4.4.13 El capital extranjero.

El movimiento socializador que había generado la victoria revolucionaria sobre los sublevados se extendía rápidamente por toda la economía de la República española. En los días posteriores a las jornadas de Julio, gran número de empresas, cuyos dueños y directivos habían huido por miedo a las posibles represalias de los triunfadores y otras por la voluntad y el entusiasmo de los trabajadores, fueron incautadas por los mismos. El movimiento, completamente espontáneo, tendió a extenderse sin ningún tipo de limitaciones. Dadas las características del subdesarrollo de la economía capitalista española, un importante número de industrias y de empresas del país, estaban en manos del capital extranjero, o bien contaban con una importante aportación de éste. El movimiento expropiador también alcanzó este tipo de empresas que tendieron a ser incautadas sin contemplaciones por los trabajadores de las mismas.

La posibilidad de que en los primeros momentos, pudiera darse una intervención extranjera contrarrevolucionaria, con el pretexto de defender sus intereses económicos en la península, fue contemplada por los anarcosindicalistas catalanes en el plenario histórico en el que decidieron su actitud frente a la revolución que estaba en marcha.

"Diego Abad de Santillán, miembro del Comité de Milicias, estimaba que nuestras organizaciones, tanto la sindical como la específica, no perderían nada formando parte del Comité de Milicias, por los que se pronunciaba por continuar en el mismo, colaborando con los demás antifascistas, ya que, vista la situación de manera realista, un intento de ir a por el todo, como proponía García Oliver, aún cuando fuese realizado por la CNT, con la consiguiente puesta en ejecución del comunismo libertario, no sería otra cosa que una nube de verano, teniendo en cuenta que las potencias que rigen los destinos del mundo no lo consentirían, como se podía comprobar contemplando el horizonte desde cualquier azotea: cerca del puerto de Barcelona esperaban los buques de Inglaterra la oportunidad de intervenir, desembarcando tropas de ocupación a las que habría que someterse, pues no se podría combatir contra ellas al mismo tiempo que contra los militares" (527).

En efecto, algunos buques de guerra franceses, británicos e italianos se dejaron ver en las afueras del puerto de Barcelona, en una evidente actitud intimidatoria hacia los triunfadores de los combates callejeros.

Las palabras de Diego Abad de Santillán ocultaban, sin embargo, una trampa mortal para la revolución, de la que el anarcosindicalismo se revelaría incapaz de escapar. El peligro de la intervención extranjera no se reducía a que se respetaran o no, sus propiedades, como muy bien llega a intuir el mismo dirigente libertario, sino al posible triunfo de la revolución en si. Las potencias extranjeras, "democráticas" o "fascistas", en ningún momento iban a permitir que una revolución triunfase en la península. Este acontecimiento hubiera podido poner en peligro, no sus intereses en España, sino la propia estabilidad política de sus países, de la misma forma que lo había sido, veinte años antes, la revolución rusa.

La actitud de la CNT y de la FAI ante la potencial amenaza militar extranjera fue, desde los primeros momentos, de moderación. Era necesario evitar a toda costa, cualquier pretexto que pudiera facilitar la intervención militar de Francia y de Gran Bretaña contra la revolución.
"Desde los primeros momentos, la Organización confederal ha soslayado todo cuanto pudiera acarrear rozaduras con las potencias extranjeras. Responsables de la situación, hemos entendido que se luchaba contra el fascismo, pero que había que evitar a toda costa cuanto pudiese producir una situación de tirantez que diera pretexto a otras naciones para intervenir en las luchas del territorio español, favoreciendo una defensa internacional del capitalismo. Ayer se personó en este comité una delegación del consulado inglés para buscar la fórmula que evitara que hubiese milicias que realizaran algunos actos que dieran lugar a la intervención del exterior. Esa fórmula fue hallada en el sistema de dar publicidad por nuestra parte a la lista de casas inglesas establecidas en Barcelona para que fuesen respetadas. La lista es la siguiente...(sigue una lista de 87 firmas: compañías, manufacturas, centros, bancas, iglesias anglicanas, etc., entre ellas Riegos y Fuerzas del Ebro (la famosa Canadiense), Sales Potásicas Españolas, Sociedad Española de Construcciones...)...Ahora ya saben todos los camaradas que estas casas deben ser respetadas. Ello no impide que pueda ejercerse vigilancia, por si en algún caso se quisiera abusar y al amparo de un reconocimiento se apoyaran las fuerzas enemigas para conspirar. Si un caso de éstos se produce, la responsabilidad caerá de lleno sobre el consulado inglés. Nosotros ya demostramos estar dispuestos a respetar cuanto sea extranjero. El Comité regional" (528).

Ante los riesgos que comportaba la incautación de las empresas con capital extranjero, el Comité Central de Milicias procedió a intentar impedirlo, organizando el control obrero sobre éstas. Era necesario evitar que éstas pudiesen convertirse en la "quinta columna" de los sublevados, en el seno de la Catalunya revolucionaria. Era necesario controlar la producción, evitar los posibles sabotajes e impedir la fuga de capitales, que podrían llegar a poner en serios aprietos al mismo movimiento revolucionario.

Sin embargo, las incautaciones de estas empresas no siempre consiguieron ser impedidas. La postura del Comité de Milicias en muchos casos, fue rechazada por los trabajadores de estas empresas, que procedían a incautarse de ellas sin ningún tipo de miramientos, pese a los constantes llamamientos para que se hiciese lo contrario.

En los casos donde el capital de las empresas era mixto, una parte español y otro extranjero, como sucedía en los casos de Sales Potásicas Españolas y Sociedad Española de Construcciones, los trabajadores realizaron la expropiación, desobedeciendo las directrices que habían marcado el Comité Central y los sindicatos. De forma similar ocurrió con las filiales españolas de algunas multinacionales extranjeras, como era el caso de CAMPSA (529).

En los casos en los que se respetó la propiedad extranjera, se procedió a implantar un férreo control sobre las actividades de estas empresas.

El comité obrero de Telefónica, formado por ambas centrales sindicales, procedió a intervenir toda la operativa de la empresa, de tal forma que sus "propietarios" norteamericanos solo tenían derecho a controlar las entradas y las salidas de dinero (siempre y cuando estos movimientos contasen con el visto bueno del comité).

Pese al temor de los dirigentes libertarios del Comité Central de Milicias hacia el peligro de una agresión militar de Francia y de Gran Bretaña contra la revolución, ésta ya había ido demasiado lejos demostrando su firme voluntad de superar definitivamente a la vieja e ineficaz República. El criterio por el que las potencias "democráticas" no llegaron a intervenir militarmente en la guerra fue otro muy distinto. La entrada en el conflicto hubiera podido acelerar el estallido de la II Guerra Mundial, peligro que estas potencias pretendían retrasar o evitar. Era preferible crear un cordón sanitario de "no intervención", hacer oídos sordos a las constantes denuncias de la participación en la guerra de Alemania e Italia, mantener minimamente los suministros de armamento a la República a través de la URSS para que la contienda se prolongara el máximo de tiempo, y finalmente reconocer la victoria de Franco.

Todas las fachadas legalistas, todas las proclamas de las organizaciones obreras llamando a la moderación y a que fueran respetadas las propiedades extranjeras, no podían engañar, de ningún modo, a los representantes del capital y de los gobiernos de estos países, que habían adivinado perfectamente, desde los primeros momentos, el peligro mortal que representaba para sus intereses, la revolución de los comités y de las milicias.
Ronald Fraser recoge en su obra, un testimonio especialmente revelador sobre la verdadera actitud del capital extranjero y de los gobiernos de sus respectivos países. Una conversación entre Capdevila, miembro cenetista del Consell d'Economía de Catalunya, y uno de los exdirectores españoles de "Fabra y Coats", empresa de capital británico:

"<<Es usted un hombre de buena fe, Capdevila>> me dijo, <<pero un poco ingenuo. Lo que a usted se le antoja absurdo a mí me parece completamente natural. El consejo de administración de la Coats reconoció la justicia de las propuestas de los obreros. Pero no se trata de una disputa entre la compañía y sus obreros; lo que está en juego es la vida o la muerte del capital internacional mismo. Todos los monopolios capitalistas han llegado a un acuerdo para boicotear la zona roja y prestar su apoyo incondicional a Franco, que representa la continuidad del capitalismo. Lo que ha hecho la compañía ha sido sencillamente, cumplir con dicho acuerdo" (530).

La supuesta neutralidad británica y francesa apenas podía ocultar sus reales simpatías por el régimen del general Franco. El apoyo de los gobiernos extranjeros, encubierto, pero casi unánime, a los sublevados, queda reflejada por el testimonio de Pérez Baró, que tuvo un papel destacado en los órganos directivos de la nueva economía catalana colectivizada:

"Muchas de las compañías extranjeras con intereses en Catalunya llegaron a un acuerdo para boicotear a la economía republicana. Los directores del Banco de España estaban en la zona nacionalista y, como es natural, se valieron de su influencia en el extranjero para asegurarse de que el capital internacional saboteara la economía colectivizada. <<Nos encontramos con que las escasas exportaciones que conseguíamos efectuar eran embargadas en cuanto llegaban a los puertos extranjeros>>" (531).

Podemos encontrar en multitud de trabajos históricos y de testimonios de miembros de las diferentes fuerzas políticas de la época, la idea de que la actitud neutralista de Francia y de Gran Bretaña fue una grave equivocación que cometieron los gobiernos de estos países. La idea del "error", refleja, por el contrario, una incomprensión total de la naturaleza de las relaciones internacionales, y por lo tanto, de la esencia de los mismos movimientos políticos que estaban en lucha.

El dirigente libertario, Diego Abad de Santillán hace un paralelismo sorprendente entre los dos peligros con los que se enfrentaban los intereses de las potencias imperialistas "democráticas": La revolución de los comités, y la contrarrevolución franquista:

"Mr. Chamberlain y Mr. Eden, las figuras supremas de la política visible de Gran Bretaña durante nuestra guerra, se equivocaron, sin embargo. Por peligrosa que pudiese aparecer ante el mundo una experiencia revolucionaria en nuestro suelo, España no era un país agresor, con pretensiones imperialistas... En el orden nacional, las formas de la economía capitalista privada serían desplazadas, pero el fascismo tampoco respeta el capitalismo privado, pues, o bien reduce a los capitalistas a la categoría de funcionarios sin ninguna independencia, es decir, ataca la raíz misma de la economía capitalista. Y la diferencia de régimen político y de estructura económica en España, no habría significado ninguna ruptura en la economía europea, porque nosotros estábamos dispuestos a tolerar el régimen que se diesen otros países, siempre que también fuese tolerado el nuestro, y a mantener buenas relaciones de vecindad con todas las potencias. En cambio, la derrota del fascismo en España habría cortado definitivamente las alas al expansionismo italiano, al alemán y al ruso. Sin quererlo y sin proponérnoslo, luchábamos por la paz de Europa, por el predominio de las potencias contra sus adversarios, los totalitarismos fascistas y comunistas" (532).

Hay dos elementos que consideramos falsos en el análisis de Diego Abad de Santillán. Primero: Franco no fue nunca "fascista", a pesar de que pudiera llegar a coquetear con sus aliados y protectores, los regímenes de Hitler y de Musolini, y a pesar de que utilizara una parte de su simbología y de su discurso, en su propio interés. Franco y el ejército, representaban directamente el conservadurismo reaccionario de la burguesía española, encarnada históricamente en la casta militar, y que estaba atemorizada por la amenaza revolucionaria.

El segundo factor que tenemos que contraponer es sobre la verdadera naturaleza del fascismo. Tanto Hitler como Musolini habían llegado al poder a través de la demagogia y de las promesas hechas a la pequeña burguesía. Sin embargo, esto no significaba, de ninguna manera que estos movimientos cuestionaran el capitalismo, ni tan siquiera en lo que Abad de Santillán diferencia, "capitalismo privado" y "capitalismo de estado". Los discursos demagógicos fueron utilizados tanto por el fascismo italiano y por el nacionalsocialismo alemán, para atraer hacia sus filas a la pequeña burguesía arruinada y resentida contra la gran burguesía y contra el proletariado. Sin embargo, y una vez en el poder, los viejos discursos populistas habían sido rápidamente desechados. Ambos movimientos, habían mostrado su auténtica naturaleza, la de ser el instrumento más despiadado del gran capital en crisis. Una vez aplastadas las organizaciones obreras, las consignas populistas "radicales", sobre el control estatal de los trust y la supresión de los ingresos que no provinieran del trabajo, esencia de la mítica "revolución popular" fascista, consignas a las que parece referirse Diego Abad de Santillán, para definir su carácter "anticapitalista privado", fueron desechadas para dar paso a una política de fuerte y agresivo expansionismo, basado en la teoría de los "espacios vitales", que disputara a las potencias europeas dominantes (Francia y Gran Bretaña) sus territorios y sus mercados coloniales y semicoloniales (533).

