4.8.5 EL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA, FRUTO DE LOS ACONTECIMIENTOS Y DE LAS PERSPECTIVAS QUE MARCARON LAS ORGANIZACIONES INTEGRANTES, TUVO UNA NATURALEZA POLÍTICA HÍBRIDA QUE ENCARNO LA DUALIDAD DE PODERES EXISTENTE.

El organismo que llegó a ser el máximo poder en la Catalunya revolucionaria, durante los primeros meses de la revolución, se negó, desde los primeros momentos, a actuar como un verdadero gobierno. Este fue el motivo por el que los anarcosindicalistas permitieron que la Generalitat siguiera manteniendo su lánguida existencia. Convertir al Comité Central de Milicias en gobierno, hubiera implicado, no sólo violar los más firmes principios ideológicos del anarcosindicalismo, sino también responsabilizarse de un poder, con el que no sabían que hacer.

El Comité Central de Milicias había nacido, no como un poder surgido de los organismos que había creado la revolución, sino como un compromiso entre las diferentes fuerzas que se habían opuesto a la sublevación militar. Lo que en los primeros momentos era inevitable, su carácter burocrático, se convertiría finalmente en una de sus más graves limitaciones. Su democratización, su articulación con la sociedad revolucionaria catalana no fue llevada a cabo porque ninguna de las organizaciones que formaban parte de él, lo consideraban algo más que un simple comité de enlace. De esta forma, los cambios en la conciencia de los trabajadores que estaban protagonizando la revolución, apenas pudieron influir en las decisiones que se adoptaban en su seno.

El compromiso histórico que había dado lugar al Comité Central de Milicias suponía el aplazamiento de la revolución a un futuro indeterminado. Mientras los dirigentes del Comité de Milicias intentaban sostenerse en la cuerda floja de la dualidad de poderes, los trabajadores en la calle y en los centros de trabajo se empeñaban en continuar con sus expropiaciones. Durante los meses de su existencia, la mayoría en el Comité Central de Milicias pretendió mantener el delicado equilibrio que existía entre las presiones de los restauracionistas y las demandas de los sectores revolucionarios.

Sin embargo, las dinámicas revolucionarias no permiten ser aplazadas o "congeladas" mediante acuerdos políticos, durante largo tiempo. El mantenimiento del compromiso se convertiría, cada vez más, en un verdadero dique de contención del movimiento revolucionario. El mantenimiento de la situación impediría que los comités-gobierno locales pudieran transformarse en una estructura de poder.

La debilidad del anarcosindicalismo sería eficazmente aprovechada por sus adversarios políticos, para proceder a restaurar paulatinamente las viejas instituciones de la República. Sin embargo, el Comité Central de Milicias se había convertido en un obstáculo para sus objetivos. Mientras éste siguiera existiendo, mientras mantuviera su independencia política de la Generalitat, el camino para que ésta recuperara sus plenos poderes continuaba obstruido.

El Comité de Milicias, a pesar de su naturaleza híbrida y contradictoria, mantenía sus características revolucionarias. Había nacido al calor de la revolución y era ésta la que lo había convertido en el único poder real en Catalunya. Mientras el anarcosindicalismo y el POUM continuaran sin integrarse en las estructuras del poder republicano, el peligro seguiría existiendo. La posibilidad de una radicalización revolucionaria no podía descartarse, el Comité Central de Milicias podía acabar transformándose en un gobierno revolucionario. Este era el gran triunfo que habían conseguido el PSUC y Front d'Esquerres con la liquidación del Comité Central y su definitiva integración en la Generalitat.

De la misma forma que ocurría con la dualidad de poderes, la naturaleza del Comité Central de Milicias era altamente inestable. Su dinámica no permitía que la pelota pudiera mantenerse indefinidamente en el alero del tejado de la indefinición. Tal como estaba pasando a nivel estatal, donde el choque entre los comités revolucionarios locales y el gobierno republicano, apoyado por el Frente Popular, se estaba saldando a favor de estos últimos, también estaba empezando a pasar en Catalunya. El triunfo acababa en manos del sector que había demostrado más audacia y clarividencia para conseguir sus objetivos políticos.

Sin embargo, la disolución del Comité Central de Milicias no implicaba el final de la dualidad de poderes. El enfrentamiento se producía ahora, entre un gobierno de la Generalitat, fortalecido y legitimado por la entrada de las organizaciones obreras más radicales, y una multitud de comités descabezados políticamente. El nuevo período que se abría anunciaba la decadencia y el principio del fin de la revolución española.

5 LAS CONSECUENCIAS DE LA DISOLUCIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA. LA DECADENCIA DE UNA REVOLUCIÓN.

La disolución del Comité Central de Milicias fue mucho más que una simple reestructuración del poder en Catalunya. El significado de este acontecimiento y las posibles consecuencias que iba a tener en la revolución española fue perfectamente comprendido por sus adversarios del Front d'Esquerres. Desde un gobierno de unidad en el que pronto, anarcosindicalistas y poumistas, quedarían convertidos en rehenes políticos, iniciaron la ofensiva que estaría destinada a terminar con la revolución de Julio y restaurar la legalidad republicana.

