4.2.6 EL CONSEJO DE LA ESCUELA NUEVA UNIFICADA.

El Consejo de la Escuela Unificada fue constituido el 27 de Julio para proceder a llevar a cabo una serie de cambios revolucionarios en la enseñanza, que poco antes estaba, en gran parte, en manos de las órdenes religiosas. El comité de Enseñanza, "ratificado" por el gobierno de la Generalitat, se constituyó sobre la base de representaciones de las organizaciones sindicales y de la Universidad. El secretario del consejo J.Puig Elías, era miembro de la CNT, con él, formaban parte del mismo, otros tres representantes del sindicato.

La labor del CENU tuvo importantes éxitos en un corto espacio de tiempo y en unas circunstancias excepcionalmente difíciles. Antes del 19 de Julio, Barcelona contaba solo, con un total de 34.000 plazas escolares, a principios de 1937, apenas medio año después, la cifra era ya de 54.758. La población escolar en toda Catalunya se triplicó durante este período.
En pocos semanas fueron abiertas, solo en la ciudad de Barcelona, 102 nuevas escuelas laicas. La enseñanza primaria y media fueron reorganizadas, depurando a los elementos más reaccionarios, de la enseñanza.

El impotente gobierno de la Generalitat procedió a ratificar la "legalidad" de las incautaciones que se estaban llevando a cabo en las antiguas escuelas religiosas, y cuyos antiguos ocupantes habían procedido a abandonarlos, después de los resultados de las jornadas revolucionarias de Julio.

"El consejero de cultura ha dado las disposiciones necesarias al claustro de maestros laicos de Catalunya para que procedan inmediatamente a organizar escuelas para el pueblo en los edificios donde estaban las escuelas religiosas del paseo de la Sagrada Familia y la que había sido residencia de los jesuitas de la calle Ataulfo" (370).

La educación sufrió una verdadera revolución interna. La CENU, liquidó la vieja enseñanza religiosa y basó la nueva enseñanza laica en "los principios racionalistas del trabajo y de la fraternidad humana", el "sentimiento de solidaridad universal" y en la voluntad de suprimir los viejos privilegios de clase existentes anteriormente (371).

4.3 LAS RELACIONES DE PODER.

La revolución de Julio había entregado el poder al anarcosindicalismo. El gobierno de la Generalitat de Catalunya se había derrumbado estrepitosamente, sin poder oponer ninguna resistencia a los revolucionarios victoriosos. En pocas horas, el ejército sublevado había sido aplastado por las fuerzas combinadas de los obreros revolucionarios y las escasas fuerzas que se habían mantenido fieles a la legalidad republicana.

Sin embargo, los guardias de asalto y la guardia civil, en contacto con la oleada revolucionaria que ocupó rápidamente las calles de Barcelona y de las principales ciudades y pueblos de Catalunya, entró en un proceso de disgregación.

En pocas horas, el triunfo de Lluís Companys sobre Goded se había revelado vacío de contenido, revelando la madurez de la situación revolucionaria que se extendía por toda Catalunya y por gran parte del estado.

El auténtico período de dualidad de poderes se abrió con la renuncia de los dirigentes anarcosindicalistas a tomar el poder e instaurar el comunismo libertario. Los restos del gobierno de la Generalitat se mantuvieron en pie, mediante el pacto que se había establecido entre Companys y los representantes de la CNT y de la FAI. Fruto de este compromiso aparecía el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya. El nuevo organismo de colaboración se constituyó rápidamente en el único poder que abarcaba toda Catalunya, y que contaba con autoridad entre la multitud revolucionaria.

Sin embargo, la orientación política que habían adoptado los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI, tenía muy poco que ver con la de sus propias bases y las del resto de las organizaciones obreras. Los trabajadores en general, sintiéndose armados y triunfadores del conflicto con los sublevados, desconfiando de las ineficaces y moderadas autoridades republicanas, habían procedido a organizar su propio poder. Los Ayuntamientos fueron sustituidos o en todo caso, marginados, por una vasta red de comités revolucionarios locales que se convirtieron en auténticos miniestados, y ejercieron como tales.

Los antiguos cuerpos policiales habían desaparecido para apoyar, unos a la sublevación militar, y otros al gobierno de la República, los primeros habían sido aplastados, los segundos se habían disuelto, en muchos casos, en la marea revolucionaria, o habían perdido toda su autoridad frente a los trabajadores armados. El ejército también había desaparecido de la escena, solo unos pocos mandos, fieles a la República, se habían mantenido en sus puestos, mientras que las unidades militares que no se habían unido a los rebeldes, habían acabado por disolverse con el triunfo de los revolucionarios y con el decreto de disolución que había dictado el gobierno Giral.

En Catalunya, la situación de dualidad de poderes adquiría, con estos acontecimientos, una complejidad extrema, característica de la revolución española. Aparentemente la realidad revolucionaria no se presentaba como un forcejeo entre dos poderes, claramente diferenciados, uno el poder burgués que no se resignaba a morir, y otro el nuevo poder revolucionario que todavía no había tomado completa conciencia de su existencia. La revolución española en Catalunya aparecía bajo un triple poder.

En un extremo del arco político se encontraba el poder burgués republicano, el gobierno de la Generalitat de Catalunya, completamente desarbolado y apoyado por las organizaciones que componían el Front d'Esquerres (El Frente Popular en Catalunya). En el extremo contrario, representaban a la revolución que acababa de estallar, la multitud de comités locales, los comités de fábrica, las patrullas de control, los tribunales populares y las milicias revolucionarias. Y en medio de ambos poderes, se encontraba el nuevo organismo que encarnaba el poder dual, nacido del compromiso entre los que se negaban a tomar el poder y los que lo habían perdido y pugnaban por recuperarlo.

"La verdad es que la Generalitat tenía su autoridad secuestrada por el Comité de las Milicias, pero éste también lo estaba por otros mil comités que actuaban por su propia cuenta, mientras que el gobierno central intentaba, incluso hasta perder puntos esenciales de la guerra, imponer su autoridad sobre la Generalitat y el mismo Comité Central de Milicias" (372).

El Comité Central de Milicias Antifascistas representaba esta dualidad de poderes. Inevitablemente, la evolución de este organismo iba a reflejar, en los meses siguientes, los derroteros que iba a seguir la situación revolucionaria en Catalunya, y este desenlace iba a condicionar, en gran parte, la evolución de la revolución española. El mantenimiento del Comité Central como organismo de compromiso, solo podía ser temporal. El pacto al que habían llegado las diferentes organizaciones que lo componían no podía extenderse a las fuerzas sociales que se estaban enfrentando. Tarde o temprano, la dualidad de poderes tenía que decantarse hacia uno de los dos lados: hacia el triunfo de la revolución de los comités, o hacia la restauración de la vieja República. Tarde o temprano, iba a producirse el choque entre dos fuerzas que representaban intereses completamente contrapuestos.

En medio de esta compleja situación revolucionaria se estableció un tupida red de relaciones entre los diferentes poderes que convivían: el gobierno de la Generalitat, el Comité Central de milicias y la multitud de comités revolucionarios.

4.3.1 LAS RELACIONES ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y EL COMITE CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA.

Los hechos de Julio significaron el hundimiento del orden republicano, y por consiguiente, también el del gobierno de la Generalitat en Catalunya. La situación revolucionaria que acababa de abrirse colocaba al Comité Central de Milicias en el centro del poder político, gracias al protagonismo que jugaba en su seno el anarcosindicalismo.

Desde los primeros momentos, el eje de la política de la Generalitat estuvo en aprovechar el respiro que le había brindado la CNT para recuperar su poder. La autoridad y los medios de los que disponía el gobierno autónomo catalán habían quedado seriamente desbaratados por la revolución, pero seguían existiendo y podían recuperarse.

Apenas terminados los combates, el gobierno de la Generalitat publicó una serie de medidas, que contaron con el beneplácito de las asociaciones patronales catalanas, destinadas a recuperar el prestigio y la iniciativa perdida ante el movimiento revolucionario (aumento de los salarios en un 15%, semana laboral de 40 horas, rebaja de los alquileres, confirmación a favor de los obreros de todas las sentencias de los jurados mixtos recurridas por los patronos ante el consejo de trabajo, pago de los jornales de los días de la huelga general...).

Sin embargo, la situación había ido ya, demasiado lejos para poder volver atrás mediante unos simples decretos. Era demasiado tarde, los trabajadores eran perfectamente conscientes de cuales eran las intenciones del gobierno autónomo catalán. Los decretos ya habían sido superados por ellos, con sus propios métodos y organizaciones, no necesitaban para nada al gobierno de la República y a la Generalitat. Eran dueños de sus propios destinos.

"La autoridad, sobre todo la que emanaba del Gobierno central quedó en mitad de la calle, y el mismo Gobierno de la Generalitat,... fue también desbordado. Éste, en un intento de encauzar el ímpetu revolucionario de las masas, autorizó al consejero de Trabajo a que, por medio de la radio, diese cuenta de las disposiciones dictadas sobre la rebaja de jornada, aumento de salarios y aprobación de bases de trabajo pendientes. Antes de publicarlas, estas disposiciones fueron puestas en conocimiento de delegados de las llamadas corporaciones económicas, llamados a la Generalitat, tales como el Fomento del Trabajo Nacional, Cámaras de la Industria y de la Propiedad, etc..." .

"Todos los presentes estuvieron de acuerdo en todo y el representante de la Cámara de la Propiedad ofreció además la rebaja de alquileres" (373).

Estas medidas, tachadas de "demagógicas" por la mayor parte de los historiadores, revelan las verdaderas intenciones políticas del gobierno de la Generalitat de mantenerse y resistirse a la cresta de la ola revolucionaria, su derecho a existir, disputando, palmo a palmo, a los revolucionarios el terreno que acababa de perder.

Los primeros intentos del gobierno de la Generalitat para recuperar el control de la situación acabaron en un rotundo fracaso. La situación revolucionaria no lo permitía. Era necesario esperar el momento propicio.

"(El gobierno autónomo) con intentos a veces tímidos pero constantes, iba manifestando su presencia y su voluntad de subsistencia".

"Como no se disolvieron las fuerzas del orden público... ni la misma burocracia estatal, los republicanos liberales burgueses que estaban en el gobierno autónomo tendieron paulatinamente a reforzar aquellos organismos que en el primer momento de la revolución parecieron desplazados y en una franca confusión sobre el poder al que tenían que obedecer. También tendieron a aglutinar las fuerzas militares, creando fuerzas milicianas propias. Los hombres de la Generalitat sabían que cuando aquellos organismos de orden público volviesen a tener cohesión, conjuntamente con las propias fuerzas milicianas, podrían ellos, recuperar la vitalidad de su poder o la simple viabilidad de este poder, que de hecho solo estaba dormido".

"Por esto y desde su punto de vista es lógico, el gobierno autónomo catalán constantemente hizo sentir su presencia en todas las disposiciones que dictaba el comité de milicias y, en ocasiones, hasta creando situaciones conflictivas, intentaba pasar por delante..." (374).

El gran problema con el que tenía que enfrentarse el gobierno de la Generalitat, era evitar que los pasos progresivos para recuperar el poder, no provocaran la respuesta inmediata de los revolucionarios. El primero a seguir, pues, era ligarse por completo al Comité Central de Milicias, "legalizar" mediante decretos las medidas adoptadas por éste, y aprovechar la indecisión y las vacilaciones de los anarquistas para reforzar sus propios medios. También era necesario aumentar su prestigio político, blanquear la imagen política ante la población, hasta convertirla en respetable y "revolucionaria", frente a la reacción militar y frente a los "extremismos de izquierda".

"El gobierno de la Generalitat actuó durante los dos primeros meses, poco menos que al dictado del Comité de Milicias. En la mayoría de los aspectos... revelan el firme propósito de mantener las riendas de la situación, aún dentro del pragmatismo que supone aceptar, como marco de actuación una economía revolucionaria que iba más lejos de lo que, sin duda, hubieran deseado los partidos de izquierda burguesa todavía predominantes en el gobierno del 6 de Agosto..." (375).

La prensa cercana a los criterios políticos del gobierno de la Generalitat, publicaba continuamente decretos por los cuales, "se incautaba" de las principales industrias y servicios de Catalunya. Los periódicos burgueses catalanes pretendían con estas noticias dar una imagen de normalidad y de iniciativa política de la Generalitat que no se correspondía con los hechos.

Si nos atenemos a los artículos de los periódicos, la imagen que daba la prensa catalanista era de que la Telefónica, los servicios de transportes urbanos y las principales empresas metalúrgicas catalanas, todo era "incautado" por la Generalitat, en aras a las necesidades de la guerra que acababa de estallar. La realidad era otra muy distinta, la industria, los servicios, Catalunya entera, se encontraba en manos de los trabajadores.

