá de los límites defendidos por su partido. Los trabajadores nunca iban a aceptar la renuncia a sus pretensiones, en un momento en el que veían, más próximo que nunca su definitiva solución, a cambio de promesas de alcanzarlas en un futuro indeterminado. Sin embargo la caracterización que hacía el PCE y el PSUC de la revolución española no era, en absoluto, original. Los comunistas oficiales se limitaban a seguir el sendero político que había trazado para ellos la Komintern:

"Después de que Manuilski plantease el habitual dilema sobre el carácter democrático-burgués o proletario de la revolución española, Dimitrov cortó con audacia el nudo gordiano, rechazando los <<viejos canones de la socialdemocracia que existían hace veinte o treinta años>>. El estado por el que estaba luchando el pueblo español no sería una República democrática al viejo estilo, sino <<un estado especial, con auténtica democracia popular>>. No sería <<un estado soviético, sino un estado antifascista, con participación del sector auténticamente izquierdista de la burguesía>>. Resucitando la fórmula de Lenin de 1905, le denominó <<una forma especial de dictadura democrática de la clase obrera y del campesinado>>" (254).

Sin embargo, la definición con la que Dimitrov "cortó el nudo gordiano" dejaba más preguntas que respuestas y difícilmente podía contentar a nadie. La burguesía británica y francesa, con la que los dirigentes del Kremlin pretendían formar una sólida alianza contra Hitler y Musolini, no podía caer en tamaña ingenuidad. Tanto Dimitrov, como Manuilski, o el mismo Stalin, eran perfectamente conscientes de ello. Los nuevos conceptos vertidos, "estado especial", "estado antifascista", sólo venían a adornar y camuflar la verdadera promesa, el verdadero guiño político que ofrecían con su declaración: España no sería "un estado soviético". Ellos iban a poner todos los medios a su alcance para evitar que pudiese triunfar una revolución socialista en cualquier otro país. La dirección de la Komintern sabía que ese era el precio político que debía pagar para evitar la formación de un frente de las potencias del capitalismo democrático con Alemania e Italia, que aislaría todavía más a la URSS. La defensa de la "patria socialista", se convertía en un juego diplomático, en el que no se dudaba en utilizar a las secciones nacionales, los partidos comunistas de cada país, como peones de su juego inconfesable.
La "audaz" definición de Dimitrov olvidaba algo esencial en cualquier caracterización marxista del estado, la naturaleza de éste, la relación entre las diferentes clases sociales que iban a coexistir en el "estado de nuevo tipo". Los términos utilizados por Dimitrov y por los dirigentes de la III Internacional, eran calculadamente ambiguos, pero su indefinición, no iba dirigida a los capitalistas británicos y franceses, a los que se pretendía tranquilizar sobre cuales eran sus verdaderas intenciones, sino a los militantes de los partidos comunistas, y a los trabajadores en general. La ambigüedad pretendía evitar el choque abierto con las reivindicaciones de éstos, que al fin y al cabo, eran las piezas del juego que iban a ser sacrificadas en aras de sus intereses.

"<<La revolución que se está produciendo -repetía Dolores Ibarruri- es una revolución democrático-burguesa>>. Había señales de que este revisionismo radical... no era de fácil aceptación para los jóvenes del partido. Hubo que dorar la píldora: la democracia que los comunistas estaban defendiendo era <<una democracia con un profundo contenido social>>".

"De esta forma los jacobinos acallaron los murmullos de los enragés. Efectivamente, como es el caso de los jacobinos de la revolución francesa, el hecho de que tuvieran impecables credenciales revolucionarias permitió a los comunistas oponerse a la revolución social inmediata y actuar temporalmente como conservadores en el orden social" (255).

El sector "auténticamente izquierdista de la burguesía" no existía, porque las clases propietarias españolas habían apoyado en bloque, al ejército sublevado. Los dirigentes de las organizaciones republicanas, totalmente desmanteladas en los comienzos de la revolución, sólo se representaban a ellos mismos. Los militares sublevados ofrecían la única opción que aseguraba por completo, que la revolución iba a ser exterminada sin contemplaciones. El mito de la "burguesía izquierdista" que utilizaba Dimitrov, sólo servía para justificarse ante las bases comunistas, por la moderación de la política del PCE y del PSUC.

En la concepción política del Partido Comunista, España no estaba todavía madura para realizar la revolución socialista. Primero era necesario que el país atravesase otras etapas de revolución y de desarrollo, antes de llegar a plantearse la opción del socialismo. La Komintern recuperaba la vieja teoría mecanicista de la "revolución por etapas". Los restos del feudalismo que habían sobrevivido durante siglos, gracias a la debilidad y al atraso del capitalismo español, y que se habían integrado perfectamente en éste, serían utilizados por el PCE-PSUC, para justificar la defensa que hacían de la etapa democrático burguesa de la revolución.

Dentro de su armazón ideológico, el PCE-PSUC consideró al reaccionarismo encarnado en la sublevación militar, (expresión de la desesperación de las clases propietarias frente al avance del peligro revolucionario, como había pasado en Alemania e Italia), como la expresión de los últimos coletazos de la vieja y caduca aristocracia feudal (que por otro lado, hacía tiempo que había dejado de existir como tal, y se había integrado al sistema económico capitalista español).

Dentro de la revolución democrático burguesa, era necesario entregarle la dirección política del movimiento revolucionario a la burguesía "democrática y antifascista". Sin embargo, si este mítico sector de las clases dominantes, tenía que dirigir al movimiento popular, era necesario evitar que los "excesos" de los trabajadores pudieran asustarlo. Era necesario sacrificar cualquier conquista revolucionaria que pudiera cuestionar la alianza "antifascista".

La gravedad de las contradicciones de la caracterización democrático-burguesa que el PCE-PSUC hacían de la revolución española, les llevara a enfrentarse con las más elementales reivindicaciones democráticas que debían llevarse a cabo, bajo la dirección política de la burguesía. La expropiación de la tierra y su reparto entre los campesinos sin tierra (la Reforma Agraria que cinco años de República no habían podido llevar a cabo), sin ser una medida socialista, se estrellaba con los intereses que la misma burguesía tenía depositados en las grandes propiedades agrarias.

El PCE-PSUC contraponía a la CNT, al POUM, e incluso a sectores de la Izquierda Socialista, que pretendían ir más lejos, la consigna de República "socialmente avanzada" y "de nuevo tipo". El proyecto comunista defendía el protagonismo político del régimen republicano para llevar a cabo las medidas que debían ir destinadas a cumplir las reivindicaciones históricas de la población trabajadora. La adopción de estas medidas daría solidez y estabilidad social al edificio republicano. Sin embargo, la política que debería adoptar la República, tendría un límite muy claro, no pondría en peligro la propiedad privada, ni cuestionaría los intereses de las clases propietarias. Esa parte debería quedar relegada al momento en el que el PCE considerase que la etapa democrática estaba definitivamente agotada. Mientras tanto, cualquier "exceso", cualquier "radicalismo revolucionario" en el proyecto comunista, era ultraizquierdismo y hacerle el juego a los sublevados.

Los planteamientos políticos del PCE-PSUC desconocían varios hechos sociales y políticos:

1) El feudalismo como sistema social hacía ya un siglo que había dejado de existir como tal. Sus restos sobrevivían al servicio del atrasado capitalismo español.

2) Las clases propietarias estaban completamente interrelacionadas entre si, mediante vínculos de tipo económico, político o familiar. Los terratenientes agrarios, la vieja aristocracia, los industriales catalanes y los financieros vascos..., Las clases dominantes se habían unido en un solo bloque, relegando sus diferencias de intereses, ante el peligro de ser barridas del mapa por la amenaza revolucionaria. Este había sido uno de los factores que habían contribuido decisivamente al fracaso del proyecto republicano. Cualquier reforma contra los restos semifeudales, afectaba inmediatamente a todas las clases propietarias, incluida la burguesía "democrática" que, desde la óptica comunista estaba destinada a dirigir la nueva etapa.

Franz Borkenau ha ironizado la actitud de los militantes comunistas por su empeño en negar, lo que la realidad cotidiana, en toda la geografía republicana, demostraba una y otra vez, que la revolución española era una revolución socialista y no democrático-burguesa, como ellos defendían:

"Realmente, la gente a veces resulta sorprendente, miembros del PSUC (Partido Socialista Unificado de Catalunya, controlado por los comunistas) expresan la opinión de que en España no hay en absoluto una revolución, y esos hombres con quienes sostuve una discusión bastante prolongada no son, cabría suponer, viejos socialistas catalanes, sino comunistas extranjeros. España, dicen, se encuentra frente a una situación única: el gobierno lucha contra su propio ejército. Y eso es todo. Aludí el hecho de que los obreros estaban armados, de que la administración había caído en manos de los comités revolucionarios. Si esto no era una revolución , ¿cómo cabía llamarla? me dijeron que estaba en un error; nada de aquello tenía ninguna significación política, se trataba simplemente de medidas provisionales, sin trascendencia política alguna" (256).

La política del PCE y del PSUC, organizaciones adheridas a una Komintern, completamente dominada por el estalinismo, obedecía a las directrices políticas que habían sido marcadas por éste. Esta observación es sumamente importante para comprender su evolución y desarrollo. El estalinismo, al contrario de lo que han afirmado la mayor parte de los historiadores, no constituía en si, ninguna ideología, y mucho menos estaba emparentada con el viejo bolchevismo revolucionario. Las ideologías políticas representan los intereses de las clases sociales en las que se encarnan, y en el seno de las cuales, se desarrollan. El estalinismo no representaba a ninguna clase social, sino que era tan solo, la total e incondicional sumisión de los partidos comunistas de la III Internacional, a los intereses del grupo dirigente del Kremlin.

El principal pilar teórico del estalinismo, "el socialismo en un solo país", no era más que la expresión política de estos intereses nacionales. El estalinismo sacrificaba a los movimientos obreros de otros países, cuyos intereses pretendían representar las jóvenes secciones comunistas a un solo objetivo, la defensa de la URSS, identificada con la aceptación incondicional y acrítica de sus directrices. Era necesario sacrificarlo todo, incluso hasta convertirse en un freno a la revolución en el propio país, para defender a la "patria de los trabajadores", desde donde llegaría, en un futuro indeterminado, el socialismo y la revolución a todo el mundo. Es bajo esta orientación, como la revolución española apareció como una "revolución inoportuna", tal como lo cita Fernando Claudín (257).

"La acción espontánea de las masas trabajadores, sus atentados contra las propiedades de empresarios y terratenientes, sus intentos de implantar una economía colectivizada,... todo eso eran, desde la óptica del PCE y la IC (únicos depositarios e intérpretes del <<marxismo leninismo>> y de la ciencia de las etapas de las revoluciones), actos irresponsables, deformaciones y entusiasmos que pretendían saltarse las leyes de la historia" (258).

Sólo esta caracterización explica, como el PCE-PSUC pudo seguir existiendo, como partido obrero, sin estallar en mil pedazos, víctima de sus propias contradicciones. En 1931, con la instauración de la República, en un período en el que se encontraban en ascenso las ilusiones democráticas de los trabajadores, el PCE, se había situado en la ultraizquierda del arco político y había proclamado la llegada de la hora de la revolución. Durante este período había llamado a la formación de soviets obreros y campesinos. Las organizaciones tradicionales del movimiento obrero habían sido calificadas como las almas gemelas del fascismo (socialfascismo, anarcofascismo...).

Durante todo este período, el PCE no había pasado de ser un pequeño grupo, que no había jugado ningún papel político importante en la situación política española. En 1934, calificó a las Alianzas Obreras que se estaban desarrollando en diferentes zonas del país, como organismos contrarrevolucionarios, adversarios del auténtico Frente Único, lo que no le impidió adherirse posteriormente a ellas, sin el menor asomo de crítica, en vísperas de la revolución de Octubre. Los traidores "socialfascistas" se convirtieron rápidamente en los "hermanos socialistas", y el máximo dirigente de la Izquierda Socialista fue proclamado el gran "Lenin español". Sus antiguos adversarios, estaban ahora destinados a formar con ellos, el partido dirigente de la futura revolución española. Los soviets de 1931 habían desaparecido y las Alianzas Obreras, a los ojos del PCE, debían convertirse en el motor del Frente Popular, es decir, del organismo que debía reconciliar los intereses, eternamente contrapuestos, de la burguesía española y los de las clases populares.

Este rápido y esquemático balance de la historia del PCE y de sus continuos virajes políticos, tiene su paralelismo y su origen en los cambios que habían establecido en su política de alianzas internacionales, Stalin y la camarilla dirigente de la URSS. La comparación nos llevaría a otra conclusión, a la que han llegado numerosos historiadores, que la dirección comunista española era tan solo una caja de resonancia, una correa de transmisión de los intereses y de la política estaliniana en España.

"Pero los comunistas no eran conservadores. Ni eran tampoco revolucionarios. Eran lo que en aquel momento le convenía a la URSS que fuesen" (259).

El principal objetivo de la burocracia estalinista era la supervivencia de la URSS y el mantenimiento de su dominio sobre ella, frente a las amenazas capitalistas. Era necesario encontrar el punto de equilibrio, aprovechando los antagonismos existentes entre las diferencias potencias, para conseguir el acuerdo y la coexistencia con éstas.

A mediados de 1936, la política del Kremlin se dirigía a conseguir una firme alianza con Gran Bretaña, una vez conseguida con Francia. Stalin pretendía formar una basta alianza con las potencias capitalistas democráticas que pudiera servir de muro de contención a las apetencias expansionistas del eje creado entre la Alemania nazi y la Italia fascista. El Kremlin era consciente de que, cualquier revolución en España o en cualquier otro país, podía dar al traste con sus planes diplomáticos.Fernando Claudín cita el análisis de un historiador soviético Maidanik, que puso en cuestión las tesis oficiales.

"<<Según nuestro punto de vista -escribe en su libro <<El proletariado español en la guerra nacional revolucionaria>>- los acontecimientos del 19 de julio fueron el comienzo de una etapa cualitativamente nueva de la revolución española... Todo esto no encaja en los marcos de una revolución democrático-burguesa>>. Efectivamente, no <<encajaba>>. Pero había que hacerlo <<encajar>> para que la ayuda de la URSS a la república española pudiera <<encajar>> a su vez con la política exterior soviética. Y el sólido equipo de la IC instalado en España para supervisar la acción del PCE, junto con el no menos sólido equipo de consejeros militares y políticos soviéticos, se aplicaron con todo celo a realizar esa dificultosa operación" (260).

Para evitarlo era necesario demostrar a sus futuros aliados, de que su Alianza no solo sería un poderoso obstáculo contra los planes de Hitler, sino que también sería un valioso instrumento para contener el peligro de la revolución social en otros países.

Por otro lado, el estallido de la guerra civil española, además de poner en peligro sus planes políticos, creaba a la diplomacia estalinista una nueva fuente de complicaciones. El prestigio internacional de la URSS, como "la patria del socialismo" obligaba al Kremlin a intervenir en la contienda y en el proceso revolucionario español.

La combinación de los intereses internacionales de la burocracia estalinista de la URSS y sus obligaciones de solidaridad con el movimiento obrero de otros países, sería la matriz ideológica de donde surgiría la caracterización que hicieron el PCE y el PSUC de la revolución española, y por consiguiente, también de su política.

"El interés de la URSS y por lo tanto de los comunistas españoles (aunque solamente sus dirigentes lo comprendían claramente así), podría resumirse en tres consignas:"

a) "Impedir cualquier medida revolucionaria que alarmara a los aliados de la URSS".
b) "Ayudar a la República con armas (pagadas por adelantado y en oro) para seguir luchando, pero no las bastantes para vencer".
c) "Utilizar esta ayuda para dar al PCE el predominio político en la zona republicana, con el fin de que lo empleara en destruir los cambios revolucionarios" (261).

Los dirigentes del Partido Comunista repitieron machaconamente en sus mítines y en la prensa controlada por sus organizaciones, basándose en el atraso histórico del capitalismo español, sobre la inevitabilidad de la etapa democrática burguesa y sobre la inviabilidad de que pudiera llevarse a cabo una revolución socialista.
En el mes de Enero de 1937, Federico Melchor, dirigente de las JSU, realizaba un discurso que recogía perfectamente, la metafísica estaliniana aplicada a la revolución española.

"No estamos haciendo hoy una revolución social, estamos desarrollando una revolución democrática, y en una revolución democrática, la economía, producción... no pueden lanzarse a formas socialistas. Si estamos desarrollando una revolución democrática y decidimos que luchamos por una revolución democrática, ¿cómo en las formas económicas vamos a pretender adoptar soluciones de tipo socialista totalitario? (...) Estas deformaciones, estas corrientes económicas, estos ensayos que en nuestro país se realizan, no se hacen por casualidad; en el fondo hay toda una educación. Se trata de la deformación ideológica de un amplio sector del movimiento obrero, que pretende realizar el desenvolvimiento económico del país sin atemperarse a las etapas que ese desenvolvimiento económico requiere" (262).

Meses más tarde, en mayo, en una situación en la que la contrarrevolución republicana avanzaba con toda claridad, aliada a los comunistas, José Diaz, en una de sus intervenciones ante el Comité Central del PCE, insistía en las tesis oficiales de su partido y era mucho más explícito:

"Luchamos por la república democrática, por una república democrática y parlamentaria de nuevo tipo y de un profundo contenido social. La lucha que se desarrolla en España, no tiene por objetivo el establecimiento de una República democrática como puede serlo la de Francia o la de cualquier otro país capitalista. No, la República democrática por la que luchamos es otra. Nosotros luchamos para destruir las bases materiales sobre las que se asientan la reacción y el fascismo, pues sin la destrucción de estas bases, no puede existir una verdadera democracia política..." (263).

Con esta política de reconstrucción de la vieja República "democrática y parlamentaria", el Partido Comunista se convertiría en el adversario más temible de la revolución de los comités. En la medida en que las Juntas territoriales, que en mayor o menor grado, también representaban a la revolución y disputaban su autoridad al gobierno central, el PCE abogó por la disolución de éstas y por la restauración de las viejas instituciones republicanas que habían existido antes del estallido del conflicto.

El nudo corredizo que la política comunista colocaba a la "revolución inoportuna" no hacía otra cosa que debilitar simultáneamente las defensas de la República frente al ejército rebelde. Los comunistas hablaban del enfrentamiento entre el fascismo y la democracia, pero olvidaban que Hitler y Musolini no representaban al feudalismo alemán o italiano, sino a la descompuesta y atemorizada burguesía de sus propios países. Sin necesidad de establecer una identificación completa entre el movimiento nazi o fascista y el reaccionarismo franquista, el ejército sublevado no hacía otra cosa que defender los intereses de la aterrorizada burguesía, frente al peligro revolucionario.

El capitalismo español, no tenía ningún interés en volver a tentar su suerte con una nueva y débil República, cuyas consecuencias ya conocía de sobras, sino que pretendía terminar, de una vez por todas, con el peligro revolucionario. Al contener a la revolución de los comités, el PCE y el PSUC no debilitaban el peligro feudal-fascista, que solo existía en su imaginación, sino que fortalecía a la reacción burguesa que apoyaba, incondicional y entusiásticamente a Franco. Franz Borkenau, una vez más, nos describe a la perfección, la táctica y los objetivos políticos, del PCE y del PSUC:

"Los comunistas no se opusieron solamente a la marea de las socializaciones, sino que se opusieron a casi toda forma de socialización. No se opusieron solamente a la colectivización de los campitos campesinos, sino que se opusieron con éxito a toda política determinada de distribución de las tierras de los grandes latifundistas... No solamente trataron de organizar una policía activa, sino que mostraron preferencia deliberada por las fuerzas de policía del antiguo régimen hasta tal punto aborrecidas por las masas. No sólo quebrantaron el poder de los comités, sino que manifestaron su hostilidad a toda forma de movimientos de masas, espontáneo, incontrolable. En una palabra, no obraban con el objetivo de transformar el entusiasmo caótico en entusiasmo disciplinado, sino con el fin de sustituir la acción de las masas, por una acción militar y administrativa, disciplinada, para desembarazarse de aquella" (264).

Los dirigentes comunistas ponían gran énfasis en que la clase obrera y el campesinado pobre no debían "excederse" en sus aspiraciones socializantes. Eso impediría la posibilidad de que las potencias democráticas, Francia y Gran Bretaña, acabasen apoyando a la República, frente a la intervención italoalemana, y empujaría a la burguesía democrática española al campo franquista. Sin embargo, tanto las potencias capitalistas democráticas, como las clases propietarias españolas, no parecían sentir ninguna confianza hacia los llamamientos a la moderación que hacían los dirigentes comunistas, convertidos en sus fieles aliados, ni hacia las masas revolucionarias que seguían haciendo oídos sordos a tales invitaciones.

Los trabajadores, ellos sí, habían formado sus propios organismos de poder local, demostrando su desconfianza hacia la revolución democrática, después de seis años de experiencia republicana, en los que no habían conseguido apenas nada.

Los comités revolucionarios, surgidos de esta revolución sin dirigentes, habían jugado un papel fundamental durante los primeros momentos, ante el derrumbe de las instituciones gubernamentales, evitando el triunfo de los sublevados. Sin embargo, los comunistas oficiales comprendieron rápidamente que los comités expresaban un claro desafío contra la autoridad de la República y su proyecto de "revolución democrático-burguesa", y por lo tanto debían desaparecer lo antes posible de la escena política.

Sin embargo, el choque entre el PSUC y los comités no fue inmediato, sino que se hizo de forma paulatina. Las presiones de Comorera sobre Companys, para que después de las jornadas de julio la Generalitat se enfrentara a los anarcosindicalistas, cayó en saco roto. El presidente del gobierno autónomo optaría por una vía más lenta, pero más segura. Lluís Companys era consciente de que no contaba con ningún cuerpo armado seguro, ante la rápida descomposición que experimentaban las fuerzas republicanas que todavía le eran fieles, en contacto con los revolucionarios (265). Durante las primeras semanas, los comunistas del PSUC defendieron la existencia de los comités, aunque subordinados políticamente a la autoridad del gobierno de la Generalitat, lo que era lo mismo que privarles de su contenido revolucionario. Los comités revolucionarios locales, bajo la óptica comunista, debían convertirse en un apéndice gubernamental, a través del cual se reconstruiría su autoridad y se llevaría a cabo una política de contención de la marea revolucionaria. En el proyecto del PSUC, los comités tenían una función contrarrevolucionaria, la de llenar el vacío de poder creado después de las jornadas de julio, hasta la reconstrucción del poder republicano.

"Hace falta, por lo tanto, crear por todas partes, estos comités de Frente Único, ya sea democráticamente elegidos en asambleas de fábrica o locales y de barriada, o creando comités de representación proporcional, con el máximo de sinceridad y apartando de todos nosotros, toda clase de reservas mentales".

"Y el ligamen necesario entre estos comités constituidos en Barcelona en federación, igual que en toda Catalunya, con el gobierno de la Generalitat, llevaría a Catalunya a una etapa del nuevo orden garantizado en la concordia entre las fuerzas verdaderamente populares, haciendo de Catalunya una tierra libre, de convivencia basada en el trabajo" (266).

La posición del PSUC fue evolucionando con el tiempo, hasta adoptar una postura de decidida hostilidad. Los comités, se fueron revelando como organismos completamente opuestos a la moderada política del Frente Popular y del gobierno de la Generalitat. Lejos de someterse a su autoridad, ésta desaparecía ante el poder omnipresente de los comités en las localidades donde éstos habían sido creados. Sin llegar a convertirse en un auténtico Estado obrero, los comités se comportaban en la práctica como tales. A partir de esta experiencia, el PSUC buscó su supresión definitiva.

"El comité ha sido una especie de poder confuso, tenebroso, impalpable, sin funciones determinantes, ni autoridad expresa, pero que ejerce con dictadura implacable, un poder indisputado, como un verdadero gobierno" (267).

En contraste con la UGT estatal, que estaba en manos de los socialistas de izquierda, y que veían con simpatía el movimiento de las colectivizaciones, la central sindical ugetista en Catalunya, controlada por el PSUC, las rechazó de lleno. La UGT catalana propuso, frente a las colectivizaciones y expropiaciones que se estaban llevando a cabo en la industria, en el comercio y en los servicios, la nacionalización de las empresas abandonadas por sus antiguos propietarios, el control obrero sobre la gran industria, y el respeto a las pequeñas y medianas empresas.

