4.4.13 El capital extranjero.

El movimiento socializador que había generado la victoria revolucionaria sobre los sublevados se extendía rápidamente por toda la economía de la República española. En los días posteriores a las jornadas de Julio, gran número de empresas, cuyos dueños y directivos habían huido por miedo a las posibles represalias de los triunfadores y otras por la voluntad y el entusiasmo de los trabajadores, fueron incautadas por los mismos. El movimiento, completamente espontáneo, tendió a extenderse sin ningún tipo de limitaciones. Dadas las características del subdesarrollo de la economía capitalista española, un importante número de industrias y de empresas del país, estaban en manos del capital extranjero, o bien contaban con una importante aportación de éste. El movimiento expropiador también alcanzó este tipo de empresas que tendieron a ser incautadas sin contemplaciones por los trabajadores de las mismas.

La posibilidad de que en los primeros momentos, pudiera darse una intervención extranjera contrarrevolucionaria, con el pretexto de defender sus intereses económicos en la península, fue contemplada por los anarcosindicalistas catalanes en el plenario histórico en el que decidieron su actitud frente a la revolución que estaba en marcha.

"Diego Abad de Santillán, miembro del Comité de Milicias, estimaba que nuestras organizaciones, tanto la sindical como la específica, no perderían nada formando parte del Comité de Milicias, por los que se pronunciaba por continuar en el mismo, colaborando con los demás antifascistas, ya que, vista la situación de manera realista, un intento de ir a por el todo, como proponía García Oliver, aún cuando fuese realizado por la CNT, con la consiguiente puesta en ejecución del comunismo libertario, no sería otra cosa que una nube de verano, teniendo en cuenta que las potencias que rigen los destinos del mundo no lo consentirían, como se podía comprobar contemplando el horizonte desde cualquier azotea: cerca del puerto de Barcelona esperaban los buques de Inglaterra la oportunidad de intervenir, desembarcando tropas de ocupación a las que habría que someterse, pues no se podría combatir contra ellas al mismo tiempo que contra los militares" (527).

En efecto, algunos buques de guerra franceses, británicos e italianos se dejaron ver en las afueras del puerto de Barcelona, en una evidente actitud intimidatoria hacia los triunfadores de los combates callejeros.

Las palabras de Diego Abad de Santillán ocultaban, sin embargo, una trampa mortal para la revolución, de la que el anarcosindicalismo se revelaría incapaz de escapar. El peligro de la intervención extranjera no se reducía a que se respetaran o no, sus propiedades, como muy bien llega a intuir el mismo dirigente libertario, sino al posible triunfo de la revolución en si. Las potencias extranjeras, "democráticas" o "fascistas", en ningún momento iban a permitir que una revolución triunfase en la península. Este acontecimiento hubiera podido poner en peligro, no sus intereses en España, sino la propia estabilidad política de sus países, de la misma forma que lo había sido, veinte años antes, la revolución rusa.

La actitud de la CNT y de la FAI ante la potencial amenaza militar extranjera fue, desde los primeros momentos, de moderación. Era necesario evitar a toda costa, cualquier pretexto que pudiera facilitar la intervención militar de Francia y de Gran Bretaña contra la revolución.
"Desde los primeros momentos, la Organización confederal ha soslayado todo cuanto pudiera acarrear rozaduras con las potencias extranjeras. Responsables de la situación, hemos entendido que se luchaba contra el fascismo, pero que había que evitar a toda costa cuanto pudiese producir una situación de tirantez que diera pretexto a otras naciones para intervenir en las luchas del territorio español, favoreciendo una defensa internacional del capitalismo. Ayer se personó en este comité una delegación del consulado inglés para buscar la fórmula que evitara que hubiese milicias que realizaran algunos actos que dieran lugar a la intervención del exterior. Esa fórmula fue hallada en el sistema de dar publicidad por nuestra parte a la lista de casas inglesas establecidas en Barcelona para que fuesen respetadas. La lista es la siguiente...(sigue una lista de 87 firmas: compañías, manufacturas, centros, bancas, iglesias anglicanas, etc., entre ellas Riegos y Fuerzas del Ebro (la famosa Canadiense), Sales Potásicas Españolas, Sociedad Española de Construcciones...)...Ahora ya saben todos los camaradas que estas casas deben ser respetadas. Ello no impide que pueda ejercerse vigilancia, por si en algún caso se quisiera abusar y al amparo de un reconocimiento se apoyaran las fuerzas enemigas para conspirar. Si un caso de éstos se produce, la responsabilidad caerá de lleno sobre el consulado inglés. Nosotros ya demostramos estar dispuestos a respetar cuanto sea extranjero. El Comité regional" (528).

Ante los riesgos que comportaba la incautación de las empresas con capital extranjero, el Comité Central de Milicias procedió a intentar impedirlo, organizando el control obrero sobre éstas. Era necesario evitar que éstas pudiesen convertirse en la "quinta columna" de los sublevados, en el seno de la Catalunya revolucionaria. Era necesario controlar la producción, evitar los posibles sabotajes e impedir la fuga de capitales, que podrían llegar a poner en serios aprietos al mismo movimiento revolucionario.

Sin embargo, las incautaciones de estas empresas no siempre consiguieron ser impedidas. La postura del Comité de Milicias en muchos casos, fue rechazada por los trabajadores de estas empresas, que procedían a incautarse de ellas sin ningún tipo de miramientos, pese a los constantes llamamientos para que se hiciese lo contrario.

En los casos donde el capital de las empresas era mixto, una parte español y otro extranjero, como sucedía en los casos de Sales Potásicas Españolas y Sociedad Española de Construcciones, los trabajadores realizaron la expropiación, desobedeciendo las directrices que habían marcado el Comité Central y los sindicatos. De forma similar ocurrió con las filiales españolas de algunas multinacionales extranjeras, como era el caso de CAMPSA (529).

En los casos en los que se respetó la propiedad extranjera, se procedió a implantar un férreo control sobre las actividades de estas empresas.

El comité obrero de Telefónica, formado por ambas centrales sindicales, procedió a intervenir toda la operativa de la empresa, de tal forma que sus "propietarios" norteamericanos solo tenían derecho a controlar las entradas y las salidas de dinero (siempre y cuando estos movimientos contasen con el visto bueno del comité).

Pese al temor de los dirigentes libertarios del Comité Central de Milicias hacia el peligro de una agresión militar de Francia y de Gran Bretaña contra la revolución, ésta ya había ido demasiado lejos demostrando su firme voluntad de superar definitivamente a la vieja e ineficaz República. El criterio por el que las potencias "democráticas" no llegaron a intervenir militarmente en la guerra fue otro muy distinto. La entrada en el conflicto hubiera podido acelerar el estallido de la II Guerra Mundial, peligro que estas potencias pretendían retrasar o evitar. Era preferible crear un cordón sanitario de "no intervención", hacer oídos sordos a las constantes denuncias de la participación en la guerra de Alemania e Italia, mantener minimamente los suministros de armamento a la República a través de la URSS para que la contienda se prolongara el máximo de tiempo, y finalmente reconocer la victoria de Franco.

Todas las fachadas legalistas, todas las proclamas de las organizaciones obreras llamando a la moderación y a que fueran respetadas las propiedades extranjeras, no podían engañar, de ningún modo, a los representantes del capital y de los gobiernos de estos países, que habían adivinado perfectamente, desde los primeros momentos, el peligro mortal que representaba para sus intereses, la revolución de los comités y de las milicias.
Ronald Fraser recoge en su obra, un testimonio especialmente revelador sobre la verdadera actitud del capital extranjero y de los gobiernos de sus respectivos países. Una conversación entre Capdevila, miembro cenetista del Consell d'Economía de Catalunya, y uno de los exdirectores españoles de "Fabra y Coats", empresa de capital británico:

"<<Es usted un hombre de buena fe, Capdevila>> me dijo, <<pero un poco ingenuo. Lo que a usted se le antoja absurdo a mí me parece completamente natural. El consejo de administración de la Coats reconoció la justicia de las propuestas de los obreros. Pero no se trata de una disputa entre la compañía y sus obreros; lo que está en juego es la vida o la muerte del capital internacional mismo. Todos los monopolios capitalistas han llegado a un acuerdo para boicotear la zona roja y prestar su apoyo incondicional a Franco, que representa la continuidad del capitalismo. Lo que ha hecho la compañía ha sido sencillamente, cumplir con dicho acuerdo" (530).

La supuesta neutralidad británica y francesa apenas podía ocultar sus reales simpatías por el régimen del general Franco. El apoyo de los gobiernos extranjeros, encubierto, pero casi unánime, a los sublevados, queda reflejada por el testimonio de Pérez Baró, que tuvo un papel destacado en los órganos directivos de la nueva economía catalana colectivizada:

"Muchas de las compañías extranjeras con intereses en Catalunya llegaron a un acuerdo para boicotear a la economía republicana. Los directores del Banco de España estaban en la zona nacionalista y, como es natural, se valieron de su influencia en el extranjero para asegurarse de que el capital internacional saboteara la economía colectivizada. <<Nos encontramos con que las escasas exportaciones que conseguíamos efectuar eran embargadas en cuanto llegaban a los puertos extranjeros>>" (531).

Podemos encontrar en multitud de trabajos históricos y de testimonios de miembros de las diferentes fuerzas políticas de la época, la idea de que la actitud neutralista de Francia y de Gran Bretaña fue una grave equivocación que cometieron los gobiernos de estos países. La idea del "error", refleja, por el contrario, una incomprensión total de la naturaleza de las relaciones internacionales, y por lo tanto, de la esencia de los mismos movimientos políticos que estaban en lucha.

El dirigente libertario, Diego Abad de Santillán hace un paralelismo sorprendente entre los dos peligros con los que se enfrentaban los intereses de las potencias imperialistas "democráticas": La revolución de los comités, y la contrarrevolución franquista:

"Mr. Chamberlain y Mr. Eden, las figuras supremas de la política visible de Gran Bretaña durante nuestra guerra, se equivocaron, sin embargo. Por peligrosa que pudiese aparecer ante el mundo una experiencia revolucionaria en nuestro suelo, España no era un país agresor, con pretensiones imperialistas... En el orden nacional, las formas de la economía capitalista privada serían desplazadas, pero el fascismo tampoco respeta el capitalismo privado, pues, o bien reduce a los capitalistas a la categoría de funcionarios sin ninguna independencia, es decir, ataca la raíz misma de la economía capitalista. Y la diferencia de régimen político y de estructura económica en España, no habría significado ninguna ruptura en la economía europea, porque nosotros estábamos dispuestos a tolerar el régimen que se diesen otros países, siempre que también fuese tolerado el nuestro, y a mantener buenas relaciones de vecindad con todas las potencias. En cambio, la derrota del fascismo en España habría cortado definitivamente las alas al expansionismo italiano, al alemán y al ruso. Sin quererlo y sin proponérnoslo, luchábamos por la paz de Europa, por el predominio de las potencias contra sus adversarios, los totalitarismos fascistas y comunistas" (532).

Hay dos elementos que consideramos falsos en el análisis de Diego Abad de Santillán. Primero: Franco no fue nunca "fascista", a pesar de que pudiera llegar a coquetear con sus aliados y protectores, los regímenes de Hitler y de Musolini, y a pesar de que utilizara una parte de su simbología y de su discurso, en su propio interés. Franco y el ejército, representaban directamente el conservadurismo reaccionario de la burguesía española, encarnada históricamente en la casta militar, y que estaba atemorizada por la amenaza revolucionaria.

El segundo factor que tenemos que contraponer es sobre la verdadera naturaleza del fascismo. Tanto Hitler como Musolini habían llegado al poder a través de la demagogia y de las promesas hechas a la pequeña burguesía. Sin embargo, esto no significaba, de ninguna manera que estos movimientos cuestionaran el capitalismo, ni tan siquiera en lo que Abad de Santillán diferencia, "capitalismo privado" y "capitalismo de estado". Los discursos demagógicos fueron utilizados tanto por el fascismo italiano y por el nacionalsocialismo alemán, para atraer hacia sus filas a la pequeña burguesía arruinada y resentida contra la gran burguesía y contra el proletariado. Sin embargo, y una vez en el poder, los viejos discursos populistas habían sido rápidamente desechados. Ambos movimientos, habían mostrado su auténtica naturaleza, la de ser el instrumento más despiadado del gran capital en crisis. Una vez aplastadas las organizaciones obreras, las consignas populistas "radicales", sobre el control estatal de los trust y la supresión de los ingresos que no provinieran del trabajo, esencia de la mítica "revolución popular" fascista, consignas a las que parece referirse Diego Abad de Santillán, para definir su carácter "anticapitalista privado", fueron desechadas para dar paso a una política de fuerte y agresivo expansionismo, basado en la teoría de los "espacios vitales", que disputara a las potencias europeas dominantes (Francia y Gran Bretaña) sus territorios y sus mercados coloniales y semicoloniales (533).

El fenómeno fascista, como el franquista, se apoyaban en bases idénticas, el temor y la desesperación de la burguesía frente al peligro revolucionario, pero su parecido terminaba aquí, y poco más. El ejército español sublevado, con sus aliados alemanes e italianos, podía constituir una seria amenaza para los intereses británicos y franceses, que pretendían atrasar el estallido de la inminente guerra interimperialista europea, pero sin duda alguna, la revolución española de los comités era un peligro infinitamente más mortal. Con Franco y el ejército sublevado podían negociar sus intereses y sus explotaciones en España, con la revolución, no.

El principal teórico del socialismo de izquierdas, el largocaballerista Araquistain, expresó continuamente en su obra de la época, sus grandes esperanzas, de que las potencias democráticas, Francia y Gran Bretaña acabarían por apoyar al legítimo gobierno democrático de la República. En la conferencia realizada en el Ateneo Barcelonés en 1938 expresaba sus ilusiones en el que consideraba que era, el inminente final del Comité de la "no intervención":

"El tiempo trabaja por nosotros internacionalmente. Poco a poco, muchos hombres y algunos grupos sociales de todos los países que al comienzo se dejaron sugestionar por la propaganda fascista de que la insurrección militar, inspirada y auxiliada por Italia y Alemania, era una lucha en defensa de la civilización contra el bolchevismo, se han convencido ya de que eso es una burda patraña..." (534).

La decepción no tardó en sustituir las grandes expectativas de Araquistain. Los "hombres" y "grupos sociales" a los que se refiere el líder largocaballerista mantuvieron su neutralismo, aún a sabiendas de que su actitud significaba favorecer los planes de la Alemania nazi y de la Italia fascista.

La actitud de los gobiernos y del capital extranjero al apoyar, más o menos abiertamente, a Franco, no es tan insólita e incomprensible, sino que es, por el contrario, mucho más realista que la de Diego Abad de Santillán y Luis Araquistain.

La República española había demostrado, a lo largo de seis años de existencia, su incapacidad manifiesta para controlar y acabar con el movimiento revolucionario. Una victoria militar sobre los sublevados no garantizaría la imposibilidad de que apareciera un rebrote revolucionario. El general Franco, a pesar de sus coqueteos y de sus simpatías declaradas por los regímenes fascistas europeos, era el único dique seguro que existía contra la revolución expropiadora. Era la única alternativa segura para que ésta no triunfase, y se convirtiera en un polo de desestabilización para el orden capitalista internacional que ellos querían defender. Entre Franco y la revolución había que escoger el mal menor.

"Siendo el que más tenía que perder, el bloque anglofrancés se abstuvo de la guerra, aunque con el tiempo tiene que luchar para mantener lo suyo. Hasta este momento evita enfrentamientos decisivos, en España como en todas partes. Permitió un chorrito de ayuda a los republicanos por parte de la Unión Soviética, porque no quería la victoria de Franco mientras sus aliados italo-alemanes dominaban su régimen. Los intereses británicos se habían dirigido, entre tanto, a arreglarse con Burgos para la explotación conjunta de la región de Bilbao, dominada por la propiedad británica. La primera semana de noviembre, Chamberlain anunció el establecimiento de relaciones formales con Franco (como una limosna a los sentimientos antifascistas, los oficiales diplomáticos y consulares fueron designados simplemente como <<agentes>>), mientras Eden aseguraba al Parlamento que una victoria de Franco no significaría un régimen hostil a Gran Bretaña. Así pues, los amos del bloque anglo-francés se preparaban para la victoria de Franco" (535).

Durante los tres años de contienda, el gobierno británico negoció en numerosas ocasiones con el ejército sublevado, el respeto a sus intereses económicos en España. Una vez conseguidos estos objetivos, el camino hacia la conciliación estaba abierto. La pretendida neutralidad se manifestaba en su más cruda realidad como una simple fachada, frente a la opinión pública internacional.

4.4.14. El Consejo de Economía de Catalunya.

La espontaneidad de la revolución de los comités, y el hecho de que ésta hubiera adoptado un curso independiente de los partidos y sindicatos obreros, había provocado una grave situación de desorden económico que necesitaba ser superada.

El alcance de la revolución había sorprendido por completo a las organizaciones obreras y éstas tampoco sabían como encararla.

En los centros de trabajo, durante las primeras semanas, los trabajadores habían formado sus propios comités, que tuvieron que suplir, de forma completamente improvisada, las funciones de la mayor parte de los antiguos directivos y técnicos de las empresas, que habían huido después de las jornadas de Julio.

Los sindicatos, profundamente arraigados en el movimiento obrero español, tuvieron que soportar, de forma imprevista, el peso de la nueva situación, convirtiéndose en los auténticos reguladores de la vida económica del país. Los comités obreros no contaban, en la mayoría de los casos, con el personal adecuado para cumplir las funciones de dirección y organización de las empresas, y necesitaban ser asesorados y coordinados por sus sindicatos tradicionales. Sin embargo, las centrales sindicales tampoco estaban preparadas para asumir tan inmensa tarea, y apenas contaban con escasos cuadros que estuvieran preparados para llevar a cabo estas funciones. Frecuentemente, las directrices que llegaban desde los sindicatos, sembraban todavía mayor confusión entre los desconcertados comités de empresa.

"La coordinación, la reconversión de determinadas industrias, la nueva orientación que había que dar a la producción, la igualdad de condiciones de vida y de salario, no ya sólo dentro de cada empresa, sino también para todos los trabajadores catalanes, etc., exigían que se crearan puentes entre las islas de ese inmensa archipiélago que eran las empresas colectivizadas. Durante los cuatro meses del primer período, fueron los sindicatos (sobre todo la CNT) quienes constituyeron el único lazo entre los trabajadores de las diferentes empresas, las diferentes ciudades y las diferentes ramas industriales". (536).

Era necesario construir y ordenar la nueva economía revolucionaria lo antes posible, a partir de las cenizas del viejo orden. Había que reiniciar el trabajo, coordinar y racionalizar la producción en las empresas, asegurar los suministros de materias primas y finalmente, proceder a la distribución de los productos para poder hacer frente a las demandas de consumo de la población y de las necesidades que exigía la guerra. La tarea era vasta y el tiempo en el que debía llevarse a cabo era escaso, para impedir que la revolución se hundiera en su propio marasmo y desorganización, víctima de sus propias contradicciones.

"La guerra, las necesidades de todo tipo de la población etc., exigían que se desviase la producción en determinadas direcciones y algunas empresas continuaban produciendo las mismas cosas que antes de la guerra sin encontrar salida... No bastaba con seguir produciendo, también y sobre todo, había que producir de otro modo... <<Producir de otro modo>> exigía, una vez más, saber quién decide qué y como producir" (537).

La evolución de la economía revolucionaria atravesó, desde las jornadas de Julio, y en escasas semanas, diferentes fases en la construcción del nuevo edificio revolucionario, hasta llegar a la constitución del Consejo de economía de Catalunya. Durante la primera fase prevaleció el proceso espontáneo de expropiación de las empresas y la constitución de comités de empresa, sin que la iniciativa y la intervención de las centrales sindicales en el proceso fuera significativa. Fue posteriormente, en lo que podríamos denominar la segunda fase, cuando los sindicatos, de forma improvisada, tuvieron que tomar las riendas de la dirección de la economía revolucionaria, asesorando y colaborando con los comités obreros, para organizar la marcha de la producción en las fábricas.

"La colectivización no podía pararse en España en esta fase. Este era el sentir de todos. Los sindicatos se decidieron a encargarse ellos mismos del control de las empresas. Los sindicatos de industria se transformaron en empresas industriales" (538).

La iniciativa anarcosindicalista se había volcado a fondo en la economía, con la convicción de que la organización y la profundización del nuevo sistema de las colectivizaciones iba a volver irreversible el proceso revolucionario apenas iniciado. Sin embargo y como contrapartida, había renunciado, desde los primeros momentos, a tomar el poder que la revolución de los comités había puesto en sus manos. La renuncia a la toma del poder político condenaba a la CNT y a la FAI a tomar una nueva orientación de colaboración y de compromiso con sus adversarios en el campo republicano, cuyas consecuencias todavía no eran capaces de prever.

La dualidad de poderes surgida de la renuncia anarcosindicalista se había encarnado en el Comité Central de Milicias, organismo que se había convertido en el enlace entre las diferentes facciones "antifascistas" existentes y el gobierno de la Generalitat de Catalunya.

El curso que iban tomando los nuevos acontecimientos revolucionarios, caracterizado por la extensión de la economía colectivizada, y el convencimiento de que la guerra iba a ser mucho más larga y costosa de lo que preveían durante los primeros días llevó a lo que podríamos llamar, una tercera fase de la revolución económica: la necesidad de crear un nuevo organismo de enlace entre los diferentes partidos y sindicatos obreros, que dirigiera y organizara la nueva economía y que estuviera desligado de la estructura del Comité de Milicias: El Consejo de Economía de Catalunya.
La colaboración entre el anarcosindicalismo y el resto de las organizaciones, exigía encontrar un punto intermedio entre los criterios de las diferentes organizaciones, y por lo tanto implicaba también la renuncia a una serie de proyectos y de aspiraciones por parte de la CNT y de la FAI, que eran las organizaciones hegemónicas. De esta forma, los comités revolucionarios quedaban marginados de los verdaderos centros del poder político y económico que existían en aquellos momentos.

Todas las organizaciones que formaban parte del Comité Central de Milicias se mostraron partidarias, desde los primeros momentos y por distintas razones, de la formación del nuevo organismo económico, que debería integrar las diferentes iniciativas, enfrentadas muchas veces entre si, para dirigir la nueva economía colectivizada.

Los primeros intentos para crear el Consejo surgieron apenas terminados los combates callejeros de Julio. Era necesario atraer a los anarcosindicalistas, verdaderos triunfadores de la situación, hacia una política de moderación política y de compromiso con el gobierno de la Generalitat y sus aliados, las organizaciones del Front d'Esquerres. Las primeras propuestas para su creación partieron de la Consellería de Trabajo, cuyo titular era en aquellos momentos, Martí Barrera. En estos primeros encuentros participaron a título personal, Diego Abad de Santillán, García Birlán (Dionisios) y Josep Viadiu, miembros destacados de la CNT y de la FAI, y partidarios de la línea de colaboración. También estaban presentes Estanislau Ruiz Ponseti, dirigente del PSUC y Quero Molares de ERC. Todos los participantes se comprometieron a trabajar en el seno de sus organizaciones, por la consolidación de los compromisos y por la creación del nuevo Consejo Económico.

El 29 de Julio, el PSUC publicaba en "Treball" un artículo en el que proponía la creación de un Comité de Coordinación Económica, que debería estar integrado por todas las organizaciones que formaban parte del Comité de Milicias, y que debería desarrollar un programa de municipalización de los servicios, administrados a su vez por los comités obreros que habían sido constituidos en dichas empresas (539).

El 14 de Agosto se creaba, por medio de un decreto del Gobierno de la Generalitat, el nuevo organismo que se encargaría de realizar las tareas económicas que exigía la nueva situación revolucionaria: El Consell d'Economía de Catalunya.

El nuevo Consejo estaría presidido por Josep Tarradellas, Conseller d'Economía i Serveis Públics, institucionalizando la dependencia política del gobierno. El organismo económico estaría integrado por representantes de todas las fuerzas políticas presentes en el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya:

Martí Barrera i Maresma (Trabajo), Vicenç Bernades i Biusá (Transportes y Comunicaciones) y Joan B. Soler i Bru (Seguros Sociales) por ERC; Ramón Peypoch i Pich (Producción Química) por AC; Eusebi C. Carbó (Construcción), Joan P. Fábregas (Finanzas) y Cosme Rofes (Sanidad) por la CNT; Antoni G. Birlán (Papel e Imprenta) y Diego Abad de Santillán (Combustibles y Fuentes de Energía) por la FAI, Joaquín Fronjosà i Salamó y Joan Grijalbo i Serres (Metalurgia y Minería) y Joaquín Puig i Pidemunt (Alimentación), por la UGT; Estanislau Ruiz i Ponseti (Distribución del trabajo) por el PSUC; Joaquín Pou i Mas (Agricultura) por la UdR y Andreu Nin (Textil) por el POUM.

Existen diferentes y encontradas versiones sobre a quien correspondió la iniciativa que dio origen al nuevo organismo dirigente de la economía. El historiador libertario Cesar M. Lorenzo afirma que la propuesta partió de la CNT, que veía la necesidad de separar las funciones militares y políticas, tareas principales que había asumido el Comité Central de Milicias, de las de índole económico (540).

El periodista trotskista norteamericano, Félix Morrow atribuye la iniciativa de su creación al presidente de la Generalitat Companys (541).

Miquel Caminal ha recogido una versión muy similar al afirmar que la idea había partido de Josep Tarradellas que había sustituido a Lluís Prunés en el puesto de Conseller d'Economía de la Generalitat (542). Caminal define perfectamente la importancia que tenía el nuevo organismo para los objetivos políticos de los partidarios del gobierno catalán:

"La constitución de este organismo tiene gran importancia tanto desde la perspectiva económica como política. Es la primera piedra del edificio del nuevo orden económico y es también el primer precedente del gobierno de unidad del 26 de Septiembre". (543).

Resulta evidente que, cada una de las organizaciones que formaban parte del Comité Central de Milicias tenía sobradas razones políticas para fomentar y apoyar la constitución del Consejo de Economía, por lo que ambas versiones parecen verosímiles. Sin embargo, es probable que el verdadero origen esté en el proyecto que se gestó en el seno de la Consellería d'Economía de la Generalitat, entre representantes del gobierno catalán, de las organizaciones del Front d'Esquerres y de miembros del ala más decididamente colaboracionista de la CNT y de la FAI.

Llama la atención, que los militantes de las diferentes organizaciones que habían participado en las reuniones realizadas en la Consellería de Treball, a finales del mes de Julio, formaran parte de él, en el momento de su constitución.

"Así como el Comité de Milicias, al principio obligado a tratarlo y a resolverlo todo, se fue convirtiendo cada vez más en un Ministerio de Guerra en tiempos de guerra, para descargarle de funciones que no podrían menos que estorbar su preocupación fundamental, creamos un Consejo de Economía de Catalunya, cuyos acuerdos no podían ser rechazados por el Consejo titular del Departamento de Economía" (544).

Para cumplir las funciones que se le habían adjudicado, el Consejo tuvo que vincularse estrechamente al Comité de Abastos, que se había constituido en el seno del Comité de Milicias y a la Comisión de Industrias de Guerra, creada pocos días antes. Las funciones de estos organismos se complementaban con las que habían sido asignadas al Consejo.

La creación de un organismo económico, supeditado al gobierno autónomo, aunque fuera inicialmente de forma simbólica, representaba un paso importante en la colaboración entre los líderes cenetistas y los partidarios de la restauración republicana que culminaría, un mes y medio más tarde, en la disolución del mismo Comité de Milicias y en la integración de las organizaciones obreras en un nuevo gobierno de concentración de la Generalitat.

El Consejo de Economía de Catalunya, al igual que el Comité Central, era un órgano de colaboración entre las organizaciones más izquierdistas, que se reclamaban de la revolución, y las que se mostraban partidarias de la reconstrucción del orden republicano. Sin embargo, el nuevo organismo económico adquiría una serie de características que lo hacía mucho más dependiente del gobierno autónomo catalán.

Sin lugar a dudas y una vez más, el anarcosindicalismo y el POUM, consideraban que su claro predominio de la situación, les permitiría neutralizar las maniobras del gobierno autónomo y de sus partidarios, aunque éstos detentaran la dirección simbólica del nuevo organismo económico.