El gran error de los antiguos partidarios del Comité Central de Milicias había sido considerar que la naturaleza clasista de un gobierno estaba determinada principalmente por los hombres y las organizaciones que lo componían. En realidad y tal como iban pronto a poder comprobar, el verdadero carácter político de cualquier gobierno, se basa en los organismos y en los sectores sociales en las que apoya su poder. Mientras el Comité Central de Milicias había sido un organismo independiente de la fantasmal autoridad del gobierno catalán, con un poder que descansaba en la de los comités locales y en las milicias, el poder del nuevo "Consell" de la Generalitat pretendía apoyarse en las viejas instituciones republicanas que habían sido barridas en Julio. A diferencia de lo ocurrido con el Comité Central de Milicias, en el nuevo gobierno de concentración, la presencia de las organizaciones obreras sólo serviría para reforzar y legitimar ante los trabajadores, los progresos de la restauración republicana.

El anarcosindicalismo y el poumismo habían demostrado que, por diferentes motivos, por el momento no estaban dispuestos a romper el frente antifascista. Este empeño en mantener la unidad a cualquier precio iba a ser aprovechado por sus adversarios para minar el poder de los comités. Día a día, los dirigentes de la CNT-FAI y del POUM tuvieron que, no sólo contener las demandas de los sectores revolucionarios, sino también llegar a compromisos y hacer concesiones para evitar la ruptura. Estos acuerdos tendrían como principal consecuencia, el fatal debilitamiento de la revolución.

Los dirigentes anarcosindicalistas que habían apoyado el Comité Central de Milicias justificaron el nuevo paso dado con numerosos argumentos a cada cual más ingenuo (682). Se ha presentado frecuentemente como un giro táctico, que pretendía que las milicias cenetistas consiguieran mayor cantidad y mejor armamento, y que legalizaría las conquistas revolucionarias que se estaban llevando a cabo en la retaguardia. También se daría fin a la funesta dualidad de poderes que estaba prolongando el desenlace de la guerra, y que ponía en peligro la victoria. La realidad no tenía nada que ver con sus deseos. Las milicias no sólo continuaron estando pésimamente armadas, sino que la nueva situación sería aprovechada para dar los primeros pasos hacia la militarización y la construcción de un ejército republicano.

La "legalización" de las conquistas revolucionarias serviría como pretexto a sus adversarios, primero para limitarlas y controlarlas y después para ir sometiéndolas hasta hacerlas desaparecer.

Con el final del Comité Central de Milicias, la dualidad de poderes había iniciado su declive. Anarcosindicalistas y poumistas eran cada vez eran más débiles, mientras que sus oponentes les arrebataban la iniciativa política.

En realidad, con la disolución, la CNT adoptaba un nuevo giro, arrinconada por una situación que trabajaba en contra de ella y de sus principios ideológicos tradicionales. La esperanza para los cuadros dirigentes libertarios era que la integración en el nuevo gobierno de la Generalitat, les permitiría aplazar de nuevo, la cuestión del poder por un tiempo indeterminado. Volvían a equivocarse.

Después de varias semanas de guerra y de revolución, la desorientación de los líderes anarcosindicalistas era mayor que nunca, y dentro de este clima, la opción colaboracionista cobraba cada vez más fuerza. Indiscutiblemente, el clima de frustración y el desgaste político que habían hecho posible el abandono de los principios antiestatalistas en la CNT en Catalunya, influirían de forma decisiva en el hecho de que, apenas un mes más tarde, la central sindical libertaria aceptara entrar a formar parte del nuevo gabinete de Largo Caballero. La entrada de la CNT en la Generalitat había sido, sin duda alguna, el punto de partida para la integración en el nuevo gobierno central republicano.

El POUM había llegado a la misma conclusión desde una concepción completamente diferente. Habiendo caracterizado que en Catalunya no había ninguna situación de dualidad de poderes, sino que lo que existía era una auténtica dictadura del proletariado. Si consideraba que los nacionalistas republicanos en Catalunya tenían una naturaleza política "popular", frente al carácter "burgués" o "pequeño-burgués" de los republicanos del resto del estado. El balance de la fusión entre el Comité Central de Milicias y la Generalitat tenía que ser positivo (al fin y al cabo, las organizaciones izquierdistas seguían teniendo la mayoría en el nuevo gobierno autónomo). El nuevo Consell de la Generalitat, transformado en gobierno obrero, tendría la tarea de consolidar la revolución en Catalunya, para extenderla posteriormente por el resto del estado.

"El POUM se creyó situado en la Generalitat de Catalunya a la izquierda de una coalición a cuyo remolque marchaban los partidos burgueses tradicionales. Pero la alianza de estos últimos con el PSUC en Catalunya, la constitución, bajo la tapadera del Frente Popular, de una coalición <<estalino-burguesa>> para un Estado fuerte, dió la vuelta a la correlación de fuerzas. De repente fue el POUM el que se encontró a remolque de una coalición que iba eliminando sucesivamente todas las conquistas de Julio de los obreros y campesinos" (683).

Con respecto a la respuesta que dieron las bases sindicales ante la noticia de la entrada de la CNT en el nuevo gabinete de la Generalitat existen diferentes versiones. Juan García Oliver explica que la respuesta fue un "murmullo de descontento creciente" (684). Si la versión que tenemos en cuenta es la que nos da Cesar M. Lorenzo, la noticia habría sido "bien acogida por el conjunto de la población y especialmente por los afiliados a la gran central sindical" (685). El historiador libertario alude a que las bases sindicales, que aunque estaban fuertemente influidas por el anarquismo, no conocían la teoría anarquista del Estado, ni sabían diferenciar gobierno, Estado, Comité Central de Milicias, comités locales revolucionarios, ayuntamientos... Sin embargo, tenían confianza en sus dirigentes. La explicación resulta interesante.