El fenómeno fascista, como el franquista, se apoyaban en bases idénticas, el temor y la desesperación de la burguesía frente al peligro revolucionario, pero su parecido terminaba aquí, y poco más. El ejército español sublevado, con sus aliados alemanes e italianos, podía constituir una seria amenaza para los intereses británicos y franceses, que pretendían atrasar el estallido de la inminente guerra interimperialista europea, pero sin duda alguna, la revolución española de los comités era un peligro infinitamente más mortal. Con Franco y el ejército sublevado podían negociar sus intereses y sus explotaciones en España, con la revolución, no.

El principal teórico del socialismo de izquierdas, el largocaballerista Araquistain, expresó continuamente en su obra de la época, sus grandes esperanzas, de que las potencias democráticas, Francia y Gran Bretaña acabarían por apoyar al legítimo gobierno democrático de la República. En la conferencia realizada en el Ateneo Barcelonés en 1938 expresaba sus ilusiones en el que consideraba que era, el inminente final del Comité de la "no intervención":

"El tiempo trabaja por nosotros internacionalmente. Poco a poco, muchos hombres y algunos grupos sociales de todos los países que al comienzo se dejaron sugestionar por la propaganda fascista de que la insurrección militar, inspirada y auxiliada por Italia y Alemania, era una lucha en defensa de la civilización contra el bolchevismo, se han convencido ya de que eso es una burda patraña..." (534).

La decepción no tardó en sustituir las grandes expectativas de Araquistain. Los "hombres" y "grupos sociales" a los que se refiere el líder largocaballerista mantuvieron su neutralismo, aún a sabiendas de que su actitud significaba favorecer los planes de la Alemania nazi y de la Italia fascista.

La actitud de los gobiernos y del capital extranjero al apoyar, más o menos abiertamente, a Franco, no es tan insólita e incomprensible, sino que es, por el contrario, mucho más realista que la de Diego Abad de Santillán y Luis Araquistain.

La República española había demostrado, a lo largo de seis años de existencia, su incapacidad manifiesta para controlar y acabar con el movimiento revolucionario. Una victoria militar sobre los sublevados no garantizaría la imposibilidad de que apareciera un rebrote revolucionario. El general Franco, a pesar de sus coqueteos y de sus simpatías declaradas por los regímenes fascistas europeos, era el único dique seguro que existía contra la revolución expropiadora. Era la única alternativa segura para que ésta no triunfase, y se convirtiera en un polo de desestabilización para el orden capitalista internacional que ellos querían defender. Entre Franco y la revolución había que escoger el mal menor.

"Siendo el que más tenía que perder, el bloque anglofrancés se abstuvo de la guerra, aunque con el tiempo tiene que luchar para mantener lo suyo. Hasta este momento evita enfrentamientos decisivos, en España como en todas partes. Permitió un chorrito de ayuda a los republicanos por parte de la Unión Soviética, porque no quería la victoria de Franco mientras sus aliados italo-alemanes dominaban su régimen. Los intereses británicos se habían dirigido, entre tanto, a arreglarse con Burgos para la explotación conjunta de la región de Bilbao, dominada por la propiedad británica. La primera semana de noviembre, Chamberlain anunció el establecimiento de relaciones formales con Franco (como una limosna a los sentimientos antifascistas, los oficiales diplomáticos y consulares fueron designados simplemente como <<agentes>>), mientras Eden aseguraba al Parlamento que una victoria de Franco no significaría un régimen hostil a Gran Bretaña. Así pues, los amos del bloque anglo-francés se preparaban para la victoria de Franco" (535).

Durante los tres años de contienda, el gobierno británico negoció en numerosas ocasiones con el ejército sublevado, el respeto a sus intereses económicos en España. Una vez conseguidos estos objetivos, el camino hacia la conciliación estaba abierto. La pretendida neutralidad se manifestaba en su más cruda realidad como una simple fachada, frente a la opinión pública internacional.

4.4.14. El Consejo de Economía de Catalunya.

La espontaneidad de la revolución de los comités, y el hecho de que ésta hubiera adoptado un curso independiente de los partidos y sindicatos obreros, había provocado una grave situación de desorden económico que necesitaba ser superada.

El alcance de la revolución había sorprendido por completo a las organizaciones obreras y éstas tampoco sabían como encararla.

En los centros de trabajo, durante las primeras semanas, los trabajadores habían formado sus propios comités, que tuvieron que suplir, de forma completamente improvisada, las funciones de la mayor parte de los antiguos directivos y técnicos de las empresas, que habían huido después de las jornadas de Julio.

Los sindicatos, profundamente arraigados en el movimiento obrero español, tuvieron que soportar, de forma imprevista, el peso de la nueva situación, convirtiéndose en los auténticos reguladores de la vida económica del país. Los comités obreros no contaban, en la mayoría de los casos, con el personal adecuado para cumplir las funciones de dirección y organización de las empresas, y necesitaban ser asesorados y coordinados por sus sindicatos tradicionales. Sin embargo, las centrales sindicales tampoco estaban preparadas para asumir tan inmensa tarea, y apenas contaban con escasos cuadros que estuvieran preparados para llevar a cabo estas funciones. Frecuentemente, las directrices que llegaban desde los sindicatos, sembraban todavía mayor confusión entre los desconcertados comités de empresa.

"La coordinación, la reconversión de determinadas industrias, la nueva orientación que había que dar a la producción, la igualdad de condiciones de vida y de salario, no ya sólo dentro de cada empresa, sino también para todos los trabajadores catalanes, etc., exigían que se crearan puentes entre las islas de ese inmensa archipiélago que eran las empresas colectivizadas. Durante los cuatro meses del primer período, fueron los sindicatos (sobre todo la CNT) quienes constituyeron el único lazo entre los trabajadores de las diferentes empresas, las diferentes ciudades y las diferentes ramas industriales". (536).

Era necesario construir y ordenar la nueva economía revolucionaria lo antes posible, a partir de las cenizas del viejo orden. Había que reiniciar el trabajo, coordinar y racionalizar la producción en las empresas, asegurar los suministros de materias primas y finalmente, proceder a la distribución de los productos para poder hacer frente a las demandas de consumo de la población y de las necesidades que exigía la guerra. La tarea era vasta y el tiempo en el que debía llevarse a cabo era escaso, para impedir que la revolución se hundiera en su propio marasmo y desorganización, víctima de sus propias contradicciones.

"La guerra, las necesidades de todo tipo de la población etc., exigían que se desviase la producción en determinadas direcciones y algunas empresas continuaban produciendo las mismas cosas que antes de la guerra sin encontrar salida... No bastaba con seguir produciendo, también y sobre todo, había que producir de otro modo... <<Producir de otro modo>> exigía, una vez más, saber quién decide qué y como producir" (537).

La evolución de la economía revolucionaria atravesó, desde las jornadas de Julio, y en escasas semanas, diferentes fases en la construcción del nuevo edificio revolucionario, hasta llegar a la constitución del Consejo de economía de Catalunya. Durante la primera fase prevaleció el proceso espontáneo de expropiación de las empresas y la constitución de comités de empresa, sin que la iniciativa y la intervención de las centrales sindicales en el proceso fuera significativa. Fue posteriormente, en lo que podríamos denominar la segunda fase, cuando los sindicatos, de forma improvisada, tuvieron que tomar las riendas de la dirección de la economía revolucionaria, asesorando y colaborando con los comités obreros, para organizar la marcha de la producción en las fábricas.

"La colectivización no podía pararse en España en esta fase. Este era el sentir de todos. Los sindicatos se decidieron a encargarse ellos mismos del control de las empresas. Los sindicatos de industria se transformaron en empresas industriales" (538).

La iniciativa anarcosindicalista se había volcado a fondo en la economía, con la convicción de que la organización y la profundización del nuevo sistema de las colectivizaciones iba a volver irreversible el proceso revolucionario apenas iniciado. Sin embargo y como contrapartida, había renunciado, desde los primeros momentos, a tomar el poder que la revolución de los comités había puesto en sus manos. La renuncia a la toma del poder político condenaba a la CNT y a la FAI a tomar una nueva orientación de colaboración y de compromiso con sus adversarios en el campo republicano, cuyas consecuencias todavía no eran capaces de prever.

La dualidad de poderes surgida de la renuncia anarcosindicalista se había encarnado en el Comité Central de Milicias, organismo que se había convertido en el enlace entre las diferentes facciones "antifascistas" existentes y el gobierno de la Generalitat de Catalunya.

El curso que iban tomando los nuevos acontecimientos revolucionarios, caracterizado por la extensión de la economía colectivizada, y el convencimiento de que la guerra iba a ser mucho más larga y costosa de lo que preveían durante los primeros días llevó a lo que podríamos llamar, una tercera fase de la revolución económica: la necesidad de crear un nuevo organismo de enlace entre los diferentes partidos y sindicatos obreros, que dirigiera y organizara la nueva economía y que estuviera desligado de la estructura del Comité de Milicias: El Consejo de Economía de Catalunya.
La colaboración entre el anarcosindicalismo y el resto de las organizaciones, exigía encontrar un punto intermedio entre los criterios de las diferentes organizaciones, y por lo tanto implicaba también la renuncia a una serie de proyectos y de aspiraciones por parte de la CNT y de la FAI, que eran las organizaciones hegemónicas. De esta forma, los comités revolucionarios quedaban marginados de los verdaderos centros del poder político y económico que existían en aquellos momentos.

Todas las organizaciones que formaban parte del Comité Central de Milicias se mostraron partidarias, desde los primeros momentos y por distintas razones, de la formación del nuevo organismo económico, que debería integrar las diferentes iniciativas, enfrentadas muchas veces entre si, para dirigir la nueva economía colectivizada.

Los primeros intentos para crear el Consejo surgieron apenas terminados los combates callejeros de Julio. Era necesario atraer a los anarcosindicalistas, verdaderos triunfadores de la situación, hacia una política de moderación política y de compromiso con el gobierno de la Generalitat y sus aliados, las organizaciones del Front d'Esquerres. Las primeras propuestas para su creación partieron de la Consellería de Trabajo, cuyo titular era en aquellos momentos, Martí Barrera. En estos primeros encuentros participaron a título personal, Diego Abad de Santillán, García Birlán (Dionisios) y Josep Viadiu, miembros destacados de la CNT y de la FAI, y partidarios de la línea de colaboración. También estaban presentes Estanislau Ruiz Ponseti, dirigente del PSUC y Quero Molares de ERC. Todos los participantes se comprometieron a trabajar en el seno de sus organizaciones, por la consolidación de los compromisos y por la creación del nuevo Consejo Económico.

El 29 de Julio, el PSUC publicaba en "Treball" un artículo en el que proponía la creación de un Comité de Coordinación Económica, que debería estar integrado por todas las organizaciones que formaban parte del Comité de Milicias, y que debería desarrollar un programa de municipalización de los servicios, administrados a su vez por los comités obreros que habían sido constituidos en dichas empresas (539).

El 14 de Agosto se creaba, por medio de un decreto del Gobierno de la Generalitat, el nuevo organismo que se encargaría de realizar las tareas económicas que exigía la nueva situación revolucionaria: El Consell d'Economía de Catalunya.

