4.2.6 EL CONSEJO DE LA ESCUELA NUEVA UNIFICADA.

El Consejo de la Escuela Unificada fue constituido el 27 de Julio para proceder a llevar a cabo una serie de cambios revolucionarios en la enseñanza, que poco antes estaba, en gran parte, en manos de las órdenes religiosas. El comité de Enseñanza, "ratificado" por el gobierno de la Generalitat, se constituyó sobre la base de representaciones de las organizaciones sindicales y de la Universidad. El secretario del consejo J.Puig Elías, era miembro de la CNT, con él, formaban parte del mismo, otros tres representantes del sindicato.

La labor del CENU tuvo importantes éxitos en un corto espacio de tiempo y en unas circunstancias excepcionalmente difíciles. Antes del 19 de Julio, Barcelona contaba solo, con un total de 34.000 plazas escolares, a principios de 1937, apenas medio año después, la cifra era ya de 54.758. La población escolar en toda Catalunya se triplicó durante este período.
En pocos semanas fueron abiertas, solo en la ciudad de Barcelona, 102 nuevas escuelas laicas. La enseñanza primaria y media fueron reorganizadas, depurando a los elementos más reaccionarios, de la enseñanza.

El impotente gobierno de la Generalitat procedió a ratificar la "legalidad" de las incautaciones que se estaban llevando a cabo en las antiguas escuelas religiosas, y cuyos antiguos ocupantes habían procedido a abandonarlos, después de los resultados de las jornadas revolucionarias de Julio.

"El consejero de cultura ha dado las disposiciones necesarias al claustro de maestros laicos de Catalunya para que procedan inmediatamente a organizar escuelas para el pueblo en los edificios donde estaban las escuelas religiosas del paseo de la Sagrada Familia y la que había sido residencia de los jesuitas de la calle Ataulfo" (370).

La educación sufrió una verdadera revolución interna. La CENU, liquidó la vieja enseñanza religiosa y basó la nueva enseñanza laica en "los principios racionalistas del trabajo y de la fraternidad humana", el "sentimiento de solidaridad universal" y en la voluntad de suprimir los viejos privilegios de clase existentes anteriormente (371).

4.3 LAS RELACIONES DE PODER.

La revolución de Julio había entregado el poder al anarcosindicalismo. El gobierno de la Generalitat de Catalunya se había derrumbado estrepitosamente, sin poder oponer ninguna resistencia a los revolucionarios victoriosos. En pocas horas, el ejército sublevado había sido aplastado por las fuerzas combinadas de los obreros revolucionarios y las escasas fuerzas que se habían mantenido fieles a la legalidad republicana.

Sin embargo, los guardias de asalto y la guardia civil, en contacto con la oleada revolucionaria que ocupó rápidamente las calles de Barcelona y de las principales ciudades y pueblos de Catalunya, entró en un proceso de disgregación.

En pocas horas, el triunfo de Lluís Companys sobre Goded se había revelado vacío de contenido, revelando la madurez de la situación revolucionaria que se extendía por toda Catalunya y por gran parte del estado.

El auténtico período de dualidad de poderes se abrió con la renuncia de los dirigentes anarcosindicalistas a tomar el poder e instaurar el comunismo libertario. Los restos del gobierno de la Generalitat se mantuvieron en pie, mediante el pacto que se había establecido entre Companys y los representantes de la CNT y de la FAI. Fruto de este compromiso aparecía el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya. El nuevo organismo de colaboración se constituyó rápidamente en el único poder que abarcaba toda Catalunya, y que contaba con autoridad entre la multitud revolucionaria.

Sin embargo, la orientación política que habían adoptado los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI, tenía muy poco que ver con la de sus propias bases y las del resto de las organizaciones obreras. Los trabajadores en general, sintiéndose armados y triunfadores del conflicto con los sublevados, desconfiando de las ineficaces y moderadas autoridades republicanas, habían procedido a organizar su propio poder. Los Ayuntamientos fueron sustituidos o en todo caso, marginados, por una vasta red de comités revolucionarios locales que se convirtieron en auténticos miniestados, y ejercieron como tales.

Los antiguos cuerpos policiales habían desaparecido para apoyar, unos a la sublevación militar, y otros al gobierno de la República, los primeros habían sido aplastados, los segundos se habían disuelto, en muchos casos, en la marea revolucionaria, o habían perdido toda su autoridad frente a los trabajadores armados. El ejército también había desaparecido de la escena, solo unos pocos mandos, fieles a la República, se habían mantenido en sus puestos, mientras que las unidades militares que no se habían unido a los rebeldes, habían acabado por disolverse con el triunfo de los revolucionarios y con el decreto de disolución que había dictado el gobierno Giral.

En Catalunya, la situación de dualidad de poderes adquiría, con estos acontecimientos, una complejidad extrema, característica de la revolución española. Aparentemente la realidad revolucionaria no se presentaba como un forcejeo entre dos poderes, claramente diferenciados, uno el poder burgués que no se resignaba a morir, y otro el nuevo poder revolucionario que todavía no había tomado completa conciencia de su existencia. La revolución española en Catalunya aparecía bajo un triple poder.

En un extremo del arco político se encontraba el poder burgués republicano, el gobierno de la Generalitat de Catalunya, completamente desarbolado y apoyado por las organizaciones que componían el Front d'Esquerres (El Frente Popular en Catalunya). En el extremo contrario, representaban a la revolución que acababa de estallar, la multitud de comités locales, los comités de fábrica, las patrullas de control, los tribunales populares y las milicias revolucionarias. Y en medio de ambos poderes, se encontraba el nuevo organismo que encarnaba el poder dual, nacido del compromiso entre los que se negaban a tomar el poder y los que lo habían perdido y pugnaban por recuperarlo.

"La verdad es que la Generalitat tenía su autoridad secuestrada por el Comité de las Milicias, pero éste también lo estaba por otros mil comités que actuaban por su propia cuenta, mientras que el gobierno central intentaba, incluso hasta perder puntos esenciales de la guerra, imponer su autoridad sobre la Generalitat y el mismo Comité Central de Milicias" (372).

El Comité Central de Milicias Antifascistas representaba esta dualidad de poderes. Inevitablemente, la evolución de este organismo iba a reflejar, en los meses siguientes, los derroteros que iba a seguir la situación revolucionaria en Catalunya, y este desenlace iba a condicionar, en gran parte, la evolución de la revolución española. El mantenimiento del Comité Central como organismo de compromiso, solo podía ser temporal. El pacto al que habían llegado las diferentes organizaciones que lo componían no podía extenderse a las fuerzas sociales que se estaban enfrentando. Tarde o temprano, la dualidad de poderes tenía que decantarse hacia uno de los dos lados: hacia el triunfo de la revolución de los comités, o hacia la restauración de la vieja República. Tarde o temprano, iba a producirse el choque entre dos fuerzas que representaban intereses completamente contrapuestos.

En medio de esta compleja situación revolucionaria se estableció un tupida red de relaciones entre los diferentes poderes que convivían: el gobierno de la Generalitat, el Comité Central de milicias y la multitud de comités revolucionarios.

4.3.1 LAS RELACIONES ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA Y EL COMITE CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA.

Los hechos de Julio significaron el hundimiento del orden republicano, y por consiguiente, también el del gobierno de la Generalitat en Catalunya. La situación revolucionaria que acababa de abrirse colocaba al Comité Central de Milicias en el centro del poder político, gracias al protagonismo que jugaba en su seno el anarcosindicalismo.

Desde los primeros momentos, el eje de la política de la Generalitat estuvo en aprovechar el respiro que le había brindado la CNT para recuperar su poder. La autoridad y los medios de los que disponía el gobierno autónomo catalán habían quedado seriamente desbaratados por la revolución, pero seguían existiendo y podían recuperarse.

Apenas terminados los combates, el gobierno de la Generalitat publicó una serie de medidas, que contaron con el beneplácito de las asociaciones patronales catalanas, destinadas a recuperar el prestigio y la iniciativa perdida ante el movimiento revolucionario (aumento de los salarios en un 15%, semana laboral de 40 horas, rebaja de los alquileres, confirmación a favor de los obreros de todas las sentencias de los jurados mixtos recurridas por los patronos ante el consejo de trabajo, pago de los jornales de los días de la huelga general...).

Sin embargo, la situación había ido ya, demasiado lejos para poder volver atrás mediante unos simples decretos. Era demasiado tarde, los trabajadores eran perfectamente conscientes de cuales eran las intenciones del gobierno autónomo catalán. Los decretos ya habían sido superados por ellos, con sus propios métodos y organizaciones, no necesitaban para nada al gobierno de la República y a la Generalitat. Eran dueños de sus propios destinos.

"La autoridad, sobre todo la que emanaba del Gobierno central quedó en mitad de la calle, y el mismo Gobierno de la Generalitat,... fue también desbordado. Éste, en un intento de encauzar el ímpetu revolucionario de las masas, autorizó al consejero de Trabajo a que, por medio de la radio, diese cuenta de las disposiciones dictadas sobre la rebaja de jornada, aumento de salarios y aprobación de bases de trabajo pendientes. Antes de publicarlas, estas disposiciones fueron puestas en conocimiento de delegados de las llamadas corporaciones económicas, llamados a la Generalitat, tales como el Fomento del Trabajo Nacional, Cámaras de la Industria y de la Propiedad, etc..." .

"Todos los presentes estuvieron de acuerdo en todo y el representante de la Cámara de la Propiedad ofreció además la rebaja de alquileres" (373).

Estas medidas, tachadas de "demagógicas" por la mayor parte de los historiadores, revelan las verdaderas intenciones políticas del gobierno de la Generalitat de mantenerse y resistirse a la cresta de la ola revolucionaria, su derecho a existir, disputando, palmo a palmo, a los revolucionarios el terreno que acababa de perder.

Los primeros intentos del gobierno de la Generalitat para recuperar el control de la situación acabaron en un rotundo fracaso. La situación revolucionaria no lo permitía. Era necesario esperar el momento propicio.

"(El gobierno autónomo) con intentos a veces tímidos pero constantes, iba manifestando su presencia y su voluntad de subsistencia".

"Como no se disolvieron las fuerzas del orden público... ni la misma burocracia estatal, los republicanos liberales burgueses que estaban en el gobierno autónomo tendieron paulatinamente a reforzar aquellos organismos que en el primer momento de la revolución parecieron desplazados y en una franca confusión sobre el poder al que tenían que obedecer. También tendieron a aglutinar las fuerzas militares, creando fuerzas milicianas propias. Los hombres de la Generalitat sabían que cuando aquellos organismos de orden público volviesen a tener cohesión, conjuntamente con las propias fuerzas milicianas, podrían ellos, recuperar la vitalidad de su poder o la simple viabilidad de este poder, que de hecho solo estaba dormido".

"Por esto y desde su punto de vista es lógico, el gobierno autónomo catalán constantemente hizo sentir su presencia en todas las disposiciones que dictaba el comité de milicias y, en ocasiones, hasta creando situaciones conflictivas, intentaba pasar por delante..." (374).

El gran problema con el que tenía que enfrentarse el gobierno de la Generalitat, era evitar que los pasos progresivos para recuperar el poder, no provocaran la respuesta inmediata de los revolucionarios. El primero a seguir, pues, era ligarse por completo al Comité Central de Milicias, "legalizar" mediante decretos las medidas adoptadas por éste, y aprovechar la indecisión y las vacilaciones de los anarquistas para reforzar sus propios medios. También era necesario aumentar su prestigio político, blanquear la imagen política ante la población, hasta convertirla en respetable y "revolucionaria", frente a la reacción militar y frente a los "extremismos de izquierda".

"El gobierno de la Generalitat actuó durante los dos primeros meses, poco menos que al dictado del Comité de Milicias. En la mayoría de los aspectos... revelan el firme propósito de mantener las riendas de la situación, aún dentro del pragmatismo que supone aceptar, como marco de actuación una economía revolucionaria que iba más lejos de lo que, sin duda, hubieran deseado los partidos de izquierda burguesa todavía predominantes en el gobierno del 6 de Agosto..." (375).

La prensa cercana a los criterios políticos del gobierno de la Generalitat, publicaba continuamente decretos por los cuales, "se incautaba" de las principales industrias y servicios de Catalunya. Los periódicos burgueses catalanes pretendían con estas noticias dar una imagen de normalidad y de iniciativa política de la Generalitat que no se correspondía con los hechos.

Si nos atenemos a los artículos de los periódicos, la imagen que daba la prensa catalanista era de que la Telefónica, los servicios de transportes urbanos y las principales empresas metalúrgicas catalanas, todo era "incautado" por la Generalitat, en aras a las necesidades de la guerra que acababa de estallar. La realidad era otra muy distinta, la industria, los servicios, Catalunya entera, se encontraba en manos de los trabajadores.

En una conversación entre Juan García Oliver y Buenaventura Durruti, recogida por Abel Paz, encontramos las claves de la política de la Generalitat, en la que se encontraban presos los dirigentes anarcosindicalistas:

"A la conclusión que García Oliver llegaba era que, tal y como estaban las cosas, no quedaba otra solución que seguir los acontecimientos y mirar de controlarlos. Había que mantenerse en el Comité Central de Milicias Antifascistas, no soltar los puestos de dirección que la CNT y la FAI tenían, sostener los comités de Defensa, y utilizar la fuerza armada del pueblo como una constante amenaza ante una eventual tentativa de reconstruir el antiguo poder... Pero a todo esto, decía García Oliver, hay que darle un carácter legal, desde el Comité Central de Milicias Antifascistas...".
...
"...(Durruti) Cuanto más legalicemos -añadió-, más reforzaremos al Govern de la Generalitat, puesto que es él quien decreta y pone su sello; y cuanto más se refuerce el Govern de la Generalitat, más se debilitará el Comité Central de Milicias Antifascistas. Esto significará que la CNT reforzará al Govern de la Generalitat..." (376).

Companys intentaba neutralizar la iniciativa y el predominio de la CNT y de la FAI. Su política de orden público se centró en reforzar las fuerzas que le eran fieles, y que se habían salvado de la descomposición revolucionaria de los primeros días.

Los destartalados cuerpos policiales republicanos (guardia civil o republicana, guardias de asalto, mozos de escuadra...) fueron aumentando progresivamente en el número de sus efectivos, hasta poder competir, meses más tarde, con las patrullas de control y liquidar la situación revolucionaria.

Sin embargo, las medidas de la Generalitat tuvieron que adoptar una dinámica prudente, la oposición que encontró en las primeras semanas, por parte de los representantes anarquistas del Comité Central fue total; solo la presión y la negociación, combinadas, pudieron conseguir que los dirigentes de la CNT acabaran por aceptar medidas de compromiso que significaban un paso en sus planes para recuperar el poder.

"Surgió la idea de traer todas las unidades de la guardia civil que seguían en los pueblos. Los anarquistas se enteraron del plan. Él (Jaume Miravitlles) y Tarradellas, en representación de la Generalitat, se entrevistaron con Durruti, García Oliver y Mariano Vázquez de la CNT, que se presentaron armados".

"<<Si tratáis de traer a la guardia civil, convocaremos una huelga general en el acto. Habrá una masacre de líderes de la Generalitat y de la Esquerra>>" (377).

El mismo plan político fue aplicado a la reconstrucción del ejército. Las milicias tenían una serie de características (democracia interna, espíritu revolucionario, control de las bases, politización...) que las convertían en altamente indeseables para los objetivos de la Generalitat. Era necesario reconstruir un ejército tradicional a partir de los oficiales que se habían mantenido fieles a la República y de las milicias controladas por el Front d'Esquerres. Sin embargo, los efectivos de la Generalitat era muy inferiores a los revolucionarios, era necesario, antes, reclutar una serie de levas forzosas sobre la población.

Aunque los primeros intentos del gobierno autónomo para recuperarse, fracasaron por la oposición de los revolucionarios, en otras ocasiones, fue el Comité Central de Milicias quien acabó por aceptar soluciones de compromiso, que evitaran el enfrentamiento y que preservaran la unidad "antifascista" en su seno. El conflicto entre ambos poderes, sobre los cuerpos policiales se saldó, finalmente, con una salida intermedia, la Generalitat podría aumentar las fuerzas de sus efectivos, pero éstos pertenecerían a los sindicatos, con lo que su reforzamiento se haría a partir de elementos revolucionarios.

Aparentemente, los anarcosindicalistas se habían salido con la suya, en la práctica, el resultado significaba un retroceso de las fuerzas revolucionarias. Los nuevos integrantes de los efectivos policiales de la Generalitat, pese a su origen revolucionario, estarían sujetos a la disciplina y al control del gobierno autónomo catalán.

Aunque desarbolado, el gobierno autónomo catalán había ido recuperando todos los medios que la CNT y la FAI habían despreciado (nacionalización del sistema financiero, importancia del dinero, supervivencia de los viejos cuerpos policiales,...) para poder utilizarlos posteriormente en su política de recuperación del poder. La Generalitat se apresuró a nacionalizar las entidades financieras catalanas, aprovechando la mayoría sindical ugetista que existía en ellas. Peres Mas i Parera fue nombrado comisario de la Banca en Catalunya, "para atender debidamente al pago de los jornales de los trabajadores" (378).

Los instrumentos que la moral anarcosindicalista había despreciado como instrumentos de un sistema capitalista trasnochado, que nunca volvería a resurgir de sus cenizas, fueron utilizados, posteriormente, en su contra por sus adversarios del frente Popular. Numerosos tesoros y gran cantidad de dinero (en moneda nacional y en divisas) fueron entregados por el Comité Central y por las patrullas de control, fruto de sus registros y requisas en conventos, iglesias y mansiones, al consejero de cultura de la Generalitat, Ventura Gassol, que hacía, a su vez, de depositario.

El anarcosindicalismo comprendió demasiado tarde el error que había cometido, todo el sistema financiero, incluidas las reservas de oro y de divisas del Banco de España se encontraban en poder del gobierno republicano, apoyado por las organizaciones del Frente Popular, que empezó a utilizar la represión financiera (La Catalunya revolucionaria necesitaba importar numerosos productos que no estaba en condiciones de producir en su suelo, y para ello eran necesarias las divisas que se encontraban en manos de sus adversarios) como un arma terriblemente eficaz para hacer retroceder al movimiento revolucionario y restaurar el orden republicano.

"La Generalitat es un artefacto meramente formulario. Pero Companys que ha reconocido el derecho de los obreros a gobernar, e incluso les ha ofrecido abandonar su puesto, maneja las cosas con tal arte, que poco a poco reconstituye los órganos legítimos del Poder, devuelve la acción a los Consejeros y deja los organismos obreros reducidos a su papel de auxiliares, de asesores, de ejecutores. A los cuatro o cinco meses estaba restablecida la normalidad" (379).

Con su política de "legalizar" lo que ya estaba legalizado por la acción de los trabajadores en la calle, la Generalitat pretendía conservar su principio de la autoridad, y también integrar las conquistas revolucionarias en el marco de la legalidad republicano burguesa: "El gobierno no gobernaba, pero seguía existiendo" (380).

Consecuencia de esta táctica, el gobierno de la Generalitat publicó el decreto del 22 de Julio. Apenas instituido el Comité Central y en plena efervescencia revolucionaria, el gobierno catalán ordenó la depuración de los gobiernos municipales, por el que eran destituidos todos los concejales y alcaldes que no pertenecieran al Front d'Esquerres, mientras que las vacantes deberían ser cubiertas por los representantes de los partidos y sindicatos que se habían opuesto a la sublevación militar. Con esta maniobra política , el gobierno de Companys pretendía salvar de la quema revolucionaria, el aparato municipal de la República en Catalunya. Para ello era necesario blanquear su imagen depurando a los elementos más derechistas y reaccionarios, pero simultáneamente, también se invitaba a los anarcosindicalistas y a los poumistas a integrarse en los Ayuntamientos. La campaña de depuraciones que llevó a cabo el gobierno de la Generalitat se extendió a todos los campos, incluidos los cuerpos policiales (381).

Desde el principio, y aprovechando los decretos, el gobierno de Companys nombró una serie de delegados interventores de la Generalitat (decreto del 24.08.36) que la representaban en el seno de las empresas incautadas. La función de estos delegados, simbólica durante los primeros meses por exigencia de los mismos trabajadores, que no hubieran permitido otro tipo de cometido, fue definiéndose y cobrando fuerza, a medida que el movimiento revolucionario retrocedía y las empresas colectivizadas, presionadas financieramente, se veían obligadas a aceptar sus imposiciones.

"Se ha recurrido a la ficción de expedir decretos o leyes que den a sus organismos (comités de milicias, patrullas de control, milicias populares de diversos tipos, consejos regionales, etc.) la característica formal de órganos oficiales, cuando estos reglamentos, por si mismos, hacían obra legal. En Catalunya, por ejemplo, la Generalitat convertía automáticamente esas disposiciones en decretos regulares".

"Los revolucionarios terminan por pensar que la función del Estado o de los gobiernos autónomos es <<legalizar sus actos>>, ... en los últimos meses de 1936 cunde la idea que hay una suerte de división de funciones que consiste en:

a) creación revolucionaria popular, por intermedio de sindicatos, comités, consejos, colectividades, etc.;

b) la legalización, y reconocimiento público de esas conquistas populares por el Gobierno central o los gobiernos locales" (382).

Con esta política, y frente a la desorientación de los revolucionarios, el gobierno de la Generalitat se hacía cada vez más "imprescindible" para los revolucionarios. Sin embargo, el gobierno autónomo burgués republicano, seguía siendo hostil a la revolución de los comités y seguía combatiendo para conseguir su liquidación final.

Mientras tanto, los dirigentes de la CNT, confiados en que eran los dueños de la calle y del Comité Central de Milicias, mantenían una ingenua postura de compromiso y de desprecio hacia el gobierno de la Generalitat. Al fin y al cabo, ellos estaban convencidos que valiéndose de su fuerza aplastante, podían paralizar en cualquier momento, las maniobras de Companys y de sus aliados del Front d'Esquerres.

4.3.2 LAS RELACIONES ENTRE EL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS Y LOS COMITES REVOLUCIONARIOS LOCALES.

El claro predominio anarcosindicalista en Catalunya se expresaba de una forma dispersa y múltiple. Como muy bien dice, el historiador libertario Abel Paz, la dualidad de poderes se expresaba en que éste, propiamente hablando, no existía.

"De hecho, el poder, propiamente hablando, no existía: La Generalitat era un puro simbolismo, el Comité Central de Milicias Antifascistas no podía dar un paso sin el apoyo de los Sindicatos, y las milicias no podían organizarse sin la colaboración de los Comités de defensa y de los Sindicatos, que eran los que controlaban a las bases obreras" (384).

Frecuentemente, la autoridad del Comité Central de Milicias terminaba en las afueras de Barcelona, donde empezaba el poder de los comités revolucionarios de cada localidad. Simultáneamente al Comité Central, existían otras Juntas de poder territorial en Catalunya. En la provincia de Tarragona, en la ciudad industrial de Reus, se había un formado un gobierno local de Frente Popular que estaba dirigido por el anarcosindicalismo. En la ciudad de Lérida, la Junta de poder territorial estaba bajo el control del POUM, y en su seno no existía ninguna representación de los partidos republicanos, ni tenía ningún tipo de vínculo con el gobierno de la Generalitat.

Las medidas que tomaba el Comité Central de Milicias sólo podía llevarse a cabo, mediante un delicado equilibrio en el que era necesario la aceptación de los sindicatos y de la multitud de comités. Las directrices solo eran obedecidas gracias a la mayoría con la que contaban los anarcosindicalistas en el Comité Central y en los comités revolucionarios.

La espontaneidad con la que fueron formados los comités, y el alcance de su obra, contrastan claramente con la actitud de compromiso y espera a la que habían llegado los dirigentes de la CNT y de la FAI, con respecto a la Generalitat y el Front d'Esquerres. Las diferencias fueron acentuándose en los meses siguientes, hasta llegar a la integración del Comité Central en el seno de un nuevo gabinete de concentración del gobierno autónomo catalán. Este choque entre las dos actitudes distintas que defendían miembros del anarcosindicalismo se expresó en numerosas ocasiones por la oposición y resistencia que opusieron los comités revolucionarios y los sindicatos a las directrices que ordenaba el Comité Central de Milicias.

Sin embargo, la oposición de los comités a la política de colaboración que llevaban a cabo los cuadros dirigentes no puede ser considerada como frontal. El hecho de que la CNT fuera claramente hegemónica en ambos organismos, creaba una fuerte confusión en las bases anarcosindicalistas.

"Los comités, que se colocaron en lugar del aparato gubernativo y administrativo y que reflejaban, al mismo tiempo, la relación de fuerzas social y política, se opusieron, en tanto que depositarios de poder revolucionario, al orden económico y político establecido y al statu-quo de la distribución del poder político -aunque a escala local lo estuviesen ejerciendo de facto-, sino a su destrucción" (384).

Al no sentirse representados, en muchas ocasiones por la política del Comité Central de Milicias, y no poder ejercer ningún control o influencia directa sobre él, los comités revolucionarios locales actuaron frecuentemente de forma independiente e incluso opuesta a la línea que pretendía seguir el Comité Central.

Lorenzo nos revela un organigrama teórico del funcionamiento de las relaciones de poder que existían entre el Comité Central y los comités, que él mismo confiesa que nunca se llevó a la realidad. Si hubiera sido así, nos encontraríamos frente a una estructura presoviética o soviética que nunca llegó a funcionar y que tampoco formaba parte del proyecto de ninguna de las organizaciones obreras que formaban parte de la Junta, ni siquiera entre los anarcosindicalistas o los poumistas.

"Los comités locales se agrupaban después en comités comarcales que actuaban de acuerdo con la voluntad de los habitantes de diversas localidades; estos comités comarcales determinaban a su vez las decisiones del Comité de Milicias de Catalunya que recíprocamente transmitía sus órdenes a los comités comarcales, y éstos a los comités locales. Pero la verdad es que la autoridad del Comité de Milicias no era muy sólida. Los comités locales sólo se obedecían a sí mismos; las relaciones entre ellos y el Comité Central eran muy superficiales. De hecho no existía un poder central, sino muchos poderes autónomos y microgobiernos" (385).

La política del Comité de Milicias se expresaba, principalmente, por los cauces sindicales de la CNT y en menor medida, del resto de las organizaciones. A diferencia de la revolución rusa, donde el soviet de Petrogrado era considerado como la cúspide legítima del poder revolucionario, y sus miembros integrantes eran elegidos, democráticamente, por la multitud de soviets locales existentes, el Comité Central solo lo era por el prestigio político de las organizaciones que formaban parte de él.