El instinto revolucionario de los trabajadores organizados les permitía desconfiar de una serie de partidos que defendían un orden que ellos consideraban caduco e incapaz. Sin embargo, ¿qué iban a pensar cuando sus propios dirigentes, -en los que confiaban-, acababan de integrarse en el nuevo gobierno?. ¿Qué había cambiado con respecto a las primeras semanas, cuando expresaban su desconfianza hacia el gobierno de Companys?, evidentemente, lo que había cambiado era la actitud de sus dirigentes.

Sin embargo la buena acogida a la que se refiere Cesar M. Lorenzo parece que quedaba mucho más matizada entre los sectores más militantes. Sin embargo y siguiendo su testimonio, también la mayoría de éstos era favorable a la integración, aunque "incómodos e incluso decepcionados" (686). La versión de Cesar M. Lorenzo coincide perfectamente con la que nos ofrece José Peirats, cuando describe el desconcierto de los militantes, enfrentados a una situación ante la cual, las viejas ideas anarcosindicalistas no daban salida.

"¿Opinaba de la misma manera la totalidad de los militantes? ¿Contaba esta nueva postura de la CNT con el apoyo del anarquismo y anarcosindicalismo internacional? Salvo expresivas corrientes minoritarias, que hacían patente su protesta en órganos periodísticos propios, a través de comités orgánicos y reuniones, plenos y asambleas, la triste verdad es que la mayor parte de los militantes se hallaban afectados de cierto fatalismo, consecuencia directa de las trágicas realidades de la guerra" (687).

La misma prensa libertaria del momento refleja que la actitud de las bases y de la militancia no era homogénea, y mucho menos entusiasta con el giro que habían dado los dirigentes (688). En el nuevo período que se abría, iría surgiendo una oposición al curso entreguista que adoptaban los dirigentes, a medida que éste, -lejos de corregir la decadencia de la revolución- la acentuaba. También en el POUM se dieron críticas y actitudes reticentes a la entrada en el nuevo gobierno de la Generalitat. Hubo militantes o sectores del partido que, como Juan Andrade o las JCI, consideraron como un grave error el nuevo paso que había dado la dirección (689).

Los verdaderos triunfadores de la nueva situación, el PSUC y ERC, se propusieron aprovechar las posibilidades que se les brindaba, para consolidar el orden republicano en vías de reconstrucción. Si el anarcosindicalismo y el poumismo no se habían atrevido a terminar con la dualidad de poderes para lanzar la revolución hacia adelante, ellos sí que aprovecharían los esfuerzos de éstos por mantener la unidad, en beneficio del proyecto de restauración. A pesar de todo, tanto la CNT-FAI como el POUM seguían siendo fuertes, era necesario utilizar su prestigio revolucionario en la dirección indicada.

Con la formación del nuevo gobierno de la Generalitat, los partidarios del Front d'Esquerres iniciaron una serie de maniobras políticas destinadas a forzar situaciones y arrancar nuevas concesiones, nuevos compromisos, sin provocar por ello la ruptura. Esta táctica seguiría utilizándose durante los siguientes meses, hasta considerar que la situación estaba lo bastante madura como para darle el golpe final a la revolución.

El 26 de Septiembre es la fecha en la que la CNT-FAI y el POUM aceptaron formar parte del nuevo gobierno de la Generalitat. Poco después era disuelto el Comité Central de Milicias. Apenas unos días más tarde, se iniciaría la publicación de una serie de decretos encaminados a desarmar y desmantelar el movimiento revolucionario. En la nueva situación, los decretos llevarían la firma de los representantes de la CNT-FAI y también del POUM. El 11 de Octubre, se decretaba la suspensión de los comités locales y se iniciaba la formación de los nuevos consejos municipales que deberían estar formados a imagen y semejanza del nuevo gobierno de la Generalitat. El día 24 publicaba otro nuevo decreto sobre las colectivizaciones. El 27 se ordenaba el desarme de la retaguardia y tan solo un día después se publicaba la militarización de las milicias. Se acababa de iniciar un proceso de decadencia de la revolución y de restablecimiento de la autoridad republicana, que encontraría grandes resistencias y que no terminaría hasta las jornadas barcelonesas de Mayo de 1937, donde la revolución de los comités y la contrarrevolución democrática se enfrentarían definitivamente.

5.1 LA ENTRADA DE LA CNT EN EL GOBIERNO REPUBLICANO.

En Julio, la CNT había rechazado el poder, pero también se había negado a formar parte de las destartaladas estructuras republicanas.

Para los cuadros dirigentes del anarcosindicalismo, ambas posturas habrían significado la ruptura con los principios ideológicos sobre los que se había basado el anarcosindicalismo español durante más de medio siglo. El 1 de Octubre, tan solo setenta días después, el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya se había disuelto y los representantes de la CNT y de la FAI se habían integrado en el nuevo gobierno de la Generalitat. Un mes después, el 4 de Noviembre, la organización anarcosindicalista entraba a formar parte del nuevo gabinete de Largo Caballero. ¿Qué había cambiado en el seno del movimiento libertario español en tan poco tiempo?

Indudablemente la integración de los anarcosindicalistas catalanes en el gobierno autónomo había influido decisivamente en la evolución de la CNT estatal, pero llovía sobre mojado. La escasa oposición que habían encontrado los partidarios de la colaboración, ante un hecho tan insólito como pasar a formar parte del gobierno de la Generalitat, indicaba que algo había cambiado entre los cuadros dirigentes del sindicato. A lo largo de dos meses y medio, los cuadros anarcosindicalistas habían visto hundirse gran parte de su estructura ideológica y de sus principios, que habían sido manifestados, apenas unos meses antes en el Congreso de Zaragoza.