El nuevo Consejo estaría presidido por Josep Tarradellas, Conseller d'Economía i Serveis Públics, institucionalizando la dependencia política del gobierno. El organismo económico estaría integrado por representantes de todas las fuerzas políticas presentes en el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya:

Martí Barrera i Maresma (Trabajo), Vicenç Bernades i Biusá (Transportes y Comunicaciones) y Joan B. Soler i Bru (Seguros Sociales) por ERC; Ramón Peypoch i Pich (Producción Química) por AC; Eusebi C. Carbó (Construcción), Joan P. Fábregas (Finanzas) y Cosme Rofes (Sanidad) por la CNT; Antoni G. Birlán (Papel e Imprenta) y Diego Abad de Santillán (Combustibles y Fuentes de Energía) por la FAI, Joaquín Fronjosà i Salamó y Joan Grijalbo i Serres (Metalurgia y Minería) y Joaquín Puig i Pidemunt (Alimentación), por la UGT; Estanislau Ruiz i Ponseti (Distribución del trabajo) por el PSUC; Joaquín Pou i Mas (Agricultura) por la UdR y Andreu Nin (Textil) por el POUM.

Existen diferentes y encontradas versiones sobre a quien correspondió la iniciativa que dio origen al nuevo organismo dirigente de la economía. El historiador libertario Cesar M. Lorenzo afirma que la propuesta partió de la CNT, que veía la necesidad de separar las funciones militares y políticas, tareas principales que había asumido el Comité Central de Milicias, de las de índole económico (540).

El periodista trotskista norteamericano, Félix Morrow atribuye la iniciativa de su creación al presidente de la Generalitat Companys (541).

Miquel Caminal ha recogido una versión muy similar al afirmar que la idea había partido de Josep Tarradellas que había sustituido a Lluís Prunés en el puesto de Conseller d'Economía de la Generalitat (542). Caminal define perfectamente la importancia que tenía el nuevo organismo para los objetivos políticos de los partidarios del gobierno catalán:

"La constitución de este organismo tiene gran importancia tanto desde la perspectiva económica como política. Es la primera piedra del edificio del nuevo orden económico y es también el primer precedente del gobierno de unidad del 26 de Septiembre". (543).

Resulta evidente que, cada una de las organizaciones que formaban parte del Comité Central de Milicias tenía sobradas razones políticas para fomentar y apoyar la constitución del Consejo de Economía, por lo que ambas versiones parecen verosímiles. Sin embargo, es probable que el verdadero origen esté en el proyecto que se gestó en el seno de la Consellería d'Economía de la Generalitat, entre representantes del gobierno catalán, de las organizaciones del Front d'Esquerres y de miembros del ala más decididamente colaboracionista de la CNT y de la FAI.

Llama la atención, que los militantes de las diferentes organizaciones que habían participado en las reuniones realizadas en la Consellería de Treball, a finales del mes de Julio, formaran parte de él, en el momento de su constitución.

"Así como el Comité de Milicias, al principio obligado a tratarlo y a resolverlo todo, se fue convirtiendo cada vez más en un Ministerio de Guerra en tiempos de guerra, para descargarle de funciones que no podrían menos que estorbar su preocupación fundamental, creamos un Consejo de Economía de Catalunya, cuyos acuerdos no podían ser rechazados por el Consejo titular del Departamento de Economía" (544).

Para cumplir las funciones que se le habían adjudicado, el Consejo tuvo que vincularse estrechamente al Comité de Abastos, que se había constituido en el seno del Comité de Milicias y a la Comisión de Industrias de Guerra, creada pocos días antes. Las funciones de estos organismos se complementaban con las que habían sido asignadas al Consejo.

La creación de un organismo económico, supeditado al gobierno autónomo, aunque fuera inicialmente de forma simbólica, representaba un paso importante en la colaboración entre los líderes cenetistas y los partidarios de la restauración republicana que culminaría, un mes y medio más tarde, en la disolución del mismo Comité de Milicias y en la integración de las organizaciones obreras en un nuevo gobierno de concentración de la Generalitat.

El Consejo de Economía de Catalunya, al igual que el Comité Central, era un órgano de colaboración entre las organizaciones más izquierdistas, que se reclamaban de la revolución, y las que se mostraban partidarias de la reconstrucción del orden republicano. Sin embargo, el nuevo organismo económico adquiría una serie de características que lo hacía mucho más dependiente del gobierno autónomo catalán.

Sin lugar a dudas y una vez más, el anarcosindicalismo y el POUM, consideraban que su claro predominio de la situación, les permitiría neutralizar las maniobras del gobierno autónomo y de sus partidarios, aunque éstos detentaran la dirección simbólica del nuevo organismo económico.

"El Consejo de Economía representaba -al igual que el Comité Central de Milicias- un compromiso: si bien el Consejo era nombrado por el gobierno y era el Consejero de Economía el que había de ostentar su presidencia, las organizaciones obreras disponían, sin embargo, de un predominio tal que estaban en condiciones de imponer como programa del Consejo su visión de una economía ampliamente socializada" (545).

El compromiso político existente entre los libertarios y el POUM, con el gobierno de la Generalitat y las organizaciones del Front d'Esquerres, que se había reflejado con anterioridad en la colaboración entre el gobierno catalán y el Comité Central de Milicias, aparecía de nuevo en el Consejo de Economía. Sin embargo, detrás del compromiso se escondía el enfrentamiento entre dos proyectos completamente antagónicos.

La búsqueda de un programa unificado que pudiera ser llevado a cabo por el Consejo de Economía, llevó a un difícil equilibrio entre las diferentes posturas antagónicas, que fue evolucionando a medida que también lo hacía la situación política catalana. La preponderancia libertaria se mantendría durante todo un período, para empezar a declinar con la decadencia del movimiento revolucionario.

El nuevo "órgano dirigente de la vida económica" de Catalunya se declaraba, motor de la "transformación socialista" de la nueva economía y se encargaría de su coordinación, planificación y regulación, mediante la creación de los instrumentos apropiados (Consejos de Industria, Caja de Crédito Industrial y Comercial...).

El programa del Consejo estaba constituido por once puntos generales:

1. Reglamentación de la producción según las necesidades del consumo de la población y de la guerra.

2. Constitución de un monopolio sobre el comercio exterior.

3. Colectivización de la gran propiedad agraria, que será explotada por los sindicatos campesinos y sindicalización obligatoria de los pequeños y medianos propietarios del campo.

4. Devaluación parcial de la propiedad urbana mediante la fijación de impuestos y la rebaja de alquileres.

5. Colectivización de las grandes industrias, de los servicios públicos y de los transportes en común.

6. Incautación y colectivización de las empresas abandonadas por sus propietarios.

7. Extensión del régimen cooperativo a la distribución de los productos.

8. Control obrero de las operaciones bancarias, hasta la nacionalización de los Bancos.

9. Control Sindical obrero de todas las empresas que sigan siendo explotadas en régimen privado.

10. Rápida recolocación de los desocupados.

11. Supresión rápida de los diversos impuestos para llegar al impuesto único (546).

El programa de transformación de la economía adoptado por el Consejo no pudo ser llevado, de forma general, a la práctica.

El mantenimiento del dualismo de poderes, la inexistencia de un auténtico poder revolucionario dispuesto a desarrollar sus aspectos más positivos hasta llegar a una auténtica socialización de la economía, y por el contrario, el mantenimiento de una serie de resortes financieros en manos de unas autoridades, hostiles a la revolución, hizo que el programa del Consejo no pudiera llegar a desarrollarse.

El gobierno de la Generalitat asumió sin dificultades el programa radical del nuevo organismo económico, consciente de que el porvenir de las colectivizaciones y del nuevo orden revolucionario dependía, en última instancia, de la evolución que siguiera el poder político. Y en este sentido, la colaboración entre las organizaciones que se reclamaban de la revolución y los partidarios de la reconstrucción de la República, era cada vez más intensa y comprometida.

Además de los problemas derivados de la nueva estructuración de la economía revolucionaria, el Consejo tuvo que enfrentarse al grave reto que implicaba la falta de materias primas y de productos de consumo de los que Catalunya era claramente deficitaria, y que en muchos casos se producían en los territorios que estaban controlados por el ejército franquista.

Esta labor tuvo que realizarse en estrecha colaboración con los comités de abastecimientos que existían en las distintas localidades. Para cubrir estas necesidades hubo que realizar una campaña de mejora de la agricultura, potenciando no solo la producción, sino también la diversificación de los productos. Con esta política se cubrieron una parte importante de las necesidades de la población y de la economía colectivizada, mientras que el resto había que compensarlo mediante intercambios comerciales con otras regiones del territorio republicano o bien, a través de importaciones procedentes del extranjero.

Los intercambios con otros países se encontraron con las dificultades procedentes del boicot internacional y con la escasez de divisas que se encontraban en manos de un gobierno central, receloso de la autonomía conseguida por la Catalunya revolucionaria. Las dificultades de abastecimiento se agravaron en los meses posteriores, a medida que el ejército franquista se apoderaba de nuevos territorios. La situación de penuria fue aumentando dramáticamente con la constante llegada de nuevos refugiados procedentes del frente.

El Consejo de Economía tuvo que desenvolverse en un período de excepcionales circunstancias, caracterizado por el desconcierto y por la desorganización, que eran la consecuencia inmediata del estallido de la guerra y del inicio de una revolución totalmente espontánea. Su trabajo se encaminó a adaptar la economía revolucionaria a las nuevas condiciones existentes. No hay que olvidar que la guerra ocasionó en las primeras semanas, una caída calculada entre un 60% y un 75% de la producción existentes a principios del mismo año.

Entre las causas de tan brusca caída estuvo el desbarajuste producido por la huida de gran parte de los técnicos y directivos de los centros de trabajo. La revolución y la guerra también significaron una profunda desarticulación de la economía española, y por consiguiente, también catalana, provocada por la pérdida de una buena parte de los mercados estatales y por las mayores dificultades que implicaba poder llegar a otros regiones de la "zona republicana".

Sin embargo, el carácter del Consejo de Economía era solo consultivo. La aparente contradicción entre la naturaleza de este organismo y una situación que exigía una auténtica dirección, capaz de llevar a cabo una rápida corrección en el proceso de la economía, que corrigiera los errores derivados del espontaneísmo de los primeros momentos sólo es explicable porque eran los comités de empresa y las centrales sindicales, los verdaderos dueños de la situación.

Desde finales del mes de Julio, habían sido los sindicatos cenetistas, los que dirigieron todo un proceso de coordinación y de estructuración de las colectivizaciones en el campo y en la ciudad. Difícilmente éstos, iban a permitir que el Consejo de Economía, un organismo de naturaleza burocrática (como en el Comité Central de Milicias, los delegados eran elegidos por las direcciones de los partidos y sindicatos, y solo eran responsables ante ellas) supeditado al gobierno de la Generalitat, les arrebatara las tareas que consideraban fundamentales para hacer irreversible el proceso revolucionario.

Los resultados concretos conseguidos por el Consejo, en lo que concierne a la dirección y regulación de la nueva economía fueron más bien escasos. Los sindicatos continuaron siendo el auténtico motor que organizaba a las empresas colectivizadas.

La colaboración de los representantes del anarcosindicalismo y, en mucha menor medida, de la UGT y del resto de organizaciones obreras en el seno del Consejo de economía, permitieron que sus funciones se extendieran mucho más allá de las que corresponderían a un organismo de tipo consultivo. El Consejo acabó por convertirse en la verdadera dirección de la economía revolucionaria de Catalunya.

Mientras el anarcosindicalismo y el Comité Central de Milicias mantuvieron su preponderancia, el Consejo continuó jugando un papel importante en la economía, constituyéndose en el canal de expresión de los sindicatos cenetistas y también del resto de las organizaciones obreras. Sin embargo, el hecho de que el gobierno autónomo catalán y el republicano central mantuvieran en su poder todos los resortes financieros llevaron al Consejo, de la misma forma que lo hacía el Comité Central de Milicias, a someterse cada vez más, a los planes intervencionistas de éstos.

Tras la constitución del Consejo, aparecieron una serie de decretos que se encaminaban a intentar ordenar el nuevo orden económico revolucionario. Por diferentes motivos, todos los grupos coincidían en la necesidad de articular la nueva economía.
Para republicanos nacionalistas y comunistas oficiales, la tarea de articular la nueva economía, manteniendo la producción que debía satisfacer las necesidades de la población y de la guerra, era el paso previo que debía llevarse a cabo antes de recuperar el poder perdido con la revolución. Anarcosindicalistas y poumistas consideraban necesaria la tarea de articular y organizar la nueva economía colectivizada, legalizando, mediante los decretos del gobierno de la Generalitat, las conquistas revolucionarias que la población trabajadora había impuesto en la calle, durante las semanas anteriores.