El PSUC, como el resto de las organizaciones obreras, también sufrió el efecto de la inadecuación de su programa a las nuevas circunstancias y mantuvo, a menudo, posiciones improvisadas y contradictorias. La organización comunista catalana, al igual que el PCE, no contaba con un programa adecuado para enfrentarse a la nueva situación revolucionaria. Con frecuencia, sus llamamientos a la nacionalización de la gran industria y de las propiedades de los partidarios de la sublevación, no pasaron de ser generalizaciones, que habían sido copiadas de las defendidas por otras organizaciones socialistas y comunistas en otros países (268). Durante las primeras semanas, sus propios militantes, muchos de ellos procedentes del anarcosindicalismo, llevaron a cabo iniciativas que en la práctica nada se diferenciaban de las impulsadas por los libertarios.

El PCE y el PSUC utilizaron en sus campañas, los graves defectos de las colectivizaciones para denigrarlas y desprestigiarlas ante la población, un paso previo y necesario, para exigir posteriormente su nacionalización. El enfrentamiento en los primeros meses era imposible, debido a la gran fuerza desarrollada por el movimiento colectivizador. Era necesario preparar antes, el camino.

"...se dice con ligereza, que estamos colectivizando las industrias, cuando lo que se hace es un cambio de propietarios.
Lo que se hace ahora en las industrias es orientarlas hacia un sistema cooperativo de trabajo, con el agravante de que con el sistema colectivizador, cuando hay beneficios, van a cuenta de los trabajadores propietarios de la empresa únicamente y cuando hay pérdidas corren a la Generalitat para que pague los salarios..." (269).

Los comunistas hacían una crítica correcta de los errores que estaba cometiendo, en muchos centros de trabajo, el movimiento colectivista, fruto de la improvisación y de la falta de un programa económico revolucionario. Sin embargo, la alternativa defendida por el PSUC, no era la superación de estos errores, desde una perspectiva de consolidación de la revolución, sino la supeditación de las colectivizaciones al control del gobierno de la Generalitat. La campaña fue adoptando progresivamente tonos cada vez más virulento. El PSUC aprovechaba la "lentitud" con la que se estaba construía la nueva economía colectivista catalana, consecuencia de los errores de la CNT, de la improvisación y de la falta de criterios claros para reclamar el control de la economía bajo un gobierno fuerte, de la Generalitat.

Los comunistas, por lo tanto, no se oponían a las colectivizaciones, al fin y al cabo habían sido necesarias en los primeros momentos de la guerra. El PSUC y el resto de las organizaciones del Frente Popular no podían oponerse a ellas, por la sencilla razón de que comprendían que era necesario un nuevo instrumento que debía hacer funcionar las empresas y convertirse en el motor de la nueva economía, después de la desbandada de los antiguos propietarios. El problema, por lo tanto, no lo constituían los comités, ni las colectivizaciones, sino la independencia que mantenían estos organismos, con respecto a la autoridad del gobierno y de las organizaciones del Frente Popular que lo apoyaban:

"Este papel de palancas de la economía, en estos momentos difíciles de la guerra, han de ejercerlos los comités de fábrica, creados a base de la UGT y de la CNT, representando la proporcionalidad del número de sus afiliados..." (270).

Los dirigentes del PSUC comprendieron que su oposición y la del Frente Popular, no habría significado, en aquellos momentos, ningún obstáculo real ante el poderoso movimiento revolucionario que se extendía por todas partes. La táctica a seguir tenía que ser paulatina. Primero era necesario aislar a los comités y a las colectivizaciones de su entorno social. Controlarlos, poco a poco, mediante el chantaje económico, convirtiéndolos cada vez más en un apéndice gestor del Estado, hasta que las circunstancias (el final de la guerra, el triunfo de la República...) permitieran devolver las propiedades a sus antiguos dueños, como previo pago a la reconciliación y a la puesta en marcha, de nuevo, del proyecto republicano burgués.

El conflicto principal consistía, por lo tanto, en quién debía controlar a las colectivizaciones: el gobierno republicano del Frente Popular, a quién el PSUC apoyaba decididamente, o los comités y los sectores izquierdistas que pretendían ir mucho más lejos, una vez estuviera aplastada la sublevación militar.

La propuesta era la nacionalización de las colectividades, el control obrero y la dirección del gobierno republicano sobre éstas. El PCE-PSUC pretendían que las expropiaciones estuvieran limitadas a las propiedades de los que habían apoyado la sublevación. Se oponían a que éstas se extendieran al resto, en nombre de los acuerdos del Frente Popular, y que consideraban indispensable para poder alcanzar la victoria sobre los sublevados.

"Hay que vigilar, pero ahora más que nunca, no se puede ser voluble, ni dejarse enternecer por las palabras de los burgueses, tan diferentes de los que pronunciaban anteriormente al histórico día 19, hace falta proceder sin miramientos de ninguna clase, conviene nombrar comisiones de control, no solamente en los talleres y fábricas que tengan más de 50 obreros, como ahora se pretende, y como ya había dispuesto siendo ministro de trabajo, el compañero Largo Caballero, sino también dentro de aquellos en los cuales, por sus características no es posible en estos momentos calcular el número de obreros que tienen para poder formar comisiones de control..." (271).

Los comités de control cumplían, en el proyecto del PSUC, dos funciones. Por un lado se convertían en el mecanismo de seguridad que evitaría la posibilidad de que los patronos pudieran sentirse tentados de sabotear la producción, o que transfirieran sus capitales al extranjero. Por el otro, se pretendía calmar la ola de incautaciones, por medio de una vieja consigna del movimiento, que ya había sido superada por la realidad y por la conciencia de los mismos trabajadores.
En la cuestión agraria, el Partido Comunista apoyó decididamente la nacionalización de las propiedades de los sublevados, su parcelación en pequeñas propiedades individuales y su entrega a los campesinos en forma de usufructo permanente. Desde los inicios de la guerra y frente al fenómeno colectivizador, los comunistas oficiales defendieron la fundación de cooperativas campesinas.

La actitud del PCE fue decididamente anticolectivista, en su política de defensa de las clases medias, frente a las continuadas incautaciones llevadas a cabo por los militantes de la CNT, y en menos medida de la UGT. Esto les permitió implantarse en algunas áreas donde predominaba la pequeña y mediana propiedad. En Levante, el PCE formó la Federación Campesina, que llegaría a agrupar a unos 50.000 afiliados (272) y que fue criticado tanto por la CNT, como por la UGT, por esconder entre sus filas a conocidos elementos derechistas que se habían destacado en el período precedente.

"El Partido Comunista -se quejaba un socialista- se dedica a recoger en los pueblos los peores residuos del antiguo Partido Autonomista, que además de ser reaccionarios eran inmorales, y organiza con ellos una nueva sindical campesina, a base de prometer a los pequeños propietarios la propiedad de sus tierras" (273).

El PSUC y el PCE hicieron una firme defensa de los pequeños y medianos propietarios campesinos. Defendieron la posibilidad de que éstos pudieran comerciar libremente sus excedentes agrícolas, sin las limitaciones impuestas y sin la obligación de entregarlos a los organismos sindicales locales, para su posterior distribución. Se reivindicó también que el campesinado pudiera poseer propiedades mayores que las que pudiera explotar la unidad familiar, o lo que es lo mismo, que pudieran contratar mano de obra asalariada, para trabajar en aquellas tierras que no pudieran hacerlo por si mismos.

El 23 de Enero de 1937, se reunió el congreso de la organización campesina de trabajadores de la tierra, afiliada a la UGT catalana. El acto se realizó bajo el lema "¡Menos experimentos colectivistas y más productos!" (274). El sindicato se opuso decididamente a las colectividades. No por una cuestión de principios, sino de oportunidad. La teoría etapista de la revolución, adoptada por el comunismo estalinista para justificar ideológicamente, su defensa de la República, no permitía experimentos revolucionarios de este tipo.

Los comunistas no dejaron de criticar las colectivizaciones forzosas que protagonizaron algunos sectores anarcosindicalistas. En su política agraria, el PSUC aceptó la existencia de colectividades voluntarias, bajo la forma de cooperativas de producción. Sin embargo, en la práctica el PCE y el PSUC pusieron toda clase de dificultades a la existencias de éstas, promoviendo en contrapartida, la explotación individualizada de la tierra, mucho más acorde, en sus planteamientos, con la etapa democrático-burguesa que atravesaba la revolución española. La actitud militante anticolectivista del PCE provocó la acusación de Horacio Prieto, secretario del Comité Nacional de la CNT de:

"ir a las zonas donde la CNT y la UGT habían establecido granjas colectivas por acuerdo mutuo y de <<atizar la pasión egoísta de cada ser humano, por prometerles ventajas personales a los trabajadores y por excitarles al reparto de una tierra que ya están trabajando en colectividad>>" (275).

Como las colectivizaciones eran un hecho inevitable, debido a la poderosa fuerza del movimiento revolucionario, el PSUC se mostró partidario de incrementar la centralización de éstas y la intervención técnica, pero cuidándose, por lo menos durante los primeros meses, de no exigir la disminución de su autonomía. El PSUC estaba adoptando la táctica de apoderarse progresivamente del poder político, ante la actitud vacilante de ERC frente a los anarcosindicalistas. Los resortes del poder político de la Generalitat serían utilizados eficazmente para presionar a las colectivizaciones, e ir desposeyéndolas paulatinamente de sus características fundamentales de control y gestión obrera.

De la misma forma que el PCE a nivel estatal, el PSUC, aprovechando los errores que había cometido el anarcosindicalismo con respecto a sus relaciones con la pequeña burguesía catalana, se convirtió en el más firme defensor de los intereses de ésta, desplazando a ERC, que había quedado completamente desarticulada después de las jornadas de Julio. Resulta revelador el trasvase de numerosos militantes del partido catalanista hacia el PSUC. La entrada de importantes sectores de las atemorizadas clases medias en la UGT y en el nuevo Partido Comunista catalán se vió acelerada por los decretos, que por iniciativa de la CNT, planteaba la sindicalización obligatoria.

En el mes de Noviembre de 1936, el número de afiliados a la UGT en Catalunya, si creemos en las estadísticas y en las cifras interesadas, entregadas por las organizaciones, eran de unos 350.000 afiliados y superaba levemente a los del sindicato anarcosindicalista. Tan solo cuatro meses antes, en vísperas de la guerra, la afiliación ugetista era de apenas unos 20.000 afiliados y solo representaba una décima parte de los que integraban la CNT. El PSUC, nacido precipitadamente, poco después de las jornadas de julio, con una militancia insignificante, contaba ya, en esos momentos con 50.000 miembros (276).

Franz Borkenau analiza las causas del fortalecimiento comunista y, en consecuencia, del debilitamiento de la CNT, en el seno de la pequeña burguesía urbana y campesina. El equilibrio conseguido después de las jornadas de Julio fue roto por los excesos y el terror indiscriminado con el que algunos sectores anarcosindicalistas, golpearon a las clases medias, durante los primeros meses. El resultado fue la creciente hostilidad de la pequeña burguesía hacia la revolución, factor que sería posteriormente capitalizado por las organizaciones políticas que demostraron ser más eficaces en la defensa de sus intereses. ERC había desaparecido prácticamente de la vida política de muchas poblaciones, y su militancia carecía de la infraestructura y de un proyecto político coherente, con el que enfrentarse a los cenetistas. Elementos que sí tenía el PSUC.

Otro de los factores que cita Franz Borkenau, además del terror, fue la negativa del anarcosindicalismo a darle al campesinado, una legislación que le asegurara el disfrute de la propiedad recién adquirida (277).

Resulta significativa la composición social de aluvión de las clases medias que pedían el ingreso en la UGT y el PSUC. La nueva militancia, muchos de ellos tenderos, comerciantes, oficinistas, empleados o funcionarios, buscaban un carnet que les diera seguridad en el nuevo orden de cosas. La CNT había menospreciado la importancia política de la pequeña burguesía, y los excesos en la represión, cometidos por los sectores más exaltados del movimiento revolucionario, la habían atemorizado. En Catalunya, el PSUC consiguió organizar a cerca de 18.000 comerciantes, artesanos y pequeños industriales en la Federación Catalana de Gremios y Entidades de Pequeños Comerciantes (GEPCI), adherida a la UGT después de los decretos que obligaron a todas las organizaciones a integrarse en uno de los dos grandes sindicatos. En el GEPCI se integrarían también, en busca de protección, pequeños empresarios conocidos por las posiciones antiobreristas que habían defendido, antes de la revolución.

3.11.3 EL ANARCOSINDICALISMO.

Las primeras proclamas de la CNT no se refirieron para nada, a las incautaciones que estaban llevando a cabo los trabajadores. La huelga que había convocado la CNT, pretendía detener la sublevación militar. La movilización no iba dirigida contra las autoridades de la República. Los cuadros dirigentes estaban completamente convencidos de que la hora de la revolución todavía no había llegado y de que, tras las sangrientas jornadas de Julio, tras la derrota del intento de golpe de estado, todo terminaría con la restauración del orden republicano.

La CNT se encontró, pocos días después de la sublevación, con una revolución política y social que se estaba desarrollando vertiginosamente en todo el estado. Una revolución con la que los dirigentes cenetistas no habían contado y que les había sorprendido totalmente, tanto por su espontaneidad, como por el alcance y profundidad de los objetivos alcanzados.

Federica Montseny, la misma que se había opuesto, en nombre de los principios libertarios, a que la CNT tomara el poder en Catalunya, para poder extender la revolución al resto del estado, declaró en un mitin en el Teatro Olimpia, a principios del mes de agosto y ante una multitud de 80.000 personas:

"...Se nos obliga a ir más adelante de lo que nosotros proponíamos, por el abandono de gran número de industrias necesarias para la reconstrucción económica de la revolución" (278).

Era la misma revolución, la que estaban protagonizando las bases de la CNT, la que tiraba por la borda todo el viejo ropaje ideológico libertario. Los dirigentes de la CNT mostraban una imagen patética, en contraste con el bullicio y la energía que demostraban los trabajadores. La revolución "les obligaba" a ir mucho más lejos de donde se "proponían" llegar. Les "obligaba" a abandonar su tradicional oposición al poder establecido, y los colocaba ante el reto de su conquista. El choque entre los dirigentes cenetistas, desconcertados, llamando a la moderación a sus propias bases, que estaban dispuestas a llevar a la revolución, con todas sus consecuencias, hasta el final se iría agrandando cada vez más. El desconcierto de los dirigentes cenetistas fue adivinado por el, en la práctica, derrocado presidente de la Generalitat, Lluís Companys, y con posterioridad, también astutamente utilizado para la recuperación de su poder:

"Mi tarea es la de encauzar estas responsabilidades por el camino justo, y espero que las masas anarquistas no se opondrán al buen sentido de sus jefes" (279).

Los buenos deseos de Companys ocultaban su desesperada necesidad de ganar tiempo, para reagrupar a sus dispersadas fuerzas y al Front d'Esquerres de Catalunya. La negativa de los líderes anarcosindicalistas a tomar el poder en sus manos, era un respiro que Companys y los partidarios del orden republicano, estaban dispuestos a aprovechar.

Los cuadros dirigentes de la CNT, desconcertados por aquella inesperada realidad, al tener el poder al alcance de sus manos, tuvieron que improvisar una decisión política, que ellos presentían, pronto iba a tener importantes repercusiones.

"Ante ella se abrían tres posibilidades como resultado de las jornadas de julio: tratar de realizar las ideas anarquistas sobre la abolición inmediata y definitiva de todo Estado, redondear formalmente la destrucción sufrida de hecho por el Estado capitalista, estructurando los elementos del Estado proletario espontáneamente surgidos, o finalmente impedir los progresos de éste último y revigorizar el Estado capitalista prestándole colaboración. La dirección anarquista emprendió este tercer camino. El primero que era el suyo, mil veces alabado en cantos líricos, y el segundo, el del marxismo revolucionario, ni siquiera los intentó" (280).

La abolición del Estado les parecía a los dirigentes libertarios, en aquellos momentos, ante la amenaza de la sublevación militar, frente al peligro de intervención extranjera y con la oposición de las organizaciones del Frente Popular, completamente utópica. Por otro lado, rechazaban la alternativa de la toma del poder, idea que les repelía porque entraba en conflicto directo con sus viejas tradiciones antiestatalistas y por temor a que el aislamiento nacional e internacional, precipitara la derrota.

La dirección de la CNT, confiada en su fuerza, adoptó finalmente una actitud posibilista, sin reparar en las consecuencias que iba a tener para el movimiento libertario, en el futuro inmediato.

Algunos dirigentes que participaron en la histórica decisión de la CNT, de renunciar al poder que los trabajadores, vencedores de las jornadas de Julio, les entregaban, pretendieron justificarla, derivando la responsabilidad a factores externos:

"El movimiento libertario se decidió por el único camino que la indiferencia, la inhibición del proletariado internacional le deparaba. Su revolución quiere decir adaptación a las propias posibilidades" (281).

En cualquier caso, la argumentación a posteriori, que da Juan García Oliver, pretendiendo acusar a la "indiferencia" internacional, de los errores del anarcosindicalismo español se vuelve en su contra. La renuncia al poder de la CNT, se decidió en los primeros momentos del conflicto, donde de la actitud del "proletariado internacional" poco o nada se podía saber. El mismo García Oliver, autor de estos argumentos, defendió, en aquella situación, la adopción de una actitud completamente contraria a la que tomó el plenario decisorio, y que él ha pretendido justificar.

Mucho más significativa y honesta nos parece en cambio, la confesión de José Peirats, al aceptar que:

"En el caso que nos ocupa, pensamos que hubo demasiada prisa en resolver la cuestión del poder, apuro que impidió ver <<la profundidad de la revolución>>..." (282).

José Peirats no hizo otra cosa que reconocer, que la decisión errónea que había adoptado el anarcosindicalismo español, había sido dictada por la profunda desorientación en la que se encontraban sumidos los cuadros dirigentes y que fueron responsables de la histórica decisión. Los acontecimientos se estaban desarrollando a gran velocidad, desconcertando y superando las expectativas que tenían los organismos decisorios de la CNT. El anarcosindicalismo que siempre había rechazado el poder, se encontraba en aquellos momentos, incapacitado para apoderarse de él. Al fin y cabo, no era suficiente con tomarlo, también era necesario saber qué había que hacer después con él. Federica Montseny, una de los principales protagonistas y defensora de la postura mayoritaria en la asamblea decisoria describió a la perfección el clima de perplejidad y desconcierto que reinaba en aquellos momentos decisivos, en el seno de la CNT y de la FAI:

"...No pasó por la imaginación de nadie, ni aún de García Oliver, el más bolchevique de todos, la idea de la toma del poder revolucionario. Fue después -agrega Federica-, cuando se vio la amplitud del movimiento y de las iniciativas populares cuando empezó a discutirse si se podía o si se debía, o no, ir a por el todo" (283).

La actitud de la CNT frente a la situación de dualidad de poderes fue la de la espera. Esperar a que final victorioso de la guerra, fuera el comienzo de la segunda etapa de su revolución libertaria. Mientras tanto, lo importante era consolidar y organizar las conquistas revolucionarias en los centros de trabajo, en las fábricas y talleres colectivizados, en las comunas agrarias... La idea de los cuadros dirigentes anarcosindicalistas era la de avanzar lo más lejos posible para que, cuando la amenaza de los sublevados se hubiera esfumado, las condiciones revolucionarias fueran completamente irreversibles. Víctima de sus prejuicios antiestatalistas, el anarcosindicalismo se atrincheraba en el terreno económico, despreciando y dejando en manos de sus adversarios, el campo político y gubernamental.

Sin embargo, la renuncia al poder, obligaba a la CNT a coexistir y a aceptar la existencia del maltrecho gobierno de la Generalitat y del gobierno de Madrid. El "ingenuo" argumento de los dirigentes libertarios era utilizar a las autoridades gubernamentales, desprovistas de sus armas, la policía y el ejército, a modo de tapadera legal de la revolución, frente a las potencias europeas.

La justificación de los responsables de esta decisión era tanto más "ingenua", por diferentes motivos. Francia y Gran Bretaña conocían perfectamente la naturaleza de los acontecimientos que se estaban desarrollando en toda la zona republicana y porque con esta argumentación no podían ocultar que su adaptación al poder tambaleante de la República, se debía a otras razones, su temor a apoderarse de un poder, con el que no sabían que hacer.

"Rabassaire cita textualmente lo siguiente: un amigo anarquista que ha leído nuestro manuscrito, ha querido precisar su pensamiento y aquí reproduzco sus palabras: el movimiento revolucionario solo, no es capaz de llevar hacia adelante la guerra. Él se sirve del Estado, que es capaz de llevar adelante la guerra. Él se sirve del Estado, que es un órgano ejecutivo, y a esto lo llamamos fiscalización".

Los comités deciden, el Estado legaliza y ejecuta, en una palabra, es un instrumento técnico. Queremos seguir en la legalidad, y conservar el Estado, sobre todo frente al extranjero y las clases no revolucionarias" (284).

La actitud libertaria reflejaba una ignorancia descomunal del poder y de las dinámicas revolucionarias. Los cuadros cenetistas sobrevaloraban gravemente su fuerza, convencidos de que su influencia, acentuada después de las jornadas de julio, les permitiría congelar la revolución en las mejores condiciones posibles, hasta después de la guerra. Los dirigentes libertarios no quisieron tener en cuenta las conclusiones, recogidas por Marx, sobre la experiencia de la Comuna de París, sobre la trampa mortal que había significado para el proletariado revolucionario parisino, creer que la revolución podía limitarse a sustituir a los dirigentes del antiguo régimen. La revolución, solo podía triunfar, destruyendo totalmente el viejo aparato de Estado y sustituyéndolo por sus propios organismos de poder, que ella había creado.

"La Comuna ha demostrado, sobre todo, que la <<la clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus propios fines>>..." (285).

La incapacidad del anarcosindicalismo para desarrollar su propio proyecto de revolución libertaria, como su renuncia a construir un pseudoestado que encarnara el poder revolucionario de los dispersos comités, les llevó, meses después, a adaptarse al viejo aparato estatal republicano. La ingenuidad de los libertarios al creer que ellos, apoyándose en el movimiento revolucionario, podrían utilizar al estado, en beneficio de la revolución iban a tener consecuencias trágicas. En la actitud de "colaboración democrática" que había adoptado la CNT en aquellos momentos decisivos, se encerraba la perspectiva posterior que desarrollaría el anarcosindicalismo, y que lo llevaría a su integración en el mismo aparato de estado, que en aquellos momentos se negaba a destruir.

"En esta entrevista histórica fueron establecidas las bases de la colaboración democrática. Pero la CNT no podía aceptar todavía su incorporación pura y simple al gobierno autónomo. Pesaban aún sobre ella las tradiciones antiestatales y además se sentía fuerte para imponer una fórmula intermedia a sus colaboradores" (286).

Ignacio Iglesias, dirigente del POUM asturiano, definió perfectamente la actitud de la CNT catalana como "complejo de superioridad":

"Habiendo demostrado su fuerza en las calles, creía que podía hacer lo que le diera la gana, incluyendo seguirles la corriente a sus oponentes políticos. No se daba cuenta de que los papeles estaban trastrocados: en última instancia, sin poder político no gozaría de poder ni en las fábricas, ni en las calles" (287).

Los adversarios de la CNT y de los comités no perdieron el tiempo. Aprovecharon los errores y las concesiones que los anarcosindicalistas se veían obligados a hacer para mantener la "unidad antifascista" y la coexistencia con el aparato de estado republicano, para ir recuperando terreno paulatinamente, a medida que éstos, presos de su compromisos, retrocedían desconcertados. Cuando los dirigentes de la CNT se dieron cuenta de que la situación evolucionaba en contra de sus previsiones y de sus planes, advirtieron, amenazaron, se retiraron de los gobiernos en los que estaban participando, pero serían incapaces de reconducir una situación revolucionaria que decaía y se les escapaba de las manos.

"Debido a nuestra concepción originaria. Desde el momento en que Companys ofreció el poder a la CNT y ésta lo rechazó, la posición de la CNT se hizo trágica. Companys era un político más listo que cualquiera de nosotros. A sabiendas de que no podíamos hacer nuestra revolución total, aceptamos un compromiso y a partir de entonces, cada uno de los partidos políticos se sintió capaz de maniobrar y conspirar contra nosotros". (288).

La impotencia de la CNT, después de su renuncia a apoderarse del poder, implicaba también la imposibilidad de seguir desarrollando la revolución. La decadencia de ésta, pocos meses después, provocaría la aparición, en el seno de la central anarcosindicalista, de una profunda crisis que se manifestaría en la creciente separación entre los sectores colaboracionistas y los que se oponían a cualquier pacto que sacrificase las conquistas sociales conseguidas con la revolución.