"Los libertarios no estaban, ni psicológicamente ni materialmente preparados para imponerse en la zona republicana; y lo estaban todavía menos para ganar la guerra contra el fascismo. Ahora bien si, en la hipótesis más improbable, triunfaban a la vez de los fascistas y los otros antifascistas, las potencias extranjeras ahogarían la Revolución mediante el bloqueo económico y la intervención armada. Por otra parte, el gobierno republicano no solamente encaminaba a los leales a la derrota por su ceguera política y por su incapacidad militara, sino que además se dedicaba a combatir al proletariado, a sus milicias y a su obra revolucionaria. Era pues preciso salvar las conquistas de la socialización en el marco de un Estado democrático avanzado, centralizar el mando de las operaciones y neutralizar la presión de las grandes potencias" (690).

La línea colaboracionista triunfaba, no sólo en Catalunya, donde la organización anarcosindicalista tenía la mayor parte de sus efectivos y también la supremacía moral, sino también en el resto de la "zona republicana". De la misma manera que en Catalunya, los cuadros y representantes de la CNT chocaban con una realidad ante la cual no sabían como orientarse. El desgaste en las filas del anarcosindicalismo estatal, corría parejo al de Catalunya, con el agravante de que en este caso, en la mayor parte de los territorios, la CNT era claramente minoritaria frente a la Izquierda Socialista.

En cuanto a la integración, tanto los dirigentes anarcosindicalistas, partidarios de la "colaboración democrática", como sus circunstanciales aliados del Frente Popular, tenían sus razones para desearla. John Brademas cita los últimos reveses militares del bando antifascista (caída de Irún, San Sebastián, Toledo, la presencia de las tropas franquistas en las afueras de Madrid) como las "razones inmediatas y poderosas" que precipitaron la entrada en el gobierno (691).

Es perfectamente posible que estos hechos "precipitaran" la entrada de la CNT en el gobierno, pero no pueden omitirse que, desde los inicios de la guerra y de la revolución, se estaba dando un proceso de revisión creciente de los viejos principios antiautoritarios que habían alentado al anarcosindicalismo desde sus orígenes. Las razones que los cenetistas han dado para explicar un hecho que violaba sus más profundas tradiciones antiestatales han sido muchas y variadas.

Diego Abad de Santillán lo hizo en "Solidaridad Obrera" afirmando que:

"De siempre, por principios y convicción, la CNT ha sido antiestatal y enemiga de toda forma de gobierno. Pero las circunstancias, superiores casi siempre a la voluntad humana, aunque determinadas por ella, han desfigurado la naturaleza del gobierno y del estado español. El gobierno en la hora actual, como instrumento regulador de los órganos del Estado, ha dejado de ser una fuerza de opresión contra la clase trabajadora, así como el Estado no representa ya el organismo que separa la sociedad en clases. Y ambos dejarán aún más de oprimir al pueblo con la intervención en ellos de la CNT" (692).

Juan García Oliver, antiguo partidario de la toma del poder por los anarcosindicalistas y posteriormente, convertido en ministro de Justicia del segundo gabinete de Largo Caballero:

"La burguesía internacional se negaba a proporcionarnos armas de que teníamos necesidad... Debíamos dar la impresión de que los amos no eran los comités revolucionarios, sino el gobierno legal: pues si no, no obtendríamos nada de nada. Tuvimos que aceptar plegarnos a las inexorables circunstancias del momento" (693).

Una de las representantes del sector más proclive a la "colaboración democrática", la que se iba a convertir en la ministra de Sanidad, Federica Montseny:

"Hemos intervenido en el Gobierno de la República obligados por las circunstancias, para evitar que con nosotros se repitiera lo ocurrido a movimientos anarquistas de otros países, por falta de esta compenetración, de esta resolución y de esta habilidad mental, por lo cual se vieron desplazados de la revolución y vieron cómo otros partidos adquirían la dirección de la misma". (694).

Efectivamente, podemos encontrar una multitud de argumentos que pretenden explicar, las circunstancias y las motivaciones que motivaron la entrada de la CNT en el gobierno. Los dirigentes anarcosindicalistas tenían que justificar un giro político que violaba profundamente las bases ideológicas del anarcosindicalismo.
El gobierno de Largo Caballero seguía siendo un gobierno de naturaleza burguesa, aunque estuviera integrado, en su inmensa mayoría, por representantes de los partidos obreros del Frente Popular. Los objetivos que pretendía llevar a cabo dicho gobierno eran la reconstrucción y consolidación del viejo orden republicano "rejuvenecido" y "perfeccionado". También era evidente que la burguesía internacional comprendía perfectamente el alcance de los peligros que había traído consigo la marea revolucionaria de los comités. Los capitalistas británicos, franceses y norteamericanos comprendían perfectamente la naturaleza de los hechos que estaban sucediendo en España y era "ingenuo" considerar que iban a dejarse engañar, porque la CNT hubiera aceptado integrarse en el nuevo gabinete de Largo Caballero.
En realidad, los argumentos "ingenuos" iban destinados a tranquilizar a las mismas bases del sindicato, y el creciente descontento que existía en su interior. Con estos argumentos se intentaba ocultar que la entrada no era otra cosa que una capitulación en toda regla. Los líderes de la CNT sentían que la revolución empezaba a escapárseles de las manos y no sabían como evitarlo. La dualidad de poderes empezaba a dar sus frutos, reforzando al sector que había demostrado mayor claridad y audacia en sus objetivos políticos.