En Catalunya, paralelamente al papel central que tenían los sindicatos en la nueva economía colectivista, el destartalado gobierno de la Generalitat intentaba, desde los primeros momentos de la revolución, introducirse en la nueva situación para influir en ella, según sus propias perspectivas e intereses.

Durante las primeras semanas, el gobierno catalán se limitó a sancionar, sumisamente, la voluntad de los comités revolucionarios y de los sindicatos anarcosindicalistas, que se expresaba en las continuas expropiaciones y colectivizaciones, que se estaban llevando a cabo.

El gobierno catalán se encargó, con el beneplácito del Comité Central de Milicias y de los sindicatos, de asegurar el pago de los salarios de los trabajadores a través de los Bancos y de las Cajas de Ahorro que había nacionalizado y también de las recién creada Oficina reguladora del Pago de salarios. De esta forma, el gobierno autónomo conseguía afianzar su posición en la nueva situación revolucionaria.

El eje de la política del gobierno de la Generalitat era atraer a sus principales adversarios, los libertarios, hacia una política de colaboración y de compromiso que les permitiera hacer retroceder, poco a poco, a la revolución. La alianza con el anarcosindicalismo era la única forma posible para salvar de la quema expropiadora, a la mayor parte posible de la pequeña y mediana propiedad en Catalunya. La colaboración en el seno del Consejo de Economía le iba a permitir la posibilidad de intervenir y hacer crecer su influencia en el seno de la nueva economía, sin tener que enfrentarse a los sectores revolucionarios, en una situación en la que su debilidad era todavía manifiesta.

"...los representantes del movimiento libertario que predominaban en el Comité de Milicias, no habían llevado aún su espíritu de colaboración como para participar en responsabilidades de gobierno, con lo cual y por la duplicidad de funciones de ambos organismos (Gobierno de la Generalitat y el Comité de Milicias) quedaba muy debilitada la autoridad moral del primero. La colaboración de los representantes de la CNT y de la FAI en el nuevo Consejo de Economía de Catalunya tenía por tanto, el doble objetivo de cumplir eficientemente una labor de reorganización económica, que disminuido en su autoridad no podía cumplir el Gobierno por si mismo, y de ir acostumbrando cada vez más a los anarcosindicalistas a las responsabilidades de la dirección de la cosa pública, dando al propio tiempo un cauce legal a los hechos revolucionarios" (547).

Con su política de "legalizaciones" por decreto, el gobierno de Companys pretendía conseguir diferentes objetivos: aumentar su prestigio entre la población trabajadora, mientras frenaba la iniciativa de los sectores revolucionarios, y mediante presiones y maniobras, apoyadas por el Consejo de Economía , conseguía introducir a sus propios interventores en las colectivizaciones, terreno que le había estado vedado hasta el momento. La función de los representantes de la Generalitat fue durante el primer período, puramente testimonial, frente a los comités de las empresas colectivizadas o intervenidas por los trabajadores. Sin embargo, sus modestas prerrogativas fueron aumentando progresivamente, durante los meses siguientes, a medida que la autoridad del gobierno catalán, se iba consolidando frente al movimiento revolucionario.
"Al principio, la intervención del Estado se limitó a una simple fisga. Ni los obreros hubieran permitido más ni él estaba suficientemente rehecho para permitirse imposiciones o bravatas. En la mayoría de los casos, su intervención se ejercía a través de los elementos obreros más ligados al poder político. El proletariado seguía considerando la economía suya, y definitivamente ido el capitalismo. Las consecuencias funestas en el terreno de la producción no se hicieron sentir hasta después... la fisga se transformó en control, el control en dictadura y ésta en saboteo directo y descarado de las colectividades... hasta que la industria pasó toda a poder del Estado. El proceso no se cumplió vertiginosa, sino paulatinamente. Va desde los meses finales de 1936 hasta principios de 1938, cuando puede considerarse completo el triunfo gubernamental" (548).

El programa político y económico del PSUC, aliado del gobierno catalán y miembro del Front d'Esquerres, estaba situado, claramente a la derecha del que había sido aprobado por el Consejo de Economía. Los ejes de la política de los comunistas oficiales eran, su tajante oposición a todas aquellas expropiaciones que se realizaran sobre las propiedades que no pertenecieran a los facciosos, y la defensa de la necesidad de crear una auténtica economía de guerra que estuviera supeditada a la Generalitat de Catalunya y al gobierno republicano central. Esto significaba, por lo tanto, el enfrentamiento con el poder y la influencia que ejercían los comités locales y el Comité Central de Milicias, ambos controlados por el anarcosindicalismo, que se habían convertido en la indiscutible autoridad en la Catalunya revolucionaria.

El 6 de Septiembre, "Treball" publicaba un manifiesto conjunto del PSUC y de la UGT:

"No puede haber, ahora más que una consigna: ganar la guerra. Con la victoria, la reconstrucción de la economía de Catalunya y de España sobre nuevas bases será inevitable...".

"Por una falta de visión, por una acción desconectada del conjunto peninsular, por la misma rapidez fulminante con la que destrozaron el fascismo, los trabajadores de Catalunya se entregaron a la alegría de una victoria no decisiva y a la tarea inmensa de crear una nueva economía. La guerra pasa a segundo término, y mientras en el resto de España surgían los frentes y la improvisadas y heroicas milicias contenían el alud del fascismo, en Catalunya se libraban a las disputas partidarias y de hegemonía en los ensayos precipitados e inconexos...".
"...Hemos de exigir una economía centralizada, toda ella movilizada o movilizable para un fin concreto, ganar la guerra en el menor tiempo posible. Exigimos una economía libre de ensayos ingenuos. de genialidades de individuos que operan hoy encima del cuerpo sangrante de Catalunya... Exigimos una economía emancipada de las influencias o presiones de tantos comités nacidos por doquier, manifestación dolorosa del sarampión pseudorrevolucionario que amortigua la magnífica vitalidad de Catalunya..." (549)

El manifiesto expresaba claramente la política económica del PSUC y de la UGT catalana. Sus objetivos inmediatos y primordiales: Combatir el poder de los comités, frenar y reconducir las conquistas revolucionarias que se estaban llevando a cabo de forma espontánea, sacrificándolas a las necesidades de la guerra. Las promesas de una revolución socialista quedaban relegadas a un futuro indeterminado después de la victoria, y ocultas detrás de un lenguaje premeditadamente ambiguo, que hablaba de la inevitabilidad de que la victoria conduciría a la creación de una economía construida sobre "nuevas bases", sin especificarlas.

El PSUC y la UGT se declaraban partidarios de la colectivización y la cooperativización de las grandes empresas industriales y de servicios (transportes, minería, industria de armamento, banca...), además de las propiedades agrarias que hubieran sido expropiadas por los trabajadores por pertenecer a los partidarios declarados de la sublevación militar. Las colectivizaciones se convertían en su óptica política, en simples nacionalizaciones que deberían estar dirigidas y controladas por el gobierno de la Generalitat, conocido adversario de cualquier veleidad revolucionaria que pudiera traspasar el umbral de la propiedad privada y de la República parlamentaria.

El resto de las propiedades incautadas, salvo aquellas que fueran de especial importancia estratégica para satisfacer las necesidades de la guerra, deberían ser devueltas a sus antiguos dueños, y puestas bajo "control obrero", para poder mantener la alianza con la "burguesía democrática y antifascista" que pretendía encarnar el Frente Popular. La consigna "control obrero" pretendía suavizar la oposición que ejercía el minoritario PSUC ante el hecho de que los trabajadores, sintiéndose los verdaderos triunfadores de la situación, hubieran desencadenado un vasto movimiento expropiador apoderándose de las empresas.

El "control obrero" defendido por los comunistas oficiales, en una situación en la que la mayor parte de los propietarios habían huido o perecido bajo la represión revolucionaria, era una consigna que estaba dirigida a preservar la marcha de la producción, amenazada como estaba, por el vacío dejado por el derrumbe del viejo sistema económico.

Fue el mismo Joan Comorera el que describió perfectamente, en un Pleno del Comité Central del PSUC, la táctica que había adoptado su partido:

"Los sindicatos no pueden ser apartados de la dirección económica del país. En primer lugar, porque el Gobierno no tiene aparato económico bastante bien montado aún para tomar él solo toda la responsabilidad de la dirección. Por otra parte, Catalunya es un país de arraigada y antigua tradición sindical. Nosotros no podemos quemar las etapas ni violentarlas. Hoy es absolutamente necesario que las centrales sindicales intervengan en la dirección económica del país" (550).

El "Control obrero" se convertía de esta manera, en un paso intermedio, necesario, entre las colectivizaciones y las primeras tentativas socializadoras de la revolución, y la devolución de las empresas a sus antiguos propietarios, en un futuro en el que las condiciones políticas permitieran hacerlo.

Por este motivo, el PSUC y la UGT catalana fueron, desde el primer momento, firmes partidarios de la creación de comités en las fábricas, que deberían encargarse de las funciones de la organización de la producción en los centros de trabajo.

La consigna, sin embargo, se oponía frontalmente a las actividades expropiadoras que estaban realizando los sectores revolucionarios. El "control obrero" quedaba reducido, de esta forma, al de una simple gestión o cogestión de las empresas. Las colectivizaciones tendrían que convertirse, según la óptica comunista, en simples nacionalizaciones hechas bajo la dirección de la Generalitat y el gobierno de Madrid, en espera a que la victoria final en la guerra y la plena restauración del estado republicano, permitiera devolver a España, su antigua fisonomía de República parlamentaria.

En el tema agrario, el PSUC se convirtió, rápidamente, en el principal adversario de las colectivizaciones, enfrentándolas a los pequeños propietarios campesinos, que estaban organizados en la Unió de Rabassaires.

La dirección del sindicato agrario catalán, tradicionalmente controlado por los nacionalistas republicanos, fue pasando a sus manos, en la medida que ERC se revelaba impotente para enfrentarse al movimiento de las expropiaciones.

El eje principal de la política comunista se centró en la defensa de la repartición y de la explotación de la tierra de forma cooperativista o familiar. Sólo las propiedades pertenecientes a los sublevados, debían ser expropiadas y distribuidas, individualmente o en régimen de cooperativas, entre los campesinos pobres de la comunidad. Convirtiendo las colectivizaciones en empresas de pequeños propietarios, se eliminaban los "excesos revolucionarios" de los jornaleros y del campesinado sin tierra que, influidos por la CNT, habían preferido construir sus propias colectivizaciones.

"Haciendo intervenir a los obreros como coempresarios, no solamente en los beneficios, sino también en las pérdidas del empresario, conservando, pero, la unidad de la tierra, sin caer en el error de la repartición de las tierras" (551).

La política económica del PSUC, tanto en el campo como en la ciudad, pretendía el mantenimiento de la revolución dentro de los estrictos límites de una República parlamentaria, evitando cualquier "exceso" socializante. Sin embargo, para que dicha política pudiera ser factible era necesario recorrer, antes, una serie de pasos. Era imprescindible ordenar y centralizar la nueva economía revolucionaria. Desde los primeros momentos, el PSUC y la UGT se mostraron partidarios de la creación de un organismo que debería dirigir las industrias "nacionalizadas", y que tendría que estar integrado por las organizaciones del Front d'Esquerres, además de la CNT y la FAI. Este objetivo les permitiría coincidir, aunque fuera de forma puntual, con las organizaciones más radicales, con las que coexistían en el seno del Comité de Milicias.

La constitución del Consejo de Economía de Catalunya constituía, sin duda alguna, un nuevo importante paso de la CNT y de la FAI en el curso revisionista que habían ido sufriendo desde los primeros momentos de la guerra y de la revolución.

Muchos de los viejos conceptos y tradiciones anarquistas se estaban derrumbando, presionadas por las circunstancias de la nueva situación. Los dirigentes cenetistas y faístas seguían oponiéndose a la formación de un gobierno revolucionario, conceptuado por ellos como una "dictadura anarquista", demasiado similar a lo que habían hecho los bolcheviques en la Rusia revolucionaria de 1917. Sin embargo, las jornadas de Julio todavía estaban demasiado cerca y la oleada revolucionaria todavía era demasiado intensa, todavía no podían aceptar integrarse en un gobierno republicano de concentración, ni siquiera dirigido por su viejo adversario izquierdista, Largo Caballero.