Existieron importantes sectores que iniciaron la revisión de sus concepciones tradicionales sobre el poder, la política y el Estado. Existía la conciencia, en muchos militantes libertarios, de que la revolución se les estaba escapando de las manos en favor de los comunistas oficiales y de las organizaciones más derechistas del Frente Popular. Esta revisión de los principios libertarios adoptó diversas formas. Mientras uno tendían hacia la idea de que era necesario tomar el poder y recuperar la iniciativa perdida, otros consideraron que el único camino que podía seguir la CNT en aquellos momentos, era la resistencia y la colaboración con las instituciones republicanas, mientras persistiera la amenaza del ejército franquista.

Sin embargo, la oposición en el seno del anarcosindicalismo no sería homogénea. Un sector se orientó hacia el retorno a los principios tradicionales que su organización había defendido antes de la guerra, acusando al colaboracionismo de la dirección, de ser la fuente de todos los males que amenazaban a la revolución de Julio. Otro sector reflejó la influencia de algunos sectores marxistas, partidarios de la revolución, y que habían mantenido posiciones políticas mucho más definidas que su organización. "Los amigos de Durruti" fueron acusados por la dirección cenetista de estar infiltrados por el POUM y por los trotskistas.

La Federación libertaria del Baix Llobregat, exigió el final del colaboracionismo y que la dirección de la CNT se reorientara con respecto a la toma del poder, con la creación de un organismo revolucionario, no gubernamental, que se apoyara en los comités locales que existían por doquier. También se mostraron partidarios de aumentar la disciplina y la organización militar de las milicias revolucionarias, pero manteniendo siempre sus características revolucionarias, frente a las voces, cada vez más frecuentes, que exigían la reconstrucción del viejo ejército, bajo el nombre eufemístico de "Ejército Popular".

Las acusaciones que en ocasiones recibió la oposición izquierdista del anarcosindicalismo de infiltración marxista, es a todas luces injusta e injustificada. Sin embargo reflejaba el creciente descontento de importantes sectores de la militancia, que empezaba a cuestionarse el rumbo que había adoptado la dirección. Muchas de las viejas tradiciones libertarias habían quedado completamente quebradas, bajo el impacto de los acontecimientos revolucionarios y de la guerra. La práctica estaba demostrando a muchos militantes cenetistas que algunas de sus viejas concepciones ya no servían para nada. Que las milicias necesitaban una mayor organización y disciplina, si querían vencer a los facciosos. Que era necesario socializar, centralizar y planificar la actividad económica de las colectivizaciones sino querían que éstas acabasen hundiéndose, presas de sus particularismos y contradicciones, regenerando al viejo sistema capitalista. Y lo que era más importante, que sus adversarios en el bando republicano, estaban aprovechando los resortes del poder, que ellos habían despreciado, para consolidarse y hacer retroceder a la revolución.

La crítica fue, frecuentemente, canalizada a través de la prensa menor del sindicato y por la aparición de nuevos grupos de afinidad, como "Los amigos de Durruti" y su periódico "El amigo del Pueblo", "Ideas", el órgano de prensa de la federación del Baix Llobregat, o "Acracia", perteneciente a la CNT de Lérida.

Sin embargo, no es posible hablar de verdaderas corrientes organizadas en seno de la CNT, como era el caso de las fracciones en las que se encontraba escindido el Partido Socialista.

Para comprender el creciente divorcio entre los cuadros dirigentes de la CNT, partidarios de la "unidad antifascista" con el gobierno y el Frente Popular, y los sectores críticos, mucho más radicalizados e intransigentes, hay que tener en cuenta las dificultades que implicaba, la guerra civil, en el funcionamiento sindical. Las decisiones "políticas" que adoptó la CNT fueron tomadas, no por las bases, mediante asambleas decisorias, sino por los organismos dirigentes del sindicato, por sus comités nacionales y regionales. El progresivo retroceso al que se vieron empujados por sus adversarios, en plena situación de dualidad de poderes, originó entre los sectores críticos un creciente malestar por el curso que iban tomando los acontecimientos, bendecido por la política colaboracionista que seguían manteniendo los órganos dirigentes.

El desconcierto de la CNT frente al giro revolucionario que había tomado la respuesta a la sublevación militar, estuvo acompañado de una profunda incomprensión hacia los organismos populares que habían surgido de él. Los organismos surgidos al calor de la revolución de Julio, no formaban parte del esquema libertario que había sido debatido en el Congreso de Zaragoza. Walther Bernecker los considera como una manifestación de tipo consejista, surgida del espontaneísmo y del caos existente durante los primeros días de la revolución (289). Otros historiadores, como Pierre Broué y Émile Temine, los han catalogado como formas presoviéticas, o soviéticas, que reflejaban la profunda desconfianza hacia las viejas formas del poder republicano burgués y los deseos de liberación de los trabajadores (290). Podríamos encontrar numerosas definiciones, más o menos parecidas, sobre la naturaleza revolucionaria de estos organismos.

Los dirigentes de la CNT, aferrados a sus viejas ideas antiestatalistas, desarmados ideológicamente para comprender la complejidad de la revolución, atados de pies y manos por sus compromisos con sus circunstanciales aliados, fueron incapaces de comprender el significado de estos organismos, auténticos embriones de un nuevo estado obrero, que había surgido al margen de la voluntad de los partidos y sindicatos. Los cuadros libertarios aceptaron la importancia que habían tenido estos organismos en los primeros momentos, enfrentándose y deteniendo la sublevación. Los comités-gobierno locales, fueron considerados como organismos "provisionales", que tenían que dejar paso a los verdaderos "órganos que han partido del pueblo", los sindicatos.

El anarcosindicalismo defendió la existencia de los comités frente a los que clamaban por su rápida disolución. Los dirigentes cenetistas comprendían que su existencia y desarrollo estaban inexorablemente ligados a la misma revolución. Sin embargo, el rechazo de su esencia más revolucionaria: el embrión del nuevo estado obrero, que debía consolidarse a través de la liquidación de los restos del poder republicano, permitiría que, meses después, en pleno proceso de integración de la CNT en el aparato de estado republicano, aceptaran su disolución y sustitución por los nuevos ayuntamientos. Si se les negaba el carácter de cauce natural de expresión de la voluntad revolucionaria de la población trabajadora, porque esta función correspondía a los sindicatos, su liquidación y sustitución, mientras los libertarios siguieran siendo mayoritarios (en Catalunya, Aragón y en parte de Levante), era poco más que un simple cambio de nombre.

"Los comités... -declaraba CNT, el principal periódico libertario de Madrid- son órganos creados por el pueblo, para oponerse a la insurrección fascista... Sin estos comités, que reemplazaron a las administraciones municipales y provinciales, así como a otros muchos órganos de la democracia burguesa, hubiera sido imposible resistir al fascismo. Son comités revolucionarios creados por el pueblo para hacer la revolución... Con esto no queremos significar que España ha de dividirse en cientos de comités desparramados. Deseamos que la reconstrucción de la sociedad española... se base en los órganos que han partido del pueblo, y nos gustaría que trabajaran de acuerdo unos con otros. Nuestra primera intención al defenderlos es impedir el resurgimiento de esos órganos y normas burgueses que naufragaron tan lastimosamente el 19 de julio" (291).

Si los comités revolucionarios eran meros organismos provisionales que tenían que desaparecer, tarde o temprano, era innecesario democratizarlos, convertirlos en la verdadera expresión de los trabajadores, mediante la elección democrática de sus miembros. Tampoco era necesario agruparlos y organizarlos, creando estructuras piramidales de poder, de abajo a arriba. Dicho de otro modo, el anarcosindicalismo, al negar la necesidad de organizaciones de tipo soviético en la revolución española, aunque acabaran defendiendo a los comités de sus adversarios más impacientes, los condenaba al no desarrollo, y por lo tanto a su decadencia y extinción. La defensa de los comités-gobierno, negando simultáneamente, los aspectos más revolucionarios de éstos, tal como hacía la CNT, era un posición política que, con sus matices, fue compartida por los sectores más radicales de la Izquierda Socialista y también por el POUM.

"De una Revolución que, a diferencia de la rusa, no tuvo necesidad de crear enteramente sus órganos de poder: la elección de soviets resultaba superflua, debido a la omnipresencia de la organización anarcosindicalista, de la cual surgían los diversos comités de base. En Catalunya, la CNT y su minoría consciente, la FAI, eran más poderosas que las autoridades, transformadas en simples espectros" (292).

Los dirigentes anarcosindicalistas olvidaban que los sindicatos, en el mejor de los casos, solo agrupaban a la parte más combativa y avanzada del movimiento obrero y del campesinado sin tierra. Los sindicatos anarcosindicalistas y socialistas, no constituían el cauce de expresión política de un vasto sector de los trabajadores que, con la revolución de julio, acababan de iniciar su entrada en la arena política. La negativa a desarrollar y democratizar los comités, dejaba a un importante sector de la población, sin canales para poder expresar sus intereses.

El funcionamiento de la democracia directa, en el seno de las estructuras sindicales, dejaban mucho que desear. La burocratización de unos organismos, hechos para los tiempos de paz, impedía que los comités dirigentes representaran en cada momento, el estado de ánimo de la población trabajadora y sus continuos cambios de conciencia. Las directrices de las direcciones, frecuentemente chocaron con la oposición y el descontento de las bases, reticentes a la política de compromisos, que ellos veían que iba en detrimento de las conquistas que habían conseguido. Este enfrentamiento larvado entre la dirección y las bases se expresaría, en numerosas ocasiones, en la negativa de los comités de empresa a subordinarse a los órganos superiores de los sindicatos, o a la política marcada por las Juntas territoriales, como fue el caso del Comité Central de Milicias en Catalunya.

"La sustitución del estado, por un sistema de comités surgidos unos de otros y vinculados federalmente era, desde luego, consecuente con la concepción post-revolucionaria propia de la CNT y de la FAI. Sin embargo, la relativa autonomización de los comités y su resistencia a dejarse influir directamente por los órganos superiores de los sindicatos reafirmó a los organismos anarquistas y anarcosindicalistas en su rechazo de la aplicación de los principios organizativos de la democracia directa a todos los órganos de poder surgidos de la revolución. El hecho de que no se llegase en España tampoco para un breve plazo al desarrollo de un sistema de consejos más allá de los intentos de organización en los niveles inferiores de la fábrica y de la localidad (a lo sumo de la comarca), ha de atribuirse a la existencia y a la fuerte influencia de poderosas organizaciones obreras que se resistieron a un debilitamiento de su influencia y que procedieron a ocupar en los niveles superiores, violando los principios organizativos de la democracia directa y renunciando a la legitimación por los electores de base, las posiciones en los nuevos órganos de poder por delegación y no por elección" (293).

La CNT rechazaba la idea de convertir a los comités locales en auténticos soviets, argumentando que este tipo de organismos eran completamente extraños a la idiosincrasia de la revolución española. El anarcosindicalismo, junto a otras corrientes de la izquierda pretendía que el papel cumplido por los soviets en las revoluciones rusas de 1905 y de 1917, y los rätes alemanes en 1919, lo cumplían los sindicatos, en España. Los cuadros dirigentes cenetistas eran conscientes de que la revolución sólo podría triunfar con la unidad de la clase obrera y del campesinado pobre, en todo el estado, y que ésto solo era posible contando con la colaboración de la UGT. El eje de la política cenetista, durante toda la guerra, estuvo centrado en la búsqueda de la unidad entra las dos centrales sindicales. La Alianza entre ambas debería formar un Consejo (o gobierno) que aseguraría y defendería las conquistas sociales conseguidas y que debía preparar el terreno para la segunda fase revolucionaria, que se iniciaría después de la guerra. Sin embargo, la unidad sindical CNT-UGT nunca pasó del plano teórico y de acuerdos que no fueron llevados a la práctica. La causa eran las fuertes discrepancias que existían entre los proyectos políticos que alentaban las direcciones, de cada una de las centrales sindicales.

Las jornadas de Julio, la sublevación del ejército y el derrumbe de las instituciones republicanas significaron el inicio de una larga y sangrienta guerra civil. Después de los primeros momentos y una vez aplastados los insurrectos en la mayor parte de la península, era necesario extender el movimiento revolucionario hacia los reductos donde los sublevados habían triunfado. La indiscutible victoria revolucionaria y la práctica desaparición de todos los cuerpos armados leales a la República, llevaron a la necesidad de improvisar, urgentemente, una fuerza armada revolucionaria que asegurase la victoria que acababan de conseguir.

Un nuevo ejército de voluntarios, mal organizados y peor armados, se improvisó en pocos días. La experiencia militar de los militantes anarcosindicalistas y del resto de organizaciones obreras era prácticamente nula. Los libertarios, organizados en comités de defensa de barriada, que había estructurado la CNT y la FAI, durante los años anteriores, se habían limitado a los combates callejeros con la policía y con los pistoleros de la patronal. Durante las jornadas de julio, el valor y el entusiasmo revolucionario de los militantes suplió con creces sus deficiencias de armamento y organización, frente a los sublevados. Pero ahora no se trataba de enfrentarse a los facciosos en las calles de Madrid o de Barcelona, sino de protagonizar una verdadera guerra civil, que los más optimistas preveían rápida, pero que se adivinaba sangrienta.

Las milicias anarcosindicalistas arrastraron tras de si, sus viejos prejuicios antiautoritarios y espontaneístas. La disciplina y la organización militar fueron consideradas como instrumentos del Estado y de los partidos, para poder perpetuar la opresión. Sin embargo, los primeros choques armados y sus sangrientos resultados, llevaron a muchos de sus militantes, a revistar sus tradicionales ideales libertarios. La disciplina y la organización militar eran necesarias para evitar el innecesario derramamiento de sangre de los milicianos. Eran necesarias para aumentar la eficacia de las columnas armadas, frente a un adversario, que estaba mucho mejor armado y organizado.

Buenaventura Durruti, reorganizó a sus milicias e implantó una fuerte disciplina militar, manteniendo simultáneamente la democracia interna y sus características revolucionarias (asambleas de milicianos, elección de los mandos por la base, inexistencia de privilegios y de distinciones entre los mandos y la tropa...). Otro dirigente, Cipriano Mera, que se había burlado en el Congreso de Zaragoza, de las propuestas de García Oliver, Montserrat y de Francisco Ascaso para formar milicias confederales que pudieran enfrentarse con éxito, a la conspiración militar, preguntándoles de que color preferían el fajín de general, acabó siendo uno de los más firmes partidarios de la disciplina, en el seno de las milicias (posteriormente sería nombrado comandante del IV Cuerpo de ejército del "Ejército Popular") (294).

El anarcosindicalismo que había renunciado al poder y a la instauración del comunismo libertario, después de las jornadas de julio, víctima de sus propias contradicciones ideológicas, apoyó al movimiento colectivizador, en la creencia de que atrincherándose en la revolución económica, se imposibilitaría la vuelta atrás.

Las colectivizaciones, tal como habían surgido durante las primeras semanas de la revolución, no formaban parte del arsenal ideológico libertario, que reclamaba la socialización y el control sindical de la economía. La revolución protagonizada durante las primeras semanas por las bases sindicales, al margen de sus desorientados dirigentes, se desarrollaba por unos cauces que nadie había previsto. Los trabajadores se habían apoderado de las fábricas, sin consultarlo con nadie, siguiendo su propio instinto revolucionario. Las características contradictorias del colectivismo fueron consecuencia de la desorganización y del espontaneismo en el que se desarrollaba la revolución española. A pesar de la acción espontánea de los trabajadores, éstos siguieron considerando a la CNT como su organización. La que les conduciría, mediante la acción revolucionaria al comunismo libertario. Las colectivizaciones acabarían siendo asimiladas como una correa de transmisión de los sindicatos en la economía revolucionaria.

"La colectivización era el intento de crear una federación de municipios libres y de colectividades obreras, cuya organización central debía limitarse a coordinar la producción organizada por los sindicatos" (295).

El anarcosindicalismo tenía que enfrentarse al desbarajuste económico, sin un programa político y económico adecuado para la nueva situación. Las conclusiones del Congreso de Zaragoza se mostraban ahora completamente utópicas e ineficaces. Los cuadros dirigentes de la CNT, obligados por las circunstancias, tuvieron que improvisar una serie de medidas para poder organizar la nueva economía. Esta debilidad teórica de la CNT sería aprovechada por los otros grupos, el PSUC y el POUM, que aunque minoritarios, mantenían posiciones mucho más sólidas.

El hundimiento de los viejos esquemas económicos que había mantenido tradicionalmente la CNT, fue la causa de la ausencia de un programa unificado. Mientras en Madrid o en Asturias, los anarcosindicalistas defendían la postura tradicional sobre la "socialización" de la economía bajo la dirección y coordinación de los sindicatos, y el control obrero de las empresas que no hubieran podido expropiarse. En Catalunya la CNT se mostraba partidaria de la colectivización total de la economía y de la entrega de los beneficios obtenidos por las empresas, a un fondo común que debía ser dirigido por el Consejo de Economía.

El anarcosindicalismo madrileño, minoritario, podía permitirse seguir defendiendo la línea tradicional, pero en Catalunya la CNT mostraba una patente falta de firmeza frente a la presión y la complejidad de los problemas que planteaba la nueva situación.

La CNT tuvo que enfrentarse a serios obstáculos en sus pretensiones de racionalizar el caos en el que se encontraban las colectivizaciones. Sus planes chocaron con frecuencia, con la resistencia de los comités que no estaban dispuestos a sacrificar sus privilegios, ni a compartir los beneficios de sus empresas colectivizadas, con las menos rentables. También encontró una fuerte oposición por parte de la UGT y del PSUC, partidarios de que la industria expropiada fuera nacionalizada y colocada bajo control de un gobierno hostil a cualquier medida que pudiera atentar contra la propiedad privada, que no fuera la de los sublevados.

En el mes de Septiembre de 1936, un plenario regional de la CNT debatió el futuro de la economía revolucionaria. En el debate se enfrentaron los partidarios de la socialización y los la cooperativización de las empresas. El compromiso final entre ambas corrientes forjó el nuevo concepto de "colectivización".

"Lo que significaba el nuevo sistema era que cada una de las empresas colectivizadas conservaría su carácter individual, pero con el objetivo último de federar a todas las empresas dentro de la misma industria..." (296).

También en la cuestión campesina, la CNT tuvo que corregir sus planteamientos tradicionales, especialmente en lo que se refiere a las relaciones con los pequeños propietarios.

"La política agraria de la CNT consistía en colectivizar tanto las fincas expropiadas a los grandes terratenientes como las tierras de los pequeños propietarios" (297).

Tradicionalmente la CNT había minusvalorado el problema. Al fin y al cabo, el comunismo libertario tenía que ser la consecuencia de la abolición del Estado y de la unión libre de todos los productores. La realidad se manifestaba ahora de una forma muy distinta. La mayoría de los pequeños y medianos propietarios del campo se resistían a entregar sus propiedades a la colectivización. Si la realidad no se amoldaba a las ideas, fue la CNT la que tuvo que amoldarse a la realidad.

"No se preocupe la pequeña burguesía. Acérquese al proletariado, pueden estar convencidos y percatados que cuando se llegue a abolir la propiedad privada y la facultad de comercio, se implantarán nuevas formas, que de ninguna forma serán lesivas para los ciudadanos que se sientan afectados por las medidas sociales" (298).

Sin embargo los anarcosindicalistas habían perdido un tiempo precioso durante el primer mes de la guerra y de la revolución. La falta de una línea política, madurada con antelación, sobre cuales tenían que ser las relaciones con la pequeña burguesía habían sido la causa de numerosos errores y excesos. Las clases medias habían visto con simpatía la derrota de la sublevación y habían esperado que la revolución los liberase del dominio asfixiante del gran capital, pero no aceptaban la expropiación forzosa de sus propiedades. La pequeña burguesía se había ido deslizando silenciosamente hacia las organizaciones más moderadas del Frente Popular.

En el Congreso regional de campesinos colectivistas, celebrado en Barcelona, el mes de septiembre de 1936, se acordó respetar a los agricultores individualistas y buscar su integración mediante la demostración de las ventajas que tenía la explotación colectiva de la tierra sobre la individual. La resolución adoptada no evitaría sin embargo, que algunos sectores siguieran llevando a cabo la expropiación forzosa de las pequeñas propiedades, provocando su hostilidad contra la CNT y el movimiento de las colectivizaciones (La Fatarella, Enero de 1937, ver apéndice).

Pese a la actitud de moderación que había adoptado la mayor parte de la CNT en sus relaciones con la pequeña burguesía, las posiciones no siempre fueron claras. Las declaraciones de algunos dirigentes no ayudaban precisamente a tranquilizar a los pequeños propietarios, sobre el futuro que les aguardaba si la revolución triunfaba. En la clausura del Congreso realizado en Valencia, en el mes de noviembre, Tomás Cano Ruiz declaró:

"Desaparecida la actual guerra y ganada la batalla al fascismo... suprimiremos la pequeña propiedad, sea cual fuera y como fuera, e intensificaremos y totalizaremos la socialización y la colectivización" (299).

Una CNT completamente desorientada, tuvo que amoldarse empíricamente a la nueva realidad existente e improvisar a partir de ella. La socialización de la economía y el control sindical de ésta, sólo era posible con la toma del poder, y con sus resortes al servicio de la revolución. El anarcosindicalismo español, en nombre de sus principios antiestatalistas, no estaba dispuesto a llevarla cabo. La socialización de la economía quedó en proyecto, pospuesta a un futuro indeterminado, una vez finalizada victoriosamente la guerra civil. El anarcosindicalismo se había encerrado en una trampa, de la que era incapaz de escapar. La debilidad del proyecto cenetista, manifestada por su gran ductibilidad, fue patente a lo largo del desarrollo revolucionario. Poco o nada tienen que ver, los planteamientos defendidos durante los primeros meses del conflicto y los que acabó asumiendo al final, cuando se encontraba ya, políticamente quebrada. El mismo Horacio Prieto, acabó justificando la evolución que había sufrido la CNT, en el Comité Nacional, realizado en Barcelona, el 6 de Enero de 1938:

"Nosotros que ya estamos metidos en el engranaje de la economía política de Catalunya, no podemos negarnos el día de mañana a intervenir también de esa forma dentro del Estado, porque hay relaciones de tipo económico en el Estado que difícilmente los sindicatos podrían llevarlas a cabo directamente... Pero este Estado al que nosotros combatimos antes por ser un Estado del capitalismo, hoy no es el Estado del capitalismo; hoy es el Estado que representa a los trabajadores en mayoría muy considerable sobre la pequeña y media burguesía; y siempre en este Estado y por las formas democráticas de constitución que se le den, tendrá siempre la hegemonía el proletariado..." (300).

Las declaraciones de Horacio Prieto, en un momento en el que el movimiento revolucionario estaba en pleno proceso de liquidación resultaban patéticas. "El Estado que representa a los trabajadores", al que se refería, era el gobierno de Negrín, el mismo que había marginado a la CNT del gobierno, que había disuelto por la fuerza de las armas el Consejo de Aragón, el mismo que había disuelto los comités locales y sometido a las colectividades, el mismo que mantenía a una buena cantidad de militantes libertarios en las cárceles... Las declaraciones del dirigente cenetista no hacían otra cosa que justificar la progresiva adaptación en la que se encontraban sumidos los cuadros dirigentes del sindicato.

Pocos días después, el 15 del mismo mes, la CNT realizaba un Pleno económico en Valencia en el que hacía una revisión espectacular de su programa: formación un cuerpo de inspectores con capacidad de sancionar a los obreros y a los comités de empresa, aceptaba la desigualdad salarial, la creación de un Banco Sindical Ibérico y de una agencia de sindical de seguros, el desarrollo de cooperativas de consumidores, la centralización administrativa y la planificación de las colectivizaciones industriales y agrarias, controladas por la CNT por un Consejo Económico Confederal (en ausencia de un órgano similar, de base estatal y sindical).

El contenido de estos puntos programáticos, ponía al descubierto la profunda revisión del programa tradicional, apolítico y antiestatalista que había defendido el movimiento libertario. Lejos quedaban sus propuestas de centralización sindical de la producción, opuesta a las nacionalizaciones. La CNT, obligada por las circunstancias de la guerra, sin un claro criterio con el que enfrentarse a los retos que traía consigo la revolución y sus conquistas (necesidad de una centralización económica y política, basada en el poder de los comités y de las colectivizaciones, liquidación de los restos del viejo estado...) acabó por abandonar su viejo programa para abrazar muchos de los puntos que habían defendido sus adversarios, los comunistas.