En Julio, podían haber tomado el poder en una buena parte de la zona republicana y arrastrado tras de si a los sectores más radicalizados de la Izquierda Socialista, pero habían renunciado a él. Ahora, dos meses después, la situación cambiaba rápidamente. El incapaz gobierno de Giral había sido sustituido por el del izquierdista Largo Caballero. El poder republicano, casi destruido durante las jornadas de Julio, había recuperado gran parte de su poder y aprovechaba sus prerrogativas para chantajear a los sectores revolucionarios para que se sometieran a su autoridad.

En la óptica de los dirigentes libertarios, éstos tenían que escoger entre la integración al gobierno, con la esperanza de que los dirigentes de la Izquierda Socialista vieran con buenos ojos la entente CNT-UGT, o mantenerse en la oposición, mal armados, viendo como las colectivizaciones eran presionadas por medio del chantaje económico, para que se sometieran al control gubernamental. Enfrentados a esta situación, decidieron dar un paso hacia adelante. Al fin y al cabo, Largo Caballero era el dirigente del sector más izquierdista del PSOE y dirigía la central sindical socialista UGT (con lo que se hacía más grato a los ojos de los libertarios, que seguían defendiendo la naturaleza sindical de la revolución española). El dirigente izquierdista se había opuesto desde los primeros momentos, al gabinete republicano de Giral y se había enfrentado por ello a la derecha de su partido, el sector prietista. Todos estos hechos, le daban a Largo Caballero, ante los ojos de los dirigentes anarcosindicalistas, una aureola revolucionaria que no tenía en la realidad. El camino para la integración en el gobierno republicano, de la CNT, estaba abierto (695).

Al parecer, ya en el mes de Agosto, "Solidaridad Obrera" había lanzado la idea de que en Madrid debía formarse un comité nacional, que debía estar integrado por todas los partidos y sindicatos antifascistas. La fórmula cenetista, era similar a la que se había llevado a cabo en el Comité Central de Milicias. Como en Catalunya, la CNT pretendía formar parte de la dirección de la guerra, sustituyendo la etiqueta "gobierno" por otra más respetable, que no violara sus principios antiestatalistas.

El 17 de Septiembre, un pleno de regionales del sindicato, reunido en Madrid y que se proponía estudiar las propuestas de colaboración política ofrecidas por el gobierno central, volvería a lanzar la misma idea, rebautizándola como "Consejo Nacional de Defensa".

La propuesta cenetista era todo un alarde de ingeniería lingüística: Lo que era un auténtico "gobierno", se convertía por la magia de las palabras en un "Consejo"; los "ministros" se llamarían "delegados", los "ministerios" pasarían a llamarse "departamentos"; el ejército, "milicias de guerra"; la policía, "milicia popular" y los mandos del ejército, "técnicos militares".

En el nuevo gobierno, Largo Caballero mantendría la presidencia del "Consejo", mientras que Manuel Azaña seguiría teniendo la presidencia de la República (696).

El nuevo organismo, debería estar formado por cinco representantes de cada una de las dos grandes centrales sindicales y cuatro por los partidos republicanos (los partidos obreros estarían excluidos como tales, y sólo podrían estar representados por la UGT). La fórmula cenetista pretendía primar la idea sindical de la revolución española (los partidos tendrían un papel secundario frente a los sindicatos, que en la concepción libertaria, serían los canales de expresión de las masas revolucionarias). La participación de los republicanos en la fórmula del Consejo Nacional, aseguraría la continuidad de la colaboración de clases que defendía el Frente Popular.

En lo que respecta al proyecto económico, la CNT reivindicaba la socialización sindical de la Banca y de los bienes de la Iglesia, los de los terratenientes, de la gran industria y del gran comercio. Las centrales sindicales serían las encargadas de gestionar y controlar la producción de la economía socializada.

Dadas las nulas perspectivas que tenían las propuestas cenetistas, algunos historiadores han considerado que los libertarios "padecían un optimismo sin fundamento" (697). Durante varias semanas la CNT emprendería una campaña en favor del "Consejo Nacional de Defensa". Largo Caballero y la mayor parte de las organizaciones del Frente Popular rechazaron la fórmula reivindicada por los anarcosindicalistas.

Mientras el POUM apoyaba la propuesta críticamente y el periódico de la IS "Claridad" se interesaba por la propuesta y la elogiaba, la mayor parte del aparato del PSOE (controlado por Indalecio Prieto) y los comunistas oficiales se oponían, considerando que en aquellos momentos lo único que se podía hacer era apoyar al gobierno (698).

La propuesta del "Consejo" se apartaba por completo de los planes de restauración y de normalización de las instituciones republicanas. Por otro lado, la posición desde la que los líderes libertarios reclamaban el "Consejo" era de debilidad creciente, y de esta situación Largo Caballero era perfectamente consciente.
El tiempo y la actitud colaboracionista de la CNT trabajaban a su favor. Era cuestión de tiempo para que los anarcosindicalistas accedieran a entrar sin condiciones, en un nuevo gabinete.