Las consignas eran obedecidas por los comités mientras fueran consideradas favorables para el curso de la revolución, pero tropezaban con grandes resistencias cuando ocurría lo contrario.

Las decisiones del Comité Central eran discutidas por los comités locales y comarcales, que decidían su aceptación o rechazo. Mientras tanto, el "máximo órgano de la revolución" tenía que confiar en los comités, para que pudieran llevarse a cabo sus medidas. Frecuentemente las órdenes del Comité Central de Milicias fueron consideradas como fruto del compromiso con la Generalitat y sus partidarios, y por lo tanto, desobedecidas por los comités locales. El conflicto existente en el seno de la CNT y de la FAI, entre los partidarios de la colaboración y los que se oponían a esta táctica por considerarla como una amenaza para la revolución, se trasladaba a las relaciones entre el Comité Central y los organismos revolucionarios locales.

4.3.3 LAS RELACIONES ENTRE EL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA Y EL GOBIERNO CENTRAL DE LA REPÚBLICA.

El hundimiento del gobierno autónomo catalán fue simultáneo al derrumbe del gobierno de la República. El gobierno Giral tuvo que asistir, impotente, a la disgregaciòn de todo el aparato estatal, y a su sustitución por una multitud de comités dispersos por toda la geografía del país.

Sin embargo, mientras a nivel estatal, la República era salvada por la colaboración y el apoyo prestado por las organizaciones obreras del Frente Popular, que aparecían como garantes del gobierno, en Catalunya el anarcosindicalismo adoptaba una posición confusa frente al gobierno de la Generalitat. La CNT y la FAI, a pesar de sus coqueteos anteriores con el Frente Popular nunca habían formado parte de él, mientras que su proyecto político estaba claramente enfrentado al de los que defendían a la República.

El anarcosindicalismo proclamaba la necesidad de la destrucción definitiva de cualquier tipo de Estado, fuera del tipo que fuera. Pese a todo, a la colaboración y la libertad de voto que había dado a sus bases, en las elecciones de Febrero, éstas concesiones no convertían a la CNT y a la FAI en defensores del orden burgués republicano. Su apoyo a las movilizaciones, en los meses siguientes, así lo atestiguaban.

El problema con el que tenía que enfrentarse el gobierno republicano, se complicaba a nivel de Catalunya, donde la revolución había adquirido una profundidad mucho mayor. Las diferencias políticas tradicionales entre Catalunya y el estado republicano se habían reflejado en el hecho de que los partidos mayoritarios en el gobierno catalán siempre habían tenido un matiz nacionalista y regionalista, que había chocado con los partidos mayoritarios en el ámbito estatal.

Al hecho diferencial catalán se unía otra característica más peligrosa: mientras a nivel estatal el socialismo era mayoritario en la mayor parte de las regiones, a nivel de Catalunya, la hegemonía correspondía a la CNT. Los líderes del socialismo, pese a sus discursos izquierdistas y pseudo-revolucionarios, eran claros aliados de los republicanos, en el seno del Frente Popular. El anarcosindicalismo, en cambio, se mostraba un aliado circunstancial, inseguro, e incluso hostil.

"Una vez, el gobierno de Madrid, superó su autodisolución, empezó a frenar al Gobierno de la Generalitat por su catalanismo, y al Comité de Milicias por su revolucionarismo" (386).

Para ello, el gobierno de Giral, y los gobiernos posteriores de Largo Caballero utilizaron todos los medios a su alcance. Catalunya era, a pesar de la política llevada a cabo por el Comité Central de Milicias, deficitaria en armamento y municiones. Para ello, era necesario llevar a cabo una serie de importaciones periódicas, que sólo podían pagarse por medio de las divisas y del oro que estaban guardados en el Banco de España. La cuestión financiera fue uno de los instrumentos que utilizó, con terrible eficacia, el gobierno de Madrid. La falta de armamento afectaba por igual a los dos principales adversarios del gobierno central en Catalunya, el Comité Central de Milicias y el gobierno de la Generalitat. El gobierno central era consciente de que controlando el poder financiero, era cuestión de tiempo que la revolución en Catalunya y también la misma Generalitat, estuvieran a su merced.

"Una política financiera audaz consiguió vencer los obstáculos de los primeros meses mediante incautaciones en los establecimientos bancarios de Catalunya; pero esas incautaciones tenían un límite en las existencias precarias, y llegó el instante en que, para hacer frente a las necesidades urgentísimas, hubo que recurrir a emisiones propias de las que no respondía el Tesoro Nacional. Así llegamos a este dilema: o gestionábamos, por un lado, un entente con el gobierno central para que sufragase los gastos de la guerra, o bien habíamos de decidirnos a establecer un régimen de independencia política que, probablemente habría sido poco viable durante la contienda y, después de ella, habría sido un mal para España y para Catalunya" (387).

El gobierno central y las organizaciones del Frente Popular estaban dispuestas a aprovechar la ventaja que tenían en sus manos. Las divisas y el armamento, de forma limitada, eran entregadas a cambio de graves concesiones políticas, que amenazaban el futuro de la revolución en Catalunya. De esta forma, los dirigentes anarcosindicalistas que se habían negado a tomar el poder en sus manos, en los inicios de la revolución, y extenderla al resto del Estado, se encontraban chantajeados y empujados, cada vez más, hacia la colaboración y hacia la supeditación de los intereses revolucionarios.

La llegada del armamento ruso, fue uno de los factores que ayudaron al gobierno central, en colaboración con el PCE y el PSUC, a presionar al Comité Central de Milicias de Catalunya. Los buques soviéticos tenían órdenes de no desembarcar en los puertos catalanes. Cualquier llegada de material bélico a Catalunya, solo llegaba por las concesiones que había dado el Comité a sus adversarios políticos. La resistencia del anarcosindicalismo y de sus aliados del POUM en el seno del Comité Central coincidían siempre con los períodos en los que la escasez de armamento se hacía más angustiosa. Los suministros volvían a aparecer, en el momento en el que éstos cedían a las presiones de sus adversarios (388).

La dramática falta de divisas surtió efecto en el seno del Comité Central y del anarcosindicalismo.

"Se concibió el proyecto de tomar una parte de las divisas que estaban en manos del Banco de España para llevarlas a Catalunya. Pero llegado el momento, no se quiso cargar con la gran responsabilidad del gesto, que habría tenido grandes repercusiones. Fueron comunicados los propósitos al Comité Nacional de la CNT y a algunos conocidos cuadros anarquistas, pero estos rechazaron el plan con el argumento de que sólo aumentaría la animosidad contra Catalunya" (386).

La situación ponía a los anarcosindicalistas en un grave aprieto. Su renuncia al poder en Catalunya, durante las jornadas de Julio, también había significado, por lo menos por el momento, la negativa a extender la revolución, o por lo menos su profundización, fuera de los límites de Catalunya y Aragón, que eran los territorios que la CNT ya controlaba. Por lo tanto, la falta de divisas y de reservas en oro, colocaba al anarcosindicalismo en una clara situación de inferioridad, que aprovechaban ahora sus adversarios en el campo republicano para estrangular al movimiento revolucionario. Mantener el status-quo significaba, en esencia, y pese a su desesperada oposición, colocarse bajo el dominio del gobierno republicano y del Frente Popular.

La negativa de los dirigentes de la CNT a apropiarse, mediante un golpe de mano, de una parte de las divisas que estaban almacenadas en los sótanos del Banco de España, implicaba también su negativa a enfrentarse, y por consiguiente, su capitulación por anticipado, frente a la presión de sus adversarios políticos.

"Lógicamente el Gobierno utilizó esta arma para ir haciéndose de nuevo con el poder real, es decir, para frenar el impulso revolucionario y recortar las extralimitaciones autonómicas de los primeros días".
"Los anarquistas se dieron cuenta perfectamente de esta táctica y la denunciaron con vehemencia. Jacinto Toryho resumió así la posición del Gobierno: <<Catalunya es la revolución; hay pues, que hacer fracasar a Catalunya>>, y el sistema de hacerlo era <<asfixiándola en el terreno económico, e inutilizándola en el bélico>>, y Abad de Santillán llega a declarar que <<sin la política hostil del gobierno central, Catalunya habría podido liquidar el problema de la guerra en pocos meses>>" (390).

La confesión del dirigente libertario es reveladora. Debatir sobre la opinión de Diego Abad de Santillán sobre la importancia de Catalunya en el desenlace de la guerra es historia ficción.

Lo que si que está fuera de dudas es que, por su potencial industrial, estaba destinada a jugar un papel clave en el conflicto. Sin embargo, lo que el dirigente anarcosindicalista no define es la postura y los intereses que defendía el gobierno de la República y las organizaciones del Frente Popular, frente a la revolución en Catalunya.

"En los últimos días del gabinete Giral... fuimos con Diaz Sandino, no por primera vez, a exponer al gobierno de Madrid la situación de Catalunya, sus necesidades y sus posibilidades. Desde la primera hora el gobierno central había rehusado categóricamente toda ayuda a nuestra empresa en Aragón y en las Baleares. Pero no podíamos menos de tocar los resortes para hacer comprender a los políticos en Madrid que Catalunya tenía en sus manos el triunfo de la guerra y que era un crimen contra España y contra la cultura amenazada por la bota militar, no poner a su disposición los elementos que le faltaban para terminar la contienda en muy pocos meses".

"Más de ciento cincuenta mil hombres se habían inscrito voluntariamente en nuestras milicias para salir al frente y luchar contra el enemigo... Recordamos haberle dicho que nuestra guerra estaría ganada el día que las fuerzas del frente aragonés enlazasen con las regiones metalúrgicas y mineras del norte de España. Le explicamos que nos bastábamos si se nos ayudaba con los recursos financieros de que carecíamos, para aplastar al enemigo, deplorando que el gobierno central, por un odio insensato a Catalunya y por miedo a la revolución del pueblo, que era el representante de la verdadera España, pusiera obstáculos a nuestra obra, que entrañaba la victoria y la salvación de todos" (391).

Lo que parece una actitud sectaria e incomprensible, por parte de los diferentes gabinetes, sin excepción, que ocuparon el gobierno de la República (Giral, Caballero y Negrín), se vuelve clara, si analizamos el conflicto desde una perspectiva clasista. Óptica que Abad de Santillán no utiliza. Catalunya representaba el corazón de la revolución de los comités que había estado a punto de destruir definitivamente al estado burgués republicano. Las frases literarias del dirigente libertario "revolución del pueblo", "representante de la verdadera España", "la victoria y la salvación para todos", sin duda alguna, producían en el gobierno republicano, un resultado completamente opuesto al que esperaba que causaran. Y el mismo "ingenuo" Abad de Santillán reconoce que en una conversación con Azaña:

"...en el curso de la conversación tuvimos la impresión de que aquel hombre no simpatizaba con el fascismo, pero simpatizaba menos aún con la revolución y con la intervención directa del pueblo en la vida pública, sin respetar las barreras preestablecidas por los partidillos republicanos que nacieron al advenimiento de la República" (392).

El éxito del proyecto militar que defendían los anarcosindicalistas hubiera cuestionado gravemente los objetivos del gobierno y del Frente Popular, además de darle a la CNT un prestigio que hubiera provocado una segunda fase, mucho más radicalizada, de la revolución de Julio. Por lo tanto, era necesario detener y hacer retroceder a la Catalunya revolucionaria, era necesario ayudar a la Generalitat y al Front d'Esquerres para recuperar el terreno perdido, y posteriormente afirmar el control del gobierno central sobre el de Catalunya.

Pese a los discursos izquierdistas que los dirigentes obreros del Frente Popular dirigían a la multitud, es evidente que la revolución que se había desencadenado era más peligrosa que el mismo ejército franquista que se había sublevado. Importantes sectores del Frente Popular (republicanos, socialistas de derecha) protagonizaron diversos intentos fracasados de negociación con los sublevados. Al fin y al cabo, los militares se habían alzado en armas contra el peligro revolucionario, no contra la República, si éste era aplastado, el camino para la reconciliación quedaría allanado. Los republicanos y los socialistas de derecha esperaban conseguir, con su política, un pacto con los sublevados, que relegara la revolución a un segundo término. La alianza entre ellos y los sublevados, hubiera significado, al fin y al cabo, el final de la revolución, y la supervivencia del orden republicano.

Esto explica que, a menudo, el aspecto político (las negociaciones con los sublevados y la lucha para evitar el triunfo de la revolución), en el seno del bloque republicano, estuviera por encima del militar (que estaba, en aquellos momentos, en manos de las milicias revolucionarias).

Por otro lado, el PCE y el PSUC, aunque adversarios de cualquier tipo de compromiso con los insurrectos, también se oponían firmemente a cualquier veleidad revolucionaria, siguiendo las órdenes dictadas por Moscú.

La actitud que había mantenido el gobierno de la República, antes del estallido de la guerra y de la revolución, había sido un reflejo de la que fue posteriormente. Los republicanos habían hecho oídos sordos ante los rumores insistentes de que una sublevación militar estaba en marcha. La "ingenuidad" republicana solo podía explicarse porque el temor que los gobernantes sentían hacia la revolución era infinitamente mayor que el que sentían hacia la conspiración. Al fin y al cabo, esperaban vencer a la sublevación, mediante negociaciones y ascensos, que asegurarían la fidelidad militar, que les era especialmente valiosa frente a la amenaza revolucionaria. El gobierno central, en el camino hacia la recuperación total de su antiguo poder, tenía que someter al movimiento revolucionario a su autoridad, para ello contaba con el prestigio de los partidos obreros que integraban el Frente Popular. Esto explica la rápida decadencia de la revolución a nivel estatal, fuera del territorio de Catalunya y de Aragón.

El proceso en el territorio catalán iba a ser mucho más lento y cuidadoso. Primero era necesario vencer las resistencias que oponía el anarcosindicalismo, la organización que dirigía la revolución en Catalunya; una vez vencido el principal enemigo, ya habría tiempo de ajustar las cuentas a las veleidades nacionalistas de la Generalitat.

4.4 HISTORIA DEL COMITE CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA. LA EVOLUCION DE LA DUALIDAD DE PODERES.

4.4.1 La formación de las milicias.

La victoria de los revolucionarios en Barcelona dió un impulso decisivo a la lucha contra los sublevados en el resto de Catalunya. La rendición de Goded fue un poderoso factor de desmoralización para los insurrectos, que decidieron rendirse en aquellas localidades donde todavía resistían.

Sin embargo, la victoria en Catalunya no estaba asegurada. Zaragoza, uno de los principales núcleos libertarios, donde pocos meses antes se había realizado el último congreso de la CNT, estaba en poder del enemigo. Huesca y Teruel, el resto de las capitales de provincia aragonesas también habían caído en manos de los facciosos, mientras que en Valencia, el ejército permanecía sospechosamente acuartelado desde el día 17, sin que los militares, presos de sus propias vacilaciones, decidieran apoyar la insurrección. La Catalunya revolucionaria estaba rodeada de territorios donde el resultado de la sublevación se había decantado en favor de los facciosos, o todavía no se había decidido por ninguno de los dos contendientes.

Los rumores de que una columna armada había partido de Zaragoza hacia Barcelona empezó a circular insistentemente entre la población. En la primera reunión del Comité Central de Milicias se decidió enviar en dirección a Zaragoza, delegaciones que comprobasen las verdaderas posiciones del enemigo y como medida preventiva, se decidió minar los puentes de las carreteras y de los ferrocarriles para evitar que una columna motorizada pudiera atacar, por sorpresa.

La revolución había triunfado en Barcelona. Sin embargo, las fuerzas revolucionarias, organizadas principalmente por los comités de autodefensa anarcosindicalistas de las barriadas, estaban completamente dispersas. El viejo ejército de la República había desaparecido, reduciéndose sus efectivos, a unos pocos cuadros militares que habían permanecido fieles al gobierno.

Una cosa eran los combates callejeros contra las viejas fuerzas del orden, y otra muy distinta, una guerra abierta contra un ejército regular. Era necesario formar unas fuerzas de choque que no sólo defendieran el triunfo conseguido en Catalunya, sino que lo extendieran hacia Zaragoza y el resto de Aragón, además de asegurar el triunfo de los revolucionarios en Valencia, si la sublevación llegaba a realizarse.

La base social y política del nuevo ejército sólo podía descansar, en plena situación revolucionaria, en la multitud de grupos de obreros armados que todavía vigilaban las barricadas que se habían levantado contra los sublevados, el 19 de Julio, y por lo tanto, también tenía que representar sus aspiraciones y sus esperanzas:

"El punto esencial del sistema era la igualdad social entre los oficiales y los soldados. Absolutamente todos, desde el general hasta el soldado raso, tenían la misma paga, comían el mismo rancho, llevaban las mismas ropas y se trataban en términos de completa igualdad... en teoría al menos, cada milicia era una democracia y no una jerarquía.. había oficiales y suboficiales, pero no grados militares en el sentido corriente de la expresión; no había distintivos, ni galones, ni taconazos, ni saludos reglamentarios... una especie de modelo provisional y vivo de la sociedad sin clases".

"... La disciplina es voluntaria, se basa en la lealtad de clase... la mejor prueba de la fuerza de la disciplina <<revolucionaria>> es el hecho de que las milicias no abandonaron en ningún momento la línea de fuego. Porque hasta Junio de 1937, lo único que les obligaba a permanecer allí era su sentido de lealtad para con su clase..." (393)

El proyecto de la Generalitat era otro muy distinto, constituir un cuerpo armado de milicias ciudadanas que tuviese una doble finalidad, la lucha contra la sublevación militar y servir como contrapeso al anarcosindicalismo triunfante, que se había adueñado de las calles y que, sin pretenderlo, era el auténtico poder en Catalunya. La iniciativa del Comité Central y de los anarcosindicalistas al decidirse a crear un nuevo ejército de milicias revolucionarias desbarataron por el momento, los planes de Companys y de sus aliados del Front d'Esquerres.

Según la versión recogida por Cesar M. Lorenzo (extraída de la obra de Francisco Lacruz, "El alzamiento, la revolución y el terror en Barcelona" p.118), el origen de las milicias partidarias estuvo en la negativa de los anarquistas a aceptar al comandante Pérez Farrás como comandante en jefe de las milicias, por lo que se acordó que cada grupo político o sindical constituiría sus propias fuerzas armadas (394).

La versión recogida por el historiador libertario es, por lo menos, dudosa. Sin embargo, la anécdota nos enfrenta a un interrogante, ¿porqué, los anarcosindicalistas, dueños absolutos de la situación, permitieron que el resto de las organizaciones formara sus propias columnas, al margen del Comité Central de Milicias, convertido, pocas horas antes, en el órgano supremo de la revolución en Catalunya, por los mismos dirigentes de la CNT? La negativa de los anarcosindicalistas a convertir al Comité Central de Milicias Antifascistas, en un auténtico gobierno revolucionario tuvo como consecuencia, la incapacidad política de este organismo para convertirse en el único organizador y dirigente del nuevo ejército.

Sin duda alguna, la grave concesión que acababan de cometer los anarcosindicalistas iba a tener graves consecuencias para el futuro del movimiento revolucionario, o las nuevas e improvisadas milicias se constituyeron sin un órgano de dirección único. Las columnas armadas se formaron en torno a los partidos y a los sindicatos, y obedeciendo tan solo a los órganos ejecutivos de éstos.

Las milicias obreras adquirieron una estructura partidaria que sería utilizada, en los meses siguientes, por los partidarios de la Generalitat, para reforzar su poder, en detrimento de los sectores revolucionarios.

"Cada organización proletaria representada en el Comité de Milicias Antifascistas creó su propio ejército, que se convertía en su garantía de supervivencia dentro del movimiento revolucionario. Los partidos políticos pequeño burgueses, en conjunto, también intentaron crear uno propio, sin renunciar, no obstante, el gobierno de la Generalitat, a crear un ejército propio a base de las clásicas levas" (395).

La incomprensible actitud de los representantes de la CNT y de la FAI solo se explica por la autoconfianza que tenían, al comparar la desigualdad aplastante que existía entre sus efectivos y los del resto de las organizaciones. Por otro lado, convertir al Comité Central en el auténtico mando de las milicias los hubiera colocado irremediablemente, una vez más, en la fatal disyuntiva del ser o no ser, un gobierno revolucionario, idea especialmente aborrecida por el anarcosindicalismo militante.

La concesión del anarcosindicalismo también rebela una total improvisación y un análisis superficial sobre las consecuencias que iban a tener sus decisiones en el futuro de la guerra y de la revolución. Sin duda alguna, los dirigentes de la CNT y de la FAI se dejaron llevar por la optimista e irreal idea de que el conflicto armado iba a ser de corta duración y de que eran ellos, los sectores revolucionarios, los que llevaban la iniciativa victoriosa.

El Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya, se convertía en una simple mesa de frente único de las organizaciones antifascistas, pero renunciaba a convertirse en lo que había sido, al crearse, su principal objetivo: el de órgano director del nuevo ejército de milicias, y consecuentemente, de la revolución.

Para las organizaciones partidarias del Front d'Esquerres el error de los anarcosindicalistas era, por el contrario, una valiosa oportunidad que tenía que ser aprovechada. Constituyendo sus propias milicias, creaban las primeras bases para la construcción del nuevo ejército de la República.

El proyecto de "las milicias ciudadanas" de Companys había nacido muerto, porque la situación revolucionaria no permitía que pudiese prosperar, sin embargo la ingenuidad de los cenetistas les brindaba una posibilidad inesperada. A partir de este momento, el gobierno de la Generalitat, por medio de las organizaciones obreras (principalmente del PSUC y de la UGT, que fueron desplazando del centro político a ERC) del Frente Popular, tenía la posibilidad de formar su propio ejército, para que con el tiempo, pudiera contrarrestar y anular el poderío anarcosindicalista.

En los meses siguientes, las organizaciones más izquierdistas, los anarcosindicalistas y el POUM, se quejaron frecuentemente, de la falta de suministros de municiones y de armamentos, mientras que las milicias comunistas y de las organizaciones del Frente Popular recibían abundante material de guerra proveniente de los envíos soviéticos (396). El armamento y las municiones se repartían, no en las zonas donde más se necesitaban, sino allí donde los comités dirigentes de las organizaciones decidían, según sus afinidades ideológicas. Frecuentemente la clave del armamento, fue utilizada para desprestigiar a las milicias rivales, en beneficio de las propias. La incapacidad del Comité Central para imponerse como centro único de mando de las milicias ocasionó graves errores en la organización y en el funcionamiento de las milicias en el frente. Numerosos historiadores y testimonios hablan de los frecuentes roces y enfrentamientos que se dieron entre las columnas armadas de las diferentes organizaciones, de la falta de coordinación y de planificación de las operaciones militares entre las distintas milicias.

"En las milicias hay una tendencia a formarse en unidades independientes, al servicio, cada milicia, de una política, lo que hace que tengan una doble dirección, una doble finalidad, la lucha contra el enemigo de las trincheras de enfrente y contra el enemigo político posible que está a su lado en los frentes de combate y está también tomando posiciones políticas en la retaguardia" (397).

La falta de un mando único, el sectarismo y los numerosos errores e ingenuidades que cometieron las milicias, fueron aprovechados, pocos meses más tarde, por sus adversarios, para desprestigiarlas y exigir su disolución e integración en el nuevo Ejército Popular, que empezaba a reconstruirse, al servicio del gobierno republicano.

"Esta falta de dirección, esta falta de objetivos inmediatos, esta falta de armamento, esta estabilidad desmoralizante de una guerra de trincheras que duró meses, y otros factores bastante evidentes, hicieron que, de hecho, no se pudiese poner a prueba el valor militar de las milicias, sino también, y en gran parte, en la voluntad de no querer aprovechar aquellas masas de hombres que se pudrían en una inactividad total. En los frentes de Aragón no hubo operaciones importantes, no a causa de las estructuras milicianas con todos los defectos que no dejamos de recordar, sino porque se quiso ahogar un intento militar que habría favorecido a la organización confederal y en parte, también, al gobierno autónomo catalán" (398).

El error cometido por el anarcosindicalismo catalán fue repetido por otras organizaciones, en la mayor parte de los frentes de batalla, a excepción de Asturias, donde el grado de cooperación entre la UGT y la CNT, puesto ya a prueba en la revolución de 1934, permitió la formación de milicias mixtas, formadas por las diferentes organizaciones obreras, sin distinciones ideológicas o partidarias, lo que evitó repetir estas trágicas equivocaciones.

La noticia de la formación de milicias que iban a dirigirse hacia la conquista de Zaragoza y del resto de la región aragonesa provocó un fuerte entusiasmo entre importantes sectores de la población, especialmente entre los sectores organizados. Abad de Santillán, responsable en el Comité Central de la formación y de los suministros a las milicias, habla de la inscripción de más de 150.000 voluntarios (399). Sin embargo, la cifra que posteriormente se organizó fue sensiblemente menor, la falta de armamento y de municiones, y la imposibilidad de medios materiales para formar un tan vasto e innecesario ejército, motivó que el número de milicias catalanas que llegaron a estar en el frente de Aragón, pocas semanas más tarde, fue apenas quinta parte de estos cifras. La cifra de efectivos que el Comité Central de Milicias había calculado que eran necesarios para la conquista de la capital aragonesa era de 12.000 hombres.

La primera columna de milicianos, que contó con una cifra de integrantes, muy inferior a la planteada en el Comité Central, entre los 2.000 y los 3.000 miembros, partió hacia Zaragoza, el día 24 de Julio, al mando de Buenaventura Durruti y asesorado por el comandante Enric Pérez Farrás y el sargento Manzana como consejeros técnicos militares. La columna partió del paseo de Gracia, aclamada por la multitud que se había acercado al lugar para despedirla. El mismo Abad de Santillán nos aclara que el motivo del escaso número de milicianos de la expedición armada, se debió a la incomprensión que existía entre los responsables, de la verdadera situación en la que se encontraban. existía un exagerado optimismo de que la columna revolucionaria apenas iba a encontrar obstáculos en su marcha (400).

La columna de Durruti adoptó una forma organizativa que fue imitada por el resto de las milicias libertarias, y en mayor o menor medida, por el resto de grupos. Diez milicianos constituirían un grupo que nombraría un delegado, diez de estos grupos se convertiría en una centuria y cinco de éstas, formarían una agrupación, que estaría representada por un responsable que, junto a los delegados de las centurias, formaría parte del Comité de la Agrupación. Esta estructura de las milicias se mantendría vigente y sin apenas variaciones, hasta la militarización de éstas, en el mes de marzo de 1937.