"El Consejo de Economía representaba -al igual que el Comité Central de Milicias- un compromiso: si bien el Consejo era nombrado por el gobierno y era el Consejero de Economía el que había de ostentar su presidencia, las organizaciones obreras disponían, sin embargo, de un predominio tal que estaban en condiciones de imponer como programa del Consejo su visión de una economía ampliamente socializada" (545).

El compromiso político existente entre los libertarios y el POUM, con el gobierno de la Generalitat y las organizaciones del Front d'Esquerres, que se había reflejado con anterioridad en la colaboración entre el gobierno catalán y el Comité Central de Milicias, aparecía de nuevo en el Consejo de Economía. Sin embargo, detrás del compromiso se escondía el enfrentamiento entre dos proyectos completamente antagónicos.

La búsqueda de un programa unificado que pudiera ser llevado a cabo por el Consejo de Economía, llevó a un difícil equilibrio entre las diferentes posturas antagónicas, que fue evolucionando a medida que también lo hacía la situación política catalana. La preponderancia libertaria se mantendría durante todo un período, para empezar a declinar con la decadencia del movimiento revolucionario.

El nuevo "órgano dirigente de la vida económica" de Catalunya se declaraba, motor de la "transformación socialista" de la nueva economía y se encargaría de su coordinación, planificación y regulación, mediante la creación de los instrumentos apropiados (Consejos de Industria, Caja de Crédito Industrial y Comercial...).

El programa del Consejo estaba constituido por once puntos generales:

1. Reglamentación de la producción según las necesidades del consumo de la población y de la guerra.

2. Constitución de un monopolio sobre el comercio exterior.

3. Colectivización de la gran propiedad agraria, que será explotada por los sindicatos campesinos y sindicalización obligatoria de los pequeños y medianos propietarios del campo.

4. Devaluación parcial de la propiedad urbana mediante la fijación de impuestos y la rebaja de alquileres.

5. Colectivización de las grandes industrias, de los servicios públicos y de los transportes en común.

6. Incautación y colectivización de las empresas abandonadas por sus propietarios.

7. Extensión del régimen cooperativo a la distribución de los productos.

8. Control obrero de las operaciones bancarias, hasta la nacionalización de los Bancos.

9. Control Sindical obrero de todas las empresas que sigan siendo explotadas en régimen privado.

10. Rápida recolocación de los desocupados.

11. Supresión rápida de los diversos impuestos para llegar al impuesto único (546).

El programa de transformación de la economía adoptado por el Consejo no pudo ser llevado, de forma general, a la práctica.

El mantenimiento del dualismo de poderes, la inexistencia de un auténtico poder revolucionario dispuesto a desarrollar sus aspectos más positivos hasta llegar a una auténtica socialización de la economía, y por el contrario, el mantenimiento de una serie de resortes financieros en manos de unas autoridades, hostiles a la revolución, hizo que el programa del Consejo no pudiera llegar a desarrollarse.

El gobierno de la Generalitat asumió sin dificultades el programa radical del nuevo organismo económico, consciente de que el porvenir de las colectivizaciones y del nuevo orden revolucionario dependía, en última instancia, de la evolución que siguiera el poder político. Y en este sentido, la colaboración entre las organizaciones que se reclamaban de la revolución y los partidarios de la reconstrucción de la República, era cada vez más intensa y comprometida.

Además de los problemas derivados de la nueva estructuración de la economía revolucionaria, el Consejo tuvo que enfrentarse al grave reto que implicaba la falta de materias primas y de productos de consumo de los que Catalunya era claramente deficitaria, y que en muchos casos se producían en los territorios que estaban controlados por el ejército franquista.

Esta labor tuvo que realizarse en estrecha colaboración con los comités de abastecimientos que existían en las distintas localidades. Para cubrir estas necesidades hubo que realizar una campaña de mejora de la agricultura, potenciando no solo la producción, sino también la diversificación de los productos. Con esta política se cubrieron una parte importante de las necesidades de la población y de la economía colectivizada, mientras que el resto había que compensarlo mediante intercambios comerciales con otras regiones del territorio republicano o bien, a través de importaciones procedentes del extranjero.

Los intercambios con otros países se encontraron con las dificultades procedentes del boicot internacional y con la escasez de divisas que se encontraban en manos de un gobierno central, receloso de la autonomía conseguida por la Catalunya revolucionaria. Las dificultades de abastecimiento se agravaron en los meses posteriores, a medida que el ejército franquista se apoderaba de nuevos territorios. La situación de penuria fue aumentando dramáticamente con la constante llegada de nuevos refugiados procedentes del frente.

El Consejo de Economía tuvo que desenvolverse en un período de excepcionales circunstancias, caracterizado por el desconcierto y por la desorganización, que eran la consecuencia inmediata del estallido de la guerra y del inicio de una revolución totalmente espontánea. Su trabajo se encaminó a adaptar la economía revolucionaria a las nuevas condiciones existentes. No hay que olvidar que la guerra ocasionó en las primeras semanas, una caída calculada entre un 60% y un 75% de la producción existentes a principios del mismo año.

Entre las causas de tan brusca caída estuvo el desbarajuste producido por la huida de gran parte de los técnicos y directivos de los centros de trabajo. La revolución y la guerra también significaron una profunda desarticulación de la economía española, y por consiguiente, también catalana, provocada por la pérdida de una buena parte de los mercados estatales y por las mayores dificultades que implicaba poder llegar a otros regiones de la "zona republicana".

Sin embargo, el carácter del Consejo de Economía era solo consultivo. La aparente contradicción entre la naturaleza de este organismo y una situación que exigía una auténtica dirección, capaz de llevar a cabo una rápida corrección en el proceso de la economía, que corrigiera los errores derivados del espontaneísmo de los primeros momentos sólo es explicable porque eran los comités de empresa y las centrales sindicales, los verdaderos dueños de la situación.

Desde finales del mes de Julio, habían sido los sindicatos cenetistas, los que dirigieron todo un proceso de coordinación y de estructuración de las colectivizaciones en el campo y en la ciudad. Difícilmente éstos, iban a permitir que el Consejo de Economía, un organismo de naturaleza burocrática (como en el Comité Central de Milicias, los delegados eran elegidos por las direcciones de los partidos y sindicatos, y solo eran responsables ante ellas) supeditado al gobierno de la Generalitat, les arrebatara las tareas que consideraban fundamentales para hacer irreversible el proceso revolucionario.

Los resultados concretos conseguidos por el Consejo, en lo que concierne a la dirección y regulación de la nueva economía fueron más bien escasos. Los sindicatos continuaron siendo el auténtico motor que organizaba a las empresas colectivizadas.

La colaboración de los representantes del anarcosindicalismo y, en mucha menor medida, de la UGT y del resto de organizaciones obreras en el seno del Consejo de economía, permitieron que sus funciones se extendieran mucho más allá de las que corresponderían a un organismo de tipo consultivo. El Consejo acabó por convertirse en la verdadera dirección de la economía revolucionaria de Catalunya.

Mientras el anarcosindicalismo y el Comité Central de Milicias mantuvieron su preponderancia, el Consejo continuó jugando un papel importante en la economía, constituyéndose en el canal de expresión de los sindicatos cenetistas y también del resto de las organizaciones obreras. Sin embargo, el hecho de que el gobierno autónomo catalán y el republicano central mantuvieran en su poder todos los resortes financieros llevaron al Consejo, de la misma forma que lo hacía el Comité Central de Milicias, a someterse cada vez más, a los planes intervencionistas de éstos.

Tras la constitución del Consejo, aparecieron una serie de decretos que se encaminaban a intentar ordenar el nuevo orden económico revolucionario. Por diferentes motivos, todos los grupos coincidían en la necesidad de articular la nueva economía.
Para republicanos nacionalistas y comunistas oficiales, la tarea de articular la nueva economía, manteniendo la producción que debía satisfacer las necesidades de la población y de la guerra, era el paso previo que debía llevarse a cabo antes de recuperar el poder perdido con la revolución. Anarcosindicalistas y poumistas consideraban necesaria la tarea de articular y organizar la nueva economía colectivizada, legalizando, mediante los decretos del gobierno de la Generalitat, las conquistas revolucionarias que la población trabajadora había impuesto en la calle, durante las semanas anteriores.

En Catalunya, paralelamente al papel central que tenían los sindicatos en la nueva economía colectivista, el destartalado gobierno de la Generalitat intentaba, desde los primeros momentos de la revolución, introducirse en la nueva situación para influir en ella, según sus propias perspectivas e intereses.

Durante las primeras semanas, el gobierno catalán se limitó a sancionar, sumisamente, la voluntad de los comités revolucionarios y de los sindicatos anarcosindicalistas, que se expresaba en las continuas expropiaciones y colectivizaciones, que se estaban llevando a cabo.

El gobierno catalán se encargó, con el beneplácito del Comité Central de Milicias y de los sindicatos, de asegurar el pago de los salarios de los trabajadores a través de los Bancos y de las Cajas de Ahorro que había nacionalizado y también de las recién creada Oficina reguladora del Pago de salarios. De esta forma, el gobierno autónomo conseguía afianzar su posición en la nueva situación revolucionaria.

El eje de la política del gobierno de la Generalitat era atraer a sus principales adversarios, los libertarios, hacia una política de colaboración y de compromiso que les permitiera hacer retroceder, poco a poco, a la revolución. La alianza con el anarcosindicalismo era la única forma posible para salvar de la quema expropiadora, a la mayor parte posible de la pequeña y mediana propiedad en Catalunya. La colaboración en el seno del Consejo de Economía le iba a permitir la posibilidad de intervenir y hacer crecer su influencia en el seno de la nueva economía, sin tener que enfrentarse a los sectores revolucionarios, en una situación en la que su debilidad era todavía manifiesta.

"...los representantes del movimiento libertario que predominaban en el Comité de Milicias, no habían llevado aún su espíritu de colaboración como para participar en responsabilidades de gobierno, con lo cual y por la duplicidad de funciones de ambos organismos (Gobierno de la Generalitat y el Comité de Milicias) quedaba muy debilitada la autoridad moral del primero. La colaboración de los representantes de la CNT y de la FAI en el nuevo Consejo de Economía de Catalunya tenía por tanto, el doble objetivo de cumplir eficientemente una labor de reorganización económica, que disminuido en su autoridad no podía cumplir el Gobierno por si mismo, y de ir acostumbrando cada vez más a los anarcosindicalistas a las responsabilidades de la dirección de la cosa pública, dando al propio tiempo un cauce legal a los hechos revolucionarios" (547).

Con su política de "legalizaciones" por decreto, el gobierno de Companys pretendía conseguir diferentes objetivos: aumentar su prestigio entre la población trabajadora, mientras frenaba la iniciativa de los sectores revolucionarios, y mediante presiones y maniobras, apoyadas por el Consejo de Economía , conseguía introducir a sus propios interventores en las colectivizaciones, terreno que le había estado vedado hasta el momento. La función de los representantes de la Generalitat fue durante el primer período, puramente testimonial, frente a los comités de las empresas colectivizadas o intervenidas por los trabajadores. Sin embargo, sus modestas prerrogativas fueron aumentando progresivamente, durante los meses siguientes, a medida que la autoridad del gobierno catalán, se iba consolidando frente al movimiento revolucionario.
"Al principio, la intervención del Estado se limitó a una simple fisga. Ni los obreros hubieran permitido más ni él estaba suficientemente rehecho para permitirse imposiciones o bravatas. En la mayoría de los casos, su intervención se ejercía a través de los elementos obreros más ligados al poder político. El proletariado seguía considerando la economía suya, y definitivamente ido el capitalismo. Las consecuencias funestas en el terreno de la producción no se hicieron sentir hasta después... la fisga se transformó en control, el control en dictadura y ésta en saboteo directo y descarado de las colectividades... hasta que la industria pasó toda a poder del Estado. El proceso no se cumplió vertiginosa, sino paulatinamente. Va desde los meses finales de 1936 hasta principios de 1938, cuando puede considerarse completo el triunfo gubernamental" (548).

El programa político y económico del PSUC, aliado del gobierno catalán y miembro del Front d'Esquerres, estaba situado, claramente a la derecha del que había sido aprobado por el Consejo de Economía. Los ejes de la política de los comunistas oficiales eran, su tajante oposición a todas aquellas expropiaciones que se realizaran sobre las propiedades que no pertenecieran a los facciosos, y la defensa de la necesidad de crear una auténtica economía de guerra que estuviera supeditada a la Generalitat de Catalunya y al gobierno republicano central. Esto significaba, por lo tanto, el enfrentamiento con el poder y la influencia que ejercían los comités locales y el Comité Central de Milicias, ambos controlados por el anarcosindicalismo, que se habían convertido en la indiscutible autoridad en la Catalunya revolucionaria.

El 6 de Septiembre, "Treball" publicaba un manifiesto conjunto del PSUC y de la UGT:

"No puede haber, ahora más que una consigna: ganar la guerra. Con la victoria, la reconstrucción de la economía de Catalunya y de España sobre nuevas bases será inevitable...".

"Por una falta de visión, por una acción desconectada del conjunto peninsular, por la misma rapidez fulminante con la que destrozaron el fascismo, los trabajadores de Catalunya se entregaron a la alegría de una victoria no decisiva y a la tarea inmensa de crear una nueva economía. La guerra pasa a segundo término, y mientras en el resto de España surgían los frentes y la improvisadas y heroicas milicias contenían el alud del fascismo, en Catalunya se libraban a las disputas partidarias y de hegemonía en los ensayos precipitados e inconexos...".
"...Hemos de exigir una economía centralizada, toda ella movilizada o movilizable para un fin concreto, ganar la guerra en el menor tiempo posible. Exigimos una economía libre de ensayos ingenuos. de genialidades de individuos que operan hoy encima del cuerpo sangrante de Catalunya... Exigimos una economía emancipada de las influencias o presiones de tantos comités nacidos por doquier, manifestación dolorosa del sarampión pseudorrevolucionario que amortigua la magnífica vitalidad de Catalunya..." (549)

El manifiesto expresaba claramente la política económica del PSUC y de la UGT catalana. Sus objetivos inmediatos y primordiales: Combatir el poder de los comités, frenar y reconducir las conquistas revolucionarias que se estaban llevando a cabo de forma espontánea, sacrificándolas a las necesidades de la guerra. Las promesas de una revolución socialista quedaban relegadas a un futuro indeterminado después de la victoria, y ocultas detrás de un lenguaje premeditadamente ambiguo, que hablaba de la inevitabilidad de que la victoria conduciría a la creación de una economía construida sobre "nuevas bases", sin especificarlas.

El PSUC y la UGT se declaraban partidarios de la colectivización y la cooperativización de las grandes empresas industriales y de servicios (transportes, minería, industria de armamento, banca...), además de las propiedades agrarias que hubieran sido expropiadas por los trabajadores por pertenecer a los partidarios declarados de la sublevación militar. Las colectivizaciones se convertían en su óptica política, en simples nacionalizaciones que deberían estar dirigidas y controladas por el gobierno de la Generalitat, conocido adversario de cualquier veleidad revolucionaria que pudiera traspasar el umbral de la propiedad privada y de la República parlamentaria.

El resto de las propiedades incautadas, salvo aquellas que fueran de especial importancia estratégica para satisfacer las necesidades de la guerra, deberían ser devueltas a sus antiguos dueños, y puestas bajo "control obrero", para poder mantener la alianza con la "burguesía democrática y antifascista" que pretendía encarnar el Frente Popular. La consigna "control obrero" pretendía suavizar la oposición que ejercía el minoritario PSUC ante el hecho de que los trabajadores, sintiéndose los verdaderos triunfadores de la situación, hubieran desencadenado un vasto movimiento expropiador apoderándose de las empresas.

El "control obrero" defendido por los comunistas oficiales, en una situación en la que la mayor parte de los propietarios habían huido o perecido bajo la represión revolucionaria, era una consigna que estaba dirigida a preservar la marcha de la producción, amenazada como estaba, por el vacío dejado por el derrumbe del viejo sistema económico.

Fue el mismo Joan Comorera el que describió perfectamente, en un Pleno del Comité Central del PSUC, la táctica que había adoptado su partido:

"Los sindicatos no pueden ser apartados de la dirección económica del país. En primer lugar, porque el Gobierno no tiene aparato económico bastante bien montado aún para tomar él solo toda la responsabilidad de la dirección. Por otra parte, Catalunya es un país de arraigada y antigua tradición sindical. Nosotros no podemos quemar las etapas ni violentarlas. Hoy es absolutamente necesario que las centrales sindicales intervengan en la dirección económica del país" (550).

El "Control obrero" se convertía de esta manera, en un paso intermedio, necesario, entre las colectivizaciones y las primeras tentativas socializadoras de la revolución, y la devolución de las empresas a sus antiguos propietarios, en un futuro en el que las condiciones políticas permitieran hacerlo.

Por este motivo, el PSUC y la UGT catalana fueron, desde el primer momento, firmes partidarios de la creación de comités en las fábricas, que deberían encargarse de las funciones de la organización de la producción en los centros de trabajo.

La consigna, sin embargo, se oponía frontalmente a las actividades expropiadoras que estaban realizando los sectores revolucionarios. El "control obrero" quedaba reducido, de esta forma, al de una simple gestión o cogestión de las empresas. Las colectivizaciones tendrían que convertirse, según la óptica comunista, en simples nacionalizaciones hechas bajo la dirección de la Generalitat y el gobierno de Madrid, en espera a que la victoria final en la guerra y la plena restauración del estado republicano, permitiera devolver a España, su antigua fisonomía de República parlamentaria.

En el tema agrario, el PSUC se convirtió, rápidamente, en el principal adversario de las colectivizaciones, enfrentándolas a los pequeños propietarios campesinos, que estaban organizados en la Unió de Rabassaires.

La dirección del sindicato agrario catalán, tradicionalmente controlado por los nacionalistas republicanos, fue pasando a sus manos, en la medida que ERC se revelaba impotente para enfrentarse al movimiento de las expropiaciones.

El eje principal de la política comunista se centró en la defensa de la repartición y de la explotación de la tierra de forma cooperativista o familiar. Sólo las propiedades pertenecientes a los sublevados, debían ser expropiadas y distribuidas, individualmente o en régimen de cooperativas, entre los campesinos pobres de la comunidad. Convirtiendo las colectivizaciones en empresas de pequeños propietarios, se eliminaban los "excesos revolucionarios" de los jornaleros y del campesinado sin tierra que, influidos por la CNT, habían preferido construir sus propias colectivizaciones.

"Haciendo intervenir a los obreros como coempresarios, no solamente en los beneficios, sino también en las pérdidas del empresario, conservando, pero, la unidad de la tierra, sin caer en el error de la repartición de las tierras" (551).

La política económica del PSUC, tanto en el campo como en la ciudad, pretendía el mantenimiento de la revolución dentro de los estrictos límites de una República parlamentaria, evitando cualquier "exceso" socializante. Sin embargo, para que dicha política pudiera ser factible era necesario recorrer, antes, una serie de pasos. Era imprescindible ordenar y centralizar la nueva economía revolucionaria. Desde los primeros momentos, el PSUC y la UGT se mostraron partidarios de la creación de un organismo que debería dirigir las industrias "nacionalizadas", y que tendría que estar integrado por las organizaciones del Front d'Esquerres, además de la CNT y la FAI. Este objetivo les permitiría coincidir, aunque fuera de forma puntual, con las organizaciones más radicales, con las que coexistían en el seno del Comité de Milicias.

La constitución del Consejo de Economía de Catalunya constituía, sin duda alguna, un nuevo importante paso de la CNT y de la FAI en el curso revisionista que habían ido sufriendo desde los primeros momentos de la guerra y de la revolución.

Muchos de los viejos conceptos y tradiciones anarquistas se estaban derrumbando, presionadas por las circunstancias de la nueva situación. Los dirigentes cenetistas y faístas seguían oponiéndose a la formación de un gobierno revolucionario, conceptuado por ellos como una "dictadura anarquista", demasiado similar a lo que habían hecho los bolcheviques en la Rusia revolucionaria de 1917. Sin embargo, las jornadas de Julio todavía estaban demasiado cerca y la oleada revolucionaria todavía era demasiado intensa, todavía no podían aceptar integrarse en un gobierno republicano de concentración, ni siquiera dirigido por su viejo adversario izquierdista, Largo Caballero.

El Consejo de Economía pretendía ser, a los ojos del anarcosindicalismo catalán, la dirección revolucionaria de la nueva economía colectivista, sin que por ello, se rompiesen los viejos dogmas antiestatalistas. De esta forma, la CNT y la FAI pretendían hacer en el campo económico, una copia de lo que antes habían hecho en el plano político y militar, con el Comité Central de Milicias.

"El Consejo de Economía de Catalunya fue creado para que el proletariado catalán -que en aquellos momentos no formaba partee aún del gobierno- pudiese intervenir, de una manera más o menos directa, en la obra legislativa a realizar,por el gobierno de la Generalitat. Así pues, hasta el 27 de Septiembre, el Consejo de Economía tenía un carácter esencialmente legislativo y hasta existía la tendencia a que su legislación tuviese un carácter ejecutivo a través del Consejero de Economía" (552).

De esta forma, y según las palabras de Fábregas, el Consejo de Economía de Catalunya se convertía en un organismo que, mediante la colaboración con el gobierno de la Generalitat, pretendía "legalizar" la obra revolucionaria.

La obsesión "legalizadora" del anarcosindicalismo sólo es explicable por su renuncia a la toma del poder. El movimiento revolucionario, los obreros industriales y el campesinado que aceptaban y defendían el nuevo orden de las cosas, necesitaban sentirse respaldados por su propia legalidad. Al haberse negado sus organizaciones tradicionales a tomar el poder cuando lo tenían al alcance de las manos, para poder consolidar las históricas aspiraciones de la población trabajadora, ésta se encontraba con la inseguridad de que sus partidos y sindicatos coexistían en las Juntas de poder territorial, con los defensores de la restauración del viejo orden capitalista, aunque fuera en el seno de una República democrática. La "legalización" significaba pues, la búsqueda de un cauce legal que diera a las bases sociales del movimiento expropiador, la seguridad de que las cosas nunca más volverían a ser como antes.

La obsesión "legalizadora" de las organizaciones más izquierdistas del Comité Central de Milicias sirvió al gobierno de la Generalitat, como un valioso instrumento de penetración en el seno de la nueva economía colectivizada y que, con el retroceso posterior del movimiento revolucionario, facilitaría su progresivo control sobre ésta.

"La legalización de la colectivización condujo, a través del control, finalmente a la anulación de la revolución; los últimos pasos de esta política consecuentemente impulsada por los comunistas, enérgicamente apoyada por los republicanos y pasivamente tolerada por los anarquistas pudieron darse ya abiertamente después de la crisis de Mayo de 1937, tras la cual los anarquistas abandonaron el gobierno" (553).

Desde la constitución del Consejo de Economía, la CNT defendió la necesidad de la socialización gradual de la gran industria, del comercio y de los transportes. Las propiedades de los sublevados y de sus simpatizantes también se integrarían en este proceso socializador, que debería superar la primera fase espontánea y colectivista. El resto de la industria y de los servicios: las pequeñas empresas y las que pertenecieran al capital extranjero, se salvarían del movimiento expropiador, pero se mantendrían bajo un estricto control obrero.

La CNT defendió que la coordinación de la nueva economía se realizase a través de los Consejos de Industria que habían constituido los sindicatos, que a su vez estaban representados en el Consejo de Economía.

En lo que respecta a la revolución agraria, la CNT se mostró partidaria de defender las conquistas revolucionarias que se habían conseguido con las colectivizaciones, mientras exigía moderación a los sectores más radicalizados de sus propias bases, para que se respetara la voluntad y los intereses de los pequeños y medianos propietarios, claramente mayoritarios en Catalunya. El objetivo principal del anarcosindicalismo era la consolidación del cambio que se había producido en las relaciones de propiedad en el campo. Sin embargo, para poder mantener y ampliar el edificio económico que suponían las colectivizaciones agrarias, era necesario conseguir una serie de objetivos fundamentales (554):

Era indispensable crear un sistema de comercialización de los productos del campo que excluyese a los tradicionales intermediarios y que evitase el peligro inflacionista. La nueva estructura tendría que estar basada en las cooperativas de productores y de consumidores que existían ligadas a las colectivizaciones.
Era necesaria la creación de un sistema que facilitara créditos baratos para las explotaciones colectivas y también para los pequeños propietarios campesinos.

Había que fomentar una política de racionalización y de optimización de los recursos de la agricultura, mediante el estudio y la aplicación de los nuevos avances técnicos y científicos. Aprovisionamiento de abonos, maquinaria y utensilios que fueran necesarios para mejorar la producción.

Se tenía que aplicar un programa que estuviera dirigido a superar el tradicional atraso del campo frente a la ciudad. Por lo tanto era imprescindible la creación de una infraestructura de transportes, comunicaciones y servicios capaz de hacer frente a todos estos cambios.

Sin embargo, el programa anarcosindicalista se vería pronto obligado a adaptarse a las limitaciones que imponía la situación bélica y a la resistencia que oponían los pequeños y medianos propietarios, temerosos de los excesos que habían cometido algunos sectores exaltados, y de los cambios revolucionarios que podían suponer la aparición de las colectivizaciones. De esta manera, la CNT tuvo que aceptar la existencia de una pequeña y mediana propiedad que se resistía a desaparecer frente a la ola colectivizadora. El proceso pues, tendría que ser lento y gradual, mediante la demostración de las ventajas del sistema colectivista frente a las pequeñas explotaciones familiares.

En el Pleno Regional de Campesinos de Catalunya, celebrado a principios a principios del mes de Septiembre, la CNT mostró sus intenciones de utilizar el Consejo de Economía como un instrumento para potenciar las colectivizaciones agrarias en Catalunya (555).

Sin embargo, la débil implantación del anarcosindicalismo en el campo catalán, agudizada por su incomprensión del fenómeno social que comportaba la existencia de una pequeña burguesía agraria acomodada y reacia a aceptar el radicalismo cenetista, hizo fracasar sus esfuerzos en el Consejo de Economía para hacer avanzar el movimiento colectivizador.

En el seno del Comité Central de Milicias y posteriormente en el Consejo de Economía, el POUM se declaró como un firme aliado del anarcosindicalismo. En sus pretensiones de convertir al primero, en un auténtico gobierno revolucionario, se mostró ferviente partidario de que fuera el Consejo, el motor y dirección de la transformación revolucionaria de la economía.
Frente a las vacilaciones, la improvisación y el voluntarismo revolucionario del anarcosindicalismo, el POUM ejerció en el seno del nuevo organismo económico, una influencia mucho mayor que la que su implantación social le permitía, gracias a poseer unos criterios mucho más claros que los dirigentes de la CNT, sobre los pasos que debía seguir la nueva economía revolucionaria. Si nos atenemos al testimonio dado por Wilebaldo Solano, y que ha sido recogido por Carlos Semprún Maura, Andreu Nin fue el autor del programa de once puntos, adoptado por el Consejo (556).
Especialmente crítico con las colectivizaciones, el poumismo se mostró partidario de superar las contradicciones y los peligros que ofrecía esta fase espontánea de la economía revolucionaria, mediante su socialización. Frente a las tendencias corporativistas y procapitalistas que encerraban la actitud de algunos comités, la economía debía ser estatalizada, y puesta bajo el control y la gestión de los trabajadores. También "el control obrero" era una consigna que había quedado completamente superada en las jornadas de Julio, cuando los obreros se habían apoderado de los centros de trabajo, procediendo a la expropiación de los antiguos propietarios.

"Las colectivizaciones han superado la etapa de control obrero y a su alrededor piden ser superadas por la socialización" (557).

La evolución de la nueva economía revolucionaria sólo podía consolidarse y avanzar, superando la dualidad de poderes existente, mediante un Estado Obrero. El dualismo sin resolver, entre los comités locales, el Comité Central de Milicias y el gobierno de la Generalitat obstaculizaba la posibilidad de que las colectivizaciones avanzaran hacia un auténtico sistema socialista. Esto sólo era posible mediante la formación de un auténtico gobierno revolucionario, donde deberían estar representadas todas las organizaciones obreras presentes en el Comité Central de Milicias (excluyendo, por lo tanto, a los partidos nacionalistas de la pequeña burguesía republicana que, según el POUM, representaban a una época que ya estaba definitivamente superada).