El 30 de Septiembre, el órgano de la CNT, "Solidaridad Obrera" anunciaba que el plazo de 10 días que había concedido al gobierno, para que aceptara su propuesta, se había agotado (699).
Dados los escasos apoyos con los que contó la idea, los líderes libertarios acabaron renunciando a su propuesta y empezaron a negociar las condiciones en las iba a llevarse a cabo su entrada.

El día 28 de Septiembre se reunía en Madrid un segundo Pleno de la CNT. La reunión elaboraría un manifiesto en el que se reprochaba a la mayoría de partidos y sindicatos, que no habían apoyado la propuesta del "Consejo", por su irresponsabilidad política.

"Si lo que la CNT no quiere hacer en sentido de reivindicación integral de sus postulados, lo hacen otros con criterio de fracción y no de síntesis nacional, la CNT, pública y solemnemente, declina toda responsabilidad en los fracasos que sobrevengan (y) fiel a su tradición y a sus postulados, a las necesidades actuales, continuará prestando sus fuerzas sin sin regateos, de todo corazón, porque la lucha contra el fascismo está por encima de todo" (700).

Como correctamente ha afirmado el mismo José Peirats, la declaración y la amenaza formal que contenía ésta, no podían ocultar que los dirigentes anarcosindicalistas se estaban retirando desordenadamente. Efectivamente, en el mismo documento, los representantes cenetistas indicaban que en Catalunya se había constituido el Consejo de la Generalitat, en el que se habían integrado todas las fuerzas que antes habían participado en el Comité Central de Milicias. Sin embargo, aunque se enmascarara detrás de la palabra "consejo", lo que no era otra cosa que la integración en el gobierno de Catalunya, "este juego de palabras no podía engañar a nadie" (701).

Los representantes de la CNT reclamaron seis ministerios, para equiparla al número con los que contaban los socialistas (esta composición hubiera recordado al "Consejo de Defensa Nacional" que ellos habían propuesto infructuosamente, poco antes). Las condiciones marcadas serían rechazadas, una a una, por Largo Caballero.

"Tenemos en cuenta los escrúpulos que pueden experimentar los actuales gobernantes ante la realidad internacional... por ello, la CNT realiza la máxima concesión, compatible con su espíritu antiautoritario: la de intervenir en el gobierno. No significa esto que renuncie a la consecución integral de sus ideas en el futuro: significa tan sólo que, ante la disyuntiva de perecer bajo la garra inmunda de la reacción, frustrando la más alta esperanza emancipadora abierta sobre el proletariado de todos los países, está dispuesta a colaborar con quien sea, dentro de órganos de dirección llamados Consejos o Gobiernos, con tal de vencer en la contienda y salvar el futuro de nuestro pueblo y del mundo" (702).

En Catalunya, Lluís Companys había tenido que maniobrar hábilmente y había tenido que aceptar las condiciones de los dirigentes cenetistas, todo con tal de que se integraran en el gobierno. La situación en la que se encontraba Largo Caballero era diferente, partía de una posición política mucho más fuerte que la de su homólogo catalán y aunque necesitaba integrar a la CNT en su gobierno, no estaba dispuesto a hacer ninguna concesión, ni siquiera la de cambiarle el nombre y denominarlo "Consejo Nacional".

Largo Caballero y con él, todas las organizaciones del Frente Popular, eran partidarios de que el anarcosindicalismo se integrara, de la misma manera que lo había hecho antes en Catalunya.

Algunos historiadores han comentado el temor que sentía el dirigente socialista, de que el abandono de Madrid pudiera ser aprovechado por la CNT y por la FAI para crear su propia administración, desligada de la autoridad del gobierno (703). Sin embargo, no parece lógico este temor, en tanto en cuanto los anarcosindicalistas habían dado sobradas pruebas de moderación.

Tan solo unas semanas antes, los dirigentes cenetistas habían demostrado su buena predisposición hacia la "colaboración democrática" en Catalunya, disolviendo su "administración desligada del gobierno" y habían aceptado integrarse en el gobierno Generalitat. ¿Porqué tenían que hacer lo contrario en Madrid, donde ni siquiera eran mayoritarios?.

Las razones que empujaron a Largo Caballero y a las organizaciones del Frente Popular a desear la participación de la CNT en el gobierno eran, sin duda alguna, otras muy distintas. Por un lado la integración ataría de pies y manos a los anarcosindicalistas, y evitaría cualquier posible tentación de ruptura de la "unidad antifascista" para empujar la revolución hacia adelante. Sin embargo, hay otra razón mucho más poderosa que hacía deseable la entrada de la CNT en el gobierno y para comprenderla tenemos que analizar cual era la verdadera naturaleza del gobierno de Largo Caballero.

Las jornadas de Julio habían sido la causa del hundimiento de las instituciones republicanas y el inicio de una revolución social. Durante las semanas siguientes, el escuálido gobierno de Giral pudo seguir manteniendo la ficción de su autoridad gracias a los pactos del Frente Popular, escrupulosamente mantenidos por los dirigentes de las organizaciones obreras que formaban parte de él. Sin embargo, un gobierno monocolor republicano, o incluso otro donde éstos siguieran contando con la mayoría era incapaz para remontar la nueva situación revolucionaria. Los republicanos estaban demasiado desacreditados ante los trabajadores. La restauración republicana solo podía llevarse a cabo a través de las organizaciones obreras más izquierdistas que formaban parte del Frente Popular y que habían capitalizado el prestigio del movimiento revolucionario: la Izquierda Socialista.