En una conversación entre Juan García Oliver y Buenaventura Durruti, recogida por Abel Paz, encontramos las claves de la política de la Generalitat, en la que se encontraban presos los dirigentes anarcosindicalistas:

"A la conclusión que García Oliver llegaba era que, tal y como estaban las cosas, no quedaba otra solución que seguir los acontecimientos y mirar de controlarlos. Había que mantenerse en el Comité Central de Milicias Antifascistas, no soltar los puestos de dirección que la CNT y la FAI tenían, sostener los comités de Defensa, y utilizar la fuerza armada del pueblo como una constante amenaza ante una eventual tentativa de reconstruir el antiguo poder... Pero a todo esto, decía García Oliver, hay que darle un carácter legal, desde el Comité Central de Milicias Antifascistas...".
...
"...(Durruti) Cuanto más legalicemos -añadió-, más reforzaremos al Govern de la Generalitat, puesto que es él quien decreta y pone su sello; y cuanto más se refuerce el Govern de la Generalitat, más se debilitará el Comité Central de Milicias Antifascistas. Esto significará que la CNT reforzará al Govern de la Generalitat..." (376).

Companys intentaba neutralizar la iniciativa y el predominio de la CNT y de la FAI. Su política de orden público se centró en reforzar las fuerzas que le eran fieles, y que se habían salvado de la descomposición revolucionaria de los primeros días.

Los destartalados cuerpos policiales republicanos (guardia civil o republicana, guardias de asalto, mozos de escuadra...) fueron aumentando progresivamente en el número de sus efectivos, hasta poder competir, meses más tarde, con las patrullas de control y liquidar la situación revolucionaria.

Sin embargo, las medidas de la Generalitat tuvieron que adoptar una dinámica prudente, la oposición que encontró en las primeras semanas, por parte de los representantes anarquistas del Comité Central fue total; solo la presión y la negociación, combinadas, pudieron conseguir que los dirigentes de la CNT acabaran por aceptar medidas de compromiso que significaban un paso en sus planes para recuperar el poder.

"Surgió la idea de traer todas las unidades de la guardia civil que seguían en los pueblos. Los anarquistas se enteraron del plan. Él (Jaume Miravitlles) y Tarradellas, en representación de la Generalitat, se entrevistaron con Durruti, García Oliver y Mariano Vázquez de la CNT, que se presentaron armados".

"<<Si tratáis de traer a la guardia civil, convocaremos una huelga general en el acto. Habrá una masacre de líderes de la Generalitat y de la Esquerra>>" (377).

El mismo plan político fue aplicado a la reconstrucción del ejército. Las milicias tenían una serie de características (democracia interna, espíritu revolucionario, control de las bases, politización...) que las convertían en altamente indeseables para los objetivos de la Generalitat. Era necesario reconstruir un ejército tradicional a partir de los oficiales que se habían mantenido fieles a la República y de las milicias controladas por el Front d'Esquerres. Sin embargo, los efectivos de la Generalitat era muy inferiores a los revolucionarios, era necesario, antes, reclutar una serie de levas forzosas sobre la población.

Aunque los primeros intentos del gobierno autónomo para recuperarse, fracasaron por la oposición de los revolucionarios, en otras ocasiones, fue el Comité Central de Milicias quien acabó por aceptar soluciones de compromiso, que evitaran el enfrentamiento y que preservaran la unidad "antifascista" en su seno. El conflicto entre ambos poderes, sobre los cuerpos policiales se saldó, finalmente, con una salida intermedia, la Generalitat podría aumentar las fuerzas de sus efectivos, pero éstos pertenecerían a los sindicatos, con lo que su reforzamiento se haría a partir de elementos revolucionarios.

Aparentemente, los anarcosindicalistas se habían salido con la suya, en la práctica, el resultado significaba un retroceso de las fuerzas revolucionarias. Los nuevos integrantes de los efectivos policiales de la Generalitat, pese a su origen revolucionario, estarían sujetos a la disciplina y al control del gobierno autónomo catalán.

Aunque desarbolado, el gobierno autónomo catalán había ido recuperando todos los medios que la CNT y la FAI habían despreciado (nacionalización del sistema financiero, importancia del dinero, supervivencia de los viejos cuerpos policiales,...) para poder utilizarlos posteriormente en su política de recuperación del poder. La Generalitat se apresuró a nacionalizar las entidades financieras catalanas, aprovechando la mayoría sindical ugetista que existía en ellas. Peres Mas i Parera fue nombrado comisario de la Banca en Catalunya, "para atender debidamente al pago de los jornales de los trabajadores" (378).

Los instrumentos que la moral anarcosindicalista había despreciado como instrumentos de un sistema capitalista trasnochado, que nunca volvería a resurgir de sus cenizas, fueron utilizados, posteriormente, en su contra por sus adversarios del frente Popular. Numerosos tesoros y gran cantidad de dinero (en moneda nacional y en divisas) fueron entregados por el Comité Central y por las patrullas de control, fruto de sus registros y requisas en conventos, iglesias y mansiones, al consejero de cultura de la Generalitat, Ventura Gassol, que hacía, a su vez, de depositario.

El anarcosindicalismo comprendió demasiado tarde el error que había cometido, todo el sistema financiero, incluidas las reservas de oro y de divisas del Banco de España se encontraban en poder del gobierno republicano, apoyado por las organizaciones del Frente Popular, que empezó a utilizar la represión financiera (La Catalunya revolucionaria necesitaba importar numerosos productos que no estaba en condiciones de producir en su suelo, y para ello eran necesarias las divisas que se encontraban en manos de sus adversarios) como un arma terriblemente eficaz para hacer retroceder al movimiento revolucionario y restaurar el orden republicano.

"La Generalitat es un artefacto meramente formulario. Pero Companys que ha reconocido el derecho de los obreros a gobernar, e incluso les ha ofrecido abandonar su puesto, maneja las cosas con tal arte, que poco a poco reconstituye los órganos legítimos del Poder, devuelve la acción a los Consejeros y deja los organismos obreros reducidos a su papel de auxiliares, de asesores, de ejecutores. A los cuatro o cinco meses estaba restablecida la normalidad" (379).

Con su política de "legalizar" lo que ya estaba legalizado por la acción de los trabajadores en la calle, la Generalitat pretendía conservar su principio de la autoridad, y también integrar las conquistas revolucionarias en el marco de la legalidad republicano burguesa: "El gobierno no gobernaba, pero seguía existiendo" (380).

Consecuencia de esta táctica, el gobierno de la Generalitat publicó el decreto del 22 de Julio. Apenas instituido el Comité Central y en plena efervescencia revolucionaria, el gobierno catalán ordenó la depuración de los gobiernos municipales, por el que eran destituidos todos los concejales y alcaldes que no pertenecieran al Front d'Esquerres, mientras que las vacantes deberían ser cubiertas por los representantes de los partidos y sindicatos que se habían opuesto a la sublevación militar. Con esta maniobra política , el gobierno de Companys pretendía salvar de la quema revolucionaria, el aparato municipal de la República en Catalunya. Para ello era necesario blanquear su imagen depurando a los elementos más derechistas y reaccionarios, pero simultáneamente, también se invitaba a los anarcosindicalistas y a los poumistas a integrarse en los Ayuntamientos. La campaña de depuraciones que llevó a cabo el gobierno de la Generalitat se extendió a todos los campos, incluidos los cuerpos policiales (381).

Desde el principio, y aprovechando los decretos, el gobierno de Companys nombró una serie de delegados interventores de la Generalitat (decreto del 24.08.36) que la representaban en el seno de las empresas incautadas. La función de estos delegados, simbólica durante los primeros meses por exigencia de los mismos trabajadores, que no hubieran permitido otro tipo de cometido, fue definiéndose y cobrando fuerza, a medida que el movimiento revolucionario retrocedía y las empresas colectivizadas, presionadas financieramente, se veían obligadas a aceptar sus imposiciones.

"Se ha recurrido a la ficción de expedir decretos o leyes que den a sus organismos (comités de milicias, patrullas de control, milicias populares de diversos tipos, consejos regionales, etc.) la característica formal de órganos oficiales, cuando estos reglamentos, por si mismos, hacían obra legal. En Catalunya, por ejemplo, la Generalitat convertía automáticamente esas disposiciones en decretos regulares".

"Los revolucionarios terminan por pensar que la función del Estado o de los gobiernos autónomos es <<legalizar sus actos>>, ... en los últimos meses de 1936 cunde la idea que hay una suerte de división de funciones que consiste en:

a) creación revolucionaria popular, por intermedio de sindicatos, comités, consejos, colectividades, etc.;

b) la legalización, y reconocimiento público de esas conquistas populares por el Gobierno central o los gobiernos locales" (382).

Con esta política, y frente a la desorientación de los revolucionarios, el gobierno de la Generalitat se hacía cada vez más "imprescindible" para los revolucionarios. Sin embargo, el gobierno autónomo burgués republicano, seguía siendo hostil a la revolución de los comités y seguía combatiendo para conseguir su liquidación final.

Mientras tanto, los dirigentes de la CNT, confiados en que eran los dueños de la calle y del Comité Central de Milicias, mantenían una ingenua postura de compromiso y de desprecio hacia el gobierno de la Generalitat. Al fin y al cabo, ellos estaban convencidos que valiéndose de su fuerza aplastante, podían paralizar en cualquier momento, las maniobras de Companys y de sus aliados del Front d'Esquerres.

4.3.2 LAS RELACIONES ENTRE EL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS Y LOS COMITES REVOLUCIONARIOS LOCALES.

El claro predominio anarcosindicalista en Catalunya se expresaba de una forma dispersa y múltiple. Como muy bien dice, el historiador libertario Abel Paz, la dualidad de poderes se expresaba en que éste, propiamente hablando, no existía.

"De hecho, el poder, propiamente hablando, no existía: La Generalitat era un puro simbolismo, el Comité Central de Milicias Antifascistas no podía dar un paso sin el apoyo de los Sindicatos, y las milicias no podían organizarse sin la colaboración de los Comités de defensa y de los Sindicatos, que eran los que controlaban a las bases obreras" (384).

Frecuentemente, la autoridad del Comité Central de Milicias terminaba en las afueras de Barcelona, donde empezaba el poder de los comités revolucionarios de cada localidad. Simultáneamente al Comité Central, existían otras Juntas de poder territorial en Catalunya. En la provincia de Tarragona, en la ciudad industrial de Reus, se había un formado un gobierno local de Frente Popular que estaba dirigido por el anarcosindicalismo. En la ciudad de Lérida, la Junta de poder territorial estaba bajo el control del POUM, y en su seno no existía ninguna representación de los partidos republicanos, ni tenía ningún tipo de vínculo con el gobierno de la Generalitat.

Las medidas que tomaba el Comité Central de Milicias sólo podía llevarse a cabo, mediante un delicado equilibrio en el que era necesario la aceptación de los sindicatos y de la multitud de comités. Las directrices solo eran obedecidas gracias a la mayoría con la que contaban los anarcosindicalistas en el Comité Central y en los comités revolucionarios.

La espontaneidad con la que fueron formados los comités, y el alcance de su obra, contrastan claramente con la actitud de compromiso y espera a la que habían llegado los dirigentes de la CNT y de la FAI, con respecto a la Generalitat y el Front d'Esquerres. Las diferencias fueron acentuándose en los meses siguientes, hasta llegar a la integración del Comité Central en el seno de un nuevo gabinete de concentración del gobierno autónomo catalán. Este choque entre las dos actitudes distintas que defendían miembros del anarcosindicalismo se expresó en numerosas ocasiones por la oposición y resistencia que opusieron los comités revolucionarios y los sindicatos a las directrices que ordenaba el Comité Central de Milicias.

Sin embargo, la oposición de los comités a la política de colaboración que llevaban a cabo los cuadros dirigentes no puede ser considerada como frontal. El hecho de que la CNT fuera claramente hegemónica en ambos organismos, creaba una fuerte confusión en las bases anarcosindicalistas.

"Los comités, que se colocaron en lugar del aparato gubernativo y administrativo y que reflejaban, al mismo tiempo, la relación de fuerzas social y política, se opusieron, en tanto que depositarios de poder revolucionario, al orden económico y político establecido y al statu-quo de la distribución del poder político -aunque a escala local lo estuviesen ejerciendo de facto-, sino a su destrucción" (384).

Al no sentirse representados, en muchas ocasiones por la política del Comité Central de Milicias, y no poder ejercer ningún control o influencia directa sobre él, los comités revolucionarios locales actuaron frecuentemente de forma independiente e incluso opuesta a la línea que pretendía seguir el Comité Central.