En la marcha hacia el Estado Obrero, el anarcosindicalismo seguía jugando, para el POUM, un papel fundamental. El fatalismo poumista acababa condenando su táctica y estrategia, a que los dirigentes cenetistas, cada vez más comprometidos en la colaboración con los partidarios del orden republicano, llegaran a convencerse de que el destino de la revolución, dependía de que ellos se decidieran a tomar el poder.

Desde este punto de vista, el POUM no podía oponerse a la creación del Consejo, al considerarlo como un importante paso en la construcción de este gobierno.

De la misma forma que un gobierno obrero significaba, para el POUM, la centralización del poder revolucionario, por medio de una hipotética asamblea constituyente de delegados elegidos por los comités de obreros, campesinos y milicianos, también significaba la centralización de la economía colectivizada.

Si el Comité Central de Milicias podía convertirse, por la voluntad de los dirigentes cenetistas, en el deseado gobierno revolucionario, el Consejo de Economía también podía formar parte de éste.

Desde este punto de vista, el POUM hacía una crítica al anarcosindicalismo, por su falta de firmeza para combatir los desvíos de las colectivizaciones hacia lo que Andrade denominaba "capitalismo popular":

"Y un Gobierno obrero y campesino es el que se encuentra a faltar para superar el control obrero y las colectivizaciones que no responden ya al momento actual. Se recrimina a los Consejos de Empresa de ser más conservadores que los burgueses, se afirma que las colectivizaciones han puesto unos cuantos burgueses en la dirección de Empresa allí donde solamente había uno. Pequeña burguesía y reformistas que no tienen una confianza absoluta en el espíritu creador de la clase trabajadora se aprovechan de estos inconvenientes para ir frenando el impulso revolucionario de las masas y volver paulatinamente a una situación parecida a la de antes del 19 de Julio" (558).

De la misma forma que en el seno del Comité Central de Milicias, también en el del Consejo de Economía, se integraban diferentes fuerzas políticas con programas, muchas veces antagónicos e irreconciliables, coincidentes sólo de forma puntual en la necesidad de la creación de un organismo que debía dirigir la evolución de la economía hacia sus propios objetivos políticos.

La creación del Consejo de Economía, cuando las organizaciones políticamente situadas en el ala izquierda del Comité Central, estaban cada vez más comprometidas con su política colaboracionista, constituía sin duda alguna, un importante paso del gobierno de la Generalitat en la consecución de sus propios objetivos. Sin embargo, todavía había un largo trecho que recorrer para poder consolidar su autoridad, en detrimento de la revolución de los comités:

"El desarme de la retaguardia, la organización militar, la normalización institucional, el restablecimiento de la seguridad interior y la supresión de las patrullas de control, eran cuestiones muy delicadas, ya que su ordenación podía ser interpretada no como una adecuación del régimen político al nuevo régimen económico y social, sino como una desvirtuación y hasta una liquidación de los órganos de poder surgidos espontáneamente en el transcurso de la revolución. En todo caso, esta <<ordenación>> comportaba ineludiblemente la colaboración de la CNT y de la FAI. Su entrada en el Consejo de Economía había sido el primer paso, faltaba el segundo: la entrada en el Consell de la Generalitat" (559).

Tras la disolución del Comité de Milicias Antifascistas de Catalunya en el seno del nuevo gobierno de la Generalitat, el Consejo pasó a integrarse en la consellería d'Economía del gobierno catalán, convirtiéndose en un simple apéndice de éste. Con las organizaciones obreras integradas en el Comité de Milicias, no tenía ningún sentido seguir manteniendo la situación de dualismo en el campo económico.

"Tras la fecha de constitución de aquel gobierno, el 27 de Septiembre, la misión del Consejo de Economía quedaba reducida a estudiar y a proponer al gobierno de la Generalitat las soluciones que creía convenientes acerca de determinados problemas económicos de Catalunya" (560).

4.5 LAS DIFERENTES ACTITUDES FRENTE AL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA.

El Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya acabó, por la dinámica de los acontecimientos, convirtiéndose en el verdadero centro del poder político en la Catalunya revolucionaria. Los comités obreros dominaban la vida cotidiana y la marcha de las empresas en las localidades donde habían aparecido, pero constituían un poder completamente horizontal.

Su poder e influencia decrecían a medida que se ascendía en las estructuras del poder territorial, hasta llegar al Comité Central de Milicias, donde su influencia era mínima. El gobierno de la Generalitat de Catalunya, se había convertido de la noche a la mañana, en una ficción que sólo podía sobrevivir gracias a las concesiones hechas por los dirigentes anarcosindicalistas. Su influencia apenas contaba en la vida política, durante las primeras semanas de la revolución.

En estas condiciones, la dualidad de poderes abierta con el rechazo de la CNT y de la FAI a aprovechar su triunfo, para liquidar definitivamente al gobierno de la Generalitat, sólo podía encarnarse en el Comité Central de Milicias. Ideado por Companys para convertirse en un mecanismo de control y de supeditación del movimiento revolucionario, por medio de la participación en dicho organismo, de anarcosindicalistas y poumistas, verdaderos triunfadores de Julio. Convertido por los cenetistas en una plataforma de colaboración con las distintas fuerzas políticas del Frente Popular y el POUM, pero en la que se advertía la aplastante supremacía del anarcosindicalismo catalán. La situación lo empujó a convertirse en el campo de batalla entre las diferentes organizaciones obreras que se disputaban la influencia política. Era en él donde iba a decidirse, en gran parte, el futuro de la revolución en Catalunya, y por lo tanto, también en el resto del estado.

Las organizaciones de la pequeña burguesía nacionalista republicana y el gobierno catalán, estaban condenados a jugar en él, un papel de simples comparsas en esta lucha, apoyando a los partidos y sindicatos obreros del Front d'Esquerres.

El papel de estas fuerzas fue completamente secundario, en pleno auge de la revolución de los comités. ERC vió declinar en los meses posteriores al comienzo de la guerra y de la revolución, su control sobre las clases medias catalanas en el campo y en la ciudad, siendo sustituída por el PSUC, que se convertía en el nuevo abanderado de las clases medias catalanas.

Los principales aliados de ERC, no solo le robaban su tradicional protagonismo político, sino que también eran el único baluarte que le podía permitir introducirse progresivamente en el campo de la revolución para intentar devolverla a sus límites iniciales. La Esquerra dependía totalmente de sus aliados del PSUC, pero esta alianza no hacía más que debilitarla políticamente en beneficio de la nueva organización comunista.

La contradictoria y explosiva relación entre ERC y el PSUC fue definida perfectamente por el historiador estalinista catalán, Manuel Benavides:

"La Esquerra vivía gracias al oxígeno que le insuflaban los unificados por la necesidad política de hacer más sólidos los cimientos republicanos de la Generalitat. Los hombres de la Esquerra, no obstante, se conducían como esos moribundos que se vuelven de cara a la pared en su lecho de muerte al ver entrar al médico" (561).

Esquerra sólo podía pretender conservar su declinante influencia política, aprovechando los constantes enfrentamientos entre los anarcosindicalistas y los comunistas estalinistas del PSUC.

En estas circunstancias la táctica de los catalanistas pretendía un doble objetivo: que el mismo movimiento que debía hacer retroceder a la revolución de los comités, le devolviera finalmente el poder que había perdido, recuperando su influencia entre los sectores sociales que ahora apoyaban al PSUC.

Los dirigentes de ERC eran conscientes de que, al fin y al cabo, los comunistas estalinistas catalanes, a pesar de su moderación y de su conservadurismo, seguían sin ser el partido de las clases medias catalanas, y que sólo constituían un instrumento eficaz para contener a la revolución. Estaban convencidos de que, una vez desaparecido el peligro revolucionario, el comunismo "conservador" perdería sus nuevas bases sociales y la situación volvería a su equilibrio tradicional. H. E. Kaminsky, agudo observador de la situación política revolucionaria catalana, describió perfectamente la dramática situación en la que se encontraba Lluís Companys y los dirigentes del nacionalismo republicano catalán:

"La Esquerra se ha convertido en un partido conservador. Cuando ahora proclama <<la producción por los sindicatos, el consumo por las cooperativas>> parece que reclama la ejecución de su programa, pero en realidad se está poniendo a la defensiva. Se ha acordado demasiado tarde de su programa social, y sus aliados, que empiezan donde ella acaba, ya la han rebasado" (562).

Sin embargo y por el momento, sólo el PSUC, un partido obrero, que se autoproclamaba heredero en Catalunya de la tradición bolchevique de 1917, podía constituirse en un auténtico obstáculo para el movimiento revolucionario.

4.5.1 El Partido Socialista Unificado de Catalunya y la Unión General de Trabajadores (PSUC-UGT).

Aparentemente, en Catalunya, las posiciones políticas del PSUC aparecen como más radicales que las que mantenía el PCE en el resto del Estado. Esta supuesta contradicción solo es comprensible teniendo en cuenta la tremenda presión revolucionaria a la que estaba siendo sometido, desde su fundación, el nuevo partido comunista catalán.

El "izquierdismo" del PSUC no hacía más que reflejar la mayor profundidad alcanzada por el movimiento revolucionario catalán, respecto al resto del estado.

Otro elemento diferenciador entre las organizaciones comunistas oficiales, es que el PSUC tuvo que competir, en los inicios de la guerra y de la revolución, con organizaciones más numerosas y radicalizadas que él, y que se situaban al margen del Frente Popular, tanto en su versión libertaria (CNT, FAI, JJ.LL.), como en la marxista (POUM, JCI). Una actitud más moderada, hubiera significado mayores dificultades, sino la imposibilidad, para mantener en sus filas, a los escasos sectores obreros que estaban afiliados a la UGT, y que también se veían arrastrados por la extraordinaria marea humana que significaba la revolución.

Desde la formación del Comité Central de Milicias los dirigentes del PSUC demostraron su abierta hostilidad hacia el triunfo anarcosindicalista de Julio y hacia la constitución del nuevo organismo de poder. El Comité de Milicias fue considerado por los dirigentes comunistas como la evidencia de "la influencia tenebrosa y dictatorial de los anarquistas sobre Catalunya" (563). La actitud impotente y astuta de Lluís Companys con los delegados de la CNT y de la FAI fue totalmente incomprendida por los comunistas catalanes que la consideraron como un grave error político. El PSUC abogaba, en aquellos momentos, por mantener una posición de fuerza frente a los libertarios, triunfadores de las jornadas de Julio. Esta postura sería revisada con la crisis del nuevo gobierno de la Generalitat, a principios del mes de Agosto, en el que se pretendió incluir a los representantes del PSUC en el nuevo gabinete. El ultimátum lanzado por los dirigentes libertarios hizo comprender a Joan Comorera quienes eran los auténticos dueños de la situación revolucionaria en Catalunya.

Desde los primeros momentos la actitud del Partido Socialista Unificado frente al Comité Central tuvo que ser la de aceptar a regañadientes los hechos consumados y participar en él. La postura de ERC y de Companys de aceptar las condiciones de los anarcosindicalistas obligaba al PSUC a integrarse en el nuevo organismo de poder. El grado de hostilidad y de oposición de los socialistas unificados varió durante el período de existencia del Comité Central. Pese a la inicial actitud de rechazo que manifestaba el nuevo partido frente al nuevo organismo de poder, sus dirigentes comprendieron que los anarcosindicalistas habían rechazado la posibilidad de tomar el poder y que habían adoptado una postura de la colaboración con las restantes fuerzas políticas y la renuncia temporal a la implantación del comunismo libertario. Mientras que el Comité Central de Milicias defendiese esta política de compromiso, éste sería un obstáculo para la profundización y extensión de la revolución, deseada por los sectores más radicalizados del anarcosindicalismo. Es en este sentido pues, en el que el PSUC acabó defendiendo, en las primeras semanas, la existencia del Comité Central y la necesidad de que los comités revolucionarios se subordinaran a la autoridad de éste.

A medida que la política restauracionista fue avanzando, los dirigentes del PSUC exigieron cada vez más, la subordinación del Comité de Milicias a la autoridad política de la Generalitat, considerado como gobierno único y legítimo en Catalunya, que debería ser el paso previo a su disolución.

La dualidad de poderes era una característica altamente inestable de la situación política revolucionaria catalana y también española, que iba a evolucionar rápidamente hacia uno de los dos extremos en pugna:

"...se formaron dos organismos de poder... el Comité de Milicias y el gobierno de la Generalitat. Era una complementariedad imposible; o se hacía la revolución hasta las últimas consecuencias o se mantenía la unidad antifascista. Hacer las dos cosas era imposible..." (564).

Los dirigentes del PSUC estaban dispuestos a aprovechar las vacilaciones de la CNT para empujarla en la dirección de la "unidad antifascista" y del Frente Popular: la disolución del Comité Central de Milicias tenía que ir acompañada de la formación de un gobierno de unidad que dirigiera todos sus esfuerzos a "ganar la guerra". La liquidación del nuevo organismo de poder sería completamente insuficiente si las organizaciones más radicales que existían en su seno, y que todavía mantenían la supremacía absoluta en el seno del movimiento obrero, no eran incorporadas al nuevo gobierno. La incorporación de la CNT, de la FAI y también del POUM al Consell de la Generalitat cumpliría la función de impedir que la disolución del Comité de Milicias pudiera desembocar en una nueva marea revolucionaria que acabara por dislocar sus planes.

La postura comunista en Catalunya tenía su paralela a nivel de toda la zona republicana, en la crítica constante a la propuesta anarcosindicalista de que el gobierno de Largo Caballero fuera sustituido por una Junta o Consejo Nacional, al estilo del Comité de Milicias de Catalunya y en la exigencia de que la CNT y la FAI formasen parte del gobierno republicano (565).

La incorporación del anarcosindicalismo significaba pues, no solo el mantenimiento del compromiso inicial, del cual había surgido el Comité Central de Milicias, sino la progresiva integración de estos sectores radicalizados, en el proyecto de reconstrucción del estado republicano en Catalunya y en el país.

La situación revolucionaria y el desarrollo de la guerra civil, que ya se adivinaba larga y sangrienta, exigía la existencia de un gobierno fuerte, que fuera capaz de liberar y organizar las energías de la población en el esfuerzo para alcanzar la victoria. La negativa de los anarcosindicalistas a tomar el poder para instaurar un nuevo proyecto social revolucionario, facilitaba enormemente los objetivos del PSUC de restablecer las instituciones republicanas. En este sentido, son claras las declaraciones de Pere Ardiaca:

"Era necesario imponer un orden revolucionario en la retaguardia. El Comité de Milicias nunca lo fue, ni se propuso ser gobierno. Queríamos un gobierno del Frente Popular en el que estuvieran representadas todas las fuerzas antifascistas..." (566).

El recién nacido PSUC y la UGT catalana eran organizaciones muy minoritarias frente al anarcosindicalismo e incluso ante el poumismo, en las semanas posteriores a los hechos de Julio. Sus posiciones políticas poco importaban en plena situación revolucionaria. Sin embargo, su defensa decidida de la pequeña burguesía, provocó un trasvase continuo de miembros de esta clase social hacia estas organizaciones, procedentes de Esquerra Republicana y de otros grupos nacionalistas menores, o situados más a la derecha que ésta.

Los nuevos afiliados buscaban en el PSUC un carnet que les diera protección frente a los libertarios y un partido que pudiera servir de freno a la revolución triunfante. El decreto (que contó con aprobación de la CNT) por el que se hacía obligatoria la afiliación en uno de los dos sindicatos principales, provocó un todavía mayor crecimiento de las organizaciones obreras que se situaban en la línea del viejo Front d'Esquerres. Grandes organizaciones, que contaban con varios miles de afiliados cada una de ellas, como el CADCI y el GEPCI pasaron a integrarse en la UGT catalana.

A medida que los dirigentes del PSUC se iban sintiendo más fuertes fueron desplegando menos tímidamente los ejes de la que iba a ser su política de contención y de restauración del viejo orden.

"A las pocas semanas el PSUC se sentía bastante seguro de si mismo para insistir en la disolución del Comité Central de Milicias Antifascistas y en la concentración del poder en manos del gobierno catalán. A ello le ayudó no solo el presidente Companys, sino también la presión ejercida por el gobierno central, a quien incomodaba la existencia de un organismo revolucionario que demostraba a los ojos del mundo que su autoridad en Catalunya era inexistente" (567).

Frente a la actitud timorata de los dirigentes de ERC, el PSUC se mostraba partidario de un programa de contrarrevolución democrática que se apoyaba en cuatro puntos, descritos en un manifiesto que fue difundido el 10 de Septiembre, y que reflejaba los siguientes pasos que iba a desarrollar la "contrarrevolución democrática", en el siguiente período (568):

1. "Un gobierno que gobierne sin la tutela del Comité de Milicias y con representaciones de todas las fuerzas antifascistas". El restablecimiento de un gobierno republicano fuerte, ligado al Frente Popular (Front d'Esquerres en Catalunya). Esto significaba el fin de la revolución social y la vuelta al sistema económico y político anterior a las jornadas de Julio, es decir, la liquidación del Comité de Milicias y de la multitud de comités revolucionarios locales.

2. "Un orden revolucionario". Pese a los términos utilizados a menudo por los dirigentes del PCE y del PSUC, a menudo confusos y abstractos, refiriéndose al nuevo orden que iba a surgir de la guerra, toda la política de estas organizaciones apuntaba indudablemente al mantenimiento de un capitalismo "avanzado", similar al existente en Francia y en Gran Bretaña. Esta conclusión no es mía, sino que es la que expresa Caminal en la siguiente reflexión:

"... El curso desfavorable de la guerra y la situación internacional, particularmente la dependencia del PCE y del PSUC de la política exterior de la URSS reducirán la ambigüedad de la revolución popular a la nitidez de la revolución democrática". (569).

3. "Una industria de retaguardia libre de la intervención de los aventureros". El término "aventureros", es parte de todo un extenso vocabulario utilizado por el Partido Socialista Unificado destinado a desprestigiar a la revolución de los comités y a su extensión en las actividades económicas, las colectivizaciones industriales y agrarias. Las fábricas, los talleres y las minas, es decir, la inmensa mayoría del aparato productivo en Catalunya, se encontraba en poder de los trabajadores, liderados por la CNT.
La recuperación del poder político tenía que ser el primer paso. Una vez conseguido éste, y con la necesaria colaboración de los dirigentes anarcosindicalistas, cada vez más comprometidos en "la unidad antifascista", el PSUC era partidario de proceder a la liquidación del experimento colectivista.

La huida de la inmensa mayoría de los propietarios era un serio obstáculo para el restablecimiento del viejo cuadro económico prerrevolucionario, que sólo podía superarse con la nacionalización de la economía catalana, bajo la dirección del nuevo gobierno de la Generalitat.

4. "Un ejército regular con mando único y una política de cuadros militares y de comisariado". El total restablecimiento del poder republicano, y por consiguiente, la liquidación definitiva de la revolución de los comités, sólo era posible completando los anteriores puntos con la reconstrucción del viejo ejército y la disolución de las milicias y de las patrullas de control. La reclamación del "mando único", reivindicación lógica y legítima que pretendía superar los errores de las columnas milicianas, servía para ocultar o adornar los verdaderos objetivos de esta campaña: el control por parte del gobierno y del Frente Popular, del ejército. Mientras las milicias se mantuvieran fuera de su autoridad, y estuvieran bajo el control de los comités y de los sindicatos, la "contrarrevolución democrática" no podría llegar hasta sus últimas consecuencias.

La rivalidad entre el Comité Central de Milicias y el gobierno de la Generalitat de Catalunya era un hecho que se repitió desde la creación del primero hasta su disolución final. La dualidad no podía perpetuarse como pretendían algunos.

La evolución de los hechos, la negativa del anarcosindicalismo a instaurar un nuevo régimen revolucionario puso la iniciativa política en manos de los partidarios del restablecimiento republicano. A mediados del mes de Septiembre, el PSUC exigía claramente la constitución de un nuevo gobierno fuerte de la Generalitat y el final de esta situación que perjudicaba la marcha de la guerra contra los franquistas. Si el Comité Central no podía convertirse en el nuevo gobierno, si la revolución de los comités se encontraba estancada, incapaz de llegar hasta las últimas consecuencias, el PSUC consideraba que había llegado su momento.

"Un gobierno con autoridad, un gobierno que responda a la actual situación de las fuerzas revolucionarias, un gobierno con hombres capacitados para poner en marcha las múltiples actividades de nuestro país, es el que podrá dar la solución al problema urgentísimo de la centralización de la economía catalana" (570).

4.5.2 La Confederación Nacional del Trabajo. La Federación Anarquista Ibérica (CNT-FAI).

Una vez descartada la toma del poder, aprovechando la victoria de las jornadas de Julio, los anarcosindicalistas solo podían adoptar dos posturas, la de mantener su independencia política rechazando cualquier participación en los organismos de poder territorial o el compromiso y la colaboración con el gobierno de la Generalitat y con el resto de partidos y sindicatos en el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya.

La primera alternativa, en los primeros momentos, era inviable, ya que hubiera significado la crisis y el enfrentamiento con sus propias bases, que no hubieran aceptado renunciar al triunfo conseguido con las armas, para cederlo a las desprestigiadas autoridades republicanas. La segunda actitud, la del compromiso, pese a las ilusiones de los cuadros dirigentes en poder contrarrestar con sus fuerzas la "contrarrevolución democrática", iba a tener el mismo final, aunque a más largo plazo. La primera posibilidad significaba el mantenimiento imposible de los viejos principios ideológicos en una situación que no toleraba la tradicional automarginación de los anarquistas. La segunda significaba renunciar a la revolución, aplazarla hasta un futuro indeterminado, y en la práctica, servir como dique de contención a los avances del movimiento revolucionario frente a las tambaleantes y debilitadas instituciones republicanas. Cualquiera de las tres alternativas, la de la toma del poder, la de la automarginación o la del compromiso, significaban en la práctica, la quiebra política del viejo edificio libertario.

"A partir del 19 de Julio, continuar al margen del Estado y renunciar a toda política que no fuera la lucha social era imposible. Los anarquistas, o debían intentar establecer su propia dictadura, o debían compartir democráticamente el poder con las demás organizaciones del frente popular" (571).

Después del triunfo de Julio, la colaboración, para los representantes libertarios, no podía significar, de ningún modo, la supeditación de las organizaciones anarcosindicalistas al viejo poder republicano. Los dirigentes libertarios hicieron saber, desde los primeros momentos de existencia del Comité de Milicias, que no estaban dispuestos a ceder la victoria ante la Generalitat, y que eran ellos los verdaderos dueños de la nueva situación en Catalunya.

El Comité Central de Milicias tenía que convertirse en el centro del poder, sin que por ello tuviera que transformarse en gobierno. Mientras tanto, el gobierno de la Generalitat tenía que seguir existiendo como "tapadera" legal ante los gobiernos del resto de países. Éste era el propósito de los dirigentes cenetistas y faístas.

"Detrás de la apariencia de las instituciones republicanas de la región autónoma, se ocultaría un sistema social proletario y libertario que entre bastidores manejaba los hilos de las marionetas representativas del gobierno fantoche de la Generalitat. Así quedaría a salvo el ideal anarquista; así sería realizada de todas formas una obra revolucionaria de tipo socialista sin por ello dar el peligroso salto de la revolución total" (572).

La ingenuidad y la prepotencia del camino adoptado escondía en realidad el temor de los representantes libertarios al aislamiento político de la revolución "total". La existencia del Comité Central de Milicias, constituido como el poder real en Catalunya, dirigido y controlado por los libertarios no hacía otra cosa que postergar el desenlace entre las dos fuerzas que se enfrentaban en el seno del campo "republicano": la revolución de los comités y la contrarrevolución democrática.

Por lo pronto, la primera consecuencia del rechazo de la CNT a la toma del poder fue su renuncia implícita a llevar a cabo la revolución, (aunque ésta fuera de carácter temporal) y por lo tanto, un primer éxito de sus adversarios políticos del Frente Popular. Los dirigentes anarcosindicalistas pretendían salvar la contradicción creada con el estallido de la revolución: eludir la toma del poder sin que por ello significase cedérselo a sus adversarios "republicanos". De esta manera, el Comité Central, que hubiera podido convertirse en la cúspide del nuevo poder revolucionario, se veía condenado a convertirse en un organismo de enlace entre la CNT, la FAI y también el POUM, y las organizaciones partidarias del Front d'Esquerres.

En un mitin celebrado en París por la Unión Anarquista, el delegado representante de la CNT-FAI proclamaba la fuerte revisión que estaban sufriendo los tradicionales principios libertarios:

"La organización a la cual pertenezco actualmente sólo piensa en consagrar la lucha contra los rebeldes, dentro del marco del Frente Popular. La CNT hará honor a su palabra y no desplazará la lucha entablada..." (573).

El periódico "Solidaridad Obrera" publicaba la declaración del Pleno Regional de Locales y Comarcales, que se había realizado apenas una semana después de los combates de Julio, y que explicaba, muy explícitamente, cual era la postura de los dirigentes de la organización que se había convertido en la fuerza hegemónica de la revolución en Catalunya y en una buena parte de la "zona republicana":

"Hoy no hay más problema para el proletariado, no hay más enemigo para el pueblo que el fascismo sublevado... que nadie vaya más allá. Que nadie tergiverse la actuación a seguir. Todos los confederados tienen el deber moral de aceptar las decisiones generales, no sólo por el interés colectivo, sino incluso por el interés individual... En consecuencia, nadie está autorizado para lanzar consignas ni enfocar el movimiento de otra forma..." (574).

El mensaje iba dirigido a los numerosos descontentos que aparecían en las bases sindicales y que no comprendían porque tenían que renunciar a su revolución, pocos días después de haber conocido la victoria. Apenas un poco más de un mes después, era Federica Montseny la que declaraba el triunfo de los colaboracionistas de la CNT, en la emisora de Unión Radio de Madrid:

"Ahora, no somos más que antifascistas, dispuestos a luchar contra el fascismo" (575).

Sin embargo, la revolución en la calle se empeñaba en no seguir las directrices de colaboración que habían decidido los dirigentes libertarios. La revolución "aplazada" en las cúpulas, seguía inexorable y sin dirección en la calle.

La victoria del anarcosindicalismo catalán en las jornadas de Julio, no se traducía en una victoria política, sino en todo lo contrario. Los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI se estrellaban contra una situación que, paradójicamente, les ofrecía el triunfo. La revolución pues, no había llegado bajo la forma idealista que habían imaginado los libertarios, y que implicaba la renuncia a cualquier tipo de dictadura.

La revolución no había llegado, aceptada por la totalidad de la población, tenía fuertes adversarios tanto en el campo franquista, como en el republicano. Habían importantes sectores de la población, la pequeña burguesía urbana y los pequeños y medianos propietarios agrícolas que veían con desconfianza los planes de colectivización libertaria. Los anarcosindicalistas carecían de un programa maduro de acceso y mantenimiento del poder y tampoco comprendían la verdadera naturaleza de los comités revolucionarios que habían aparecido espontáneamente.

No contaban con planes de profundización y extensión de la revolución social que se había puesto en marcha, sino sólo con proclamas bienintencionadas sobre el comunismo libertario.

"Es esta carencia absoluta de nociones claras y de perspectiva histórica, la que impidió al anarquismo ver el sendero revolucionario que se le ofrecía a través de los comités gobierno, lo que le llevó, primero a tolerar el estado capitalista, después a colaborar con él, unido a los politicastros estalinistas y socialistas" (576).

La actitud "colaboracionista" de los dirigentes cenetistas ha sido comentada por numerosos historiadores y testigos de la época, siendo muchos de ellos, pertenecientes a la misma corriente política libertaria. Jordi Sabater hace una completa e interesante descripción de la actitud del anarcosindicalismo en el seno del Comité Central de Milicias:

"Un período en el cual la CNT-FAI, ha abandonado los planteamientos iniciales de reestructuración revolucionaria y federal del estado por una actitud defensiva con la cual, aceptando un cierto grado de centralización, espera poder mantener su condición de fuerza hegemónica en zonas como Aragón y Catalunya" (577).