El mismo día que la columna de Durruti, partió un nuevo contingente de 2.000 milicianos a las órdenes del ebanista libertario Antonio Ortiz, que estaba asesorado, como técnico militar, por el comandante Fernando Saavedra.

El día 24, partió otra nueva columna armada con más de 2.000 hombres que recibió el nombre de "Lenin" o "Joaquín Maurín" (detenido en los primeros días de la guerra en Galicia, y dado por muerto o desaparecido, en aquellas fechas). El nuevo cuerpo de milicianos estaba organizado por el POUM, y estuvo mandada por José Rovira y por Jordi Arquer. Apenas dos semanas más tarde, otro grupo armado poumista, con un millar de milicianos, partió hacia el frente dirigido por Oltra Picó.

Al día siguiente, el 25, otro contingente de 2.000 voluntarios marchó hacia la conquista de Aragón. La nueva columna armada, llamada "Carlos Marx" era dirigida por Lluis del Barrio, A.Trueba y por Angel Estivill, todos miembros de la nueva organización comunista catalana (PSUC), que hacía dos días que acababa de formarse, al calor de los combates callejeros de Barcelona.

Un nuevo destacamento anarcosindicalista, dirigido por Domingo Ascaso y por Cristóbal Aldabaltreco, partió hacia la zona que seguía dominada por los sublevados.

Más tarde marcharon nuevas columnas armadas de milicianos de las diferentes organizaciones que componían el Comité Central. La columna Macià-Companys partió a principios del mes de Agosto, y estuvo dirigida por el teniente coronel Jesús Pérez Salas y por Enric Canturriel y el contingente armado estaba formado por militantes de ERC y de otros grupos nacionalistas menores.

El 28 de Agosto partió una nueva columna de milicianos libertarios hacia el frente de Aragón, "Los aguiluchos de la FAI", integrada por cerca de dos mil voluntarios, y reforzada por grupos de guardias de asalto. La columna revolucionaria fue organizada por Joan García Oliver, dirigida por Luis Escobar y García Vivancos, además de estar asesorada por Josep Guarner.
Una nueva expedición armada, compuesta por montañeros nacionalistas fue enviada a la zona pirenaica. Otros numerosos grupos partieron de diferentes localidades de Catalunya para dirigirse hacia Aragón.

En Septiembre, las columnas de milicianos que contaban con 30.000 hombres, sin haber podido conseguir sus principales objetivos militares: apoderarse de las capitales aragonesas, Zaragoza, Huesca y Teruel y abrirse paso hasta el norte minero y siderúrgico. Las milicias guardaban un frente de unos 300 kilómetros, desde la frontera con Francia hasta el sur de Aragón. Según el "boletín" de la CNT y de la FAI, el anarcosindicalismo contaba con cerca de 13.000 milicianos en el Frente de Aragón, el POUM tenía 3.000 voluntarios, 2.000 pertenecían a las columnas PSUC-UGT, 4.000 de los efectivos, pertenecían a los restos de los viejos cuerpos policiales de la República, que se habían ofrecido voluntarios para luchar en el frente. De los 30.000 combatientes, dos terceras partes provenían de Catalunya, mientras Valencia había enviado 9.000 milicianos. (401).

Pese al entusiasmo inicial de los revolucionarios, las columnas de milicianos, organizadas de una forma improvisada, no constituían un ejército eficaz. Durante los meses de su existencia, la inferioridad organizativa de las milicias pudo compensarse, con éxito, con el entusiasmo de los combatientes revolucionarios.

"Los periódicos traen noticias de formación de Columnas el mismo día 22; pero es seguro que se trataba de grupos abigarrados, sin orden -relativo- ni mandos, más propios para desfilar por las calles que para mayores empeños" (402).

Las columnas de voluntarios, contaban frecuentemente, con más hombres que armas, y con raras municiones. El abastecimiento de las milicias dependió en los primeros momentos, cuando se consideraba que la guerra iba a ser rápida, de las aportaciones espontáneas que hacía la población campesina, en las localidades que iban atravesando. A medida que el conflicto tendía a prolongarse y el frente aragonés se estabilizaba, los suministros se regularizaron a través de los comités locales, de las colectividades agrarias y también de las empresas colectivizadas.

Los milicianos contaban con una ropa dispar e inadecuada para las circunstancias que iban a atravesar, el material utilizado en los combates era, a menudo, incompleto y defectuoso. Los mapas utilizados por los dirigentes de las columnas, para planificar las operaciones militares eran simples mapas turísticos de la marca "Michelín" y gran parte de la artillería de la que se apoderaron los revolucionarios durante los combates en Barcelona, llegaron al frente mucho después que los combatientes, por carecer de los medios de transporte adecuados.

Muchos de estos errores eran perfectamente comprensibles durante las primeras semanas de la guerra, por la enorme tarea que significaba organizar y armar a un ejército completamente improvisado, a partir de una masa ingente de 150.000 voluntarios.

Sin embargo, muchos de los errores cometidos por las milicias tendieron a perpetuarse, o encontraron grandes resistencias a ser solucionados, por parte de los combatientes. Los recelos de los milicianos a cualquier tipo de disciplina, fruto de una larga tradición de prejuicios antiautoritarios, fueron un serio obstáculo para la eficacia de las fuerzas armadas revolucionarias.

Respecto a esta cuestión, es revelador el testimonio del zaragozano Saturnino Carod, dirigente de una columna de la CNT, procedente de Zaragoza que ocupó la localidad de Muniesa, recogido por Fraser:

"Comenzó a reorganizar la columna, a <<militarizarla>>, dividiéndola en unidades más pequeñas y dotándola de una estructura de mando. El resultado casi fue un desastre; los milicianos abandonaron la columna y casi sólo le quedó la guardia civil".

"<<Era comprensible. Durante muchos años les había estado hablando a los campesinos aragoneses no sólo de sus problemas (problemas que conocía por haberlos vivido yo mismo), sino también de ideas. De oposición al capitalismo, al estado, a la iglesia, a los militares. Se bebieron estas ideas y ahora, cuando la revolución estaba en marcha, no entendían por qué les hablaba de la necesidad de militarizarse,... Abandonaron la columna, sencillamente. Pero en sus pueblos natales les presionaron mucho para que volvieran" (403).

Juan García Oliver hace una descripción muy exacta de las milicias, refiriéndose a la columna dirigida por Antonio Ortiz, que partió, poco después de la de Durruti:

"Más me disgustó observar que la preparación de nuestros milicianos no hubiese experimentado ninguna mejoría: iguales vestimentas dispares, los mismos equipos estrafalarios de la primera columna. Y algo peor, en el cuartel Bakunin de Pedralbes los habían provisto de fusiles, pero sin cerrojos. Estos, tuvieron que irlos ajustando a cada fusil en la estación de ferrocarril, cuando fueron traídos en las cajas escondidas, por los oficiales sublevados de la Maestranza. Los <<pintorescos>> milicianos que presentaban las fotografías de las revistas extranjeras entrarían en guerra al descender del tren, sin siquiera haber aprendido a cargar un fusil" (404).

La falta de preparación y la nula disciplina existente en las columnas, junto a la escasez de armas y municiones, hizo que las tropas rebeldes, contuvieran con facilidad a los revolucionarios y les impidieran tomar Zaragoza y el resto de capitales aragonesas. A mediados del mes de Agosto, se había perdido la iniciativa militar, y había dado paso a una guerra de posiciones que resultó fatal para las milicias revolucionarias.

A pesar de que las columnas estaban dirigidas y organizadas con diferentes criterios políticos y militares, según las organizaciones que las conformaban, no parece que ninguna de ellas destacara especialmente, por encima de las demás, respecto a su eficacia en el combate.

En la formación del nuevo ejército, que debía sustituir y enfrentarse al que acababa de sublevarse, se produjeron fuertes choques entre los partidarios de construir un ejército regular al viejo estilo, que cumpliese el papel de brazo armado del gobierno republicano que pretendían reconstruir, y los que defendían que la revolución había acabado con el viejo estilo de vida, y de que el nuevo ejército, no podía ser otro que el pueblo en armas.

Las organizaciones del Front d'Esquerres se mostraron, desde el principio, partidarios de reconstruir un ejército regular similar al que estaban combatiendo. La República necesitaba de un brazo armado, que aceptara someterse incondicionalmente a sus directrices políticas. Para ello era necesario basarse en los cuadros militares que no habían secundado la sublevación y que habían permanecido fieles a la legalidad republicana. Sin embargo, sus planes se encontraban ante un obstáculo, que fue insalvable durante los primeros meses, incluso en las zonas donde las organizaciones obreras pertenecientes al Frente Popular eran claramente mayoritarias. Las mismas bases socialistas de izquierdas, mostraban, en la prensa, sus claras simpatías por los rasgos igualitarios y revolucionarios de las milicias, y veían con desconfianza el proyecto de reconstrucción de un ejército como el que acababa de sublevarse. "Claridad" el órgano de la UGT y de la izquierda socialista, lo expresaba así:

"Pensar en otro tipo de ejército para sustituir a los que actualmente luchan y que en cierto modo controlan su propia acción revolucionaria es pensar en términos contrarrevolucionarios. Eso es lo que Lenin dice (El Estado y la Revolución): <<Cada revolución tras la destrucción del aparato del estado, nos enseña cómo la clase gobernante restablece cuerpos especiales de hombres armados a 'su' servicio, y como las clases oprimidas intentan crear una nueva organización de un tipo capaz de servir no a los explotadores, sino a los explotados>>".

"Nosotros... debemos cuidar de que las masas y los dirigentes de las fuerzas armadas, que deben ser sobre todo el pueblo en armas, no se nos escapen de las manos" (405).

Los más firmes partidarios de la constitución de un nuevo ejército republicano, lo fueron, sin duda alguna, los comunistas ortodoxos, el PSUC en Catalunya. Si la etapa de la revolución que se estaba atravesando, correspondía a la "burguesa", el ejército que debía constituirse tenía que ser también forzosamente, de naturaleza "democrático-burguesa", es decir, republicana.

Cualquier concesión a los revolucionarios, pondría en peligro la estabilidad y el control político de la República. Aunque en los primeros momentos de desconcierto, el nuevo PSUC y la UGT catalana, al igual que el PCE en el resto del estado, se mostraron partidarios de las milicias, e incluso de los comités que las estaban organizando, ambos partidos encaminaron su proyecto militar a la conformación de un nuevo ejército regular republicano, y por lo tanto no revolucionario.

El PSUC apoyó la creación en las nuevas unidades militares, de los comisarios políticos imitando superficialmente el estilo del ejército soviético. Sin embargo, el parecido con el Ejército Rojo de Trotsky, que había protagonizado con éxito la guerra civil en la por entonces, recién nacida URSS, empezaba y terminaba aquí.

Manuel Cruells llega a la conclusión de que el proyecto militar comunista procede de la experiencia del ejército rojo soviético en la guerra civil que azotó a la URSS en su primer período de existencia.

"Se comprende que los comunistas con la experiencia, o solo simple antecedente, de su revolución rusa, fuesen partidarios de un Ejército terriblemente controlado y centralizado... Al fin y al cabo, aquella experiencia les demostraba que un Ejército formado con una disciplina de hierro, bien controlado por una fuerza política, podía ir venciendo a sus enemigos y podía incluso desarticular las formaciones militares paralelas de los otros grupos ideológicos. Solo así la revolución rusa había podido consolidar su toma del poder" (406).

El historiador catalán peca de sobrevalorar los aspectos puramente organizativistas, y de menospreciar los políticos, en la cuestión militar. La revolución rusa había triunfado a través de una sangrienta guerra civil, en la que participaron ejércitos de diferentes países capitalistas, que procedieron a apoyar a los ejércitos blancos que luchaban contra el triunfo de los bolcheviques. Respecto a la importancia de ambos aspectos, el organizativo y el político, es el mismo León Trotsky quien se encarga de rebatir a Cruells, y también al PSUC.

"Durante nuestra guerra civil, no creo que venciéramos principalmente debido a nuestra ciencia militar. Esto es falso. Ganamos a causa de nuestro programa revolucionario. Decíamos a los campesinos <<la tierra es vuestra>>. Y el campesino, que en un primer momento había preferido a los blancos, comparaba a los bolcheviques con los blancos y decía: <<los bolcheviques son mejores>>. Entonces cuando los campesinos, centenares de miles de millones de campesinos, se convencieron de que éramos mejores, vencimos" (407).

El proyecto del PSUC de construir un "Ejército Popular" tenía muchas más similitudes con cualquier ejército capitalista europeo, incluido el viejo modelo prusiano (apolítico, con una jerarquía absoluta de arriba hacia abajo, sin ningún tipo de consejo u organización de los soldados, recuperación de los viejos códigos militares y del saludo militar...). Sin embargo, al pretender crear un ejército muy similar al que mantenían sus adversarios, los militares sublevados contaban con mayor experiencia y recursos.

Una de las tareas en las que se empeñaron con éxito, el PCE y el PSUC fue la de la infiltración y control de los comisarios políticos del nuevo Ejército Popular. Sin duda alguna, la gran capacidad organizativa de los comunistas oficiales atrajo a gran cantidad de oficiales conservadores, que se habían mantenido fieles a la República, y que consideraban que solo el PCE apuntaba claramente hacia la victoria sobre los sublevados.
Indudablemente, el partido político que controlase a los mandos del nuevo ejército, estaría en condiciones de controlar también, en el futuro, a la nueva República.

"El PSUC... está a favor del <<sistema de ejército>>, opuesto al <<sistema de milicias>>, y en eso están de acuerdo tanto con la Generalitat como con el gobierno de Madrid... Ejército regular, con oficiales al mando y comisarios políticos cuyo papel es sólo el de consejeros en asuntos políticos; oficiales no elegidos sino nombrados por el alto mando; unidades agrupadas no en tanto que hombres de la misma fe política, sino a partir de consideraciones exclusivamente militares; todo bajo las órdenes del gobierno legal, la Generalitat. En una palabra, el PSUC desea un ejército a las órdenes del gobierno en el cual pueda participar, mientras los anarquistas desean un ejército a sus propias órdenes. Al mismo tiempo, el modo en que el PSUC concibe un ejército refleja la tendencia, tanto comunista como socialista, hacia la centralización, mientras los anarquistas continúan defendiendo sus ideales libertarios, la formación de un "ejército" haría más eficientes sin duda, las fuerzas de la República. La formación de una "milicia", aunque dificultase la lucha contra Franco, favorecería el siguiente paso en dirección a la revolución social"(408).

En agudo contraste con la concepción del Partido Comunista, sobre la forma y la naturaleza que debería adoptar el nuevo ejército, el anarcosindicalismo, consideraba que éste solo podía estar compuesto por los triunfadores de las jornadas de Julio.

La República había caído sin pena ni gloria, sin poder oponer ninguna resistencia seria, ante el embate de las dos grandes fuerzas sociales que se enfrentaban a muerte, la revolución y la contrarrevolución. La República se había agotado durante cinco largos años de frustrante experiencia de sus gobiernos, que habían sido incapaces de resolver ninguno de los grandes problemas históricos.

Sin embargo, el anarcosindicalismo, había llegado a las jornadas de Julio y a la revolución, completamente desarmado ideológicamente, sin un programa y una teoría política que le permitiese enfrentarse con éxito al reto del poder. Sus viejos esquemas habían demostrado desde un principio que eran completamente ineficaces para resolver los retos de la nueva situación.

La CNT se encontraba dueña indiscutible de la zona más vital de la República y dirigiendo al sector más numeroso y combativo del proletariado español. Sus criterios políticos en el seno del Comité Central de Milicias estuvieron caracterizados por el empirismo y por un fuerte voluntarismo de sus propios militantes, empeñados en resolver los graves problemas con los que se enfrentaban. A finales del mes de Julio, y frente a los primeros intentos, por parte de los gobiernos de Madrid y de Catalunya para reconstruir su ejército, la CNT publicó un manifiesto:

"La CNT de Catalunya ha de plantear al Gobierno de la Generalitat y al mismo Gobierno de Madrid, la cuestión pura y simple. No podemos defender la existencia, ni comprender la necesidad de un ejército regular, uniformado y obligatorio. Este ejército ha de ser sustituido por las milicias populares, por el pueblo en armas, garantía única de que la libertad será defendida con entusiasmo y que a su sombra no se incubarán nuevas conspiraciones" (409).

Siguiendo sus viejas tradiciones, la CNT y la FAI rechazaron al principio, no solo cualquier proyecto de reconstruir el viejo ejército, sino cualquier elemento de aquel (los viejos códigos militares, el saludo tradicional, los privilegios de casta de los mandos, la disciplina, fueron completamente suprimidos). En sustitución de los viejos principios militares, los libertarios defendieron sus conceptos antiautoritarios (autodisciplina, igualdad entre la tropa y los mandos, organización asamblearia, elección de los mandos por la tropa...).

"La diferencia que existe entre un militar que manda y un revolucionario que dirige, reside en que el primero se impone por la fuerza, mientras que el segundo no dispone de más autoridad que la que se deriva de su propia conducta" (410).

A pesar de que esta idea revolucionaria fue llevada, frecuentemente, y con grandes dosis de ingenuidad, a niveles casi esperpénticos. Frecuentemente los milicianos abandonaban sus puestos de vigilancia para visitar a sus familias, o se negaban a cumplir órdenes, por considerarlas peligrosas. Sin embargo los hechos manifestaban que existía una fuerte voluntad de los trabajadores de sustituir a la vieja sociedad, por un nuevo proyecto social revolucionario.

"Hace falta decirlo desde un principio los defectos fundamentales de las milicias radicaban en su estructura y solo en parte, en la ideología que las formaba. Los defectos de improvisación, de menosprecio por el criterio militar de los profesionales, de politización partidista, de incapacidad orgánica para emprender maniobras de larga duración y, en general, de falta de capacidad de maniobra militar, fueron propios de todos los grupos políticos que lucharon en aquellos frentes".
"... En, los anarquistas estaban doblemente aumentados los defectos a causa del gran número de milicianos y a causa de su ideología, pero, puede ser que este exceso en sus defectos quedase compensado, en ellos, por su tradición de lucha armada...".
"No existía en las milicias falta de combatividad, lo que faltaba era entrenamiento, disciplina y un concepto de unidad entre los diferentes grupos a causa de las divergencias ideológicas..." (411).

En el esquema anarcosindicalista, las milicias tenían que estar sometidas al control de los sindicatos. Victor Alba achaca el fracaso cenetista al hecho de que el movimiento libertario era hegemónico en Barcelona y en la mayoría de las ciudades y áreas industriales, pero no en toda Catalunya. Por lo tanto la única forma de coordinación posible entre las distintas fuerzas tenía que ser el Comité Central de las Milicias (412). Sin embargo, este organismo no solo se mostró incapaz de convertirse en el centro de mando de las columnas revolucionarias, sino que tampoco cumplió la función de coordinación que las milicias necesitaban, salvo en el tema de los suministros del material de guerra. El tercer proyecto político que se planteaba en Catalunya, era el defendido por el POUM. No parecen ser justificadas algunas de las críticas realizadas a este grupo, desde posiciones anarcosindicalistas o trotskistas. Munis considera que el POUM aceptó alegremente la organización de las milicias al margen del Comité Central de Milicias, a cambio de poder tener sus propias milicias y su propio armamento (413). Diego Abad de Santillán considera que fueron "las tendencias marxistas -estalinistas y las llamadas trotskistas- las que primero escindieron al pueblo antifascista" (414).

La observación que hace Pierre Broué parece ajustarse más a la realidad. El historiador francés afirma que la actitud del POUM no parece que fuera la de constituir sus propias milicias, postura que habría entrado en contradicción con su política de fortalecer el Comité Central de Milicias y de convencer a los dirigentes anarcosindicalistas de convertir a este organismo en un auténtico gobierno revolucionario.
"En realidad el POUM se encontró cogido en un engranaje, ya que todas las organizaciones obreras constituyeron desde las primeras horas del levantamiento, sus propias unidades de milicias. Esta situación tenía más ventajas que inconvenientes para el POUM, ya que éste no podía esperar ningún favor en el reparto de armas y municiones; y el hecho de tener <<sus propios sectores>> en el frente le hacía prácticamente vulnerable y trágicamente dependiente. En Madrid, las milicias del POUM no obtuvieron más armas que las que les cedió el Partido Sindicalista que había recibido demasiadas para sus reducidos efectivos..." (415).

La penuria en la que se encontraron las milicias del POUM, que carecían del potencial del anarcosindicalismo, pero que tampoco poseía la ayuda que tuvieron las organizaciones estalinistas para formar sus propios cuerpos armados.

Frecuentemente, las columnas poumistas, fueron dramáticamente discriminadas en el reparto de armamento y de municiones. En el frente de Madrid, nueve de cada diez milicianos poumistas, murieron en los combates, víctimas de las órdenes que los enviaban a realizar operaciones suicidas, con su escaso armamento y sin ningún tipo de protección aérea o artillera. La verdadera postura del POUM quedó reflejada en el mitin que realizó en el Gran Price de Barcelona, el 6 de Septiembre:

"Y uno de los obstáculos más importantes que se oponen a la verdadera organización de la victoria, a la obtención del triunfo por nuestras milicias obreras, es la falta de un mando único, la falta de un centro militar unificado que dirija todas las operaciones. En las presentes circunstancias, el gobierno de Madrid no puede jugar este papel. En Catalunya hemos creado el Comité Central de Milicias obreras, que es el que centraliza realmente toda la acción militar y toda la acción política, y nuestro partido propone que se constituya una Junta Nacional de Defensa que, como el Comité de las Milicias de Catalunya, centralice toda la acción y lleve la guerra hasta la victoria definitiva" (416).

El POUM defendía la necesidad de la construcción de un auténtico Ejército Rojo. Un ejército regular y disciplinado que superara las limitaciones y los errores de las milicias de los primeros meses, pero que mantuviera las características revolucionarias en su seno.

"La organización del ejército rojo no puede hacerse de un golpe. Pero en realidad, las bases sobre las que ha de sujetarse están ya realizadas en el frente, en la convivencia íntima de las milicias obreras y campesinas en las líneas de fuego y en la fraternización de los milicianos con los soldados y los guardias. La creación sin pérdida de tiempo de comités integrados por delegados de combatientes rojos integrados por delegados democráticamente elegidos por los distintos grupos de las milicias revolucionarias, por los guardias y por los soldados será la garantía de que el pueblo alzado en armas para la defensa de sus intereses comunes primero, para la total reivindicación de sus derechos después, nada ni nadie podrá detenerlo..." (417).
El proyecto militar del POUM se diferenciaba en otro aspecto fundamental del que defendía el PSUC. La estructura del nuevo Ejército Rojo solo podía reflejar los avances y las aspiraciones de la revolución de los comités, esto es, defender un auténtico programa social que recogiera las viejas aspiraciones de todas las clases populares. En el mitin celebrado, el 6 de Septiembre, en el Gran Price de Barcelona, Andreu Nin declaraba:

"Las guerras solo se ganan, no solamente desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista técnico, por la superioridad del armamento y por la disciplina, los militares tendrían que haber vencido el día 19 de Julio...".

"Las realizaciones de carácter social y de carácter político tienen tanta trascendencia, como los éxitos en el terreno militar... contra el fascismo solo hay un medio eficaz de lucha, la revolución proletaria..." (418).

Por el otro extremo político, el POUM realizaba una crítica al espontaneísmo anarquista, por su desprecio a los aspectos técnicos y militares.

"Este ejército fuerte por su moral de clase, por su entusiasmo, por su heroísmo, ha tenido, no obstante, defectos que es necesario corregir. Ha sido, a pesar de todo, un ejército irregular, inpreparado técnicamente, que ha confiado demasiado en el impulso y en la abnegación de sus componentes y no ha tenido en cuenta la ciencia, la técnica y la estrategia de la guerra..." (419).

Sin embargo, el proyecto del POUM, no pasó en ningún momento, del propagandismo. El poumismo tenía que aceptar una política de hechos consumados: el anarcosindicalismo aceptaba la formación de milicias partidarias, cuando por su propio peso e influencia podía haberlo evitado. Sin embargo, en esta situación, el POUM optó por evitar el enfrentamiento con la CNT y la FAI y desarrollar una política similar a la del resto de las organizaciones, formar sus propias columnas. La otra opción posible, la de ingresar en las filas de las milicias anarcosindicalistas (las únicas que estaban sometidas directamente al control y a la disciplina del Comité Central), fue rechazada por los dirigentes del POUM, para no enemistarse con los dirigentes cenetistas y poner en peligro su política de alianzas.

Por otro lado, el POUM también parece que descuidó, menospreció, o se opuso a la formación de consejos de milicianos en su seno. Félix Morrow aseguraba en sus escritos que no hubo elecciones de delegados para la formación de consejos de soldados, y asegura que los dirigentes de las columnas poumistas se oponían a ello (420). El escritor británico George Orwell, miembro de las milicias de este partido, corrobora esta idea y da su testimonio de que el POUM no hizo ningún tipo de trabajo político entre sus propias milicias.

"Al contrario de lo que se cree generalmente los líderes políticos del POUM están muy en contra de esta idea del comité y estaban ansiosos de que la idea no pasase de los ingleses a los españoles" (421).

Sin embargo, el testimonio más firme y demostrativo de esta actitud la encontramos en la "resolución sometida al Comité Central del POUM", realizada por José Rebull líder de la oposición en el seno del partido.

"...Ha permitido a miembros de nuestro partido, dirigentes de la división Lenin, sabotear toda acción política por parte de los milicianos en nuestras filas, en lugar de llevar una agitación por la democracia obrera en los organismos de masas" (422).

Los proyectos del PSUC, de la CNT-FAI y del POUM se enfrentaron en el seno del Comité Central de Milicias, por la supremacía. Las vacilaciones y la falta de un plan político madurado, por parte del anarcosindicalismo, triunfante en las jornadas de Julio, permitieron que el PSUC y las organizaciones del Front d'Esquerres, partidarios y aliados del gobierno de la Generalitat, fueran minando el terreno sobre el que se sostenía el edificio cenetista.

El proyecto del POUM tampoco pudo prosperar. Su actitud seguidista frente a los errores del anarcosindicalismo y la situación de aislamiento creciente en el que se encontraba, redujo sus planes para construir un Ejército Rojo, a una simple actividad propagandística sin concreción en la realidad. El compromiso político del anarcosindicalismo con el gobierno de la Generalitat colocaba a las milicias en una situación de dependencia hacia las autoridades republicanas que iba a tener funestas consecuencias. El gobierno autónomo catalán, adversario político de la revolución que encarnaban los comités y las milicias, se encargaba de pagar los sueldos a los combatientes del frente.