Lorenzo nos revela un organigrama teórico del funcionamiento de las relaciones de poder que existían entre el Comité Central y los comités, que él mismo confiesa que nunca se llevó a la realidad. Si hubiera sido así, nos encontraríamos frente a una estructura presoviética o soviética que nunca llegó a funcionar y que tampoco formaba parte del proyecto de ninguna de las organizaciones obreras que formaban parte de la Junta, ni siquiera entre los anarcosindicalistas o los poumistas.

"Los comités locales se agrupaban después en comités comarcales que actuaban de acuerdo con la voluntad de los habitantes de diversas localidades; estos comités comarcales determinaban a su vez las decisiones del Comité de Milicias de Catalunya que recíprocamente transmitía sus órdenes a los comités comarcales, y éstos a los comités locales. Pero la verdad es que la autoridad del Comité de Milicias no era muy sólida. Los comités locales sólo se obedecían a sí mismos; las relaciones entre ellos y el Comité Central eran muy superficiales. De hecho no existía un poder central, sino muchos poderes autónomos y microgobiernos" (385).

La política del Comité de Milicias se expresaba, principalmente, por los cauces sindicales de la CNT y en menor medida, del resto de las organizaciones. A diferencia de la revolución rusa, donde el soviet de Petrogrado era considerado como la cúspide legítima del poder revolucionario, y sus miembros integrantes eran elegidos, democráticamente, por la multitud de soviets locales existentes, el Comité Central solo lo era por el prestigio político de las organizaciones que formaban parte de él.

Las consignas eran obedecidas por los comités mientras fueran consideradas favorables para el curso de la revolución, pero tropezaban con grandes resistencias cuando ocurría lo contrario.

Las decisiones del Comité Central eran discutidas por los comités locales y comarcales, que decidían su aceptación o rechazo. Mientras tanto, el "máximo órgano de la revolución" tenía que confiar en los comités, para que pudieran llevarse a cabo sus medidas. Frecuentemente las órdenes del Comité Central de Milicias fueron consideradas como fruto del compromiso con la Generalitat y sus partidarios, y por lo tanto, desobedecidas por los comités locales. El conflicto existente en el seno de la CNT y de la FAI, entre los partidarios de la colaboración y los que se oponían a esta táctica por considerarla como una amenaza para la revolución, se trasladaba a las relaciones entre el Comité Central y los organismos revolucionarios locales.

4.3.3 LAS RELACIONES ENTRE EL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA Y EL GOBIERNO CENTRAL DE LA REPÚBLICA.

El hundimiento del gobierno autónomo catalán fue simultáneo al derrumbe del gobierno de la República. El gobierno Giral tuvo que asistir, impotente, a la disgregaciòn de todo el aparato estatal, y a su sustitución por una multitud de comités dispersos por toda la geografía del país.

Sin embargo, mientras a nivel estatal, la República era salvada por la colaboración y el apoyo prestado por las organizaciones obreras del Frente Popular, que aparecían como garantes del gobierno, en Catalunya el anarcosindicalismo adoptaba una posición confusa frente al gobierno de la Generalitat. La CNT y la FAI, a pesar de sus coqueteos anteriores con el Frente Popular nunca habían formado parte de él, mientras que su proyecto político estaba claramente enfrentado al de los que defendían a la República.

El anarcosindicalismo proclamaba la necesidad de la destrucción definitiva de cualquier tipo de Estado, fuera del tipo que fuera. Pese a todo, a la colaboración y la libertad de voto que había dado a sus bases, en las elecciones de Febrero, éstas concesiones no convertían a la CNT y a la FAI en defensores del orden burgués republicano. Su apoyo a las movilizaciones, en los meses siguientes, así lo atestiguaban.

El problema con el que tenía que enfrentarse el gobierno republicano, se complicaba a nivel de Catalunya, donde la revolución había adquirido una profundidad mucho mayor. Las diferencias políticas tradicionales entre Catalunya y el estado republicano se habían reflejado en el hecho de que los partidos mayoritarios en el gobierno catalán siempre habían tenido un matiz nacionalista y regionalista, que había chocado con los partidos mayoritarios en el ámbito estatal.

Al hecho diferencial catalán se unía otra característica más peligrosa: mientras a nivel estatal el socialismo era mayoritario en la mayor parte de las regiones, a nivel de Catalunya, la hegemonía correspondía a la CNT. Los líderes del socialismo, pese a sus discursos izquierdistas y pseudo-revolucionarios, eran claros aliados de los republicanos, en el seno del Frente Popular. El anarcosindicalismo, en cambio, se mostraba un aliado circunstancial, inseguro, e incluso hostil.

"Una vez, el gobierno de Madrid, superó su autodisolución, empezó a frenar al Gobierno de la Generalitat por su catalanismo, y al Comité de Milicias por su revolucionarismo" (386).

Para ello, el gobierno de Giral, y los gobiernos posteriores de Largo Caballero utilizaron todos los medios a su alcance. Catalunya era, a pesar de la política llevada a cabo por el Comité Central de Milicias, deficitaria en armamento y municiones. Para ello, era necesario llevar a cabo una serie de importaciones periódicas, que sólo podían pagarse por medio de las divisas y del oro que estaban guardados en el Banco de España. La cuestión financiera fue uno de los instrumentos que utilizó, con terrible eficacia, el gobierno de Madrid. La falta de armamento afectaba por igual a los dos principales adversarios del gobierno central en Catalunya, el Comité Central de Milicias y el gobierno de la Generalitat. El gobierno central era consciente de que controlando el poder financiero, era cuestión de tiempo que la revolución en Catalunya y también la misma Generalitat, estuvieran a su merced.

"Una política financiera audaz consiguió vencer los obstáculos de los primeros meses mediante incautaciones en los establecimientos bancarios de Catalunya; pero esas incautaciones tenían un límite en las existencias precarias, y llegó el instante en que, para hacer frente a las necesidades urgentísimas, hubo que recurrir a emisiones propias de las que no respondía el Tesoro Nacional. Así llegamos a este dilema: o gestionábamos, por un lado, un entente con el gobierno central para que sufragase los gastos de la guerra, o bien habíamos de decidirnos a establecer un régimen de independencia política que, probablemente habría sido poco viable durante la contienda y, después de ella, habría sido un mal para España y para Catalunya" (387).

El gobierno central y las organizaciones del Frente Popular estaban dispuestas a aprovechar la ventaja que tenían en sus manos. Las divisas y el armamento, de forma limitada, eran entregadas a cambio de graves concesiones políticas, que amenazaban el futuro de la revolución en Catalunya. De esta forma, los dirigentes anarcosindicalistas que se habían negado a tomar el poder en sus manos, en los inicios de la revolución, y extenderla al resto del Estado, se encontraban chantajeados y empujados, cada vez más, hacia la colaboración y hacia la supeditación de los intereses revolucionarios.

La llegada del armamento ruso, fue uno de los factores que ayudaron al gobierno central, en colaboración con el PCE y el PSUC, a presionar al Comité Central de Milicias de Catalunya. Los buques soviéticos tenían órdenes de no desembarcar en los puertos catalanes. Cualquier llegada de material bélico a Catalunya, solo llegaba por las concesiones que había dado el Comité a sus adversarios políticos. La resistencia del anarcosindicalismo y de sus aliados del POUM en el seno del Comité Central coincidían siempre con los períodos en los que la escasez de armamento se hacía más angustiosa. Los suministros volvían a aparecer, en el momento en el que éstos cedían a las presiones de sus adversarios (388).

La dramática falta de divisas surtió efecto en el seno del Comité Central y del anarcosindicalismo.

"Se concibió el proyecto de tomar una parte de las divisas que estaban en manos del Banco de España para llevarlas a Catalunya. Pero llegado el momento, no se quiso cargar con la gran responsabilidad del gesto, que habría tenido grandes repercusiones. Fueron comunicados los propósitos al Comité Nacional de la CNT y a algunos conocidos cuadros anarquistas, pero estos rechazaron el plan con el argumento de que sólo aumentaría la animosidad contra Catalunya" (386).

La situación ponía a los anarcosindicalistas en un grave aprieto. Su renuncia al poder en Catalunya, durante las jornadas de Julio, también había significado, por lo menos por el momento, la negativa a extender la revolución, o por lo menos su profundización, fuera de los límites de Catalunya y Aragón, que eran los territorios que la CNT ya controlaba. Por lo tanto, la falta de divisas y de reservas en oro, colocaba al anarcosindicalismo en una clara situación de inferioridad, que aprovechaban ahora sus adversarios en el campo republicano para estrangular al movimiento revolucionario. Mantener el status-quo significaba, en esencia, y pese a su desesperada oposición, colocarse bajo el dominio del gobierno republicano y del Frente Popular.

La negativa de los dirigentes de la CNT a apropiarse, mediante un golpe de mano, de una parte de las divisas que estaban almacenadas en los sótanos del Banco de España, implicaba también su negativa a enfrentarse, y por consiguiente, su capitulación por anticipado, frente a la presión de sus adversarios políticos.

"Lógicamente el Gobierno utilizó esta arma para ir haciéndose de nuevo con el poder real, es decir, para frenar el impulso revolucionario y recortar las extralimitaciones autonómicas de los primeros días".
"Los anarquistas se dieron cuenta perfectamente de esta táctica y la denunciaron con vehemencia. Jacinto Toryho resumió así la posición del Gobierno: <<Catalunya es la revolución; hay pues, que hacer fracasar a Catalunya>>, y el sistema de hacerlo era <<asfixiándola en el terreno económico, e inutilizándola en el bélico>>, y Abad de Santillán llega a declarar que <<sin la política hostil del gobierno central, Catalunya habría podido liquidar el problema de la guerra en pocos meses>>" (390).

La confesión del dirigente libertario es reveladora. Debatir sobre la opinión de Diego Abad de Santillán sobre la importancia de Catalunya en el desenlace de la guerra es historia ficción.

Lo que si que está fuera de dudas es que, por su potencial industrial, estaba destinada a jugar un papel clave en el conflicto. Sin embargo, lo que el dirigente anarcosindicalista no define es la postura y los intereses que defendía el gobierno de la República y las organizaciones del Frente Popular, frente a la revolución en Catalunya.

"En los últimos días del gabinete Giral... fuimos con Diaz Sandino, no por primera vez, a exponer al gobierno de Madrid la situación de Catalunya, sus necesidades y sus posibilidades. Desde la primera hora el gobierno central había rehusado categóricamente toda ayuda a nuestra empresa en Aragón y en las Baleares. Pero no podíamos menos de tocar los resortes para hacer comprender a los políticos en Madrid que Catalunya tenía en sus manos el triunfo de la guerra y que era un crimen contra España y contra la cultura amenazada por la bota militar, no poner a su disposición los elementos que le faltaban para terminar la contienda en muy pocos meses".

"Más de ciento cincuenta mil hombres se habían inscrito voluntariamente en nuestras milicias para salir al frente y luchar contra el enemigo... Recordamos haberle dicho que nuestra guerra estaría ganada el día que las fuerzas del frente aragonés enlazasen con las regiones metalúrgicas y mineras del norte de España. Le explicamos que nos bastábamos si se nos ayudaba con los recursos financieros de que carecíamos, para aplastar al enemigo, deplorando que el gobierno central, por un odio insensato a Catalunya y por miedo a la revolución del pueblo, que era el representante de la verdadera España, pusiera obstáculos a nuestra obra, que entrañaba la victoria y la salvación de todos" (391).

Lo que parece una actitud sectaria e incomprensible, por parte de los diferentes gabinetes, sin excepción, que ocuparon el gobierno de la República (Giral, Caballero y Negrín), se vuelve clara, si analizamos el conflicto desde una perspectiva clasista. Óptica que Abad de Santillán no utiliza. Catalunya representaba el corazón de la revolución de los comités que había estado a punto de destruir definitivamente al estado burgués republicano. Las frases literarias del dirigente libertario "revolución del pueblo", "representante de la verdadera España", "la victoria y la salvación para todos", sin duda alguna, producían en el gobierno republicano, un resultado completamente opuesto al que esperaba que causaran. Y el mismo "ingenuo" Abad de Santillán reconoce que en una conversación con Azaña:

"...en el curso de la conversación tuvimos la impresión de que aquel hombre no simpatizaba con el fascismo, pero simpatizaba menos aún con la revolución y con la intervención directa del pueblo en la vida pública, sin respetar las barreras preestablecidas por los partidillos republicanos que nacieron al advenimiento de la República" (392).