Incapaces de diferenciar las diferentes naturalezas de un estado burgués, de otro proletario, ellos, que siempre habían colocado un signo igual entre ambos, ahora se convertían sin quererlo, en la quinta rueda del carro de la contrarrevolución republicana.

3.11.4 EL POUMISMO

El Partido Obrero de Unificación Marxista, como el resto de las organizaciones obreras había quedado completamente desbancado por la rapidez y profundidad con las que se había desarrollado la revolución de julio, en toda la geografía republicana.

La inminente sublevación militar había sido denunciada por la mayor parte de las organizaciones de izquierda. De hecho, las maniobras de la conspiración habían sido un secreto a voces. Sólo las autoridades republicanas se habían negado a escuchar, más temerosas del movimiento revolucionario, que de cualquier golpe de estado que pudiera planear el ejército. Sin embargo, hay una sorprendente falta de visión sobre el grado de madurez al que había llegado la situación. Ningún partido ni sindicato fue capaz de valorarla en su justa medida, y por consiguiente, nadie fue capaz de intuir las profundas consecuencias que iba a desencadenar, la respuesta al intento de golpe de estado.

El partido de Nin y de Maurín todavía defendía, en vísperas de la sublevación, la formación de un gobierno de Frente Popular en el que deberían integrarse el PSOE y el PCE. Este gobierno, serviría, para liquidar definitivamente los restos de las ilusiones democráticas que todavía paralizaban las iniciativas de los trabajadores (301).

Con las jornadas de Julio, el poumismo descubrió, desconcertado, que la República y el Frente Popular se habían convertido, en pocas horas, en una sombra de lo que habían sido poco antes, superados por la iniciativa de los revolucionarios. El POUM había subestimado la madurez de la conciencia de las clases trabajadoras, frente al espejismo del apoyo que éstas habían prestado al Frente Popular. Por consiguiente el poumismo había sido incapaz de prever la precariedad del orden republicano en unos momentos en los que el choque entre las clases propietarias y explotadas, ya era inevitable.

Si las ilusiones democráticas habían existido, se habían disipado en el corto período, comprendido entre los meses de febrero y julio. La conciencia de los trabajadores estaba muy por delante, no solo del programa liberal y moderado del Frente Popular, sino también del defendido por el mismo POUM.

El partido reconoció a posteriori, que la situación revolucionaria ya había madurado en Julio. Durante los meses comprendidos entre las elecciones de febrero y el inicio de la guerra, la situación había evolucionado vertiginosamente. Las masas revolucionarias que habían prestado su apoyo al Frente Popular, orientadas por sus organizaciones tradicionales, comprendieron rápidamente, que el nuevo gobierno republicano de izquierdas, no estaba dispuesto a ser más audaz, ni a ir más allá de lo que había ido la coalición republicano socialista de los años 1931-1933. Durante este período de tiempo, las escasas ilusiones democráticas que mantenía el movimiento revolucionario, se agotaron por completo. Parafraseando a Lenin, podríamos decir que, "los de abajo" no estaban dispuestos a continuar por más tiempo, viviendo de promesas y de debates parlamentarios estériles, y "los de arriba" no podían seguir viviendo y gobernando, como lo habían hecho hasta entonces. (302).

"Los acontecimientos del 19 de julio pillaron al POUM desprevenido. Durante la etapa anterior a las elecciones del Frente Popular se había hecho mucha propaganda, pero no se había planteado seriamente el problema de la apropiación de fábricas y talleres por parte de los obreros... ¿imprevisión?, ¿incapacidad? en cualquier caso, falta de organismos dirigentes políticos y sindicales con clara visión del momento y con fórmulas preparadas para irlas desenvolviendo según las necesidades de cada momento".

"Ha faltado agilidad revolucionaria que se ha traducido en la presencia continua de imponderables de toda clase, que han privado de una solución rápida y justa a los problemas. Uno de estos imponderables ha sido la dualidad de poderes entre el gobierno de Catalunya y el gobierno de Valencia" (303).

El folleto mencionado, continúa con la enunciación de otros "imponderables". Sin embargo no menciona el factor más importante. La "falta de agilidad revolucionaria" estuvo causada por la falta de comprensión del momento y del carácter de la revolución española. La declaración política olvidaba, tras los "imponderables" causados por las tensiones entre el gobierno autónomo de Catalunya y el de Valencia, la existencia de otra dualidad de poderes mucho más importante. La que se planteaba entre las autoridades republicanas y la multitud de comités revolucionarios locales. El olvido no era casual. En los momentos en los que se redactaba el folleto, el POUM ya había firmado el decreto de disolución de los comités, y había entrado a formar parte del nuevo gobierno de la Generalitat. El 20 de Julio, cuando todavía no habían terminado los combates, el diario del partido en Barcelona "Avant", hacía público su programa, que debía realizarse aprovechando el empuje dado por los trabajadores, con la derrota de los sublevados. La casi totalidad de las consignas defendidas por el POUM estaban siendo superadas por la realidad. Entre las propuestas políticas, no se hacía ninguna mención de las numerosas incautaciones que se estaban llevando a cabo, ni de los comités que se estaban formando en la mayoría de pueblos, y en las barriadas de las grandes ciudades. Ni siquiera había una frase sobre la necesidad de la instauración de un estado obrero que superara el orden republicano que acababa de derrumbarse y que había sido incapaz de frenar a la conspiración. La publicación del programa reflejaba la desorientación de la dirección del POUM, que como el resto de las organizaciones obreras, había previsto, la amenaza de la sublevación, pero había errado el momento en que ésta iba a producirse y había sido incapaz de intuir la dinámica revolucionaria que ésta iba a provocar.

Con la aparición de los comités, que se organizaron por sus propios medios y al margen de las viejas autoridades, nacía un nuevo orden económico y social. El POUM comprendió con rapidez el alcance de la nueva situación y el carácter potencial de los nuevos organismos.

"Durante un cierto período, los órganos del poder burgués no son más que una sombra. El poder real lo ejercen los comités revolucionarios, que forman una tupida red en todas las regiones no ocupadas por los facciosos" (304).

El 6 de Septiembre de 1936, el POUM celebró un mitin en el Gran Price de Barcelona. En el acto intervinieron Julián Gorkin, del Comité Ejecutivo y Andreu Nin, secretario político del partido:

"La clase trabajadora de Catalunya y la clase trabajadora de España, no lucha por la República democrática. La revolución democrática en España hasta ahora no se había hecho. Cinco años de República y ninguno de los problemas fundamentales de la revolución española se habían resuelto. No se había resuelto el problema de la Iglesia, no se había resuelto el problema de la tierra, no se había resuelto el problema del ejército, ni el problema de la depuración de la magistraturas, ni el problema de Catalunya. Y bien, compañeros, todos estos objetivos concretos de la revolución democrática han sido realizados, no por la burguesía liberal, que no lo había podido realizar en cinco años, sino por la clase trabajadora, que los ha resuelto en pocos días con las armas en la mano...".

"...La clase trabajadora ha resuelto todos los problemas fundamentales de la revolución democrática. Hoy la consigna <<defensa de la revolución democrática>> no le dice ni le puede decir nada. El 19 de julio, camaradas, se hundieron el feudalismo, el clericalismo y el militarismo español, pero no solamente se hundieron el feudalismo, el clericalismo y el militarismo, sino que se hundió para siempre la economía capitalista" (305).

Andreu Nin defendía lo que era un hecho palpable, que las clases trabajadoras habían tomado en sus manos, las riendas de sus propios destinos, satisfaciendo con sus propios métodos, sus reivindicaciones históricas. La etapa de la revolución democrática, que defendían las organizaciones del Frente Popular, se había agotado en el margen de unos pocos días. Ante la negativa de los anarcosindicalistas a tomar el poder, el POUM defendió desde el primer momento al Comité Central de Milicias Antifascistas, que se convertía, a sus ojos, en el sucesor de la vieja Alianza Obrera catalana de 1934, y que contaba con la valiosa excepción, de que en este caso, los anarcosindicalistas no solo no eran contrarios, sino que eran sus principales impulsores. Y era en el seno de este organismo, donde debía resolverse la cuestión del doble poder.

Si en Catalunya, el Comité Central de Milicias tenía que ser la cúspide del nuevo poder revolucionario, a nivel estatal, el POUM propuso la creación de un organismo similar, que encarnaría la alianza de las diferentes organizaciones obreras y que debería sustituir definitivamente al viejo estado republicano. Siguiendo la tradición juntista de la revolución española, el Comité Central estatal se convertiría en la cúspide del nuevo Estado Obrero. Si la voluntad de la población trabajadora se expresaba a través de sus organizaciones tradicionales, los sindicatos, las Juntas cumplirían el doble papel de organismos de Frente Único y de gobiernos revolucionarios territoriales. Las estructuras soviéticas no tenía razón de ser en la revolución española.

En esta concepción, heredada del viejo maurinismo bloquista, estaban todos los virajes políticos que iba a realizar el POUM hasta el momento de su ilegalización: la aceptación de la disolución del Comité Central de Milicias, su integración en un gobierno de concentración de la Generalitat, la firma del decreto que declaraba disueltos los comités revolucionarios locales, para sustituirlos por nuevos Ayuntamientos. Si la naturaleza revolucionaria del Comité Central de Milicias había estado asegurado por el bloque CNT-FAI-POUM, entonces no existía ninguna razón para no integrarse en el nuevo gobierno, cuando los anarcosindicalistas ya habían dado su conformidad.

La dualidad de poderes que se desarrollaría en el período posterior a las jornadas de julio fue la consecuencia de la negativa de la CNT y de la Izquierda Socialista a tomar el poder. El POUM, imbuído por su fatalismo histórico, que lo condenaba a jugar un papel de segundo orden en la revolución española, frente a cenetistas y caballeristas, se encontró incapacitado para convertirse en alternativa a las corrientes obreras tradicionales.

Según el testimonio de Juan Andrade, miembro destacado del Comité Ejecutivo del POUM, a su llegada a Barcelona, proveniente de Madrid, se encontró con que ni la CNT ni su propio partido, planteaban la cuestión del poder. Cuando Andrade redactó uno de los editoriales de "La Batalla" pidiendo la convocatoria de una Asamblea Constituyente de obreros, campesinos, guardias y milicianos, se encontró con una fuerte oposición entre los dirigentes de su propio partido. El POUM, completamente desorientado, defendía en aquellos momentos un programa puramente reivindicativo, que poco o nada tenía que ver con el fenómeno revolucionario que se estaba desarrollando (306).

La crítica es especialmente significativa, porque procede de uno de los dirigentes más destacados de este partido. El manifiesto redactado por Juan Andrade, finalmente fue aprobado y publicado, pero no hubo, por parte del POUM, ningún esfuerzo encaminado a hacerlo realidad. El poumismo, se mostraba incapaz de llevar sus propias iniciativas hacia adelante, si éstas no eran asumidas antes, por la CNT.

El POUM era tan solo, un pequeño partido, con escasa implantación en todo el Estado, salvo en Catalunya, donde su presencia, aunque significativa, quedaba oscurecida por la aplastante superioridad de la CNT. Las estimaciones de algunos historiadores sitúan sus efectivos militantes en unos pocos miles de militantes (El número de sus efectivos solo se conoce de forma aproximada y en ocasiones la cantidad es abultada por los historiadores más próximos a su línea política. Broué y Temine dan la cifra de 3.000 miembros. Félix Morrow considera que la afiliación real era de unos 8.000. Mientras que Victor Alba, antiguo militante del POUM, menciona 10.000 en junio-julio, 35.000 en diciembre y 70.000 en el mes de marzo de 1937. En cualquier caso, la disparidad de cifras sirven para comprender que el POUM, en vísperas de la guerra, era tan solo una organización minoritaria) (307). Con el estallido de la situación revolucionaria, la militancia se multiplicó. En el campo de batalla consiguió organizar a cerca de 10.000 combatientes en Aragón y en la zona centro. La FOUS, central sindical minoritaria que estaba dirigida por el sindicalismo poumista, parece que agrupó a unos 60.000 de afiliados, poco antes de fusionarse con la UGT catalana (308). Pese a que las cifras no eran nada despreciables, la importancia numérica de sus efectivos era reducida frente a la de las corrientes tradicionales del movimiento obrero español. Esta desproporción creó en la conciencia de la militancia del POUM, una especie de complejo de inferioridad política.

El anarcosindicalismo era la organización obrera, hegemónica por excelencia en Catalunya, como lo eran también los socialistas de izquierda en las zonas del estado donde eran mayoritarios. Eran estas organizaciones las que debían dirigir el movimiento revolucionario hacia la victoria. El POUM, víctima de su complejo de inferioridad, se encerraba en un callejón sin salida del que no sabría como salir. El futuro de la revolución, terminaba por depender, exclusivamente, de los dirigentes de las organizaciones obreras mayoritarias, quedando para ellos, el papel de consejeros.

El POUM se había considerado, desde sus inicios, como una pequeña fracción del futuro partido revolucionario, que estaría conformado por los sectores más radicalizados y sanos del socialismo, junto a los comunistas oficiales y los sectores menos sectarios del anarcosindicalismo. La evolución de las diferentes corrientes había destruido por completo, la idea inicial. Sin embargo el POUM seguiría manteniendo que el papel dirigente de la revolución española correspondía a las grandes organizaciones. La política del POUM solo era posible, si los dirigentes de la CNT-FAI y de la Izquierda Socialista se avenían a hacerla suya.

La política del POUM durante toda su existencia, expresaría un temor manifiesto al aislamiento y a la marginalidad, si se alejaba de la periferia de las grandes organizaciones . El eje de toda su trayectoria se centró en la pretensión de convencer a los dirigentes anarcosindicalistas para que dirigieran la revolución hasta sus últimas consecuencias, y también de las nefastas repercusiones que iba a tener el colaboracionismo político con los partidarios de la restauración republicana.

"...Sin embargo, ¿se hizo lo suficiente para criticar abiertamente estas posturas revolucionarias superficiales ante los militantes de la CNT?".
"<<Creo que a veces así era, porque teníamos miedo de romper con la CNT -explicaba Solano-. Deberíamos haber seguiido una política más dura...>>" (309).

El POUM estaba convencido que el movimiento revolucionario debía tomar el poder. Las conquistas sociales conseguidas sólo podían consolidarse a través de la instauración de un estado obrero que superara a la caduca república. La dinámica de las revoluciones y en particular la de Octubre de 1917, no le era desconocida a Nin, que había permanecido durante largo tiempo en la Rusia revolucionaria de Lenin y Trotsky. El POUM no creía que la situación revolucionaria pudiera prolongarse por un largo período, hasta el final de la guerra. El período de la dualidad de poderes, que se había abierto con el inicio de la guerra era inestable y pronto se decantaría hacia uno de los dos extremos de la balanza, hacia la revolución, o hacia la contrarrevolución republicana.

El eje de la problemática con la que se enfrentaba el POUM, era el hecho de que adjudicara al anarcosindicalismo y al caballerismo, el papel de timoneles de la revolución española. De esta manera, todo se convertía en una carrera contrarreloj para arrastrar y convencer a los dirigentes cenetistas de que debían tomar el poder político en sus manos para salvar la revolución. En multitud de proclamas, folletos y periódicos del partido, se publicaron llamamientos a favor de la formación de un "gobierno obrero y campesino" y de una "Asamblea Constituyente de delegados obreros, campesinos y milicianos". Sin embargo, la fórmula política utilizada solo podía ser propagandística. Si los dirigentes de la CNT mantenían su línea colaboracionista y se negaban a hacer el giro necesario, el camino del POUM quedaba fatídicamente encerrado en un callejón sin salida.

"No creo que la historia del POUM, a partir de ese momento hubiese sido distinta de lo que fue (se refiere a la posibilidad de que Maurín hubiese podido dirigir el partido, en lugar de Nin), porque estuvo determinada, no por sus posiciones, sino por el hecho mismo de su existencia".

"De una cosa se dan cuenta el ejecutivo y los militantes: que si la CNT no toma el poder, no habrá verdadera revolución. Pero la CNT no quiere el poder. Creen que con el poder económico bastará y presenta su renuncia como un gesto de generosidad, cuando en realidad, es sometimiento a prejuicios ideológicos" (310).

El viejo complejo de inferioridad de la Izquierda Comunista y del Bloque Obrero y Campesino, se mantenía en el nuevo partido. Las mismas posiciones políticas que el POUM había adoptado en el período anterior a la guerra, volvían de nuevo a surgir, esta vez con más fuerza, debido a que también las contradicciones de la situación se volvían más explosivas. Esta es la confesión que Ignacio Iglesias le hizo a Victor Alba y esto es lo que reconoce él mismo, cuando habla de que el Comité Ejecutivo del POUM adoptó la actitud de frenar a los sectores más izquierdistas del partido, especialmente a los comités locales de Barcelona, de Lérida y de las Juventudes Comunistas Ibéricas. La dirección del POUM temía alejarse demasiado de la sombra protectora de la CNT (311).

Manuel Cruells expresa admirablemente la actitud "seguidista" que mantuvo el POUM en el curso de la revolución española:

"La actitud de Nin era, dado que su partido no contaba con fuerzas suficientes para tomar el poder por su cuenta, sólo podía entrar en el carruaje triunfante de la revolución, convirtiéndose en aliado de los anarquistas o manteniéndose en el tambaleante Frente de Izquierdas... si se colocaba al lado de la revolución, convirtiéndose en aliado de los anarquistas podría empujar e influenciar en aquella situación revolucionaria, en la cual, al menos, su partido minoritario podría llevar a cabo un papel importante" (312).

El POUM intentó, a lo largo del proceso revolucionario, sin conseguirlo, atraer a la dirección cenetista hacia sus posiciones. Sin embargo, su papel dependiente acabó por convertirse en una encerrona mortal. El retroceso al que se vió obligada a realizar, la dirección anarcosindicalista, acabó arrastrando al mismo POUM, incapaz de distanciarse políticamente de ésta. Cuando la CNT, presionada por sus adversarios del Frente Popular, retrocedió todavía más y acabó integrándose la Generalitat de Catalunya, y también en el gobierno central, el POUM acabó entrando a regañadientes, detrás de ella, dispuesto a pagar el altísimo precio de apoyar la disolución de los comités y la completa subordinación del movimiento revolucionario al nuevo gobierno catalán de coalición. Todo con tal de no verse aislado.

El viejo proyecto de las Alianzas Obreras había sido defendido en repetidas veces por el POUM, en el período prerrevolucionario. Pero su revitalización había fracasado por el rechazo del resto de las organizaciones obreras. Sin embargo, las Alianzas Obreras no eran, en modo alguno, una idea artificial, sino que respondían perfectamente, como ya lo habían hecho en 1934, a las necesidades de la nueva situación. Con el estallido de la guerra y la revolución, surgieron los comités con una fuerza espectacular, que prueba como estos organismos de frente único, que eran también la encarnación del poder revolucionario, respondían perfectamente a las aspiraciones de los militantes de los partidos y sindicatos obreros. Alianzas Obreras y comités-gobierno, tenían numerosos rasgos comunes. Sin embargo, los comités expresaban un grado en la conciencia de los trabajadores, mucho más avanzado que la de los períodos precedentes.

De la misma manera que en 1934 con las Alianzas Obreras, los comités revolucionarios locales intentaron salvaguardar su carácter clasista. Frecuentemente los elementos pequeño burgueses de la Esquerra o de Estat Catalá fueron excluidos de los comités, o en cualquier caso, jugaron un papel marginal. El POUM defendió esta concepción de la "democracia obrera", en aquellos comités donde su presencia era importante. Sin embargo, para el POUM, los comités, como las antiguas Alianzas Obreras, no necesitaban ser democratizados, ni estructurados, para conformar una alternativa revolucionaria al poder del gobierno de la Generalitat. Los trabajadores expresaban su voluntad por medio de sus sindicatos y de sus organizaciones tradicionales. No existía ninguna necesidad de convertir a los comités revolucionarios locales en verdaderos soviets, al estilo ruso. El mismo Nin, conocedor de la experiencia de la revolución de Octubre, atribuiría la existencia de soviets en este país, a la falta de tradición democrática en la Rusia prerrevolucionaria. En una conferencia en el Principal Palace de Barcelona, celebrada el 25 de Abril de 1937 afirmaba:

"En Rusia no había tradición democrática, ni tradición de organización y de lucha en el proletariado. Nosotros contamos con ella. Tenemos sindicatos, partidos, publicaciones, un sistema de democracia obrera. Se comprende la importancia que tuvieron los soviets. El proletariado no tenía sus organismos propios. Los soviets fueron una creación espontánea que, en 1905 y en 1917, adquirieron un carácter completamente político. Nuestro proletariado tenía ya sus sindicatos, sus partidos, sus organizaciones propias. Por eso los soviets no han surgido entre nosotros" (313).

La afirmación de Andreu Nin contiene algunos errores sorprendentes. Tanto los comités revolucionarios españoles, como los soviets rusos habían surgido de forma espontánea, a través de las luchas del movimiento obrero y de la crisis del poder burgués, en países capitalistas atrasados. Tanto la revolución rusa (1905, 1917), como la española (1936), y lo mismo podríamos decir de la alemana (1918-1919) crearon sus respectivos organismos de poder (soviets, comités-gobierno, Räte). Sin embargo, la principal diferencia entre éstos, residía en las fuerzas políticas que los impulsaban, o que por el contrario, se oponían a ellos y les cortaban el paso. Los soviets rusos de 1905, sólo pudieron estructurarse y convertirse en auténticos embriones del poder revolucionario, en el momento en el que los mencheviques y los socialistas revolucionarios primero, y los bolcheviques posteriormente, se propusieron impulsarlos. En la revolución alemana, las diferentes fracciones en las que se encontraba escindida la socialdemocracia, habían participado en los Räte. En la revolución española ocurría justamente todo lo contrario:

"Ningún partido ni sindicato se convirtió en el campeón del poder de los comités-gobierno, ni de su transformación en soviets" (314).

Es erróneo, por lo tanto, considerar que las estructuras soviéticas eran ajenas a la revolución española, por el simple hecho de que los comités no acabaran por transformarse, por generación espontánea, en auténticos soviets. El hecho de que los comités-gobierno se hubieran convertido en la indiscutible e indiscutida autoridad en las localidades donde habían sido creados prueba la naturaleza presoviética de éstos. También es un error, considerar que una de las causas de la falta de estructuras soviéticas en la revolución española se debió a la tradición democrática del movimiento y a que éste contara desde hacía varias décadas con poderosas organizaciones y medios de comunicación. La tradición democrática del movimiento obrero alemán era una de la más vastas de toda Europa. Sin embargo los rätes o consejos, adquirieron características soviéticas mucho más desarrolladas que los comités españoles (estructura piramidal de abajo a arriba, elección democrática de delegados por la población...).

Esta concepción de los comités revolucionarios explica el hecho de que, unos meses más tarde, el POUM aceptara sin grandes reticencias, su disolución y sustitución por los nuevos Ayuntamientos, con una composición más o menos similar. Desde su óptica política, el paso de los comités locales a los gobiernos municipales, se limitaba casi exclusivamente a un simple cambio de nombre, y por lo tanto no parecía ser un precio excesivo por su entrada en el nuevo gobierno de la Generalitat.

Cualquier intento de transformar a los comités en auténticos organismos de poder, sólo hubiera podido hacerse a través del enfrentamiento político con el resto de organizaciones obreras, incluidos los dirigentes de la CNT. Algo que no entraba dentro de su proyecto.

El POUM criticó algunos aspectos de la experiencia colectivizadora, que consideró negativos para la supervivencia de la obra revolucionaria. La falta de planificación y coordinación de la nueva economía había provocado el surgimiento de lo que Andrade vino a denominar, como "capitalismo sindical" (315). Muchas de las empresas que habían sido expropiadas fueron consideradas como mera propiedad privada de los trabajadores de éstas, y no como propiedad social. La existencia de estas desviaciones, sino eran corregidas a tiempo, ponían los cimientos para la restauración del viejo sistema capitalista que habían intentado abolir.

Las colectivizaciones tenían además, otros dos grandes talones de Aquiles: El poder revolucionario se había extendido en el campo económico, pero había evitado el político. La limitación reflejaba la actitud que mantenían las organizaciones obreras mayoritarias frente a la cuestión del poder. La CNT lo hacía en nombre de sus tradicionales principios antiestatales y las organizaciones que formaban parte del Frente Popular, en el de la "unidad antifascista" que estaba encarnada en el gobierno. La otra gran limitación de la nueva economía colectivista que percibía y criticaba el POUM era el tradicional desprecio que el anarcosindicalismo sentía hacia el dinero y la Banca. Esta infravaloración permitiría a las semiderruídas autoridades gubernamentales, hacerse con el control de los mecanismos financieros, sin encontrar ninguna resistencia.