Sólo la ideas del PSUC y del PCE prosperaron. Apoyados por los gobiernos, Central y autónomo catalán, y también por la política soviética. Utilizando la presión política que significaban los suministros de armamento y de municiones, sobre los revolucionarios, día tras día, el proyecto de construcción del Ejército Popular, nombre bajo el que se escondía el viejo ejército republicano, fue abriéndose camino, en detrimento de las milicias y de la revolución.

4.4.2 El orden interno revolucionario

El triunfo revolucionario de las jornadas de Julio llevó consigo una gran explosión social y la irrupción de grandes sectores de la población, inactivos o pasivos hasta el momento, en la actividad política. Sin embargo, y junto a la gran actividad que empezó a desarrollarse en todas las áreas de la vida cotidiana, también hizo irrupción la delincuencia y el lumpenproletariado.

Siglos y siglos de explotación y de miseria, se expresaron en la gran cantidad de saqueos y de asesinatos que asolaron las calles de Barcelona y de gran parte de los pueblos y ciudades de Catalunya. Gran parte de esta violencia fue provocada por la irrupción en la arena política, de importantes sectores sociales, que habían sido marginales antes de la revolución. El odio de siglos de miseria y de opresión se desencadenó espontáneamente, sin que existiera una clara perspectiva revolucionaria.

No es posible analizar una situación revolucionaria, desde una óptica supuestamente moralista, como han hecho algunos historiadores y políticos que se opusieron a ésta. La violencia que acompaña cada revolución, los excesos que en ella se desencadenan son, sin duda alguna, inevitables, y reflejan la actitud de importantes capas de la población, oprimidas, de no querer seguir soportando la explotación sufrida hasta el momento. Sin embargo, era necesario canalizar y limitar esta violencia social mediante cauces de "legalidad revolucionaria", para evitar que importantes sectores de la población, especialmente la pequeña burguesía urbana y campesina, profundamente catalanista, pudieran depositar sus simpatías en la reacción que acababa de sublevarse, por temor a que el movimiento revolucionario pudiera poner sus propiedades y sus vidas en peligro.

La profunda desestabilización social y los peligros que estos hechos provocaban hizo que el recién nacido Comité Central de Milicias tomara medidas urgentes para poner coto a la violencia desatada. Su primer decreto fue el de la creación de "equipos", integrados por militantes de las distintas organizaciones, que se encargarían del mantenimiento del nuevo orden revolucionario y de que fuera cumplido estrictamente el toque de queda.

El gobierno de la Generalitat de Catalunya, y los partidos del Front d'Esquerres denunciaron los graves excesos represivos que se estaban cometiendo, al calor de la revolución, y acusaron a los anarcosindicalistas de ser incapaces para frenar la violencia de sus propias bases. Su objetivo era obligar al Comité Central de Milicias a entregar las competencias del orden público a la Generalitat y los antiguos cuerpos policiales, que habían quedado completamente desplazados de sus funciones, por las milicias revolucionarias y por las patrullas de control.

"Sus líderes en el Comité decían que el movimiento libertario no era responsable de los asesinatos. <<Son las patrullas de control. Algunos de los que las integran son asesinos>>. Pero a mi juicio, no podían enfrentarse con aquella gente que representaba a su propia ideología" (423).

Otro de los testimonios críticos con la actividad del anarcosindicalismo y del Comité Central es la de Manuel D. Benavides, que muestra la actitud y las pretensiones del PSUC, partido que, rápidamente, y desde su nacimiento, se había aliado al gobierno de la Generalitat.

"¡Un orden! ¡un orden! -reclamaba Catalunya".
"El obstáculo para restablecerlo procedía de que el Estado y sus órganos -magistratura, policía, ejército y administración- habían desaparecido con las funciones que ejercían" (424).

Sin embargo, las acusaciones contra el anarcosindicalismo parecen haber sido profundamente injustas y también interesadas. Las campañas contra los "incontrolados" tenían como objetivo convertir al Comité Central en el blanco de sus críticas, desprestigiarlo ante la población, acusando a los anarcosindicalistas de ineptitud e incluso de complicidad con los excesos sangrientos que se estaban realizando, para justificar la revitalización de los cuerpos policiales de la Generalitat y el desarme de los trabajadores revolucionarios.

"La Humanitat", periódico catalanista que representaba los intereses políticos próximos al gobierno de la Generalitat, elogiaba, en los días posteriores a las jornadas de Julio, la actividad de las patrullas revolucionarias para evitar los actos de delincuencia y las venganzas personales. Sin duda alguna, estos artículos fueron escritos antes de que se desatara la campaña de desprestigio contra el orden público, que estaba en manos del Comité Central de Milicias.

"El orden revolucionario es admirablemente llevado por las <<milicias antifascistas>>, las cuales reprimen enérgicamente todo acto de pillaje u otro que deshonre la lucha contra la rebelión antirrepublicana".

"Los elementos de la CNT, que, con tanto coraje, defendieron en aquellos días las libertades del pueblo, se muestran celosos defensores del orden revolucionario y cortan en seco todo acto de bandidaje, efectuado por los elementos profesionales del delito" (425).

Numerosos cuadros y dirigentes libertarios denunciaron, desde los primeros momentos, que la violencia indiscriminada era profundamente reaccionaria, y que debía ser detenida con todos los medios que estuvieran al alcance de los revolucionarios.

"Se están sucediendo en Barcelona una serie de registros domiciliarios, seguidos de detenciones arbitrarias y consiguientes fusilamientos, ejecutados la mayoría de ellos sin causa alguna que justifique tal medida... Esto no puede continuar por más tiempo. Estamos de acuerdo en que, en todos aquellos casos que sean debidamente justificados, se proceda inexorablemente y sin contemplaciones de ninguna clase. Concretando: los registros domiciliarios que se efectúan con carácter particular deben cesar, y no podrán llevarse a cabo más que con un aval de la Comisión de Investigación de las Milicias antifascistas... o bien por la Federación local, Comité regional y Regional de la FAI, conjuntamente... Que cada militante, que todos los soldados de la revolución sean los más celosos guardadores de un orden nuevo: orden revolucionario. ¡Qué la revolución no nos ahogue a todos en sangre! ¡Justicieros conscientes, sí! ¡Asesinos, nunca!..." (427)

Cinco días después, y en plena ofensiva del Comité Central de Milicias para hacer respetar el nuevo orden revolucionario, Solidaridad Obrera advertía:

"Declaramos fríamente, con terrible serenidad y la inalterable intención de hacer lo que decimos, que si no se acaba con todos estos actos que están propagando el terror en toda Barcelona, procederemos a ejecutar a cada individuo a quien se pruebe haber cometido actos contra los derechos humanos... Por el honor del pueblo de Barcelona, por la dignidad de la CNT y de la FAI, debe acabarse con estos excesos" (427).

Junto a los libertarios, el POUM planteó la necesidad de fortalecer el Comité Central de Milicias, como la única forma posible que existía, de defensa del orden revolucionario. Los poumistas hicieron una fuerte crítica contra el terrorismo individual que estaba desprestigiando a la revolución, y contra los que aprovechaban la situación para exigir el reforzamiento de los viejos cuerpos policiales de la República. La represión revolucionaria tenía que encauzarse por los medios adecuados, que evitaran posibles excesos contra sectores de la sociedad, que solo servirían para reforzar a los enemigos de la revolución.

"No se trata de suprimir a los burgueses físicamente, sino de suprimir a la burguesía como clase social... ¿Quién debe entender en las cuestiones del terrorismo revolucionario, de la justicia revolucionaria? los órganos propios que para tal fin crea la propia revolución. Tanto en el frente de batalla como en la retaguardia... deben ser los órganos de defensa, de salud pública, de control, de investigación, y los tribunales populares, los únicos calificados para administrar la justicia revolucionaria..." (428).

Las acciones del Comité Central de Milicias y de las patrullas de control se encaminaron a poner fin a tales excesos. Se amenazó a los miembros de los partidos y sindicatos que realizaban registros domiciliarios, detenciones y fusilamientos por su propia cuenta con duras represalias si eran sorprendidos realizando tales actividades. Algunos militantes anarquistas fueron detenidos y fusilados sin contemplaciones, por haber sido sorprendidos en pleno delito. Entre estos destacaron los ajusticiamientos de José Gardeñas, miembro del Sindicato de la Construcción de Barcelona y de su grupo, y el de José Fernández, presidente del de la Alimentación.

El dinero y las joyas, recogidos en los registros domiciliarios y en las incautaciones eran entregadas por las patrullas de control al Comité Central de Milicias, y éste, a su vez, las cedía al Conseller de Cultura de la Generalitat. La actitud del Comité Central respondía al profundo desprecio que mostraba el anarcosindicalismo hacia el dinero y los objetos de valor, considerados como símbolos de una sociedad caducada que no debería volver, pero también reflejaba su postura de negarse a tomar el poder, y por lo tanto, su intención de mantener las viejas instituciones del estado, aunque fuera de una forma simbólica.

De forma progresiva, los registros, las detenciones y los paseos arbitrarios fueron reduciéndose, poco a poco, a medida que el orden revolucionario iba quedando en manos de las patrullas de control, y de la Comisión de Seguridad del Comité Central de Milicias. Carlos Semprún-Maura expresa la opinión de que el mayor control sobre el orden revolucionario no se tradujo en el final de los ajustes de cuentas y en los ajusticiamientos, sino en su legalización.

"La idea inicial era la de que había que evitar los abusos y exacciones que algunos individuos o grupos <<incontrolados>> pudieran cometer por iniciativa propia. Para ello, como siempre en la historia a secas y no sólo en la historia de las revoluciones, lo que se iba a hacer era intentar <<legalizar>> los abusos y las exacciones. El resultado era previsible de antemano, no se las evitó, no se las limitó, no se hizo más que añadir a los ajustes de cuentas individuales, las ejecuciones <<legales>>, sin mencionar los ajustes de cuentas entre organizaciones..." (429).

El mismo historiador libertario reconoce que sólo una ínfima parte de los represaliados eran simpatizantes declarados de los sublevados, mientras que la mayoría eran simples "tipos de derechas" o que "iban a misa", y que no representaban ningún peligro para la revolución. Sin embargo, Semprún-Maura también reconoce, seguidamente, que el mayor peso de la represión y de los excesos no estuvo a cargo de los Tribunales revolucionarios y de las patrullas de control, sino de las policías paralelas que seguían existiendo, completamente independientes de la autoridad del Comité Central y supeditados a las de los órganos directivos de sus propias organizaciones (430).

En los meses posteriores, y a medida que la revolución iba retrocediendo, la violencia espontánea dió paso a otra, mucho más fría y sistemática, que fue dirigida principalmente, no contra los simpatizantes de los sublevados, sino contra los mismos revolucionarios. Las diferencias políticas entre las organizaciones, se saldaron, a menudo, por medio del asesinato y de los "paseos". Entre las víctimas de estos ajustes de cuenta, encontramos a Desiderio Trillas, acusado por la CNT de corrupción y de ser "el cacique de los muelles" de Barcelona y el encargado de la UGT de la fábrica Hispano-suiza.

La prensa del PSUC se destacó rápidamente por ser la que con más fuerza exigió el final de los "excesos" de los incontrolados, que retenían gran cantidad de fusiles y de munición en la retaguardia, cuando este material resultaba dramáticamente escaso en el frente. El concepto de "incontrolados" utilizado por el PSUC abarcaba a los comités revolucionarios y toda la actividad espontánea que estaban llevando a cabo los trabajadores.

La campaña desatada por el PSUC y la UGT, apoyada por ERC, y que contó también con la participación de los dirigentes anarcosindicalistas del Comité Central de Milicias fue contestada por la federación de comités de Defensa de Barcelona, ligados también a la CNT y a la FAI:
"Mientras que la revolución no haya resuelto el problema del poder político, y exista una fuerza armada obediente a las órdenes del gobierno de Madrid, no sometida al control de los trabajadores, los grupos de defensa no depondrán sus armas, porque ellas constituyen la defensa y la garantía de las conquistas revolucionarias" (431).

La campaña por el desarme de la retaguardia, lanzada por las organizaciones ligadas al Frente Popular en Catalunya, pretendía el total desarme de la población, y la centralización del control del orden público en manos del Comité Central de Milicias y del gobierno de la Generalitat. El desarme de los trabajadores y de sus comités revolucionarios tenía que ser el primer paso necesario que había que dar, para que el gobierno republicano y la Generalitat recuperaran el pleno poder.

Por consiguiente, el desarme de la retaguardia, sin que el poder dual se resolviera hacia ninguno de los dos lados, podía significar, la derrota de la revolución. El hecho de que la requisa de armas, coincidiera con el rearme de los viejos cuerpos policiales de la Generalitat, confirman la tesis, de que el móvil de la campaña, lanzada por los partidos y sindicatos del Frente Popular en Catalunya, no fuera otro que asegurar la recuperación del poder, por parte del gobierno autónomo catalán.

Es indudable que hubo una importante retención de material de guerra en la retaguardia, cuando éste estaba siendo muy necesario en el Frente, paralizado por la escasez de armas y municiones. Diego Abad de Santillán nos habla de 60.000 fusiles, retenidos por los partidos y sindicatos, mientras que las milicias que combatían en Aragón, apenas contaban con 30.000 armas (432).

Sin duda alguna, la retención de armas y municiones por los llamados "incontrolados", es decir, por los comités locales y por las bases cenetistas y poumistas, reflejaba el temor a que el desarme de la retaguardia significase el reforzamiento de los viejos poderes, y por ende, el fin de la revolución y de las conquistas sociales que acababan de conseguir. Los posteriores acontecimientos, demostraron que sus temores no estaban, en absoluto, infundados.

La retención del armamento no sólo era llevada a cabo por los comités revolucionarios, sino que era una práctica habitual entre los partidos y sindicatos. El mismo PSUC, principal artífice de la campaña de desarme, fue acusado por retener armas, e incluso carros blindados, que debían enviarse al frente de Aragón. El mismo Buenaventura Durruti realizó una expedición armada a Sabadell para obtener una docena de ametralladoras que se encontraban en manos del PSUC (433). La retención de material de guerra en la retaguardia reflejaba el convencimiento de todas las organizaciones que componían el Comité Central de Milicias, de que la situación de dualidad de poderes, tarde o temprano, iba a tener que resolverse en un enfrentamiento armado entre los dos campos, el de la revolución de los comités y el de la contrarrevolución democrática republicana.

El POUM se mostró completamente contrario a la campaña de requisas de armamento. El desarme de la retaguardia solo podía ir acompañado de la consolidación del poder revolucionario, frente a sus adversarios, los partidarios de la restauración del poder republicano:

"El proletariado tiene un deber elemental, y éste deber elemental es no dejarse desarmar. Las armas con las cuales va al Frente, la clase trabajadora ha de conservarlas, al volver del frente, para batir definitivamente al régimen de la burguesía". (434).

El Comité Central de Milicias participó en la campaña para que los trabajadores entregaran el armamento que se encontraba en sus manos, para concentrarlo en el frente. Sin embargo, la resistencia de los comités locales fue muy fuerte y no tuvo el éxito que se esperaba. El mismo Diego Abad de Santillán, responsable de la requisa de las armas, para poder enviarlas al frente, confesó la impotencia del Comité Central de Milicias para hacer cumplir sus directrices, en las que se negaron a colaborar gran parte de los sindicatos de la CNT y la misma FAI (435).

"No una, decenas de veces planteamos al movimiento libertario, la necesidad de entregar el armamento de guerra de que disponía. Si no se quería entregar el armamento, que acudiesen los hombres que lo manejaban. Para asegurar el orden en la retaguardia bastaban ya las mujeres, los niños, las piedras. Se argumentaba que no podíamos desarmar a los propios, mientras los otros partidos y organizaciones se preparaban para atacarnos por la espalda..." (436).

Indudablemente, las resistencias que expresaban las bases anarcosindicalistas y del POUM, reflejaban una profunda desconfianza que éstas sentían, hacia las organizaciones que más exigían el desarme de la retaguardia, los partidos del Front d'Esquerres pero que seguían manteniendo en sus manos, importantes cantidades de material de guerra. De la misma manera, el temor y la desconfianza no podían ser eliminadas, mientras el Comité Central de Milicias permitiera que siguieran existiendo, paralelamente a las patrullas de control, los viejos cuerpos policiales, incluida la odiada guardia civil, que sobreviviría con el nombre de Guardia Nacional Republicana.

El día 23 de Julio, la Federación Local de Sindicatos de la CNT de Barcelona publicaba una octavilla:

"Obrero, organízate en milicias. No abandones el fusil ni la munición, no pierdas el contacto con tu sindicato. Tu vida y tu libertad están en tus manos" (437).

La octavilla era una respuesta de los sindicatos y de los comités de Defensa de la CNT, a las directrices que el Comité Central había empezado a publicar, por las cuales se intentaba establecer una especie de censo sobre el armamento existente en manos de los trabajadores, mientras que se recomendaba que los que desearan entregar las armas, lo hicieran en los cuarteles de las milicias.
La consigna fue interpretada en el seno del anarcosindicalismo como un intento de desarmar a la revolución. La debilidad del Comité Central de Milicias estaba en que, mientras los líderes anarcosindicalistas se negaban a romper la dualidad de poderes, para convertir a éste en el órgano máximo e indiscutido de la revolución, también eran perfectamente conscientes de que el logro de sus objetivos de desarme de la retaguardia, solo podía realizarse mediante el enfrentamiento con sus propias bases.

4.4.3 La justicia revolucionaria. El juicio a los vencidos.

La revolución de los comités provocó la inmediata huida de una gran parte de los estamentos que habían estado relacionados con el poder judicial en el período anterior a la contienda, por temor a las posibles represalias de los revolucionarios. Sin duda alguna, fue la situación de vacío de poder que provocó la caída de las instituciones republicanas y la inexistencia de un poder revolucionario articulado que ocupara su lugar, la causante de los saqueos, del terrorismo individual y de los posibles excesos de la represión revolucionaria. Esta situación caótica quedó parcialmente controlada por la aparición de las milicias de retaguardia y de las patrullas de control, y también por la formación de los primeros tribunales populares que canalizaron, organizaron y "racionalizaron" la violencia revolucionaria.

El creciente control del orden público, de la Justicia y de la represión, que iba adquiriendo el Comité Central de Milicias, fue saludado entusiásticamente por toda la prensa republicana, cercana a las posiciones políticas de la Generalitat y del Front d'Esquerres. El contrasentido era solo aparente.

La centralización de estas funciones, aunque fuera una necesidad ineludible de la revolución que ellos combatían, también significaba un primer paso en la dirección política hacia la que esperaban que evolucionase la situación. El hecho de que los comités revolucionarios locales delegasen estas funciones en manos del Comité de Milicias implicaba el reconocimiento de la supremacía política de éste. Y, sin lugar a dudas, el peso y la influencia de sus organizaciones en el seno de este organismo era infinitamente mayor que en la multitud de comités locales.

El Comité Central de Milicias era, en última instancia, un organismo que encarnaba la negativa de los anarcosindicalistas a tomar el poder y, por lo tanto, también representaba la dualidad de poderes existente. Si ellos conseguían, mediante el compromiso de los dirigentes de la CNT y las presiones políticas, ir haciéndose con el control de las competencias que asumía el Comité, la posibilidad de recuperación del estado republicano podría ir abriéndose camino y convertirse en una realidad.

"Se han instalado tribunales populares y <<La Vanguardia>>, que continua siendo el periódico más importante de Barcelona, hace ver que se felicita por ello, pero expresa su esperanza de que ahora en adelante, se pondrá fin a la nueva seguridad en la vía pública y de que, delante de los nuevos tribunales comparezcan no solo los fascistas, sino también los autores de las falsas denuncias y los terroristas... pretende quitar a los milicianos el poder ejecutivo y a lo mejor, llevarlos ante los tribunales" (438).

Sin embargo, la situación estaba muy lejos de haber madurado, para poder llevar hacia adelante, de forma inmediata, sus planes, el Comité Central de las Milicias, no solo era un órgano de compromiso y de colaboración "democrática" con el gobierno de la Generalitat, sino que también representaba, de una forma más o menos deformada, las aspiraciones de una revolución que controlaba las calles y los centros de trabajo.

El Comité Central de Milicias ordenó que se llevara a cabo un consejo de guerra contra los militares sublevados que habían sido derrotados en Barcelona, en las jornadas de Julio.

Los juicios sumarísimos se iniciaron el 11 de Agosto en el buque prisión "Uruguay". Los vencidos serían juzgados por tribunales que estarían integrados por oficiales y suboficiales que se habían mantenido leales a la República (entre ellos figuraban el coronel Guillermo de la Peña, los tenientes coroneles Martínez Sansón Redondo, Jiménez Combelles, el comandante Michelena...).

Algunos de los detenidos fueron liberados antes de los juicios e invitados a unirse a las milicias como técnicos asesores, al considerarse que su responsabilidad en el levantamiento había sido ínfima, y que en realidad, habían sido arrastrados por los conspiradores. Otros fueron sentenciados a la pena de reclusión, por considerar que su participación había sido escasa. Las sentencias más duras estuvieron dirigidas hacia los principales promotores de la intentona en Catalunya.

Las penas de muerte fueron dictadas contra los generales Goded y Fernández Burriel, y también contra los capitanes Luis López Varela, López Amor, López Belda y Lizcano de la Rosa. Las sentencias, irrevocables, fueron ejecutadas rápidamente, los reos fueron fusilados, el 12 de Agosto, en los fosos del castillo de Montjuich.

Según Vicenç Guarner, la dureza de las sentencias estuvo dictada por el clima de exasperación social que provocaban las noticias sobre la represión y los continuos fusilamientos que se estaban llevado a cabo en la zona franquista.

"El presidente Companys, cuando le hablé de un posible indulto, me aseguró que por humanidad estaba dispuesto a dictarlo, pero que la gente estaba exasperada por las noticias de los fusilamientos continuados en la zona adversaria. Por otro lado, me dijo que, como Presidente y abogado, él tenía que velar por el cumplimiento de la ley, y que, si indultaba <<lo arrastrarían por las calles como los segadores hicieron con el conde de Santa Coloma" (439).

4.4.4 El Frente de Aragón.

Aragón tenía, para los revolucionarios catalanes, una doble importancia, defensiva y ofensiva. Por un lado, esta región, ocupada por las tropas sublevadas, se convertía, por su cercanía, en un peligro inminente para la Catalunya revolucionaria. Por el otro, Aragón era la puerta que abría a las columnas armadas catalanas, el camino hacia el Norte minero y siderúrgico, y también el que llevaba hacia Madrid. Por último, la conquista de Zaragoza, uno de los baluartes del movimiento libertario en el período anterior a la guerra y a la revolución, se convertía, para la CNT y la FAI es una necesidad ineludible e impostergable, para poder auxiliar a sus compañeros que se encontraban sometidos a la sangrienta represión del ejército franquista.

Los representantes del anarcosindicalismo catalán comprendían la gran importancia estratégica que suponía la conquista de Aragón, y especialmente, Zaragoza. Apoderarse de estas tierras podía significar, no solo el principio del fin para la sublevación, sino también un enorme prestigio para la CNT, lo que los hubiera colocado en una inmejorable posición, después de la derrota de la sublevación militar, en el desenlace del pulso que existía, de forma más o menos encubierta, entre los revolucionarios y los partidarios de la República. Idéntico criterio parece que siguieron los adversarios políticos del anarcosindicalismo pero con intereses completamente opuestos, con su política de negarse a suministrar el armamento y las municiones necesarias para poder relanzar la ofensiva de las milicias en este frente.

No parece que el argumento de la escasez de armas, para explicar esta falta de suministros, resista un análisis serio, en tanto en cuanto, otros frentes, quizás con menor importancia estratégica, recibieron material de guerra más que suficiente. Sin duda alguna, el criterio político, el de combatir con todos los medios a su alcance a la revolución, primaba, una vez más, sobre el militar, la guerra contra los sublevados. En cualquier caso, la victoria sobre el ejército franquista solo debería ser realidad, después de la derrota y la liquidación definitiva del movimiento revolucionario. De otra forma, una hipotética victoria sobre los militares, significaría, en aquellas circunstancias, la muerte definitiva del orden republicano, y el triunfo de aquella revolución, que partidarios de la República y sublevados habían intentado evitar. Por lo tanto, el entusiasmo que empujaba al grueso de las columnas milicianas en el frente de Aragón (y también en otros frentes de batalla), tenía muy poco que ver con la defensa de la República, y mucho en cambio, con el proyecto de extensión de la revolución fuera de Catalunya.

"Nos importaba un comino la República. Lo único que nos importaba era la revolución. No habría ido al frente de no haber sido para hacer la revolución. En Barcelona nos habíamos echado a la calle para luchar porque no teníamos otra opción, pero ir a luchar contra los militares en Aragón... no, no se habría ido allí solamente para hacer eso. La fiebre revolucionaria era la que nos empujaba" (440).
Otro testimonio valioso, que confirma la actitud de los milicianos es el de Orwell, que formaba parte, en aquella época de las columnas del POUM, y que ha sido defensor y a la vez, crítico, del sistema de las milicias:

"Los miembros de los sindicatos que se constituyeron en las milicias e hicieron retroceder a los franquistas hasta Zaragoza en las primeras semanas de la guerra... creían estar luchando por el poder de la clase obrera" (441).

Las columnas de milicianos se estrellaron contra las defensas de las tres capitales aragonesas, que estaban en poder de los sublevados. Solo Teruel, cayó, en manos republicanas, de forma muy efímera y mucho más tarde. Sin embargo, los milicianos reconquistaron el territorio aragonés más cercano a Catalunya, y avanzaron cerca de 100 kilómetros más allá de las fronteras catalanas, lo que significaba cerca de tres cuartas partes de la región. Además del aspecto militar, también hay que tener en cuenta, el aspecto político y revolucionario, del que ya hemos hablado en capítulos anteriores. La huída de los grandes propietarios permitió la creación de un vasto sistema de comités locales y de colectividades agrarias, que sustituyeron el vacío de poder político y económico.

El fracaso de las milicias revolucionarias para abrirse paso a través de Aragón, se debe a diferentes motivos. Manuel Cruells alude a dos clases de motivos al analizar la ineficacia de las columnas armadas catalanas: los defectos y errores derivados de su origen, y las luchas políticas que existieron entre ellos, para dominar, a través del nuevo ejército, el poder (442). Sin duda alguna, las dos causas tienen un origen común, el hecho de que las columnas adquirieran una conformación partidaria, y no supeditada a la dirección del Comité de Milicias.