El éxito del proyecto militar que defendían los anarcosindicalistas hubiera cuestionado gravemente los objetivos del gobierno y del Frente Popular, además de darle a la CNT un prestigio que hubiera provocado una segunda fase, mucho más radicalizada, de la revolución de Julio. Por lo tanto, era necesario detener y hacer retroceder a la Catalunya revolucionaria, era necesario ayudar a la Generalitat y al Front d'Esquerres para recuperar el terreno perdido, y posteriormente afirmar el control del gobierno central sobre el de Catalunya.

Pese a los discursos izquierdistas que los dirigentes obreros del Frente Popular dirigían a la multitud, es evidente que la revolución que se había desencadenado era más peligrosa que el mismo ejército franquista que se había sublevado. Importantes sectores del Frente Popular (republicanos, socialistas de derecha) protagonizaron diversos intentos fracasados de negociación con los sublevados. Al fin y al cabo, los militares se habían alzado en armas contra el peligro revolucionario, no contra la República, si éste era aplastado, el camino para la reconciliación quedaría allanado. Los republicanos y los socialistas de derecha esperaban conseguir, con su política, un pacto con los sublevados, que relegara la revolución a un segundo término. La alianza entre ellos y los sublevados, hubiera significado, al fin y al cabo, el final de la revolución, y la supervivencia del orden republicano.

Esto explica que, a menudo, el aspecto político (las negociaciones con los sublevados y la lucha para evitar el triunfo de la revolución), en el seno del bloque republicano, estuviera por encima del militar (que estaba, en aquellos momentos, en manos de las milicias revolucionarias).

Por otro lado, el PCE y el PSUC, aunque adversarios de cualquier tipo de compromiso con los insurrectos, también se oponían firmemente a cualquier veleidad revolucionaria, siguiendo las órdenes dictadas por Moscú.

La actitud que había mantenido el gobierno de la República, antes del estallido de la guerra y de la revolución, había sido un reflejo de la que fue posteriormente. Los republicanos habían hecho oídos sordos ante los rumores insistentes de que una sublevación militar estaba en marcha. La "ingenuidad" republicana solo podía explicarse porque el temor que los gobernantes sentían hacia la revolución era infinitamente mayor que el que sentían hacia la conspiración. Al fin y al cabo, esperaban vencer a la sublevación, mediante negociaciones y ascensos, que asegurarían la fidelidad militar, que les era especialmente valiosa frente a la amenaza revolucionaria. El gobierno central, en el camino hacia la recuperación total de su antiguo poder, tenía que someter al movimiento revolucionario a su autoridad, para ello contaba con el prestigio de los partidos obreros que integraban el Frente Popular. Esto explica la rápida decadencia de la revolución a nivel estatal, fuera del territorio de Catalunya y de Aragón.

El proceso en el territorio catalán iba a ser mucho más lento y cuidadoso. Primero era necesario vencer las resistencias que oponía el anarcosindicalismo, la organización que dirigía la revolución en Catalunya; una vez vencido el principal enemigo, ya habría tiempo de ajustar las cuentas a las veleidades nacionalistas de la Generalitat.

4.4 HISTORIA DEL COMITE CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA. LA EVOLUCION DE LA DUALIDAD DE PODERES.

4.4.1 La formación de las milicias.

La victoria de los revolucionarios en Barcelona dió un impulso decisivo a la lucha contra los sublevados en el resto de Catalunya. La rendición de Goded fue un poderoso factor de desmoralización para los insurrectos, que decidieron rendirse en aquellas localidades donde todavía resistían.

Sin embargo, la victoria en Catalunya no estaba asegurada. Zaragoza, uno de los principales núcleos libertarios, donde pocos meses antes se había realizado el último congreso de la CNT, estaba en poder del enemigo. Huesca y Teruel, el resto de las capitales de provincia aragonesas también habían caído en manos de los facciosos, mientras que en Valencia, el ejército permanecía sospechosamente acuartelado desde el día 17, sin que los militares, presos de sus propias vacilaciones, decidieran apoyar la insurrección. La Catalunya revolucionaria estaba rodeada de territorios donde el resultado de la sublevación se había decantado en favor de los facciosos, o todavía no se había decidido por ninguno de los dos contendientes.

Los rumores de que una columna armada había partido de Zaragoza hacia Barcelona empezó a circular insistentemente entre la población. En la primera reunión del Comité Central de Milicias se decidió enviar en dirección a Zaragoza, delegaciones que comprobasen las verdaderas posiciones del enemigo y como medida preventiva, se decidió minar los puentes de las carreteras y de los ferrocarriles para evitar que una columna motorizada pudiera atacar, por sorpresa.

La revolución había triunfado en Barcelona. Sin embargo, las fuerzas revolucionarias, organizadas principalmente por los comités de autodefensa anarcosindicalistas de las barriadas, estaban completamente dispersas. El viejo ejército de la República había desaparecido, reduciéndose sus efectivos, a unos pocos cuadros militares que habían permanecido fieles al gobierno.

Una cosa eran los combates callejeros contra las viejas fuerzas del orden, y otra muy distinta, una guerra abierta contra un ejército regular. Era necesario formar unas fuerzas de choque que no sólo defendieran el triunfo conseguido en Catalunya, sino que lo extendieran hacia Zaragoza y el resto de Aragón, además de asegurar el triunfo de los revolucionarios en Valencia, si la sublevación llegaba a realizarse.

La base social y política del nuevo ejército sólo podía descansar, en plena situación revolucionaria, en la multitud de grupos de obreros armados que todavía vigilaban las barricadas que se habían levantado contra los sublevados, el 19 de Julio, y por lo tanto, también tenía que representar sus aspiraciones y sus esperanzas:

"El punto esencial del sistema era la igualdad social entre los oficiales y los soldados. Absolutamente todos, desde el general hasta el soldado raso, tenían la misma paga, comían el mismo rancho, llevaban las mismas ropas y se trataban en términos de completa igualdad... en teoría al menos, cada milicia era una democracia y no una jerarquía.. había oficiales y suboficiales, pero no grados militares en el sentido corriente de la expresión; no había distintivos, ni galones, ni taconazos, ni saludos reglamentarios... una especie de modelo provisional y vivo de la sociedad sin clases".

"... La disciplina es voluntaria, se basa en la lealtad de clase... la mejor prueba de la fuerza de la disciplina <<revolucionaria>> es el hecho de que las milicias no abandonaron en ningún momento la línea de fuego. Porque hasta Junio de 1937, lo único que les obligaba a permanecer allí era su sentido de lealtad para con su clase..." (393)

El proyecto de la Generalitat era otro muy distinto, constituir un cuerpo armado de milicias ciudadanas que tuviese una doble finalidad, la lucha contra la sublevación militar y servir como contrapeso al anarcosindicalismo triunfante, que se había adueñado de las calles y que, sin pretenderlo, era el auténtico poder en Catalunya. La iniciativa del Comité Central y de los anarcosindicalistas al decidirse a crear un nuevo ejército de milicias revolucionarias desbarataron por el momento, los planes de Companys y de sus aliados del Front d'Esquerres.

Según la versión recogida por Cesar M. Lorenzo (extraída de la obra de Francisco Lacruz, "El alzamiento, la revolución y el terror en Barcelona" p.118), el origen de las milicias partidarias estuvo en la negativa de los anarquistas a aceptar al comandante Pérez Farrás como comandante en jefe de las milicias, por lo que se acordó que cada grupo político o sindical constituiría sus propias fuerzas armadas (394).

La versión recogida por el historiador libertario es, por lo menos, dudosa. Sin embargo, la anécdota nos enfrenta a un interrogante, ¿porqué, los anarcosindicalistas, dueños absolutos de la situación, permitieron que el resto de las organizaciones formara sus propias columnas, al margen del Comité Central de Milicias, convertido, pocas horas antes, en el órgano supremo de la revolución en Catalunya, por los mismos dirigentes de la CNT? La negativa de los anarcosindicalistas a convertir al Comité Central de Milicias Antifascistas, en un auténtico gobierno revolucionario tuvo como consecuencia, la incapacidad política de este organismo para convertirse en el único organizador y dirigente del nuevo ejército.

Sin duda alguna, la grave concesión que acababan de cometer los anarcosindicalistas iba a tener graves consecuencias para el futuro del movimiento revolucionario, o las nuevas e improvisadas milicias se constituyeron sin un órgano de dirección único. Las columnas armadas se formaron en torno a los partidos y a los sindicatos, y obedeciendo tan solo a los órganos ejecutivos de éstos.

Las milicias obreras adquirieron una estructura partidaria que sería utilizada, en los meses siguientes, por los partidarios de la Generalitat, para reforzar su poder, en detrimento de los sectores revolucionarios.

"Cada organización proletaria representada en el Comité de Milicias Antifascistas creó su propio ejército, que se convertía en su garantía de supervivencia dentro del movimiento revolucionario. Los partidos políticos pequeño burgueses, en conjunto, también intentaron crear uno propio, sin renunciar, no obstante, el gobierno de la Generalitat, a crear un ejército propio a base de las clásicas levas" (395).

La incomprensible actitud de los representantes de la CNT y de la FAI solo se explica por la autoconfianza que tenían, al comparar la desigualdad aplastante que existía entre sus efectivos y los del resto de las organizaciones. Por otro lado, convertir al Comité Central en el auténtico mando de las milicias los hubiera colocado irremediablemente, una vez más, en la fatal disyuntiva del ser o no ser, un gobierno revolucionario, idea especialmente aborrecida por el anarcosindicalismo militante.

La concesión del anarcosindicalismo también rebela una total improvisación y un análisis superficial sobre las consecuencias que iban a tener sus decisiones en el futuro de la guerra y de la revolución. Sin duda alguna, los dirigentes de la CNT y de la FAI se dejaron llevar por la optimista e irreal idea de que el conflicto armado iba a ser de corta duración y de que eran ellos, los sectores revolucionarios, los que llevaban la iniciativa victoriosa.

El Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya, se convertía en una simple mesa de frente único de las organizaciones antifascistas, pero renunciaba a convertirse en lo que había sido, al crearse, su principal objetivo: el de órgano director del nuevo ejército de milicias, y consecuentemente, de la revolución.

Para las organizaciones partidarias del Front d'Esquerres el error de los anarcosindicalistas era, por el contrario, una valiosa oportunidad que tenía que ser aprovechada. Constituyendo sus propias milicias, creaban las primeras bases para la construcción del nuevo ejército de la República.

El proyecto de "las milicias ciudadanas" de Companys había nacido muerto, porque la situación revolucionaria no permitía que pudiese prosperar, sin embargo la ingenuidad de los cenetistas les brindaba una posibilidad inesperada. A partir de este momento, el gobierno de la Generalitat, por medio de las organizaciones obreras (principalmente del PSUC y de la UGT, que fueron desplazando del centro político a ERC) del Frente Popular, tenía la posibilidad de formar su propio ejército, para que con el tiempo, pudiera contrarrestar y anular el poderío anarcosindicalista.

En los meses siguientes, las organizaciones más izquierdistas, los anarcosindicalistas y el POUM, se quejaron frecuentemente, de la falta de suministros de municiones y de armamentos, mientras que las milicias comunistas y de las organizaciones del Frente Popular recibían abundante material de guerra proveniente de los envíos soviéticos (396). El armamento y las municiones se repartían, no en las zonas donde más se necesitaban, sino allí donde los comités dirigentes de las organizaciones decidían, según sus afinidades ideológicas. Frecuentemente la clave del armamento, fue utilizada para desprestigiar a las milicias rivales, en beneficio de las propias. La incapacidad del Comité Central para imponerse como centro único de mando de las milicias ocasionó graves errores en la organización y en el funcionamiento de las milicias en el frente. Numerosos historiadores y testimonios hablan de los frecuentes roces y enfrentamientos que se dieron entre las columnas armadas de las diferentes organizaciones, de la falta de coordinación y de planificación de las operaciones militares entre las distintas milicias.

"En las milicias hay una tendencia a formarse en unidades independientes, al servicio, cada milicia, de una política, lo que hace que tengan una doble dirección, una doble finalidad, la lucha contra el enemigo de las trincheras de enfrente y contra el enemigo político posible que está a su lado en los frentes de combate y está también tomando posiciones políticas en la retaguardia" (397).

La falta de un mando único, el sectarismo y los numerosos errores e ingenuidades que cometieron las milicias, fueron aprovechados, pocos meses más tarde, por sus adversarios, para desprestigiarlas y exigir su disolución e integración en el nuevo Ejército Popular, que empezaba a reconstruirse, al servicio del gobierno republicano.