El POUM reclamó la socialización de la economía colectivizada. La alternativa del "control obrero de los medios de producción", (exigida con posterioridad por el PSUC, como instrumento político contra el movimiento colectivista), pretendía evitar la expropiación de las empresas que no eran propiedad de los sublevados) había sido ampliamente superada por los trabajadores, al apoderarse de las fábricas y de los centros de trabajo, para formar las colectivizaciones. Sin embargo, la misma situación exigía que éstas fuesen superadas por un nuevo sistema económico socializado, más sólido y coherente.

En el campo, el programa agrario del POUM mantenía una postura intermedia entre la de la CNT (colectivización y control sindical) y la del PCE (nacionalización y reparto de las tierras entre los campesinos, libre comercio de sus excedentes). El poumismo se manifestó partidario de la socialización del campo y del respeto a los pequeños propietarios. La propiedad de la tierra quedaría en manos de la sociedad, que estaría representada por el nuevo Estado socialista y por los organismos económicos que surgirían de él, mientras que a los campesinos se les entregaría la tierra, en calidad de usufructo, sin posibilidades para poder venderla o traspasarla a otros. De esta forma se evitaría que pudiera iniciarse de nuevo el ciclo de la acumulación de propiedades. Los campesinos elegirían libremente la forma de explotación de la tierra, que más les convendría, con la única limitación de que en el caso de que su elección fuera la individual, solo podrían acceder a la tierra que pudiesen trabajar con sus propias manos, o en unidades familiares.

"Socializar la tierra significa ceder a cada campesino la cantidad de tierra que familiarmente pueda cultivar y darle la garantía de que mientras la cultive, los frutos que obtenga le pertenecerán. Lo que no podrá hacer el campesino es vender o arrendar su parcela, porque volveríamos a caer en el mismo defecto de antes: la acumulación de la propiedad" (316).

El POUM se opuso a que la creación de las colectividades pudiera hacerse forzando a los pequeños propietarios a integrarse en ellas, de forma forzada, por presión o coacción de las milicias o de los militantes revolucionarios. Esta postura ha sido juzgada incorrectamente y de forma un tanto simplista por algunos historiadores libertarios, que han considerado que el POUM y sus milicias se oponían a las colectivizaciones, o de que no hicieron nada por extenderlas.

"... Pero Durruti era consciente de que si esa fuerza no tomaba en ella la misma coherencia, sería vulnerable a los ataques de las unidades milicianas de tipo marxista, ya que incluso las del POUM se mostraban enemigas de las colectividades" (317).

La prueba está en que militancia poumista también participó en numerosas colectivizaciones, especialmente en Lérida, donde estaba ampliamente implantada (Raimat, Riudoms...).

La relación con las clases medias, fue contemplada con preocupación, por las consecuencias negativas que podía tener para la revolución, el hecho de que el anarcosindicalismo mantuviera una actitud confusa y a veces contradictoria. La revolución tenía que privar a la pequeña burguesía del poder político, pero en aras al mantenimiento de su alianza con los trabajadores, sus propiedades tenían que ser respetadas. La expropiación indiscriminada de las clases medias, las precipitaría en manos de los adversarios de la revolución y no haría otra cosa que ponerla en peligro.

El POUM criticó a las organizaciones obreras tradicionales y en particular a la CNT por haber menospreciado el peso y la importancia de la pequeña burguesía urbana y agraria. Sin duda alguna, fue esta actitud de temor y menosprecio hacia las clases medias, la causa de los excesos colectivizadores que fueron llevados a cabo, durante el período revolucionario.

"Por desgracia en nuestro país, este problema que nos ocupa -la conquista de las clases medias- no ha sido planteado ni puesto a la orden del día por las organizaciones obreras. Precisamente por una concepción falsa respecto a la importancia de esta clase. Puede decirse que una política respecto a la pequeña burguesía, orientada hasta ella, no ha sido realizada -todo lo más- apuntada débilmente, y más que como táctica, para atraerla en tanto que clase, que es lo que interesa, para conquistar individualmente a algunos elementos pequeño burgueses... No ha habido una política estudiada y justamente orientada hacia las clases medias. No la ha habido porque se ha quitado importancia a este problema..." (318).

La postura del POUM pretendía huir de las posiciones extremas. La del anarcosindicalismo que rechazaba a la pequeña burguesía en nombre de una intransigencia supuestamente revolucionaria, y que tendía a identificar a los pequeños propietarios con los verdaderos adversarios del movimiento revolucionario, los grandes capitalistas y los propietarios latifundistas del campo. Y la postura sustentada por los partidos socialista y comunista, que entregaba la dirección política de la revolución a las organizaciones republicanas de la pequeña burguesía, y por medio de ellas, a los intereses de los grandes capitalistas.

El poumismo defendió una política de respeto de las clases medias. La supervivencia de la revolución dependía en gran parte de demostrar que los intereses de la pequeña burguesía no se encontraban en peligro por el avance de la revolución obrera, sino todo lo contrario, que solo ésta, podía preservarla de la ruina a la que la condenaba de forma creciente, el capitalismo.

"Hacer comprender a la pequeña burguesía que la solución a sus problemas y la satisfacción a sus necesidades, el orden y la <<paz social>> a lo cual aspira, solo puede lograrse mediante un cambio de la actual estructura económica... que la clase obrera no aspira a emanciparse a su costa, sino emanciparla a ella misma, librarla del sometimiento en que actualmente se encuentra respecto al gran capital" (319).

Era fundamental atraerse a la pequeña burguesía hacia el movimiento revolucionario, si éste pretendía triunfar. La aplicación de esta línea política privaría a sus adversarios de las bases sociales en las que pretendían apoyarse, transformado la revolución en una situación irreversible.

Los excesos colectivizadores contra los pequeños propietarios eran comprensibles en los primeros momentos de la revolución. Pero no era posible convertir esta práctica en parte del plan general, sin correr el peligro de socavar la misma revolución.

"...El paso al socialismo no puede hacerse de esa manera súbita y brusca, anulando las etapas intermedias que es preciso atravesar y realizar. Por eso la clase obrera en el Poder no puede precipitarse a una socialización total y absoluta, sino por el contrario, socializar las ramas más fundamentales y que resulten socializables desde un primer momento" (320).

Sin ninguna duda, la actitud del POUM hacia las clases medias fue mucho más inteligente que la de la CNT. Por este motivo, y durante los primeros meses de la revolución, algunos sectores de la pequeña burguesía iniciaron su aproximación hacia el poumismo, esperando que éste los defendiera de los excesos de los sectores más exaltados del anarcosindicliasmo. Sin embargo, su actitud seguidista frente a la CNT, en contraste con la intransigencia del PSUC, partidario de una política moderada, permitió que fuera este último el que acabara capitalizando el descrédito de ERC.

El POUM se manifestó partidario de una mayor centralización y disciplina de las milicias. Era necesario convertirlas en un verdadero Ejército Rojo, que mejorase la eficacia militar de los combatientes frente al enemigo, con el menor coste de hombres y de tiempo posible.

Tanto el POUM como el PCE se declararon partidarios de la construcción de un Ejército Rojo, al estilo de los bolcheviques. La diferencia entre ambas organizaciones residía en la clase de ejército que consideraban adecuado a la naturaleza de la revolución que se estaba desarrollando. El PCE y el PSUC, fieles a la caracterización democrático-burguesa de la revolución española, adoptaron la estructura del mítico Ejército Rojo, pero adaptándola a un ejército clásico, de naturaleza similar al que acababa de sublevarse (apoliticismo, desaparición de los comités de milicianos, prohibición del derecho de expresión y de organización en sus filas, mandos claramente diferenciados de la tropa, recuperación del viejo Código de Justicia Militar...). El poumismo, al definir la revolución como "democrático-socialista" se mostraba partidario de convertir a las milicias en un verdadero ejército regular, pero sin que éste perdiera las características revolucionarias y clasistas (democracia interna, igualitarismo entre los mandos y la tropa ...). El POUM llamó a la formación de comités de guardias y de milicianos, que deberían encargarse de velar por el mantenimiento del orden revolucionario en el seno del nuevo ejército.

3.12 CONCLUSIONES SOBRE LAS DIFERENTES ACTITUDES POLÍTICAS EN LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA.

La naturaleza socialista de la revolución española quedó ampliamente demostrada por el carácter espontáneo del movimiento que la protagonizó y por el alcance y sentido de las conquistas sociales que llevaron a cabo los trabajadores en el campo y en la ciudad.

"El dilema real que ésta implicaba no era el de instauración de una dictadura contrarrvolucionaria o consolidación de la república parlamentaria democrático-burguesa, sino dictadura contrarrevolucionaria o revolución proletaria , aunque sólo fuera por la simple razón de que la única fuerza capaz de impedir la dictadura contrarrevolucionaria no tenía la más mínima intención de sostener después la república parlamentaria democrático-burguesa" (321).

A estas alturas del debate histórico, la tesis de que la revolución española fue tan solo una "revolución democrático burguesa" queda, no solo en entredicho, sino que no resiste un análisis serio. Si la revolución que estaba en marcha se hubiera limitado a ser "democrática" y "burguesa", la República no se habría hundido, con más pena que gloria; ni su caída habría dado lugar a la multitud de organismos revolucionarios locales que se desarrollaron por todo el territorio donde los sublevados habían sido derrotados y que se constituyeron en el único poder en las localidades donde aparecieron, sin que mediara en ello, partido o sindicato alguno.

"La democracia burguesa se descompone... el simple hecho de que pueda darse una insurrección fascista contra la democracia burguesa, es un síntoma de que sus días están contados" (322).

La facilidad con la que el poder republicano desapareció del mapa político; el hecho de que los escasos cuerpos militares y policiales que fueron fieles a la República, se hubieran descompuesto al entrar en contacto con las masas revolucionarias, con la facilidad con la que lo hicieron; la actitud de los trabajadores al ignorar a las desprestigiadas autoridades gubernamentales y al cumplir con sus propios métodos extraparlamentarios, sus reivindicaciones históricas... Podríamos encontrar muchísimos más ejemplos que nos demostrarían el agotamiento histórico de las instituciones republicanas, que apenas cinco años antes, habían sido recibidas con gran entusiasmo por la mayor parte de las clases sociales españolas.

Algunos historiadores, cercanos a las posiciones que adoptaron los partidarios del Frente Popular y de la "democracia contra el fascismo" han llegado a insinuar tímidamente la caducidad de la República, y por consiguiente, también lo han hecho sobre la verdadera naturaleza de la revolución española.

"...El aplastamiento del golpe militar y la defensa democrática habían de comportar, en principio, el fortalecimiento de las instituciones republicanas y la legitimidad del gobierno de la Generalitat, PERO, CONTRARIAMENTE, COMO SI FUESE UNA LEGITIMIDAD FICTICIA, la Esquerra y su gobierno quedaron rodeados en medio de dos enemigos irreconciliables, de los cuales, el ganador, derrotaba al mismo tiempo, a un árbitro sin capacidad para hacerse respetar" (323).

La aparente paradoja que descubre Miquel Caminal, no era tal. La República se había hundido porque había agotado su capital político, las ilusiones de los sectores más pobres de la población. Y la desaparición de las ilusiones democráticas de los trabajadores también implicaba el final del apoyo que la burguesía había prestado al proyecto republicano, cinco años antes. Poco quedaba para hacerse respetar.

Los historiadores anarcosindicalistas podrían objetar que el contenido libertario de la revolución, amparándose en el papel fundamental que jugó la CNT y la FAI en ella. Sin embargo y sin menospreciar sus argumentos, hay que considerar que la evolución de los acontecimientos históricos demuestra todo lo contrario.

La revolución española no evolucionó según los cánones que había defendido tradicionalmente la CNT. Por el contrario, el anarcosindicalismo chocó y fracasó frente a una contradicción que afectaba a una de las piedras angulares de su edificio ideológico: el poder. Mientras los cuadros dirigentes de la CNT renunciaban a tomarlo, escudándose aparentemente en sus principios tradicionales (lo que no les impidió violarlos al integrarse en los gobiernos de la República y de la Generalitat), sus propias bases, eran protagonistas de un fenómeno relacionado con el poder. La autoridad de la República fue sustituida por una miríada de comités que se comportaron, a nivel local, como verdaderos miniestados revolucionarios, y donde los militantes de base de la CNT, jugaron un papel fundamental en su formación y desarrollo.

La evolución que tomó la dualidad de poderes, abierta con el inicio de la guerra civil, nos lleva a la conclusión de que el declive del poder revolucionario de los comités y de las colectivizaciones se dio por la incapacidad de éstos, para estructurarse como el nuevo poder a nivel estatal. Los comités revolucionarios, raramente se coordinaron más allá de niveles comarcales. El obstáculo insalvable contra el que se estrellaron los comités, fue la negativa, por parte de las todas las organizaciones obreras, a llegar hasta el final, construyendo un nuevo poder que sustituyera definitivamente a la República. Este contraste entre la acción espontánea de los trabajadores y la moderación política de sus direcciones, es una prueba inequívoca del carácter socialista de la revolución española.

"La teoría marxista que proclama la necesidad de destruir el estado capitalista y de crear un estado obrero basado en relaciones de producción y distribución socialistas de las clases productoras, en posesión de los instrumentos de trabajo, recibió en España, el 19 de julio, la más brillante demostración" (324).

La revolución española que partía de la realidad de un país capitalista atrasado con ciertos resabios semifeudales, legado del subdesarrollo histórico, se inició solucionando con métodos extraparlamentarios, lo que cinco largos años de experiencia republicana no habían podido solucionar. El hecho de que gran parte de las conquistas revolucionarias conseguidas en julio, tuvieran un carácter democrático y no socialista, reivindicaciones que eran tradicionales en el seno del movimiento obrero, del campesinado y la pequeña burguesía, reivindicaciones democráticas que la burguesía española, durante más de un siglo de "revolución burguesa" se había negado a solucionar, lejos de desmentir el carácter socialista, no hace otra cosa que confirmarlo.

Las reivindicaciones democráticas de la población trabajadora fueron solucionadas con métodos revolucionarios, que nada tenían que ver con los de la atemorizada burguesía, y que además fueron llevadas a cabo con la oposición de ésta.

Es la clase obrera y el campesinado pobre, con sus comités, los que iniciaron el camino de la revolución, cumpliendo las tareas democráticas que seguían pendientes (reforma agraria, cuestión nacional, excesivo poder político y económico de la Iglesia, ejército al servicio de la represión interna...). Las mismas colectividades que durante las primeras semanas no pasaron de ser simples "cooperativas", al servicio de los trabajadores de las mismas, por la falta de un programa político que las articulara coherentemente, en un nuevo sistema económico, tendieron inevitablemente a la socialización y a la estructuración.

La revolución que se había iniciado cumpliendo las tareas democráticas más inmediatas, sintió que solo podía sobrevivir transformándose en socialista. Y lo hizo adoptando, multitud de formas (colectivizaciones, nacionalizaciones, control obrero, colectivizaciones agrarias forzosas, voluntarias, cooperativas...), que expresaban simultáneamente, su fuerza (la gran capacidad creativa de las clases explotadas, sintiéndose dueñas de su propio destino) y su debilidad (la falta de un organismo centralizador de la revolución y la inexistencia de una organización dispuesta a terminar con la dualidad de poderes para llevarla hacia adelante).

La gran tragedia de la revolución española era que nadie estaba dispuesto a asumir el poder, y a llevar la revolución hasta las últimas consecuencias. En este sentido, la autoridad de los comités locales, aunque fuera de una forma desarticulada, constituía un serio inconveniente para las líneas políticas de los distintos grupos. La dualidad de poderes, expresada en Catalunya, en el seno del Comité Central de Milicias, se expresaría también en la calle, en la oposición que existió entre la autoridad de los comités revolucionarios y las organizaciones obreras del Frente Popular, que apoyaban la reconstrucción de las viejas instituciones gubernamentales.

El Estado republicano se había hundido, no a causa de la sublevación militar, sino por la respuesta revolucionaria que los trabajadores habían dado. Sin embargo, los dos poderes existentes en la zona republicana, el poder revolucionario y el poder burgués, no se encontraban claramente enfrentados, por lo menos no a un nivel plenamente consciente, sino que por el contrario, coexistían. Fruto del acuerdo entre las organizaciones obreras y las instituciones gubernamentales republicanas, el poder de los comités, se limitó a ignorarlas, permitiendo que éstas, agazapadas a la sombra de la revolución recuperaran, poco a poco el poder perdido. Los obreros revolucionarios armados, sintiéndose dueños de la calle y de los centros de trabajo, y vencedores de la sublevación, se dedicaron a organizar el nuevo orden social, ignorando la autoridad del gobierno.

En Catalunya, el compromiso entre los dirigentes anarcosindicalistas y el presidente Companys, permitió que la Generalitat apareciera ante los revolucionarios, no como un adversario político que se preparaba para recuperar su poder, sino como la fachada "respetable" y "legal" que adoptaba la revolución, ante las potencias extranjeras.

Los comités-gobierno nunca llegaron a convertirse a desarrollarse plenamente como organismos de poder, a la manera que lo habían hecho los soviets rusos. No porque fueran elementos extraños a la tradición española, como ha sugerido la mayor parte de la izquierda y numerosos historiadores estudiosos del tema (325). Los comités revolucionarios locales no adquirieron un carácter soviético, porque no existió ninguna organización obrera, dispuesta a trabajar políticamente para que se diera esta transformación.

"¿Cómo se puede pretender que los obreros españoles no habían construido soviets? habían construido comités por todas partes, y estos comités habían tomado la industria en sus manos. No hacía falta más que unificarlos, desarrollarlos, y se hubiera construido el soviet de Barcelona" (326).

Desde el momento de su formación, los comités representaron la voluntad revolucionaria de los sectores más concienciados y organizados de los trabajadores. Sin embargo, el grado de democratización de los comités fue muy heterogéneo y varió según la zona y la correlación de fuerzas que existió en su seno. El menosprecio de las organizaciones obreras impidió el desarrollo de su homogeneidad. Pese a la capacidad creadora demostrada por los trabajadores y por los militantes revolucionarios, los comités no podían superar espontáneamente el obstáculo que significaba el hecho de que ninguna de sus organizaciones estuviera dispuesta a organizarlos y a estructurarlos, con la perspectiva de convertirlos en la base de un nuevo estado o poder revolucionario.

Socialistas y comunistas consideraban que los comités eran organizaciones provisionales, que habían llenado el hueco dejado, en los primeros momentos, por el derrumbe del Estado republicano. Sin embargo, los comités debían limitarse a mantener el orden interno y organizar la defensa contra los sublevados, para dejar paso al poder restaurado de la República. Anarcosindicalistas y poumistas, los consideraron como simples organismos de frente único entre las diferentes organizaciones obreras, mientras que el auténtico canal de expresión de la voluntad de las masas revolucionarias debían las centrales sindicales y los partidos.

Ambas opiniones condenaban a los comités, por diferentes caminos, al no desarrollo político, y por lo tanto, a su decadencia y a su extinción final.

A diferencia de las dos revoluciones rusas y de la alemana, los comités gobierno españoles no contaron con ninguna organización dispuesta a organizarlos y a democratizarlos.

Los soviets rusos de 1905 y 1917 contaron con el apoyo de todas las organizaciones izquierdistas, incluidas las más reformistas. En la revolución alemana, socialdemócratas, socialdemócratas independientes y espartaquistas, coexistieron en el seno de los Räte, con orientaciones distintas.

La participación en la revolución rusa y alemana de las organizaciones obreras más reformistas, no significa, en modo alguno, que éstas apoyasen la transformación de los soviets o Räte, de organismos de frente único, a órganos del poder revolucionario. Por el contrario, aspiraban a convertirlos en soportes "populares" de los viejos poderes establecidos. El ejemplo más significativo de esta actitud dual de las organizaciones reformistas, la encontramos en Friedrich Ebert, que fue simultáneamente, canciller del Reich (el poder burgués) y presidente del consejo de los comisarios del pueblo (el poder obrero).

La participación de la izquierda en los consejos los potenció, hasta convertirlos en una auténtica alternativa frente a las instituciones gubernamentales tradicionales.

Sin embargo, ninguna de estas características se dio en la revolución española. Aunque los comités revolucionarios se habían formado espontáneamente, por la acción de la militancia de las organizaciones obreras, sus direcciones políticas mantuvieron una actitud que fue, desde la incomprensión más absoluta de su naturaleza hasta la franca hostilidad. Este fue uno de los rasgos más peculiares y significativos de la revolución española, la absoluta espontaneidad que existió en la aparición de los comités-gobierno.

Es más que probable, que la experiencia de lo que habían sido los soviets rusos y los Räte alemanes, pesara en las actitudes que adoptaron las organizaciones obreras en España. Especialmente en lo que se refiere a las que mantuvieron una actitud hostil: las organizaciones obreras que estaban adheridas al Frente Popular.

"¿Porqué, pregunto, no han sido creados soviets propiamente dichos (como en Asturias en 1934), constituidos con diputados elegidos democráticamente por los obreros en las fábricas? porque estamos dedicados a los problemas de orden militar, es la respuesta, que no me suena muy convincente... quizás el PSUC desea que las cuestiones militares reciban plena atención, pero es obvio que esto no interesa a la CNT. Quedo limitado a mis deducciones. Es la CNT quien está en posición de decidir si deben o no crearse soviets. Si no los hay, es probablemente porque la CNT no los quiere, si los quisiera, la UGT no podría impedírselo. Y deduzco que la actitud de la CNT se explica quizás por el hecho de que mantiene el control de las fábricas a través de sus poderosas organizaciones sindicales y unas elecciones de tipo soviético no contribuirían en nada a su poder, sino que inevitablemente, darían a los demás partidos, la oportunidad de probar su fuerza en las fábricas" (327).

La potenciación de los comités no podía hacer otra cosa que poner en peligro la alianza que se había formado entre todas las organizaciones obreras, incluido el anarcosindicalismo y el poumismo, con los republicanos.

El debate sobre "Guerra o revolución", es decir, sobre si antes se debía ganar la guerra, o no, para hacer después la revolución era en realidad, una polémica falsa. Todas las organizaciones obreras, desde diferentes ángulos, se mostraron partidarias de ganar primero la guerra. Ninguna de ellas defendió de forma coherente y en la práctica, la necesidad de convertir la guerra y la revolución, en una misma cosa: "la guerra revolucionaria" (328).

Rudolf de Jong, diferencia cuatro actitudes diferentes entre las distintas fuerzas políticas que componían el campo republicano:

1. Los partidarios de salvar la revolución, ganando primero la guerra, para continuarla después, una vez desembarazados del principal enemigo, los militares sublevados (los libertarios y el POUM). Mientras la situación perdurara era necesario salvar al máximo las conquistas revolucionarias. La incompatibilidad entre éstas y el mantenimiento de la alianza con el Frente Popular los arrastraría, en detrimento de las primeras, hacia la liquidación de la revolución.

2. Los que consideraban que era necesario terminar con la revolución y restaurar el estado republicano-burgués para poder "terminar" la guerra. La palabra utilizada "terminar", es fundamental para poder comprender la actitud de los republicanos. Los partidarios de esta opción se manifestaron muy pronto por la negociación con los sublevados. La negociación hubiera significado el fin de la guerra y también de la revolución. El problema de los republicanos era que, completamente barridos de la escena política, eran incapaces de imponer su política. Ni la revolución, ni la reacción, enfrentadas a muerte, estaban dispuestas a ceder.

3. Utilizar la guerra para destruir la revolución y ganar el poder (de Jong sitúa en esta posición al PCE y al PSUC). Sin embargo y como ya hemos explicado en capítulos anteriores, el objetivo del poder, está más que cuestionado. Stalin no estaba dispuesto a que el PCE-PSUC pudieran llegar al poder. La sección española de la Komintern no era más que un peón en el tablero de ajedrez de las alianzas internacionales. Un peón que estaba dispuesto a sacrificar en el momento oportuno, para alcanzar sus principales objetivos políticos: evitar a toda costa el aislamiento de la URSS y la posible alianza entre las potencias capitalistas democráticas y fascistas.

4. Finalmente, Rudolf de Jong, sitúa a las diferentes fracciones del Partido Socialista, que nunca llegaron a mantener una postura homogénea. Cada tendencia socialista hacía suya, cualquiera de las tres posiciones citadas anteriormente. Largo Caballero, mantenía una posición ambigua, y coqueteaba con los libertarios. Prieto coincidía por completo con los republicanos (lo que le valió en numerosas ocasiones, la acusación de derrotista). Alvarez del Vayo, estaba próximo a las tesis comunistas (329).