Respecto a los errores de origen, los hemos analizado en capítulos anteriores. Sin duda alguna, la falta de armamento y de municiones fue el más importante de todos las limitaciones con las que tuvieron que enfrentarse las milicias revolucionarias. La penuria llegó a ser tal, que las milicias aragonesas asaltaron un convoy que transportaba material de guerra perteneciente al gobierno central, para poder suavizar la dramática situación del frente (443). Según las declaraciones de uno de los responsables, nombrado por el Comité Central de Milicias, para proveer a las milicias del frente de Aragón, de los suministros necesarios:

"Todos ellos tenían más hombres que armas, más heridos que ambulancias, más escaseces de suministros. Escaseaban las armas, las municiones, los vagones de abastecimiento, todo lo necesario para hacer la guerra. Empezamos a recoger las armas que quedaban en la retaguardia..." (444).

Mucho se ha magnificado la importancia de la cantidad de armamento que fue retenido por los comités locales y también por los partidos y sindicatos, en la retaguardia. Algunos dirigentes de las milicias como Carod (CNT) o Jordi Arquer (POUM) están convencidos de que el material bélico retenido en Catalunya, no habría solucionado la grave carestía de las milicias. Sin ninguna duda la penuria armamentística fue uno de los principales factores que explican la transformación en una guerra de trincheras, justo en el momento en el que tenían sus principales objetivos a la vista (445). La campaña de requisa del armamento en la retaguardia tenía más elementos políticos, desarmar a un movimiento revolucionario que desafiaba la autoridad del gobierno de la Generalitat, que de índole militar.

Los suministros bélicos fueron utilizados por los adversarios de la revolución, las organizaciones del Frente Popular y el gobierno de la República, para desprestigiar, y sabotear a las fuerzas armadas que se reclamaban de dicha revolución, acusándolas de ineptitud y de irresponsabilidad frente al enemigo franquista:

"Catalunya, sin embargo, había enviado en Octubre de 1936, treinta mil hombres a Aragón, que conquistaron miles de kilómetros e hicieron más prisioneros que los milicianos de todos los otros sectores de lucha. De ello se desprende el tremendo fracaso de lo que pudo y debió ser una campaña victoriosa. El enemigo se limitó a establecer un muro de contención que los voluntarios catalanes no pudieron perforar porque los planes anarquistas eran inadecuados, abstractos y caprichosos".
...
"Asediado Madrid. la Prensa madrileña y el general Miaja calificaron de perezoso el Frente de Aragón y de inactivas a sus milicias. El frente, en efecto, había adquirido condición estática. La Generalitat alegó la escasez de municiones, la autonomía de las milicias, el incumplimiento de los decretos de militarización, la desconfianza hacia los mandos profesionales y la ausencia de un comisariado. El POUM y la FAI replicaron, reprochando al Gobierno central que escatimara los medios de combate..." (446).

La trampa estaba cerrada. Además de la escasez de municiones, el gobierno autónomo catalán, representando a todas las organizaciones del frente Popular, y por lo tanto, al mismo gobierno central, reclamaba para si el control y el mando de las milicias revolucionarias y denunciaba la oposición de los sectores revolucionarios a que se formase un nuevo ejército republicano, con el reclutamiento forzoso de levas, entre la población. El único camino que se ofrecía era la militarización de las milicias y su sometimiento incondicional a los planes del gobierno republicano y del Frente Popular.

Manuel Cruells analiza la situación existente en el Frente de Aragón de forma muy distinta y cita para reafirmar sus tesis, el testimonio de Diaz Martín:

"No eran hombres lo que faltaba, pero sí combatientes, o sea tropas efectivas... si alguna cosa caracterizaba aquellos hombres, a parte de su valentía, era su falta de eficacia. En el primer año de guerra, lo máximo que habían intentado era apoderarse de alguna posición enemiga aislada, pero no se había organizado una operación importante, y no existía en absoluto, entre las unidades, una coordinación. Muchas veces, las milicias de una o de otra sindical o de un partido eran hostiles entre si. Los aprovisionamientos eran escasos y el armamento desigual y viejo, debido a que el gobierno de Valencia desconfiaba totalmente de los hombres de la CNT-FAI y no se atrevía a equiparlos convenientemente" (447).

La actitud de total hostilidad del gobierno republicano hacia el alcance de la revolución en Catalunya queda evidenciada por las palabras de Manuel Martínez Bande. El suministro de armamento al Frente de Aragón hubiera significado la posibilidad de descongestionar la presión sobre Madrid y otros frentes. Sin embargo, el gobierno central republicano prefirió debilitar el frente aragonés, enviando columnas de milicianos catalanes a la defensa de Madrid (448). El éxito de las milicias catalanas en Aragón habría significado la potenciación de los sectores revolucionarios ante los intentos del Frente Popular para restaurar el poder perdido de la República.

Una vez más, la actitud hostil,aparentemente incomprensible, de los gobiernos republicanos, se vuelve lógica, si partimos de que el temor a los avances de la revolución, era igual o mayor que el que podían tener hacia las tropas franquistas. No hay que olvidar, que los políticos republicanos y algunos sectores de la derecha del Frente Popular defendieron ,desde los inicios de la guerra, el establecimiento de conversaciones con los sublevados.

Por el contrario, la realidad hizo que las milicias revolucionarias catalanas se estrellaran contra el sistema defensivo de las tres capitales aragonesas. La iniciativa militar de las columnas, que había conseguido recuperar tres cuartas partes de Aragón, se transformó en una ineficaz guerra de trincheras que debilitó la moral de los revolucionarios.

"Fue esa la principal razón (la falta de armamento) por la que no se pudo lanzar una ofensiva importante. Pero no fue la única. No había un plan global, ni creo que hubiese en Catalunya un oficial del ejército capaz de trazarlo. Entre las columnas, no existía una coordinación apropiada y a veces no había ni siquiera comunicaciones. -recordaba Arquer- A menos que el coronel Villalba convocase una reunión de todos los jefes de columna, nadie sabía lo que el vecino tramaba" (449).

Por el contrario, el alejamiento de la idea de un triunfo inminente de las fuerzas revolucionarias en el campo militar, daban nuevos argumentos a los partidarios de la "colaboración democrática" con las autoridades republicanas.

"El Comité regional de la CNT de Catalunya empezaba a sentir los efectos de no haber marchado adelante, hacia la implantación del comunismo libertario...".

"... se tenía la impresión de estar ante un gran fracaso..." (450).

Algunos cuadros libertarios propusieron la formación de un cuerpo guerrillero, que estuviera capacitado para infiltrarse en las líneas enemigas y que hostigase y desbaratase su retaguardia. Sin embargo, el proyecto de formar los contingentes guerrilleros fue rechazado por el gobierno central e incluso, llegó a ser objeto de presión por parte de la diplomacia estalinista.

"Un día nos advirtió, apenado, Ovseenko, que su partido, que Rusia, no accedía a que se nos entregase armamento para poner en práctica las guerrillas en territorio enemigo. Nos decía que éramos considerados como buenos camaradas, pero que un día podíamos ser peligrosos" (451).

"Por nuestra parte, no pudiendo hacer comprender a los que asumieron la responsabilidad de la guerra, incluso a los propios compañeros, que era preciso emplear, aparte del método regular... el método popular de la acción audaz, libre, sobre un territorio enemigo en el que contábamos con tantas simpatías... nos hemos esforzado por obrar independientemente, pero careciendo de armamento, de apoyo y de comprensión, nos vimos en la necesidad de desistir. De desistir en las tentativas prácticas, ante la imposibilidad de superar las resistencias de los propios comités de la organización y las de los dirigentes estatales de la guerra y de la política" (452).

Efectivamente, la formación de un cuerpo de guerrilleros, fue considerado por las autoridades gubernamentales de la República como un arma de doble filo para sus objetivos. Una fuerza de estas características estaba lejos de sus objetivos: la formación de un ejército regular, sometido a su autoridad. La guerrilla hubiera sido un arma de incalculable valor en la retaguardia del adversario, pero su propia estructura y su composición, presumiblemente anarcosindicalista, la hacía peligrosa.

La autoridad política del departamento de milicias en el frente era nula o casi nula. A menudo los dirigentes del Comité Central se quejaban de que las milicias sólo recurrían a ellos para pedir nuevos suministros de víveres o material de guerra.
Los mismos dirigentes de las columnas milicianas fueron, frecuentemente, cuestionados o desobedecidos por sus propias unidades, por no estar de acuerdo con las decisiones que se adoptaban.

La necesidad de un mando único militar que corrigiese los graves errores que cometían las milicias, y que optimizase su rendimiento y eficacia era cada vez más impostergable. Las columnas de voluntarios habían tenido un éxito parcial, hasta el momento habían contrarrestado sus limitaciones con el entusiasmo revolucionario y habían conseguido hacer retroceder el peligro. Sin embargo, también habían demostrado su incapacidad para desbaratar las líneas enemigas:

"En el transcurso de los meses de Julio y de Agosto, fue quizás la unidad de mando, la que hizo falta más cruelmente. En los días siguientes a la rebelión fue cuando se tomaron las primeras iniciativas felices en el plano de lo estratégico: luego, cada uno se encerró en su propia región. Anarquistas y nacionalistas se vigilaban en el País Vasco. Mola, en las primeras semanas, pudo darles tranquilamente las espaldas. Los catalanes que se encarnizaban en vano, sin artillería, contra Zaragoza, no transtornaron casi los planes de un enemigo que tenía a Madrid como meta. Cada uno parecía llevar a cabo su propia guerra sin preocuparse de la que se llevaba a cabo en la provincia vecina" (453).

A pesar de que la prensa intentaba transmitir una sensación de éxito, la campaña militar se alargaba cada vez más, y el frente tendía a estancarse por completo. La prolongación del conflicto se reflejaba en una mayor presión de la población sobre la CNT y sobre los organismos del poder revolucionario.

"Todo esto creaba nubes de inquietud, que se transformaban en presiones sobre todos los organismos oficiales, especialmente sobre los de mayor representación popular en aquellos momentos: los Sindicatos...".
"No obstante, el comité regional, presionado por los sindicatos, comités locales y comarcales y por el latido de la opinión popular, decidió descargarse de las presiones que sufría presionando a su vez al departamento de Guerra del Comité de Milicias y a los jefes de las columnas anarcosindicalistas..." (454).

Era necesario dar un nuevo impulso a las milicias del frente y terminar con los errores que tantas bajas estaban provocando. Había que convertir a las indisciplinadas milicias en auténticas unidades revolucionarias de combate, capaces de coordinarse entre sí, para poder llevar a cabo ofensivas y maniobras de mucho más vasto alcance del que habían sido capaces hasta entonces. También era necesario aumentar su capacidad ofensiva, dotarlas de verdaderos cuadros capaces de dirigirlas eficazmente en los combates, mediante los oficiales y suboficiales que iban a surgir de la Escuela Popular de Guerra. Sin embargo, lo más importante y urgente, era dotarlas de un auténtico mando unificado que acabara con los particularismos y las hostilidades que existían entre las diferentes columnas. En el seno del Comité Central de Milicias se barajaron diferentes nombres como posibles candidatos a dirigir el Mando Unificado del Frente de Aragón. ERC, UGT y el PSUC propusieron al comandante Reyes, jefe del puesto de aviación que se había instalado en la población de Sariñena. Otros nombres de los líderes de las columnas fueron barajados como posibles opciones a tener en cuenta (Rovira, Trueba, Durruti, Ascaso, Ortiz, ...). Finalmente, entre todos los propuestos sería el coronel José Villalba el escogido para convertirse en el jefe de operaciones. El hecho de que no perteneciera a ninguna de las corrientes políticas y de que fuera un militar profesional, lo convertía, para el jefe del departamento de las milicias, Juan García Oliver, en el candidato mejor situado para el puesto (455).

Tras la presentación de las candidaturas en el seno del Comité Central de Milicias, la elección del jefe de operaciones para el Frente de Aragón, realizada por el Departamento de milicias se hizo pública en la localidad de Sariñena. A la reunión asistieron, entre otros, el coronel Villalba, el comandante Reyes, Durruti, Ortiz, y algunos dirigentes de las columnas "Roja y negra", de la del PSUC y de la del POUM.

La creación de un Estado Mayor para el frente aragonés dió a las milicias una nueva y mayor capacidad operativa. Sin embargo, no dejó de ser un pobre sustituto de las verdaderas necesidades que exigía la situación militar de las columnas y de la misma revolución en si misma. Para ello, era necesario que el Comité Central de Milicias, se decidiese a convertirse en un auténtico gobierno revolucionario. Indudablemente, el poder de las milicias no sólo dependía de su capacidad militar, sino también de la capacidad política de la revolución en la retaguardia, para llegar hasta el final.

"Era evidente que ni políticamente ni militarmente las cosas no funcionaban y que se necesitaba una nueva estructura en la dirección de la revolución y de la guerra civil que ésta mantenía. <<En la dualidad de poderes representada por la Generalitat y el Comité de Milicias, triunfaba la primera>>, esencialmente porque el Comité de Milicias, de una composición tan heterogénea, no tuvo, o no supo establecer, una línea de acción eficiente, a pesar del predominio que mantuvieron los anarquistas, y que después aún quisieron continuar en el Gobierno de la Generalitat, que se formó absorbiendo al Comité de las Milicias" (456).

El fracaso de las milicias en Aragón significaba también la consolidación del fracaso político del anarcosindicalismo (457). Una victoria militar rápida de las milicias hubiera significado un nuevo factor de aliento para la radicalización de la revolución que se estaba llevando a cabo en la retaguardia. Sin embargo el estancamiento implicaba también el mantenimiento del status quo, del que era fruto el Comité Central de Milicias, y por consiguiente también, el mantenimiento de las condiciones que iban a hacer posible la reconstrucción del Estado republicano y de su Ejército Popular.

4.4.5 La expedición a Mallorca.

Los orígenes y las circunstancias del proyecto, aunque han sido explicados por el que fue el creador y principal organizador del plan, Alberto Bayo han sido algo confusos, y motivos de controversias (458). Historiadores y políticos de la época, han dado diferentes versiones sobre el tema.

Jaume Miravitlles, alto cargo del gobierno de la Generalitat de Catalunya, y dirigente político de ERC, afirma en su obra, que la iniciativa de la conquista de Mallorca partió de la órbita del Comité Central de Milicias y que él mismo se opuso al proyecto:

"Hace falta constar explícitamente que la iniciativa de aquellas operaciones salía de la órbita del Comité Central de Milicias de Catalunya. La preocupación, durante las primeras semanas, se centró sobre el frente de Aragón y la posibilidad de ocupar Zaragoza. Las milicias quedaron inmovilizadas delante de Huesca por falta de fusiles y de municiones. No era, entonces, el momento de iniciar otros frentes, sobre todo contra una isla donde la guarnición franquista era numerosa y relativamente bien armada. Yo mismo hice una declaración... en la que definía aquel intento como una acción marginal no autorizada. Prieto, que en aquellos momentos, era ministro de Marina y de la Aviación, tampoco era partidario y escatimaba los elementos de combate que hacían falta en los puntos más decisivos de la guerra en aquellos momentos" (459).

La referencia que hace, un personaje tan cercano al gobierno catalán y su referencia al Comité Central de Milicias, ha creado cierta confusión, en lo que respecta a la iniciativa y responsabilidades del Comité de Guerra.

Juan García Oliver, responsable máximo del departamento de Guerra del Comité Central de Milicias, apunta, por el contrario que la idea partió de "la mente calenturienta" de Alberto Bayo, y que posiblemente ésta, fue "recalentada" por algún alto cargo del gobierno de la Generalitat. La velada alusión del dirigente libertario, parece dirigirse, sin mencionarlo, a Lluís Companys (o alguien muy próximo a éste) (460). Sin embargo, las dudas y las cábalas de Juan García Oliver se vuelven una afirmación tajante a la hora de negar la responsabilidad del Comité Central de Milicias.

"El Comité Central de Milicias Antifascistas ignoraba por completo la operación que se proyectaba. Si la empresa resultaba venturosa, sería un triunfo para la <<persona que en lo alto de su posición oficial>> había alentado la conquista de Mallorca, y un fracaso para el Comité de Milicias" (461).

La posición del Comité Central, en aquellos momentos, era la de neutralizar la parálisis que empezaba a afectar a las milicias del frente de Aragón. La conquista de Zaragoza y del resto de las capitales aragonesas era mucho más valioso para el proyecto anarcosindicalista; romper el frente de los sublevados para enlazar con el norte vasco y asturiano. La expedición militar a Mallorca, en unos momentos en los que escaseaba dramáticamente el material de guerra, no podía dejar de aparecer, ante los dirigentes libertarios, como una idea descabellada e inoportuna.

Los cenetistas se mostraron totalmente contrarios a la expedición armada contra Mallorca. Juan García Oliver afirma que, tras preguntar a los delegados de la CNT y de la FAI en el Comité Central, Diego Abad de Santillán, Marcos Alcón, Torrens y Aurelio Fernández, todos ellos afirmaron desconocer, por completo, el proyecto del desembarco en las Baleares. Juan García Oliver alude a la posible colaboración del Sindicato del Transporte, que ya había cometido, anteriormente, otros actos por su propia cuenta y riesgo, e incluso insinúa posibles y oscuras maquinaciones de sus principales adversarios en el seno de la CNT, Federica Montseny y Diego Abad de Santillán (462).

Al parecer los dirigentes anarcosindicalistas se encontraron ante una situación de hechos consumados, una expedición que ya estaba en marcha y que contaba con numerosos apoyos en la Generalitat de Catalunya y probablemente también en el gobierno de Giral en Madrid. La conquista de la isla de Mallorca habría podido provocar la intervención militar abierta de Italia en defensa de sus bases en las islas, y por lo tanto su entrada directa en la guerra al lado de sus aliados del ejército franquista. Los partidarios del plan, consideraban que este hecho tendría como consecuencia inmediata, la intervención militar de Gran Bretaña en el conflicto para frenar las ambiciones de una de las potencias rivales a nivel internacional. Por lo tanto, el logro de estos objetivos, difícilmente podría ser contemplado con buenos ojos por los anarcosindicalistas, que, de este modo, habrían visto en un grave aprieto, su situación y la de todo el movimiento revolucionario. Sin embargo, la no participación del Comité Central de Milicias en la planificación del proyecto, no implica que no participasen algunas de las organizaciones políticas que formaban parte de él. Es difícil imaginarse que el plan pudiera llevarse a cabo, con el absoluto desconocimiento de todos los partidos y sindicatos que lo integraban. Y en cambio, es bastante probable, que algunos de los grupos políticos utilizase la autoridad del Comité. para conseguir los pertrechos que hacían falta para la expedición.

Manuel Cruells afirma que la expedición fue preparada por el gobierno de la Generalitat, por un grupo de militares profesionales, por las organizaciones del Front d'Esquerres y algunos grupos nacionalistas, como Estat Catalá. Todos ellos, habían quedado marginados del centro del poder político por la revolución. Los partidarios del gobierno autónomo catalán necesitaban urgentemente una inyección de prestigio, que compensara los recientes éxitos de los anarcosindicalistas en las jornadas de Julio, y la hegemonía aplastante que ejercían las milicias de la CNT en el frente aragonés.

"El gobierno de la Generalitat, con cierta urgencia, necesitaba de unas fuerzas propias que tuviesen un sentido de disciplina y que en un momento dado pudiesen representar un papel definitivo en la política catalana. Estas fuerzas, naturalmente, solo podían surgir de los elementos que eran fieles a la situación republicana" (463).

Alberto Bayo, ha dado una versión muy parecida a la defendida por Manuel Cruells:

"En la Consejería de Defensa, donde tenía muchísimo ambiente por mi comportamiento en la sofocación del movimiento insurreccional, me indicaron, consejeros amigos, después de ser aceptada en principio la idea que les expuse, que hiciese un detallado y minucioso estudio de una posible expedición para la conquista de las islas sublevadas" (464).

El capitán de aviación, Alberto Bayo, contó, desde los primeros momentos, con el apoyo de los altos dirigentes del gobierno de la Generalitat (el mismo Companys, Casanovas...). Fue el consejero Josep María España, quien le aconsejó que se dirigiera al Comité Central de Milicias para que éste diera su visto bueno a la operación militar. Era evidente que, sin su consentimiento, la expedición no podría ser llevada a cabo.

Finalmente, otro de los testimonios que aclara los orígenes y los apoyos que recibió la expedición es el de Joaquín Almendros, responsable, en aquellos momentos, de los asuntos militares del PSUC:

"Pude intervenir muy de cerca en todo lo concerniente a ese momento crucial de nuestra guerra, en mi calidad de Secretario Militar del Partido Socialista unificado de Catalunya, PSUC. Ese partido, conjuntamente con la Generalitat de Catalunya, tuvo a su cargo la mayor parte de la organización. De ahí partió la iniciativa de apoderarse de Palma de Mallorca...".

"Motivos fundamentales hubo que movieron a los organizadores a no darle intervención directa a la Federación Anarquista Ibérica (FAI)...".

"A nuestro juicio, el curso de la guerra hubiese cambiado en forma muy positiva para las fuerzas republicanas, si hubiera sido posible privar al enemigo del gran <<portaaviones>> que tenían en el Mediterráneo, ya que sus aviones hostilizaban continuamente las ciudades de Barcelona y Valencia principalmente...".

"De haberse cumplido con éxito la operación de Palma de Mallorca, se habrían evitado también las hostilidades del enemigo contra la navegación que nos abastecía de pertrechos y víveres...".

"No fue posible marginar del todo a la CNT y FAI, en los actos de desembarco. Se les <<autorizó>> para que formaran una columna que saldría dos o tres días después" (465).

Sólo el gobierno de la Generalitat de Catalunya y las organizaciones que componían el Front d'Esquerres podían salir políticamente beneficiados del éxito de esta operación militar. La victoria en Mallorca, contrastada con el estancamiento en el que se encontraban sumidas las milicias que combatían en el frente de Aragón, habría dado un fuerte impulso a los planes de Companys y del PSUC para recuperar la perdida autoridad del gobierno catalán. Joaquín Almendros cita a varios políticos y militares que participaron en la planificación y en los preparativos del proyecto: el coronel Sandino, el comandante Guarner, de Mansilla y Escobar, Josep Tarradellas, Lluís Companys y Juan Comorera entre otros (466).

Sin embargo, los preparativos de la expedición acabaron siendo anunciados a todo bombo y platillo por la prensa catalanista. A. Rovira i Virgili la consideraría en sus artículos como uno de los deberes pendientes que tenía "La Catalunya peninsular" (467). En el mismo artículo, se alude a la oposición que existía a la expedición, entre numerosos técnicos militares y políticos. Los opositores al proyecto consideraban que las circunstancias del momento, aconsejaban centrarse en los objetivos militares primordiales, que eran la toma de las ciudades de Sevilla, Zaragoza y Burgos. Unos días más tarde, el mismo periódico, defendía las razones estratégicas que habían llevado a preparar la operación. La isla de Mallorca en manos de los sublevados, constituía una plataforma natural, situada detrás de las líneas republicanas, desde donde se podía hostigar las costas y bombardear sus ciudades (468).

La campaña de la prensa, anunciando los preparativos militares, dejaron a la expedición sin la valiosa ventaja del factor sorpresa. Alberto Bayo ha acusado al Comité Central de Milicias de la indiscreción y falta de seriedad:

"Mientras el secreto perteneció a mi estado Mayor, nadie supo nada del pretendido desembarco en las Baleares, pero cuando solicité el permiso del famoso <<Comité de Guerra>> de Barcelona, días después, aparecieron en la primera plana de <<La Vanguardia>> (el diario más popular de Barcelona) dos fotografías del <<Almirante Miranda>> correspondientes al Miércoles 5 de Agosto de 1936, en cuyos pies se decía lo siguiente: <<Preparando la ocupación de Mallorca>>. El buque de guerra <<Almirante Miranda>> que ha marchado a Mahón convocando una expedición de quinientos hombres que han de intervenir, ayudados por la aviación, en la ocupación de Mallorca. A la derecha: los tubos lanzatorpedos del <<Almirante Miranda>> con su carga dispuesta para su empleo" (469).

Sin embargo, la acusación parece completamente injusta e infundada. La especulación de Alberto Bayo, parece más bien, fundada en sentimientos de antipatía hacía García Oliver (la animadversión parece que era mutua) y el Comité Central de Milicias. El hecho de que la campaña de prensa estuviera iniciada por Rovira i Virgili, personaje alejado del Comité y de los anarcosindicalistas, parece apuntar a que la irresponsabilidad periodística partió del lado político opuesto a la CNT. La polémica y contradictoria anécdota refleja, una vez más, la escasa o nula predisposición del Comité Central de Milicias, a ejercer como un órgano del poder revolucionario, al no existir, ni tan siquiera unos órganos de censura adecuados, para impedir, que en tiempo de guerra, pudieran ser hechos públicos los secretos militares, de forma tan sorprendente.

La actitud del Comité de Milicias y en particular la de los cenetistas, fue la de aceptar finalmente los planes militares que se habían preparado sin su conocimiento. Juan García Oliver exigió que la expedición se sometiera a la dirección política del Comité Central.

La expedición, capitaneada por Alberto Bayo, partió de Barcelona rumbo a las islas Baleares. Las milicias pertenecían mayoritariamente a Estat Català, ERC, PSUC y también a la CNT-FAI. La participación de toda una verdadera flota, constituida por destructores, submarinos, cañoneras..., refleja que el proyecto militar estaba siendo apoyado también, desde fuera de Catalunya, por sectores gubernamentales.

A la columna barcelonesa, compuesta por unos 5.000 combatientes, se unió otro grupo que provenía de Valencia, al mando del capitán de la guardia civil Uribarri. Entre los contingentes valencianos se encontraban algunos diputados socialistas, Galarzo, Ruiz del Toro y Ruiz Lecina. Posteriormente se añadieron los buques de guerra que se encontraban en Mahón y algunos hidroaviones.

La participación de los notables socialistas y la de toda una flotilla de barcos de guerra de la Marina pone en evidencia la colaboración del gobierno de Giral y del algunos sectores del Partido Socialista. El mismo Joaquín Almendros habla de que el proyecto era conocido por Largo Caballero, que lo había aprobado (470). El socialista moderado Juan Simeón Vidarte, asegura que el proyecto fue discutido en el Consejo de Ministros y finalmente acabó contando con el apoyo del gobierno de Madrid (371). Sin embargo otros sectores socialistas y del gobierno lo rechazaban. La oposición fuera de Catalunya, estuvo capitaneada por Indalecio Prieto, nombrado ministro de la Guerra, en pleno desarrollo del desembarco en Mallorca. Vidarte, califica en sus memorias a la expedición como:

"... una de las páginas románticas y al mismo tiempo más descabelladas e inútiles del ejército republicano" (472).