En el seno del Comité Central de Milicias, los representantes anarcosindicalistas pretendían dar el mínimo de concesiones posibles a sus aliados forzosos, las suficientes para que estos aceptaran la colaboración en el nuevo organismo de poder, pero lo bastante poco como para no poner en peligro su hegemonía sobre la revolución. La renuncia al poder y a la instauración de un nuevo régimen revolucionario, y esta perspectiva de "congelación" de la nueva situación, que significaba su postura de compromiso con el gobierno de la Generalitat y con las fuerzas del Front d'Esquerres, significaban un profundo desconocimiento de las dinámicas revolucionarias que se habían desarrollado desde la misma revolución francesa de 1789, en todas las revoluciones de los siglos XIX y XX.

Es pues, a todas luces injustificada y excesiva, la acusación lanzada por Juan García Oliver contra su rival, destacada dirigente del sector más claramente colaboracionista en el seno de la CNT, Federica Montseny, al acusarla de ejercer una nefasta influencia en el Comité Regional (578).

La votación realizada en el plenario histórico, en el que los cuadros dirigentes del sindicato decidieron rechazar la toma del poder y colaborar con el gobierno de la Generalitat, fue demasiado unánime para aceptar esta explicación. Indudablemente y por las explicaciones que nos han dado numerosos participantes en dicho plenario, entre ellos el mismo García Oliver, se desprende el profundo desconcierto que reinaba entre los participantes de dicha asamblea (579).

Las posiciones colaboracionistas de Federica Montseny, en cualquier caso, sólo podían influir de forma decisiva en una regional completamente desconcertada y paralizada ante el reto que la revolución significaba.

La oposición y las críticas en la CNT y la FAI al colaboracionismo creciente de los dirigentes, en el seno del Comité Central de Milicias, fue creciendo a medida que las bases sentían que la revolución que ellos habían iniciado se iba quedando estancada, mientras que el PSUC y el gobierno de la Generalitat empezaban a levantar la cabeza, después del desastre de las jornadas de Julio.

Los críticos exigieron el abandono de la política colaboracionista y reclamaron la vuelta de la CNT a la oposición, para refugiarse en el sistema de colectivizaciones que existía en el campo y en la ciudad, y desde el que los libertarios se sentían inexpugnables frente a sus adversarios políticos, en la creencia de que con la toma del poder económico acabaría por extinguirse el político. Una vez más, los anarcosindicalistas se estrellaban con sus propios principios antiestatalistas.

Un año después, la dinámica de la revolución de los comités estaba liquidada y las colectivizaciones, viejos bastiones de la CNT, se encontraban gravemente amenazadas por los nuevos dueños de la situación.

"La colaboración se impuso. ¿Había otra alternativa?, fascinados por el drama de la guerra, seducidos por una suerte de fatalismo, si la había no se puso gran empeño en encontrarla. Los colaboracionistas se dieron a la tarea sin apercibirse de que dado el primer paso las consecuencias se producirían en racha. Por lo que al anarquismo se refiere estas concesiones implicaban dejaciones cada vez más importantes" (580).

La evolución política de la CNT, a partir de su triunfo en Catalunya durante las jornadas de Julio de 1936 y de su renuncia al poder, solo podía dirigirse hacia un, cada vez mayor, compromiso con los partidarios de la restauración republicana.

Una vez más, se iba a repetir la vieja tesis de que la historia no admite vacíos de poder por tiempo indefinido, sino tan sólo por muy cortos espacios de tiempo, si las direcciones del movimiento revolucionario no estaban dispuestas a tomar en sus manos el poder para instaurar su propio régimen social, otros lo iban a hacer.

4.5.3 El Partido Obrero de Unificación Marxista.

La posición del POUM en Catalunya, en los primeros momentos posteriores a las jornadas de Julio, fue la de apoyar al anarcosindicalismo victorioso, frente a los intentos desesperados de Companys y del Front d'Esquerres para recuperar la iniciativa que habían perdido. La actitud adoptada por el poumismo fue completamente dependiente de la que pudiesen adoptar los dirigentes anarcosindicalistas. La postura poumista, en aquellos momentos, era coherente con la que había ido adoptando el partido desde su fundación, al ceder al anarcosindicalismo y a la Izquierda Socialista, en su concepción de la revolución española, el papel principal en la formación del que debía ser el partido de la clase obrera.

"Joan Comorera, que representaba aún a la Unión Socialista, ya que el PSUC, del cual después sería secretario general, aún no estaba oficialmente constituido, estuvo inmediatamente de acuerdo con la propuesta de Companys, pero Andreu Nin, que representaba al POUM, manifestó que un acuerdo de conjunto solo se podía obtener cuando hubiesen expuesto su criterio los representantes de la CNT, cosa que indicaba que Andreu Nin rechazaba la propuesta de Companys" (581).

El programa político defendido por el POUM durante los primeros días de la revolución reflejaba el mismo desconcierto y el mismo espíritu conservador que habían manifestado los cuadros la CNT y de la FAI: (semana de 36 horas, 10% incremento para los salarios más bajos, 25% de rebaja de los alquileres, pago de los jornales de los días de la huelga, control de la producción por comités obreros, subsidio de desempleo, reparto de las tierras de los grandes propietarios, revisión del Estatuto de Autonomía, depuración de los cuerpos armados y militares y elección de los jefes por los soldados y los guardias, mantenimiento de las milicias armadas, juicio a los conspiradores).

Todo el programa político defendido por el Comité Central del POUM y publicado, una semana después del hundimiento de la República, respondía al período prerrevolucionario que acababa de agotarse y era completamente inadecuado para la nueva situación. La mayoría de las consignas ya habían sido ampliamente superadas por la espontaneidad de los trabajadores. Durante los primeros días después de las jornadas de Julio, el POUM tuvo verdaderas dificultades para comprender la naturaleza y el alcance de la situación que acababa de abrirse en Catalunya y en toda la zona republicana.

"Toda la actividad del POUM durante las semanas inmediatas al 19 de Julio, así como su prensa, revelan un desconocimiento total de lo que estaba ocurriendo. Ni siquiera se daba cuenta de la significación política del Comité Central de Milicias y de los múltiples comités gobierno... Avant escribía: <<La creación del Comité Central de Milicias, formado por delegados de todas las organizaciones, representa un gran paso adelante en el sentido de la coordinación de la acción de todas las fuerzas armadas y populares y, por eso, nuestro partido lo saluda con la más viva satisfacción>>. No ve en el Comité Central de Milicias, más que un organismo de Frente Único <<Antifascista>>. La derrota de las instituciones armadas de la vieja sociedad acababa de hacer trizas el estado burgués, planteando en sus términos mapas vivos, prácticos e imperativos, el problema de la ordenación del estado proletario. Para el POUM nada de esto existía, la revolución no estaba en la calle..." (582).

El poumismo aceptó de buen grado la constitución del Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya. El nuevo organismo de poder, respondía a la concepción frentista que había defendido el partido, desde su fundación, y que recogía la visión maurinista sobre el carácter y la naturaleza de las Alianzas Obreras que se habían desarrollado durante el período 1934-1935. El claro predominio anarcosindicalista en el Comité Central, y su rivalidad con el tambaleante gobierno de la Generalitat, colocaban al nuevo organismo en el centro del poder revolucionario. Todo dependía de que los dirigentes de la CNT y de la FAI se convencieran de la necesidad de impulsar el movimiento hasta sus últimas consecuencias y de que convirtieran al Comité en un auténtico gobierno revolucionario.

"... La insurrección fascista del 19 de Julio, creó todas las condiciones objetivas para la conquista del poder. El mecanismo estatal quedó tan seriamente quebrantado que, en realidad, había dejado de existir...".

"Bastaba querer, para que los restos impotentes del poder burgués fueran destruidos definitivamente y se instituyera el poder de la clase trabajadora. Pero los partidos y las organizaciones obreras que gozaban de mayor influencia, no quisieron" (583).

El POUM era consciente de que la revolución espontánea de Julio no había sido suficiente para volver irreversible la nueva situación, y de que el hecho de que no se hubiera tomado el poder abría la posibilidad de un curso contrarrevolucionario de los acontecimientos que restaurara el viejo orden.

La postura del Comité Central del POUM negaba cualquier posibilidad de mantener una postura independiente de la línea que pudieran adoptar las grandes organizaciones obreras, en especial, el anarcosindicalismo. En la visión política de la revolución española, defendida por el poumismo, el Comité Central se convertía en un organismo de enlace y de Frente Único de los partidos y sindicatos de los trabajadores (en el que los poumistas toleraban, de buen o mal grado, a los partidos de la pequeña burguesía republicana y catalanista). Los comités revolucionarios, aparecidos por todas partes con absoluta espontaneidad, jugarían un papel similar al que tenía el Comité de Milicias, pero a escala local. El papel de canalización de la participación de la población trabajadora en los nuevos organismos de poder, quedaba en manos de los sindicatos, que tenían que cumplir el papel que habían jugado los soviets en la revoluciones rusas de 1905 y 1917. H. E. Kaminski nos describe una entrevista mantenido con Andreu Nin:

"Creemos (dice Nin) que el papel decisivo en la Revolución española pertenece a los sindicatos que, en España, representan lo mismo que en Rusia los Soviets. En lo referente a este punto coincidimos con los anarquistas" (584).

El POUM negó, en repetidas ocasiones, la posibilidad de que los comités locales pudieran convertirse en auténticos soviets, al estilo de la revolución rusa de 1917. Los dirigentes poumistas olvidaban que la principal diferencia en la naturaleza de ambos organismos era tan sólo la voluntad de las organizaciones políticas para articularlos y convertirlos en el embrión del nuevo estado revolucionario.

El gobierno, las Cortes, y todas las viejas instituciones republicanas, habían sido ampliamente superadas por la nueva situación. El POUM defendía la necesidad de que la revolución se consolidase mediante la formación de un gobierno obrero y de una Asamblea Constituyente, que debería estar formada por delegados de los comités obreros, campesinos y también de los combatientes. En la concepción poumista del gobierno revolucionario, el papel de los comités queda completamente difuminado. El eje central de su constitución descansaba en el acuerdo al que debían llegar las organizaciones obreras, incluidas las que sostenían el proyecto del Frente Popular, y que se habían declarado, abiertamente, adversarias de la revolución socialista de los comités.

En el mitin celebrado por el POUM, el 6 de Septiembre en el Gran Price de Barcelona, Andreu Nin defendía su propia postura y criticaba la formación del nuevo gobierno de Largo Caballero en el que además del PCE, participaban representantes de los partidos republicanos. Para el dirigente del POUM, un gobierno interclasista, en aquellas circunstancias, estaba completamente desfasado y sólo podía corresponder al período prerrevolucionario anterior a Julio. Era necesario constituir una Junta Nacional de Defensa, similar al Comité Central de Milicias Antifascistas, para centralizar la marcha de la guerra.

Los dos puntos centrales de crítica a las propuestas anarcosindicalistas, para la formación de un "Consejo Nacional", se centraban en que éstos aceptaban finalmente la participación de los políticos republicanos, que no eran más que sombras de un pasado que había sido definitivamente superado. También se criticaba su visión "sindical" del nuevo organismo gubernamental.
La petición de que los partidos fueran excluidos del "Consejo" reflejaba los viejos prejuicios apolíticos del anarcosindicalismo, con respecto a los partidos.

La concepción del gobierno obrero mantenida por el POUM y defendida públicamente por Andreu Nin, reducía el carácter de clase del gobierno, a que éste estuviese únicamente integrado por representantes de las organizaciones obreras. Si los sindicatos eran las organizaciones tradicionales y de masas del movimiento obrero español, su presencia en el nuevo organismo gubernamental, canalizaría la participación de los trabajadores en las nuevas estructuras de poder (585).

"Necesitamos un gobierno fuerte, es decir, dotado de aquella máxima autoridad que ha de darle la confianza de las masas trabajadoras y que esté dispuesto a llevar la lucha hasta las últimas consecuencias. ¿Quién puede ser este gobierno fuerte? ¿el que acaba de ser elegido en Madrid? nosotros estimamos sinceramente que no".

"... sostenemos que en la situación actual el único gobierno que puede responder a la situación es un gobierno sin ministros burgueses, un gobierno puramente obrero... ha de representar a todos los sectores del proletariado español..." (586).

Como los organismos soviéticos eran ajenos a la esencia de la revolución española, en la concepción del POUM, los comités sólo podían tener un papel puramente local y temporal en la nueva sociedad revolucionaria. La postura, fuertemente influida por el anarcosindicalismo, consideraba que los comités locales, una vez cumplida su función de gestionar el vacío de poder que había provocado el hundimiento de las instituciones republicanas, tendrían que dejar paso al municipio socialista.

"La fuerza creadora del proletariado ha hundido al Municipio caciquil y <<cobrador>> de impuestos, para dar paso al nuevo Municipio célula de la nueva sociedad socialista" (587).

A lo sumo, los comités escogerían a los delegados que formarían parte de la Asamblea Constituyente, que estaría destinada a aprobar la nueva Constitución revolucionaria de la sociedad que acababa de nacer. Sin embargo, la consigna del POUM quedaba dentro del campo de la propaganda, sin llegar a especificar quién debería encargarse de convocar dicha Convención revolucionaria. La consigna fue lanzada de nuevo, en los momentos en los que se producía la disolución del Comité de Milicias y la integración de todas las organizaciones que formaban parte de él, en el Consell de la Generalitat. El gobierno, que iba a protagonizar la disolución de los comités locales y la militarización de las milicias, quedaba convertido, paradójicamente desde la perspectiva poumista, en el encargado de convocar la Asamblea revolucionaria.

Este hecho no es sorprendente si nos atenemos a la concepción que tenía el POUM del gobierno obrero que debería dirigir la marcha de la revolución española. El POUM defendía la constitución de una Junta Nacional de Defensa, del mismo estilo que el Comité Central de Milicias que "centralice toda la acción y lleve la guerra hasta la victoria definitiva" (588).

La visión poumista no contempló nunca, la articulación de los comités locales con el Comité Central de Milicias, ni planteó la necesidad de democratizar a este último, mediante la sustitución de los representantes de las organizaciones, por delegados de los comités, elegidos por la población trabajadora.

Por lo tanto, el gobierno obrero reclamado por el POUM, del mismo modo que había estado funcionando el Comité de Milicias, solo podría constituirse mediante el pacto entre las diferentes organizaciones obreras, y con representaciones que solo obedecerían a los comités ejecutivos respectivos de éstas, incluidas aquellas que se declaraban adversarias de la implantación del socialismo en aquellos momentos, en nombre de una supuesta revolución democrática.

La posibilidad de que el gobierno obrero pudiera llegar a instaurarse, y de que fuera convocada la Asamblea Constituyente quedaba en manos del largocaballerismo y, principalmente, de que los dirigentes anarcosindicalistas se convenciesen de la necesidad de ello.

"... todo el porvenir de la revolución depende en gran parte de la actitud que adopten la CNT y la FAI. La CNT y la FAI son dos grandes organizaciones que cuentan con una inmensa mayoría entre la clase trabajadora... la revolución depende de la manera en que las otras organizaciones obreras puedan llegar a ponerse de acuerdo con los compañeros de la CNT y la FAI" (589).

Sin duda alguna, esta actitud dependiente, del POUM, es la que explica la indefinición política de esta organización, que fue mantenida en los primeros momentos, después de vencida la sublevación de Julio. También es la que vuelve coherente la aparente contradicción entre el rechazo que hace el POUM a participar en el gobierno de Casanovas, a principios del mes de Agosto y su actitud a finales del mes de Septiembre, en la que aceptó la disolución del Comité Central de Milicias y su participación en el Consell de la Generalitat.

Josep Rebull, miembro del POUM y uno de los principales críticos a la línea oficial, dentro del partido, sometió a votación del Comité Central, en el mes de Octubre de 1937, una resolución de once críticas. Entre ellos merece que destaquemos, el punto en el que describe la completa dependencia política del POUM con respecto al anarcosindicalismo:

"La dirección ha corrido tras el anarcosindicalismo, la CNT-FAI, considerando a sus dirigentes como revolucionarios, en lugar de llevar una poderosa polémica de fondo objetiva y juiciosa, contra sus sucesivas falsas posiciones" (590).

El poumismo, instalado en su pretensión de convertirse en consejero de los anarquistas, había acabado haciendo depender por completo su política, de la voluntad de éstos. De esta forma, incapacitado para desprenderse de la evolución que sufrían los dirigentes cenetistas, el POUM iba a verse arrastrado por los mismos acontecimientos que provocarían el declive de la revolución.

4.6 EL PROCESO DE INTEGRACIÓN. LA DISOLUCIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA.

La renuncia al poder y la actitud colaboracionista mantenida por los dirigentes de la CNT y de la FAI en el seno del Comité de Milicias, durante los primeros meses de la revolución, habían supuesto un respiro político para los partidarios del Front d'Esquerres. Sin embargo, el camino para la reconstrucción del viejo aparato estatal, presentaba graves inconvenientes: de la misma forma que el gobierno de Giral, el gobierno de la Generalitat era incapaz de llevar a cabo sus planes políticos, sin correr el peligro de desencadenar una respuesta revolucionaria. Era necesario empujar a las direcciones políticas de los sectores que se reivindicaban de la nueva revolución, hacia una colaboración y un compromiso cada vez más estrecho, de forma, que fueran éstos los que detuvieran el avance de la revolución, en nombre de la "unidad antifascista".

"...era preciso inyectar nueva vida al estado capitalista. Pero eso era imposible por los viejos métodos, pues el Estado no estaba en condiciones de afirmarse por si mismo sin provocar la desaparición del resto formal de vida que les quedaba. La afirmación, para ser posible y tener mayores consecuencias, debía venirle de la revolución misma, aureolada con el prestigio de la calle, efectuada por hombres y organizaciones simpáticas a las masas. Para estrangular la revolución, el Estado capitalista debía hacer ademán de abrazarla. El primer ademán fue la incorporación del Comité Central de Milicias a la Generalitat; el segundo la constitución del gobierno Largo Caballero en Madrid". (591).

En Catalunya, la problemática para los planes restauracionistas era mucho más compleja que en el resto del territorio republicano, debido a la aplastante mayoría con la que contaban las organizaciones que se reclamaban del proceso revolucionario. El anarcosindicalismo, mantenía una cómoda hegemonía en el seno del movimiento obrero catalán, mientras que el poumismo era mayoritario en Lérida y contaba con una fuerte implantación en los comités locales de Gerona y de otras áreas.

La actitud de compromiso adoptada por estas organizaciones en el seno del Comité Central de Milicias, había sido un paso importante. Gracias a él, la revolución de los comités no había llegado a consolidarse y el gobierno de la Generalitat, de forma precaria, había podido seguir existiendo. Sin embargo no era suficiente, era necesario seguir dando otros nuevos pasos para poder restaurar el poder de la Generalitat en Catalunya.

El gobierno de Giral pudo mantener en su poder el control sobre las instituciones financieras, además de las reservas de oro y de divisas existentes en el Banco de España. Con el apoyo de las organizaciones obreras del Frente Popular, encaminó su política a limitar los avances revolucionarios que se estaban llevando a cabo, espontáneamente, en casi todos los lugares donde había fracasado la sublevación militar. En Catalunya, el gobierno de la Generalitat aplicó una política similar, al incautarse de la sucursal del Banco de España, con el beneplácito del Comité Central. Posteriormente, el gobierno de Giral accedió a la maniobra de Companys, con la única condición, de que las reservas incautadas solo pudieran ser administradas por el gobierno autónomo catalán y en ningún caso por el Comité Central de Milicias, controlado por los anarquistas.

Al tener en sus manos el aparato financiero catalán, la Generalitat pudo introducirse en el imperfecto sistema colectivista para controlarlo progresivamente, a medida que las industrias expropiadas por los trabajadores tenían que aceptar sus condiciones políticas para poder acceder a los créditos que necesitaban para seguir funcionando.

La escasez de divisas existentes en Catalunya colocaba al gobierno autónomo y al Comité de Milicias en una difícil situación de dependencia económica que sería hábilmente utilizada por el gobierno central para doblegar a los anarcosindicalistas.

La penuria en armamento que sufría el Frente de Aragón sólo pudo ser cubierta parcialmente con la reconversión industrial que fue llevada a cabo en la industria metalúrgica y química catalana. Una parte importante de las armas y municiones tuvieron que ser compradas en el extranjero, mediante la utilización de créditos y divisas que solo el Banco de España estaba en condiciones para negociar. Peirats recoge la declaración realizada por Juan P. Fábregas en el Pleno Regional de Sindicatos Únicos, realizado en Barcelona, el 24 de Septiembre, poco antes de los acontecimientos que provocaron la disolución del Comité de Milicias y la entrada de la CNT en el gobierno de la Generalitat:

"El avance extraordinario que se ha operado en Catalunya, ha establecido una pugna entre los de allí (se refiere al gobierno de Giral) y los de aquí (es de suponer que se refería no sólo al Comité de Milicias, sino también al gobierno de la Generalitat), dando lugar a que en nuestra región se haya creado una situación bastante angustiosa. El gobierno de Madrid se negó rotundamente a auxiliar a Catalunya. Vino el cambio de gobierno, pero seguimos tropezando con las mismas dificultades. Nos desplazamos una comisión a Madrid y pedimos al gobierno un crédito de 800 millones de pesetas, otro de 30 millones para la adquisición de material de guerra y otro de 150 millones de francos para la adquisición de materias primas. En garantía de ello, ofrecimos 1000 millones de pesetas que las Cajas de ahorros tenían depositados en valores en el Banco de España. Todo se negó" (592).

Los partidarios de la restauración republicana contaron también con la valiosa colaboración de la URSS estalinista, que pretendía evitar, por todos los medios, la posibilidad de que el triunfo de una España revolucionaria acabase por convertirse en un peligro para sus intereses internacionales, y que cuestionaría gravemente su prestigio como "patria del socialismo y de la clase obrera mundial".

Con la llegada de las primeras ayudas soviéticas, Stalin procedió a enviar un contingente de agentes que se iban a convertir en la rama española de sus servicios secretos, la GPU. Simultáneamente, Moscú enviaba a Marcel Rosemberg como embajador soviético en España y al viejo bolchevique Antonov Ovssenko como cónsul a Barcelona. Ovssenko iba a jugar un papel decisivo en la persecución de los poumistas y de los sectores anarcosindicalistas más opuestos al colaboracionismo. Stalin era perfectamente consciente de que el estado republicano español sólo podría volver a levantarse sobre sus cenizas, con el total sometimiento político de Catalunya, el bastión más avanzado de la revolución española. La burocracia del Kremlin estaba dispuesta a jugar a fondo la carta española para evitar que una "revolución inoportuna" pudiese hacer fracasar su política internacional. El hecho de que la URSS se hubiera convertido en el único país, junto con Méjico, suministrador de armas, colocaba a los anarcosindicalistas y a los poumistas en una difícil situación, que iba a tener graves consecuencias en los meses siguientes.
Las armas enviadas desde la URSS y pagadas con el oro y las divisas del Banco de España, eran transportadas en su inmensa mayoría, lejos de la Catalunya del Comité de Milicias, a los puertos del sur de la región levantina, que se encontraban en poder del gobierno central. En los momentos en los que aumentaban las fricciones entre los partidarios del gobierno de la Generalitat y los de la CNT-FAI y el POUM, los buques soviéticos recibían órdenes de evitar la costa catalana. La situación volvía a normalizarse cuando las organizaciones izquierdistas catalanas cedían ante las presiones restauracionistas.

El armamento soviético era entregado casi totalmente a las columnas del Frente Popular, mientras que las anarcosindicalistas y poumistas eran mantenidas en situaciones de verdadera penuria, lo que provocó entre sus filas un sin fin de bajas.

"El punto débil de la CNT era el frente de Aragón y la marcha de la industria catalana. Para atenderse al frente de Aragón se precisaban armas y para hacer marchar las fábricas materias primas. Si se practicaba una marcha atrás en los avances revolucionarios, Ovssenko prometía que habría una cosa y otra". (593).

La CNT había renunciado en su momento a la toma del poder, y había preferido la colaboración con los restos del poder republicano y sus aliados del Frente Popular, esperando con esta actitud "congelar" la situación revolucionaria que había aparecido espontáneamente durante las jornadas de Julio.

La oportunidad perdida iba a ser hábilmente utilizada por sus adversarios para recuperar el poder perdido. Poco a poco, sus aliados coyunturales, dueños del aparato financiero, receptores y administradores de la inmensa mayoría de las armas que llegaban a la zona republicana, empezaron a presionar para que los anarcosindicalistas y poumistas contuvieran al movimiento revolucionario y aceptaran sus pretensiones de reconstruir el aparato de estado republicano.

La CNT y el POUM, presos de sus acuerdos políticos, habían tenido que ceder cada vez más ante la iniciativa de sus aliados coyunturales.

Se acercaba el momento en el que las condiciones estarían lo suficientemente maduras como para poder pasar a la ofensiva contra la autoridad de los comités revolucionarios. Sin embargo, para ello era necesario, primero, que el Comité de Milicias Antifascistas, auténtico poder territorial durante los primeros meses de la revolución en Catalunya, dejara de alzarse como un serio obstáculo para los planes de los restauracionistas, al representar, aunque fuera de manera deformada, las ambiciones y también las esperanzas del movimiento revolucionario.

"No se nos ayudaría mientras fuese tan manifiesto el poder del Comité de Milicias..." (594).

"Se nos invitaba, en fin, a quitar la fisonomía agresiva a la revolución disolviendo el Comité Central de Milicias Antifascistas. Se nos presentó la conveniencia de reconstituir el gobierno de la Generalitat de Catalunya, presidido por Companys, liberal burgués, que diese la sensación al extranjero de un encauzamiento de la revolución por vías menos radicales" (595).

Durante este período, comprendido entre las jornadas de Julio y finales de Septiembre, el PSUC se había ido convirtiendo en el principal baluarte político de los planes restauracionistas en Catalunya. La declinante y paralizada ERC iba siendo sustituída por los comunistas, que demostraban saber aprovechar de forma mucho más eficaz los errores y las debilidades de la CNT. El PSUC contaba con numerosos factores que lo convertían en el heredero de ERC y en la única organización del Front d'Esquerres que podía intentar enfrentarse a la hegemonía del anarcosindicalismo.

El PSUC dirigió desde los primeros momentos de su formación a la UGT catalana, sin que la integración de la FOUS poumista pusiese en ningún momento en entredicho su control sobre la central sindical. A finales del mes de Julio, la central sindical ugetista recibió un fuerte espaldarazo con la integración del CADCI, sindicato de los empleados de comercio y también del GEPCI, el Gremio de Entidades de Pequeños Comerciantes (las oficinas de este sindicato estaban situadas en los mismos locales que la asociación empresarial textil catalana y su presidente, lo había sido anteriormente de la patronal) (596).

Los excesos del espontaneísmo anarcosindicalista, durante estos primeros meses de la revolución, favorecieron significativamente a los comunistas oficiales catalanes. Frente a una ERC en franca decadencia y un POUM seguidista de la CNT, que no conseguía desarrollar una política coherente que combinase la revolución, con la defensa de la pequeña burguesía, el PSUC y la UGT quedaban convertidos en el único baluarte que las clases medias urbanas y rurales podían ver como defensor de sus intereses.

"(Gracias al envío de armamento soviético)... de un golpe, el PSUC se veía superior en armas a los anarquistas y además en posición de emprender una amplia campaña de propaganda contando con medios considerables a su disposición; también en este aspecto los anarquistas perdieron terreno y todo esto provocó que los movimientos moleculares que habían estado teniendo lugar desde Julio, se concentraron, súbitamente, en un punto. Todos los elementos disgustados ante la preponderancia anarquista se aliaron en ese instante tras el PSUC" (597).

El aluvión social que incrementaba rápidamente las filas de la UGT y del PSUC procedía, fundamentalmente, de las clases medias catalanas, funcionarios, pequeños propietarios, profesiones liberales... atemorizados por los excesos izquierdistas que cometían algunos sectores libertarios. Durante todo este período la CNT y la FAI, faltos de una política con la que poder dirigirse a la pequeña burguesía catalanista, se mostraban incapaces de frenar con eficacia el terror que procedía de estos sectores radicalizados.