El Consejo de Economía pretendía ser, a los ojos del anarcosindicalismo catalán, la dirección revolucionaria de la nueva economía colectivista, sin que por ello, se rompiesen los viejos dogmas antiestatalistas. De esta forma, la CNT y la FAI pretendían hacer en el campo económico, una copia de lo que antes habían hecho en el plano político y militar, con el Comité Central de Milicias.

"El Consejo de Economía de Catalunya fue creado para que el proletariado catalán -que en aquellos momentos no formaba partee aún del gobierno- pudiese intervenir, de una manera más o menos directa, en la obra legislativa a realizar,por el gobierno de la Generalitat. Así pues, hasta el 27 de Septiembre, el Consejo de Economía tenía un carácter esencialmente legislativo y hasta existía la tendencia a que su legislación tuviese un carácter ejecutivo a través del Consejero de Economía" (552).

De esta forma, y según las palabras de Fábregas, el Consejo de Economía de Catalunya se convertía en un organismo que, mediante la colaboración con el gobierno de la Generalitat, pretendía "legalizar" la obra revolucionaria.

La obsesión "legalizadora" del anarcosindicalismo sólo es explicable por su renuncia a la toma del poder. El movimiento revolucionario, los obreros industriales y el campesinado que aceptaban y defendían el nuevo orden de las cosas, necesitaban sentirse respaldados por su propia legalidad. Al haberse negado sus organizaciones tradicionales a tomar el poder cuando lo tenían al alcance de las manos, para poder consolidar las históricas aspiraciones de la población trabajadora, ésta se encontraba con la inseguridad de que sus partidos y sindicatos coexistían en las Juntas de poder territorial, con los defensores de la restauración del viejo orden capitalista, aunque fuera en el seno de una República democrática. La "legalización" significaba pues, la búsqueda de un cauce legal que diera a las bases sociales del movimiento expropiador, la seguridad de que las cosas nunca más volverían a ser como antes.

La obsesión "legalizadora" de las organizaciones más izquierdistas del Comité Central de Milicias sirvió al gobierno de la Generalitat, como un valioso instrumento de penetración en el seno de la nueva economía colectivizada y que, con el retroceso posterior del movimiento revolucionario, facilitaría su progresivo control sobre ésta.

"La legalización de la colectivización condujo, a través del control, finalmente a la anulación de la revolución; los últimos pasos de esta política consecuentemente impulsada por los comunistas, enérgicamente apoyada por los republicanos y pasivamente tolerada por los anarquistas pudieron darse ya abiertamente después de la crisis de Mayo de 1937, tras la cual los anarquistas abandonaron el gobierno" (553).

Desde la constitución del Consejo de Economía, la CNT defendió la necesidad de la socialización gradual de la gran industria, del comercio y de los transportes. Las propiedades de los sublevados y de sus simpatizantes también se integrarían en este proceso socializador, que debería superar la primera fase espontánea y colectivista. El resto de la industria y de los servicios: las pequeñas empresas y las que pertenecieran al capital extranjero, se salvarían del movimiento expropiador, pero se mantendrían bajo un estricto control obrero.

La CNT defendió que la coordinación de la nueva economía se realizase a través de los Consejos de Industria que habían constituido los sindicatos, que a su vez estaban representados en el Consejo de Economía.

En lo que respecta a la revolución agraria, la CNT se mostró partidaria de defender las conquistas revolucionarias que se habían conseguido con las colectivizaciones, mientras exigía moderación a los sectores más radicalizados de sus propias bases, para que se respetara la voluntad y los intereses de los pequeños y medianos propietarios, claramente mayoritarios en Catalunya. El objetivo principal del anarcosindicalismo era la consolidación del cambio que se había producido en las relaciones de propiedad en el campo. Sin embargo, para poder mantener y ampliar el edificio económico que suponían las colectivizaciones agrarias, era necesario conseguir una serie de objetivos fundamentales (554):

Era indispensable crear un sistema de comercialización de los productos del campo que excluyese a los tradicionales intermediarios y que evitase el peligro inflacionista. La nueva estructura tendría que estar basada en las cooperativas de productores y de consumidores que existían ligadas a las colectivizaciones.
Era necesaria la creación de un sistema que facilitara créditos baratos para las explotaciones colectivas y también para los pequeños propietarios campesinos.

Había que fomentar una política de racionalización y de optimización de los recursos de la agricultura, mediante el estudio y la aplicación de los nuevos avances técnicos y científicos. Aprovisionamiento de abonos, maquinaria y utensilios que fueran necesarios para mejorar la producción.

Se tenía que aplicar un programa que estuviera dirigido a superar el tradicional atraso del campo frente a la ciudad. Por lo tanto era imprescindible la creación de una infraestructura de transportes, comunicaciones y servicios capaz de hacer frente a todos estos cambios.

Sin embargo, el programa anarcosindicalista se vería pronto obligado a adaptarse a las limitaciones que imponía la situación bélica y a la resistencia que oponían los pequeños y medianos propietarios, temerosos de los excesos que habían cometido algunos sectores exaltados, y de los cambios revolucionarios que podían suponer la aparición de las colectivizaciones. De esta manera, la CNT tuvo que aceptar la existencia de una pequeña y mediana propiedad que se resistía a desaparecer frente a la ola colectivizadora. El proceso pues, tendría que ser lento y gradual, mediante la demostración de las ventajas del sistema colectivista frente a las pequeñas explotaciones familiares.

En el Pleno Regional de Campesinos de Catalunya, celebrado a principios a principios del mes de Septiembre, la CNT mostró sus intenciones de utilizar el Consejo de Economía como un instrumento para potenciar las colectivizaciones agrarias en Catalunya (555).

Sin embargo, la débil implantación del anarcosindicalismo en el campo catalán, agudizada por su incomprensión del fenómeno social que comportaba la existencia de una pequeña burguesía agraria acomodada y reacia a aceptar el radicalismo cenetista, hizo fracasar sus esfuerzos en el Consejo de Economía para hacer avanzar el movimiento colectivizador.

En el seno del Comité Central de Milicias y posteriormente en el Consejo de Economía, el POUM se declaró como un firme aliado del anarcosindicalismo. En sus pretensiones de convertir al primero, en un auténtico gobierno revolucionario, se mostró ferviente partidario de que fuera el Consejo, el motor y dirección de la transformación revolucionaria de la economía.
Frente a las vacilaciones, la improvisación y el voluntarismo revolucionario del anarcosindicalismo, el POUM ejerció en el seno del nuevo organismo económico, una influencia mucho mayor que la que su implantación social le permitía, gracias a poseer unos criterios mucho más claros que los dirigentes de la CNT, sobre los pasos que debía seguir la nueva economía revolucionaria. Si nos atenemos al testimonio dado por Wilebaldo Solano, y que ha sido recogido por Carlos Semprún Maura, Andreu Nin fue el autor del programa de once puntos, adoptado por el Consejo (556).
Especialmente crítico con las colectivizaciones, el poumismo se mostró partidario de superar las contradicciones y los peligros que ofrecía esta fase espontánea de la economía revolucionaria, mediante su socialización. Frente a las tendencias corporativistas y procapitalistas que encerraban la actitud de algunos comités, la economía debía ser estatalizada, y puesta bajo el control y la gestión de los trabajadores. También "el control obrero" era una consigna que había quedado completamente superada en las jornadas de Julio, cuando los obreros se habían apoderado de los centros de trabajo, procediendo a la expropiación de los antiguos propietarios.

"Las colectivizaciones han superado la etapa de control obrero y a su alrededor piden ser superadas por la socialización" (557).

La evolución de la nueva economía revolucionaria sólo podía consolidarse y avanzar, superando la dualidad de poderes existente, mediante un Estado Obrero. El dualismo sin resolver, entre los comités locales, el Comité Central de Milicias y el gobierno de la Generalitat obstaculizaba la posibilidad de que las colectivizaciones avanzaran hacia un auténtico sistema socialista. Esto sólo era posible mediante la formación de un auténtico gobierno revolucionario, donde deberían estar representadas todas las organizaciones obreras presentes en el Comité Central de Milicias (excluyendo, por lo tanto, a los partidos nacionalistas de la pequeña burguesía republicana que, según el POUM, representaban a una época que ya estaba definitivamente superada).

En la marcha hacia el Estado Obrero, el anarcosindicalismo seguía jugando, para el POUM, un papel fundamental. El fatalismo poumista acababa condenando su táctica y estrategia, a que los dirigentes cenetistas, cada vez más comprometidos en la colaboración con los partidarios del orden republicano, llegaran a convencerse de que el destino de la revolución, dependía de que ellos se decidieran a tomar el poder.

Desde este punto de vista, el POUM no podía oponerse a la creación del Consejo, al considerarlo como un importante paso en la construcción de este gobierno.

De la misma forma que un gobierno obrero significaba, para el POUM, la centralización del poder revolucionario, por medio de una hipotética asamblea constituyente de delegados elegidos por los comités de obreros, campesinos y milicianos, también significaba la centralización de la economía colectivizada.

Si el Comité Central de Milicias podía convertirse, por la voluntad de los dirigentes cenetistas, en el deseado gobierno revolucionario, el Consejo de Economía también podía formar parte de éste.

Desde este punto de vista, el POUM hacía una crítica al anarcosindicalismo, por su falta de firmeza para combatir los desvíos de las colectivizaciones hacia lo que Andrade denominaba "capitalismo popular":

"Y un Gobierno obrero y campesino es el que se encuentra a faltar para superar el control obrero y las colectivizaciones que no responden ya al momento actual. Se recrimina a los Consejos de Empresa de ser más conservadores que los burgueses, se afirma que las colectivizaciones han puesto unos cuantos burgueses en la dirección de Empresa allí donde solamente había uno. Pequeña burguesía y reformistas que no tienen una confianza absoluta en el espíritu creador de la clase trabajadora se aprovechan de estos inconvenientes para ir frenando el impulso revolucionario de las masas y volver paulatinamente a una situación parecida a la de antes del 19 de Julio" (558).

De la misma forma que en el seno del Comité Central de Milicias, también en el del Consejo de Economía, se integraban diferentes fuerzas políticas con programas, muchas veces antagónicos e irreconciliables, coincidentes sólo de forma puntual en la necesidad de la creación de un organismo que debía dirigir la evolución de la economía hacia sus propios objetivos políticos.

La creación del Consejo de Economía, cuando las organizaciones políticamente situadas en el ala izquierda del Comité Central, estaban cada vez más comprometidas con su política colaboracionista, constituía sin duda alguna, un importante paso del gobierno de la Generalitat en la consecución de sus propios objetivos. Sin embargo, todavía había un largo trecho que recorrer para poder consolidar su autoridad, en detrimento de la revolución de los comités:

"El desarme de la retaguardia, la organización militar, la normalización institucional, el restablecimiento de la seguridad interior y la supresión de las patrullas de control, eran cuestiones muy delicadas, ya que su ordenación podía ser interpretada no como una adecuación del régimen político al nuevo régimen económico y social, sino como una desvirtuación y hasta una liquidación de los órganos de poder surgidos espontáneamente en el transcurso de la revolución. En todo caso, esta <<ordenación>> comportaba ineludiblemente la colaboración de la CNT y de la FAI. Su entrada en el Consejo de Economía había sido el primer paso, faltaba el segundo: la entrada en el Consell de la Generalitat" (559).

Tras la disolución del Comité de Milicias Antifascistas de Catalunya en el seno del nuevo gobierno de la Generalitat, el Consejo pasó a integrarse en la consellería d'Economía del gobierno catalán, convirtiéndose en un simple apéndice de éste. Con las organizaciones obreras integradas en el Comité de Milicias, no tenía ningún sentido seguir manteniendo la situación de dualismo en el campo económico.

"Tras la fecha de constitución de aquel gobierno, el 27 de Septiembre, la misión del Consejo de Economía quedaba reducida a estudiar y a proponer al gobierno de la Generalitat las soluciones que creía convenientes acerca de determinados problemas económicos de Catalunya" (560).

4.5 LAS DIFERENTES ACTITUDES FRENTE AL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA.

El Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya acabó, por la dinámica de los acontecimientos, convirtiéndose en el verdadero centro del poder político en la Catalunya revolucionaria. Los comités obreros dominaban la vida cotidiana y la marcha de las empresas en las localidades donde habían aparecido, pero constituían un poder completamente horizontal.