Curiosamente Juan Simeón Vidarte atribuye erróneamente, la corresponsabilidad política de la expedición al Comité Central de Milicias (473). En cualquier caso, el papel del Comité se limitó a la aceptación del plan, una vez éste ya se había puesto en marcha sin su conocimiento, para evitar el enfrentamiento con el gobierno de la Generalitat y sus aliados, y resquebrajar, de esta forma, la "unidad antifascista". Los anarcosindicalistas podían haber impuesto sus criterios sin grandes esfuerzos, pero prefirieron no hacerlo, pese a considerar el proyecto como algo descabellado.

Las presiones contra la expedición, por parte de la oposición, existente fuera de Catalunya tuvieron, posteriormente, funestas consecuencias. Joaquín Almendros considera que las razones políticas de estos sectores gubernamentales y del Frente Popular se debieron a la tradicional desconfianza del gobierno central hacia las iniciativas de Catalunya. El aumento del prestigio del gobierno autónomo catalán era visto con buenos ojos, frente al predominio de los anarcosindicalistas, sin embargo provocaba recelos y suspicacias por la actitud nacionalista de los dirigentes catalanistas.

"Los elementos del poder Central criticaron mucho esta operación. Se ha tratado de justificar la falta de apoyo inicial, así como la orden de retirar los barcos de guerra y mercantes del escenario de esa acción de guerra. Esa actitud obedecía a un propósito bien claro: impedir o dificultar las pretensiones de la Generalitat, que esperaba fortalecer su posición política en Catalunya, Baleares y Levante..." (474).

El 8 de Agosto finalizaba triunfalmente, la conquista del resto de las islas menores, Formentera e Ibiza, que se encontraban en manos de los militares sublevados. Seguidamente, Alberto Bayo retornó a Barcelona para reclamar el envío de cañones, que consideraba necesarios para poder llevar a cabo el desembarco y la conquista de la isla de Mallorca. La respuesta del Comité Central de Milicias fue la de exigir el inicio de la ofensiva, exclusivamente con los materiales de los que se disponía. Una fuerte desconfianza y antipatía existía entre los responsables del Comité y el mando militar máximo de la operación.

El 18 de Agosto, desembarcaba un contingente armado de 2.500 hombres en las playas más desérticas de Mallorca, lejos de los principales núcleos urbanos. En pocas horas, las columnas milicianas dominaron las costas comprendidas entre Porto Cristo y Artá. La ofensiva llegó a tener una profundidad de unos diez kilómetros de profundidad en dirección hacia Manacor, localidad que no pudo ser tomada. Tras los primeros éxitos, la resistencia de la guarnición empezó a ser cada vez más fuerte, apoyada por las primeras incursiones de la aviación italiana.

La expedición adoleció, desde los primeros momentos del desembarco, de la falta del armamento adecuado para la ofensiva. Al parecer, el escaso material que les fue suministrado, llegó demasiado tarde, cuando las órdenes de retirada, procedentes del gobierno central, ya estaban dadas.

El comandante Guarner fue enviado por el Comité de Milicias a la isla, para supervisar la marcha de la ofensiva. Su informe sería tajante, el éxito de la expedición dependía de que fuera suministrado el material que Alberto Bayo reclamaba. Sin embargo, los suministros sólo llegaron en cantidades muy limitadas, e incluso parece ser que las órdenes dadas desde este organismo para que fuera enviado el material tampoco fueron obedecidas.

Simultáneamente a la realización de las operaciones militares, una serie de cambios se estaban produciendo en la retaguardia republicana. Prieto iniciaba su ofensiva contra la expedición a Mallorca, ridiculizándola en las páginas del diario "Informaciones" de Madrid.

"La reconquista de cualquier provincia española vale muchísimo más que la toma de Mallorca. No iban los facciosos mallorquines a nado con el fusil a la espalda a invadirnos por Levante" (475).

La actitud del gobierno central estaba marcada por una profunda desconfianza hacia la iniciativa catalana. Sin duda alguna, el éxito de la expedición habría reforzado enormemente el prestigio del gobierno autónomo catalán que se mostraba excesivamente independiente frente al gobierno central e indirectamente también hubiera beneficiado al Comité Central, que se había convertido en la auténtica dirección de la operación.

La dependencia en la cuestión del armamento del Comité Central hacia el gobierno central se hizo patente. El hecho de que el gobierno republicano controlara la Aviación y la Marina se convirtió en una eficaz arma de presión para conseguir la retirada inmediata de los expedicionarios de la isla. Bayo considera que Prieto fue el principal responsable del ultimátum que dió el gobierno central a la expedición.

"La retirada se debe a él. El la exigió para entrar en el Ministerio de Defensa y ésa orden fue dada porque él no creyó en la empresa, como no creyó en ninguna de las que pretendimos hacer en nuestra guerra" (476).

Las órdenes del gobierno republicano central fueron tajantes. Se ordenaba la retirada inmediata de las tropas expedicionarias que se encontraban en Mallorca. La retirada de las milicias se inició en la noche del 2 al 3 de Septiembre. La precipitación fue tal, que una gran cantidad de material bélico y numerosos milicianos quedaron abandonados en tierra, siendo apresados por la guarnición de la isla, y fusilados la mayoría de ellos.

Tras la llegada a Barcelona, Alberto Bayo tuvo que presentarse ante el Comité Central y ante Juan García Oliver, responsable máximo de las milicias, para rendir cuentas del fracaso de la expedición. Al parecer, en Barcelona, tanto el gobierno de la Generalitat como el Comité de Milicias ignoraban las razones de la retirada de la expedición.

El fracaso de la operación se debió, no tanto a los errores tácticos de las milicias, que fueron muchos, como a la rivalidad existente entre los diferentes poderes, y lo que éstos representaban. Una vez más, para el gobierno republicano, primaban más los aspectos políticos (la liquidación de la revolución) sobre los militares y la evolución de la guerra (la derrota del ejército franquista).

La descoordinación política entre los distintos poderes, gobierno autónomo, Gobierno de la República y Comité Central, era absoluta, agravada por la lucha a muerte que existía entre ellos. Los dos primeros encarnaban al viejo poder burgués, en sus dos versiones, la central y la nacionalista, el último era, al fin y al cabo, un organismo de poder surgido de la revolución, que debía ser combatido hasta su desaparición definitiva.

4.4.6 Solidaridad con otros frentes. Valencia, Irún y Madrid.

Las jornadas de Julio comportaron la derrota de los sublevados en la mayor parte de la península y el derrumbe de las instituciones republicanas. Sin embargo, y pese al triunfo de los revolucionarios, la victoria de la revolución de los comités solo había alcanzado la primera etapa. La no aparición de un auténtico poder revolucionario a nivel estatal implicó la existencia de un inestable período de dualidad de poderes.

A pesar de la profundidad que había adquirido la revolución en Catalunya, respecto al resto del estado, que se mantenía fuera del poder de los sublevados, los peligros seguían siendo reales. En este sentido, y no en otro, podemos entender la curiosa e ingenua combinación de la táctica del anarcosindicalismo. Negarse a la toma del poder político que la revolución había puesto en sus manos en Catalunya, para extenderla al resto de la península, mientras intentaba extender su influencia política mediante las milicias obreras, a través de una política de colaboración y de compromiso con las derruidas instituciones republicanas.

El anarcosindicalismo, triunfante en Catalunya, contaba con una fuerte presencia en las provincias del Levante y en otras zonas del estado que debía mantener a toda costa. Sus victorias militares, indudablemente, hubieran aumentado enormemente el prestigio de sus columnas armadas, y por lo tanto, de su propio proyecto revolucionario. Por otra parte, el Comité Central de Milicias tenía que evitar, a toda costa, que la Catalunya revolucionaria quedara aislada, geográfica y políticamente, del resto del estado, donde habían fracasado los insurgentes. El peligro de aislamiento que corrían los revolucionarios catalanes provenía de dos frentes: la victoria de los sublevados y la recuperación total del control político por parte de las instituciones republicanas y de sus aliados del Frente Popular. Por este motivo, la primera industria bélica de Catalunya, envió grandes cantidades de municiones y de material de guerra a otras zonas de la península, cuando el mismo frente de Aragón padecía una escasez angustiosa.

"Hemos entregado armas y municiones a todos los frentes: a Córdoba, a Málaga, al Centro, a Levante, a Irún, etc.; hemos proporcionado algunas piezas de artillería a los frentes del sur, al mismo tiempo que sosteníamos la campaña de Mallorca y nuestra empresa de reconquista de Aragón, sin hablar de material sanitario, ambulancias, camiones, víveres, ropas, obuses de artillería de todos los calibres, que habíamos comenzado a fabricar en gran escala".
"A la misma defensa de Madrid, hemos contribuido desde Catalunya con unos diez mil hombres armados..." (477).

En los primeros momentos del triunfo en Catalunya, el Comité Central de Milicias no sólo tuvo que enfrentarse a la amenaza de los sublevados, que habían triunfado en Zaragoza y en el resto de la región aragonesa, sino que tuvo que asegurar que la vacilación de las guarniciones militares existentes en Valencia, se tradujera en el triunfo del Comité Ejecutivo Popular y no en el de los partidarios de los facciosos. Las directrices de la junta enviada por el gobierno de Giral, dirigida por Martínez Barrio, y encargada de mantener la autoridad del estado republicano en la región fueron claramente desmovilizadoras. La junta gubernamental, apoyada únicamente por el Partido Comunista, pretendía que fuera desconvocada la huelga general, organizada por los sindicatos, negociar las condiciones para conseguir la neutralidad de las tropas acantonadas en la zona, que estaban dirigidas por el general Martínez Monje y la disolución inmediata del Comité Ejecutivo Popular.

Las órdenes gubernamentales fueron desobedecidas por la población que seguía desconfiando de las sospechosas muestras de lealtad republicana que ofrecía Martínez Monje, mientras sus tropas continuaban acuarteladas en sus guarniciones, y vigiladas estrechamente por la población. El Comité Ejecutivo Popular de Levante continuó funcionando al margen de la junta de Martínez Barrio, que era desobedecida y arrinconada por los trabajadores.

Mientras los militares, en Valencia, dudaban en sumarse a la sublevación, el Comité Central de Milicias de Catalunya amenazaba a las autoridades republicanas, que exigían la desmovilización popular y la restauración inmediata de su autoridad, con el envío de columnas de milicianos para apoyar a los sectores revolucionarios.

Cuando a finales del mes de Julio, los militares de Valencia decidieron sumarse a la sublevación, los obreros valencianos, dirigidos por el Comité Ejecutivo Popular, se lanzaron a sofocar el levantamiento con armas procedentes de los suministros que habían llegado por el Comité Central de Milicias de Catalunya y también por las organizaciones anarcosindicalistas de Barcelona y de Madrid. Indudablemente, el factor catalán contribuyó decisivamente a la victoria de los revolucionarios en Levante.

La victoria de los revolucionarios en Catalunya fue fundamental para la moral de los trabajadores valencianos al enfrentarse a los sublevados y, sin ninguna duda, fue en detrimento de la de éstos. También la llegada de armas procedentes de Barcelona contribuyó a aumentar las posibilidades de éxito para los revolucionarios levantinos en su combate para sofocar la sublevación.

El resultado fue el completo desmoronamiento, como en Catalunya, de las autoridades republicanas de la región y la derrota total de los insurgentes. El Comité Ejecutivo Popular se constituía como la junta de poder territorial en la región hasta la llegada, pocos meses después, el 7 de Noviembre, del gobierno republicano central, ahora presidido por Largo Caballero, que abandonaba Madrid, en peligro de caer en manos del ejército franquista. La negativa de los libertarios a constituir un auténtico gobierno revolucionario, tanto en Catalunya como en Valencia, fue la causa principal de la rápida decadencia que sufrió el Comité Ejecutivo Popular, a la llegada de las autoridades republicanas.

"... su duración fue efímera pues el traslado del gobierno central a Valencia no tardó en asfixiarlo y no permitió que realizara nada comparable a la obra del Consejo de Economía de Catalunya...".

"Cuando el 7 de Noviembre de 1936 el gobierno de Largo Caballero se instaló en Valencia, el Comité Ejecutivo Popular empezó a debilitarse y desapareció en el mes de Diciembre. Fue reemplazado por Consejos provinciales en cada una de las cinco provincias de Levante..." (478).

La victoria militar de los revolucionarios levantinos no era suficiente. Su indiscutible victoria, su poder indiscutido en la ciudad de Valencia, tenía que ir acompañada de una verdadera voluntad para constituirse en el único poder en la región, en el poder de la revolución triunfante. La voluntad de "colaboración democrática" que alentaba a la CNT, marcó el final del Comité Ejecutivo Popular levantino.

La ofensiva que los sublevados, dirigidos por el general Mola, desencadenaron contra Euskadi y contra todo el frente norte se centró en la toma de la población de Irún, única vía terrestre que mantenía la zona republicana, conectada con Francia. Las columnas libertarias que defendían y controlaban la localidad, fueron abandonadas por las milicias nacionalistas vascas y por las autoridades francesas, que en nombre del pacto de "no intervención" bloquearon en Hendaya, un importante convoy de municiones que envió el Comité Central de Milicias de Catalunya en auxilio de los combatientes.

"Irún no pedía aviación, ni artillería, pedía solamente fusiles, algunas ametralladoras, municiones. Nos llegaron algunas delegaciones para exponer la situación angustiosa en que se encontraban los combatientes de aquella región, por falta de armas y de municiones. Nos aseguraron que Irún no caería si se les facilitaban medios para defenderse. Todas las tentativas que habían hecho ante el gobierno de Madrid para obtener algún armamento habían sido estériles y los emisarios dirigieron sus pasos hacia Catalunya en demanda de auxilio".
"... No podíamos abastecer a las milicias de Aragón, que reclamaban en vano el envío de municiones. Se planteó algunas veces el problema de Irún en el Comité de Milicias; pero nuestras disponibilidades se habían agotado por completo".
"Comprendimos que Madrid abandonaba a ese bravo pueblo norteño y que nosotros, por muchos sacrificios que hiciésemos, no podíamos salvarles" (479).

Según el testimonio de Diego Abad de Santillán, el Comité Central de Milicias tuvo que recurrir a los comités locales y de defensa, para conseguir el armamento que pedían los defensores de Irún, ya que las existencias de armamento y municiones en su poder, eran casi inexistentes. Una pequeña parte de las armas consiguió llegar a manos de la Federación Local de Sindicatos Únicos de Irún. Sin embargo, un importante cargamento de municiones, que resultaba indispensable para la defensa de la ciudad, no pudo llegar a tiempo, por el boicot francés y por la negativa del gobierno de Madrid a suministrar el transporte aéreo adecuado.

A pesar de la desesperada resistencia de los defensores, reforzados por la llegada de unos centenares de milicianos procedentes de Catalunya, que llegaron a través de la frontera francesa, el 5 de Septiembre Irún caía en manos del ejército franquista, completamente abandonada por Madrid y por las instituciones vascas. La caída de la ciudad significaba el aislamiento completo de la zona republicana del norte y también, su principio del fin.
Sin embargo, el capítulo más importante de la intervención catalana, fuera de sus fronteras naturales (es decir, salvo el frente de Aragón y el desembarco en Mallorca) fue, sin ninguna duda, la ayuda que se prestó a la defensa de Madrid. La capital del estado era uno de los objetivos principales del ejército franquista. La toma de Madrid hubiera significado una baza política decisiva para el reconocimiento diplomático del gobierno de la Junta militar de Burgos. Sin embargo, Franco y su estado mayor cometieron el error de subestimar a sus adversarios, las milicias revolucionarias. El rápido avance de las fuerzas africanistas hacia la capital, se vió desviado, a finales de Septiembre, hacia la ciudad de Toledo, donde un puñado de guardia civiles y de militares se defendía en el Alcázar de la ciudad. La conquista de Toledo por el ejército franquista, dió un tiempo precioso a las tropas milicianas, que estaban organizando la defensa de Madrid.

La contribución catalana en armamento y en hombres a la defensa, primero del frente de Talavera, y después de la capital, fue importante. El 10 de Septiembre llegaba a Madrid la centuria italo-catalana Gastone Stozzi, para integrarse en las milicias comunistas del V Regimiento. A finales del mismo mes, la columna "Libertad", integrada por milicianos comunistas, entraba en combate en la zona centro, en el frente de Talavera. Con posterioridad llegaba a la capital madrileña la columna "Tierra y Libertad" con mil quinientos voluntarios, bajo la responsabilidad de Federica Montseny y por Diego Abad de Santillán. La columna libertaria se formó con voluntarios procedentes de la malograda expedición a Mallorca. Sin embargo, al parecer, la columna se formó a espaldas del Comité Central de Milicias. Al parecer y según el testimonio del García Oliver, la formación de esta columna fue motivo de roces y de enfrentamientos entre los dirigentes de la CNT en el Comité Central de Milicias (480).

Posteriormente otros nuevos contingentes de las milicias catalanas se incorporaron a la defensa de Madrid, entre ellos destacaron por su importancia, las milicias poumistas y la columna dirigida por Durruti que se batió en la ciudad universitaria. Sin embargo, estas nuevas incorporaciones se dieron fuera del período del trabajo que nos ocupa, en pleno retroceso del movimiento revolucionario en Catalunya y en el resto el estado.

4.4.7 Los Consejos de soldados.

El fenómeno de los comités es una característica peculiar del espontaneismo de la revolución española. La fiebre de los comités se extendió a todo el territorio de la República, donde los militares habían sido derrotados, y también alcanzó e inundó a todo el panorama político y económico de esta zona (los comités adquirieron funciones políticas y económicas, ocupando el vacío político que habían dejado las instituciones de poder republicanas y la burguesía que se había dado a la fuga).

Los comités revolucionarios también aparecieron, desde los primeros momentos, en las filas de los semidisueltos cuerpos policiales y en los restos del ejército que se había mantenido fieles a la autoridad del gobierno. La fiebre revolucionaria había contagiado a los restos del brazo armado con los que contaba el Estado republicano burgués.

La ola espontánea, creadora de los comités, fue aprovechada por el Comité Central para asegurarse el control de dichos cuerpos y de las recién organizadas milicias revolucionarias.

Consejos de Obreros y Soldados, supeditados a las directrices políticas del Comité de milicias, fueron creados entre los restos de los cuerpos de Aviación, Infantería y Artillería que se habían mantenido leales al gobierno republicano; también aparecieron entre los carabineros, empleados de Aduanas, Mozos de Escuadra y en Sanidad, por iniciativa del departamento de guerra.

"Para asegurarse el control de las recién organizadas milicias y limpiar las fuerzas gubernamentales de posibles traidores, la CNT y la UGT introdujeron un sistema de consejos de obreros y soldados. Fue en Barcelona donde primero se organizaron, extendiéndose luego por Levante, Andalucía y hasta Madrid. Los consejos no tenían por misión asumir la dirección militar de las operaciones, sino la de impedir que el control político de las unidades armadas pasara de las organizaciones obreras a los oficiales profesionales que actuaban en calidad de asesores técnicos de las milicias" (481).

John Brademas recoge el testimonio, especialmente revelador, de uno de los principales creadores de los Consejos de Obreros y de Soldados, que estaban compuestos por tres delegados cenetistas y por tres ugetistas:

"La creación de los comités fue determinada por la necesidad de continuar la lucha y de tener la confianza más absoluta en las decisiones generales del mando militar... Las milicias obreras necesitaban una dirección garantizada. La consiguieron, mezclando sus propios elementos a los que, elegidos por los cuerpos y unidades militares respectivas, tenían idéntico fin: <<luchar unidos, bajo una dirección responsable y leal...>>" (482).

Los comités de soldados que actuaban bajo la dirección política del Comité Central de Consejos, subordinado a su vez al Comité Central de Barcelona, mantenían el control y la vigilancia sobre los militares profesionales que combatían al lado de las milicias. También atendían a los problemas y conflictos de disciplina que sucedían en los cuarteles y en el frente.

El propósito de los anarcosindicalistas era poder romper definitivamente la disciplina y los sentimientos corporativistas que todavía pudieran anidar en los cuerpos policiales, y evitar que en el futuro, pudieran ser utilizados contra los sectores revolucionarios.

"Los Consejos de Obreros y Soldados los creamos para hacer imposible la sublevación de los guardias civiles, cosa que se logró. Pero también para impedir el éxito de las maniobras que los comunistas realizaban en el resto de la España republicana, donde con la complicidad de socialistas y republicanos, se estaban apoderando de todos los mandos de las fuerzas armadas..." (483).

Los Consejos de Obreros y de Soldados, fomentados por el Comité Central de milicias, contaron, desde los primeros momentos, con la oposición de los comunistas del PSUC, que veían en ellos organismos que introducirían, en los ya destartalados cuerpos policiales de la República, elementos de indisciplina y de desintegración.

"La idea fue apoyada por Brotons y por aquellos jefes y oficiales que, en tales consejos, veían el mejor y más eficaz instrumento para introducir un elemento corrosivo en la disciplina de la Guardia Civil. Una institución de esa índole, de férreos reglamentos, deja de ser efectiva, cuando se le introduce el germen de la discusión y la falta de respeto a la autoridad. Fácil es darse cuenta de que los anarquistas, con esto, le hacían el juego a los enemigos de la República y a sus propios enemigos" (484).

Los Consejos de Obreros y de Soldados, como toda la estructura de comités revolucionarios que se había formado por doquier, entre los milicianos y entre los cuerpos policiales fieles a la República, dificultaba los planes del PSUC y del gobierno de la Generalitat para dotarse de una fuerza de choque fiel, para poder contrarrestar la hegemonía de la CNT.

Sin embargo, los partidarios de la restauración republicana contaban con un elemento que iba a ser decisivo para sus propósitos. El compromiso político del anarcosindicalismo para respetar la existencia de las antiguas autoridades republicanas iba acompañado, implícitamente, de la no disolución de las viejas fuerzas de orden público, lo que, a pesar de la actividad de los comités y de los consejos en su seno, permitió al Front d'Esquerres y al gobierno de la Generalitat, ir recuperando, poco a poco, sus efectivos y por lo tanto, también su perdido poder.

Los Consejos, quedaron mortalmente heridos por la posterior desaparición del Comité Central de Milicias, y acabaron por desaparecer después de Noviembre, para dar paso a los comisarios políticos. La figura del "comisariado político", copia superficial de los que existieron en el seno del Ejército Rojo soviético, demostraron ser un instrumento mucho más sumiso que los Consejos, para los planes de los partidarios de la reconstrucción de la República y de su ejército.

4.4.8 Las Brigadas Internacionales.

Independientemente del heroísmo, del sentimiento de solidaridad y de los ideales internacionalistas que animaron a cerca de 35.000 voluntarios de 59 países, a combatir junto a los revolucionarios y al gobierno de la República, contra la reacción franquista, las brigadas internacionales fueron un instrumento político.

La mayor parte de las columnas de voluntarios procedentes de estos países fueron formadas por los partidos comunistas, siguiendo las instrucciones dadas por la Komintern. También existieron numerosos grupos que intervinieron en la contienda bajo las siglas de otras organizaciones de otros países. libertarias, socialistas, trotskistas y toda una amplia gama de variantes izquierdistas... El hecho de que muchos de los voluntarios internacionalistas no militaran en las secciones nacionales comunistas, no significa que éstas, no estuvieran organizadas y dirigidas por destacados agentes estalinistas.

Entre éstos, quizás merece destacar la figura del general Emilio Kebler, cuyo verdadero nombre era Stern, y que había participado anteriormente en otras misiones en China, para los dirigentes de la Komintern, André Marty y Luigi Longo, André Malraux... (485).

Sin duda alguna, la importancia de la participación de las brigadas internacionales en los combates, y en concreto, en la defensa de Madrid, fueron importantes, aunque numerosos políticos e historiadores se han cuestionado que ésta llegara a ser decisiva para rechazar la ofensiva franquista que amenazaba con apoderarse de la capital (486). Sin embargo no es objetivo de este trabajo tratar a fondo este debate, sino la importancia política que supusieron las brigadas internacionales.

El envío de las primeras armas soviéticas y la llegada de las primeras columnas de voluntarios internacionalistas ponía en evidencia el cambio que se había producido en la política llevada a cabo por Stalin. La postura de "no intervención" no podía mantenerse sin graves consecuencias.

"La URSS no podía eludir su deber de solidaridad activa con el pueblo español en armas, so pena de desacreditarse ante el proletariado mundial. Este deber coincidía, por un lado, con la orientación antihitleriana de la política exterior soviética en este período" (487).

Por otro lado, la política de Stalin se encaminaba a una mayor defensa de los intereses de la burocracia del Kremlin en su búsqueda de consolidar su alianza con Francia y poder extenderla hacia Gran Bretaña. Política que estaba siendo gravemente cuestionada por los acontecimientos revolucionarios de España.

El armamento y las brigadas iban a convertirse en un verdadero caballo de Troya para la penetración política del estalinismo en la guerra civil española, en su defensa del poder republicano y de la naturaleza supuestamente democrático burguesa de la revolución.

Junto a las brigadas de voluntarios internacionales y los suministros de armas, llegaron, también, numerosos agentes de la GPU estalinista, dispuestos a asesorar y ayudar a la sección española de la Komintern, el PCE y el PSUC, para aumentar y consolidar su creciente control político sobre la situación. Indudablemente las brigadas internacionales constituyeron una importante base para la formación de los primeros contingentes militares del que iba a convertirse, unos meses más tarde, en el nuevo ejército de la República.

La oposición a las brigadas internacionales partió de diferentes organizaciones, que consideraban que el aporte de unos miles de voluntarios de diversos países no iba a contribuir en nada, o en casi nada, a la victoria sobre el ejército franquista, y en cambio adivinaban o presentían que éstas formaban parte de los planes de Stalin para intervenir en la guerra civil española. Socialistas de izquierdas y libertarios recelaron de los verdaderos propósitos del PCE-PSUC en su apoyo a la entrada de los voluntarios internacionales. El argumento de los anarcosindicalistas estaba cargado de razón, en la guerra sobraban hombres y faltaban armas.