El debate real era otro muy distinto. Las fracciones socialistas de derecha y el Partido Comunista se mostraron partidarios de hacer retroceder a la revolución hasta el punto de que ésta no rebasase, ni pusiese en peligro, el proyecto republicano. Esto equivalía a pretender su liquidación (los calificativos de "democracia de nuevo tipo" o "República social avanzada" no eran más que formas para adornar la idea de mantener la República burguesa, objetivo que chocaba con los deseos de la militancia).

La aspiración de los libertarios, y de una forma más ambigua, de la Izquierda Socialista, era otra muy distinta. Había que mantener la dualidad de poderes, aplazar su desenlace hasta el final de la guerra, manteniendo mientras tanto, la imagen de respetabilidad y de legalidad republicana, frente a las potencias democráticas, pero conservando en las mejores condiciones posibles, las conquistas revolucionarias logradas.

"Nada de comunismo libertario, primero hay que aplastar al enemigo dondequiera que esté" (330).

Sin embargo, y a pesar de las pruebas de moderación política demostradas por la dirección cenetista, las bases continuaban empeñadas en llevar a cabo la revolución, con el consentimiento, o sin él, de sus dirigentes. Fueron las iniciativas de los militantes de la CNT, la que acabaron por arrastrar a los desconcertados dirigentes. Con esta situación de hechos consumados, los líderes libertarios tuvieron que desarrollar una política contradictoria: colaborar con el Frente Popular que pretendía restaurar la República, apoyándose en el poderoso movimiento revolucionario que se estaba desarrollando y que objetivamente era incompatible con los restos del viejo estado.

Sin embargo, la unidad política tenía un precio, que los adversarios políticos de la revolución estaban dispuestos a cobrar. En aras de la "unidad antifascista" la CNT tendría que aceptar, poco a poco, la liquidación de las conquistas de Julio, provocando la desmoralización de sus bases y la liquidación, no deseada, de la revolución.

La pretensión de mantener la situación revolucionaria, apoyándose en el inmenso poder que la CNT había adquirido en la calle, se rebeló pronto como una ilusión, de desastrosas consecuencias. La influencia conseguida sólo podía mantenerse consolidando el poder adquirido, organizando a los comités locales en una auténtica estructura de poder, articulándolos en torno a un programa político que diera satisfacción a las reivindicaciones históricas de los trabajadores y del resto de las clases populares. Era necesario acabar, de una vez por todas, con los restos moribundos de las instituciones republicanas, que habían sido incapaces, tanto de realizar una "revolución democrática", como de prevenir la sublevación militar. De otra forma los partidarios de la restauración republicana, irían recuperando paulatinamente el poder perdido, amparándose en la actitud vacilante de los dirigentes anarcosindicalistas.

La situación que la CNT pretendía mantener hasta el final de la guerra, se manifestaba altamente inestable. La dualidad de poderes evolucionaba rápidamente hacia uno de los dos extremos políticos, sin que los dirigentes de la CNT pudieran hacer nada para evitarlo. Cada paso que daban sus adversarios, en la reconstrucción del viejo orden, chocaba con la resistencia de los comités y de los sectores revolucionarios de la población.

Los dirigentes libertarios, con su pretensión de mantener la situación y evitar que ésta derivara hacia ninguno de los dos extremos, tenían que ceder cada vez más, para preservar el compromiso con sus aliados forzosos.

El POUM aunque defendía la necesidad de avanzar hacia la instauración del socialismo y la dictadura del proletariado, en la práctica acabaría dejándose arrastrar por el enorme peso del anarcosindicalismo, negándose a separarse de su sombra protectora.

Incapaz la revolución española de ir más allá de donde había llegado espontáneamente, inició su decadencia. La guerra revolucionaria se reveló como un proyecto imposible, al no ser defendida por ninguna organización, y dió paso, cada vez más, a una guerra tradicional. Una vez perdido el contenido social revolucionario, la guerra se decantaría inevitablemente, hacia el lado militarmente más fuerte, el ejército de Franco.

Ante la comisión Dewey, León Trotsky, el creador del Ejército Rojo, reflexionó, a partir de sus experiencias en la guerra civil rusa, sobre cuales eran las verdaderas claves que iban a decidir la derrota o la victoria de la revolución española:

"Durante los tres años que ha durado nuestra guerra civil, la superioridad del arte y de la técnica militares estaba con frecuencia del lado del enemigo, pero, finalmente, fue el programa bolchevique el que consiguió el triunfo. El obrero sabía muy bien por lo que se batía. El campesinado dudó largo tiempo, pero habiendo comparado por experiencia ambos regímenes, sostuvo finalmente el campo bolchevique".

"En la guerra civil, incomparablemente más dura que una guerra ordinaria, la política domina la estrategia...".

"Las reformas sociales audaces representan el arma más potente en la guerra civil y la condición fundamental de la victoria sobre el fascismo" (331).

El declive revolucionario, consecuencia de la liquidación de las conquistas sociales conseguidas, arrastró tras de si a todo el campo republicano, incapaz de recuperar el entusiasmo inicial. De forma trágica, la derrota republicana demostraría que, revolución social y guerra, iban inevitablemente unidas.

"Según la opinión coincidente de testigos presenciales extranjeros y de numerosos dirigentes sindicales, la disposición a la acción y al sacrificio de los obreros (sindicalmente organizados) -elemento éste imposible de medir cuantitativamente, pero en cualquier caso decisivo para un desenlace victorioso de la guerra- cedió en la misma medida en que los objetivos bélicos del gobierno republicano perdían el contenido social del programa auspiciado por los trabajadores... En el curso de la guerra civil esto generó... una creciente desilusión e indiferencia cuyas consecuencias sobre el esfuerzo militar no cabe infravalorar." (332).
El POUM, repitiendo el viejo esquema maurinista, consideraba a las Juntas, como las herederas de las viejas Alianzas Obreras de 1934. La concepción anarcosindicalista de la revolución había arraigado profundamente en la orientación del POUM. También para ellos, la democracia obrera y las aspiraciones de los trabajadores se transmitía a través de las organizaciones obreras que integraban las Juntas, especialmente los sindicatos mayoritarios como eran la CNT y UGT. Convertir las Juntas y los comités en verdaderos soviets era pretender introducir un cuerpo extraño en la revolución española que no podía prosperar. Andreu Nin consideraba que los soviets rusos de 1917 aparecieron para llenar el vacío que ocasionaba la falta de tradición democrática del movimiento obrero en aquel país (debilidad de las organizaciones obreras de masas). En cambio, para Nin, España contaba con una gran tradición democrática del movimiento obrero que estaba concretada en la existencia de dos poderosos sindicatos obreros, la UGT y la CNT. (134).

4. EL COMITE CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA

4.1 ORÍGENES Y FORMACIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA

El pacto acordado entre Companys y los portavoces de la CNT, por el que los anarcosindicalistas renunciaban a aprovechar su indiscutible triunfo para tomar el poder, y que permitía al primero, continuar en su puesto de presidente de la Generalitat de Catalunya, tuvo como consecuencia, la formación de un nuevo organismo de colaboración entre ambas partes, las organizaciones afectas al Front d'Esquerres (El Frente Popular en Catalunya) y la CNT, la FAI y el POUM. Este organismo, concebido de forma muy distinta por ambas partes, se constituyó rápidamente en el único poder con autoridad en toda Catalunya.

Las versiones sobre los orígenes y las circunstancias que se dieron, en los momentos de formación del Comité Central son variadas y confusas. Al parecer, el acuerdo no fue bien recibido por algunos sectores del Frente Popular, en particular por el recién formado Partido Socialista Unificado de Catalunya, que adoptó una postura beligerante ante el "inesperado" triunfo anarcosindicalista en toda Catalunya, y se mostró partidario de reforzar al máximo el gobierno de la Generalitat de Catalunya, organizando rápidamente una fuerza militar, a su servicio.

"Comorera propuso la creación de oficial de las milicias de la Generalitat en una reunión del Frente Popular con el presidente, el 21 de julio (asistieron Comorera (USC), Valdés (PCC), Vidiella (PSOE), Cussó (PCP), Peypoch (AC) y Faustino Bellvé (ERC)... disuelto el ejército por el gobierno de Madrid, la debilidad de éste, obligaba a las provincias y a las nacionalidades españolas a suplir el estado en ruinas y a resolver con sus exclusivos medios los conflictos que se les planteaban. Aceptose por unanimidad, la propuesta de Comorera y se le encargó la redacción del oportuno decreto".

"...sin oponerse por la fuerza a lo que sucede, usted, presidente, debe asegurar un orden revolucionario y prestar apoyo a la formación de unidades combatientes que dependan de la Generalitat, con el fin de asegurar un frente sólido... pronto dispondremos de una fuerza militar y de un movimiento obrero-campesino político y de clase recuperado y lo bastamente vigoroso para defender la economía en la retaguardia y hacer la guerra y no la revolución que, de momento, no es una meta" (333).

Independientemente de la escasa rigurosidad histórica que reflejan los escritos de Benavides, (se contradice en el número y nombre de los asistentes a la reunión, con la versión que se da en "Guerra y revolución" tomo I, obra colectiva del PCE, (334)), de ellos podemos extraer la división y la desorientación que había provocado el estallido de la revolución en el seno del Front d'Esquerres. La postura de Joan Comorera representaba la de la mayor parte de los grupos que participaban en la reunión, todos salvo Peipoch, miembro de la minúscula Acció Catalana y Bellvé, que pertenecía al mismo partido que Companys. El resto de los grupos estaban ya, prácticamente fusionados en el nuevo PSUC. Sin embargo, la postura de Comorera se estrelló con la actitud de prudencia que había adoptado el presidente de la Generalitat, consciente éste, de que cualquier precipitación podría ser considerada como una provocación por los verdaderos triunfadores de las jornadas y desembocar en la liquidación definitiva de la Generalitat y del Front d'Esquerres.

La CNT y la FAI, eran los auténticos e indiscutibles dueños de la situación, y aunque los dirigentes anarcosindicalistas habían dado seguridades a Companys de que no estaban dispuestos a tomar el poder, sus militantes eran los auténticos dueños de la calle. Las fuerzas militares y policiales que se habían mantenido fieles a la República y que habían combatido contra los sublevados, estaban en franco proceso de disolución, en contacto con la marea revolucionaria. Cualquier acción, por parte de la Generalitat, que no contase con el visto bueno de los anarcosindicalistas podía ser considerada una maniobra hostil.

"Era prácticamente imposible restablecer la disciplina general y la de nuestras fuerzas de Orden Público y hasta la de la guardia civil, que embriagadas por el entusiasmo, se habían contagiado del ambiente y en mangas de camisa tripulaban también los camiones abanderados y con carteles de las organizaciones, entre las cuales predominaban las inscripciones <<CNT-FAI>>", (335).

Por otro lado, Lluís Companys era perfectamente consciente del escaso poder de convocatoria que su gobierno y el Front d'Esquerres, tenían en aquellos momentos de euforia revolucionaria.

El presidente de la Generalitat se mostró partidario de extremar la prudencia y de ganar tiempo para aprovechar la indecisión de la que había hecho gala el anarquismo y situarse en las mejores condiciones posibles en el camino hacia la recuperación del poder. Esta actitud, considerada como vacilante fue duramente criticada por los dirigentes del nuevo partido unificado, defensores de una política más firme frente a los triunfadores de las jornadas de julio.

"Companys acaba de cometer el error más grave de su vida política. El recuerdo de los muertos que han expirado con su nombre en los labios, el tumulto desordenado y patético de los barceloneses y las primeras manifestaciones de una revolución que, a pesar de su desorden y de su patetismo, nacía sobria y virtuosa, lo desorientaron. El Presidente sólo fue un eco del ruido callejero al dirigirse a los anarcosindicalistas que acudieron a su despacho con la victoria caliente en las manos, como una presa de su exclusiva pertenencia" (336).

"No se habló más del decreto y Companys aprobó el proyecto de un Comité de Milicias Antifascistas sugerido por la CNT-FAI y apoyado por el POUM".

"...Se aceptó y ocurrió lo inevitable: desapareció la autoridad del Gobierno, suplantada por la del Comité Central de Milicias. La dualidad de poderes dificultaría los trabajos de organización" (337).

Si nos atenemos a la versión que nos da Manuel D. Benavides, el Comité Central de Milicias Antifascistas habría sido una propuesta de los anarcosindicalistas, que habría sido aceptada a regañadientes por Companys y por los partidarios del Front d'Esquerres. La teoría sobre el origen libertario de la propuesta ha sido compartida por algunos testimonios políticos de la época (338).

Sin embargo, hay muchas otras versiones, que nos parecen mucho más realistas. Cruells defiende la teoría de que, en realidad, la idea de la formación de un Comité Central de Milicias Antifascistas, procedió, no de los anarcosindicalistas, sino del mismo Companys. La posibilidad de que la CNT y la FAI se integraran en un gobierno de coalición, junto al POUM y el resto de las organizaciones del Front d'Esquerres fue rechazada por los primeros. Cualquier participación gubernamental de la CNT, en aquellos momentos, era prematura y chocaba, todavía, con la resistencia ideológica de sus militantes.

"...El presidente Companys cree todavía factible una continuidad del Frente Popular catalán, en el cual se integrarían los anarquistas, pero éstos no aceptan esta vieja forma de poder, en la cual ellos quedarían totalmente diluidos, y aceptan en cambio, la formación de un Comité de Milicias, también propuesto por el presidente Companys, que tendría como finalidad, orientar toda la vida de Catalunya, profundamente trastornada a causa de la sublevación militar...".
"Los anarquistas aceptaron la creación de un Comité Central de Milicias, <<en tanto que organismo popular que asuma la dirección económica, militar y política de la vida catalana>>..." (339)

La versión de Manuel Cruells, compartida por otros muchos historiadores y testimonios de la época, parece más exacta (340). La misma actitud pasiva de los portavoces de la CNT, y el desconcierto que reflejó la asamblea decisoria histórica, en la que el anarcosindicalismo renunció al poder, en contraste con la de Lluís Companys, que intentaba conseguir un respiro para poder reorganizar las dispersas fuerzas de la Generalitat, parece avalarlo.

Aunque los libertarios se habían negado a tomar el poder, la CNT era, de hecho, la dueña de la Catalunya revolucionaria. La opción adoptada de "colaborar" en el Comité Central de Milicias, les permitía ejercer el poder, sin necesidad de renunciar a sus principios antiestatalistas y sin tener que asumir la responsabilidad del mismo.

Por otro lado, Manuel D. Benavides da una versión errónea, también en otros puntos. No es cierto que el decreto aceptado por unanimidad por los asistentes a la reunión de Lluís Companys, con las organizaciones del Front d'Esquerres, por el cual debían formarse milicias al servicio de la Generalitat no fuese redactado. Los planes del gobierno autónomo catalán, para constituir una fuerza de milicias, bajo su mando, fueron publicados en forma de tres decretos, en el Butlletí de la Generalitat, el día 22 de julio. En el primero se constituían las "milicias ciudadanas por la defensa de la República", que sustituiría al viejo ejército que había protagonizado la sublevación. En el segundo, se nombraba a Enric Pérez Farràs, como jefe de estas milicias y en el tercero, se escogía a Lluís Prunés Sató, conseller de la Generalitat, como comisario de Defensa, que sería el encargado de organizarlas.

El problema no es, como afirma sorprendentemente Manuel D. Benavides, que la presión de los anarcosindicalistas hiciera que Lluís Companys desestimara la idea, sino que la situación política, convertía los decretos del gobierno de la Generalitat, en papel mojado:

"Un intento que de hecho, no pasó del papel oficial de la Generalitat, ya que los anarquistas reaccionaron enseguida en contra" (341)

Paralelamente, la propuesta de Lluís Companys, para formar un organismo de colaboración de los anarcosindicalistas y el POUM, con el gobierno de la Generalitat y las organizaciones del Front d'Esquerres, pretendía anular políticamente a la CNT, y convertir su triunfo, en una fuerza de apoyo al gobierno autónomo. Con unas milicias bajo el mando la Generalitat, y un Comité Central de Milicias, convertido en un apéndice auxiliar de su gobierno, Companys pretendía recuperar el control de la situación, y por lo tanto del movimiento revolucionario. Sin embargo el tiempo trabajaba en aquellos momentos, en contra de sus planes. La revolución que se había iniciado espontáneamente con los combates, iba a frustrar sus planes.

Lluís Companys había interpretado erróneamente la renuncia de la CNT al poder, considerándola como una oportunidad histórica para recuperar el control de la situación. El anarcosindicalismo no iba a dejarse arrebatar el triunfo, especialmente, cuando la revolución que se había iniciado, espontáneamente, con los combates, se estaba radicalizando rápidamente y llegaba, cada vez más, a todos los rincones de Catalunya, creándose comités revolucionarios en la mayor parte de las localidades y donde las grandes propiedades de la burguesía estaban siendo incautadas por los trabajadores, sin esperar órdenes de sus organizaciones.

Junto a los decretos sobre la formación de las "milicias ciudadanas", la Generalitat publicó otros dos, en los que se convertía al Comité de Milicias, propuesto a los libertarios, en un simple "Comité de Enlace y dirección de las milicias ciudadanas", que estaría presidido por un delegado del gobierno autónomo, designado por el Conseller de Orden Público. En este organismo auxiliar, estarían integradas todas las organizaciones obreras y antifascistas de Catalunya. Finalmente, su publicaba otro decreto, por el que se creaban "Comités locales de Defensa" en todos los pueblos y ciudades de Catalunya, que estarían supeditados al Comité Central de Milicias.

La realidad fue muy distinta a los planes y previsiones que había hecho Companys:

"Al empezar la reunión, Lluís Prunés nos apercibió de que, de acuerdo con el decreto aparecido en el Butlletí Oficial, él y los oficiales mencionados habían acudido para encauzar la creación de las milicias ciudadanas....Le interrumpí secamente, diciéndole que los allí reunidos nos encontrábamos presentes no para tratar de unas milicias ciudadanas de las que no teníamos conocimiento, sino para organizar el Comité de Milicias Antifascistas de Catalunya que, en principio, se había acordado en el breve cambio de impresiones tenido entre los representantes de la CNT y el presidente de la Generalitat, con el sentimiento de los dirigentes de todos los sectores antifascistas de Catalunya. Y que eso era lo que íbamos a hacer inmediatamente, para lo cual presentaba un proyecto de constitución y de facultades del referido comité. Leí el proyecto, que fue escuchado atentamente por todos. Y como los delegados no habían recibido ningún otro proyecto, no habiendo otro, fue tomado en consideración el mío y pasó a ser discutido punto por punto..." (342).

La ficción republicana en Catalunya, quedaba abortada con un simple gesto de los representantes anarcosindicalistas. El forcejeo entre ambas partes fue prácticamente nulo, demostración palpable de que la dualidad de poderes, instituida por la misma CNT al no tomar las riendas del poder, estaba claramente decantada hacia uno de los dos extremos, mientras que el otro, el gobierno de la Generalitat, sobrevivía impotente, privada de cualquier resto de autoridad. Lluís Companys, en pleno auge revolucionario, solamente tenía dos opciones posibles: plegarse a las exigencias de los anarcosindicalistas respecto a que el Comité Central de Milicias se convirtiera en el auténtico organismo de poder en Catalunya, o presentar su dimisión.

"La presencia en la reunión del día siguiente de delegados sin personalidad en sus partidos y de nombres apenas conocidos hasta aquel momento, revelaba sin lugar a dudas que, a espaldas nuestras, todos los partidos y organizaciones se habían reunido previamente y convenido una tácita desestimación de la importancia del Comité Central de Milicias Antifascistas. Por nuestra parte, acudimos los tres designados por el Comité regional de la CNT: Buenaventura Durruti, José Asens y yo; los designados por el Comité Regional de la FAI eran Aurelio Fernández y Diego Abad de Santillán; por Esquerra Republicana de Catalunya, Artemio Aiguader, Jaime Miravitlles y Juan Pons; por Acció Catalana, Tomás Fabregas; por Unió de Rabassaires, José Torrens; por el POUM, José Rovira Canals; por Unió Socialista de Catalunya, José Miret Yuste y por la UGT, José del Barrio, Salvador González y Antonio López".

"También comparecieron sin que les prestásemos ninguna atención, los designados por Companys para hacerse cargo de las diversas jefaturas previstas en su decreto de milicias ciudadanas: Pérez Farrás, jefe de milicias ciudadanas de Catalunya, Lluis Prunés y Saltó, comisario de defensa de la Generalidad, y Vicenç Guarner designado por el comisario general de Orden Público" (343).

El Comité Central de Milicias estaría compuesto, desde aquel momento, por quince representantes de los partidos y sindicatos asistentes: cinco anarcosindicalistas (3 de la CNT y 2 de la FAI), cinco republicanos (3 de ERC, 1 de AC y 1 de UdR), 1 representante del POUM, 1 del recién formado PSUC y 3 de la UGT (que caería rápidamente en la órbita del nuevo partido comunista catalán). La central sindical ugetista quedó sobrerrepresentada en el nuevo organismo.

La concesión que efectuaba el anarcosindicalismo era un guiño político dirigido a la UGT, a la espera de que ésta adoptaría una postura similar en aquellas zonas, donde la CNT era claramente minoritaria. La correlación de fuerzas existente en el seno del Comité, tenía poco que ver con la que correspondía a la realidad, en toda Catalunya. La distribución se hacía claramente en detrimento de los libertarios, que esperaban con ello, conseguir un auténtico frente único de las organizaciones "antifascistas". La minoría numérica en la que habían quedado, voluntariamente, los anarquistas, estaba claramente compensada con su hegemonía en la calle.

Juan García Oliver, nos llama la atención sobre un elemento revelador, casi nunca mencionado por los historiadores o por los testimonios de la época. El hecho de que los representantes de los partidos y sindicatos que habían asistido a la primera reunión, fuesen cuadros dirigentes de segunda fila en sus respectivas organizaciones. El detalle, lejos de ser anecdótico, como muy bien indica el autor de dichas líneas, nos lleva a hacer algunas reflexiones sobre las actitudes políticas de los diferentes grupos.

Las organizaciones que pertenecían al Front d'Esquerres, tenían que conocer, a la perfección, los planes y objetivos que buscaba Companys. El plan político de la Generalitat, era completar la maniobra, formando un gobierno de concentración, en el que estarían incluidas todo el arco de organizaciones que integraban el Frente Popular catalán. Sería pues, en el nuevo gobierno autónomo, donde se situaría el centro de gravedad del poder en Catalunya, y desde donde se dictaría la nueva orientación política. El destino que Companys le daba al Comité Central de Milicias era completamente secundario y sin importancia política.

Más dudosa parece, la complicidad del POUM en esta maniobra política de Companys, así como la actitud que mantuvo esta organización, antes y después de las jornadas de Julio y de la formación del Comité Central. La postura del poumismo, parece obedecer a distintos motivos que los del Front d'Esquerres, y es más atribuible a la profunda desorientación política que atravesaba esta organización en los primeros momentos de la revolución. El POUM se mantenía a la expectativa del curso que podían seguir los acontecimientos que estaban sucediendo.

La propuesta de Lluís Companys que pretendía neutralizar al triunfante anarcosindicalismo catalán fracasó estrepitosamente.

La CNT había renunciado a tomar el poder, pero no estaba dispuesta a convertirse en una simple comparsa de la Generalitat, renunciando a su triunfo. Tras un debate, en el que parecen haber resaltado las intervenciones de Aiguader y de Juan García Oliver, se estableció publicar un nuevo decreto por el que se declaraba constituido el nuevo organismo de poder, en Catalunya.

"Constituido el Comité de Milicias Antifascistas de Catalunya, este organismo de acuerdo con el decreto publicado por el gobierno de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial del día de hoy, ha tomado los siguientes acuerdos, el cumplimiento de los cuales obliga a todos los ciudadanos:"

"Primero. Se establece un orden revolucionario, al mantenimiento del cual se comprometen todas las organizaciones que integran el Comité".

"Segundo. Para el control y vigilancia, el Comité ha nombrado los equipos necesarios a fin de hacer cumplir rigurosamente las órdenes que del mismo emanen. A este objeto, los equipos llevarán la credencial correspondiente que hará efectiva su personalidad".

"Tercero. Estos equipos serán los únicos acreditados por el Comité. Todo aquel que actuare al margen será considerado faccioso y sufrirá las sanciones que determine el Comité".

"Cuarto. Los equipos de noche serán especialmente rigurosos contra aquellos que alteren el orden revolucionario".