"Esta falta de dirección, esta falta de objetivos inmediatos, esta falta de armamento, esta estabilidad desmoralizante de una guerra de trincheras que duró meses, y otros factores bastante evidentes, hicieron que, de hecho, no se pudiese poner a prueba el valor militar de las milicias, sino también, y en gran parte, en la voluntad de no querer aprovechar aquellas masas de hombres que se pudrían en una inactividad total. En los frentes de Aragón no hubo operaciones importantes, no a causa de las estructuras milicianas con todos los defectos que no dejamos de recordar, sino porque se quiso ahogar un intento militar que habría favorecido a la organización confederal y en parte, también, al gobierno autónomo catalán" (398).

El error cometido por el anarcosindicalismo catalán fue repetido por otras organizaciones, en la mayor parte de los frentes de batalla, a excepción de Asturias, donde el grado de cooperación entre la UGT y la CNT, puesto ya a prueba en la revolución de 1934, permitió la formación de milicias mixtas, formadas por las diferentes organizaciones obreras, sin distinciones ideológicas o partidarias, lo que evitó repetir estas trágicas equivocaciones.

La noticia de la formación de milicias que iban a dirigirse hacia la conquista de Zaragoza y del resto de la región aragonesa provocó un fuerte entusiasmo entre importantes sectores de la población, especialmente entre los sectores organizados. Abad de Santillán, responsable en el Comité Central de la formación y de los suministros a las milicias, habla de la inscripción de más de 150.000 voluntarios (399). Sin embargo, la cifra que posteriormente se organizó fue sensiblemente menor, la falta de armamento y de municiones, y la imposibilidad de medios materiales para formar un tan vasto e innecesario ejército, motivó que el número de milicias catalanas que llegaron a estar en el frente de Aragón, pocas semanas más tarde, fue apenas quinta parte de estos cifras. La cifra de efectivos que el Comité Central de Milicias había calculado que eran necesarios para la conquista de la capital aragonesa era de 12.000 hombres.

La primera columna de milicianos, que contó con una cifra de integrantes, muy inferior a la planteada en el Comité Central, entre los 2.000 y los 3.000 miembros, partió hacia Zaragoza, el día 24 de Julio, al mando de Buenaventura Durruti y asesorado por el comandante Enric Pérez Farrás y el sargento Manzana como consejeros técnicos militares. La columna partió del paseo de Gracia, aclamada por la multitud que se había acercado al lugar para despedirla. El mismo Abad de Santillán nos aclara que el motivo del escaso número de milicianos de la expedición armada, se debió a la incomprensión que existía entre los responsables, de la verdadera situación en la que se encontraban. existía un exagerado optimismo de que la columna revolucionaria apenas iba a encontrar obstáculos en su marcha (400).

La columna de Durruti adoptó una forma organizativa que fue imitada por el resto de las milicias libertarias, y en mayor o menor medida, por el resto de grupos. Diez milicianos constituirían un grupo que nombraría un delegado, diez de estos grupos se convertiría en una centuria y cinco de éstas, formarían una agrupación, que estaría representada por un responsable que, junto a los delegados de las centurias, formaría parte del Comité de la Agrupación. Esta estructura de las milicias se mantendría vigente y sin apenas variaciones, hasta la militarización de éstas, en el mes de marzo de 1937.

El mismo día que la columna de Durruti, partió un nuevo contingente de 2.000 milicianos a las órdenes del ebanista libertario Antonio Ortiz, que estaba asesorado, como técnico militar, por el comandante Fernando Saavedra.

El día 24, partió otra nueva columna armada con más de 2.000 hombres que recibió el nombre de "Lenin" o "Joaquín Maurín" (detenido en los primeros días de la guerra en Galicia, y dado por muerto o desaparecido, en aquellas fechas). El nuevo cuerpo de milicianos estaba organizado por el POUM, y estuvo mandada por José Rovira y por Jordi Arquer. Apenas dos semanas más tarde, otro grupo armado poumista, con un millar de milicianos, partió hacia el frente dirigido por Oltra Picó.

Al día siguiente, el 25, otro contingente de 2.000 voluntarios marchó hacia la conquista de Aragón. La nueva columna armada, llamada "Carlos Marx" era dirigida por Lluis del Barrio, A.Trueba y por Angel Estivill, todos miembros de la nueva organización comunista catalana (PSUC), que hacía dos días que acababa de formarse, al calor de los combates callejeros de Barcelona.

Un nuevo destacamento anarcosindicalista, dirigido por Domingo Ascaso y por Cristóbal Aldabaltreco, partió hacia la zona que seguía dominada por los sublevados.

Más tarde marcharon nuevas columnas armadas de milicianos de las diferentes organizaciones que componían el Comité Central. La columna Macià-Companys partió a principios del mes de Agosto, y estuvo dirigida por el teniente coronel Jesús Pérez Salas y por Enric Canturriel y el contingente armado estaba formado por militantes de ERC y de otros grupos nacionalistas menores.

El 28 de Agosto partió una nueva columna de milicianos libertarios hacia el frente de Aragón, "Los aguiluchos de la FAI", integrada por cerca de dos mil voluntarios, y reforzada por grupos de guardias de asalto. La columna revolucionaria fue organizada por Joan García Oliver, dirigida por Luis Escobar y García Vivancos, además de estar asesorada por Josep Guarner.
Una nueva expedición armada, compuesta por montañeros nacionalistas fue enviada a la zona pirenaica. Otros numerosos grupos partieron de diferentes localidades de Catalunya para dirigirse hacia Aragón.

En Septiembre, las columnas de milicianos que contaban con 30.000 hombres, sin haber podido conseguir sus principales objetivos militares: apoderarse de las capitales aragonesas, Zaragoza, Huesca y Teruel y abrirse paso hasta el norte minero y siderúrgico. Las milicias guardaban un frente de unos 300 kilómetros, desde la frontera con Francia hasta el sur de Aragón. Según el "boletín" de la CNT y de la FAI, el anarcosindicalismo contaba con cerca de 13.000 milicianos en el Frente de Aragón, el POUM tenía 3.000 voluntarios, 2.000 pertenecían a las columnas PSUC-UGT, 4.000 de los efectivos, pertenecían a los restos de los viejos cuerpos policiales de la República, que se habían ofrecido voluntarios para luchar en el frente. De los 30.000 combatientes, dos terceras partes provenían de Catalunya, mientras Valencia había enviado 9.000 milicianos. (401).

Pese al entusiasmo inicial de los revolucionarios, las columnas de milicianos, organizadas de una forma improvisada, no constituían un ejército eficaz. Durante los meses de su existencia, la inferioridad organizativa de las milicias pudo compensarse, con éxito, con el entusiasmo de los combatientes revolucionarios.

"Los periódicos traen noticias de formación de Columnas el mismo día 22; pero es seguro que se trataba de grupos abigarrados, sin orden -relativo- ni mandos, más propios para desfilar por las calles que para mayores empeños" (402).

Las columnas de voluntarios, contaban frecuentemente, con más hombres que armas, y con raras municiones. El abastecimiento de las milicias dependió en los primeros momentos, cuando se consideraba que la guerra iba a ser rápida, de las aportaciones espontáneas que hacía la población campesina, en las localidades que iban atravesando. A medida que el conflicto tendía a prolongarse y el frente aragonés se estabilizaba, los suministros se regularizaron a través de los comités locales, de las colectividades agrarias y también de las empresas colectivizadas.

Los milicianos contaban con una ropa dispar e inadecuada para las circunstancias que iban a atravesar, el material utilizado en los combates era, a menudo, incompleto y defectuoso. Los mapas utilizados por los dirigentes de las columnas, para planificar las operaciones militares eran simples mapas turísticos de la marca "Michelín" y gran parte de la artillería de la que se apoderaron los revolucionarios durante los combates en Barcelona, llegaron al frente mucho después que los combatientes, por carecer de los medios de transporte adecuados.

Muchos de estos errores eran perfectamente comprensibles durante las primeras semanas de la guerra, por la enorme tarea que significaba organizar y armar a un ejército completamente improvisado, a partir de una masa ingente de 150.000 voluntarios.

Sin embargo, muchos de los errores cometidos por las milicias tendieron a perpetuarse, o encontraron grandes resistencias a ser solucionados, por parte de los combatientes. Los recelos de los milicianos a cualquier tipo de disciplina, fruto de una larga tradición de prejuicios antiautoritarios, fueron un serio obstáculo para la eficacia de las fuerzas armadas revolucionarias.

Respecto a esta cuestión, es revelador el testimonio del zaragozano Saturnino Carod, dirigente de una columna de la CNT, procedente de Zaragoza que ocupó la localidad de Muniesa, recogido por Fraser:

"Comenzó a reorganizar la columna, a <<militarizarla>>, dividiéndola en unidades más pequeñas y dotándola de una estructura de mando. El resultado casi fue un desastre; los milicianos abandonaron la columna y casi sólo le quedó la guardia civil".

"<<Era comprensible. Durante muchos años les había estado hablando a los campesinos aragoneses no sólo de sus problemas (problemas que conocía por haberlos vivido yo mismo), sino también de ideas. De oposición al capitalismo, al estado, a la iglesia, a los militares. Se bebieron estas ideas y ahora, cuando la revolución estaba en marcha, no entendían por qué les hablaba de la necesidad de militarizarse,... Abandonaron la columna, sencillamente. Pero en sus pueblos natales les presionaron mucho para que volvieran" (403).

Juan García Oliver hace una descripción muy exacta de las milicias, refiriéndose a la columna dirigida por Antonio Ortiz, que partió, poco después de la de Durruti:

"Más me disgustó observar que la preparación de nuestros milicianos no hubiese experimentado ninguna mejoría: iguales vestimentas dispares, los mismos equipos estrafalarios de la primera columna. Y algo peor, en el cuartel Bakunin de Pedralbes los habían provisto de fusiles, pero sin cerrojos. Estos, tuvieron que irlos ajustando a cada fusil en la estación de ferrocarril, cuando fueron traídos en las cajas escondidas, por los oficiales sublevados de la Maestranza. Los <<pintorescos>> milicianos que presentaban las fotografías de las revistas extranjeras entrarían en guerra al descender del tren, sin siquiera haber aprendido a cargar un fusil" (404).

La falta de preparación y la nula disciplina existente en las columnas, junto a la escasez de armas y municiones, hizo que las tropas rebeldes, contuvieran con facilidad a los revolucionarios y les impidieran tomar Zaragoza y el resto de capitales aragonesas. A mediados del mes de Agosto, se había perdido la iniciativa militar, y había dado paso a una guerra de posiciones que resultó fatal para las milicias revolucionarias.

A pesar de que las columnas estaban dirigidas y organizadas con diferentes criterios políticos y militares, según las organizaciones que las conformaban, no parece que ninguna de ellas destacara especialmente, por encima de las demás, respecto a su eficacia en el combate.

En la formación del nuevo ejército, que debía sustituir y enfrentarse al que acababa de sublevarse, se produjeron fuertes choques entre los partidarios de construir un ejército regular al viejo estilo, que cumpliese el papel de brazo armado del gobierno republicano que pretendían reconstruir, y los que defendían que la revolución había acabado con el viejo estilo de vida, y de que el nuevo ejército, no podía ser otro que el pueblo en armas.

Las organizaciones del Front d'Esquerres se mostraron, desde el principio, partidarios de reconstruir un ejército regular similar al que estaban combatiendo. La República necesitaba de un brazo armado, que aceptara someterse incondicionalmente a sus directrices políticas. Para ello era necesario basarse en los cuadros militares que no habían secundado la sublevación y que habían permanecido fieles a la legalidad republicana. Sin embargo, sus planes se encontraban ante un obstáculo, que fue insalvable durante los primeros meses, incluso en las zonas donde las organizaciones obreras pertenecientes al Frente Popular eran claramente mayoritarias. Las mismas bases socialistas de izquierdas, mostraban, en la prensa, sus claras simpatías por los rasgos igualitarios y revolucionarios de las milicias, y veían con desconfianza el proyecto de reconstrucción de un ejército como el que acababa de sublevarse. "Claridad" el órgano de la UGT y de la izquierda socialista, lo expresaba así:

"Pensar en otro tipo de ejército para sustituir a los que actualmente luchan y que en cierto modo controlan su propia acción revolucionaria es pensar en términos contrarrevolucionarios. Eso es lo que Lenin dice (El Estado y la Revolución): <<Cada revolución tras la destrucción del aparato del estado, nos enseña cómo la clase gobernante restablece cuerpos especiales de hombres armados a 'su' servicio, y como las clases oprimidas intentan crear una nueva organización de un tipo capaz de servir no a los explotadores, sino a los explotados>>".

"Nosotros... debemos cuidar de que las masas y los dirigentes de las fuerzas armadas, que deben ser sobre todo el pueblo en armas, no se nos escapen de las manos" (405).