"Para tener un primer instrumento de dominación en la mano, el Gobierno central, asesorado por la diplomacia rusa, dió entrada a las llamadas brigadas internacionales, con el pretexto infame de que las milicias no sabían batirse ni obedecían. ¡No obedecían a quienes no debían obedecer!" (488).

En Catalunya, el Comité Central de Milicias dió órdenes a los comités locales que vigilaban las fronteras para que impidiesen el paso de los cientos de voluntarios que esperaban entrar por Francia. Numerosos de estos brigadistas fueron detenidos en la frontera y devueltos si carecían de los credenciales exigidos por el Comité.

Pese a los recelos que expresaron algunos de los sectores de los socialistas de izquierda, el gobierno republicano y las organizaciones del Frente Popular apoyaron la formación y entrada de las brigadas. Sin duda alguna, su participación en la contienda, facilitaría los planes de reconstrucción del ejército, y constituiría también una de las bases más sólidas con las que contarían. Por este motivo, Indalecio Prieto, ministro de la guerra en aquellos momentos, se encargó de que los brigadistas que eran expulsados en la frontera catalana fueran rápidamente embarcados en los puertos franceses de Séte y Marsella para ser enviados a los de Cartagena, Alicante y Almería, que estaban controlados por el gobierno republicano.

Posteriormente y tras numerosas presiones, el Comité Central de Milicias tuvo que dar marcha atrás y permitir la entrada de los voluntarios internacionales.

"Finalmente, mediante su presión y en vista de los reveses de nuestras fuerzas en el Centro, se permitió su entrada, no sin antes haber tenido choques sangrientos para abrir brechas en la frontera".

"Los anarcosindicalistas, ayudados por los elementos del POUM, argumentaban, como defensa de su negativa, que la mayor parte de los voluntarios pertenecían al Partido Comunista, lo que era cierto. Decían que el triunfo del comunismo en España significaría la liquidación del anarcosindicalismo tal como había sucedido en Rusia" (489).

El cambio de actitud de los anarcosindicalistas catalanes se debió, según el testimonio de algunos de sus dirigentes, a su falta de comprensión que existía sobre el verdadero significado político de las brigadas internacionales (490). Impedir la entrada de los brigadistas significaba, forzosamente, enfrentarse a los comunistas partidarios de Moscú y a sus aliados en el gobierno republicano, lo que hubiera llevado a la ruptura y, en consecuencia, a la necesidad de llevar la revolución hasta las últimas consecuencias. La postura de compromiso y de "colaboración antifascista" colocaba a la CNT en una auténtica trampa, de la que, siendo consecuente con su política del momento, solo podía escapar cediendo a las presiones de sus adversarios políticos del Frente Popular.

4.4.9 Las primeras tentativas para recuperar el poder.

Los intentos para reconstruir el viejo aparato estatal y recuperar el poder perdido a causa de la revolución empezaron, de hecho, desde las mismas jornadas de Julio. Apenas terminados los combates, el Gobierno de la Generalitat decretó una serie de concesiones y de mejoras laborales a los trabajadores (jornada de trabajo de 40 horas, la aprobación de todas las bases de trabajo presentadas antes del 19 de Julio, tal como las habían presentado los sindicatos. aumento del 15% de los salarios, rebaja de los alquileres...).

Todas estas medidas estaban destinadas a que el gobierno de Lluís Companys recuperara la iniciativa perdida ante los revolucionarios. Sin duda alguna las consecuencias de estas medidas fueron nefastas para la nueva economía en formación y se dejarían ver en el período posterior, contribuyendo al aumento de los índices de inflación. Otras medidas adoptadas eran completamente inadecuadas en aquellos momentos en los que se iniciaba lo que iba a ser un largo y sangriento conflicto bélico. Sin embargo, expresaba la firme voluntad del gobierno catalán de no dejarse arrebatar su autoridad por la revolución triunfante, es decir, a no desaparecer de la escena política, sin oponer resistencia. El dirigente libertario Juan Peiró criticó duramente las improvisadas maniobras que había llevado a cabo la Generalitat, en un artículo publicado en "Solidaridad Obrera":

"A juicio mío, yerran fundamentalmente los que creen que es ahora el momento propicio para implantar sendas reivindicaciones proletarias de tipo social, como son la reducción de jornadas y el aumento de sueldos y salarios. El error inicial ha partido de la Generalitat... yo presumo que el gesto del gobierno de la Generalitat ha querido ser un golpe de efecto para captarse las simpatías del proletariado catalán" (491).

Esta actitud, menospreciada durante los primeros meses por los dirigentes libertarios, iba a ser la que iban a tomar, tanto el gobierno central de la República, como el de la Generalitat, hasta la recuperación total de su poder. Los anarcosindicalistas habían permitido que las autoridades republicanas sobrevivieran en Catalunya, aunque fuera adquiriendo una forma espectral y simbólica, sin embargo seguían existiendo. Companys y sus aliados no podían aceptar seguir vegetando indefinidamente, como una pretendida cobertura "legal" de la revolución, hasta desaparecer, como consecuencia de una nueva radicalización de la situación, o a causa de la victoria definitiva de los militares sublevados. El hecho de que fuera de Catalunya y Aragón, las fuerzas obreras mayoritarias fueran defensoras del orden republicano y del programa del Frente Popular marcó la auténtica diferencia que existió en los procesos y en la dinámica de las dos situaciones claramente revolucionarias. El proceso de recuperación del poder republicano y en contrapartida, el retroceso y la liquidación del de los comités fue muchísimo más rápido a nivel estatal, mientras que en Catalunya y Aragón, la decadencia de los organismos del poder revolucionario eran mucho más lenta.

Apenas unos días después de las jornadas de Julio, el 24 del mismo mes, se daban instrucciones en Madrid, para que los soldados pertenecientes al disuelto ejército, se reincorporaran a los cuarteles para ponerse a disposición del gobierno de la República. Junto a estas órdenes, se decretaba la movilización de los reemplazos de 1933, 1934 y 1935. Una semana más tarde el raquítico gobierno Giral estipulaba que los sueldos de los milicianos serían pagados por el Estado. El decreto convertía a las milicias revolucionarias en dependientes del gobierno. Eran los primeros signos de revitalización del poder burgués republicano, después de las jornadas de Julio. Con estas medidas el gobierno republicano pretendía conseguir un contrapeso a las milicias revolucionarias que todavía dominaban las calles y las afueras de Madrid, integrándolas en su órbita política.

Pese a todo, el proceso de reconstrucción del viejo ejército no iba a ser tan sencillo. Durante los siguientes meses, todos los intentos del gobierno Giral por recuperar su brazo armado, apoyado por el PCE y por los sectores más moderados del Frente Popular, acabaron en un rotundo fracaso. La revolución de los comités también había calado hondo fuera de Catalunya, en toda la geografía republicana. Las milicias obreras se habían convertido en el principal polo de atracción de los nuevos reclutamientos. El plan para dotar a la República de un nuevo ejército tuvo que seguir madurando durante los siguientes meses, hasta la formación del gobierno de Largo Caballero.
Paralelamente se pretendía reconstruir los cuerpos policiales. A principios del mes de Agosto el gobierno hacía un llamamiento a la población para ingresar en ellos. Sin embargo, las invitaciones fueron desoídas y el ingreso de voluntarios, escaso. Finalmente se tuvo que incorporar a todos los aspirantes que no habían podido ingresar en los cuerpos de policía, en el período anterior a la contienda, para cubrir la falta de efectivos.
Pocos días después, el 25 de Julio, el ministro de Gobernación decretaba, con el consentimiento de la mayoría de las organizaciones obreras, que los servicios de vigilancia de la ciudad serían llevados a cabo por las fuerzas gubernamentales del Orden Público. Mientras que las milicias revolucionarias tendrían que concentrarse en los cuarteles y la población debería entregar las armas que pudiera tener en su poder. El consentimiento de las direcciones de las organizaciones obreras a estos decretos, hicieron que éstos pudieran ser llevados a la realidad.

Sin embargo, los llamamientos del gobierno a desarmar la retaguardia fueron contestados por las organizaciones obreras más izquierdistas y por los comités, que veían con desconfianza las maniobras que estaba llevando a cabo el gobierno.

"Se han fijado en Madrid unos carteles que dicen así":
"<<Milicianos, las armas son para el frente. Pasearse por Madrid con el fusil al hombro, mientras otros compañeros se baten en la sierra, se parece mucho a una cobardía. Los que no sirvan para la guerra que devuelvan inmediatamente el arma>>".
"En Madrid las cosas van mucho más despacio que en Barcelona. Aquí, unos carteles de esta forma, provocarían tal indignación entre la clase trabajadora, que sería necesario una rectificación contundente en evitación de un conflicto grave" (492).

Efectivamente, la dinámica de la situación en Madrid y en Barcelona, sin dejar de ser, ambas, revolucionarias, sí que tenían diferentes correlaciones de fuerzas.

El llamamiento de los reemplazos, hecho por el gobierno de Madrid y recogido por la Generalitat, provocó un fuerte conflicto en Catalunya y un amplio movimiento de rechazo entre la población. En Barcelona, el 10 de Agosto se celebró una asamblea que reunió a diez mil jóvenes pertenecientes a las quintas afectadas por el decreto. La concentración votó y decidió sumarse a las milicias revolucionarias.

"Nosotros no rehuimos el cumplimiento de nuestro deber cívico y revolucionario. Nosotros queremos ir a Zaragoza, a libertar a nuestros hermanos, queremos ser milicianos de la libertad, pero no seremos, no podemos ser soldados uniformados".

"Se ha demostrado palpablemente que el ejército regular era un peligro para el pueblo, que la salvación del mismo, que la defensa de las libertades ciudadanas reside pura y exclusivamente en las milicias populares..." (493).

El Comité Central de Milicias decidió tomar, finalmente, una postura de compromiso. El 6 de Agosto publicaba una nota en la que ordenaba que los nuevos soldados acudiesen a los cuarteles para ponerse a disposición de los comités de milicianos. Una vez más, el Comité de milicias adoptaba una posición intermedia, obedecía el decreto al aceptar el reclutamiento forzoso de los reemplazos, pero canalizaba el decreto hacia las milicias.

"El Comité Central de Milicias Antifascistas, de acuerdo con el Consejero de Defensa de la Generalitat de Catalunya, ha decidido que los soldados de los años 1934, 1935 y 1936, se reintegren inmediatamente a los cuarteles y que allí se pongan a disposición de los comités de las milicias, constituidos bajo la jurisdicción del Comité Central" (494).

El reclutamiento de las nuevas tropas, que pasaron a fortalecer a las milicias, se hizo por medio de los comités locales que existían por toda Catalunya, es decir, al margen de los canales deseados por el gobierno de la Generalitat, que veía, una vez más, escapársele de las manos, las posibilidades de dotarse de un contingente armado, bajo su disciplina. Sin embargo, la actitud política de la CNT significaba, en realidad, un nuevo paso atrás. Al aceptar "a su manera" el decreto, reconocía la existencia y legitimidad del gobierno, y también "a su manera", se sometía a la legalidad republicana.

Simultáneamente, y mientras fuera de Catalunya, las milicias de retaguardia empezaban a ser arrinconadas y sometidas al gobierno de Giral, en Barcelona, el 10 de Agosto, el Comité Central daba a conocer el nuevo proyecto de estructuración de las Patrullas de Control. Las fuerzas del Front d'Esquerres y de la Generalitat eran todavía demasiado débiles para imponer sus criterios al movimiento revolucionario. Sin embargo, los cuerpos policiales sujetos a la disciplina de la Generalitat, siguieron existiendo junto a las patrullas de control, creando una duplicidad de funciones, que fue una permanente fuente de enfrentamientos entre ambas partes. La política de compromiso del Comité Central de Milicias con el gobierno catalán permitió que ambas policías siguieran existiendo al mismo tiempo. El anarcosindicalismo, convencido de su enorme fuerza, aceptaba la coexistencia sin darse cuenta, que no era suficiente con la formación de consejos revolucionarios en el interior de los cuerpos policiales, para asegurarse su fidelidad al orden revolucionario.

De forma paralela, a los intentos de reconstrucción del ejército y de los antiguos cuerpos policiales, el gobierno de la Generalitat buscó el fortalecimiento de su gobierno, mediante la integración de las fuerzas obreras que le eran afines. Durante las primeras semanas de Julio, el gobierno catalán no pudo tomar otra actitud, frente al Comité de Milicias, que refrendar sus decisiones. Sin embargo, y progresivamente, la dualidad de poderes existentes entre el Comité Central y la Generalitat se transformó en una competencia entre ambos, en una duplicidad de funciones y acciones, que se intercalaban y se dificultaban mutuamente.
El 31 de Julio el gobierno de la Generalitat daba a conocer, en el Butlletí Oficial, un decreto por el que se aceptaba las dimisiones de todo el gabinete. En la misma publicación, se daban a conocer los nombres, de los que pasarían a ser los nuevos consejeros. El nuevo gobierno incluiría, además de los delegados de ERC, AC y UdR (que ya estaban presentes en el gobierno anterior) a tres representantes del Partido Socialista Unificado de Catalunya (Joan Comorera i Soler, conseller de Economía; Estanislao Ruiz i Ponseti, de avituallamientos y Rafael Vidiella en comunicaciones). El mismo Lluis Companys se autonombraba presidente de Catalunya, delegando la presidencia de la Generalitat a Joan Casanovas. La maniobra de Lluís Companys se completaba con el nombramiento del teniente coronel Felipe Díaz Sandino en la nueva Consejería de Defensa, con el objetivo de fortalecer el proyecto militar de la Generalitat.

La entrada del PSUC en el gobierno catalán, una organización que estaba en alza, y que empezaba a destacarse por su enérgica defensa del orden republicano, frente a la revolución, reforzaba su autoridad política, y por lo tanto, cuestionaba el papel del Comité Central de Milicias y comprometía gravemente a la misma revolución. Era evidente que la recomposición del gobierno catalán apuntaba en esa dirección política. El hecho de que se hubieran sido creados con anterioridad las consejerías de Defensa, Servicios Públicos, Aprovisionamiento y Comunicaciones, copiando la estructura del Comité Central de Milicias, refleja su intención de sustituirlo definitivamente, cuando las circunstancias lo hicieran posible.

La CNT-FAI y el POUM así lo entendieron en sus declaraciones.

La reacción de los sectores más izquierdistas del Comité Central fue inmediata. Los representantes anarcosindicalistas exigieron la inmediata disolución del nuevo gabinete y la renuncia de los representantes del PSUC, mientras que el POUM pedía el reforzamiento del Comité de Milicias o la formación de un gobierno obrero, que respondiera a la nueva situación y que superara, definitivamente, al Front d'Esquerres.

"Era obvio que, al tomar posesión de sus puestos en el gobierno de la Generalitat, los representantes de la Esquerra, del PSUC y de los rabassaires dejarían de presentarse en el Comité de Milicias, donde quedaríamos solamente nosotros y el POUM. Habría pues, que abandonar las socializaciones y colectivizaciones que se sostenían al amparo del Comité de Milicias..." (495).

Sin embargo, las reacciones de rechazo no parecen haber sido ni tan claras ni tan homogéneas. Juan García Oliver afirma que el nombramiento del nuevo gobierno fue llevado a cabo con el consentimiento del Comité Regional de la CNT, a instancias de Federica Montseny y de Marianet, secretario de la organización, y sin que hubiera llegado a oídos de los representantes libertarios del Comité de Milicias. La versión del historiador estalinista Manuel D. Benavides coincide por completo con la suya (496).

Esta explicación de los hechos no es tan descabellada, si tenemos en cuenta que eran los anarcosindicalistas los que dominaban la situación revolucionaria en Catalunya, y que el gobierno de la Generalitat había tenido que maniobrar con exquisita prudencia hasta el momento. El visto bueno del Comité Regional cenetista habría supuesto, de hecho, el fin del Comité Central de Milicias y no, una amenaza a la larga, como lo interpreta Caminal (497).

"De dejar a Casanovas seguir con su maniobra, el Comité de Milicias, órgano de la fuerza revolucionaria de nuestras organizaciones, habría dejado de existir. El dilema era sencillo: o revolución adelante con el Comité de Milicias, o regresión al punto de partida burgués con el gobierno de Casanovas en la Generalitat de Catalunya" (498).

Finalmente la posición de Juan García Oliver se impuso entre los dirigentes cenetistas. En una reunión con Joan Casanovas, los delegados libertarios Juan García Oliver, Aurelio Fernández, Marcos Alcón y Marianet, exigieron que se acabara con la nueva situación creada, so pena de provocar el enfrentamiento con los sectores revolucionarios.

La postura del POUM fue mucho más dura que la de la CNT y de la FAI. Su posición política fue recogida en el artículo editorial de "La Batalla":

"La solución está en la aplicación de la economía socialista... desgraciadamente quienes parecen no comprender este estado de cosas, son las fracciones y partidos del proletariado, al no plantear la constitución del gobierno obrero, como nuestro partido preconiza, aceptan la imposición de un cadáver político...".

"La política de los partidos y organizaciones obreras consiste prácticamente en delegar su representación en los gobernantes burgueses..." (499).

En un artículo publicado el mismo día, titulado "ante la nueva crisis de la Generalitat", el POUM criticó duramente la actitud de los anarcosindicalistas ante la crisis. Desde la óptica política del artículo, la exigencia de los libertarios para que el PSUC renunciara a los puestos en el gobierno, sólo beneficiaba a ERC, al darle una representación en la vida política que no tenía. Lo asombroso de la posición poumista era defender tal afirmación, en aquellas circunstancias. La entrada del PSUC en el gobierno de la Generalitat no ayudaba en absoluto a la radicalización de la Catalunya revolucionaria, ni tan siquiera a la del gobierno catalán. La integración de los representantes comunistas tenía una sola intención, revitalizar la espectral posición del gobierno frente a la revolución y el Comité Central de Milicias. En esta cuestión, la posición política de ERC y del PSUC apenas se diferenciaban.

En el periódico del día siguiente, el POUM se mostraba partidario de radicalizar la situación.
"Por eso nuestro partido exige hoy el poder para la clase trabajadora, mediante la formación de un gobierno obrero y la convocatoria de una asamblea constituyente, sobre la base de los comités de obreros, campesinos y combatientes (milicianos, soldados y guardias)" (500).

Sin embargo, la postura real del POUM no era tampoco tan radical como aquellas consignas parecían apuntar. Pocos días después, esta organización se integraba en uno de los principales organismos de colaboración con el gobierno de la Generalitat: El Consejo de Economía de Catalunya. Este hecho político entraría en contradicción con la radicalización poumista.

El ultimátum de la CNT y de la FAI provocó la crisis y la dimisión fulminante del recién formado gabinete. En el mismo día, se publicaba un nuevo decreto por el que Companys aceptaba su dimisión en pleno y la formación de uno nuevo, en el que desaparecían los nombres de los representantes del PSUC. La maniobra de Lluís Companys había sido demasiado prematura y los efectos evidenciaron que el anarcosindicalismo seguía teniendo la indiscutible hegemonía en Catalunya.

Días después, la autoridad política del gobierno autónomo quedaba nuevamente debilitada por la dimisión del capitán Escofet y de los hermanos Guarner de la Consejería de Orden Público
La dimisión del gabinete fue explicada por Casanovas en la prensa, como una renuncia "amistosa" de los representantes comunistas, para evitar los roces con otras organizaciones y salvar la "unidad antifascista".

"El señor presidente ha recibido a los periodistas por la tarde, y les ha dicho: el señor Casanovas me ha dado cuentas por haberse declarado la crisis total del gobierno, motivada por el deseo que le había animado de congregar las mayores asistencias de elementos de avanzada, en lugar de conseguir su objetivo, resultaba que podía crearse un ambiente de recelo o de contrariedad que en lugar de sumar el esfuerzo de todos, podía aumentar las diferencias de orden sindical" (501).

La marcha atrás, efectuada por Companys y por Casanovas, fue considerada por el PSUC como una muestra más de la docilidad demostrada por ERC frente al Comité de Milicias y duramente criticado. Una vez más, Esquerra retrocedía ante el anarcosindicalismo y rehuía presentar combate.

"Dócil al Comité de Milicias, Casanovas, con el asentimiento de Companys, sustituyó el gobierno del 1 de Agosto por otro de composición análoga al del 19 de Julio, y del que desaparecieron los representantes del PSUC" (502).

Sin embargo, el fracaso de la maniobra, hizo comprender a los dirigentes del PSUC de que el desenlace había sido inevitable. La revolución de los comités y la hegemonía anarcosindicalista estaban todavía en la cresta de la cumbre y nada se podía hacer, en aquellas condiciones, sin el consentimiento de los últimos.
"La resolución de la crisis gubernamental, convenció a Comorera de que el acuerdo entre Companys y los dirigentes de la FAI y de la CNT, para constituir el Comité Central de Milicias Antifascistas, había sido inevitable. Él, que había combatido tanto el <<faísmo cien por cien>>, que había dicho que con la CNT no se podía decir nada, que acabaría identificándose faísmo y <<failangismo>>, se daba cuenta de que no se podía hacer nada al margen de la FAI y de la CNT. No había otra salida que intentar la unidad con quién tenía la fuerza" (503).

No se podía buscar el enfrentamiento de forma directa, sin provocar el desastre, que había podido evitarse durante las jornadas de Julio. La reacción de la prensa del PSUC ante la forzada renuncia de sus delegados fue muy moderada y sintomática del cambio de actitud que se había operado en el seno de sus dirigentes.

"Su portavoz, <<Treball>>, publicaba una nota el día 5 de Agosto en el que se decía que los consejeros Comorera y Vidiella habían tenido que ausentarse de Barcelona para una misión especial y que habían sido sustituidos por Joan Casanovas y Martí Esteve. Dos días más tarde, una vez conocido el nuevo Consell Executiu, publicaban un editorial en el que se justificaba la <<retirada>> de los consejeros del PSUC del gobierno de la Generalitat para garantizar la unidad antifascista y también de las dos centrales sindicales, UGT y CNT. Aclaraba, que el PSUC no compartía el criterio según el cual los republicanos habían de darse por liquidados y, advirtiendo al POUM, manifestaba que había que defender el frente antifascista por encima de todo" (504).

Pocos días más tarde, "Treball" acusaba a los poumistas de utilizar un lenguaje falsamente izquierdista. Según el PSUC la revolución proletaria solo podría desencadenarse tras un proceso de maduración de la revolución democrático burguesa, etapa en la que los republicanos eran necesarios y debían formar parte del frente "antifascista". Cualquier veleidad "extremista" apuntaba, pues, a la ruptura de este frente único y por lo tanto, solo podía ser contrarrevolucionaria (505).

Era necesario, primero, preparar las condiciones que hicieran posible el resurgimiento del poder republicano en Catalunya, y para ello, había que integrar por completo, a la CNT, a la FAI y al POUM en la trampa del colaboracionismo. La crisis del gobierno de la Generalitat también había puesto en evidencia que el anarcosindicalismo estaba muy lejos de ser homogéneo, y que en su seno habían corrientes reformistas, cada vez más declaradamente partidarias de colaborar con los gobiernos republicanos y de la Generalitat de Catalunya, bajo la "unidad antifascista".

"En este Pleno regional de la CNT, a comienzos de Agosto de 1936, había ya motivos para tomar conciencia de la ambigüedad en que se vivía entre un Govern que no gobierna y una CNT cada día más comprometida en el proceso revolucionario y, en razón de ellos, en la dirección real de los acontecimientos. García Oliver y Durruti plantearon crudamente el problema: era preciso salir de esa ambigüedad poniendo fin a una colaboración política que desorientaba a la revolución, consumía energías e impedía llevar la revolución hacia adelante".

"La fracción colaboracionista, pese al saldo negativo de esa teoría, y so pretexto de que la ruptura del frente antifascista provocaría una guerra civil entre los propios antifascistas, mantuvo su posición" (506).

Sin embargo, era evidente para todos, que el enfrentamiento entre las dos fuerzas políticas, la revolución de los comités y la contrarrevolución republicana iba a producirse tarde o temprano. Las fuerzas políticas partidarias de la restauración republicana, habían dado ya sus primeros pasos para recuperar el terreno perdido en Julio. Pese a los compromisos políticos, pese al colaboracionismo y las concesiones efectuadas por los líderes anarcosindicalistas en aras de la "unidad antifascista", el choque sangriento era sólo cuestión de tiempo.

Los objetivos del PSUC y de ERC iban a conseguirse apenas dos meses más tarde con la aceptación del anarcosindicalismo y del poumismo a integrarse en un nuevo gobierno de concentración de la Generalitat. Esto significaría el fin del Comité Central de Milicias y el inicio de la decadencia del movimiento revolucionario en Catalunya.

4.4.10 Las industrias de guerra.

Uno de los problemas más acuciantes, con los que tuvo que enfrentarse el Comité Central de Milicias, fue la dramática falta de armamento y de municiones, con las que se encontraba la Catalunya revolucionaria. Tradicionalmente y por circunstancias políticas, nunca había existido ningún tipo de industria de armamento en Catalunya. De esta forma, el Estado central expresaba su desconfianza histórica frente al movimiento nacionalista catalán.

El tradicional recelo del gobierno republicano se acentuó frente a la Catalunya revolucionaria que actuaba con completa independencia de sus directrices. La actitud del gobierno republicano hasta el verano de 1937, fecha en la que quedaría anulada definitivamente la autonomía de Catalunya, fue la de negarse a enviar los pertrechos y el material de guerra, que el Comité Central de Milicias y la Generalitat pedían, para poder hacer avanzar el frente aragonés.

La actitud hostil del gobierno de Madrid, esta vez presidido por Largo Caballero, permitió la caída de la fábrica de armamento de Toledo, en manos de los facciosos, antes de que ésta pudiera ser trasladada a Catalunya, como habían pedido el Comité Central de Milicias y el gobierno de la Generalitat, representados por Josep Tarradellas y por el coronel Jiménez de la Beraza. La respuesta del gobierno central fue tajante:

"(Catalunya) no fabricaría nunca ni un solo cartucho" (507).

La situación que se había abierto con la situación de dualidad de poderes era especialmente dramática. Era evidente que el armamento del que se había apoderado el proletariado revolucionario bastaba para vencer a los sublevados en las jornadas de Julio, pero era completamente insuficiente para mantener una guerra que empezaba a adivinarse larga y sangrienta.
El voluntarismo revolucionario de los obreros, en los primeros momentos, construyendo camiones blindados que acompañaron a las primeras milicias que partían hacia la conquista de Zaragoza no era suficiente. El Comité Central de Milicias tuvo que negarse a seguir distribuyendo las armas que exigían los comités locales en la retaguardia, hasta que pudiese solucionarse la grave carestía que existía en el frente de Aragón.