"Quinto. Desde la una hasta las cinco de la madrugada la circulación quedará limitada a los siguientes elementos:"

"a) Todos los que acrediten pertenecer a cualquiera de las organizaciones que constituyen el Comité de Milicias".

"b) Las personas que vayan acompañadas de algunos elementos que acrediten su solvencia moral".

"c) Los que justifiquen el caso de fuerza mayor que los obligue a salir".

"Sexto. Con el objeto de reclutar los elementos para las Milicias Antifascistas, las organizaciones que constituyen el Comité quedan autorizadas para abrir los correspondientes centros de reclutamiento y entrenamiento. Las condiciones de este reclutamiento serán detalladas en un reglamento interior".

"Séptimo. El comité espera que, dada la necesidad de constituir un orden revolucionario para hacer frente a los núcleos fascistas, no tendrá necesidad, para hacerse obedecer, de recurrir a medidas disciplinarias".

"El comité: (las firmas de los representantes de las organizaciones que habían asistido a la reunión)"(184).

La nueva orientación que los líderes anarcosindicalistas le dieron al comité Central y la formación de las columnas milicianas, bajo su iniciativa, fueron el final de los sueños de Companys, de reconducir la situación revolucionaria hasta la recuperación total del poder que acababa de perder.

Definitivamente, el proceso iba a ser mucho más lento e inseguro.

De un plumazo, el gobierno de la Generalitat quedaba relegado a un segundo plano político, encargándose de ratificar las órdenes que partirían del Comité Central. Los representantes enviados por la Generalitat, para hacerse cargo de la formación de las milicias ciudadanas fueron completamente ignorados, incluido el conseller de Orden Público, Lluis Prunés, reflejando la situación de total bancarrota política en la que se encontraban inmersas, las viejas autoridades republicanas, completamente ignoradas por el movimiento revolucionario que se había adueñado de las calles.

"Aunque el presidente Companys pudo haber concebido el papel del Comité Central de las Milicias Antifascistas, como el de un organismo auxiliar del gobierno de la Generalitat, el comité se convirtió inmediatamente en el órgano ejecutivo de hecho de la región, cuyo poder reposaba, no en el desvencijado aparato del estado, sino en las milicias revolucionarias y en las patrullas de policía y en los innumerables comités que surgieron en la región durante los primeros días de la revolución" (345).

Como muy bien indica Walther Bernecker, el cruce que se dio entre el proyecto de Companys, traducido en el conjunto de decretos que fueron publicados en el Butlletí Oficial de la Generalitat del 23 de Julio, y la realidad muy distinta, que impusieron los dirigentes anarcosindicalistas, ha dado lugar a una confusión bastante generalizada entre diversos historiadores, (Bernecker cita a Broué, Temine y Lorenzo entre otros), la de que el Comité Central de Milicias fue sancionado por decreto, por el gobierno de la Generalitat (346). Sin embargo, el parecido entre el Comité Central de Companys, y el que se convirtió en el poder indiscutible en Catalunya, durante los tres primeros meses de la guerra civil, es inexistente.

La complejidad de la tarea, que debía llevar a cabo el Comité Central de Milicias, hizo que, por razones de eficacia, éste se dividiera en departamentos que jugarían el papel de auténticos ministerios. El nuevo Comité Central pasó a repartir los cargos y las responsabilidades en el seno del mismo. Los anarcosindicalistas, verdaderos dueños de la situación, guardaron para si los puestos más importantes.

Juan García Oliver ocupó el puesto de jefe del departamento de Guerra, encargado de las operaciones militares que debería llevar a cabo el nuevo ejército revolucionario que se estaba formando en aquellos momentos. El departamento estaba formado por siete miembros (tres militares, el conseller de Guerra de la Generalitat, y representantes de UGT, ERC y del POUM).

Diego Abad de Santillán quedó como responsable, dentro de este departamento, de la formación y reclutamiento de las milicias.

El rabassaire Josep Torrents dirigiría el departamento de abastecimientos. Durruti, fue nombrado jefe de Transportes, sin embargo su cargo fue efímero, pocos días después partía de Barcelona, rumbo a Zaragoza, al mando de la primera columna de milicianos de la CNT. El departamento de Transportes quedó en manos de Durán Rosell (UGT) y Alcón (CNT). Aurelio Fernández fue nombrado responsable del departamento de Seguridad Interior, que organizaría, entre sus diversas actividades, a las patrullas de control, encargadas de velar por el nuevo orden revolucionario.

La comisión de las industrias de guerra, estaría a cargo de Josep Tarradellas. Mientras que Jaume Miravitlles sería nombrado responsable del departamento de propaganda, además de ejercer la secretaría administrativa del Comité, que tenía un carácter simbólico.

La mayor parte de los nombres de los componentes del Comité Central de Milicias no eran relevantes, y muchos de ellos serían relevados, durante los meses de existencia del Comité, por otros miembros de sus propias organizaciones. Buenaventura Durruti fue sustituido por Marcos-Alcón, Josep Rovira del POUM primero lo fue por Enric Gironella, y éste, posteriormente, por Julián Gorkin, Tarradellas, Durán Rosell, Rafael Vidiella y Enric Pérez Farràs, sustituyeron, durante los meses siguientes, a miembros de sus respectivas organizaciones. Mientras que Lluís Prunés, Felip Diaz Sandino y los hermanos Guarner, cumplieron diversas funciones de coordinación con el gobierno de la Generalitat, y también como asesores militares del Comité.

El Comité Central de Milicias estableció su sede en el Club Náutico de Barcelona, desde donde empezó a impartir órdenes encaminadas a mantener y consolidar el precario orden revolucionario que acababa de aparecer. Entre sus actividades principales, estaba el mantenimiento del orden interno (con el departamento de seguridad interior y las patrullas de control) y externo (con el departamento de guerra y la formación de un improvisado ejército de milicianos, que se dirigieron rápidamente a la conquista de Zaragoza, desde donde los sublevados parecían amenazar a la Catalunya revolucionaria), la organización de la economía (contando con el poderoso movimiento de incautación que se estaba llevando a cabo en aquellos momentos, y con la necesidad de "reconvertir" una parte de la industria para adecuarla a las necesidades de la guerra), y la acción legislativa y judicial.

El funcionamiento interno del Comité Central de Milicias fue, desde los primeros momentos, completamente improvisado y empírico. Ninguna de las organizaciones que formaban parte de él, tenía una línea política elaborada para poder enfrentarse a la infinidad de problemas que suponía la administración de un nuevo orden revolucionario que todavía no había podido consolidarse.

"La situación era tan caótica...que las reuniones del comité de milicias se celebraban generalmente a media noche, ya que sus miembros debían consagrarse, durante el día, a mil tareas diferentes. Los miembros se veían obligados a reconstruir una administración en plena descomposición, a garantizar el abastecimiento de Barcelona y el funcionamiento de los servicios sanitarios, a entrevistarse con los técnicos y a persuadirles para que hiciesen causa común con los obreros, a reclutar voluntarios para el frente, a mantener la moral de la población, a impedir las venganzas, los saqueos y las exacciones que tienen siempre lugar durante los grandes períodos de efervescencia" (347).

La estructura del nuevo organismo, desde el que se regulaba toda la vida cotidiana en Catalunya, estuvo provista de otros muchos servicios que no vamos a detallar ahora, de forma exhaustiva (educación, estadística, municiones, censura, radio, prensa, cartografía...).

La gran complejidad de las múltiples tareas que debía llevar a cabo el nuevo organismo obligó al Comité Central de Milicias, a dotarse de una complicada red de comités y de subcomités, que pudiera asegurar el cumplimiento de las funciones vitales que debían permitir el mantenimiento del orden revolucionario.

A pesar de la compartimentación del Comité Central de Milicias en departamentos, responsables éstos, de llevar a cabo una de las tareas que se consideraban vitales para la nueva sociedad revolucionaria, no debe considerarse el funcionamiento de éstos, como algo estanco. A menudo el cumplimiento de una de las tareas exigía la coordinación y el trabajo de diversos comités. El suministro de alimentos y de productos de primera necesidad para las milicias, implicaba la participación en la operación del comité de abastecimientos, y a menudo, también la de las patrullas de control para las requisas.

Era necesario sustituir a una vieja administración que se había desmoronado con una rapidez vertiginosa, formar un improvisado ejército y una policía revolucionaria que debía asegurar que este nuevo orden no fuera saboteado ni agredido por sus enemigos, era imprescindible asegurar el mantenimiento de los intercambios entre el campo y la ciudad y los abastecimientos de materias primas para la producción, había que dotar a la revolución de una industria de guerra que Catalunya no poseía.

Toda esta gigantesca tarea tenía que llevarse a cabo, en las difíciles condiciones de una guerra que acababa de estallar, y en pleno caos revolucionario, mientras que el tiempo con el que contaban era aterradoramente escaso.

"Los representantes de la CNT-FAI en el Comité de Milicias tenían que improvisar continuamente soluciones a problemas inesperados, soluciones nuevas a problemas también nuevos. Las soluciones no podían ser demoradas indefinidamente, ni siquiera aplazadas para ser planteadas en la reunión diaria del Comité de Milicias, por no poder correr el riesgo de las objeciones de un largo debate ni de los aplazamientos inevitables, si los miembros del Comité de Milicias hubiesen reclamado la no adopción de acuerdos inmediatos para consultar a las organizaciones sindicales y partidos que representaban, y que éstos, a su vez, no adoptasen resoluciones hasta la celebración de asambleas generales, plenos regionales de sus colectividades. En tales condiciones, el Comité de Milicias hubiera resultado inoperante, y los problemas lo hubieran desbordado, orillándolo inevitablemente al fracaso" (348).

Las condiciones en las que se encontró inmerso el nuevo organismo de poder, iban en detrimento de los debates y de la coordinación interna. El Comité Central de Milicias no era, ni podía ser nunca, un organismo parlamentario. Muy significativos nos parecen los lamentos de Miravitlles, dirigente de ERC, nombrado secretario del Comité:

"El título significaba muy poco. Mi papel era el de coordinador. Por desgracia, era poco lo que podía coordinar...".

"Cada secretario hacía más o menos lo que le daba la gana... Fueron muy pocos los acuerdos que se tomaron en el comité, al que sencillamente se le presentaban los hechos consumados...".

"Los libertarios controlaban los <<secretariados>> más importantes, pero en realidad el poder seguía estando en la calle. El comité funcionaba espontáneamente, enfrentándose con los problemas a medida que iban surgiendo. Me gustaría poder decir que representaba una nueva forma de organización a través de la cual las masas podían expresarse: pero no era así. No era más que un expediente para llenar un hueco. Lamentablemente, no estuvo a la altura de las exigencias que la historia le hacía..." (349).

El Comité Central de Milicias Antifascistas había surgido en condiciones infinitamente más dramáticas que el Soviet de Petrogrado en 1917, o que los consejos alemanes. Ninguna de las organizaciones obreras que lo componían estaba mínimamente preparada para los acontecimientos que se estaban desarrollando a una velocidad vertiginosa. Todas las organizaciones carecían de un programa estudiado y madurado, que les permitiera orientarse en aquellas condiciones. El Comité Central de Milicias había surgido en unos momentos de guerra y de revolución, y difícilmente podía comportarse según los deseos de Jaume Miravitlles. La queja del dirigente político de ERC no era más que un lamento por sentirse apartado del poder real.

Las condiciones en las que había nacido y se desarrollaba el Comité Central de Milicias, eran un grave factor que se sumaba a la negativa manifiesta de la CNT y del resto de las organizaciones que lo integraban, a que éste se transformase en un auténtico poder democrático de la revolución, sustituyendo su representación burocrática (estaba formado por representantes de las direcciones de cada una de las organizaciones) por delegados revocables, escogidos por los comités locales que poblaban toda Catalunya.

"El Comité Central de Milicias no alcanzaba ese grado mutilado de democracia, por elección en el seno de cada organización. Sus componentes habían sido seleccionados por las direcciones de las organizaciones respectivas. esto, que al principio era forzado y no tenía gravedad ninguna, facilitó después la conversión del Comité Central de Milicias en organismo del Estado burgués. Todos los comités-gobierno de Catalunya aceptaron sin vacilaciones, la duda era imposible, la autoridad de aquel, considerándolo justamente el poder supremo de la revolución y convergiendo espontáneamente hacia él. No se le puede reprochar al Comité Central de Milicias el no haber sido desde el primer instante una representación democrática... pero el gobierno revolucionario tiene que saber estructurar, lo más rápidamente posible, un sistema representativo adecuado al carácter histórico de la revolución" (350).

El triunfo sobre los sublevados se había convertido en el triunfo de la CNT. La mayor parte de los trabajadores que habían vencido a la reacción, y que patrullaban armados por las calles, que procedían a incautarse de los centros de trabajo, que formaban sus comités, que empezaban a dirigir y a organizar la vida cotidiana, estaban afiliados a la central sindical libertaria. Companys había propuesto la formación de un Comité Central y de unas milicias que debían convertirse en simples apéndices del gobierno de la Generalitat. Sin embargo, el estallido y la profundidad de la revolución había convertido sus sueños restauracionistas, en ceniza.

La Generalitat estaba a merced de la voluntad de los anarcosindicalistas, y su existencia dependía de la dirección política que estos tomasen, en el transcurso de los meses siguientes. Companys, y los partidarios del Front d'Esquerres, no estaban dispuestos a perder el respiro, que la revolución les había dado.

"El Comité de Milicias fue reconocido como el único poder efectivo en Catalunya. El gobierno de la Generalitat seguía existiendo y mereciendo nuestro respeto, pero el pueblo no obedecía más que al poder que se había constituido en virtud de la victoria y de la revolución, porque la victoria del pueblo era la revolución económica y social" (351).

"... el Comité de Milicias lo era todo, lo atendía todo, la transformación de las industrias de paz en industria de guerra, la propaganda, las relaciones con el gobierno de Madrid, la ayuda a todos los centros de lucha, las relaciones con Marruecos, el cultivo de las tierras disponibles, la sanidad, la vigilancia de las costas y fronteras, mil asuntos de lo más dispares. Pagábamos a los milicianos, a sus familiares, a las viudas de los combatientes, en una palabra, atendíamos unas cuantas decenas de individuos a las tareas que a un gobierno le exigían una costosísima burocracia . El Comité de Milicias era un Ministerio de guerra, un Ministerio del Interior y un Ministerio de Relaciones Exteriores al mismo tiempo, inspirando organismos similares en el aspecto económico y en el aspecto cultural. No había expresión mas legítima del poder del pueblo" (352).

Si el gobierno de la Generalitat de Catalunya se había convertido en una sombra de lo que había sido, apenas unas semanas antes, el reflejo de la correlación de fuerzas existente, en plena situación de dualidad de poderes solo podía darse en el seno del nuevo organismo que concentraba el nuevo poder de la revolución: El Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya.

4.2 LA ESTRUCTURACIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA.

El cargo de secretario político del Comité Central de Milicias fue, de hecho, un cargo puramente simbólico. Jaume Miravitlles, como representante del espectral gobierno de la Generalitat de Catalunya, tuvo que ejercer dicho cargo, que no tenía absolutamente ningún poder. El hecho de que un alto cargo del gobierno autónomo hubiese sido nombrado para este puesto pretendía darle, a los ojos de la dirección anarcosindicalista, una imagen de "legalidad". La anécdota era, sin embargo, todo un símbolo. En el seno del Comité Central la autoridad real estaba en manos del grupo de delegados cenetistas, y entre ellos destacaba la figura carismática de Juan García Oliver, mientras que el poder "legal", completamente ficticio, quedaba en manos de Miravitlles. La simbología reflejaba, sin embargo, la dualidad de poderes existente en aquellos momentos en la Catalunya revolucionaria, donde el destartalado gobierno de ERC se mantenía gracias al compromiso al que habían llegado, con el anarcosindicalismo.

4.2.1 DEPARTAMENTO DE GUERRA

El departamento de guerra, verdadero motor del Comité Central de Milicias, estaba compuesto por un secretariado de ocho miembros, bajo la dirección de Juan García Oliver (3 militares, el Conseller de Guerra de la Generalitat y los representantes de la UGT, de ERC y del POUM). En su seno se crearon diversas subcomisiones que se encargaron de llevar a cabo, una serie de tareas determinadas, fundamentales para la formación de un verdadero cuadro de defensa (formación de milicias, escuela de mandos, industrias de guerra, abastecimiento y sanidad, planificación de los frentes...).

Diego Abad de Santillán fue el encargado de la formación de las columnas que se dirigieron rápidamente a la conquista de Zaragoza y de la zona de Aragón que había quedado en manos de los sublevados. En la comisión que se encargó de la organización y estructuración de las milicias, figuraron, además de Abad de Santillán, Sato, Edo y Ricardo Sanz.

Los cuarteles, en posesión de los anarcosindicalistas, fueron entregados, posteriormente, cuando el Comité Central de Milicias aceptó el principio representativo en su seno, a los diferentes partidos y sindicatos. La organización de las milicias debía quedar en manos del comité dirigido por Abad de Santillán, sin embargo, la aparición de las milicias partidarias, limitó las actividades de esta comisión a la distribución de suministros de armamento y víveres, a las milicias.

En los primeros momentos, el cuartel de Pedralbes fue habilitado para convertirse en el centro neurálgico de las milicias revolucionarias que deberían estar dirigidas por el Comité Central. Sin embargo, finalmente, solo sirvió para la organización de las milicias anarcosindicalistas. El resto de las organizaciones se dedicó a formar sus propias columnas de milicianos, que solo estarían controladas por ellas mismas. Para estas funciones se distribuyeron los cuarteles y puestos militares de Barcelona, entre los diferentes partidos y sindicatos. Montjuich fue ocupado por miembros de ERC; el cuartel de Lepanto estaba controlado por el POUM; el cuartel del Parque de la Ciudadela, fue ocupado por la UGT, y posteriormente por el PSUC, los anarcosindicalistas se reservaron los de Pedralbes, Sant Andreu, el de Caballería de Santiago y el de Ingenieros. El Parque de Artillería y el Cuerpo de Intendencia fueron instalaciones que fueron utilizadas en común, por todas las organizaciones. Los cuarteles en manos de sus nuevos ocupantes fueron bautizados con nombres tan significativos como "Bakunin", "Lenin", "Marx"...

Las milicias, nacieron por iniciativa de los partidos y de los sindicatos obreros, para enfrentarse al ejército sublevado, en aquellos lugares donde éste había triunfado. En Catalunya, las principales inquietudes estuvieron originadas por la indecisión de las tropas que estaban acantonadas en Valencia y por el triunfo de los facciosos en Zaragoza, tradicional feudo de la CNT. En Barcelona, el 24 de Julio, partía una primera columna armada, con 3.000 milicianos, que estaba dirigida por Durruti y asesorada por el comandante Pérez Farrás. En los días siguientes partieron diversas columnas, correspondientes a la CNT-FAI y al resto de las organizaciones antifascistas de Catalunya. Las milicias, organizadas a instancias del Comité Central, no estaban, sin embargo, bajo la disciplina de éste, sino de los partidos y sindicatos que las componían.

A comienzos del mes de Septiembre, el principal frente bélico de Catalunya, Aragón, contaba con unos 22.000 milicianos. De ellos, 2.000 correspondían a las fuerzas voluntarias del PSUC y de la UGT, 3.000 al POUM, 13.000 a las organizaciones anarcosindicalistas y unos 4.000 efectivos pertenecientes a los antiguos cuerpos policiales republicanos.

Además del Frente de Aragón, el departamento de guerra tuvo que hacerse cargo de la vigilancia de las costas catalanas, para prevenir una posible invasión de los sublevados, que estaban establecidos en el portaaviones natural que constituían las islas Baleares (salvo Ibiza que había permanecido fiel al gobierno de la república). La defensa y vigilancia de las costas se estructuró creando dos comisariados, uno en Gerona, que estuvo dirigido por Francisco Isgleas (CNT) y otro en Tarragona, al mando de Francisco Oliva (POUM).

Otro de las importantes tareas con las que tuvo que enfrentarse el departamento de guerra, fue la formación de nuevos mandos revolucionarios que pudieran dirigir, con la mayor eficacia posible, el nuevo e improvisado ejército revolucionario.

Los dirigentes de las columnas de milicianos que habían partido en Julio, rumbo a Zaragoza, carecían de formación militar en el campo de batalla, y su máxima experiencia no había pasado de los combates callejeros con la policía, en los años anteriores al inicio de la guerra y de la revolución: Durruti, Jover, Ortiza, Rovira, Arquer, Trueba..., La inexperiencia de estos mandos, tuvo que ser compensada, en las columnas, por la de algunos militares profesionales, de probada lealtad republicana, aunque con escasas simpatías hacia el movimiento revolucionario al que tenían que asesorar (los comandantes Pérez Farràs y Pérez Salas, Escobar...). La organización y coordinación del frente de Aragón, durante el primer mes de la contienda fue un verdadero caos. La dirección militar estuvo a cargo de un Comité de guerra, compuesto por doce hombres, representantes de las diversas columnas. Sin embargo, su autoridad era "muy ilusoria".

La Escuela de mandos de las Milicias: "La Escuela Popular de guerra" fue creada el 19 de Agosto, apenas un mes después de iniciada la guerra, cuando todo el mundo ya, adivinaba que la contienda iba a ser larga y sangrienta. La idea de la creación de una escuela de mandos revolucionarios nació a raíz de una conversación entre Guarner, Escobar y García Oliver, sobre los problemas más graves con los que se habían encontrado las milicias en su marcha hacia la ciudad de Zaragoza.

"El ejército del pueblo que ha surgido de las milicias se ha de organizar a base de una concepción nueva. Vamos a organizar una escuela militar revolucionaria en la cual formaremos los cuadros técnicos, que no estarán calcados de la antigua oficialidad, sino que, como simples técnicos, seguirán, a más a más, las indicaciones de los oficiales instructores que han demostrado su fidelidad al pueblo y al proletariado. Esta es la garantía más absoluta que el fascismo no nos arrollará, porque este fascismo tiene una táctica militar superior a nuestra buena voluntad, la cual extendida sólo sirve para malgastar esfuerzos de toda clase y vidas" (353).

La dirección y organización de la escuela de mandos quedó bajo el mando directo de Juan García Oliver. En el cuartel "Bakunin" (Pedralbes) donde se habilitó la escuela de mandos, recibieron una rápida instrucción militar, cerca de 2.000 voluntarios.

Los candidatos tenían que cumplir el requisito de contar con un pasado y una moral revolucionarias intachables, además de contar con el aval de una de las organizaciones que componían el Comité Central de Milicias. La disciplina en el seno del centro de formación era rígida, tanto para los instructores como para los alumnos. Sin embargo el funcionamiento estaba exento de castigos, salvo la expulsión del centro y la comunicación de la falta a la organización política que había avalado su entrada.

4.2.2 EL DEPARTAMENTO DE INTERIOR.

La formación de una nueva policía revolucionaria tuvo que ser llevada a cabo por los cuadros cenetistas a regañadientes. La revolución necesitaba defenderse de sus enemigos, pero este hecho chocaba con los tradicionales prejuicios del anarcosindicalismo, que proclamaba su condena absoluta del poder y del autoritarismo. Algunos historiadores consideran que la iniciativa de la creación de las patrullas de control, provino de Jaume Miravitlles (354), sin embargo la afirmación parece más que dudosa. Si los libertarios aceptaron, de mala gana, la tarea de crear una policía revolucionaria, forzados por la situación, es mucho más dudoso que Miravitlles, uno de los dirigentes de ERC y de la Generalitat propusiera el proyecto, cuando sus verdaderos planes eran los de reconstruir, cuanto antes, los antiguos cuerpos policiales que estaban al servicio de la Generalitat (355).

"Los jueces, aunque fuesen de la FAI, los policías, aunque perteneciesen a la CNT, nos eran poco gratos; eran funciones esas que nos causaban un poco de repugnancia. Por eso no vimos con simpatía tampoco la formación del cuerpo denominado Patrullas de control. Deseábamos liquidar todos los institutos coactivos de retaguardia y enviarlos al frente..." (356).

El anarcosindicalismo copó los puestos claves del departamento de Seguridad Interior. Aurelio Fernández fue el responsable de las actividades del comité, mientras que José Asens, quedaba encargado de las "patrullas de control", que quedaron constituidas el 10 de Agosto. Los responsables del Orden Público de la Generalitat, Escofet y Guarner, dimitían tres días después de este hecho, por considerar que habían quedado marginados de la función que les había encomendado la Generalitat.