El 4 de Septiembre, dimitía en pleno el gabinete de Giral para dar paso a la formación de uno nuevo, esta vez bajo la dirección del líder socialista más popular entre los sectores revolucionarios.

En los planes del viejo dirigente de la Izquierda Socialista, una vez en el gobierno, no figuraba la instauración de un Estado obrero, superador de la vieja República. Los líderes de la Izquierda Socialista consideraban que, ante todo, debían conseguir la ayuda de los gobiernos capitalistas democráticos de Gran Bretaña y de Francia. Y para conseguirlo estaban dispuestos a pagar el precio: hacer retroceder la revolución que estaban protagonizando sus propias bases.

El proyecto político del largocaballerismo se limitaría a mantener el delicado equilibrio que existía en el seno del Frente Popular, y que les permitía seguir controlando la actividad gubernamental. El viejo y confuso radicalismo de los años anteriores había desaparecido para dar paso a una defensa por la izquierda de la restauración republicana.

"Nuestra victoria no será la implantación fulminante del bolchevismo o el anarquismo, como siguen temiendo esos países, sino un régimen que nadie sabe aún qué será, pero que sea lo que fuere, siempre les convendrá más a Inglaterra o Francia" (704).

La evolución hacia la derecha de Largo Caballero es difícilmente compatible con la opinión del historiador libertario Abel Paz, cuando opina que Largo Caballero se sintió momentáneamente atraído por las propuestas cenetistas, y que finalmente éstas habrían sido rechazadas por las presiones del embajador Rosemberg (705). Sin negar dichas presiones la evolución moderada de Largo Caballero tenía orígenes anteriores, que coincidía y contrastaba al mismo tiempo, con la radicalización que estaban experimentando las bases socialistas.

La aceptación del "Consejo Nacional de Defensa", propuesto por la CNT, hubiera significado quemar las naves, dejarlo todo en manos de las organizaciones más izquierdistas del movimiento obrero, lo que habría ido en detrimento del Frente Popular y de la ansiada alianza con Francia y Gran Bretaña. Esto no entraba en los planes de Largo Caballero.

Sin embargo, dichos planes seguían estando en el aire mientras el sector más radicalizado y hostil del movimiento obrero, siguiera estando al margen del Frente Popular y de la autoridad del gobierno. Desde los primeros momentos del nuevo gabinete, Largo Caballero había invitado a los dirigentes anarcosindicalistas a sumarse al mismo (706). La presencia de la CNT y la FAI "rejuvenecería" al segundo gobierno de Largo Caballero y extendería su autoridad al sector del movimiento obrero que todavía se negaba a reconocerla. La colaboración gubernamental de la CNT descabezaría definitivamente los restos de la revolución de los comités (707).

Sin embargo, la situación no estaba todavía suficientemente madura. Largo Caballero tuvo que esperar aún cerca de un mes para observar los primeros síntomas de que la intransigencia anarcosindicalista se estaba agotando definitivamente. Y los primeros indicios serios iban a llegar desde la zona que constituía el centro de la fuerza del anarcosindicalismo, es decir, desde Catalunya: el día 26 de Septiembre, la CNT aceptaba integrarse en el gobierno de la Generalitat. A partir de ese momento, Largo Caballero comprendió que sólo era cuestión de tiempo para que los dirigentes libertarios aceptaran sus propuestas.

"¿Se daba cuenta la CNT de la significación del gobierno presidido por Largo Caballero?... El Consejo Nacional de Defensa, aún no siendo en el fondo más que un gobierno con otro nombre y quizás precisamente por serlo, cayó en el vacío. La CNT deseaba participar en el gobierno, pero amortiguando el efecto de su fulminante rectificación de principios. Esta realidad era imposible que escapara a los políticos y a los partidos. El balón de ensayo no podía engañar a Largo Caballero. Para éste, el carácter de la proposición delataba en la CNT una vacilación patente, preludio de una capitulación a más o menos corto plazo" (708).

Efectivamente, ante la negativa de Largo Caballero a aceptar la propuesta del Consejo Nacional de Defensa, y dentro del curso de creciente colaboracionismo que habían adoptado los dirigentes libertarios, a éstos solo les quedaba negociar las condiciones en las que se iba a producir su claudicación.

El 4 de Noviembre se daba a conocer la entrada de cuatro representantes anarcosindicalistas en el nuevo gabinete de Largo Caballero (La CNT había reclamado seis). Sin embargo existía otro indicio de que los libertarios habían tenido que capitular sin condiciones, frente a la firmeza de sus adversarios del Frente Popular: las carteras que pasaron a ocupar los nuevos ministros tenían una importancia política secundaria (Justicia, Sanidad, Industria y Comercio). Los puestos más importantes quedaban en manos de los socialistas, que todavía seguían controlando el gabinete. El mensaje quedaba claro, la CNT se integraba sin en el nuevo gobierno de la República sin condiciones. La revolución quedaba subordinada a un proyecto político, que trabajaba por su destrucción.

"Los conquistadores del Estado serían conquistados por el estado. Los ministros anarcosindicalistas no tardaron mucho tiempo en hacer suya la dialéctica oficial: <<O sobra el gobierno o sobran los comités>>, declaró el ministro cenetista Juan Peiró en uno de sus primeros actos públicos. Con el visto bueno de los ministros anarquistas se promulgaron decretos que disolvían los comités revolucionarios y los sustituían por consejos municipales y provinciales. Con su beneplácito se reinstalaron los gobernadores civiles. Con su consentimiento se inició el desarme del pueblo y la represión a los elementos revolucionarios" (709).