La campaña para requisar el armamento que había sido retenido en la retaguardia, tampoco solucionaba nada. Como hemos analizado en capítulos anteriores, el objetivo de desarmar a la retaguardia era más político que militar. La cifra de 60.000 fusiles de la que hablan numerosos testimonios de la época, era completamente insuficiente para que las milicias pudieran romper el frente de los sublevados. La artillería y las ametralladoras eran escasas, la munición mucho más, gran parte de las piezas que se encontraban en manos de los revolucionarios se encontraban en mal estado, y sin apenas personal técnico preparado para repararlas. Era necesario crear, contra viento y marea, y en el menor espacio de tiempo posible, una verdadera industria de guerra que solucionase la acuciante escasez de material bélico.

"Una guerra de posiciones sería una guerra larga, que habría que sostener en los frentes, que deberían ser ampliados hasta tapar al enemigo todas las posibles rutas de penetración en Catalunya. Pero habría que alimentarla desde la retaguardia, comprando, adquiriendo, donde fuese y como fuese, los alimentos, los equipos, los armamentos. Mucho, casi todo, habría que fabricarlo, empezando por crear la industria metalúrgica y química de guerra" (508).

La Comisión de Industria de Guerra se creaba el 7 de Agosto, por un decreto del gobierno de la Generalitat. La Comisión quedaba, legalmente, bajo la presidencia del Consejero de Economía y de Servicios Públicos. El gobierno de Catalunya sólo poseía la dirección simbólica, la autoridad real estaba en manos de los anarcosindicalistas, que eran la auténtica dirección del movimiento revolucionario en Catalunya y los únicos que podían conseguir que los obreros industriales trabajasen hasta cincuenta y seis horas o más, a la semana, sin percibir ningún tipo de gratificación especial por el esfuerzo.

Aunque la presidencia de la comisión estaba oficialmente en manos de Josep Tarradellas, éste, no podía ser otra cosa por el momento, que un rehén político del Comité Central de Milicias. Sin embargo, gracias a ello, el gobierno de Companys podía seguir existiendo, ratificando mediante decretos las directrices de los dirigentes libertarios, y aprovechando las situaciones para ir aumentando, poco a poco, su poder.

Josep Tarradellas sería acusado en numerosas ocasiones, por los comunistas del PSUC, de no ser más que un títere, en manos de los anarcosindicalistas. Sin embargo, el verdadero contenido político de la actitud de ERC y del gobierno de la Generalitat de Catalunya están recogidas en el testimonio que hizo, años más tarde, el mismo Tarradellas:

"La CNT y la FAI tenían la fuerza; si querían sacar a Companys y poner a Durruti, lo podían hacer. No se podía actuar al margen de ellos. La prueba es el gobierno de Casanovas del 31 de Julio, que fracasó. A mí se me acusaba de hacer la política de la CNT. Pero hacía una política que permitía un equilibrio de la balanza... A la CNT se le tenía que ir segando la hierba, no se le podía permitir que se apoderase del país. Se trataba de llevarla a nuestro terreno, hacerle ver que actuando aisladamente no haría nada. Los comunistas me acusaban de hacer demasiadas concesiones a la CNT, pero no podía hacer otras; si no las hacíamos estábamos listos. Hace falta entender que con cada concesión, más implicada se encontraba, y se hundía cada vez un poco más, en una política, digamos, contrarrevolucionaria". (509).

El consejero de la Generalitat no hacía otra cosa que poner en práctica la única política posible que se podía llevar a cabo en aquellas circunstancias, sin provocar, por ello, el enfrentamiento con la todopoderosa central sindical, CNT.

Era necesario ir integrando a la dirección anarcosindicalista, de forma progresiva, en la política de "colaboración democrática" con el Front d'Esquerres, hasta que las condiciones madurasen lo suficiente para poder dar el siguiente paso, en el que la dualidad de poderes se expresaría, no en el seno del Comité Central de Milicias Antifascistas, sino en el interior del mismo gobierno de la Generalitat de Catalunya.

Sin embargo, los comunistas del PSUC, no podían aceptar la política del gobierno de la Generalitat, que implicaba una alianza de los nacionalistas con la CNT y la FAI, aunque este pacto fuera circunstancial, dejándoles desplazados de un sector tan importante para la evolución posterior de la guerra y la revolución como lo era el de la Industria de guerra. Desde el periódico "Treball" y los diferentes órganos de prensa vinculados al PSUC, se lanzó una vasta campaña contra la influencia anarquista en la Comisión. El mismo Josep Tarradellas, tuvo que salir en defensa de la CNT para evitar que la irritación de éstos provocase una peligrosa ruptura de la "unidad antifascista".

En la organización y puesta en marcha de las industrias de guerra, soldaron perfectamente sus entusiasmos los simples operarios y los técnicos. Entre algunas personalidades del campo político y algunos representantes confederales, los intereses y prejuicios de partido quedaron diluidos ante el cariño que despertó en ellos aquella extraordinaria obra. Podríamos citar como ejemplo la estrecha colaboración y solidaridad entre la Esquerra y la CNT en esta orden de actividades (510).

El testimonio del estalinista Manuel D. Benavides es, una vez más, una expresiva muestra de la actitud defendida por el PSUC y del alcance de sus ataques, con respecto a la Comisión de las Industrias de Guerra y a la colaboración entre la CNT y los nacionalistas republicanos de ERC:

"Resulta dolorosamente claro como, lo que desde un principio pudo haber sido una realización perfecta, la transformación de unas industrias de guerra, se diluyó en propósitos irrealizables, en proyectos no acometidos, por la incompetencia de unos dirigentes y la timidez de los gobernantes que por cobardía o por algo peor, ignoraron y no favorecieron la fuerza industrial catalana".

"Parte del aparato de la Generalitat hizo esfuerzos para organizar la producción. Lo hicieron el PSU-UGT y los confederales de más cabeza. La UGT encuadró a sus técnicos dentro de un sindicato. Los esfuerzos se estrellaron contra los intereses creados por los comités de administración, con frecuencia nidos de emboscados que se dedicaban a ayudar a una central sindical en perjuicio de la lucha".

"Los sindicatos, convertidos en órganos ejecutivos, se lanzaron bizarramente a dirigir y administrar, no la guerra sino la revolución" (511).

El anarcosindicalismo se encontraba cada vez más atrapado en la madeja de hilos de la política colaboracionista. La renuncia al poder en Julio, había tenido, como consecuencia inmediata, la aparición de una situación de dualidad de poderes, que se había encarnado en el Comité Central de Milicias.

Poco a poco, las necesidades de la guerra, el desconocimiento de la dinámica revolucionaria, la falta de una táctica y de una estrategia de la revolución y la dependencia cada vez más acentuada de la unidad ficticia con sus adversarios políticos en el bando republicano, obligaba, a los dirigentes cenetistas, a hacer concesiones desesperadas para evitar una ruptura, que era evidente para todos, que iba a producirse tarde o temprano. Esta actitud "reformista" les llevaba a enfrentarse con las bases de sus propias organizaciones, que no comprendían ni aceptaban que se les arrebatara el triunfo de la revolución cuando lo habían tenido al alcance de la mano, y que tanta sangre y esfuerzos les había costado.

4.4.11 El problema colonial de Marruecos.

El protectorado español de Marruecos, había jugado un importante papel en la crisis española en el siglo XX, después de la pérdida de los últimos vestigios coloniales de Filipinas, Cuba y Puerto Rico. Durante la década de los veinte, la crisis se había convertido en una sangrienta guerra colonial contra los nacionalistas de Abd-el-Krim que sólo pudo terminar con la colaboración del ejército francés.

La guerra del Riff había convertido al protectorado en el dominio particular e indiscutido de los militares, y fue en él donde se organizaron las tropas de élite del ejército español, el Tercio de la legión extranjera y las tropas regulares, que fueron reclutadas entre los montañeses marroquíes. En estas condiciones, la población indígena del protectorado se convertía en una de las principales bases de reclutamiento del ejército sublevado.

Juan García Oliver nos da su propia versión de las relaciones entre los nacionalistas marroquíes y el Comité Central de Milicias Antifascistas. Al parecer, y a instancias del mismo, se realizó una entrevista con algunos representantes del Comité de Acción Marroquí, gestionada a través del Comité Panislámico.
En la entrevista, García Oliver ofreció a los delegados del CAM, la independencia del protectorado, dinero y armamento, a cambio de que éstos provocaran la insurrección en la colonia. En una segunda entrevista, los nacionalistas marroquíes declararon que no estaban por la independencia, sino por una amplia autonomía.

La moderación de los delegados del CAM estaba marcada por su temor a que la declaración de independencia provocase la intervención de Alemania e Italia. Otra de sus condiciones fue, que el acuerdo estuviese ratificado por el Comité Central de Milicias y por el gobierno de la República, que debería comprometerse a hacerlo aceptar por el gobierno francés. Como era de esperar, y en aquellas circunstancias, el acuerdo con los nacionalistas marroquíes no pasó de una recomendación, que sería realizada por el Comité, al gobierno de Giral. Las conversaciones se quedaron en simples buenas palabras (512).

Abel Paz nos da a conocer otro testimonio de los contactos entre los anarcosindicalistas, el Comité Central de Milicias y los nacionalistas marroquíes, que no menciona en su obra Juan García Oliver. El 15 de Septiembre, llegaba a Barcelona el Secretario General de la AIT, Pierre Besnard. En su entrevista con el Comité Regional de la CNT y con sus representantes en el Comité Central, Besnard propuso un plan para internacionalizar el conflicto y sacar a la revolución española del "cenagal en que la había metido León Blum" (513).

La propuesta de plan pasaba por conseguir que las tribus del protectorado de Marruecos se sublevaran contra Franco, este levantamiento coincidiría con otros en el Portugal de Salazar, aliado de los sublevados. Al parecer, Besnard, antes de su entrada en España, había entrado en contacto con sectores de izquierdas del socialismo francés, que le autorizaron para hablar en su nombre a Largo Caballero, y convencerlo de la necesidad de efectuar una declaración pública declarando la independencia del Riff y de todo el protectorado español de Marruecos. En dicha reunión Juan García Oliver informó de sus contactos con el CAM y de que éstos tenían perspectivas de concretarse. Al parecer en la reunión hubo ciertas discrepancias sobre las posibles alternativas, centrar el trabajo en Abd-el-Krim (desterrado en las islas Reunión), o en los notables de Suez del CAM, representantes de la burguesía nacionalista marroquí.
El proyecto de Besnard fue finalmente desechado por considerarse que tenía escasas posibilidades de realizarse.

"Lo importante de la citada reunión, y es lo que interesa para nuestro caso, fue que se retuvo una cuestión fundamental, consistente en que, tanto la intervención de Abd-el-Krim como la del Comité de Acción Marroquí pasaba por una declaración del Gobierno español de independencia de Marruecos. Dada la personalidad de Pierre Besnard, y el apoyo que llevaba de los socialistas franceses y del propio Secretario General de la CGT de Francia, si lograba de Largo Caballero que se interesara por el asunto de Marruecos, ello sería camino avanzado en el proyecto de insurrección de las tribus del Riff. Para que Besnard se encontrara mejor apoyado en su entrevista con Largo Caballero, García Oliver previno de la entrevista a Lluis Companys, y éste, informó a Largo Caballero sobre lo que Besnard debía discutir con él, señalándole a la vez que consideraba esos asuntos muy importantes para la causa republicana".
...
"Las gestiones del Secretario General de la AIT chocaron con las evasivas de Largo Caballero. Tras diversas reuniones e incidentes, Besnard, completamente decepcionado, volvió a París, no sin antes escribir unas significativas y proféticas palabras, que no apuntaban tanto hacia la actitud de Largo Caballero como a la que mantenían sus propios camaradas de la CNT española:"
...
"Si el anarquismo comete la estupidez de colaborar con Largo Caballero o simplemente apoyarlo, la Revolución estará irremediablemente perdida. El único medio que tiene el anarquismo para salir de ese círculo infernal en que se ha metido, es la prueba de fuerza. Pero yo me pregunto si los dirigentes de la CNT hoy son los mismos hombres del 19 de Julio" (514).

La actitud política de los dirigentes anarcosindicalistas, y por lo tanto del Comité Central de Milicias era, en última instancia, la de subordinarse a la "buena voluntad" del gobierno central, ya fuera primero, en su versión republicana con Giral, o en la izquierdista, con Largo Caballero. Sin embargo, la posición "colaboradora" de los dirigentes de la CNT española contrasta vivamente con la postura "independiente" defendida por otro libertario, el italiano Camilo Berneri, residente en aquellos momentos en Barcelona, editor del periódico "Guerra di Classe":

"La base de operaciones del ejército fascista es Marruecos. Corresponde intensificar la propaganda a favor de la autonomía marroquí sobre todo el sector de influencia panislámica".
"Es necesario imponer al gobierno de Madrid declaraciones inequívocas de su voluntad de abandonar Marruecos, así como de proteger la autonomía marroquí... Para tal política es necesario invertir dinero y urge enviar emisarios agitadores y organizadores a todos los centros de emigración árabe y en todas las zonas de la frontera del Marruecos francés. En los frentes de Aragón, del Centro, Asturias y Andalucía, bastarán algunos marroquíes, con funciones propagandísticas, disponiendo de radio, impresos, etc" (515).
La diferencia entre ambas posturas era evidente. Mientras la dirección cenetista y del Comité Central se sometía al gobierno central, y por lo tanto, se resignaba a las limitaciones de la política de éste, Camilo Berneri y otros, defendían la necesidad de que la actividad revolucionaria mantuviera su iniciativa y su independencia de los criterios gubernamentales.
Y es Jaume Miravitlles, dirigente de ERC y miembro de este partido en el Comité Central de Milicias quién nos da una versión que difiere en algunos aspectos del testimonio de García Oliver y de Besnard:

"En aquel entonces yo formaba parte de la Delegación de Esquerra en el Comité Central de Milicias de Catalunya y ocupaba el cargo de secretario general. Fuimos avisados de la llegada a Barcelona de una delegación marroquí que quería proponernos un <<pacto de alianza>>. Recibidos en el despacho del Comité celebramos una larga reunión con un grupo de cuatro o cinco delegados marroquíes. Su ofrecimiento no podía ser más insólito: estaban dispuestos a desencadenar un movimiento revolucionario en el Protectorado español si recibían armas o dinero del Comité Central y el compromiso político de reconocer la independencia de aquella zona en caso de triunfo de las armas republicanas en la guerra civil. En nuestra contestación hicimos constar que ni el Comité Central ni el Gobierno de la Generalitat disponían de atribuciones en el campo de los tratados internacionales de la República. Veíamos con interés su proposición, les aseguramos nuestro apoyo en tanto que partidos políticos, pero nos encontrábamos ante la imposibilidad legal de ir más lejos..." (516).

Jaume Miravitlles recoge la respuesta de Prieto y de Largo Caballero a la delegación catalana, enviada por el Comité Central de Milicias a Madrid, para interceder por las peticiones de los nacionalistas marroquíes:

"Pero nos es absolutamente imposible acceder a sus requerimientos. No creemos mucho en ellos. No disponemos, por otro lado, ni de demasiado dinero ni de demasiadas armas. Finalmente, la situación en todo el Africa del Norte es, en estos momentos, tan delicada que un movimiento insurreccional en el Protectorado español de Marruecos podría extenderse a las zonas del Marruecos francés. Ello crearía un problema dificilísimo al actual Gobierno francés, cuyo jefe es mi camarada socialista León Blum" (517).

Indudablemente, la proclamación de la independencia del Marruecos español, por parte del gobierno de la República, hubiera puesto en graves aprietos al ejército franquista, ya que hubiera sido un poderoso elemento de disgregación de uno de los principales contingentes armados que formaban sus tropas.

Sin embargo, el gobierno izquierdista de Largo Caballero se negaba a dar el paso político y prefería que la propuesta se perdiera en la inoperancia. Los criterios a los que obedecía la política del gobierno republicano y de las organizaciones del Frente Popular chocaban con una limitación insalvable.
Sus intenciones no podían ser las de conseguir la victoria militar sobre Franco, a costa de desestabilizar el delicado equilibrio existente en el mundo colonial, y golpear los intereses de las potencias del imperialismo democrático, Francia Y Gran Bretaña, a los que se pretendía convencer para que apoyaran a la causa republicana contra los militares sublevados, aliados de Italia y de Alemania.

La demostración palpable de que el tema colonial, no fue, de ningún modo, menospreciado por el gobierno de Largo Caballero, está en los repetidos ofrecimientos que éste hizo a las potencias democráticas, para que apoyaran la causa republicana, a cambio de la cesión del Marruecos español, e incluso las mismas islas Baleares y Canarias (518). La propuesta del gobierno se hizo por medio de Alvarez del Vayo y contó con la colaboración de los dirigentes del PCE y del PSUC (519). Las colonias y partes importantes del territorio del estado español podían sacrificarse y cederse a los intereses de las potencias democráticas, a cambio de su entrada en la guerra, pero lo que no podía permitirse de ningún modo, era desestabilizar los dominios coloniales de estos países, aunque fuera a costa de dificultar las posibilidades de triunfo de la República sobre los sublevados.

"¿libertad para Marruecos? Delegaciones de árabes y moros se acercaron al gobierno suplicando un decreto. El gobierno no se movería. El formidable Abd-el-Krim, exiliado en Francia, envió una carta a Largo Caballero pidiéndole que interviniera ante Blum para que se le permitiese volver a Marruecos con el fin de dirigir una insurrección contra Franco. Largo Caballero no intervendría y Blum no haría nada. Movilizar el Marruecos español podía poner en peligro la dominación imperialista en toda Africa" (520).

La supeditación de los anarcosindicalistas y del Comité Central de Milicias de Catalunya, a la política del gobierno republicano central significaba aceptar, aunque fuera a regañadientes, que en aras de la unidad y de la colaboración, no podían traspasarse ciertos umbrales, que los hubieran obligado a chocar con sus aliados del momento y a plantearse, una vez más, que la revolución solo tenía posibilidades de vencer, con un auténtico gobierno revolucionario que estuviera dispuesto a serlo.

4.4.12 La unidad sindical y la unidad obrera.

La conciencia y el deseo de unidad había alentado al movimiento obrero desde mucho antes del estallido de la guerra y de la revolución. La idea unitarista ya se había expresado con el proceso de radicalización de 1933-1934, a través del proyecto de las Alianzas Obreras y de los distintos proyectos de unificación de los partidos políticos que se reclamaban del marxismo. La misma idea, había animado a los anarcosindicalistas a defender la creación de una Alianza Sindical CNT-UGT, en el Congreso de Zaragoza realizado en 1936.

La revolución de los comités también se expresó a través de este poderoso sentimiento de unidad de clase. En el seno de los comités revolucionarios, a menudo, sus integrantes eran elegidos entre los militantes más populares de la comunidad, y no, obedeciendo a siglas determinadas. Las minorías políticas y sindicales eran respetadas y contaban con su propia representación, para fomentar su integración . En muchos de los comités de fábrica, se mantuvo el principio de la paridad entre los dos sindicatos, independientemente del número de afiliados que tuviera cada uno de ellos, en los centros de trabajo.

La misma composición del Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya reflejaba esta idea de la unidad, aunque fuera de forma burocrática (los delegados representaban a los órganos directivos de los partidos y de los sindicatos) y con la participación de las organizaciones de la pequeña burguesía republicana (ERC, AC). En él estaban representados todos los partidos y sindicatos obreros que habían combatido a los sublevados en los primeros momentos.

"Por voluntad nuestra, sobre todo, entraron en ese Comité representaciones de todas las fuerzas políticas y sindicales antifascistas, más con el propósito de que se fusionaran en una sola voluntad que para que, al calor de la representación, se dedicasen a reivindicar intereses partidistas" (521).

Tanto la UGT como la CNT, estaban representadas, cada una, por tres delegados, a pesar de que la central sindical anarcosindicalista era claramente hegemónica en la Catalunya revolucionaria. La generosidad libertaria hacia la minoritaria UGT catalana se basaba en el deseo de éstos de que los ugetistas correspondieran a este gesto, de la misma forma que ellos lo habían hecho, en los lugares donde la CNT estaba en minoría.

"Dimos a la UGT catalana, no obstante la exigüidad de sus fuerzas, la misma representación que a la CNT, mayoritaria, lo que produjo asombro incluso entre los delegados de la organización obrera rival, que no esperaban ese gesto. Hemos puesto así de manifiesto que queríamos colaborar como hermanos y que deseábamos que en el resto de España, y en las regiones donde fuésemos minoría eventual, se nos tratase con la misma consideración y respeto que nosotros tratábamos a todos los que habían cooperado más o menos a la victoria" (522).

Indudablemente, la concepción anarcosindicalista de la revolución, en la que las centrales sindicales deberían tener un papel central de dirección en la organización de la sociedad y de la economía revolucionaria fue fundamental para comprender la sobrevaloración de la representación ugetista catalana en el seno del Comité de Milicias. De esta manera, se intentaba iniciar la creación de la Alianza Obrera Sindical que había sido aprobada en el Congreso de Zaragoza. Sin embargo, era necesario dar otros pasos, encaminados al acercamiento y quizás, a una posterior unificación entre los dos sindicatos obreros.

El 5 de Agosto se iniciaba la constitución en Catalunya de un Comité de Enlace entre los partidos y sindicatos FAI, PSUC, UGT y CNT. La declaración fundacional, firmada el día 11, constaba de nueve puntos y un preámbulo en el que se declaraba que el acercamiento entre estas organizaciones se realizaba para facilitar la marcha de la revolución y de la guerra contra los sublevados. El Comité de Enlace era creado para facilitar la aproximación entre ambos sindicatos, a través una postura política común.

"En la convicción de que a los problemas planteados por la guerra civil y la revolución sólo se les podía hacer frente desde la unidad, la CNT y la UGT se obligaban a dejar a un lado cualquier polémica que les pudiese enfrentar así como al respeto <<mutuo>>; cada trabajador debía tener entera libertad para ingresar en el sindicato de su preferencia. A los trabajadores organizados se les exhortaba a <<formar en todos los lugares de trabajo comités de fábrica>> cuya composición debía ser proporcional a la fuerza de la CNT o de la UGT en cada empresa en cuestión" (523).

El hecho de que los partidos políticos, la FAI y el PSUC, (el POUM quedaba marginado por la hostilidad de los comunistas oficiales y por la indiferencia de los libertarios) participaran en el comité era la forma que utilizó la CNT, para que la FAI no quedara marginada del proceso. Las organizaciones sindicales estarían representadas por dos delegados de cada una, (Antoni Sesé y Emili García por la UGT y Pérez Rubio y Magí Miralles por la CNT) mientras que los partidos solo lo estarían por uno (Pere Herrera por la FAI y Joan Comorera por el PSUC).

Rechazada la idea de potenciar a los comités locales como auténticos organismos del poder revolucionario y de la unidad de la clase trabajadora, el unitarismo sólo podía realizarse a través de pactos burocráticos entre las direcciones sindicales de la UGT y de la CNT.

El acuerdo político conseguido resultó ser completamente inoperante y no tuvo ningún tipo de consecuencias posteriores. Los proyectos políticos de los anarcosindicalistas y
de los comunistas oficiales eran demasiado distintos y opuestos entre si, para que pudiera llegarse a algún tipo de acuerdo entre las organizaciones.

A pesar del fracaso del primer intento de acercamiento entre las dos centrales sindicales, el Comité de Enlace cumplía uno de los principales objetivos del PSUC en aquellos momentos, fortalecer a la UGT catalana, que controlaba, para convertirla en el contrapeso del poder de la central anarcosindicalista. Por otra parte, el pacto comprometía más y más a los libertarios en la política de colaboración con el gobierno de la Generalitat y con el Front d'Esquerres. La renuncia de la CNT-FAI a impulsar la revolución hasta la victoria militar sobre los militares sublevados, permitiría a los partidarios de la reconstrucción del poder republicano ir recuperando el poder perdido, aprovechando que la idea de la "unidad antifascista" paralizaba y moderaba los objetivos de los libertarios.

"Mientras el POUM o la ERC ofrecen sus servicios a las fuerzas indiscutiblemente dominantes, CNT y FAI, el PSUC se presenta como la alternativa. Toda su debilidad inicial y fuerza de futuro tenían el origen en el hecho de ser alternativa. No quiero decir con esto que el PSUC se enfrentase desde el principio con la FAI o la CNT. Por el contrario, intentó buscar una política confluyente y unitaria. La real unificación le permitía beneficiarse, con el tiempo, del control absoluto sobre la UGT, de tal manera que, frente al binomio FAI-CNT, se iba forjando su contrincante, PSUC-UGT. La política inicial de Comorera... fue la de acercarse a la FAI y a la CNT. Contaba con un elemento fundamental que procedía de la primera "traición" a la revolución del 19 de Julio, la que cometieron los dirigentes de la FAI y de la CNT al pactar con la Esquerra y sacrificar la pureza de la revolución a las necesidades de la guerra que exigía la colaboración de todos los antifascistas" (524).

Fuera de Catalunya, la CNT propuso la formación de otra alianza con la UGT largocaballerista. Aprovechando la preocupante marcha de la revolución y de la guerra, y el creciente enfrentamiento entre Largo Caballero y el inoperante gobierno republicano, apoyado por Prieto y la derecha socialista, la dirección cenetista propuso la formación de un Consejo de Defensa nacional, que como el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya, se convertiría en el auténtico poder en la zona republicana. Al parecer, la idea de constituir una alianza con la CNT fue barajada por Largo Caballero, durante el mes de Agosto de 1936, para acabar con el gabinete Giral y formar un gobierno obrero (es decir, un gobierno socialista monocolor (525)). Según Abel Paz, las presiones ejercidas por los representantes diplomáticos del Kremlin, por los comunistas oficiales y sus aliados los prietistas, hizo que el dirigente de la Izquierda Socialista, desechara la idea de la entente con los anarcosindicalistas (526).

Sin embargo, la postura tradicional de la CNT, presionada por los acontecimientos, empezaba a cambiar. Poco después, a principios de Septiembre, Largo Caballero formaría un gobierno de concentración en el que participarían, además de los socialistas, los comunistas oficiales y los republicanos de diferentes tendencias. La negativa de la Izquierda Socialista colocaría a la dirección anarcosindicalista, cada vez más comprometida en una política de compromisos, en un nuevo aprieto que desembocaría, unas semanas más tarde, en la entrada de la CNT, primero en la Generalitat de Catalunya y después en el Gobierno republicano central.