Los más firmes partidarios de la constitución de un nuevo ejército republicano, lo fueron, sin duda alguna, los comunistas ortodoxos, el PSUC en Catalunya. Si la etapa de la revolución que se estaba atravesando, correspondía a la "burguesa", el ejército que debía constituirse tenía que ser también forzosamente, de naturaleza "democrático-burguesa", es decir, republicana.

Cualquier concesión a los revolucionarios, pondría en peligro la estabilidad y el control político de la República. Aunque en los primeros momentos de desconcierto, el nuevo PSUC y la UGT catalana, al igual que el PCE en el resto del estado, se mostraron partidarios de las milicias, e incluso de los comités que las estaban organizando, ambos partidos encaminaron su proyecto militar a la conformación de un nuevo ejército regular republicano, y por lo tanto no revolucionario.

El PSUC apoyó la creación en las nuevas unidades militares, de los comisarios políticos imitando superficialmente el estilo del ejército soviético. Sin embargo, el parecido con el Ejército Rojo de Trotsky, que había protagonizado con éxito la guerra civil en la por entonces, recién nacida URSS, empezaba y terminaba aquí.

Manuel Cruells llega a la conclusión de que el proyecto militar comunista procede de la experiencia del ejército rojo soviético en la guerra civil que azotó a la URSS en su primer período de existencia.

"Se comprende que los comunistas con la experiencia, o solo simple antecedente, de su revolución rusa, fuesen partidarios de un Ejército terriblemente controlado y centralizado... Al fin y al cabo, aquella experiencia les demostraba que un Ejército formado con una disciplina de hierro, bien controlado por una fuerza política, podía ir venciendo a sus enemigos y podía incluso desarticular las formaciones militares paralelas de los otros grupos ideológicos. Solo así la revolución rusa había podido consolidar su toma del poder" (406).

El historiador catalán peca de sobrevalorar los aspectos puramente organizativistas, y de menospreciar los políticos, en la cuestión militar. La revolución rusa había triunfado a través de una sangrienta guerra civil, en la que participaron ejércitos de diferentes países capitalistas, que procedieron a apoyar a los ejércitos blancos que luchaban contra el triunfo de los bolcheviques. Respecto a la importancia de ambos aspectos, el organizativo y el político, es el mismo León Trotsky quien se encarga de rebatir a Cruells, y también al PSUC.

"Durante nuestra guerra civil, no creo que venciéramos principalmente debido a nuestra ciencia militar. Esto es falso. Ganamos a causa de nuestro programa revolucionario. Decíamos a los campesinos <<la tierra es vuestra>>. Y el campesino, que en un primer momento había preferido a los blancos, comparaba a los bolcheviques con los blancos y decía: <<los bolcheviques son mejores>>. Entonces cuando los campesinos, centenares de miles de millones de campesinos, se convencieron de que éramos mejores, vencimos" (407).

El proyecto del PSUC de construir un "Ejército Popular" tenía muchas más similitudes con cualquier ejército capitalista europeo, incluido el viejo modelo prusiano (apolítico, con una jerarquía absoluta de arriba hacia abajo, sin ningún tipo de consejo u organización de los soldados, recuperación de los viejos códigos militares y del saludo militar...). Sin embargo, al pretender crear un ejército muy similar al que mantenían sus adversarios, los militares sublevados contaban con mayor experiencia y recursos.

Una de las tareas en las que se empeñaron con éxito, el PCE y el PSUC fue la de la infiltración y control de los comisarios políticos del nuevo Ejército Popular. Sin duda alguna, la gran capacidad organizativa de los comunistas oficiales atrajo a gran cantidad de oficiales conservadores, que se habían mantenido fieles a la República, y que consideraban que solo el PCE apuntaba claramente hacia la victoria sobre los sublevados.
Indudablemente, el partido político que controlase a los mandos del nuevo ejército, estaría en condiciones de controlar también, en el futuro, a la nueva República.

"El PSUC... está a favor del <<sistema de ejército>>, opuesto al <<sistema de milicias>>, y en eso están de acuerdo tanto con la Generalitat como con el gobierno de Madrid... Ejército regular, con oficiales al mando y comisarios políticos cuyo papel es sólo el de consejeros en asuntos políticos; oficiales no elegidos sino nombrados por el alto mando; unidades agrupadas no en tanto que hombres de la misma fe política, sino a partir de consideraciones exclusivamente militares; todo bajo las órdenes del gobierno legal, la Generalitat. En una palabra, el PSUC desea un ejército a las órdenes del gobierno en el cual pueda participar, mientras los anarquistas desean un ejército a sus propias órdenes. Al mismo tiempo, el modo en que el PSUC concibe un ejército refleja la tendencia, tanto comunista como socialista, hacia la centralización, mientras los anarquistas continúan defendiendo sus ideales libertarios, la formación de un "ejército" haría más eficientes sin duda, las fuerzas de la República. La formación de una "milicia", aunque dificultase la lucha contra Franco, favorecería el siguiente paso en dirección a la revolución social"(408).

En agudo contraste con la concepción del Partido Comunista, sobre la forma y la naturaleza que debería adoptar el nuevo ejército, el anarcosindicalismo, consideraba que éste solo podía estar compuesto por los triunfadores de las jornadas de Julio.

La República había caído sin pena ni gloria, sin poder oponer ninguna resistencia seria, ante el embate de las dos grandes fuerzas sociales que se enfrentaban a muerte, la revolución y la contrarrevolución. La República se había agotado durante cinco largos años de frustrante experiencia de sus gobiernos, que habían sido incapaces de resolver ninguno de los grandes problemas históricos.

Sin embargo, el anarcosindicalismo, había llegado a las jornadas de Julio y a la revolución, completamente desarmado ideológicamente, sin un programa y una teoría política que le permitiese enfrentarse con éxito al reto del poder. Sus viejos esquemas habían demostrado desde un principio que eran completamente ineficaces para resolver los retos de la nueva situación.

La CNT se encontraba dueña indiscutible de la zona más vital de la República y dirigiendo al sector más numeroso y combativo del proletariado español. Sus criterios políticos en el seno del Comité Central de Milicias estuvieron caracterizados por el empirismo y por un fuerte voluntarismo de sus propios militantes, empeñados en resolver los graves problemas con los que se enfrentaban. A finales del mes de Julio, y frente a los primeros intentos, por parte de los gobiernos de Madrid y de Catalunya para reconstruir su ejército, la CNT publicó un manifiesto:

"La CNT de Catalunya ha de plantear al Gobierno de la Generalitat y al mismo Gobierno de Madrid, la cuestión pura y simple. No podemos defender la existencia, ni comprender la necesidad de un ejército regular, uniformado y obligatorio. Este ejército ha de ser sustituido por las milicias populares, por el pueblo en armas, garantía única de que la libertad será defendida con entusiasmo y que a su sombra no se incubarán nuevas conspiraciones" (409).

Siguiendo sus viejas tradiciones, la CNT y la FAI rechazaron al principio, no solo cualquier proyecto de reconstruir el viejo ejército, sino cualquier elemento de aquel (los viejos códigos militares, el saludo tradicional, los privilegios de casta de los mandos, la disciplina, fueron completamente suprimidos). En sustitución de los viejos principios militares, los libertarios defendieron sus conceptos antiautoritarios (autodisciplina, igualdad entre la tropa y los mandos, organización asamblearia, elección de los mandos por la tropa...).

"La diferencia que existe entre un militar que manda y un revolucionario que dirige, reside en que el primero se impone por la fuerza, mientras que el segundo no dispone de más autoridad que la que se deriva de su propia conducta" (410).

A pesar de que esta idea revolucionaria fue llevada, frecuentemente, y con grandes dosis de ingenuidad, a niveles casi esperpénticos. Frecuentemente los milicianos abandonaban sus puestos de vigilancia para visitar a sus familias, o se negaban a cumplir órdenes, por considerarlas peligrosas. Sin embargo los hechos manifestaban que existía una fuerte voluntad de los trabajadores de sustituir a la vieja sociedad, por un nuevo proyecto social revolucionario.

"Hace falta decirlo desde un principio los defectos fundamentales de las milicias radicaban en su estructura y solo en parte, en la ideología que las formaba. Los defectos de improvisación, de menosprecio por el criterio militar de los profesionales, de politización partidista, de incapacidad orgánica para emprender maniobras de larga duración y, en general, de falta de capacidad de maniobra militar, fueron propios de todos los grupos políticos que lucharon en aquellos frentes".
"... En, los anarquistas estaban doblemente aumentados los defectos a causa del gran número de milicianos y a causa de su ideología, pero, puede ser que este exceso en sus defectos quedase compensado, en ellos, por su tradición de lucha armada...".
"No existía en las milicias falta de combatividad, lo que faltaba era entrenamiento, disciplina y un concepto de unidad entre los diferentes grupos a causa de las divergencias ideológicas..." (411).

En el esquema anarcosindicalista, las milicias tenían que estar sometidas al control de los sindicatos. Victor Alba achaca el fracaso cenetista al hecho de que el movimiento libertario era hegemónico en Barcelona y en la mayoría de las ciudades y áreas industriales, pero no en toda Catalunya. Por lo tanto la única forma de coordinación posible entre las distintas fuerzas tenía que ser el Comité Central de las Milicias (412). Sin embargo, este organismo no solo se mostró incapaz de convertirse en el centro de mando de las columnas revolucionarias, sino que tampoco cumplió la función de coordinación que las milicias necesitaban, salvo en el tema de los suministros del material de guerra. El tercer proyecto político que se planteaba en Catalunya, era el defendido por el POUM. No parecen ser justificadas algunas de las críticas realizadas a este grupo, desde posiciones anarcosindicalistas o trotskistas. Munis considera que el POUM aceptó alegremente la organización de las milicias al margen del Comité Central de Milicias, a cambio de poder tener sus propias milicias y su propio armamento (413). Diego Abad de Santillán considera que fueron "las tendencias marxistas -estalinistas y las llamadas trotskistas- las que primero escindieron al pueblo antifascista" (414).

La observación que hace Pierre Broué parece ajustarse más a la realidad. El historiador francés afirma que la actitud del POUM no parece que fuera la de constituir sus propias milicias, postura que habría entrado en contradicción con su política de fortalecer el Comité Central de Milicias y de convencer a los dirigentes anarcosindicalistas de convertir a este organismo en un auténtico gobierno revolucionario.
"En realidad el POUM se encontró cogido en un engranaje, ya que todas las organizaciones obreras constituyeron desde las primeras horas del levantamiento, sus propias unidades de milicias. Esta situación tenía más ventajas que inconvenientes para el POUM, ya que éste no podía esperar ningún favor en el reparto de armas y municiones; y el hecho de tener <<sus propios sectores>> en el frente le hacía prácticamente vulnerable y trágicamente dependiente. En Madrid, las milicias del POUM no obtuvieron más armas que las que les cedió el Partido Sindicalista que había recibido demasiadas para sus reducidos efectivos..." (415).

La penuria en la que se encontraron las milicias del POUM, que carecían del potencial del anarcosindicalismo, pero que tampoco poseía la ayuda que tuvieron las organizaciones estalinistas para formar sus propios cuerpos armados.

Frecuentemente, las columnas poumistas, fueron dramáticamente discriminadas en el reparto de armamento y de municiones. En el frente de Madrid, nueve de cada diez milicianos poumistas, murieron en los combates, víctimas de las órdenes que los enviaban a realizar operaciones suicidas, con su escaso armamento y sin ningún tipo de protección aérea o artillera. La verdadera postura del POUM quedó reflejada en el mitin que realizó en el Gran Price de Barcelona, el 6 de Septiembre:

"Y uno de los obstáculos más importantes que se oponen a la verdadera organización de la victoria, a la obtención del triunfo por nuestras milicias obreras, es la falta de un mando único, la falta de un centro militar unificado que dirija todas las operaciones. En las presentes circunstancias, el gobierno de Madrid no puede jugar este papel. En Catalunya hemos creado el Comité Central de Milicias obreras, que es el que centraliza realmente toda la acción militar y toda la acción política, y nuestro partido propone que se constituya una Junta Nacional de Defensa que, como el Comité de las Milicias de Catalunya, centralice toda la acción y lleve la guerra hasta la victoria definitiva" (416).

El POUM defendía la necesidad de la construcción de un auténtico Ejército Rojo. Un ejército regular y disciplinado que superara las limitaciones y los errores de las milicias de los primeros meses, pero que mantuviera las características revolucionarias en su seno.