Su poder e influencia decrecían a medida que se ascendía en las estructuras del poder territorial, hasta llegar al Comité Central de Milicias, donde su influencia era mínima. El gobierno de la Generalitat de Catalunya, se había convertido de la noche a la mañana, en una ficción que sólo podía sobrevivir gracias a las concesiones hechas por los dirigentes anarcosindicalistas. Su influencia apenas contaba en la vida política, durante las primeras semanas de la revolución.

En estas condiciones, la dualidad de poderes abierta con el rechazo de la CNT y de la FAI a aprovechar su triunfo, para liquidar definitivamente al gobierno de la Generalitat, sólo podía encarnarse en el Comité Central de Milicias. Ideado por Companys para convertirse en un mecanismo de control y de supeditación del movimiento revolucionario, por medio de la participación en dicho organismo, de anarcosindicalistas y poumistas, verdaderos triunfadores de Julio. Convertido por los cenetistas en una plataforma de colaboración con las distintas fuerzas políticas del Frente Popular y el POUM, pero en la que se advertía la aplastante supremacía del anarcosindicalismo catalán. La situación lo empujó a convertirse en el campo de batalla entre las diferentes organizaciones obreras que se disputaban la influencia política. Era en él donde iba a decidirse, en gran parte, el futuro de la revolución en Catalunya, y por lo tanto, también en el resto del estado.

Las organizaciones de la pequeña burguesía nacionalista republicana y el gobierno catalán, estaban condenados a jugar en él, un papel de simples comparsas en esta lucha, apoyando a los partidos y sindicatos obreros del Front d'Esquerres.

El papel de estas fuerzas fue completamente secundario, en pleno auge de la revolución de los comités. ERC vió declinar en los meses posteriores al comienzo de la guerra y de la revolución, su control sobre las clases medias catalanas en el campo y en la ciudad, siendo sustituída por el PSUC, que se convertía en el nuevo abanderado de las clases medias catalanas.

Los principales aliados de ERC, no solo le robaban su tradicional protagonismo político, sino que también eran el único baluarte que le podía permitir introducirse progresivamente en el campo de la revolución para intentar devolverla a sus límites iniciales. La Esquerra dependía totalmente de sus aliados del PSUC, pero esta alianza no hacía más que debilitarla políticamente en beneficio de la nueva organización comunista.

La contradictoria y explosiva relación entre ERC y el PSUC fue definida perfectamente por el historiador estalinista catalán, Manuel Benavides:

"La Esquerra vivía gracias al oxígeno que le insuflaban los unificados por la necesidad política de hacer más sólidos los cimientos republicanos de la Generalitat. Los hombres de la Esquerra, no obstante, se conducían como esos moribundos que se vuelven de cara a la pared en su lecho de muerte al ver entrar al médico" (561).

Esquerra sólo podía pretender conservar su declinante influencia política, aprovechando los constantes enfrentamientos entre los anarcosindicalistas y los comunistas estalinistas del PSUC.

En estas circunstancias la táctica de los catalanistas pretendía un doble objetivo: que el mismo movimiento que debía hacer retroceder a la revolución de los comités, le devolviera finalmente el poder que había perdido, recuperando su influencia entre los sectores sociales que ahora apoyaban al PSUC.

Los dirigentes de ERC eran conscientes de que, al fin y al cabo, los comunistas estalinistas catalanes, a pesar de su moderación y de su conservadurismo, seguían sin ser el partido de las clases medias catalanas, y que sólo constituían un instrumento eficaz para contener a la revolución. Estaban convencidos de que, una vez desaparecido el peligro revolucionario, el comunismo "conservador" perdería sus nuevas bases sociales y la situación volvería a su equilibrio tradicional. H. E. Kaminsky, agudo observador de la situación política revolucionaria catalana, describió perfectamente la dramática situación en la que se encontraba Lluís Companys y los dirigentes del nacionalismo republicano catalán:

"La Esquerra se ha convertido en un partido conservador. Cuando ahora proclama <<la producción por los sindicatos, el consumo por las cooperativas>> parece que reclama la ejecución de su programa, pero en realidad se está poniendo a la defensiva. Se ha acordado demasiado tarde de su programa social, y sus aliados, que empiezan donde ella acaba, ya la han rebasado" (562).

Sin embargo y por el momento, sólo el PSUC, un partido obrero, que se autoproclamaba heredero en Catalunya de la tradición bolchevique de 1917, podía constituirse en un auténtico obstáculo para el movimiento revolucionario.

4.5.1 El Partido Socialista Unificado de Catalunya y la Unión General de Trabajadores (PSUC-UGT).

Aparentemente, en Catalunya, las posiciones políticas del PSUC aparecen como más radicales que las que mantenía el PCE en el resto del Estado. Esta supuesta contradicción solo es comprensible teniendo en cuenta la tremenda presión revolucionaria a la que estaba siendo sometido, desde su fundación, el nuevo partido comunista catalán.

El "izquierdismo" del PSUC no hacía más que reflejar la mayor profundidad alcanzada por el movimiento revolucionario catalán, respecto al resto del estado.

Otro elemento diferenciador entre las organizaciones comunistas oficiales, es que el PSUC tuvo que competir, en los inicios de la guerra y de la revolución, con organizaciones más numerosas y radicalizadas que él, y que se situaban al margen del Frente Popular, tanto en su versión libertaria (CNT, FAI, JJ.LL.), como en la marxista (POUM, JCI). Una actitud más moderada, hubiera significado mayores dificultades, sino la imposibilidad, para mantener en sus filas, a los escasos sectores obreros que estaban afiliados a la UGT, y que también se veían arrastrados por la extraordinaria marea humana que significaba la revolución.

Desde la formación del Comité Central de Milicias los dirigentes del PSUC demostraron su abierta hostilidad hacia el triunfo anarcosindicalista de Julio y hacia la constitución del nuevo organismo de poder. El Comité de Milicias fue considerado por los dirigentes comunistas como la evidencia de "la influencia tenebrosa y dictatorial de los anarquistas sobre Catalunya" (563). La actitud impotente y astuta de Lluís Companys con los delegados de la CNT y de la FAI fue totalmente incomprendida por los comunistas catalanes que la consideraron como un grave error político. El PSUC abogaba, en aquellos momentos, por mantener una posición de fuerza frente a los libertarios, triunfadores de las jornadas de Julio. Esta postura sería revisada con la crisis del nuevo gobierno de la Generalitat, a principios del mes de Agosto, en el que se pretendió incluir a los representantes del PSUC en el nuevo gabinete. El ultimátum lanzado por los dirigentes libertarios hizo comprender a Joan Comorera quienes eran los auténticos dueños de la situación revolucionaria en Catalunya.

Desde los primeros momentos la actitud del Partido Socialista Unificado frente al Comité Central tuvo que ser la de aceptar a regañadientes los hechos consumados y participar en él. La postura de ERC y de Companys de aceptar las condiciones de los anarcosindicalistas obligaba al PSUC a integrarse en el nuevo organismo de poder. El grado de hostilidad y de oposición de los socialistas unificados varió durante el período de existencia del Comité Central. Pese a la inicial actitud de rechazo que manifestaba el nuevo partido frente al nuevo organismo de poder, sus dirigentes comprendieron que los anarcosindicalistas habían rechazado la posibilidad de tomar el poder y que habían adoptado una postura de la colaboración con las restantes fuerzas políticas y la renuncia temporal a la implantación del comunismo libertario. Mientras que el Comité Central de Milicias defendiese esta política de compromiso, éste sería un obstáculo para la profundización y extensión de la revolución, deseada por los sectores más radicalizados del anarcosindicalismo. Es en este sentido pues, en el que el PSUC acabó defendiendo, en las primeras semanas, la existencia del Comité Central y la necesidad de que los comités revolucionarios se subordinaran a la autoridad de éste.

A medida que la política restauracionista fue avanzando, los dirigentes del PSUC exigieron cada vez más, la subordinación del Comité de Milicias a la autoridad política de la Generalitat, considerado como gobierno único y legítimo en Catalunya, que debería ser el paso previo a su disolución.

La dualidad de poderes era una característica altamente inestable de la situación política revolucionaria catalana y también española, que iba a evolucionar rápidamente hacia uno de los dos extremos en pugna:

"...se formaron dos organismos de poder... el Comité de Milicias y el gobierno de la Generalitat. Era una complementariedad imposible; o se hacía la revolución hasta las últimas consecuencias o se mantenía la unidad antifascista. Hacer las dos cosas era imposible..." (564).

Los dirigentes del PSUC estaban dispuestos a aprovechar las vacilaciones de la CNT para empujarla en la dirección de la "unidad antifascista" y del Frente Popular: la disolución del Comité Central de Milicias tenía que ir acompañada de la formación de un gobierno de unidad que dirigiera todos sus esfuerzos a "ganar la guerra". La liquidación del nuevo organismo de poder sería completamente insuficiente si las organizaciones más radicales que existían en su seno, y que todavía mantenían la supremacía absoluta en el seno del movimiento obrero, no eran incorporadas al nuevo gobierno. La incorporación de la CNT, de la FAI y también del POUM al Consell de la Generalitat cumpliría la función de impedir que la disolución del Comité de Milicias pudiera desembocar en una nueva marea revolucionaria que acabara por dislocar sus planes.

La postura comunista en Catalunya tenía su paralela a nivel de toda la zona republicana, en la crítica constante a la propuesta anarcosindicalista de que el gobierno de Largo Caballero fuera sustituido por una Junta o Consejo Nacional, al estilo del Comité de Milicias de Catalunya y en la exigencia de que la CNT y la FAI formasen parte del gobierno republicano (565).

La incorporación del anarcosindicalismo significaba pues, no solo el mantenimiento del compromiso inicial, del cual había surgido el Comité Central de Milicias, sino la progresiva integración de estos sectores radicalizados, en el proyecto de reconstrucción del estado republicano en Catalunya y en el país.

La situación revolucionaria y el desarrollo de la guerra civil, que ya se adivinaba larga y sangrienta, exigía la existencia de un gobierno fuerte, que fuera capaz de liberar y organizar las energías de la población en el esfuerzo para alcanzar la victoria. La negativa de los anarcosindicalistas a tomar el poder para instaurar un nuevo proyecto social revolucionario, facilitaba enormemente los objetivos del PSUC de restablecer las instituciones republicanas. En este sentido, son claras las declaraciones de Pere Ardiaca:

"Era necesario imponer un orden revolucionario en la retaguardia. El Comité de Milicias nunca lo fue, ni se propuso ser gobierno. Queríamos un gobierno del Frente Popular en el que estuvieran representadas todas las fuerzas antifascistas..." (566).

El recién nacido PSUC y la UGT catalana eran organizaciones muy minoritarias frente al anarcosindicalismo e incluso ante el poumismo, en las semanas posteriores a los hechos de Julio. Sus posiciones políticas poco importaban en plena situación revolucionaria. Sin embargo, su defensa decidida de la pequeña burguesía, provocó un trasvase continuo de miembros de esta clase social hacia estas organizaciones, procedentes de Esquerra Republicana y de otros grupos nacionalistas menores, o situados más a la derecha que ésta.

Los nuevos afiliados buscaban en el PSUC un carnet que les diera protección frente a los libertarios y un partido que pudiera servir de freno a la revolución triunfante. El decreto (que contó con aprobación de la CNT) por el que se hacía obligatoria la afiliación en uno de los dos sindicatos principales, provocó un todavía mayor crecimiento de las organizaciones obreras que se situaban en la línea del viejo Front d'Esquerres. Grandes organizaciones, que contaban con varios miles de afiliados cada una de ellas, como el CADCI y el GEPCI pasaron a integrarse en la UGT catalana.

A medida que los dirigentes del PSUC se iban sintiendo más fuertes fueron desplegando menos tímidamente los ejes de la que iba a ser su política de contención y de restauración del viejo orden.

"A las pocas semanas el PSUC se sentía bastante seguro de si mismo para insistir en la disolución del Comité Central de Milicias Antifascistas y en la concentración del poder en manos del gobierno catalán. A ello le ayudó no solo el presidente Companys, sino también la presión ejercida por el gobierno central, a quien incomodaba la existencia de un organismo revolucionario que demostraba a los ojos del mundo que su autoridad en Catalunya era inexistente" (567).