Una de las primeras tareas que tuvo que llevar a cabo el Comité de Seguridad Interior fue la de velar por el nuevo orden revolucionario y hacer frente a la oleada de asesinatos y de saqueos que estaba llevando a cabo el lumpenproletariado y algunos exaltados, que aprovechaban el caos abierto con la nueva situación, para llevar a cabo sus venganzas personales. El mismo 20 de Julio, las organizaciones pertenecientes al Comité Central situaron destacamentos de guardias revolucionarios frente a los bancos, cajas de ahorros y otros lugares estratégicos para evitar que pudieran ser asaltados.

La nueva policía revolucionaria se organizó a partir de los militantes de las organizaciones obreras, su principal función consistió en velar por el mantenimiento del orden revolucionario, frente a los adversarios de la revolución. Es Andrade, uno de los máximos dirigentes del POUM, quien nos da una definición exacta de lo que era y representaba la nueva policía revolucionaria:

"... ¿Y que son las patrullas de control? pues, sencillamente, una policía obrera, revolucionaria, una garantía para todos los trabajadores, de que la contrarrevolución no levantará cabeza en la retaguardia, y de que la revolución caminará hacia adelante. Las patrullas de control, los grupos de investigación en Barcelona, son carne de la carne de la clase trabajadora; están integrados por militantes que, durante años, han soportado todas las arbitrariedades de la represión capitalista y que, ahora se encuentran al servicio integral de los intereses revolucionarios del proletariado en el actual movimiento" (357).

Las patrullas de control estuvieron compuestas, desde el principio, por destacamentos de todas las organizaciones antifascistas que formaban parte del Comité Central. El nuevo cuerpo policial revolucionario estuvo integrado por 700 hombres, en la ciudad de Barcelona, 325 de la CNT, 145 de la UGT, 45 del POUM y 185 de ERC. El número de miembros aumentó hasta alcanzar una fuerza de 1.100 hombres. El Comité Central de las patrullas estaba formado por 11 delegados de sección (4 de ellos pertenecientes a la CNT y a la FAI, 3 a la UGT y 4 a ERC). Los delegados de sección se correspondían a su vez a las 11 circunscripciones en las que había quedado dividida Barcelona para la actividad de la policía revolucionaria. Aunque el área de actividad se extendía exclusivamente al área metropolitana de Barcelona, cada ciudad y cada pueblo formaron sus propias patrullas obreras.

El Departamento de Seguridad dividió sus tareas en compartimientos especializados en tareas determinadas. Para las tareas de tipo político se creó un comité de investigación, que estuvo presidido directamente por Aurelio Fernández, y que se encargó de la persecución de los colaboradores y simpatizantes de la sublevación. El comité recibía denuncias, realizaba interrogatorios, llevaba a cabo sus propias pesquisas y detenciones cuando lo consideraba conveniente. Las patrullas de control actuaban en estrecha vinculación a este comité, mientras que extendían también, sus actividades al ámbito de la delincuencia común.

El Comité de Seguridad Interior, convertido en un verdadero ministerio del interior, se encargó también de la vigilancia de las fronteras marítimas y terrestres, controlando la entrada y salida de mercancías, de bienes y de personas.

"A finales de Agosto, hay en la prensa catalana una fuerte campaña sobre los problemas del Orden Público. El diario `La Rambla', por ejemplo, embiste contra <<los secuestros, los registros domiciliarios y los asesinatos>>. Y el `Diario de Barcelona', el mismo día 25 afirmaba: <<La Generalitat de Catalunya tiene en sus manos la solución de los problemas internos del orden revolucionario... Las fuerzas de seguridad, policía y asalto podrían formar, han de formar, la legión gloriosa del honor revolucionario...>>" (358).

Las organizaciones pertenecientes al Frente Popular, se convirtieron pronto en críticos acérrimos de la nueva policía revolucionaria, a la que acusaron de cometer numerosos excesos en la represión. Las acusaciones contra las patrullas de control, sin pretender afirmar que no hubo casos en los que hubo un exceso en su labor represiva, eran del todo interesadas. Mientras se acusaba a la policía revolucionaria, de contar en sus filas con asesinos e incontrolados, algunos partidos políticos y sindicatos contaban con su propia policía paralela y sus propias "comisarías" (chekas), y respondían de sus actividades solo ante los comités directivos de sus organizaciones. La represión sistemática contra sus adversarios en el campo republicano, que llevaban a cabo estos grupos parapoliciales, especialmente los ligados al PSUC, era públicamente conocida.

Las patrullas de control fueron ocupando, cada vez más, el espacio de la seguridad interior, en detrimento de las policías privadas. Sin embargo, éstas siguieron existiendo, de forma más o menos clandestina, e incluso, algunas de ellas, adquirieron gran importancia en períodos posteriores de la guerra civil. Los ataques contra las patrullas de control formaban parte de una vasta campaña política, que pretendía ir debilitando su imagen ante la población, para proceder a su supresión y a la restauración de los viejos cuerpos policiales republicanos que habían quedado casi desmantelados durante las jornadas de Julio.

A principios del mes de Febrero de 1937, los efectivos pertenecientes al PSUC y a la UGT abandonaron inesperadamente las patrullas de control. Era necesario debilitarlas, como paso previo a su disolución. El fracaso del doble poder y la integración de la CNT y del POUM en un nuevo gobierno de la Generalitat, seguida por la inmediata disolución del Comité Central de Milicias marcó el destino de una policía revolucionaria que perdía rápidamente su razón de ser, en medio de una revolución que retrocedía.

4.2.3 EL DEPARTAMENTO DE ABASTOS.

La situación de Catalunya era precaria. La principal zona industrial de la República carecía de las materias primas más elementales para el funcionamiento de sus fábricas. Si este déficit no era solucionado, la ventaja industrial con la que contaba la revolución, quedaría rápidamente neutralizada por la paralización de la producción y de los centros de trabajo.

"Nos encontramos desde el primer día, ante la penuria alarmante de materias primas y en una región que escaseaba en minerales, fibras textiles, carbones. Carecíamos de carbón para la industria y el transporte. El consumo normal de Catalunya era de cinco a seis mil toneladas diarias, y las únicas minas que se explotaban de carbones pobres, apenas nos daban, intensificando el trabajo, trescientas toneladas. en pocos meses hemos hecho llegar esta cifra a un millar; pero, con todo, la escasez de carbón era una tragedia constante, en particular de los carbones para la metalurgia. Asturias podía haber cooperado grandemente, pero uno de sus dirigentes, Amador Fernández, ha respondido a nuestras propuestas que prefería que el carbón de Asturias quedase en la bocamina o en el musel, a que fuese a parar a manos de los catalanes; y en cambio carecía en Asturias de tejidos que a nosotros nos sobraban y de otros elementos de que nos ofrecíamos a proveerla" (359).

La precariedad de la que hablamos, no estaba limitada al suministro de materias primas para el funcionamiento de la industria. Catalunya era especialmente deficitaria también en productos alimenticios, que habían quedado, en su mayor parte en las zonas que controlaban los sublevados: Dos terceras partes del trigo peninsular, la mitad del maíz, el 90% del azúcar, gran parte de la producción de patatas y también la mayor parte de las regiones ganaderas, habían quedado en territorio enemigo. A estas graves dificultades, había que añadir los crecientes obstáculos que iba a producir la guerra, en la importación de estos productos desde el extranjero.

Las organizaciones obreras, y con especial peso la CNT, organizaron los comités de abastecimientos de víveres, sustituyendo al comercio privado. Paralizados los circuitos tradicionales, la tarea de abastecer a una ciudad que contaba con más un millón de habitantes se convertía en un problema especialmente grave, que no permitía la más mínima demora. Había que reemplazar los viejos circuitos, ligados en su mayoría, a la iniciativa privada, a nuevos mecanismos revolucionarios que suplieran estas funciones.

Los primeros organismos que se encargaron de la función de distribuir los alimentos entre la población fueron llamados comités locales de abastecimientos y estuvieron controlados casi totalmente por los sindicatos de la CNT (especialmente por el Sindicato de la Alimentación). Estos organismos nacieron en los barrios de Barcelona y en numerosas poblaciones de Catalunya, ligados a los comités revolucionarios. Para conseguir los productos alimenticios necesarios, a partir del día 22 de Julio, se incautaron las existencias en los almacenes, comercios y en los mercados centrales de frutas, verduras, pescado y carnes para proceder a concentrarlos en grandes depósitos, desde donde procedieron a su distribución.

Equipos móviles, dependientes de estos comités iniciaron las requisas en las huertas y en las localidades cercanas a la capital, además de realizar todo tipo de permutas y de intercambios con los comités de los pueblos, por medio de vales o recibos que los comerciantes tenían que presentar en la Generalitat, después de que ésta se responsabilizase de los cobros. Fue en estos ámbitos y especialmente en las barriadas obreras de la capital catalana donde se organizaron los primeros comedores populares, que se encargaron de distribuir alimentos entre los combatientes y entre los sectores de la población más pobre. Los improvisados comedores se establecieron en los hoteles, en los locales sindicales, e incluso en empresas que acababan de ser incautadas por los trabajadores.

El Comité de Abastecimientos, creado el 24 de Julio, fue dirigido por el rabassaire Torrents. Con este nombramiento, el Comité Central pretendía que fuera un dirigente de las organizaciones campesinas de Catalunya, el que dirigiese una de las funciones del Comité Central, en la que eran imprescindibles las buenas relaciones entre la clase obrera, dueña de las ciudades, y el pequeño y mediano propietario del campo.

El nuevo organismo, adjunto al Comité Central de Milicias, se responsabilizó de centralizar y organizar las actividades dispersas, que habían llevado a cabo en los primeros momentos, los comités locales y los sindicatos, que estuvieran relacionadas con la producción, distribución y consumo de alimentos. Fue el primer organismo que procedió a realizar una política económica de precios.

"El Comité central de Abastos (cuyo origen era el departamento correspondiente del Comité de Milicias) fue encargado de regularizar y planificar cuanto concernía a la producción alimenticia y al consumo (tasas, precios, control de los grandes almacenes, de los depósitos, de los comercios al por mayor y al detalle, de las cooperativas, de las panaderías, de las fábricas de comestibles, recolección de trigo en Aragón y en Lérida, distribución de las mercancías, de los víveres, de los vestidos, compras al extranjero) y de aprovisionar a las milicias todavía desprovistas de intendencia, a las Patrullas de Control y a la población (restaurantes, centros populares, hospitales, etc.)"
(360).

El comité de abastecimientos fue dirigido por el anarcosindicalismo y estuvo integrado por un consejero delegado del Ayuntamiento y por representantes de todas las organizaciones (3 de la CNT, 2 de la FAI, 1 del POUM, 3 de ERC y 1 técnico). Una de las principales misiones, de las que se encargó el nuevo comité, fue la de proporcionar alimentos y suministros que aseguraran el mantenimiento de las milicias que avanzaban hacia Zaragoza, en el frente de Aragón.

Mediante la labor que llevó a cabo el comité de abastecimiento, durante el mes de Agosto, fueron alimentadas en Barcelona, 120.000 personas diariamente. La cifra se fue reduciendo hasta los 30.000 durante el mes de Septiembre, a medida que la situación se iba normalizando.

Era necesario detener la ola de confiscaciones que se llevaron a cabo contra los pequeños comerciantes, en los primeros momentos, sino se quería debilitar a la misma revolución. Para este fin se prohibieron las requisas individuales que eran llevadas a cabo por pequeños grupos de "incontrolados", y se establecieron una serie de grandes almacenes centrales que se destinaron a suministrar alimentos y productos de primera necesidad a los milicianos, a las patrullas de control, a los hospitales y a la población más pobre.

Otra de las tareas que llevó a cabo el comité de abastos fue la persecución del mercado negro y del acaparamiento de productos que llevaban a cabo, algunos comerciantes poco escrupulosos. Para ello se procedió a controlar las existencias existentes en los grandes almacenes de los mayoristas de cada ramo. El comercio al por mayor pasó a estar dirigido por los sindicatos, mientras que los pequeños comerciantes conseguían sus productos, adquiriéndolos en los sindicatos. De esta forma se controlaba el comercio y distribución de los productos, y se pretendía combatir el acaparamiento y el nacimiento del mercado negro.

"Gracias al apoyo de las Patrullas de control y de la Comisión de Investigación, y a los informes de los comités obreros de gestión y de control, pudo disponer de datos serios y ejercer un control efectivo, castigando con graves penas las infracciones: lo esencial del abastecimiento de los milicianos y de los habitantes de las ciudades se aseguró sin una notable elevación de los precios" (361).

El Comité de abastecimientos procedió a aplicar una política económica proteccionista. Para evitar situaciones explosivas, se congelaron los precios que existían antes del 18 de Julio, para intentar poner freno a la inflación que, aprovechando las circunstancias, empezaba a dispararse. Para ello fue necesario fijar los precios de los productos que debían venderse en los pequeños comercios.

"En las primeras semanas del nuevo régimen revolucionario, sin intentar un planteamiento de la situación a largo plazo, que desbordaba cualquier previsión y sobrepasaba las posibilidades de coacción política con las que se podía contar, se dictaron disposiciones para salir del paso, intentando bloquear los precios y tasando algunos de los servicios y productos" (362).

Un dato especialmente significativo de los resultados de la política seguida por el Comité de Abastos es el de que, durante los dos meses que tuvo de existencia, los precios aumentaron hasta un 12%, mientras que un año después, el incremento ascendía ya al 250% y en el mes de Septiembre de 1938, alcanzaba ya el 500%.

El comité abolió el dinero en sus transacciones. Los comestibles que llegaban del campo eran intercambiados por productos manufacturados que habían sido producidos en la ciudad. Se enviaron a todas las localidades, las listas de los productos excedentes que estaban depositados en los almacenes de Barcelona, listos para ser cambiados por productos de primera necesidad.

Las operaciones comerciales que llevó a cabo el comité de abastecimiento no sólo fueron en el ámbito de Catalunya, sino que frecuentemente se realizaron con Aragón, e incluso con Andalucía. La fundación del Comité de abastos, y la estructuración de su labor lo llevó a chocar con los comités revolucionarios de barriada, que habían sido los primeros organismos que habían procedido a asegurar el control y la distribución de víveres entre la población. Los comités cedieron al nuevo departamento del Comité Central el control de los almacenes que se encontraban en su poder.

4.2.4 LA COMISION DE INDUSTRIAS DE GUERRA

En el período anterior a la contienda, Catalunya no contaba con ninguna industria bélica en su territorio. Razones políticas e históricas habían alejado de la zona más industrial del país, cualquier tipo de industria de armamento. Era necesario llevar a cabo esta tarea en un tiempo peligrosamente escaso, sino se quería caer en el colapso total de su defensa.

El 7 de Agosto, se constituyó, por iniciativa del departamento de guerra, la Comisión de Industrias de guerra de Catalunya. A pesar de todo, apenas acabados los últimos combates en las calles de Barcelona, la iniciativa espontánea de los obreros revolucionarios había procedido a dotar a las columnas milicianas que se estaban formando para dirigirse hacia Zaragoza, de los primeros camiones blindados. El 21 de Julio, el sindicato de la Metalurgia de la CNT, de acuerdo con Juan García Oliver, había elegido a Vallejo para organizar una industria de producción de armamento.

La Comisión recién formada, bajo la presidencia de Josep Tarradellas, se encargó de coordinar estos primeros esfuerzos espontáneos. Sin embargo, a pesar de la dirección simbólica de la Generalitat, el peso y el control real de ésta, quedaba en manos del Comité Central de milicias. Los obreros industriales Eugenio Vallejo (metalúrgico) y Manuel Martí (Químico) fueron los verdaderos encargados de impulsar la nueva industria bélica. A la comisión se unieron algunos técnicos militares procedentes de Oviedo (Jiménez de la Veraza...).

Era imprescindible planificar con rapidez la reconversión de una parte de la industria catalana para conseguir la producción de material de guerra. Para ello, el nuevo comité técnico fue dotado de amplios poderes para proceder a la incautación de talleres y fábricas, maquinaria y materias primas. El trabajo inicial del Comité se centró en unas pocas empresas metalúrgicas y químicas, que fue aumentando a medida que las necesidades de armamento y munición también se incrementaban ("Hispano Suiza", Cross, Fabricación Nacional de Colorantes y Explosivos, La Maquinista Terrestre y Marítima...). A mediados del mes de Septiembre, el número de empresas incautadas y controladas por el comité era ya de 24, un año después, en Octubre de 1937, el grupo de empresas se extendía a más de 500, con más de 50.000 trabajadores.

"...se han sostenido campañas virulentas contra las industrias de guerra catalanas, en las que trabajaban ciento cincuenta mil hombres, se perseguía el propósito de hacerlas depender todas del poder central, y en cuanto dependía de éste, no hizo más que poner dificultades, negando divisas, materias primas... pero aún así, a comienzos de Diciembre de 1937 se habían producido en las fábricas catalanas más de 60 millones de vainas para cartuchos <<máuser>> y desde el comienzo de septiembre del mismo año, se llevaban producidos 76 millones de balas... Habiendo comenzado a fabricar en septiembre de 1936 proyectiles de artillería en número de 4.000 por mes, llegó en Abril de 1937 a la cifra de 90.000. Y hasta el 30 de septiembre de este último año se habían fabricado ya 718.000 proyectiles de cañón. Cerca de 600.000 espoletas se habían fabricado en Catalunya, hasta el 30 de septiembre de 1937... Se montó una fábrica de pólvora con capacidad para mil kilos diarios, y gracias a la metalurgia de Catalunya pudo aumentar considerablemente su producción la fábrica de pólvora de Murcia, única con que contaba la República. En Septiembre de 1936 se fabricaban ya trilita, tetralita, dinitronaftalina y ácido pícrico. En el primer año de trabajo se produjeron 752.972 kilos de tetralina, a fines de agosto de 1936, un mes después del triunfo sobre el levantamiento militar, se cargaban en Catalunya bombas de aviación con trilita fabricada en fábricas propias".
...
"Se comenzó en Agosto de 1936 a instalar una fábrica de octanol, obteniendo en la misma también cloruro de metilo y tetraetilo de plomo puro, la primera de España y una de las pocas de Europa".

"Pero no sólo se fabricaba material de guerra, se fabricaban las máquinas necesarias para obtener ese material..." (363).

4.2.5 LOS TRIBUNALES REVOLUCIONARIOS.

A pesar de la cuidadosa depuración que llevó a cabo el movimiento revolucionario sobre los viejos cuerpos judiciales, las instituciones penitenciarias, el Palacio de Justicia de Barcelona con sus archivos intactos, permaneció después de las jornadas de Julio en poder del gobierno de la Generalitat, custodiado por un retén de la guardia civil.

Angel Samblancat, acompañado por un destacamento revolucionario sujeto al Comité Central de Milicias, ocupó el edificio, con el pretexto de hacer un registro en busca de armamento que pudiera estar oculto. Posteriormente, Samblancat, abogado cercano a los anarcosindicalistas, junto a dos delegados de la CNT, constituyeron el Comité Superior de Justicia de Catalunya. El nuevo poder judicial, desde sus nuevas estancias, simplificó y facilitó los trámites, además de instituir en ellos, el principio de la gratuidad. Los revolucionarios también procedieron a la destrucción de los expedientes anteriores al 19 de Julio que se encontraban archivados en el Palacio de Justicia.

El 17 de Agosto, la Generalitat decretaba la creación de una Oficina Jurídica que debería encargarse de llenar el vacío creado con la disolución de los antiguos cuerpos jurídicos de la república. Sin embargo, simultáneamente, la Generalitat limitaba los alcances revolucionarios de ésta.

"...lo que comenzó en comité revolucionario y fue, no el comité superior, sino el organismo único de la justicia, por un decreto de la Generalitat quedó reducido a una simple oficina jurídica, sin facultades definidas y expresas..." (364).

Angel Samblancat, primer presidente de este tribunal, fue sustituido, el 29 de Agosto, por su compañero, Eduardo Barriobero. Samblancat pasó a dirigir el Tribunal Extraordinario que juzgó y sentenció a muerte, a bordo del buque-prisión "Uruguay", a Goded, Fernández Burriel y al resto de los principales dirigentes de la sublevación en Barcelona. El 12 de Agosto, los condenados fueron fusilados en los fosos del castillo de Montjuich.

La principal tarea de Barriobero y de su oficina jurídica fue la de proporcionar asesoramiento jurídico gratuito a la población. Entre las principales tareas que llevó a cabo, estuvo la persecución de la especulación y de la usura, la solución de las dificultades y litigios que surgían en los casos de divorcio y de matrimonio, la investigación sobre las acusaciones menos graves de simpatías con los sublevados. La labor de la oficina jurídica, llevada con una gran dosis de voluntarismo por sus integrantes, llegó a contabilizar más de 6.000 casos resueltos, en los escasos ochenta días de existencia de este organismo.

La Oficina Jurídica fue disuelta por la Generalitat, el 20 de Noviembre. El gobierno autónomo, había ya recuperado gran parte de su poder perdido. Era el momento de restaurar los viejos organismos judiciales que habían sido depurados por la revolución.

Los nuevos tribunales revolucionarios fueron "legalizados" por la Generalitat, mediante sendos decretos que fueron publicados el 24 de Agosto. El día 26 del mismo mes, se constituyó un Tribunal Popular Especial en Barcelona, que pasó a encargarse de los delitos relacionados con la rebelión militar.

Los nuevos tribunales se constituyeron por toda Catalunya a finales del mes de Octubre (siete en total, cuatro en Barcelona y uno en cada una de las provincias catalanas restantes) estando integrados a imagen y semejanza del de Barcelona, por un magistrado y un jurado de doce miembros de probada "moral revolucionaria" de las organizaciones que componían el Comité Central de Milicias.

Su funcionamiento estuvo alejado de los procedimientos tradicionales, que la revolución rechazaba. El rechazo a los antiguos códigos de justicia, creaba un vacío legislativo que solo podía subsanarse con la conciencia de los que componían el tribunal. Las sentencias, que se emitían después de los juicios, no podían apelarse. Sin embargo, y según numerosos testimonios, no puede hablarse de que el Tribunal Popular dictase sentencias preestablecidas, ni que éstas fueran especialmente severas.

Brademas, cita el testimonio del jurista liberal Angel Osorio y Gallardo, poco sospechoso de simpatizar con la justicia revolucionaria que afirma que, los tribunales populares respetaban generalmente las garantías de los procesados, llegando incluso a menudo, a extremos "exagerados" (365). Los nuevos tribunales revolucionarios consiguieron, con su obra, terminar con los primitivos y temidos "paseos".

La ocupación del Palacio de Justicia de Barcelona por Samblancat y por un destacamento de guardias revolucionarios, ligados al Comité Central, no significaba que éste prestara especial atención a la creación de una nueva justicia, sino que, por el contrario, éste se desentendía por completo. El nuevo orden judicial quedó en manos de la actitud voluntarista y de la iniciativa de un puñado de abogados ligados, en su mayoría, a la CNT. Los prejuicios históricos del anarcosindicalismo aparecían, una vez más, dificultando las tareas que la revolución exigía.

"Sin embargo el Comité de Milicias no hizo nada para absorber la administración de justicia. Deliberadamente por mi parte, no se deseó ejercer las funciones judiciales en materia civil ni penal. Dejamos que el control de la administración de justicia fuese ejercido por el comité revolucionario, que se constituyó en la audiencia de Barcelona, al que pertenecían eminentes juristas como Eduardo Barriobero, Angel Samblancat, Juan Rosinyol y otros, asistidos por representantes de la CNT y de la UGT" (366).

La actitud de menosprecio y de abandono del anarcosindicalismo, con respecto al poder judicial, fue aprovechada con posterioridad por los partidarios de la restauración del orden republicano. Diego Abad de Santillán nos lo indica a su manera:

"Se formaron tribunales populares que entendían en los delitos de rebelión y de conspiración contra la República y contra el nuevo derecho. Una vez reconocida la función, en la primera circunstancia favorable se sustituiría a los jueces populares por los antiguos jueces profesionales, más expertos en el oficio y se pondría al servicio de la contrarrevolución estatal un instrumento revalorizado inconscientemente por nosotros mismos" (367).

En contraste con la falta de interés que manifestaba el anarcosindicalismo para consolidar un nuevo poder judicial revolucionario, la Generalitat se oponía y obstaculizaba la depuración de los viejos colegios judiciales.

"...los indeseables expulsados por la puerta principal, con una credencial de la Generalitat como bandera, fueron restituyéndose a sus puestos por las puertas accesorias" (369).

El gobierno de Companys veía con preocupación las purgas a la que eran sometidos los estamentos del viejo estado, que serían indispensables para la restauración de la República y del poder jurídico, en cuanto las circunstancias lo hicieran posible.