El ritmo de afiliaciones se incrementó fuertemente con la llegada de las primeras ayudas soviéticas y con la entrada de las brigadas internacionales. Estos acontecimientos fueron un poderoso mecanismo de propaganda a favor de los comunistas oficiales catalanes y de su eficacia, tanto en la lucha contra las tropas franquistas, como en su política de contención de lo que las clases medias consideraban los peligros de la revolución.
Ya en el mes de Septiembre, el PSUC, convertido en la dirección política de las clases medias catalanas, y rivalizando con una CNT cada vez más desconcertada, exigió la disolución del Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya, y la integración de las organizaciones que formaban parte de él, en un nuevo gobierno de concentración de la Generalitat. Desde los primeros momentos de la revolución de Julio, la Generalitat y el Front d'Esquerres habían intentado aprovechar el rechazo anarcosindicalista al poder y su actitud colaboracionista para recuperar el terreno perdido.

"Companys, que ha reconocido el derecho de los obreros a gobernar e incluso les ha ofrecido abandonar su puesto, maneja las cosas con tal arte, que poco a poco reconstituye los organismos legítimos del poder, derrumba la acción de los consejos y deja a los organismos obreros reducidos a su papel de auxiliares, de asesores, de ejecutores. A los 4 o 5 meses estaba restablecida la normalidad" (598).

Desde los primeros momentos, todos los pasos dados por los restauracionistas para recuperar el poder perdido fueron contestados por los anarcosindicalistas y por el POUM. Sin embargo habían podido sacar sus propias conclusiones. Sus demandas no habían sido aceptadas por la CNT-FAI ni por el POUM. Sin embargo, finalmente se había llegado a una postura de compromiso entre ambas partes. De esta forma el movimiento revolucionario tendía a estancarse, contenido por sus dirigentes que se encontraban cada vez más atados de pies y manos por estos acuerdos políticos. Companys y el PSUC extraían otra conclusión no menos importante: los dirigentes anarcosindicalistas, colocados entre la espada del compromiso y la pared de la necesidad de la toma del poder, no estaban dispuestos a romper la unidad antifascista. La CNT y la FAI aceptaban retroceder en el terreno político, con la esperanza de que su hegemonía en el movimiento obrero catalán les permitiría recuperarlo al finalizar la guerra.

A principios del mes de Agosto, el intento de Joan Casanovas para formar un nuevo gobierno de la Generalitat, incluyendo a representantes del PSUC y de la UGT, había fracasado. La maniobra había sido demasiado precipitada, y chocó con la hostilidad de los anarcosindicalistas, que veían en ello un ataque contra ellos y contra el Comité Central.

La completa restauración del gobierno de la Generalitat y la disolución de su rival político, solo podía llevarse a cabo con el visto bueno de los dirigentes de la CNT y de la FAI. La línea adoptada por los restauracionistas tuvo que combinar las presiones (entrega de armamento, suministro de divisas para la compra de materias primas...) con la evidencia de que el doble poder que encarnaban el Comité de Milicias y el gobierno de la Generalitat de Catalunya no hacía otra cosa que obstaculizar la victoria militar sobre el ejército franquista. En efecto, si los anarcosindicalistas no estaban dispuestos a llegar hasta el final en la revolución, por lo menos mientras durase el conflicto bélico, el dualismo de funciones, entre un Comité Central que no quería ser gobierno, y un gobierno que era incapaz de serlo, resultaba perjudicial para la marcha de la guerra. Como los dirigentes cenetistas habían demostrado hasta la saciedad que no iban a tomar las riendas del poder, la única salida posible era el camino que marcaban los restauracionistas del Front d'Esquerres y del gobierno de la Generalitat.

"Pero la pequeña burguesía vigilaba a través del presidente Companys, apartado en Julio y aparentemente reducido a un papel decorativo: fue él quien, a partir de Septiembre, se dedicó a convencer a los elementos dirigentes de la CNT-FAI de la inutilidad de esta <<dualidad de poderes>> y de su carácter nefasto para la organización de la lucha, de la necesidad de poner fin a esta situación, reconstruyendo un <<gobierno>> de la Generalitat, de composición idéntica a la del Comité de Milicias, lo que presuponía la disolución de este último" (599).

Aparentemente, la disolución del Comité Central de Milicias y la entrada de sus integrantes en un nuevo gobierno de la Generalitat, apenas tenía alcance político, ya que la proporción existente dentro del primero iba a mantenerse en el segundo. Aparentemente, parecía ser un simple reajuste organizativo, esta era la concepción que defendían la mayoría de los dirigentes cenetistas. La realidad iba a demostrar en los meses siguientes que el paso dado era mucho más que un simple cambio de nombre. En cambio, el presidente Companys y sus aliados habían comprendido perfectamente su importancia política.

Para comprender que la CNT y la FAI aceptasen la disolución del Comité Central de Milicias hay que tener en cuenta, la parálisis creciente que atenazaba a los dirigentes anarcosindicalistas. Al renunciar al poder, la CNT se veía lanzada, cada vez más, a la colaboración política con los partidarios de la vieja República, en unas condiciones donde éstos controlaban las entidades financieras y el suministro de armamento, para utilizarlo como una forma de chantaje contra el movimiento revolucionario. Los inconvenientes que presentaba la dualidad de poderes estaban claros para todo el mundo, incluidos los anarcosindicalistas. La revolución y la marcha de la guerra exigían que se acabara con el dualismo a favor de un solo poder. Era necesario elegir entre ambos, entre el poder de la clase obrera o el del Frente Popular. A medida que pasaban los días se hacía más evidente que la ambigüedad mantenida durante las primeras semanas de la revolución no podía seguir manteniéndose.
"...Cada vez se hacía más aparente que esta situación de "poder dual", en la que el poder real se hallaba muy fragmentado, obraba en detrimento, tanto de la guerra como de la revolución. El hecho de que la miríada de comités no se fundiera en un poder revolucionario para derrocar los restos del estado burgués y movilizar todas las energías de la población en la tarea revolucionaria de ganar la guerra, debía conducir por fuerza -si no se quería perder la guerra rápidamente- a la restauración de un poder alternativo. Éste, para ser eficaz, debía dar cabida a las fuerzas de la clase obrera y "controlar" la revolución fragmentada y fragmentaria que había tenido lugar, centralizar y controlar las milicias, planificar y organizar un esfuerzo bélico coherente" (600).

Hay que tener en cuenta, también, otro factor que es imprescindible para comprender el curso que siguió la evolución de los acontecimientos: contrastando con los anarcosindicalistas, desconcertados por una dinámica revolucionaria que no obedecía a lo que ellos esperaban, sin un plan claro y definido para llevar hacia adelante una revolución que había surgido sin su dirección, sus adversarios políticos del Frente Popular, y particularmente los comunistas, sí que tenían perfectamente claros sus objetivos y también la forma para conseguirlos. La parálisis anarcosindicalista, su incapacidad para profundizar y consolidar la revolución, reforzaba a los sectores partidarios de incrementar la colaboración con el Front d'Esquerres, aunque esto significara la muerte del Comité Central de Milicias y una política de contención de la revolución, pospuesta a un futuro indeterminado, después de la guerra.

"En Barcelona, como en Madrid, se sentía la impaciencia entre los burócratas de la organización por entrar a formar parte del gobierno de la Generalitat y de la República. Pero debían contenerse, por temor a suscitar desconfianzas entre los fieles al anarquismo. Ciertos grupitos aparentemente anarquistas apenas si dormían, atareadísimos en la búsqueda de pretextos para terminar con el Comité de Milicias y encontrar, costase lo que costase, caminos hacia las funciones de gobierno" (601).

Las conversaciones preparatorias del cambio se llevaron a cabo a mediados del mes de Septiembre entre Josep Tarradellas, Mariano R. Vázquez, secretario del Comité Regional de Catalunya de la CNT y Pedro Herrera, dirigente de la FAI. Según el informe presentado por el Comité Nacional de la CNT al siguiente Congreso de la AIT, la decisión de integrarse en un nuevo gobierno de la Generalitat y de disolver el Comité Central de Milicias fue adoptada ya, durante el mes de Agosto, en un Pleno Regional de Catalunya de Comités Locales y Comarcales (602).
Esta versión se contradice con el testimonio dado por el mismo Juan García Oliver, alma del Comité Central de Milicias, que afirma que las maniobras fueron realizadas secretamente, a espaldas de los cuadros que integraban el Comité Central de Milicias (603). Ronald Fraser en su obra, recoge el carácter secretista de la decisión y afirma que el acuerdo se limitó a los libertarios catalanes, sin que fuera tomada en cuenta la opinión de la organización estatal (604).
Lo que estos testimonios en realidad confirman es que la decisión fue adoptada por una pequeña minoría de los cuadros dirigentes, a espaldas de sus propias bases sindicales. Además, es sumamente improbable que los acuerdos tomados en un Plenario, por muy secreto que éste fuera, no llegaran a oídos de los dirigentes del resto de las organizaciones.

Juan García Oliver defiende la existencia de una especie de esquizofrenia del anarcosindicalismo, que él denomina "las dos caras de la CNT" (605): la cara colaboracionista y la revolucionaria. De hecho ambas tendencias existen desde los primeros momentos de la guerra y de la revolución, y ya se ponen de manifiesto en el Plenario sindical que decidió la renuncia a la toma del poder y aceptó la colaboración con la Generalitat y el Front d'Esquerres que dió lugar al Comité Central de Milicias. A principios del mes de Agosto, la Generalitat había intentado integrar en el nuevo gabinete gubernamental de Casanovas a representantes del PSUC y de la UGT (además de la Unió de Rabassaires), la maniobra contaba desde el principio con el visto bueno del Comité Regional de la CNT. Sin embargo había fracasado, es decir, había triunfado "la cara revolucionaria" de la CNT, porque las condiciones no eran todavía las apropiadas y la oleada revolucionaria estaba en auge. Ahora, a mediados del mes de Septiembre, la situación había empezado a madurar para los partidarios de la restauración. La dirección cenetista experimentaba un fuerte desgaste político, incapaz de encontrar una tercera vía entre "la revolución de los comités" y "la contrarrevolución republicana". Este impás reforzaba cada vez más a los partidarios de la integración en el aparato de gobierno republicano, es decir, en este caso, tendía a consolidarse "la cara colaboradora" en detrimento de la revolucionaria.

Ya a finales del mes de Agosto, los síntomas de agotamiento de la postura anarcosindicalista de defender la existencia del Comité Central de Milicias, eran más que evidentes, era cuestión de tiempo para que llegara la disolución.

"A finales de Agosto el Comité Central de Milicias Antifascistas aceptó funcionar bajo la autoridad nominal del Consejero de Defensa de la Generalitat, mientras que los servicios de los diversos subcomités económicos eran progresivamente sincronizados, en lo que respecta a la autoridad, con los respectivos departamentos administrativos de la Generalitat. De esta sincronización del dualismo a la unificación del proceso bajo un gobierno de coalición, no había más que un paso. Este paso fue iniciado el 24 de Septiembre por un Congreso de 500 delegados de la Federación Regional de Catalunya de la CNT" (606).

En el seno de la CNT, los colaboracionistas aumentaban su influencia a medida que, sus adversarios, no eran capaces de dar una salida revolucionaria a la situación. Es Diego Abad de Santillán el que mejor nos describe el estado de ánimo de la mayoría de los cuadros dirigentes del cenetismo en aquellos momentos:

"Después de varios meses de lucha y de incidentes sin salida con el Gobierno central, reflexionando sobre el pro y el contra de una independencia política de Catalunya, interesados, más que nadie en el triunfo de la guerra que habíamos iniciado con tanto ardor y tanta fe, al decírsenos reiteradamente que NO SE NOS AYUDARÍA MIENTRAS FUESE MANIFIESTO EL PODER DEL COMITÉ DE MILICIAS, ÓRGANO DE LA REVOLUCIÓN DEL PUEBLO, por grande que fuese nuestro afecto a esta institución creada para responder a las exigencias de una situación social y política nuevas, no teniendo otro dilema que ceder o empeorar las condiciones de la contienda, PUESTO QUE TAMPOCO SE QUERÍA RECURRIR A PROCEDIMIENTOS DE FUERZA PARA OBTENER LO QUE NOS CORRESPONDÍA, NOSOTROS, QUE TENÍAMOS MAS RAZÓN, HUBIMOS DE CEDER".

"NOS MOSTRAMOS DISPUESTOS A DISOLVER EL COMITÉ DE MILICIAS, ES DECIR, A ABANDONAR UNA POSICIÓN REVOLUCIONARIA QUE NUNCA HABÍA TENIDO EL PUEBLO ESPAÑOL HASTA ENTONCES. Todo para conseguir armamento y ayuda financiera para continuar con éxito con nuestra guerra".

"SABÍAMOS QUE NO ERA POSIBLE TRIUNFAR EN LA REVOLUCIÓN SI NO SE TRIUNFABA ANTES EN LA GUERRA, Y POR LA GUERRA LO SACRIFICÁBAMOS TODO. SACRIFICÁBAMOS LA REVOLUCIÓN MISMA, SIN ADVERTIR QUE ESE SACRIFICIO IMPLICABA TAMBIÉN EL SACRIFICIO DE LOS OBJETIVOS DE LA GUERRA" (607).

Al negarse reiteradamente el anarcosindicalismo a tomar el poder, se negaba a darle a la situación una salida y unos objetivos revolucionarios, que al fin y al cabo, habían liberado las energías populares que habían hecho fracasar la sublevación militar y que habían puesto en pie un vasto movimiento expropiador en el campo y en las ciudades. Este era el callejón sin salida en el que se encontraba el anarcosindicalismo. Al negarse a empujar la revolución hacia adelante, permitía que ésta no llegase a consolidarse ni a extenderse, permitiendo que la iniciativa política pasara de manos de los comités, a la de sus adversarios en el campo republicano.

"Un Comité de Milicias Antifascistas que se ocupaba de las cuestiones militares y de la dirección de la guerra; un Consejo de Economía que dirigía la economía, la administración y los asuntos sociales; un gobierno de la Generalitat que sin poder efectivo, podía aparentar lo contrario para calmar la opinión de las grandes potencias; comités revolucionarios autocéfalos; partidos y organizaciones que formaban <<estados en el estado>> con sus propias tropas; diversos organismos más o menos autónomos que se habían encargado del abastecimiento, la enseñanza, la represión antifascista... ¿se podía continuar mucho tiempo así en Catalunya? llegó a ser imprescindible fusionar a todas estas autoridades, soldar, amalgamar las antiguas y las nuevas instituciones; disciplinar los poderes locales y someter las fuerzas políticas al interés general; era también necesario legalizar las conquistas de la clase obrera , delimitar lo que debía ser o no socializado, reglamentar el procedimiento de los tribunales revolucionarios" (608).

La persistencia del dualismo de poderes no era más que la expresión del bloqueo político en el que se encontraba sumida la revolución. La mayor parte de los cuadros dirigentes del anarcosindicalismo consideraban, que las circunstancias bélicas obligaban a posponer la revolución a un futuro indeterminado, una vez acabada la guerra. Sin embargo, también eran perfectamente conscientes de que la existencia de varios poderes rivales entre si (Generalitat, Comité Central, comités locales) provocaban una situación que iba en detrimento de la misma revolución y de la guerra contra los sublevados.

Si el anarcosindicalismo se negaba a tomar el poder, sólo le quedaba la opción de colaborar con las instituciones republicanas. En estas circunstancias, la presión que ejercían sus aliados del Frente Popular, dueños de las armas y del dinero, al exigir la necesidad de limitar y hacer retroceder a la revolución, a cambio de unos suministros limitados, era llover sobre mojado.

El armamento y las divisas eran factores fundamentales para comprender los motivos de la capitulación del anarcosindicalismo, pero no son los únicos y quizás ni siquiera los más importantes.

La CNT y la FAI se habían negado a tomar el poder porque no confiaban en poder mantenerlo en aquellas circunstancias (el ejemplo más demostrativo de esta posición lo encontramos en la intervención de Diego Abad de Santillán en el Plenario de Locales y Comarcales celebrado después de las jornadas de Julio (609)).

El anarcosindicalismo tampoco sabía qué hacer con él, en tanto en cuanto su edificio ideológico se había basado tradicionalmente en el rechazo más absoluto a cualquier forma estatal. Desconcertados por una situación inesperada, habían preferido, en los primeros momentos, mantener la ambigüedad, constituyendo el Comité Central de Milicias y permitiendo que la Generalitat siguiera existiendo en un segundo plano, aunque ellos pudieran pensar que era de forma simbólica y que no significaba ningún peligro para su hegemonía. Es por este motivo, por el que los cuadros del anarcosindicalismo aceptaron la supervivencia del gobierno catalán como una supuesta apariencia legal de la revolución, que estaría destinada a calmar los ánimos de las potencias extranjeras, cuando todo el mundo era consciente de que esta cobertura no engañaba absolutamente a nadie.

"(La CNT) Era también consciente de que la comedia que representaba el gobierno fantoche de la Generalitat no engañaba a las potencias extranjeras. El pacto de no intervención demostraba claramente que franceses y británicos no tenían ninguna simpatía por la República española a la que sabían en manos de la extrema izquierda. Las armas llegaban en cantidad insuficiente a pesar de su exorbitante coste. El gobierno de Madrid utilizaba sus débiles fuerzas en hacer difícil la defensa de Catalunya midiendo con cuentagotas su ayuda financiera..." (610).

Sin embargo, las circunstancias de una revolución estancada y de una guerra que ya se adivinaba larga y sangrienta imposibilitaban, cada vez más, las medias tintas iniciales: si los revolucionarios no estaban dispuestos a tomar el poder, sólo podían optar por la colaboración, cediendo la iniciativa política a sus aliados. Mantenerse al margen del poder en plena situación revolucionaria, sin armas y sin divisas, defendiendo el terreno conquistado por el movimiento revolucionario, era completamente imposible.

Sin pretender negar que la grave carestía de armas y de divisas existente en la Catalunya revolucionaria pesaban profundamente en la conciencia de los dirigentes anarquistas, es por este motivo y no por otro, por el que los que habían sido hasta el momento, campeones del antiestatalismo justificaron la quiebra de sus viejos principios antiestatalistas y su integración en el estado republicano, como una forma para legalizar las conquistas revolucionarias.
"Solidaridad Obrera" publicaba el 26 de Septiembre un artículo bajo el nombre de "Órganos nuevos adecuados al presente" en el que se defendía entre otras cuestiones, la necesidad de constituir inmediatamente un "Consejo de la Generalitat". La publicación libertaria exigía que la dualidad de poderes fuera superada con nuevos organismos, diferentes a los aparecidos en Julio. A pesar de la terminología utilizada (hablar de Consejo y no de gobierno), la publicación libertaria no hacía otra cosa que justificar la futura integración de la CNT y de la FAI en el seno del nuevo gabinete gubernamental de concentración, que debería estar hecho a imagen y semejanza del Comité Central de Milicias. Intrínsecamente, se estaba firmando la pena de muerte de éste.

La evidencia de que era necesario terminar con la dualidad de poderes para constituir uno sólo, que pudiera dirigir las energías revolucionarias que se habían desencadenado unos meses antes, era reconocida por la totalidad de las fuerzas políticas y sindicales. El verdadero eje de la cuestión era cual de los poderes, es decir, cual de los dos proyectos políticos que coexistían en el campo republicano debía subsistir.

Con el editorial de "Solidaridad Obrera" los dirigentes cenetistas ya habían escogido el camino que pretendían seguir. De esta forma, la tremenda derrota política que significaba la integración en el aparato de estado republicano y la disolución del Comité de Milicias, se convertía en un generoso sacrificio y en una toma de responsabilidad necesaria para salvaguardar la marcha de la revolución, que debía seguir su marcha una vez acabada la contienda.

"Estamos percatados que la revolución seguirá avanzando dentro de unos meses, cuando el fascismo se bata en completa retirada, será hora de que las organizaciones obreras pasen a un plano de primera fila. Y entonces los representantes de la mesocracia pasarán a desempeñar un papel de colaboración, pero no de dirección" (611).

La declaración de la CNT mostraba un desconocimiento absoluto de la dinámica de las revoluciones que habían precedido a la española. La ignorancia se completaba con un fuerte espíritu voluntarista, por el que se tenía plena confianza de que la situación revolucionaria podría revitalizarse, después de la guerra, con la sola voluntad de los dirigentes cenetistas. En el futuro, la realidad y las consecuencias del giro que acababan de hacer no serían tan sencillas como ellos esperaban.

Otra fuerza política, el poumismo, había defendido en el seno del Comité Central de Milicias la creación de un bloque político con la CNT-FAI, para arrastrarlas hacia lo que consideraba como el avance y la consolidación de la revolución. La óptica tradicional del POUM, en la que éste estaba destinado a jugar un papel secundario frente a las grandes organizaciones del movimiento obrero, el anarcosindicalismo y la Izquierda Socialista, condenaba a esta organización a depender por completo de los giros políticos que éstas llevaran a cabo.

La profundización de las actitudes colaboracionistas entre los cuadros dirigentes de la CNT encerraban al POUM en un grave aprieto. Incapaz de conseguir que los representantes libertarios se decidieran a poner toda la carne en el asador de la revolución, ahora se veían arrastrados por éstos en su retroceso.
Desde la constitución del Comité Central de Milicias, el POUM había defendido la extensión de la fórmula catalana al resto del territorio republicano. La Junta revolucionaria estatal debería sustituir al débil gobierno republicano de Giral que había demostrado su impotencia frente a la sublevación.

La propuesta sin embargo no podía sostenerse, en tanto en cuanto era la única organización obrera que estaba dispuesta a defender este proyecto.

Las direcciones de las diferentes fracciones en las que se encontraba fragmentado el Partido Socialista, incluida su ala izquierdista, el largocaballerismo, se habían manifestado partidarias de mantenerse dentro del pacto del Frente Popular.

De forma similar había respondido el Partido Comunista oficial, partidario entusiasta del gobierno republicano. Mientras que la posición inicial del anarcosindicalismo había sido la de rehuir cualquier tipo de concreción al respecto.

Solo unos meses más tarde, a medida que el desgaste político de la CNT se iba haciendo cada vez más evidente, las organizaciones libertarias se decidieron a proponer una nueva fórmula que se acercaba a las demandas poumistas. Sin embargo y en esta situación, el anarcosindicalismo partía de una posición de debilidad que iba a ser aprovechada por sus adversarios políticos (ver el capítulo referente a la integración de los anarcosindicalistas en el gobierno de Largo Caballero). En cualquier caso, las demandas del POUM de extender y profundizar la revolución no coincidían en absoluto con las mantenidas por el resto de las organizaciones obreras estatales.

De la misma forma que el anarcosindicalismo presentaba síntomas cada vez más evidentes de su agotamiento político y de su falta de iniciativa para desbloquear la situación, el POUM sufría un proceso similar. Los dirigentes libertarios no estaban dispuestos a tomar el poder y daban síntomas de que iban a aceptar la integración de sus organizaciones en el nuevo gobierno de la Generalitat (llamado eufemísticamente "Consejo", para disimular la evidencia de la quiebra de sus principios antiestatalistas tradicionales).

Según el testimonio de Andreu Nin y de diferentes dirigentes del partido, frente a las propuestas de disolución del Comité Central de Milicias el representante del POUM propuso la reestructuración de éste, para convertirlo en un auténtico gobierno revolucionario (612).

Al quedar en minoría se veía obligado, cada vez más, a escoger entre romper con los dirigentes cenetistas, partidarios de la línea colaboracionista, para acercarse a los dispersos comités revolucionarios locales, o seguir los pasos de sus aliados con la esperanza de conseguir posteriormente un nuevo giro político que les permitiera recuperar el terreno perdido.

"La actitud del POUM delante de la perspectiva del gobierno de unidad... el POUM no renunciaba ni temporalmente, como en la práctica lo hacían los dirigentes de la FAI y de la CNT, a la revolución proletaria. Bajo la argumentación de ganar la guerra por encima de todo, lo que se hacía era ahogar la revolución socialista, restituir la República democrática y cumplir tan solo la revolución democrática. Renunciar a la revolución socialista, y al establecimiento de la dictadura del proletariado era empezar a perder la guerra. El POUM mantuvo siempre esta posición... Las reticencias mayores delante del gobierno de unidad surgieron del POUM, como de quien está seguro de los callejones que seguiría. La decisión era difícil. Entrar en el Consejo de la Generalitat era admitir formar parte de un gobierno de Frente Popular, cosa que estaba en contradicción con las tesis del POUM. Negarse a entrar en el gobierno era correr el riesgo o tener la seguridad de quedar definitivamente al margen de la política catalana. La actitud de Nin fue la de participar en el gobierno con la confianza de frenar, con la colaboración de los consejeros de la CNT y de la FAI, los impulsos contrarrevolucionarios del PSUC y de la UGT" (613).

Paralelamente a las conversaciones que estaban llevando el representante del gobierno de la Generalitat, Josep Tarradellas y los líderes cenetistas, éste mantenía contactos similares con el secretario del POUM, Andreu Nin, consiguiendo finalmente su colaboración (614).

El compromiso de Nin provocó discrepancias y protestas en el ala izquierda de su partido, que se oponía a hacer ningún tipo de concesión a los partidarios de la restauración del Estado republicano (615). Este hecho también significó la ruptura política completa entre Nin y Trotsky, su viejo amigo, maestro y colaborador.

Ante la grave disyuntiva política en la que se encontraba sumido el poumismo, se procedió a adaptar sus tesis tradicionales al nuevo giro que se estaba preparando, para poder justificarlo ante sus críticos de dentro y de fuera del partido.

El día 17 de Septiembre, el periódico "La Batalla" defendía la formación de un gobierno clasista, que debería estar integrado por todos los sindicatos y partidos obreros, y que tendría como principal misión, la de dirigir y unificar todas las energías de la población para conseguir el triunfo de la guerra y de la revolución. Aparentemente, el POUM repetía la que había sido su tesis central desde la formación del Comité Central de Milicias en Julio. Sin embargo la similitud era tan solo aparente, en la misma declaración se precisaba que el carácter clasista del gobierno estaba determinado más por su programa que por sus componentes (616).

La nueva afirmación defendida por el POUM iba dirigida principalmente al resto de las organizaciones que todavía integraban el Comité Central de Milicias. El poumismo había rechazado hasta aquel momento, la participación en las tareas del gobierno revolucionario que debía formarse, de las organizaciones republicanas, que consideraba completamente superadas por la realidad revolucionaria. Sin embargo y ante el avance de las negociaciones secretas entre la regional anarcosindicalista y los representantes de la Generalitat, el POUM dejaba entrever sus intenciones de no convertir esta condición en algo innegociable.

"Desde el primer momento, la revolución tomó en Catalunya un carácter proletario y la clase trabajadora se hizo dueña absoluta de la situación. Los órganos normales de gobierno prosiguieron y siguen existiendo normalmente. Pero la aparición de organismos paralelos, tales como el Comité Central de Milicias y el Consejo de Economía convierten a aquellos en una pura ficción. ESTE ESTADO DE COSAS, COMPRENSIBLE EN EL PRIMER MOMENTO, NO CORRESPONDE YA A LA SITUACIÓN. SE IMPONE LA CONSTITUCIÓN DE UN PODER FUERTE, CAPAZ DE RECOGER LAS ANSIAS EMANCIPADORAS DEL PROLETARIADO Y DE CREAR LA NUEVA LEGALIDAD REVOLUCIONARIA, BASADA EN LA EXPROPIACIÓN DE LA BURGUESÍA Y EL ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES DE UNA ECONOMÍA SOCIALISTA. Esta misión no puede cumplirla más que un gobierno obrero, en este sentido el Comité Central (del POUM) estima hoy, como ayer, que este gobierno debería estar compuesto EXCLUSIVAMENTE por representantes de los partidos obreros y de las organizaciones sindicales, PERO SI ESTE PUNTO DE VISTA NO ES EL COMPARTIDO POR LAS DEMÁS ORGANIZACIONES OBRERAS, NO HACE DE ÉL, UNA CUESTIÓN CERRADA, con tanto mayor motivo, cuanto EL MOVIMIENTO REPUBLICANO DE IZQUIERDA TIENE UN CARÁCTER PROFUNDAMENTE POPULAR, QUE LE DISTINGUE RADICALMENTE DEL REPUBLICANISMO DE IZQUIERDA ESPAÑOL, ESPECIALMENTE BURGUÉS...". (617).