"La organización del ejército rojo no puede hacerse de un golpe. Pero en realidad, las bases sobre las que ha de sujetarse están ya realizadas en el frente, en la convivencia íntima de las milicias obreras y campesinas en las líneas de fuego y en la fraternización de los milicianos con los soldados y los guardias. La creación sin pérdida de tiempo de comités integrados por delegados de combatientes rojos integrados por delegados democráticamente elegidos por los distintos grupos de las milicias revolucionarias, por los guardias y por los soldados será la garantía de que el pueblo alzado en armas para la defensa de sus intereses comunes primero, para la total reivindicación de sus derechos después, nada ni nadie podrá detenerlo..." (417).
El proyecto militar del POUM se diferenciaba en otro aspecto fundamental del que defendía el PSUC. La estructura del nuevo Ejército Rojo solo podía reflejar los avances y las aspiraciones de la revolución de los comités, esto es, defender un auténtico programa social que recogiera las viejas aspiraciones de todas las clases populares. En el mitin celebrado, el 6 de Septiembre, en el Gran Price de Barcelona, Andreu Nin declaraba:

"Las guerras solo se ganan, no solamente desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico, por la superioridad del armamento y por la disciplina, los militares tendrían que haber vencido el día 19 de Julio...".

"Las realizaciones de carácter social y de carácter político tienen tanta trascendencia, como los éxitos en el terreno militar... contra el fascismo solo hay un medio eficaz de lucha, la revolución proletaria..." (418).

Por el otro extremo político, el POUM realizaba una crítica al espontaneísmo anarquista, por su desprecio a los aspectos técnicos y militares.

"Este ejército fuerte por su moral de clase, por su entusiasmo, por su heroísmo, ha tenido, no obstante, defectos que es necesario corregir. Ha sido, a pesar de todo, un ejército irregular, inpreparado técnicamente, que ha confiado demasiado en el impulso y en la abnegación de sus componentes y no ha tenido en cuenta la ciencia, la técnica y la estrategia de la guerra..." (419).

Sin embargo, el proyecto del POUM, no pasó en ningún momento, del propagandismo. El poumismo tenía que aceptar una política de hechos consumados: el anarcosindicalismo aceptaba la formación de milicias partidarias, cuando por su propio peso e influencia podía haberlo evitado. Sin embargo, en esta situación, el POUM optó por evitar el enfrentamiento con la CNT y la FAI y desarrollar una política similar a la del resto de las organizaciones, formar sus propias columnas. La otra opción posible, la de ingresar en las filas de las milicias anarcosindicalistas (las únicas que estaban sometidas directamente al control y a la disciplina del Comité Central), fue rechazada por los dirigentes del POUM, para no enemistarse con los dirigentes cenetistas y poner en peligro su política de alianzas.

Por otro lado, el POUM también parece que descuidó, menospreció, o se opuso a la formación de consejos de milicianos en su seno. Félix Morrow aseguraba en sus escritos que no hubo elecciones de delegados para la formación de consejos de soldados, y asegura que los dirigentes de las columnas poumistas se oponían a ello (420). El escritor británico George Orwell, miembro de las milicias de este partido, corrobora esta idea y da su testimonio de que el POUM no hizo ningún tipo de trabajo político entre sus propias milicias.

"Al contrario de lo que se cree generalmente los líderes políticos del POUM están muy en contra de esta idea del comité y estaban ansiosos de que la idea no pasase de los ingleses a los españoles" (421).

Sin embargo, el testimonio más firme y demostrativo de esta actitud la encontramos en la "resolución sometida al Comité Central del POUM", realizada por José Rebull líder de la oposición en el seno del partido.

"...Ha permitido a miembros de nuestro partido, dirigentes de la división Lenin, sabotear toda acción política por parte de los milicianos en nuestras filas, en lugar de llevar una agitación por la democracia obrera en los organismos de masas" (422).

Los proyectos del PSUC, de la CNT-FAI y del POUM se enfrentaron en el seno del Comité Central de Milicias, por la supremacía. Las vacilaciones y la falta de un plan político madurado, por parte del anarcosindicalismo, triunfante en las jornadas de Julio, permitieron que el PSUC y las organizaciones del Front d'Esquerres, partidarios y aliados del gobierno de la Generalitat, fueran minando el terreno sobre el que se sostenía el edificio cenetista.

El proyecto del POUM tampoco pudo prosperar. Su actitud seguidista frente a los errores del anarcosindicalismo y la situación de aislamiento creciente en el que se encontraba, redujo sus planes para construir un Ejército Rojo, a una simple actividad propagandística sin concreción en la realidad. El compromiso político del anarcosindicalismo con el gobierno de la Generalitat colocaba a las milicias en una situación de dependencia hacia las autoridades republicanas que iba a tener funestas consecuencias. El gobierno autónomo catalán, adversario político de la revolución que encarnaban los comités y las milicias, se encargaba de pagar los sueldos a los combatientes del frente.

Sólo la ideas del PSUC y del PCE prosperaron. Apoyados por los gobiernos, Central y autónomo catalán, y también por la política soviética. Utilizando la presión política que significaban los suministros de armamento y de municiones, sobre los revolucionarios, día tras día, el proyecto de construcción del Ejército Popular, nombre bajo el que se escondía el viejo ejército republicano, fue abriéndose camino, en detrimento de las milicias y de la revolución.

4.4.2 El orden interno revolucionario

El triunfo revolucionario de las jornadas de Julio llevó consigo una gran explosión social y la irrupción de grandes sectores de la población, inactivos o pasivos hasta el momento, en la actividad política. Sin embargo, y junto a la gran actividad que empezó a desarrollarse en todas las áreas de la vida cotidiana, también hizo irrupción la delincuencia y el lumpenproletariado.

Siglos y siglos de explotación y de miseria, se expresaron en la gran cantidad de saqueos y de asesinatos que asolaron las calles de Barcelona y de gran parte de los pueblos y ciudades de Catalunya. Gran parte de esta violencia fue provocada por la irrupción en la arena política, de importantes sectores sociales, que habían sido marginales antes de la revolución. El odio de siglos de miseria y de opresión se desencadenó espontáneamente, sin que existiera una clara perspectiva revolucionaria.

No es posible analizar una situación revolucionaria, desde una óptica supuestamente moralista, como han hecho algunos historiadores y políticos que se opusieron a ésta. La violencia que acompaña cada revolución, los excesos que en ella se desencadenan son, sin duda alguna, inevitables, y reflejan la actitud de importantes capas de la población, oprimidas, de no querer seguir soportando la explotación sufrida hasta el momento. Sin embargo, era necesario canalizar y limitar esta violencia social mediante cauces de "legalidad revolucionaria", para evitar que importantes sectores de la población, especialmente la pequeña burguesía urbana y campesina, profundamente catalanista, pudieran depositar sus simpatías en la reacción que acababa de sublevarse, por temor a que el movimiento revolucionario pudiera poner sus propiedades y sus vidas en peligro.

La profunda desestabilización social y los peligros que estos hechos provocaban hizo que el recién nacido Comité Central de Milicias tomara medidas urgentes para poner coto a la violencia desatada. Su primer decreto fue el de la creación de "equipos", integrados por militantes de las distintas organizaciones, que se encargarían del mantenimiento del nuevo orden revolucionario y de que fuera cumplido estrictamente el toque de queda.

El gobierno de la Generalitat de Catalunya, y los partidos del Front d'Esquerres denunciaron los graves excesos represivos que se estaban cometiendo, al calor de la revolución, y acusaron a los anarcosindicalistas de ser incapaces para frenar la violencia de sus propias bases. Su objetivo era obligar al Comité Central de Milicias a entregar las competencias del orden público a la Generalitat y los antiguos cuerpos policiales, que habían quedado completamente desplazados de sus funciones, por las milicias revolucionarias y por las patrullas de control.

"Sus líderes en el Comité decían que el movimiento libertario no era responsable de los asesinatos. <<Son las patrullas de control. Algunos de los que las integran son asesinos>>. Pero a mi juicio, no podían enfrentarse con aquella gente que representaba a su propia ideología" (423).

Otro de los testimonios críticos con la actividad del anarcosindicalismo y del Comité Central es la de Manuel D. Benavides, que muestra la actitud y las pretensiones del PSUC, partido que, rápidamente, y desde su nacimiento, se había aliado al gobierno de la Generalitat.

"¡Un orden! ¡un orden! -reclamaba Catalunya".
"El obstáculo para restablecerlo procedía de que el Estado y sus órganos -magistratura, policía, ejército y administración- habían desaparecido con las funciones que ejercían" (424).

Sin embargo, las acusaciones contra el anarcosindicalismo parecen haber sido profundamente injustas y también interesadas. Las campañas contra los "incontrolados" tenían como objetivo convertir al Comité Central en el blanco de sus críticas, desprestigiarlo ante la población, acusando a los anarcosindicalistas de ineptitud e incluso de complicidad con los excesos sangrientos que se estaban realizando, para justificar la revitalización de los cuerpos policiales de la Generalitat y el desarme de los trabajadores revolucionarios.

"La Humanitat", periódico catalanista que representaba los intereses políticos próximos al gobierno de la Generalitat, elogiaba, en los días posteriores a las jornadas de Julio, la actividad de las patrullas revolucionarias para evitar los actos de delincuencia y las venganzas personales. Sin duda alguna, estos artículos fueron escritos antes de que se desatara la campaña de desprestigio contra el orden público, que estaba en manos del Comité Central de Milicias.

"El orden revolucionario es admirablemente llevado por las <<milicias antifascistas>>, las cuales reprimen enérgicamente todo acto de pillaje u otro que deshonre la lucha contra la rebelión antirrepublicana".

"Los elementos de la CNT, que, con tanto coraje, defendieron en aquellos días las libertades del pueblo, se muestran celosos defensores del orden revolucionario y cortan en seco todo acto de bandidaje, efectuado por los elementos profesionales del delito" (425).

Numerosos cuadros y dirigentes libertarios denunciaron, desde los primeros momentos, que la violencia indiscriminada era profundamente reaccionaria, y que debía ser detenida con todos los medios que estuvieran al alcance de los revolucionarios.

"Se están sucediendo en Barcelona una serie de registros domiciliarios, seguidos de detenciones arbitrarias y consiguientes fusilamientos, ejecutados la mayoría de ellos sin causa alguna que justifique tal medida... Esto no puede continuar por más tiempo. Estamos de acuerdo en que, en todos aquellos casos que sean debidamente justificados, se proceda inexorablemente y sin contemplaciones de ninguna clase. Concretando: los registros domiciliarios que se efectúan con carácter particular deben cesar, y no podrán llevarse a cabo más que con un aval de la Comisión de Investigación de las Milicias antifascistas... o bien por la Federación local, Comité regional y Regional de la FAI, conjuntamente... Que cada militante, que todos los soldados de la revolución sean los más celosos guardadores de un orden nuevo: orden revolucionario. ¡Qué la revolución no nos ahogue a todos en sangre! ¡Justicieros conscientes, sí! ¡Asesinos, nunca!..." (427)

Cinco días después, y en plena ofensiva del Comité Central de Milicias para hacer respetar el nuevo orden revolucionario, Solidaridad Obrera advertía:

"Declaramos fríamente, con terrible serenidad y la inalterable intención de hacer lo que decimos, que si no se acaba con todos estos actos que están propagando el terror en toda Barcelona, procederemos a ejecutar a cada individuo a quien se pruebe haber cometido actos contra los derechos humanos... Por el honor del pueblo de Barcelona, por la dignidad de la CNT y de la FAI, debe acabarse con estos excesos" (427).

Junto a los libertarios, el POUM planteó la necesidad de fortalecer el Comité Central de Milicias, como la única forma posible que existía, de defensa del orden revolucionario. Los poumistas hicieron una fuerte crítica contra el terrorismo individual que estaba desprestigiando a la revolución, y contra los que aprovechaban la situación para exigir el reforzamiento de los viejos cuerpos policiales de la República. La represión revolucionaria tenía que encauzarse por los medios adecuados, que evitaran posibles excesos contra sectores de la sociedad, que solo servirían para reforzar a los enemigos de la revolución.

"No se trata de suprimir a los burgueses físicamente, sino de suprimir a la burguesía como clase social... ¿Quién debe entender en las cuestiones del terrorismo revolucionario, de la justicia revolucionaria? los órganos propios que para tal fin crea la propia revolución. Tanto en el frente de batalla como en la retaguardia... deben ser los órganos de defensa, de salud pública, de control, de investigación, y los tribunales populares, los únicos calificados para administrar la justicia revolucionaria..." (428).