Frente a la actitud timorata de los dirigentes de ERC, el PSUC se mostraba partidario de un programa de contrarrevolución democrática que se apoyaba en cuatro puntos, descritos en un manifiesto que fue difundido el 10 de Septiembre, y que reflejaba los siguientes pasos que iba a desarrollar la "contrarrevolución democrática", en el siguiente período (568):

1. "Un gobierno que gobierne sin la tutela del Comité de Milicias y con representaciones de todas las fuerzas antifascistas". El restablecimiento de un gobierno republicano fuerte, ligado al Frente Popular (Front d'Esquerres en Catalunya). Esto significaba el fin de la revolución social y la vuelta al sistema económico y político anterior a las jornadas de Julio, es decir, la liquidación del Comité de Milicias y de la multitud de comités revolucionarios locales.

2. "Un orden revolucionario". Pese a los términos utilizados a menudo por los dirigentes del PCE y del PSUC, a menudo confusos y abstractos, refiriéndose al nuevo orden que iba a surgir de la guerra, toda la política de estas organizaciones apuntaba indudablemente al mantenimiento de un capitalismo "avanzado", similar al existente en Francia y en Gran Bretaña. Esta conclusión no es mía, sino que es la que expresa Caminal en la siguiente reflexión:

"... El curso desfavorable de la guerra y la situación internacional, particularmente la dependencia del PCE y del PSUC de la política exterior de la URSS reducirán la ambigüedad de la revolución popular a la nitidez de la revolución democrática". (569).

3. "Una industria de retaguardia libre de la intervención de los aventureros". El término "aventureros", es parte de todo un extenso vocabulario utilizado por el Partido Socialista Unificado destinado a desprestigiar a la revolución de los comités y a su extensión en las actividades económicas, las colectivizaciones industriales y agrarias. Las fábricas, los talleres y las minas, es decir, la inmensa mayoría del aparato productivo en Catalunya, se encontraba en poder de los trabajadores, liderados por la CNT.
La recuperación del poder político tenía que ser el primer paso. Una vez conseguido éste, y con la necesaria colaboración de los dirigentes anarcosindicalistas, cada vez más comprometidos en "la unidad antifascista", el PSUC era partidario de proceder a la liquidación del experimento colectivista.

La huida de la inmensa mayoría de los propietarios era un serio obstáculo para el restablecimiento del viejo cuadro económico prerrevolucionario, que sólo podía superarse con la nacionalización de la economía catalana, bajo la dirección del nuevo gobierno de la Generalitat.

4. "Un ejército regular con mando único y una política de cuadros militares y de comisariado". El total restablecimiento del poder republicano, y por consiguiente, la liquidación definitiva de la revolución de los comités, sólo era posible completando los anteriores puntos con la reconstrucción del viejo ejército y la disolución de las milicias y de las patrullas de control. La reclamación del "mando único", reivindicación lógica y legítima que pretendía superar los errores de las columnas milicianas, servía para ocultar o adornar los verdaderos objetivos de esta campaña: el control por parte del gobierno y del Frente Popular, del ejército. Mientras las milicias se mantuvieran fuera de su autoridad, y estuvieran bajo el control de los comités y de los sindicatos, la "contrarrevolución democrática" no podría llegar hasta sus últimas consecuencias.

La rivalidad entre el Comité Central de Milicias y el gobierno de la Generalitat de Catalunya era un hecho que se repitió desde la creación del primero hasta su disolución final. La dualidad no podía perpetuarse como pretendían algunos.

La evolución de los hechos, la negativa del anarcosindicalismo a instaurar un nuevo régimen revolucionario puso la iniciativa política en manos de los partidarios del restablecimiento republicano. A mediados del mes de Septiembre, el PSUC exigía claramente la constitución de un nuevo gobierno fuerte de la Generalitat y el final de esta situación que perjudicaba la marcha de la guerra contra los franquistas. Si el Comité Central no podía convertirse en el nuevo gobierno, si la revolución de los comités se encontraba estancada, incapaz de llegar hasta las últimas consecuencias, el PSUC consideraba que había llegado su momento.

"Un gobierno con autoridad, un gobierno que responda a la actual situación de las fuerzas revolucionarias, un gobierno con hombres capacitados para poner en marcha las múltiples actividades de nuestro país, es el que podrá dar la solución al problema urgentísimo de la centralización de la economía catalana" (570).

4.5.2 La Confederación Nacional del Trabajo. La Federación Anarquista Ibérica (CNT-FAI).

Una vez descartada la toma del poder, aprovechando la victoria de las jornadas de Julio, los anarcosindicalistas solo podían adoptar dos posturas, la de mantener su independencia política rechazando cualquier participación en los organismos de poder territorial o el compromiso y la colaboración con el gobierno de la Generalitat y con el resto de partidos y sindicatos en el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya.

La primera alternativa, en los primeros momentos, era inviable, ya que hubiera significado la crisis y el enfrentamiento con sus propias bases, que no hubieran aceptado renunciar al triunfo conseguido con las armas, para cederlo a las desprestigiadas autoridades republicanas. La segunda actitud, la del compromiso, pese a las ilusiones de los cuadros dirigentes en poder contrarrestar con sus fuerzas la "contrarrevolución democrática", iba a tener el mismo final, aunque a más largo plazo. La primera posibilidad significaba el mantenimiento imposible de los viejos principios ideológicos en una situación que no toleraba la tradicional automarginación de los anarquistas. La segunda significaba renunciar a la revolución, aplazarla hasta un futuro indeterminado, y en la práctica, servir como dique de contención a los avances del movimiento revolucionario frente a las tambaleantes y debilitadas instituciones republicanas. Cualquiera de las tres alternativas, la de la toma del poder, la de la automarginación o la del compromiso, significaban en la práctica, la quiebra política del viejo edificio libertario.

"A partir del 19 de Julio, continuar al margen del Estado y renunciar a toda política que no fuera la lucha social era imposible. Los anarquistas, o debían intentar establecer su propia dictadura, o debían compartir democráticamente el poder con las demás organizaciones del frente popular" (571).

Después del triunfo de Julio, la colaboración, para los representantes libertarios, no podía significar, de ningún modo, la supeditación de las organizaciones anarcosindicalistas al viejo poder republicano. Los dirigentes libertarios hicieron saber, desde los primeros momentos de existencia del Comité de Milicias, que no estaban dispuestos a ceder la victoria ante la Generalitat, y que eran ellos los verdaderos dueños de la nueva situación en Catalunya.

El Comité Central de Milicias tenía que convertirse en el centro del poder, sin que por ello tuviera que transformarse en gobierno. Mientras tanto, el gobierno de la Generalitat tenía que seguir existiendo como "tapadera" legal ante los gobiernos del resto de países. Éste era el propósito de los dirigentes cenetistas y faístas.

"Detrás de la apariencia de las instituciones republicanas de la región autónoma, se ocultaría un sistema social proletario y libertario que entre bastidores manejaba los hilos de las marionetas representativas del gobierno fantoche de la Generalitat. Así quedaría a salvo el ideal anarquista; así sería realizada de todas formas una obra revolucionaria de tipo socialista sin por ello dar el peligroso salto de la revolución total" (572).

La ingenuidad y la prepotencia del camino adoptado escondía en realidad el temor de los representantes libertarios al aislamiento político de la revolución "total". La existencia del Comité Central de Milicias, constituido como el poder real en Catalunya, dirigido y controlado por los libertarios no hacía otra cosa que postergar el desenlace entre las dos fuerzas que se enfrentaban en el seno del campo "republicano": la revolución de los comités y la contrarrevolución democrática.

Por lo pronto, la primera consecuencia del rechazo de la CNT a la toma del poder fue su renuncia implícita a llevar a cabo la revolución, (aunque ésta fuera de carácter temporal) y por lo tanto, un primer éxito de sus adversarios políticos del Frente Popular. Los dirigentes anarcosindicalistas pretendían salvar la contradicción creada con el estallido de la revolución: eludir la toma del poder sin que por ello significase cedérselo a sus adversarios "republicanos". De esta manera, el Comité Central, que hubiera podido convertirse en la cúspide del nuevo poder revolucionario, se veía condenado a convertirse en un organismo de enlace entre la CNT, la FAI y también el POUM, y las organizaciones partidarias del Front d'Esquerres.

En un mitin celebrado en París por la Unión Anarquista, el delegado representante de la CNT-FAI proclamaba la fuerte revisión que estaban sufriendo los tradicionales principios libertarios:

"La organización a la cual pertenezco actualmente sólo piensa en consagrar la lucha contra los rebeldes, dentro del marco del Frente Popular. La CNT hará honor a su palabra y no desplazará la lucha entablada..." (573).

El periódico "Solidaridad Obrera" publicaba la declaración del Pleno Regional de Locales y Comarcales, que se había realizado apenas una semana después de los combates de Julio, y que explicaba, muy explícitamente, cual era la postura de los dirigentes de la organización que se había convertido en la fuerza hegemónica de la revolución en Catalunya y en una buena parte de la "zona republicana":

"Hoy no hay más problema para el proletariado, no hay más enemigo para el pueblo que el fascismo sublevado... que nadie vaya más allá. Que nadie tergiverse la actuación a seguir. Todos los confederados tienen el deber moral de aceptar las decisiones generales, no sólo por el interés colectivo, sino incluso por el interés individual... En consecuencia, nadie está autorizado para lanzar consignas ni enfocar el movimiento de otra forma..." (574).

El mensaje iba dirigido a los numerosos descontentos que aparecían en las bases sindicales y que no comprendían porque tenían que renunciar a su revolución, pocos días después de haber conocido la victoria. Apenas un poco más de un mes después, era Federica Montseny la que declaraba el triunfo de los colaboracionistas de la CNT, en la emisora de Unión Radio de Madrid:

"Ahora, no somos más que antifascistas, dispuestos a luchar contra el fascismo" (575).

Sin embargo, la revolución en la calle se empeñaba en no seguir las directrices de colaboración que habían decidido los dirigentes libertarios. La revolución "aplazada" en las cúpulas, seguía inexorable y sin dirección en la calle.

La victoria del anarcosindicalismo catalán en las jornadas de Julio, no se traducía en una victoria política, sino en todo lo contrario. Los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI se estrellaban contra una situación que, paradójicamente, les ofrecía el triunfo. La revolución pues, no había llegado bajo la forma idealista que habían imaginado los libertarios, y que implicaba la renuncia a cualquier tipo de dictadura.

La revolución no había llegado, aceptada por la totalidad de la población, tenía fuertes adversarios tanto en el campo franquista, como en el republicano. Habían importantes sectores de la población, la pequeña burguesía urbana y los pequeños y medianos propietarios agrícolas que veían con desconfianza los planes de colectivización libertaria. Los anarcosindicalistas carecían de un programa maduro de acceso y mantenimiento del poder y tampoco comprendían la verdadera naturaleza de los comités revolucionarios que habían aparecido espontáneamente.

No contaban con planes de profundización y extensión de la revolución social que se había puesto en marcha, sino sólo con proclamas bienintencionadas sobre el comunismo libertario.

"Es esta carencia absoluta de nociones claras y de perspectiva histórica, la que impidió al anarquismo ver el sendero revolucionario que se le ofrecía a través de los comités gobierno, lo que le llevó, primero a tolerar el estado capitalista, después a colaborar con él, unido a los politicastros estalinistas y socialistas" (576).

La actitud "colaboracionista" de los dirigentes cenetistas ha sido comentada por numerosos historiadores y testigos de la época, siendo muchos de ellos, pertenecientes a la misma corriente política libertaria. Jordi Sabater hace una completa e interesante descripción de la actitud del anarcosindicalismo en el seno del Comité Central de Milicias:

"Un período en el cual la CNT-FAI, ha abandonado los planteamientos iniciales de reestructuración revolucionaria y federal del estado por una actitud defensiva con la cual, aceptando un cierto grado de centralización, espera poder mantener su condición de fuerza hegemónica en zonas como Aragón y Catalunya" (577).