Con esta declaración, los dirigentes del POUM daban un nuevo paso, y preparaban su visto bueno a la disolución del Comité Central de Milicias y a la integración de todas las organizaciones en un nuevo gobierno de la Generalitat.

El POUM aceptaba, a regañadientes, la entrada en el gobierno revolucionario de los nacionalistas catalanes, debido a su carácter "profundamente popular" y ¡cómo no!, también porque su punto de vista no era compartido por el resto de organizaciones. Por eso el POUM no estaba dispuesto a hacer de la composición del gobierno una cuestión cerrada. El cambio se justificaba por la supuesta evolución que habrían sufrido los republicanos catalanistas durante los meses posteriores al comienzo de la guerra, a causa de la presión revolucionaria. La nueva caracterización que hacía ahora el POUM, diferenciaba a la izquierda republicana española, de "naturaleza burguesa" de la catalana que tendría "un carácter profundamente popular". La diferenciación que hacía de ambas naturalezas políticas no era otra cosa que la coartada con la que pretendía justificar el cambio de posición que se estaba gestando.

La definición del carácter de las organizaciones nacionalistas iba acompañado de una nueva caracterización de la situación revolucionaria en Catalunya. La dualidad o multiplicidad de poderes existente, bajo el predominio de un anarcosindicalismo paralizado ante la posibilidad de la toma del poder, era convertido en la "dictadura del proletariado".

El 8 de Septiembre, el principal órgano del POUM, "La Batalla", publicaba íntegramente la intervención de Andreu Nin en el mitin que se había realizado en el Gran Price dos días antes:

"¿Qué es la dictadura del proletariado? es la autoridad ejercida única y exclusivamente por la clase trabajadora, la anulación de todo derecho político y de toda libertad para los representantes de las clases enemigas. Si la dictadura del proletariado es esto, compañeros, yo os afirmo que hoy en Catalunya, existe la dictadura del proletariado..." (618).

Los planes para restaurar el viejo y desacreditado orden republicano, que había demostrado a lo largo de más de cinco años su incapacidad para resolver los problemas más acuciantes de la sociedad española, eran borrados de un plumazo de las nuevas tesis del POUM. Desde este punto de vista, los representantes de las "clases enemigas" quedaban todos del lado del bando franquista, mientras que la fuerza de los partidarios de la restauración republicana era claramente minusvalorada.

La óptica poumista se complementaba con su absoluta confianza en la hegemonía anarcosindicalista y en una visión del "gobierno obrero" que se limitaba a un gabinete gubernamental formado exclusivamente por los partidos y sindicatos obreros (y en este caso, con la participación de las organizaciones republicanas catalanas). De este modo se hace perfectamente comprensible el hecho de que el POUM acabara aceptando formar parte del nuevo "Consejo de la Generalitat". Al fin y al cabo se trataba de una simple reestructuración. Ambos poderes se unificaban, manteniendo la correlación de fuerzas y el predominio anarcosindicalista que habían existido en el interior del Comité de Milicias.
Todo el edificio de la política del POUM descansaba en la hegemonía que todavía mantenía el anarcosindicalismo. Sin embargo, el POUM infravaloraba la profunda crisis en la que se encontraban sumidos los dirigentes de la CNT y de la FAI, y que se reflejaba en su cada vez más patente falta de iniciativas y en su constante retroceso frente a la presión de los partidarios de la restauración republicana. En su manifiesto,el POUM, exigía dos condiciones que consideraba como irrenunciables, para aceptar poder formar parte del nuevo gobierno de la Generalitat que se estaba gestando:

a) La entrada de todas las organizaciones obreras en el nuevo gobierno autónomo, es decir, que solo entrarían en él, si el anarcosindicalismo tomaba la decisión de hacerlo (esta deducción resulta evidente, en tanto en cuanto, el PSUC y la UGT, como miembros del Front d'Esquerres y aliados de la Generalitat ya habían intentado integrarse a principios del mes de Agosto).
"Esta colaboración podría negarse, solo en el caso de que no integraran el nuevo organismo que se cree, todos los partidos de la clase trabajadora, y, EN PRIMER LUGAR, LA CNT Y LA FAI...". (619).

b) Una declaración política de principios que debería hacer el nuevo gobierno, afirmando sus intenciones inequívocas de apoyar la revolución socialista que se estaba llevando a cabo. Esta segunda condición fue duramente criticada por la oposición de izquierdas que consideró que dicha declaración sólo era papel mojado, que sería incumplido por sus adversarios en el momento en el que las condiciones se lo permitieran.
"Respecto a la colaboración del POUM en el gobierno de la Generalitat, los acontecimientos han desmentido la teoría según la cual, un gobierno se define por su programa y no por su composición orgánica" (620).

Las dos condiciones que el POUM exigía para integrarse, en realidad, no eran tales. Una vez más, la posibilidad de quedar aislados políticamente hacía que el POUM aceptara posiciones que poco antes habían rechazado tajantemente. La filosofía que adoptaba no era nueva, era exactamente la misma que había adoptado a finales de 1935, en los debates que habían dado lugar al Frente Popular. El POUM había considerado a la coalición frentepopulista como "de colaboración de clases" y por lo tanto opuesto a sus objetivos revolucionarios.

Finalmente, el temor a quedarse al margen de la escena política había hecho que el poumismo aceptara su integración "táctica". Ahora, en el mes de Septiembre de 1936, se disponía a hacer lo mismo, entrando a formar parte de un gobierno, de naturaleza frentepopulista, que condenaba. Tan sólo tres días antes de la formación del nuevo gabinete unificado de la Generalitat, el POUM lanzaba su respuesta definitiva, que no era otra cosa que la confirmación de las tendencias reflejadas en sus declaraciones anteriores: si el anarcosindicalismo había aceptado entrar a formar parte del nuevo gobierno, el POUM estaba dispuesto a seguir sus pasos:

"(El POUM) ha fijado su posición ante la posible eventualidad de un cambio de situación gubernamental en Catalunya. Como consecuencia de las circunstancias del retraso de los otros partidos proletarios en orientarse por el camino gubernamental exclusivamente de clase, por la dictadura del proletariado, y teniendo en cuenta el proceso de radicalización de cierta parte de la burguesía catalana, nuestro partido acepta la intervención de un gobierno de gran mayoría obrera con una mínima intervención de la pequeña burguesía radical" (621).

Para el POUM, el aislamiento político, lejos del resto de las organizaciones obreras y especialmente de los dirigentes de la CNT-FAI, (en quien confiaba el papel principal de organización dirigente de la revolución española) equivalía a la muerte política. Ante el dilema, la dirección del POUM se había orientado hacia la colaboración gubernamental con grupos que defendían un proyecto político completamente opuesto al suyo. En el manifiesto, la situación política y las fuerzas que estaban en pugna quedaban desdibujadas: Lluís Companys y ERC eran presentados con un ropaje "radical" que no correspondía a sus planes políticos moderados. El PSUC, el principal baluarte en Catalunya de la restauración republicana, formaba parte de la "gran mayoría obrera" que se había "retrasado" para orientarse hacia la revolución socialista. La dirección, sensible a las críticas que el cambio había provocado entre muchos de sus propios militantes procedió a justificar el giro como un ajuste transitorio de su política, que resultaba imprescindible para alcanzar los fines que el partido se había propuesto. En el Comité Central ampliado del POUM que se celebró en la Sala Mozart de Barcelona, entre los días 12 y 16 de Diciembre de 1936, y en su informe, el secretario del partido, Andreu Nin confesaba:

"Nosotros sosteníamos la tesis de que era necesario un gobierno obrero y que la formación de este gobierno obrero no sería posible si antes no se creaban los órganos de poder del proletariado... nuestra participación fue acertada. El partido no podía hacer otra cosa que intervenir. ¿Era ese gobierno el que responde a nuestras aspiraciones? se trata de un gobierno fruto de una situación transitoria que agrupa a todas las organizaciones obreras de Catalunya, tiene un programa socialista y una mayoría obrera en el interior de este gobierno" (622).

Uno de los más destacados dirigentes del POUM, Juan Andrade, junto a otros dirigentes poumistas afirmaron posteriormente, para justificar el giro de su organización, que la negativa a entrar en el nuevo gabinete del gobierno de la Generalitat habría facilitado los planes del PCE-PSUC para ilegalizar al poumismo (623). El argumento era a todas luces incorrecto. Los planes del estalinismo en España, para acabar con los comunistas disidentes del POUM tendrían todavía que esperar varios meses. Existían una serie de factores políticos que hacían que estos objetivos fueran completamente inviables, por lo menos por el momento: la preponderancia del anarcosindicalismo y de la Izquierda Socialista, la existencia de un todavía poderoso movimiento revolucionario que anidaba en la multitud de comités.

La ilegalización del POUM sólo fue posible después de las jornadas de Mayo de 1937 en Barcelona, cuando la revolución agonizaba y el PCE-PSUC eran infinitamente más poderosos que en el mes de Septiembre de 1936. En aquellas condiciones y aunque el anarcosindicalismo, completamente quebrado, no opondría ninguna resistencia a las exigencias estalinistas, sí que precipitarían la caída del gabinete de Largo Caballero que se opuso terminantemente a que un partido obrero pudiera ser ilegalizado.

El argumento defendido por Juan Andrade, por otro lado, se contradice con la opinión de otro testigo privilegiado de los acontecimientos, y quizás en este caso más imparcial, Jaume Miravitlles:

"...fue gracias a la campaña de los hombres de Moscú que el POUM entró en el gobierno. En efecto, tenían miedo de que en el ambiente revolucionario que se vivía en aquella época, la no participación del POUM en las tareas y responsabilidades del gobierno le diera una plataforma de oposición extremadamente peligrosa para la evolución del movimiento comunista en Catalunya" (624).

En realidad y como muy bien afirma Jaume Miravitlles, en los planes del PSUC no entraba en aquellos momentos la persecución del poumismo disidente, sino conseguir su integración en el nuevo gabinete gubernamental. Los partidarios de la Generalitat eran perfectamente conscientes de la importancia política que tenía el hecho de que ninguno de los grupos que integraban el Comité Central de Milicias pudiese quedarse descolgado de la maniobra. El POUM estaba fuertemente implantado en la Catalunya revolucionaria, y sus fuerzas eran todavía tan importantes como las del PSUC, a pesar del fuerte crecimiento que éste había experimentado en las últimas semanas.

Era necesario primero comprometer a todas las fuerzas en la tarea de reconstrucción del aparato gubernamental. La disolución de los comités, de las patrullas de control y de las milicias, y su sustitución por nuevos ayuntamientos, por una nueva policía y por un nuevo ejército, tenía que contar con la bendición, o por lo menos con la pasividad de todas las fracciones obreras. Después ya habría tiempo para ajustar las cuentas al comunismo antiestalinista.

El 26 de Septiembre se constituye el nuevo gabinete de la Generalitat en el que, por primera vez formaban parte de él, delegados de la CNT, de la FAI y también del POUM. Finalmente, Companys había triunfado allí donde Casanovas había fracasado a principios de Agosto.

En el nuevo gobierno catalán (llamado Consejo para dulcificar el paso dado por los dirigentes cenetistas), los nacionalistas de ERC obtenían tres carteras: Hacienda (Josep Tarradellas), Gobernación (Artemi Ayguadé) y Cultura (Ventura i Gassol); la Unió de Rabassaires mantenía la de Agricultura (Josep Calvet); mientras que el PSUC conseguía gracias a su control sobre la UGT: las de Trabajo (Miguel Valdés) y la de Servicios Públicos (Juan Comorera), paradójicamente el anarcosindicalismo solo ocupaba tres carteras de segundo rango: Economía (Juan P.Fabregas), Abastos (Juan J.Doménech) y Sanidad (Antonio García Birlán), mientras que el POUM sólo conseguía la de Justicia (Andreu Nin). El importante departamento de guerra quedaba en manos de un militar profesional, el coronel Diaz Sandino, que había estado fuertemente influido por Juan García Oliver (que sería nombrado Secretario General de Defensa, mientras que la marginal Acció Catalana conseguía un puesto de Consejero sin cartera (Rafael Closas) que le permitía seguir estando representada en el nuevo gabinete.

Juan García Oliver describe detalladamente a los nuevos consejeros de la CNT y de la FAI en el nuevo Consejo gubernamental, que son catalogados como simples burócratas, perfectos representantes de la creciente ala colaboracionista. Antonio García Birlán no estaba afiliado a la Confederación, y mantenía una postura anarquista fuertemente teñida de antisindicalismo; Juan P.Fábregas antes de la guerra, había estado íntimamente ligado a los círculos derechistas de la Lliga, amigo personal de Federica Montseny; sólo Juan J. Doménech pertenecía realmente a la CNT (625).

Al parecer el acuerdo en el seno de la CNT se había llevado a cabo a partir de un Plenario, fomentado por el ala colaboracionista (Diego Abad de Santillán, Federica Montseny y Marianet) en el que no habían sido invitados los representantes que formaban parte del Comité Central de Milicias, ni siquiera en calidad de observadores (626).

La formación del nuevo gabinete gubernamental catalán se realizó sin que se hubiese acordado formalmente la disolución del Comité Central de Milicias, auténtico poder real en Catalunya. Difícilmente se puede hablar entonces, de que lo que se estaba llevando a cabo era una fusión entre ambos poderes, tal como lo presentó la prensa, sino de la renuncia de la dirección de la CNT y de la FAI a seguir manteniendo el Comité Central (627). La situación que se volvía cada vez más tensa tenía que resolverse con rapidez. Aunque todas las organizaciones obreras contasen con representantes en el nuevo gobierno autónomo, éste no tenía todavía la capacidad suficiente para proceder con violencia a la disolución del Comité Central de Milicias. Los representantes de las organizaciones lo eran en realidad de los comités ejecutivos de éstas. En ningún caso se contó previamente con la voluntad de las bases para aceptar o rechazar la integración.
Los principales representantes cenetistas en el seno del Comité Central de Milicias, decidieron mantener la existencia de éste, sin darse por enterados de la nueva maniobra de la Generalitat.

Con esta actitud Juan García Oliver y Aurelio Fernández pretendían forzar a los partidarios del nuevo gabinete a negociar una nueva redistribución de las carteras. En este sentido, el sector más radical de la CNT aceptaba la capitulación. El problema que se barajaba en aquellos momentos era el precio que debía pagarse por ésta.

La tesis de los delegados anarcosindicalistas que formaban parte del Comité Central de Milicias era que, dada la situación, este organismo estaba condenado a morir. Para éstos, mantener el control de los principales departamentos del nuevo gobierno de la Generalitat significaría el mantenimiento del Comité de Milicias bajo otro nombre más legalista. Su error consistía en creer que toda la cuestión residía en mantener una correlación de fuerzas, de naturaleza burocrática, que no correspondía a la realidad, mientras que sus compromisos políticos aumentaban día a día.

El futuro iba a demostrar que pese a conseguir sus propósitos, la CNT iba a retroceder más y más, y con ella iba a arrastrar al movimiento revolucionario.

Durante los días posteriores, el Comité Central de Milicias siguió reuniéndose habitualmente, como si nada hubiera cambiado en la situación. El hecho de que nadie se atreviese a disolver en aquellos momentos el Comité de Milicias, alegando que había sido superado por la nueva realidad (el nuevo gabinete contaba con el visto bueno de todas las organizaciones obreras), parece confirmar la idea defendida por Juan García Oliver de que la integración en el gobierno de la Generalitat fue recibida con muestras de desaprobación, o de desconfianza por parte de las bases cenetistas.

"...el Comité de Milicias seguía funcionando como si nada hubiese ocurrido. Y seguía existiendo el temor de que, en un momento dado las unidades anarcosindicalistas del frente de Aragón viniesen a Barcelona, abandonando las posiciones, sin exceptuar a la columna de Durruti, en la que había gran descontento" (628).

En efecto, la audaz maniobra corría peligro de fracasar, tal como había ocurrido a principios del mes de Agosto. El nuevo gabinete, a pesar de contar con la colaboración del Comité Regional de la CNT y con el POUM (éste último de manera forzada, si nos atenemos a las declaraciones de sus dirigentes), no tenía la fuerza suficiente para imponer su voluntad.

A pesar de todo, el Comité Central seguía controlando la mayor parte de las milicias del frente de Aragón y de la patrullas de control, además de contar con el apoyo de gran parte de las bases sindicales que estaban integradas en los comités locales y en las colectivizaciones.

"El día 29, la presión había subido en el Consejo de la Generalitat. A cada momento, se hacía más precaria la existencia del nuevo gobierno catalán con representantes de la CNT, el POUM y el PSUC. A todos los sectores representados en él les urgía la normalización de las funciones. No habiendo tomado posesión efectiva de sus Consejerías los consejeros de Defensa y Seguridad interior, no valía la pena que celebrase reunión de conjunto el Consejo. Si la maniobra se hizo para despojarnos del control de las fuerzas armadas, la operación podía darse por fracasada" (629).

Sin embargo el presidente Companys y el PSUC contaban a su favor, con un factor político importante con el que no habían contado en el mes de Agosto: el fuerte desgaste del anarcosindicalismo. Inmersos en un profundo retroceso, la única alternativa que defendían los sectores cenetistas más radicales era la de vender su hegemonía al mayor precio posible, tras aceptar la inevitabilidad de su capitulación.

"García Oliver fue uno de los pocos dirigentes que comprendió que la política cenetista solamente tenía futuro si Catalunya se mantenía fuerte y sin resquebrajaduras. Por eso se opuso a la disolución del Comité de Milicias que <<debió subsistir hasta la negociación de una nueva convivencia hispánica>>" (630).

Tal como afirma Vicenç Guarner, en realidad no existió ningún obstáculo serio para disolver el Comité Central de Milicias. En plena bancarrota política, los dirigentes libertarios más radicales no disentían en el hecho de que se produjese la integración, la aceptaban de forma fatalista. Sin embargo en lo que no estaban dispuestos a transigir era en las condiciones humillantes para la CNT, en las que se producía. En el nuevo gobierno, el anarcosindicalismo perdía el control sobre los departamentos más importantes, para ocupar carteras de carácter secundario. Esta concesión significaba entregar la dirección del movimiento revolucionario a las organizaciones partidarias de la restauración republicana.

Los adversarios del Comité Central de Milicias estaban dispuestos a renegociar las condiciones para la integración por gravosas que éstas pudiesen ser. Cualquier precio era bueno para conseguir sus propósitos. Lo menos importante en aquellos momentos eran las exigencias de Juan García Oliver y Aurelio Fernández, lo verdaderamente importante era que tanto la CNT-FAI, como el POUM se integraran definitivamente en el compromiso político que significaba el nuevo gobierno de la Generalitat. Una vez conseguido, ya habría tiempo para ir recuperando progresivamente la autoridad de la República. El compromiso entre los partidarios de la restauración y los sectores más radicales permitiría a los primeros vencer las resistencias de los organismos aparecidos al calor de la revolución, evitando la posibilidad de que estos pudieran dar una respuesta organizada que pudiera poner en peligro sus planes.

Finalmente las condiciones exigidas por los miembros libertarios del Comité Central de Milicias fueron aceptadas sin resistencia por parte de la Generalitat. El día 1 de Octubre se publicaban los nombramientos de Juan García Oliver que pasaba a dirigir la Secretaría General de Defensa y Aurelio Fernández la de Seguridad Interior. De esta manera, Defensa y Seguridad seguirían estando controlados por los anarcosindicalistas. El mismo día por la noche, se realizaba la última sesión del Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya, en la que éste procedía a su disolución. El día 3 de Octubre se publicaba el decreto por el que el organismo que había dirigido durante más de dos meses los destinos de la Catalunya revolucionaria, dejaba de existir.
"El Comité de las Milicias Antifascistas, creado por decreto el 21 de Julio pasado, ha entendido que, completada la misión que en los primeros tiempos de la sublevación militar, tan acertadamente, por cierto, ha desempeñado, tenía que disolverse" (631).

Los distintos departamentos en los que se encontraba dividido el Comité Central de Milicias pasaron a depender de las diferentes consejerías del gobierno de la Generalitat. De esta forma quedaba completado su desmantelamiento.

La prensa de los partidos y de los sindicatos obreros saludaron la formación del nuevo gabinete de la Generalitat de forma similar:

"Treball", el órgano de prensa del Partido Socialista Unificado declaraba el 30 de Septiembre que el nuevo gobierno, al reunir en su seno a todas las fuerzas antifascistas de Catalunya, tendría la autoridad necesaria para concentrar todos los esfuerzos en conseguir la victoria militar sobre los franquistas.

"El nuevo Consejo de la Generalitat es el auténtico representante de todas las fuerzas antifascistas que luchan en el frente. Todo el mundo se siente representado y se puede decir y afirmar de una manera categórica que los hombres que han tomado la responsabilidad del organismo supremo de Catalunya, cuentan con la adhesión incondicional de todas las masas antifascistas de nuestro pueblo" (632).

La publicación aprovechaba para relanzar sus ataques contra las "irresponsables probaturas de un revolucionarismo pueril" y contra los organismos de la revolución. El nuevo gobierno tendría que proceder a desarmar la retaguardia y a retomar el control de todo el territorio catalán.

La declaración publicada por "Solidaridad Obrera", el 29 de Septiembre, consideraba que la integración había sido necesaria para el bien de la revolución y con la integración ésta seguía avanzando. En la óptica libertaria, el gobierno de la Generalitat pasaba ahora a convertirse en una especie indefinida de poder que pasaría a llamarse "Consejo".

El Plenario de regionales que había decidido la integración consideraba que:

"En Catalunya no era posible para el bien de la revolución y por el mismo porvenir de la clase trabajadora que persistiese una dualidad de atribuciones. Era preciso que de una manera simple, la organización que controla la inmensa mayoría de la población trabajadora se situase en el plano de las decisiones administrativas y ejecutivas".

"...Ya no se podía sostener un consejo pequeño burgués, ni un conglomerado izquierda socialista, no había otra solución que nosotros ocupásemos el lugar que nos corresponde por la importancia que poseemos en la calle" (633).

Para los dirigentes cenetistas que bendecían la integración, la fuerza que poseía su organización en el seno del movimiento obrero permitiría que el nuevo gabinete no se desviase hacia objetivos contrarrevolucionarios.

Por otro lado, "La Batalla", órgano del Comité Central del POUM consideraba que la crisis del antiguo gabinete de la Generalitat quedaría superado con la formación del nuevo Consejo del que iban a formar parte el POUM y las organizaciones libertarias (634). Dos días después y en la misma publicación, Andreu Nin, secretario del partido y nuevo consejero de Justicia declaraba que el eje de su política en el nuevo gobierno de la Generalitat iba a ser la legalización de las conquistas revolucionarias que los trabajadores había hecho en la calle (635).

El POUM criticó que en el nuevo gabinete su representación estuviera insuficientemente representada frente al resto de partidos y sindicatos que lo componían.

"... estamos en una etapa de transición en la que la fuerza de los hechos nos ha obligado a la colaboración directa en el Consejo de la Generalitat, en unión de las demás organizaciones obreras. El desarrollo triunfal de la guerra civil es el desenvolvimiento político de la revolución, que irá teniendo sus propias exigencias. De la formación de los comités obreros, campesinos y combatientes, que nosotros propagamos y alentamos, surgirán las representaciones directas del nuevo poder proletario" (636).

En la nueva orientación del POUM, el nuevo gabinete representaba el gobierno fuerte, el "Consejo de hierro" que había estado reclamando durante semanas para conseguir la victoria decisiva sobre el ejército sublevado. Era necesario que el ejemplo de integración que se había llevado a cabo en Catalunya, fuera imitado a nivel del gobierno estatal (es decir, que el anarcosindicalismo y también el poumismo estuviesen representados en el gobierno de Largo Caballero) (637).

El programa del nuevo gabinete unificado del gobierno de la Generalitat estaba centrado en llevar a cabo "la máxima concentración en el esfuerzo para ganar la guerra, sin retroceder ante ningún medio para contribuir a una victoria rápida" (638).

La máxima encerraba los ejes de la política que iba a desarrollar en los meses siguientes el nuevo gobierno catalán, a pesar de la importante presencia que pudieran tener en su seno anarquistas y poumistas: En nombre de la victoria militar se iba a proceder a liquidar los organismos y las conquistas sociales que la revolución había conseguido durante aquellos meses.

4.7 ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LA DISOLUCIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA.

El Comité Central de Milicias Antifascistas había existido durante más de dos meses. Durante todo este período había sido el poder indiscutible e indiscutido en toda la Catalunya revolucionaria. El Comité había encarnado, durante todo este tiempo, la realidad política existente, la dualidad o multiplicidad de poderes. El organismo que centralizaba el poder en toda Catalunya era, sin embargo, fruto de la renuncia a ejercer el poder por parte de los triunfadores indiscutibles de las jornadas de Julio: los anarcosindicalistas. La Junta que representaba la cúspide del poder territorial se había conformado a partir de un pacto entre los órganos dirigentes de los partidos y sindicatos "antifascistas". La multitud de comités revolucionarios locales que habían surgido en toda la geografía catalana quedaron marginados del proceso. Las bases organizadas de los partidos y sindicatos, y la población trabajadora en general no tuvieron ninguna representación directa, o en todo caso si la tuvieron fue de forma muy indirecta, en el Comité Central de Milicias. El movimiento revolucionario que acababa de triunfar, quedaba al margen de lo que constituía la cúspide del poder, que era donde realmente se decidía el destino de la revolución.

Este cuadro existente hacía que la situación de dualidad de poderes: el combate entre los partidarios de la revolución de los comités y los de la contrarrevolución democrático-republicana, se decidiera a través de las decisiones de los dirigentes de las diferentes organizaciones. La revolución no podía permitir la existencia de la dualidad de poderes durante un tiempo indeterminado. La extrema inestabilidad tenía que resolverse rápidamente hacia uno de los dos extremos. A pesar del compromiso existente entre anarquistas, poumistas, catalanistas y socialistas unificados, se adivinaba el futuro e inevitable enfrentamiento que iba a producirse entre las dos fracciones en las que se encontraba dividido el panorama político catalán.

Los objetivos de ambas corrientes eran demasiado antagónicos para que pudiera existir un compromiso entre ellas. La dualidad de poderes no era otra cosa que el velado combate a muerte entre las dos fracciones en las que se encontraba dividido el campo republicano. El resultado de este enfrentamiento iba a orientar decisivamente el rumbo de la revolución e influiría, de manera muy importante, en el resultado de la guerra. Sin duda alguna, la victoria o la derrota de cada una de las fracciones dependía principalmente de la claridad y la audacia de cada una de ellas.
Paradójicamente, la disolución del Comité Central no acabaría con la dualidad de poderes existente. Pese al decisivo reforzamiento del gobierno catalán, provocado por la entrada de las organizaciones obreras en su seno, el movimiento revolucionario siguió manteniendo durante todo un período de tiempo sus propios organismos de poder (milicias, patrullas de control, comités locales, colectivizaciones). La integración de las organizaciones obreras en la Generalitat fue el inicio de una situación en la que la preponderancia del movimiento obrero tocaba a su fin.
"Sin embargo, se puede decir que el gobierno de Catalunya está en crisis desde el primer momento. No ha habido manera de que pudiera ser obedecido por la clase trabajadora de toda Catalunya. El hecho no tiene nada de sorprendente".

"Un gobierno de transición como éste no puede ser, naturalmente, un gobierno fuerte capaz de imponer un orden en el país, que refleja todas las vacilaciones propias de la situación. Las principales divergencias han surgido sobre la cuestión militar y la cuestión del orden público" (639).

El hecho de que el mismo Comité Central de Milicias fuera un organismo de carácter burocrático, y de que los organismos revolucionarios sólo estuvieran ligados a su autoridad por medio de la que tenían los partidos y sindicatos obreros, hizo que éstos no se sometieran automáticamente a la autoridad del nuevo gobierno. A pesar de la capitulación de la CNT-FAI y del POUM, estas organizaciones no estaban dispuestas a aceptar voluntariamente la liquidación de la revolución de la que ellos se reclamaban.