Las acciones del Comité Central de Milicias y de las patrullas de control se encaminaron a poner fin a tales excesos. Se amenazó a los miembros de los partidos y sindicatos que realizaban registros domiciliarios, detenciones y fusilamientos por su propia cuenta con duras represalias si eran sorprendidos realizando tales actividades. Algunos militantes anarquistas fueron detenidos y fusilados sin contemplaciones, por haber sido sorprendidos en pleno delito. Entre estos destacaron los ajusticiamientos de José Gardeñas, miembro del Sindicato de la Construcción de Barcelona y de su grupo, y el de José Fernández, presidente del de la Alimentación.

El dinero y las joyas, recogidos en los registros domiciliarios y en las incautaciones eran entregadas por las patrullas de control al Comité Central de Milicias, y éste, a su vez, las cedía al Conseller de Cultura de la Generalitat. La actitud del Comité Central respondía al profundo desprecio que mostraba el anarcosindicalismo hacia el dinero y los objetos de valor, considerados como símbolos de una sociedad caducada que no debería volver, pero también reflejaba su postura de negarse a tomar el poder, y por lo tanto, su intención de mantener las viejas instituciones del estado, aunque fuera de una forma simbólica.

De forma progresiva, los registros, las detenciones y los paseos arbitrarios fueron reduciéndose, poco a poco, a medida que el orden revolucionario iba quedando en manos de las patrullas de control, y de la Comisión de Seguridad del Comité Central de Milicias. Carlos Semprún-Maura expresa la opinión de que el mayor control sobre el orden revolucionario no se tradujo en el final de los ajustes de cuentas y en los ajusticiamientos, sino en su legalización.

"La idea inicial era la de que había que evitar los abusos y exacciones que algunos individuos o grupos <<incontrolados>> pudieran cometer por iniciativa propia. Para ello, como siempre en la historia a secas y no sólo en la historia de las revoluciones, lo que se iba a hacer era intentar <<legalizar>> los abusos y las exacciones. El resultado era previsible de antemano, no se las evitó, no se las limitó, no se hizo más que añadir a los ajustes de cuentas individuales, las ejecuciones <<legales>>, sin mencionar los ajustes de cuentas entre organizaciones..." (429).

El mismo historiador libertario reconoce que sólo una ínfima parte de los represaliados eran simpatizantes declarados de los sublevados, mientras que la mayoría eran simples "tipos de derechas" o que "iban a misa", y que no representaban ningún peligro para la revolución. Sin embargo, Semprún-Maura también reconoce, seguidamente, que el mayor peso de la represión y de los excesos no estuvo a cargo de los Tribunales revolucionarios y de las patrullas de control, sino de las policías paralelas que seguían existiendo, completamente independientes de la autoridad del Comité Central y supeditados a las de los órganos directivos de sus propias organizaciones (430).

En los meses posteriores, y a medida que la revolución iba retrocediendo, la violencia espontánea dió paso a otra, mucho más fría y sistemática, que fue dirigida principalmente, no contra los simpatizantes de los sublevados, sino contra los mismos revolucionarios. Las diferencias políticas entre las organizaciones, se saldaron, a menudo, por medio del asesinato y de los "paseos". Entre las víctimas de estos ajustes de cuenta, encontramos a Desiderio Trillas, acusado por la CNT de corrupción y de ser "el cacique de los muelles" de Barcelona y el encargado de la UGT de la fábrica Hispano-suiza.

La prensa del PSUC se destacó rápidamente por ser la que con más fuerza exigió el final de los "excesos" de los incontrolados, que retenían gran cantidad de fusiles y de munición en la retaguardia, cuando este material resultaba dramáticamente escaso en el frente. El concepto de "incontrolados" utilizado por el PSUC abarcaba a los comités revolucionarios y toda la actividad espontánea que estaban llevando a cabo los trabajadores.

La campaña desatada por el PSUC y la UGT, apoyada por ERC, y que contó también con la participación de los dirigentes anarcosindicalistas del Comité Central de Milicias fue contestada por la federación de comités de Defensa de Barcelona, ligados también a la CNT y a la FAI:
"Mientras que la revolución no haya resuelto el problema del poder político, y exista una fuerza armada obediente a las órdenes del gobierno de Madrid, no sometida al control de los trabajadores, los grupos de defensa no depondrán sus armas, porque ellas constituyen la defensa y la garantía de las conquistas revolucionarias" (431).

La campaña por el desarme de la retaguardia, lanzada por las organizaciones ligadas al Frente Popular en Catalunya, pretendía el total desarme de la población, y la centralización del control del orden público en manos del Comité Central de Milicias y del gobierno de la Generalitat. El desarme de los trabajadores y de sus comités revolucionarios tenía que ser el primer paso necesario que había que dar, para que el gobierno republicano y la Generalitat recuperaran el pleno poder.

Por consiguiente, el desarme de la retaguardia, sin que el poder dual se resolviera hacia ninguno de los dos lados, podía significar, la derrota de la revolución. El hecho de que la requisa de armas, coincidiera con el rearme de los viejos cuerpos policiales de la Generalitat, confirman la tesis, de que el móvil de la campaña, lanzada por los partidos y sindicatos del Frente Popular en Catalunya, no fuera otro que asegurar la recuperación del poder, por parte del gobierno autónomo catalán.

Es indudable que hubo una importante retención de material de guerra en la retaguardia, cuando éste estaba siendo muy necesario en el Frente, paralizado por la escasez de armas y municiones. Diego Abad de Santillán nos habla de 60.000 fusiles, retenidos por los partidos y sindicatos, mientras que las milicias que combatían en Aragón, apenas contaban con 30.000 armas (432).

Sin duda alguna, la retención de armas y municiones por los llamados "incontrolados", es decir, por los comités locales y por las bases cenetistas y poumistas, reflejaba el temor a que el desarme de la retaguardia significase el reforzamiento de los viejos poderes, y por ende, el fin de la revolución y de las conquistas sociales que acababan de conseguir. Los posteriores acontecimientos, demostraron que sus temores no estaban, en absoluto, infundados.

La retención del armamento no sólo era llevada a cabo por los comités revolucionarios, sino que era una práctica habitual entre los partidos y sindicatos. El mismo PSUC, principal artífice de la campaña de desarme, fue acusado por retener armas, e incluso carros blindados, que debían enviarse al frente de Aragón. El mismo Buenaventura Durruti realizó una expedición armada a Sabadell para obtener una docena de ametralladoras que se encontraban en manos del PSUC (433). La retención de material de guerra en la retaguardia reflejaba el convencimiento de todas las organizaciones que componían el Comité Central de Milicias, de que la situación de dualidad de poderes, tarde o temprano, iba a tener que resolverse en un enfrentamiento armado entre los dos campos, el de la revolución de los comités y el de la contrarrevolución democrática republicana.

El POUM se mostró completamente contrario a la campaña de requisas de armamento. El desarme de la retaguardia solo podía ir acompañado de la consolidación del poder revolucionario, frente a sus adversarios, los partidarios de la restauración del poder republicano:

"El proletariado tiene un deber elemental, y éste deber elemental es no dejarse desarmar. Las armas con las cuales va al Frente, la clase trabajadora ha de conservarlas, al volver del frente, para batir definitivamente al régimen de la burguesía". (434).

El Comité Central de Milicias participó en la campaña para que los trabajadores entregaran el armamento que se encontraba en sus manos, para concentrarlo en el frente. Sin embargo, la resistencia de los comités locales fue muy fuerte y no tuvo el éxito que se esperaba. El mismo Diego Abad de Santillán, responsable de la requisa de las armas, para poder enviarlas al frente, confesó la impotencia del Comité Central de Milicias para hacer cumplir sus directrices, en las que se negaron a colaborar gran parte de los sindicatos de la CNT y la misma FAI (435).

"No una, decenas de veces planteamos al movimiento libertario, la necesidad de entregar el armamento de guerra de que disponía. Si no se quería entregar el armamento, que acudiesen los hombres que lo manejaban. Para asegurar el orden en la retaguardia bastaban ya las mujeres, los niños, las piedras. Se argumentaba que no podíamos desarmar a los propios, mientras los otros partidos y organizaciones se preparaban para atacarnos por la espalda..." (436).

Indudablemente, las resistencias que expresaban las bases anarcosindicalistas y del POUM, reflejaban una profunda desconfianza que éstas sentían, hacia las organizaciones que más exigían el desarme de la retaguardia, los partidos del Front d'Esquerres pero que seguían manteniendo en sus manos, importantes cantidades de material de guerra. De la misma manera, el temor y la desconfianza no podían ser eliminadas, mientras el Comité Central de Milicias permitiera que siguieran existiendo, paralelamente a las patrullas de control, los viejos cuerpos policiales, incluida la odiada guardia civil, que sobreviviría con el nombre de Guardia Nacional Republicana.

El día 23 de Julio, la Federación Local de Sindicatos de la CNT de Barcelona publicaba una octavilla:

"Obrero, organízate en milicias. No abandones el fusil ni la munición, no pierdas el contacto con tu sindicato. Tu vida y tu libertad están en tus manos" (437).

La octavilla era una respuesta de los sindicatos y de los comités de Defensa de la CNT, a las directrices que el Comité Central había empezado a publicar, por las cuales se intentaba establecer una especie de censo sobre el armamento existente en manos de los trabajadores, mientras que se recomendaba que los que desearan entregar las armas, lo hicieran en los cuarteles de las milicias.
La consigna fue interpretada en el seno del anarcosindicalismo como un intento de desarmar a la revolución. La debilidad del Comité Central de Milicias estaba en que, mientras los líderes anarcosindicalistas se negaban a romper la dualidad de poderes, para convertir a éste en el órgano máximo e indiscutido de la revolución, también eran perfectamente conscientes de que el logro de sus objetivos de desarme de la retaguardia, solo podía realizarse mediante el enfrentamiento con sus propias bases.

4.4.3 La justicia revolucionaria. El juicio a los vencidos.

La revolución de los comités provocó la inmediata huida de una gran parte de los estamentos que habían estado relacionados con el poder judicial en el período anterior a la contienda, por temor a las posibles represalias de los revolucionarios. Sin duda alguna, fue la situación de vacío de poder que provocó la caída de las instituciones republicanas y la inexistencia de un poder revolucionario articulado que ocupara su lugar, la causante de los saqueos, del terrorismo individual y de los posibles excesos de la represión revolucionaria. Esta situación caótica quedó parcialmente controlada por la aparición de las milicias de retaguardia y de las patrullas de control, y también por la formación de los primeros tribunales populares que canalizaron, organizaron y "racionalizaron" la violencia revolucionaria.

El creciente control del orden público, de la Justicia y de la represión, que iba adquiriendo el Comité Central de Milicias, fue saludado entusiásticamente por toda la prensa republicana, cercana a las posiciones políticas de la Generalitat y del Front d'Esquerres. El contrasentido era solo aparente.

La centralización de estas funciones, aunque fuera una necesidad ineludible de la revolución que ellos combatían, también significaba un primer paso en la dirección política hacia la que esperaban que evolucionase la situación. El hecho de que los comités revolucionarios locales delegasen estas funciones en manos del Comité de Milicias implicaba el reconocimiento de la supremacía política de éste. Y, sin lugar a dudas, el peso y la influencia de sus organizaciones en el seno de este organismo era infinitamente mayor que en la multitud de comités locales.

El Comité Central de Milicias era, en última instancia, un organismo que encarnaba la negativa de los anarcosindicalistas a tomar el poder y, por lo tanto, también representaba la dualidad de poderes existente. Si ellos conseguían, mediante el compromiso de los dirigentes de la CNT y las presiones políticas, ir haciéndose con el control de las competencias que asumía el Comité, la posibilidad de recuperación del estado republicano podría ir abriéndose camino y convertirse en una realidad.

"Se han instalado tribunales populares y <<La Vanguardia>>, que continua siendo el periódico más importante de Barcelona, hace ver que se felicita por ello, pero expresa su esperanza de que ahora en adelante, se pondrá fin a la nueva seguridad en la vía pública y de que, delante de los nuevos tribunales comparezcan no solo los fascistas, sino también los autores de las falsas denuncias y los terroristas... pretende quitar a los milicianos el poder ejecutivo y a lo mejor, llevarlos ante los tribunales" (438).

Sin embargo, la situación estaba muy lejos de haber madurado, para poder llevar hacia adelante, de forma inmediata, sus planes, el Comité Central de las Milicias, no solo era un órgano de compromiso y de colaboración "democrática" con el gobierno de la Generalitat, sino que también representaba, de una forma más o menos deformada, las aspiraciones de una revolución que controlaba las calles y los centros de trabajo.

El Comité Central de Milicias ordenó que se llevara a cabo un consejo de guerra contra los militares sublevados que habían sido derrotados en Barcelona, en las jornadas de Julio.