En el seno del Comité Central de Milicias, los representantes anarcosindicalistas pretendían dar el mínimo de concesiones posibles a sus aliados forzosos, las suficientes para que estos aceptaran la colaboración en el nuevo organismo de poder, pero lo bastante poco como para no poner en peligro su hegemonía sobre la revolución. La renuncia al poder y a la instauración de un nuevo régimen revolucionario, y esta perspectiva de "congelación" de la nueva situación, que significaba su postura de compromiso con el gobierno de la Generalitat y con las fuerzas del Front d'Esquerres, significaban un profundo desconocimiento de las dinámicas revolucionarias que se habían desarrollado desde la misma revolución francesa de 1789, en todas las revoluciones de los siglos XIX y XX.

Es pues, a todas luces injustificada y excesiva, la acusación lanzada por Juan García Oliver contra su rival, destacada dirigente del sector más claramente colaboracionista en el seno de la CNT, Federica Montseny, al acusarla de ejercer una nefasta influencia en el Comité Regional (578).

La votación realizada en el plenario histórico, en el que los cuadros dirigentes del sindicato decidieron rechazar la toma del poder y colaborar con el gobierno de la Generalitat, fue demasiado unánime para aceptar esta explicación. Indudablemente y por las explicaciones que nos han dado numerosos participantes en dicho plenario, entre ellos el mismo García Oliver, se desprende el profundo desconcierto que reinaba entre los participantes de dicha asamblea (579).

Las posiciones colaboracionistas de Federica Montseny, en cualquier caso, sólo podían influir de forma decisiva en una regional completamente desconcertada y paralizada ante el reto que la revolución significaba.

La oposición y las críticas en la CNT y la FAI al colaboracionismo creciente de los dirigentes, en el seno del Comité Central de Milicias, fue creciendo a medida que las bases sentían que la revolución que ellos habían iniciado se iba quedando estancada, mientras que el PSUC y el gobierno de la Generalitat empezaban a levantar la cabeza, después del desastre de las jornadas de Julio.

Los críticos exigieron el abandono de la política colaboracionista y reclamaron la vuelta de la CNT a la oposición, para refugiarse en el sistema de colectivizaciones que existía en el campo y en la ciudad, y desde el que los libertarios se sentían inexpugnables frente a sus adversarios políticos, en la creencia de que con la toma del poder económico acabaría por extinguirse el político. Una vez más, los anarcosindicalistas se estrellaban con sus propios principios antiestatalistas.

Un año después, la dinámica de la revolución de los comités estaba liquidada y las colectivizaciones, viejos bastiones de la CNT, se encontraban gravemente amenazadas por los nuevos dueños de la situación.

"La colaboración se impuso. ¿Había otra alternativa?, fascinados por el drama de la guerra, seducidos por una suerte de fatalismo, si la había no se puso gran empeño en encontrarla. Los colaboracionistas se dieron a la tarea sin apercibirse de que dado el primer paso las consecuencias se producirían en racha. Por lo que al anarquismo se refiere estas concesiones implicaban dejaciones cada vez más importantes" (580).

La evolución política de la CNT, a partir de su triunfo en Catalunya durante las jornadas de Julio de 1936 y de su renuncia al poder, solo podía dirigirse hacia un, cada vez mayor, compromiso con los partidarios de la restauración republicana.

Una vez más, se iba a repetir la vieja tesis de que la historia no admite vacíos de poder por tiempo indefinido, sino tan sólo por muy cortos espacios de tiempo, si las direcciones del movimiento revolucionario no estaban dispuestas a tomar en sus manos el poder para instaurar su propio régimen social, otros lo iban a hacer.

4.5.3 El Partido Obrero de Unificación Marxista.

La posición del POUM en Catalunya, en los primeros momentos posteriores a las jornadas de Julio, fue la de apoyar al anarcosindicalismo victorioso, frente a los intentos desesperados de Companys y del Front d'Esquerres para recuperar la iniciativa que habían perdido. La actitud adoptada por el poumismo fue completamente dependiente de la que pudiesen adoptar los dirigentes anarcosindicalistas. La postura poumista, en aquellos momentos, era coherente con la que había ido adoptando el partido desde su fundación, al ceder al anarcosindicalismo y a la Izquierda Socialista, en su concepción de la revolución española, el papel principal en la formación del que debía ser el partido de la clase obrera.

"Joan Comorera, que representaba aún a la Unión Socialista, ya que el PSUC, del cual después sería secretario general, aún no estaba oficialmente constituido, estuvo inmediatamente de acuerdo con la propuesta de Companys, pero Andreu Nin, que representaba al POUM, manifestó que un acuerdo de conjunto solo se podía obtener cuando hubiesen expuesto su criterio los representantes de la CNT, cosa que indicaba que Andreu Nin rechazaba la propuesta de Companys" (581).

El programa político defendido por el POUM durante los primeros días de la revolución reflejaba el mismo desconcierto y el mismo espíritu conservador que habían manifestado los cuadros la CNT y de la FAI: (semana de 36 horas, 10% incremento para los salarios más bajos, 25% de rebaja de los alquileres, pago de los jornales de los días de la huelga, control de la producción por comités obreros, subsidio de desempleo, reparto de las tierras de los grandes propietarios, revisión del Estatuto de Autonomía, depuración de los cuerpos armados y militares y elección de los jefes por los soldados y los guardias, mantenimiento de las milicias armadas, juicio a los conspiradores).

Todo el programa político defendido por el Comité Central del POUM y publicado, una semana después del hundimiento de la República, respondía al período prerrevolucionario que acababa de agotarse y era completamente inadecuado para la nueva situación. La mayoría de las consignas ya habían sido ampliamente superadas por la espontaneidad de los trabajadores. Durante los primeros días después de las jornadas de Julio, el POUM tuvo verdaderas dificultades para comprender la naturaleza y el alcance de la situación que acababa de abrirse en Catalunya y en toda la zona republicana.

"Toda la actividad del POUM durante las semanas inmediatas al 19 de Julio, así como su prensa, revelan un desconocimiento total de lo que estaba ocurriendo. Ni siquiera se daba cuenta de la significación política del Comité Central de Milicias y de los múltiples comités gobierno... Avant escribía: <<La creación del Comité Central de Milicias, formado por delegados de todas las organizaciones, representa un gran paso adelante en el sentido de la coordinación de la acción de todas las fuerzas armadas y populares y, por eso, nuestro partido lo saluda con la más viva satisfacción>>. No ve en el Comité Central de Milicias, más que un organismo de Frente Único <<Antifascista>>. La derrota de las instituciones armadas de la vieja sociedad acababa de hacer trizas el estado burgués, planteando en sus términos mapas vivos, prácticos e imperativos, el problema de la ordenación del estado proletario. Para el POUM nada de esto existía, la revolución no estaba en la calle..." (582).

El poumismo aceptó de buen grado la constitución del Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya. El nuevo organismo de poder, respondía a la concepción frentista que había defendido el partido, desde su fundación, y que recogía la visión maurinista sobre el carácter y la naturaleza de las Alianzas Obreras que se habían desarrollado durante el período 1934-1935. El claro predominio anarcosindicalista en el Comité Central, y su rivalidad con el tambaleante gobierno de la Generalitat, colocaban al nuevo organismo en el centro del poder revolucionario. Todo dependía de que los dirigentes de la CNT y de la FAI se convencieran de la necesidad de impulsar el movimiento hasta sus últimas consecuencias y de que convirtieran al Comité en un auténtico gobierno revolucionario.

"... La insurrección fascista del 19 de Julio, creó todas las condiciones objetivas para la conquista del poder. El mecanismo estatal quedó tan seriamente quebrantado que, en realidad, había dejado de existir...".

"Bastaba querer, para que los restos impotentes del poder burgués fueran destruidos definitivamente y se instituyera el poder de la clase trabajadora. Pero los partidos y las organizaciones obreras que gozaban de mayor influencia, no quisieron" (583).

El POUM era consciente de que la revolución espontánea de Julio no había sido suficiente para volver irreversible la nueva situación, y de que el hecho de que no se hubiera tomado el poder abría la posibilidad de un curso contrarrevolucionario de los acontecimientos que restaurara el viejo orden.

La postura del Comité Central del POUM negaba cualquier posibilidad de mantener una postura independiente de la línea que pudieran adoptar las grandes organizaciones obreras, en especial, el anarcosindicalismo. En la visión política de la revolución española, defendida por el poumismo, el Comité Central se convertía en un organismo de enlace y de Frente Único de los partidos y sindicatos de los trabajadores (en el que los poumistas toleraban, de buen o mal grado, a los partidos de la pequeña burguesía republicana y catalanista). Los comités revolucionarios, aparecidos por todas partes con absoluta espontaneidad, jugarían un papel similar al que tenía el Comité de Milicias, pero a escala local. El papel de canalización de la participación de la población trabajadora en los nuevos organismos de poder, quedaba en manos de los sindicatos, que tenían que cumplir el papel que habían jugado los soviets en la revoluciones rusas de 1905 y 1917. H. E. Kaminski nos describe una entrevista mantenido con Andreu Nin:

"Creemos (dice Nin) que el papel decisivo en la Revolución española pertenece a los sindicatos que, en España, representan lo mismo que en Rusia los Soviets. En lo referente a este punto coincidimos con los anarquistas" (584).

El POUM negó, en repetidas ocasiones, la posibilidad de que los comités locales pudieran convertirse en auténticos soviets, al estilo de la revolución rusa de 1917. Los dirigentes poumistas olvidaban que la principal diferencia en la naturaleza de ambos organismos era tan sólo la voluntad de las organizaciones políticas para articularlos y convertirlos en el embrión del nuevo estado revolucionario.

El gobierno, las Cortes, y todas las viejas instituciones republicanas, habían sido ampliamente superadas por la nueva situación. El POUM defendía la necesidad de que la revolución se consolidase mediante la formación de un gobierno obrero y de una Asamblea Constituyente, que debería estar formada por delegados de los comités obreros, campesinos y también de los combatientes. En la concepción poumista del gobierno revolucionario, el papel de los comités queda completamente difuminado. El eje central de su constitución descansaba en el acuerdo al que debían llegar las organizaciones obreras, incluidas las que sostenían el proyecto del Frente Popular, y que se habían declarado, abiertamente, adversarias de la revolución socialista de los comités.

En el mitin celebrado por el POUM, el 6 de Septiembre en el Gran Price de Barcelona, Andreu Nin defendía su propia postura y criticaba la formación del nuevo gobierno de Largo Caballero en el que además del PCE, participaban representantes de los partidos republicanos. Para el dirigente del POUM, un gobierno interclasista, en aquellas circunstancias, estaba completamente desfasado y sólo podía corresponder al período prerrevolucionario anterior a Julio. Era necesario constituir una Junta Nacional de Defensa, similar al Comité Central de Milicias Antifascistas, para centralizar la marcha de la guerra.

Los dos puntos centrales de crítica a las propuestas anarcosindicalistas, para la formación de un "Consejo Nacional", se centraban en que éstos aceptaban finalmente la participación de los políticos republicanos, que no eran más que sombras de un pasado que había sido definitivamente superado. También se criticaba su visión "sindical" del nuevo organismo gubernamental.
La petición de que los partidos fueran excluidos del "Consejo" reflejaba los viejos prejuicios apolíticos del anarcosindicalismo, con respecto a los partidos.

La concepción del gobierno obrero mantenida por el POUM y defendida públicamente por Andreu Nin, reducía el carácter de clase del gobierno, a que éste estuviese únicamente integrado por representantes de las organizaciones obreras. Si los sindicatos eran las organizaciones tradicionales y de masas del movimiento obrero español, su presencia en el nuevo organismo gubernamental, canalizaría la participación de los trabajadores en las nuevas estructuras de poder (585).

"Necesitamos un gobierno fuerte, es decir, dotado de aquella máxima autoridad que ha de darle la confianza de las masas trabajadoras y que esté dispuesto a llevar la lucha hasta las últimas consecuencias. ¿Quién puede ser este gobierno fuerte? ¿el que acaba de ser elegido en Madrid? nosotros estimamos sinceramente que no".

"... sostenemos que en la situación actual el único gobierno que puede responder a la situación es un gobierno sin ministros burgueses, un gobierno puramente obrero... ha de representar a todos los sectores del proletariado español..." (586).

Como los organismos soviéticos eran ajenos a la esencia de la revolución española, en la concepción del POUM, los comités sólo podían tener un papel puramente local y temporal en la nueva sociedad revolucionaria. La postura, fuertemente influida por el anarcosindicalismo, consideraba que los comités locales, una vez cumplida su función de gestionar el vacío de poder que hab&ia