El período siguiente se iba a caracterizar por la ofensiva de un estado republicano restablecido, en pugna con los organismos revolucionarios, herederos del período anterior, que se resistían a someterse y a aceptar su desmantelamiento.

La supervivencia de la dualidad de poderes también se explica por la naturaleza burocrática de la decisión de disolver el Comité de Milicias Antifascistas.

"Durante dos meses el poder habría estado atomizado en los comités gobierno locales, éstos no encontraban rival en el poder burgués, completamente desaparecido. La situación cambia al convertirse en gobierno de la Generalidad el Comité Central de Milicias y crearse en Madrid el gabinete presidido por Caballero. El poder capitalista encarna la dualidad de poderes propiamente dicha, la lucha entre el estado capitalista y los comités gobierno surgidos de la revolución" (640).

En los dos meses largos de la existencia del Comité Central de Milicias, el anarcosindicalismo hegemónico se había batido continuamente en retirada. La CNT y la FAI, claras triunfadoras de las jornadas de Julio, se encontraron sumergidas en una situación revolucionaria que no esperaban y ante la que no se encontraban preparados. Medio siglo de rechazo absoluto de cualquier forma de poder y de sobrevaloración de las virtudes del espontaneísmo obrero trabajaban en su contra.

El Congreso realizado en Zaragoza, apenas tres meses antes del estallido de la guerra y del inicio de la revolución, había reflejado un cuadro idílico que no correspondía en absoluto a la realidad revolucionaria que se desarrolló posteriormente. De esta manera, el anarcosindicalismo se encontraba políticamente desarmado para comprender la dinámica de los acontecimientos revolucionarios que estaban sucediendo.

"La incompetencia política de los líderes de la CNT, les impidió comprender sobre los hechos el sentido del episodio, y se dejaron desplazar sin mayores esfuerzos, de posiciones políticas que la revolución había conquistado en Julio del 36" (641).

En efecto, no solo el dogma antiestatalista influyó en la línea política de los representantes libertarios. El desprecio tradicional hacia el poder político se combinaba con la creencia de que el control de la economía era suficiente para volver irreversible la situación revolucionaria a la que habían llegado.
Dominando las calles y dirigiendo a la inmensa mayoría del proletariado catalán, la disolución del Comité de Milicias que nunca habían aceptado por completo y la integración en una Generalitat, en la que ellos controlaban los principales departamentos, no pasaba de ser una simple reestructuración. Lo importante era conseguir las armas necesarias para el frente, el dinero y las divisas para el funcionamiento de la economía colectivizada. Una vez alcanzada la victoria, ya habría tiempo para acabar con un Estado republicano que había mostrado su incapacidad histórica para satisfacer las demandas de la población trabajadora.

"La CNT y la FAI no renunciaban a las conquistas revolucionarias. La voluntad de colaboración de sus direcciones con los gobiernos de la República y de la Generalitat se movían siempre en un marco de ambigüedad determinado seguramente por quien se ve forzado a renunciar a los órganos de contrapoder que habían surgido por toda Catalunya" (642).

El anarcosindicalismo se encontraba en una situación políticamente muy delicada. La negativa a tomar el poder seguía siendo tajante, sin embargo, entregarlo por completo a sus adversarios del Frente Popular significaba dejar sus manos completamente libres para poder atacar las bases revolucionarias que se habían conseguido en los meses anteriores. La falta de otras alternativas había reforzado a los partidarios del colaboracionismo, que consideraban necesario romper los principios ideológicos tradicionales para evitar, desde sus puestos en el nuevo gobierno, las posibles maquinaciones de sus adversarios. Paradójicamente, los principios en nombre de los cuales se había renunciado a tomar el poder durante las jornadas de julio, ahora se rompían para pasar a formar parte de un gobierno que pretendía restablecer el viejo orden republicano y liquidar la revolución.

El hecho de que los dirigentes libertarios, ahora convertidos en consejeros de la Generalitat, pidieran a sus bases, obediencia hacia las decisiones del nuevo gobierno, provocó fuertes tensiones y un constante aumento del descontento en la CNT que perduraría hasta el final de la contienda.
Frente a las vacilaciones y el desconcierto del anarquismo, el POUM se mostró incapaz de adoptar una línea completamente independiente, que pudiera conducirlo al enfrentamiento con la dirección cenetista.

Fiel a su visión tradicional de la revolución española, por la que consideraba al anarcosindicalismo y al socialismo de izquierdas como los principales ejes organizativos por los que ésta iba a desarrollarse, el POUM se autoasignó el papel de consejero de los dirigentes de la CNT. La revolución sólo podría llevarse a cabo arrastrando al anarquismo y al largocaballerismo hacia posiciones consecuentemente revolucionarias. Esta táctica y el menosprecio hacia la multitud de comités revolucionarios, que para el POUM jugaban un papel secundario en la cuestión del poder (táctica que había heredado del maurinismo del BOC, que consideraba que los organismos soviéticos eran extraños al carácter de la revolución española) se convirtieron en una trampa mortal.

Ante el retroceso de la dirección anarquista que significaba su aceptación de disolver el Comité Central de Milicias, los dirigentes del poumismo optaron por seguir sus pasos, con la esperanza de poder reconducir la situación desde el nuevo gobierno de colaboración. De esta manera y prisionero de sus compromisos, el POUM tendría que dar su visto bueno al proceso de desmantelamiento de los organismos que habían surgido con la revolución, sin ser capaz de evitarlo.

En contrapartida a la desorientación que expresaban el anarquismo y el poumismo, el ala derecha del Comité Central de Milicias, el PSUC-UGT y ERC, demostraban una gran comprensión de la evolución de la situación revolucionaria y mantenían una línea política y unos objetivos mucho más claros que sus adversarios. La revolución de Julio había reducido a cenizas a la mayor parte del aparato del estado republicano. La policía, el ejército, los ayuntamientos, el estamento judicial y la burocracia, todo se había derrumbado ante el vendaval revolucionario desatado. Desde los inicios de la guerra, Lluís Companys y las organizaciones del Front d'Esquerres habían dirigido todos sus esfuerzos a limitar el alcance de la revolución y a reconstruir el viejo aparato estatal. Sin embargo, todos sus planes de restauración no podrían llevarse a cabo sin la colaboración de las organizaciones más radicales, la CNT-FAI y el POUM.

"Cuando Companys agradecía a los miembros del Comité de Milicias su <<leal colaboración>> tras la disolución de éste, ya tenía preparados los pasos ulteriores hacia el restablecimiento en plenitud de la autoridad estatal" (643).

La disolución del Comité Central de Milicias era un gran triunfo para los partidarios de la restauración republicana, sin embargo, el movimiento revolucionario todavía no había sido vencido. Era necesario proceder con cautela, utilizar la nueva autoridad moral y política con la que contaba el nuevo gobierno unificado para seguir recuperando, paulatinamente, el terreno perdido. "Treball", el órgano central del Partido Socialista Unificado de Catalunya no podía ocultar su enorme satisfacción por el logro conseguido y exigía que el movimiento revolucionario se supeditase a la autoridad del nuevo gobierno de la Generalitat.
"...todas las fuerzas antifascistas de Catalunya habían llegado a la coincidencia que el nuevo Consell presupone y que son la garantía de acabar, si la coincidencia es leal y sincera, con los duplicados de directrices interiores y marchar con seguridad a la acción de la guerra que aplaste al fascismo aún amenazador...".

"... Todos hemos de velar para hacer cumplir los acuerdos del Consell que encarnarán por su composición la voluntad del pueblo, y todos hemos de reaccionar contra los provocadores que pretendan obstaculizar la labor del Consell de la Generalitat. Sean los que Sean los que sean y digan lo que digan" (644).

Los dirigentes del PSUC no perdían el tiempo y aprovecharon la oportunidad para arremeter contra los sectores revolucionarios que pretendían proseguir las expropiaciones, de forma espontánea o siguiendo las directrices de sus propios sindicatos. En las páginas de "Treball" se exigía que se paralizase la oleada colectivizadora y que la miríada de comités existentes se sometieran a la autoridad política del gobierno de la Generalitat (645). ¿Cómo podía ser de otra manera, si los dirigentes de las organizaciones obreras más radicales, que contaban con el apoyo y la confianza de la mayoría de los trabajadores, formaban ahora parte del nuevo gobierno?.

Durante el período de existencia del Comité Central de Milicias, la línea del bloque del Front d'Esquerres había tenido dos ejes fundamentales: primero, una serie de operaciones, de maniobras y de tiras y aflojas, destinadas a comprobar hasta donde estaban dispuestos a llegar los dirigentes de la CNT-FAI-POUM, divididos entre sus deseos de mantener la unidad antifascista a toda costa y su fidelidad a las demandas de sus propias bases sociales; y segundo, aprovechar el compromiso que había dado lugar al Comité Central de Milicias, para evitar cualquier respuesta organizada de los sectores revolucionarios, descontentos por los avances del orden republicano. La disolución del Comité de Milicias significaba un gran paso en el logro de sus objetivos políticos.

La integración en el nuevo gobierno de la Generalitat daría lugar a un nuevo período, que se caracterizaría por la ofensiva de los sectores partidarios del orden republicano y de la "revolución democrático-burguesa", y también por la decadencia de un movimiento revolucionario que vería como, una por una, le serían arrebatadas sus conquistas.

"Al ingresar en el gobierno de Catalunya devolvió a éste una parte del poder efectivo que había perdido. La Generalitat recobró su vida política y su fuerza. Todas las coyunturas, internacional, española y catalana, contribuían a debilitar a la CNT. La confederación decidió al fin prestar sus fuerzas a la Generalitat, pero pronto tuvo que ponerlas al servicio de una política antirrevolucionaria" (322).

4.8 LA NATURALEZA DEL COMITE CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA. UN FENÓMENO CONTRADICTORIO.

Las jornadas de Julio habían provocado un auténtico terremoto social. Mientras la sublevación militar era derrotada en los principales núcleos urbanos y en la mayor parte del país, el Estado republicano se derrumbaba, impotente para mantener su autoridad política frente a los sectores revolucionarios que reclamaban su victoria.

La experiencia republicana se había agotado por completo, después de más de media década de existencia. La victoria del Frente Popular en las elecciones del mes de Febrero, había dado lugar a un gabinete que estaba formado exclusivamente por republicanos y que era apoyado por socialistas y comunistas. Sin embargo, el republicanismo de izquierdas en el gobierno ya estaba completamente desfasado. La población trabajadora que había votado al Frente Popular estaba mucho más a la izquierda que éste. En el período comprendido entre la victoria electoral y la sublevación militar, el gobierno había decepcionado a la práctica totalidad de las clases sociales. Su política era prácticamente idéntica a la que habían llevado a cabo durante el bienio reformador de 1931-1933. Las escasas ilusiones que todavía existían en Febrero, se agotarían rápidamente.

La clase obrera, encuadrada mayoritariamente en las organizaciones socialistas y anarcosindicalistas, había considerado al gobierno republicano de izquierdas como una simple e inevitable antesala de la revolución que tanto habían prometido sus dirigentes. El paréntesis frentepopulista habría estado destinado a derrotar electoralmente a la derecha y a conseguir la liberación inmediata de los 30.000 represaliados de la insurrección de Octubre de 1934.

El campesinado sin tierras tampoco estaba dispuesto a seguir esperando que una tímida e ineficaz reforma agraria satisficiese su hambre de tierras. En los meses siguientes al triunfo electoral del Frente Popular, gran cantidad de tierras en las regiones latifundistas fueron ocupadas por los jornaleros y antiguos arrendatarios que habían sido expulsados de ellas durante el bienio negro. Mientras tanto, los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Tierra (UGT) y del resto de los sindicatos campesinos les animaban a ello, con el convencimiento de que había llegado su hora, y de que era necesario superar las trabas legalistas con sus propios métodos, alejados del estéril parlamentarismo (647).

Las clases medias urbanas y el conjunto de los pequeños propietarios del campo reaccionaban con temor. Frustradas por la incapacidad del gobierno para mantener el orden y satisfacer sus demandas, sufrían ahora la influencia de la polarización social que se estaba desarrollando. La pequeña burguesía se escindía, agrupándose en tono a los dos grandes bloques sociales que se estaban preparando para enfrentarse, más allá del terreno electoral.

Las clases propietarias, derrotadas en las urnas en Febrero, y habiendo perdido definitivamente sus esperanzas en el régimen republicano, apoyaban la conspiración militar, como la única tabla de salvación que les quedaba para defenderse de la marea revolucionaria.

En este proceso de radicalización social, el gobierno de los republicanos de izquierdas se asemejaba más bien a un cascarón vacío que ya no convencía a nadie. Apenas cinco meses después de las elecciones en las que aparentemente habían sido triunfantes, su hundimiento demostraba que habían desaparecido las razones de su existencia política. La sublevación militar significaría la señal del agotamiento definitivo de la República.

La victoria sobre los sublevados en la mayor parte del territorio del país no había dado lugar a un gobierno revolucionario. Las causas de esta aparente paradoja hay que encontrarlas en la postura que habían adoptado los dirigentes de las organizaciones obreras. Largo Caballero y los líderes de la Izquierda Socialista habían renunciado definitivamente al revolucionarismo verbal de las épocas pasadas y se habían adaptado a los límites que marcaba el moderado programa del Frente Popular. El anarcosindicalismo, dueño de la situación en Catalunya rechazaba el poder y la implantación inmediata del comunismo libertario, en aras de la colaboración democrática con el gobierno de la Generalitat y el resto de fuerzas políticas catalanas.

La renuncia al poder de las organizaciones obreras mayoritarias dió lugar a un período de doble poder, que perduraría, con sus diferentes etapas (auge y decadencia) hasta casi un año después.

El descrédito en el que habían caído las autoridades republicanas no sólo había provocado su propia caída, también había dado lugar a toda una multitud, dispersa y atomizada, de organismos revolucionarios locales. Los comités-gobierno representaban las aspiraciones del movimiento obrero y de las capas más pobres de la población, de conseguir sus reivindicaciones por sus propios métodos, fuera de una legalidad que se les había revelado, durante cinco largos años, como inútil y engañosa.

Junto a los comités revolucionarios locales, convertidos en la autoridad política única e indiscutible en los pueblos y en las barriadas de las ciudades, también surgieron Juntas de poder territorial que llenarían el vacío político dejado por el hundimiento de las instituciones republicanas. Las Juntas aparecieron siguiendo las directrices de compromiso con los republicanos de izquierdas que habían marcado los organismos dirigentes de los partidos y sindicatos obreros. Las Juntas territoriales gestionaron y organizaron la caótica situación, pero en ningún caso, ni siquiera en la creación del Comité Central de Milicias de Catalunya, existió la menor intención de crear auténticos gobiernos revolucionarios.

El esfuerzo principal de las Juntas territoriales se encaminaría a centralizar y organizar todos los esfuerzos en el terreno militar, buscando la derrota definitiva de los facciosos. Sin embargo, en los mismos territorios que administraban, se estaba desarrollando un auténtico proceso de revolución social.

La inmensa mayoría de los viejos ayuntamientos republicanos, incluidos aquellos en los que la izquierda era mayoritaria, habían sido sustituidos por comités revolucionarios que cumplían las funciones de verdaderos gobiernos locales. Algo similar estaba ocurriendo con el viejo estamento judicial. Gran parte de las industrias y de las grandes propiedades agrarias se encontraban en manos de los trabajadores que habían procedido a colectivizarlas. Incluso la principal de las funciones que pretendían llevar a cabo las Juntas territoriales quedaba afectada por los profundos cambios revolucionarios que se estaban produciendo. El antiguo aparato militar y policial había dejado de existir, era necesario construir rápidamente otro, con el que asegurar la victoria en el campo militar. Sin embargo ya nada podía ser como antes. El ejército sólo podría construirse a partir de las mismas bases sociales que estaban protagonizando los cambios revolucionarios; y éstas, de ninguna manera estaban dispuestas a permitir que se formase un nuevo cuerpo armado, similar al que acababa de sublevarse.

"Es concebible que, en las primeras semanas de la guerra, hubiese estallado en el territorio de la República una revolución violentísima, fulminante, que destruyera las instituciones republicanas, reemplazara a sus partidos y a sus hombres, y entronizase un gobierno de hechura, para conducir de frente, bajo una disciplina de hierro, la revolución y la guerra. Un fenómeno tal, observado ya en otros países, en circunstancias parecidas, no llegó a producirse en España. La conmoción fue lo bastante fuerte para quebrantar al Estado, colaborando en eso, seguramente sin darse cuenta, con las fuerzas nacionalistas; pero no pudo construir un Estado nuevo, no pudo sustituir una disciplina por otra, un sistema por otro" (648).

En mayor o menor medida, las Juntas territoriales, integradas fundamentalmente por los cuadros de las organizaciones obreras, tuvieron que jugar un papel ambiguo y a menudo contradictorio en el plano de los objetivos políticos y sociales.

Mientras en las esferas dirigentes de los partidos y sindicatos se defendía una política de moderación y de compromiso con el viejo orden republicano, en nombre del "antifascismo" y del Frente Popular, los militantes de base de las mismas organizaciones, protagonizaban una auténtica revolución social y exigían una política que estuviera de acuerdo con ésta.

Inevitablemente las Juntas territoriales tuvieron que optar por una de las dos tendencias políticas que marcaba la situación: convertirse en los cimientos del Estado republicano reconstruido, o evolucionar hacia la formación de un auténtico gobierno revolucionario.

La falta de una táctica política clara por parte de los sectores revolucionarios, la inexistencia de un programa adecuado para orientarse en las nuevas circunstancias hizo que, apenas unos meses más tarde, las Juntas hubieran dejado de existir, para dar paso a la nueva administración republicana, en esta ocasión bajo la dirección izquierdista de Largo Caballero.

El Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya no sería distinto del resto de Juntas territoriales, a pesar de ser el caso más complejo y acabado de éstas. Como las demás, el Comité pretendería canalizar los esfuerzos bélicos y organizar el caos económico y social provocado por el vacío de poder. La creación del organismo que representaba la cúspide del poder revolucionario en Catalunya, no significó necesariamente el final del gobierno de la Generalitat. Éste, aunque desprovisto de todo poder y autoridad reales, mantenía una existencia "formal". A pesar de las escasas perspectivas que el nuevo organismo tenía sobre la forma en la que tenía que conducirse el nuevo orden social que estaba emergiendo, éste se desarrollaba espontáneamente, sin necesidad de esperar órdenes. Sin duda alguna sería el profundo impacto que estaba teniendo la revolución en Catalunya, lo que convirtió al Comité Central de Milicias en la experiencia más completa de todas las Juntas territoriales que se dieron en toda la geografía "republicana".

El compromiso adoptado entre las diferentes organizaciones y la profunda oleada revolucionaria que estaba envolviendo Catalunya, fueron los factores antagónicos que conformaron la naturaleza híbrida y contradictoria del Comité Central de Milicias. El acuerdo político realizado en los primeros días por los anarcosindicalistas con el gobierno autónomo catalán lo empujaba a convertirse en un organismo de "conciliación" y de colaboración de clases. Sin la revolución social que se estaba desarrollando, el Comité Central de Milicias se habría convertido en una simple mesa de partidos y sindicatos, unidos frente a un adversario común, que habrían postergado para un futuro indeterminado las disputas por sus respectivos proyectos sociales y económicos. Sin embargo, la presión revolucionaria procedente de la calle; las continuadas expropiaciones; la formación de comités locales autónomos y la construcción de milicias de voluntarios que buscaban los focos de resistencia del enemigo que pudieran haber sobrevivido a la derrota; eran factores que empujaban inevitablemente en sentido contrario: hacia el lado de la revolución social.

El Comité Central de Milicias fue por lo tanto una solución intermedia que encarnaba una compleja situación de dualidad de poderes que no había podido ser resuelta. Las tensiones y las maniobras que llegarían a darse en su seno fueron la lógica consecuencia del enfrentamiento que se estaba produciendo entre las dos fuerzas políticas irreconciliables que existían en el bando "republicano".

4.8.1 EL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA. UN GOBIERNO QUE NO QUERÍA SER GOBIERNO.

Todas las circunstancias empujaban al Comité Central de Milicias a convertirse en un auténtico gobierno revolucionario y, sin embargo se negó a serlo. Mientras el Comité era, sin quererlo, el auténtico e indiscutible poder en Catalunya, el semiderruido gobierno de la Generalitat era respetado y se le permitía jugar un papel "simbólico" en la revolución, el de legalizar las conquistas sociales que espontáneamente la población trabajadora llevaba a cabo. De esta forma, los antiguos gobernantes, representantes de una legalidad que había sido desbordada por los acontecimientos, volvían a jugar un papel destacado, desde el que poder reagrupar sus dispersas fuerzas.

La obsesión de las organizaciones obreras más izquierdistas por la "legalización" de la revolución facilitaría la penetración y la consolidación del Estado republicano en la nueva situación.
Para comprender un hecho aparentemente tan contradictorio de un organismo, convertido por las circunstancias en la cúspide del poder revolucionario de Catalunya, que no tenía ninguna voluntad para serlo, hay que analizar el pensamiento de los representantes de la organización que fue el alma del Comité Central de Milicias: el anarcosindicalismo. Es necesario tener en cuenta las reflexiones y los temores que llevaron a los líderes de la CNT y de la FAI a renunciar a su triunfo.

La "revolución de los comités" que se estaba llevando en todo el territorio republicano lo hacía en condiciones muy distintas a las que ellos habían previsto, pocos meses antes, en el Congreso de Zaragoza. En el histórico plenario del 21 de Julio, los cuadros dirigentes habían optado por la colaboración en el seno del Comité Central de Milicias.

Diego Abad de Santillán había defendido la postura del compromiso, basándose en que la victoria sobre los insurgentes no habría sido total (649). Los argumentos del dirigente anarcosindicalista son importantes, en tanto en cuanto reflejaban el verdadero estado de ánimo que dominaba a la mayoría de los asistentes. Diego Abad de Santillán basó su defensa del colaboracionismo en los dos peligros que, según él, corría la revolución recién iniciada: el de la intervención extranjera y el de que no fuera seguida y comprendida por los trabajadores en el resto del estado (650).

Efectivamente, a pesar de la hegemonía con la que contaba la CNT-FAI en el movimiento obrero de Catalunya, éste se encontraba muy lejos de contar con el apoyo y las simpatías de las clases medias urbanas y del campesinado catalán. En el resto del estado, donde los anarcosindicalistas no eran mayoritarios, ni siquiera entre los trabajadores, el peligro todavía era mayor. En aquellos momentos, el mito de la revolución libertaria, antiautoritaria y antiestatalista se mostraba absurdo e incapaz de poder ser llevado a la práctica, sino era mediante una dictadura revolucionaria.

"Querer implantar el comunismo libertario, era destrozar a esos partidos e impedirles expresarse; era enrolar por la fuerza a los pequeños propietarios, a los pequeños campesinos, a los pequeños comerciantes, era, en todo caso, ejercer una autoridad implacable sobre una parte de la población, amordazarla, brutalizarla. ¡nada más opuesto al anarquismo que eso! Los anarquistas no podían hacerlo sin contradecirse, sin suicidarse moralmente" (651).

"Una revolución libertaria sólo habría sido posible en España si el 90% por lo menos de la población hubiese sido favorable a las ideas propagadas por los militantes de la CNT y de la FAI" (652).

La idea de una revolución llevada a cabo por la totalidad, o por la casi totalidad de la sociedad es social e históricamente absurda. Las sociedades están divididas en clases sociales con intereses distintos y en numerosas ocasiones, antagónicos.

Las mismas clases se dividen y se subdividen en otros estratos heterogéneos. Por lo tanto, la revolución soñada por los anarcosindicalistas, antiautoritaria y antiestatalista, no era en absoluto posible.

Existían sectores de la sociedad, los más privilegiados, que simpatizaban con la sublevación militar; otros eran reticentes o veían con temor una revolución que amenazaba con expropiarles sus pequeñas propiedades.

La revolución sólo era posible con la existencia de un poder dispuesto a serlo, dispuesto a reprimir a los grupos hostiles más recalcitrantes, y capaz de llevar a cabo un programa social que atrajera a las clases populares, incluida la pequeña burguesía urbana y campesina.

Sin embargo, tal como recogen otros autores libertarios, que son contrarios a las tesis de Diego Abad de Santillán, la revolución no tenía que haber optado necesariamente entre estos dos caminos, el de la colaboración, o el de una revolución "tiránica" (653).

Los argumentos sobre los que se sostenían las ideas colaboracionistas de la CNT, reflejaban una concepción estática de un fenómeno social que se caracteriza, precisamente, por todo lo contrario. El tremendo dinamismo de las revoluciones permite que la población pueda evolucionar rápidamente en su conciencia, pasando en un corto espacio de tiempo de apoyar a unas organizaciones, a otras que se identifican de mejor manera con sus nuevas experiencias y aspiraciones.

"La revolución es un proceso muy dinámico... en su camino, la revolución barre las viejas organizaciones, los viejos partidos conservadores, los sindicatos. En todas las empresas, en todas las fábricas, aparece una nueva dirección, más joven, más activa, más luchadora, mientras la antigua dirección se convierte en el peor de los frenos para la revolución" (654).

Tomando como ejemplo las revoluciones francesa y rusa, los sectores revolucionarios, aunque numerosos, nunca contaron con el apoyo incondicional de la mayoría de la población. Jacobinos y bolcheviques tuvieron que enfrentarse a una importante oposición interna y externa. Su fuerza, sin duda alguna, estuvo en su capacidad para recoger las heterogéneas reivindicaciones de los distintos grupos sociales para unificarlos en torno a su proyecto revolucionario.

El problema del anarcosindicalismo era, sin embargo, que carecía de una orientación clara en ese sentido. La CNT-FAI carecían de un programa definido, adecuado para enfrentarse a los grandes retos que planteaba el momento, y por lo tanto, se mostraron incapaces de atraer hacia sus filas a la pequeña burguesía urbana y a los pequeños y medianos propietarios del campo. La desorientación de los cuadros dirigentes era patente, imposibilitados para superar la contradicción que existía entre sus deseos de impulsar la revolución, y el temor que sentían por las posibles consecuencias que su profundización podía acarrear.

"Aquellos <<militantes influyentes>>, eufemismo de dirigentes, se encontraron delante de su propia imprevisión, delante de su falta de preparación para poder implantar, de repente, su revolución. Luchando constantemente contra el poder no habían previsto que harían si un día, de golpe, lo tenían entre sus dedos y tenían, de repente, que estructurar una sociedad según su comunismo libertario teórico" (655).

La audacia política de los jacobinos franceses y de los bolcheviques rusos la encontramos a faltar entre los cuadros dirigentes del anarcosindicalismo y también entre el resto de las organizaciones que se reclamaban de la revolución. Sin duda alguna, éstos factores condicionaron profundamente la táctica que llevarían a cabo los representantes libertarios en el Comité Central de Milicias.

La actitud colaboracionista de los dirigentes cenetistas y la negativa del Comité Central de Milicias a convertirse en un auténtico poder revolucionario provocaría, a medida que se hacían más patentes los síntomas de decadencia de la revolución, la aparición de actitudes variopintas de oposicionistas que reclamaban un giro radical, en defensa de los logros del nuevo orden. El testimonio de Sebastiá Clara, cuadro de la CNT que provenía del trentismo, y que ha sido recogido por Ronald Fraser, nos puede servir como un ejemplo demostrativo del sentido anticolaboracionista y radicalizado de esta oposición:

"La CNT-FAI se hizo con el poder de facto sin reconocer o asumir la responsabilidad del mismo. Deberían haber asumido el poder político, como lo habían hecho en las calles. Deberían haberse apoderado de la Generalitat y llamarla consejo o comité si la palabra "gobierno" les parecía inaceptable, asegurándose para sí la representación mayoritaria. Si se producían crisis políticas ellos las habrían precipitado, ellos habrían propuesto las soluciones. Esa era la clase de liderato que las masas esperaban y que sólo un gobierno podía proporcionar..." (656).
En esta encrucijada política, el Comité Central de Milicias se empeñaría en no transformarse en un verdadero gobierno revolucionario, en un momento en el que todas las condiciones presionaban para que lo fuera. La opción contraria hubiera significado el final del gobierno de la Generalitat y de los restos de "legalidad republicana" que todavía quedaban, y habría lanzado a los anarcosindicalistas a una revolución que no sabían como encarar.

El Comité Central de Milicias era, por lo tanto, el fruto de la gran contradicción de los libertarios, que se negaban a tomar el poder, pero que tampoco estaban dispuestos a entregarlo a sus adversarios políticos.

"Tanto el Comité de las Milicias, como el mismo gobierno autónomo, comenzaron a sentir que ambos, por causas bien diferentes, estaban en un vacío político, ya que ni el uno ni el otro representaban al país. Ni lo controlaban, ni lo coordinaban, ni lo dirigían, de hecho, no representaban, ni el uno, ni el otro, ninguna realidad social o política" (657).

Si el anarcosindicalismo, paralizado por sus temores y por sus contradicciones ideológicas, no estaba dispuesto a ocupar el espacio político que la revolución había creado, otras fuerzas, con proyectos sociales antagónicos, estaban dispuestos a llenarlo. Con la negativa a convertir el Comité Central de Milicias en gobierno, y una Generalitat que no era más que una sombra del pasado, se abría un vacío de poder que irremediablemente tendría que ser ocupado por la parte más audaz y que contara con un proyecto político más coherente.

4.8.2 EL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA. UN ORGANISMO DE NATURALEZA BUROCRATICA.

"Durante su breve existencia -del 23 de Julio al 3 de Octubre de 1936- el Comité Central de Milicias sería a la vez un apéndice importante de la Generalitat y una especie de comité de coordinación entre los Estados Mayores de las organizaciones antifascistas. Su creación se había hecho necesaria -como lo reveló implícitamente Companys- por el carácter y la fuerza de la CNT-FAI ... Era peligroso dejarles solos. De un modo u otro, había que ligarles a las responsabilidades del poder político e imponerles la unidad antifascista" (658).

El Comité Central de Milicias se formó, desde los primeros momentos, como un organismo de naturaleza burocrática. Sus miembros, elegidos por las direcciones de los partidos y sindicatos antifascistas, junto a los representantes del gobierno de la Generalitat, sólo eran responsables ante los organismos que los habían nombrado. Su estructura, definida por Rudolf De Jong, como el mejor ejemplo de la "comitecracia" española, estaría entroncada con la vieja tradición juntista española del siglo XIX de las revueltas liberales, y también de los primeros movimientos libertarios (659).

Este hecho, completamente justificado por las circunstancias iniciales en las que se había formado el Comité Central de Milicias, grabaría profundamente su futuro. Durante el período de su existencia, ninguna de las organizaciones defendió su democratización y vinculación orgánica con la multitud de comités revolucionarios que constituían la única autoridad que existía a escala local.

"El Comité de Milicias fue creado al margen y por encima de los innumerables comités, formados casi siempre de una manera espontánea por la masa revolucionaria. Los Estados mayores de las organizaciones políticas y sindicales fueron quienes, por si mismos y sin ningún tipo de control ni participación de los comités obreros, eligieron a los miembros del Comité de Milicias. En este punto hay que señalar, sin perjuicio de volver a hablar de ello, que nunca nadie eligió a los miembros del Comité de Milicias, así como nunca nadie eligió a los futuros miembros (o consellers, como se les llamaba) de la Generalitat; todos ellos fueron designados a dedo por los Estados Mayores de las organizaciones políticas, proporcionalmente... a sus relaciones de fuerza y a sus combinaciones. No era la democracia obrera, sino más bien la dictadura de los Estados Mayores de las organizaciones obreras..." (660).

Uno de los factores que pone de relieve la naturaleza burocrática del Comité Central de Milicias es su composición. La correlación de fuerzas que existía en su seno, era consecuencia de las negociaciones y acuerdos que se dieron entre las diferentes fuerzas políticas y sindicales que lo integraban. No representaba, de forma alguna, la implantación real de los diferentes grupos en el seno de la Catalunya revolucionaria.
Los delegados de la UGT estuvieron sobrerrepresentados, en detrimento de la CNT. Ambas centrales sindicales contaban con tres delegados respectivamente, mientras que la proporción real de afiliados era aplastantemente favorable al anarcosindicalismo.
Con la concesión que la CNT hacía a la UGT catalana, los libertarios esperaban consolidar la naturaleza sindical de la revolución española, en torno a la formación de una alianza entre las dos grandes centrales. La concesión quedaría frustrada por la rápida toma del control del nuevo Partido Socialista Unificado, que sería quien realmente capitalizaría la sobrerrepresentación de la UGT catalana. De esta forma, el PSUC acabaría contando con cuatro representantes en el Comité Central de Milicias, mientras que el POUM, partido que en aquellos momentos era mucho más numeroso en Catalunya (y que dirigía la pequeña central sindical FOUS) tendría un solo representante.

También la representación de la FAI quedaría disminuida frente al nuevo PSUC. De la misma manera, los partidos republicanos nacionalistas consiguieron una sobrerrepresentación de sus representantes (3 de ERC, 1 de la UdR (controlada por ERC) y 1 de AC). En este caso, la concesión estaba dirigida a tranquilizar los ánimos de las clases medias catalanistas, que podían ver en la hegemonía de los anarcosindicalistas, un peligro contra sus intereses (661).
Sin embargo, por el mismo componente burocrático de la distribución de fuerzas en el seno del Comité Central de Milicias, la importancia de las concesiones eran de carácter secundario. La correlación que realmente importaba no era la que pudiera existir en el seno del Comité, sino la de la calle. En pleno auge revolucionario, el peso político real de los representantes anarcosindicalistas era infinitamente mayor que el de la totalidad de las fuerzas políticas antifascistas restantes.

El gobierno de la Generalitat y las organizaciones del Front d'Esquerres condenaron la "usurpación" que se estaba llevando a cabo de la autoridad republicana, y se opusieron a cualquier control o influencia de los organismos revolucionarios locales, sobre el mal menor que constituía el Comité Central.

La democratización del Comité de Milicias y el establecimiento de cualquier tipo de vínculo orgánico, habría reducido su representación en los nuevos organismos de poder y dificultado enormemente la tarea de restaurar el viejo orden. Para el PSUC, la principal de las organizaciones que participaban en el Front d'Esquerres, el Comité Central de Milicias tenía que disolverse para dar paso a un gobierno "democrático y antifascista", que fuera un fiel reflejo de la etapa democrático-burguesa de la revolución española.

El anarcosindicalismo seguía considerando que eran las centrales sindicales, los cauces naturales por los que debía expresarse la presión popular. Los comités-gobierno locales eran organismos coyunturales que habían resultado útiles en las primeras semanas de la contienda, para reorganizar la sociedad revolucionaria, pero en ningún caso se les asignaba otro papel que no fuera el del mantenimiento del nuevo orden.

Indudablemente, los sindicatos eran las organizaciones que agrupaban a un mayor número de trabajadores, sin embargo es cuestionable que éstos fueran realmente el auténtico, o en todo caso el único cauce de expresión de los sectores revolucionarios.

El historiador Walther L. Bernecker ha analizado en profundidad el proceso de burocratización y de centralización que experimentaron los sindicatos anarcosindicalistas, como consecuencia de la guerra, de la entrada masiva de nueva militancia y también de las profundas contradicciones en las que se había embarrancado la tradicional doctrina libertaria (662).

Según el informe presentado por la delegación de la CNT al Congreso Extraordinario de la AIT, entre el 19 de Julio de 1936 y el 26 de Noviembre de 1937 se celebraron en la España republicana un total de 17 plenarios nacionales de federaciones regionales, docenas de plenos locales y comarcales y numerosas reuniones regionales. Sin embargo, el número de asambleas no hacía más que encubrir la creciente de pérdida de la democracia interna en el seno del sindicato anarcosindicalista:

"Las auténticas decisiones fueron tomadas, en adelante, sólo por los activistas políticos, mientras que a los militantes de base se les retiró cualquier posibilidad de influir en la marcha de la política de la CNT. En las reuniones nacionales, el comité nacional preparaba de antemano el orden del día, quebrantando así una tradición democrática de la CNT que comportaba la determinación de los puntos del orden del día a iniciativa y petición de los militantes de base" (663).

También José Peirats ha recogido un abrumador historial demostrativo del proceso de burocratización de las organizaciones libertarias (664). Si nos atenemos a la exactitud de estas interpretaciones bastante verosímiles, llegaremos a la conclusión de que las organizaciones sindicales habían perdido toda posibilidad de convertirse en los canales de expresión de la voluntad de los sectores revolucionarios de la población. Y por el contrario, eran los espontáneos y despreciados comités locales los que tendían a transformarse en tales instrumentos.

Finalmente el poumismo defendía la convocatoria de una Convención revolucionaria de delegados, que deberían ser elegidos democráticamente por la población trabajadora, a través de los comités locales y de milicianos. Sin embargo, la idea nunca fue más allá del terreno de la propaganda. La iniciativa habría conllevado el peligro de alejarse de los dirigentes de la CNT, algo que los mandos poumistas no estaban dispuestos a hacer.

El historiador anarcosindicalista Carlos Semprún-Maura ha hecho una crítica precisa en lo que se refiere a las diferencias que existían entre la propaganda del POUM y su verdadera práctica política.

"Desgraciadamente a pesar de estas hermosas palabras, el POUM no iba a luchar por esa autonomía obrera, por esos <<comités de base>> de los que (aquí) se hace portavoz, todo lo contrario, intentará siempre -en la medida de los posible- sacrificarlos en aras de unos ilusorios <<acuerdos en la cumbre>> entre burocracias" (665).

Por diferentes motivos, ninguna de las organizaciones presentes en el Comité Central de Milicias, estaba dispuesta a transformar la naturaleza inicial de éste. Hacerlo habría significado cruzar el rubicón político de la revolución, algo que nadie, en aquellos momentos, estaba dispuesto a llevar a cabo. Por lo tanto, la correlación de fuerzas existente respondería al compromiso adquirido entre los anarcosindicalistas y el resto de grupos, y no al peso real en la sociedad revolucionaria catalana.
La inamovilidad de la composición del Comité de Milicias impidió que éste pudiera recoger los profundos cambios que se estaban desarrollando en la conciencia de la población trabajadora.

Su naturaleza lo convertía, en última instancia -de forma más o menos condicionada por la presión social- en el portavoz de los organismos dirigentes de los partidos y sindicatos.

La voluntad y las aspiraciones de las bases organizadas quedaba reducida a la mínima expresión, mientras que la de los sectores de trabajadores no organizados y de la población en general quedaba totalmente excluida.

Esta concepción burocrática y estática de lo que tenía que ser el Comité Central de Milicias iba a ser un obstáculo insuperable que evitaría la posibilidad de que pudiera convertirse en un auténtico gobierno revolucionario. En contraposición, la naturaleza del Comité de Milicias se convertía también en su máxima debilidad, que facilitaría meses después, su completa integración en una todavía débil Generalitat, que se había ido reconstruyendo bajo su sombra protectora.

4.8.3.EL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA. UN ORGANISMO DE CONCILIACIÓN. UN OBSTÁCULO PARA LA REVOLUCIÓN DE LOS COMITÉS.

"La colaboración que les ofrecían los dirigentes anarquistas cuando, simplemente, los podían arrojar por el balcón de la Generalitat implicaba, era evidente, <<reconstruir las instituciones de gobierno y el traspaso de la iniciativa de los trabajadores a un cuerpo central con poderes ejecutivos. Al privar de iniciativa a los trabajadores, la responsabilidad por la conducta de la lucha y de sus fines recaía de hecho en una jerarquía gobernante, y esto no podía menos que influir adversamente en la moral de los luchadores revolucionarios>>" (666).

En el histórico plenario del 21 de Julio, los desorientados cuadros de la CNT y de la FAI habían renunciado al poder que tenían al alcance de la mano. La revolución libertaria quedaba pues, de esta manera, relegada a un futuro indeterminado, para después de la guerra, en el que las condiciones deberían hacerla posible, sin necesidad de implantar ningún tipo de "totalitarismo" revolucionario.

La decisión que había hecho posible la formación del Comité Central de Milicias condicionaba, simultáneamente, su naturaleza. Si el camino de la revolución antiautoritaria estaba vetado por las circunstancias del momento, los cuadros anarcosindicalistas sólo podían optar por dos posibles alternativas: abandonar el poder en manos de sus adversarios políticos, o la colaboración con ellos en un nuevo organismo de poder, que no tendría la forma de un gobierno tradicional.

La primera opción implicaba en la práctica, entregar la victoria conseguida y permitir que el viejo orden republicano pudiera recuperarse rápidamente del revés que acababa de sufrir.

Desde la oposición, los anarcosindicalistas se habrían atrincherado en los centros de trabajo, controlados por los sectores revolucionarios. Sin embargo, difícilmente esta alternativa habría sido comprendida por sus propias bases sindicales que se sentían las triunfadoras frente al gobierno y los sublevados.

Por otro lado, la renuncia al poder y la negativa a cualquier compromiso político que significara la renuncia temporal a sus objetivos, no hacía otra cosa que aplazar el choque definitivo con los partidarios de la República. Enfrentamiento que tarde o temprano iba a producirse.

"No se podía prescindir por el momento del aparato gubernamental y no podía dejarse ese aparato en manos de fuerzas minoritarias que podían, poco a poco desde allí, obstruir la revolución iniciada y poner excesivas trabas al pueblo que había entrado en posesión de sus derechos" (667).

La segunda alternativa pretendía, mediante la colaboración y el compromiso con las otras fuerzas, mantener en lo posible el terreno que habían conquistado con las armas. Esta segunda opción, apoyada en la indiscutible hegemonía con la que contaba la CNT entre los trabajadores, sería considerada -por los cuadros dirigentes del anarcosindicalismo- como la más prudente y viable que podía llevarse a cabo en aquellos momentos. En aquellas circunstancias, la formación del Comité Central de Milicias Antifascistas significaba, desde la óptica revolucionaria, un paso atrás respecto a la situación que se había creado a partir de las jornadas de Julio.

El Comité Central de Milicias nacía de esta forma, como un organismo de colaboración entre las distintas fuerzas políticas que apoyaban dos proyectos sociales antagónicos. Desde esta perspectiva, la naturaleza del nuevo organismo de poder se definía como claramente interclasista.

"Aceptamos el Comité de enlace en tanto que anarquistas hemos procurado que la burguesía liberal y la pequeña burguesía se pusieran del lado del pueblo" (668).

Diego Abad de Santillán, define al Comité Central de Milicias como un organismo de colaboración entre las clases, o por lo menos entre las organizaciones obreras y los viejos representantes de una clase social, la burguesía liberal, que se había pasado en bloque al bando enemigo. El historiador anarquista Abel Paz ha definido cuales eran las consecuencias políticas del interclasismo.

"El concepto de la <<colaboración democrática>>, políticamente no hacía otra cosa que revitalizar el Frente Popular y, en consecuencia, el nuevo organismo que, por su formación, sería un organismo democrático-burgués" (669).

Juan Andrade ha explicado a la perfección la contradicción inherente a la naturaleza del Comité Central de Milicias. Por un lado era un organismo de colaboración de clases y por lo tanto entraba dentro de la óptica frentepopulista de la revolución. Por otra parte, a pesar de la colaboración política, la hegemonía en su seno de los sectores más radicalizados le daban un carácter claramente clasista (670).

El eje político principal de las actividades que pretendía desarrollar el Comité Central de Milicias no era organizar una nueva sociedad revolucionaria, sino impulsar y centralizar los esfuerzos bélicos, para alcanzar una rápida victoria sobre los sublevados. El compromiso adquirido, por el que se constituía el Comité Central de Milicias, significaba en la práctica el "congelamiento de la revolución". Cualquier medida que pudiera favorecer la extensión de la revolución cuestionaba la alianza con el gobierno de la Generalitat y el Front d'Esquerres. Esto explica el hecho de que, durante las primeras semanas de la guerra, el Comité Central de Milicias no llegara a definirse sobre cual era el proyecto económico que debía llevarse a cabo. Fue sin duda alguna la iniciativa espontánea que estaban llevando a cabo las bases de las organizaciones obreras, la que decantaría su política posteriormente.

"El Comité de Milicias adoptó unas medidas que eran útiles y necesarias en los primeros días que siguieron a la victoria de los militares. Pero la iniciativa de las masas, las medidas útiles y necesarias que éstas habían improvisado, eran mucho más avanzadas e iban mucho más lejos, en todos los aspectos, que las de los Estados Mayores de las organizaciones obreras y antifascistas..." (671).

Desde este punto de vista, la actividad del Comité Central de Milicias estaría continuamente marcada por esta contradicción: elegir entre la fidelidad al compromiso de no llevar la revolución hacia adelante y la presión ejercida por las bases de las organizaciones. Toda la dinámica del Comité Central se caracterizaría por el intento de conciliar los dos extremos irreconciliables, aunque ésto fuera a costa de convertirse en un dique de contención para las aspiraciones revolucionarias. Prisioneros de esta dinámica, los dirigentes libertarios se habían convertido, sin saberlo, en un valioso instrumento para los planes restauracionistas. La reconstrucción del Estado republicano sólo podía llevarse a cabo, a partir y con la voluntad de las organizaciones obreras que representaban a la revolución, ante los ojos de la población.

"...el Comité de Milicias no fue <<el Gobierno obrero de la Revolución obrera>>, tampoco una forma indeterminada y original de <<poder revolucionario>>. Ante todo, desempeñó un papel de transición que proporcionó una especie de interinidad algo improvisada, hasta la vuelta del poder <<legal>> de la Generalitat..." (672).

Si los dirigentes libertarios "aplazaban" la revolución, no hacían lo mismo sus adversarios políticos. El Comité Central de Milicias había significado un respiro momentáneo para ellos. Al fin y al cabo, y aunque desprovisto de fuerza, el compromiso permitía que el gobierno de la Generalitat siguiera existiendo y legitimándose frente a los trabajadores. Mientras se mantuviera la actitud conciliadora de los representantes cenetistas, el Comité Central de Milicias tenía que seguir existiendo, hasta que las condiciones permitieran el restablecimiento total de la autoridad republicana.

El triunfo sobre la revolución y el restablecimiento del orden republicano significarían el final de la neutralidad francesa y británica, que se posicionarían contra el ejército de Franco, aliado de Hitler y de Mussolini.

Dentro de la dinámica de colaboración en la que habían entrado, los dirigentes de la CNT y de la FAI tenían que moverse entre dos fuegos: entre la presión de la Generalitat, del gobierno central y de las organizaciones del Frente Popular, para reconstruir el viejo aparato estatal republicano, y la de sus propias bases, que estaban llevando a cabo de forma espontánea, su propia forma de entender la revolución.

El testimonio de Jaume Miravitlles, da a entender que en el seno del Comité Central de Milicias los acuerdos fueron escasos (673). El doble fuego al que estaban expuestos los libertarios en el Comité de Milicias explica su funcionamiento. Al parecer, las decisiones fueron adoptadas por la práctica imposición del grupo dominante. Sin embargo es difícil no considerar el testimonio del dirigente catalanista como una exageración intencionada, destinada a denunciar los métodos "dictatoriales" de los revolucionarios anarcosindicalistas.

La intransigencia mencionada por Miravitlles se contradice con la actitud moderada y colaboradora de los dirigentes que se habían negado a tomar el poder cuando podían haberlo hecho sin dificultades. La escasez de acuerdos entre las diferentes organizaciones que estaban integradas en el Comité Central de Milicias es debida, no al "totalitarismo" anarcosindicalista, sino a la patente incompatibilidad que existía entre los objetivos de la revolución y los de la contrarrevolución republicana.

"A su modo de ver, los libertarios creían haberse hecho con el poder por medio del comité y eso era lo que parecía desde dentro. Se presentaban a las reuniones con las cartucheras repletas y colocaban la pistola o la metralleta sobre la mesa. Daban puñetazos sobre la mesa y gritaban <<Así es cómo se van a hacer las cosas! ¡Por cojones!... ¡Sois un hatajo de pequeños burgueses!..." (674).

Fuera de la estética que pudieran emplear los libertarios, existen numerosos indicios, -comentados y analizados en las páginas anteriores de este trabajo- que demuestran que las directrices no se imponían "¡por cojones!", o como parte de una política de "hechos consumados".

Por el contrario, la línea que se llevó a cabo durante los meses de existencia del Comité Central de Milicias fue la búsqueda permanente de un equilibrio entre los dos bandos antagonistas.

Las maniobras del PSUC y del Front d'Esquerres, sus intentos de reconstruir el viejo aparato de estado, pese a las repetidas amenazas de ruptura, fueron casi siempre contestadas por medio de soluciones de compromiso.
Las concesiones conseguidas por los restauracionistas tenían una doble implicación política: la lenta pero paulatina recuperación del poder de la Generalitat (legitimada por el Comité Central de Milicias) y la contención de las iniciativas revolucionarias, que podrían precipitar la ruptura, en una situación todavía desfavorable.

"Si bien el Comité de Milicias tenía algo parecido al soviet ruso, se diferenciaba en que no se ejercía en él la prepotencia de un solo partido y mantenía el equilibrio entre los organismos partidistas y sindicales que lo integraban. El Comité de Milicias fue el único órgano de poder durante la guerra civil que no ha sido atacado y condenado por ningún partido de los que lo integraron, por ninguna de las organizaciones que a él pertenecieron, ni por el pueblo de Barcelona y Catalunya. Hubo oposición en el seno del Comité de Milicias, por parte de Esquerra Republicana de Catalunya (jacobinos) y del Partido Socialista Unificado de Catalunya (comunistas), pero fue una oposición subterránea" (675).

El Comité Central de Milicias nacía como un organismo de conciliación. La entrada en un gobierno de coalición, después de las jornadas de Julio, resultaba inadmisible, porque atentaba contra los viejos principios antiestatalistas. Sin embargo, el curso colaboracionista que habían emprendido los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI, y el lento pero continuado desgaste de una situación que no encontraba solución, fueron madurando las condiciones para la integración del Comité Central de Milicias en un nuevo gobierno de la Generalitat reconstruido.

La integración sería aceptada por la mayoría de los comités revolucionarios locales. La duda era imposible; aparentemente todo obedecía a una simple reestructuración que terminaría con el gobierno de la Generalitat y con la problemática de la dualidad de poderes. En el nuevo gobierno unificado, la CNT-FAI y el POUM seguían siendo mayoritarios y evitarían que la revolución siguiese decayendo. Se les escapaba que la integración en el aparato estatal republicano burgués era un nuevo paso que conseguían dar las actitudes colaboracionistas.

Cada vez más comprometidos en el intento de mantener la situación hasta el final de la guerra, se verían obligados a sacrificar la propia revolución para poder seguir manteniendo la alianza.

4.8.4 EL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA. UN ORGANISMO POTENCIALMEENTE REVOLUCIONARIO. UN OBSTÁCULO PARA LOS PLANES DE RESTAURACIÓN REPUBLICANA.

"En efecto, todos los resortes del poder convergían en el Comité Central de Milicias, dirección de la guerra, vigilancia revolucionaria, economía, justicia, y la creación de nuevas industrias para satisfacer las necesidades de la guerra, sin que el mismo supiera como, sin propósito consciente, el Comité Central de Milicias se convertía en un gobierno revolucionario y su aparato, en un rudimentario aparato de estado proletario. Para serlo por completo le faltaba, en primer lugar, una voluntad clara en tal sentido, en segundo lugar, un acoplamiento mayor de las necesidades históricas de la revolución, lo que comportaba necesariamente la adaptación más completa posible a las nuevas formas de democracia creadas por la victoria de las masas" (676).

El Comité Central de Milicias había nacido a partir de la derrota de la sublevación militar en Catalunya y también del desmoronamiento del aparato estatal republicano. Su poder indiscutible procedía del prestigio de la revolución y su futuro sólo podía asegurarse terminando con la dualidad de poderes existente, con la profundización y extensión de la misma revolución que le había dado vida.

Indiscutiblemente la naturaleza del Comité Central de Milicias era potencialmente revolucionaria, sólo era necesario que existiera la firme voluntad para desarrollarla.

"A diferencia de un gobierno de coalición que en realidad descansa en la vieja maquinaria del Estado, el Comité Central dominado por los anarquistas se apoyaba en las organizaciones obreras y las milicias" (677).

La situación revolucionaria había hundido las instituciones de la República. Los antiguos ayuntamientos, los cuerpos policiales, los tribunales y el mismo ejército habían desaparecido. Contrastando con este rápido proceso de descomposición, la multitud de comités locales y de fábrica, creados espontáneamente por la población trabajadora, por iniciativa de los sectores organizados, se aglutinaban indirectamente en torno a los sindicatos y al Comité Central de Milicias.

La hegemonía de la CNT y de la FAI, sostenida por el POUM, convertía a este organismo en la cúspide legítima de la revolución. Los decretos del Comité Central de Milicias eran obedecidos por el conjunto de los comités locales, siempre y cuando no llegaran a considerar que con su cumplimiento se traicionaban los ideales revolucionarios. A pesar de que el Comité Central de Milicias había nacido al margen de los comités revolucionarios locales, éste tenía la autoridad legítima en tanto en cuanto, las organizaciones obreras que contaban con el apoyo y la simpatía de la mayoría de los trabajadores, también eran mayoritarias en él.

"El Comité de Milicias fue reconocido como el único poder efectivo de Catalunya. El gobierno de la Generalitat siguió existiendo y mereciendo nuestro respeto, pero el pueblo no obedecía más que al poder que se había constituido por virtud de la victoria de la revolución, porque la victoria del pueblo era la revolución económica y social" (678).

Es pues correcta la afirmación que hacen Juan García Oliver y otros militantes anarcosindicalistas, de que el Comité Central de Milicias fue un paso hacia atrás en la revolución, sin embargo la situación existente seguía empujando hacia adelante (679).
Al margen de la voluntad, más o menos conciliadora de los dirigentes obreros presentes en el Comité Central de Milicias, éste seguía representando a la revolución y recibía fuertes presiones por parte de los sectores revolucionarios.

La inexistencia de una representatividad democrática; la falta de un verdadero control de las bases sobre sus representantes; el hecho de que no existiera, -ni que nadie se planteara crearla- una articulación entre los organismos revolucionarios locales y el Comité Central de Milicias; todos estos factores burocráticos limitaban el carácter potencialmente revolucionario de este organismo, pero en absoluto lo anulaban.

"La creación del Comité Central de Milicias de Catalunya no era un error en si mismo, ni tampoco el aceptar la colaboración con las otras fuerzas revolucionarias, tales como las que pudieran existir de tendencias socialistas en la UGT y en el POUM. Lo que posiblemente cabe considerar un error fue dejar en pie el Govern de la Generalitat, porque lo que, a primera vista... ofrecía una ventaja, en realidad, por el peso de los acontecimientos, tenía que ser el enterrador de la revolución" (680).

Los adversarios políticos del Comité Central de Milicias, los partidarios de la restauración republicana comprendieron este hecho rápidamente, y trabajaron, desde los primeros momentos, para su destrucción. Los revolucionarios habían cometido un error que tenía que aprovecharse para volver a poner en pie el Estado republicano.

Liquidado el Comité Central de Milicias, integrados los sectores más radicalizados en un nuevo gobierno de la Generalitat, la posibilidad de que pudiera surgir un gobierno revolucionario quedaba cada vez más lejos.

La potencialidad revolucionaria del Comité Central de Milicias quedaría truncada porque, tal como afirma el dirigente poumista Juan Andrade, "ni la CNT ni su propio partido planteaban la cuestión del poder" (681). Los anarcosindicalistas, por una mezcla de desorientación política, temor al aislamiento e incapacidad programática para poder enfrentarse a los retos de la revolución. El POUM, por su complejo de inferioridad frente a las organizaciones obreras mayoritarias, que les hacía considerar que el futuro de la revolución solo podía depender de la voluntad políticas de éstas y que les impedía adoptar una línea independiente del anarcosindicalismo. De esta manera, la posibilidad del Comité Central de Milicias para convertirse en un gobierno revolucionario en Catalunya, quedaba obstaculizada.

Si las mismas organizaciones que abogaban por la defensa de la revolución, bloqueaban el camino de ésta, sus adversarios del Front d'Esquerres sí que estaban dispuestos a llegar hasta el final en sus objetivos. Irremediablemente la dualidad de poderes iba a decantarse hacia estos últimos.