La prensa del Frente Popular anunció la buena nueva que debería tener como consecuencia, la aceleración de la victoria sobre el ejército franquista. El gobierno de la República, por primera vez, desde el principio de la contienda, contaba con la presencia de las principales organizaciones del movimiento obrero y de los republicanos (salvo el POUM, que había sido vetado por los comunistas oficiales, y que sólo tenía una fuerza significativa en Catalunya). La dualidad de poderes empezaba a dar paso a una República restaurada. El poder revolucionario de los comités y de las milicias, recibía, en apenas un mes, dos golpes mortales, y quedaba descabezado en lo que respecta a los partidos y sindicatos obreros. A partir de este momento, y no sin resistencia, iniciarían su declive hasta su desaparición.

La noticia de la entrada en el gobierno republicano provocaría un estupor todavía mayor entre las bases cenetistas, del que había producido su entrada en el Consell de la Generalitat en Catalunya.

"La decisión de la CNT y la FAI de entrar en el Gabinete produjo una profunda conmoción en el movimiento libertario. No sólo representaba la negación absoluta de los principios básicos del anarquismo, conmoviendo hasta lo más íntimo toda la estructura de la teoría libertaria, sino que violando el principio democrático, había sido tomada sin consultar a la masa" (710).

Evidentemente, la militancia anarcosindicalista no podía participar del entusiasmo y del triunfalismo con el que la prensa y los dirigentes anunciaban la entrada en el gobierno republicano. La oposición denunció con gran descontento y con algunas agrias críticas a las actitudes conciliadoras de la dirección. La oposición al colaboracionismo de los dirigentes iría cristalizando, a medida que las propias bases, fueran comprobando las consecuencias negativas de la entrada de la CNT y la FAI en la Generalitat de Catalunya y en el gobierno central de la República.

5.2 EL PROCESO DE DECADENCIA DE LA REVOLUCIÓN.

La integración de la CNT-FAI y del POUM en el nuevo gobierno (o Consejo) de la Generalitat iba a tener unas consecuencias muy distintas a las que éstos esperaban.

La disolución del Comité Central de Milicias traía consigo un cambio fundamental. La revolución entraba en una fase defensiva y de decadencia. El nuevo gobierno de unificación, esta vez con la colaboración (aunque fuera a regañadientes) de los líderes anarcosindicalistas y del POUM, iniciaba una política que iba dirigida a terminar cuanto antes, con los organismos del revolucionario. La autoridad de las instituciones republicanas empezaba a consolidarse. Sin embargo y a pesar de contar con la colaboración de la CNT y del POUM, el proceso de liquidación de los organismos revolucionarios no sería fácil e iba a encontrarse con fuertes resistencias.

5.2.1 CONTRA LOS COMITÉS REVOLUCIONARIOS EN CATALUNYA.

Apenas constituido el nuevo Consell de la Generalitat, el nuevo gabinete procedió a restablecer su autoridad política, como el único poder legítimo en toda Catalunya. Pero una cosa era la teoría legalista de los decretos y otra la realidad que existía. El objetivo, sin la colaboración de la CNT-FAI y el POUM habría resultado totalmente utópico. Sin embargo, aunque se contara con ellos, la desarticulación de los comités locales no prometía ser una tarea fácil. Si la supremacía del Comité Central de Milicias había sido discutida y desobedecida a menudo por esta multitud de comités, la del Consell de la Generalitat iba a tener serios problemas para hacer valer su autoridad.

La colaboración de la CNT y del POUM permitiría al gobierno autónomo catalán iniciar su campaña de acabar con los comités. Apenas dos días después de constituirse el nuevo gabinete, el 28 de Septiembre, su presidente Josep Tarradellas, anunciaba en la prensa, la realización de un viaje por Catalunya para el día 30, que tendría la finalidad de asentar la autoridad política del nuevo gobierno de concentración. En su misión, sería acompañado por destacados dirigentes de las tres principales organizaciones obreras catalanas, Andreu Nin (POUM), J. Doménech (CNT) y Juan Comorera (PSUC) (finalmente, éste último no viajaría). La misión se desplazaría en primer lugar a Lérida, que estaba controlada por el Comité Popular y donde el POUM era la organización mayoritaria. Posteriormente, se desplazaría a Tarragona, donde existía una fuerte resistencia de las bases sindicales a someterse a la nueva autoridad del gobierno.

Indudablemente el prestigio político de los dirigentes revolucionarios y especialmente la de Nin, convertido ahora en el nuevo Conseller de Justicia, contribuyeron decisivamente al éxito de la misión.

El 9 de Octubre, el gobierno de la Generalitat decretaba la disolución de todos los comités locales en Catalunya. En otro decreto, publicado el mismo día, se ordenaba que los organismos revolucionarios fueran sustituidos por nuevos consejos municipales, que mantendrían la misma proporcionalidad de fuerzas que existía en el seno del nuevo Consell. Los miembros de los nuevos ayuntamientos no serían elegidos, sino delegados por los partidos y sindicatos de cada localidad. Las modificaciones en la representatividad, en el seno de los nuevos consejos municipales favorecieron principalmente al PSUC, que, de esta forma, se veía sobrerrepresentado en numerosas poblaciones, donde antes no lo estaba, o bien donde su implantación era débil. Los principales perdedores eran el POUM, la CNT y la FAI, que eran las organizaciones cuyos militantes habían participado más activamente en los comités revolucionarios locales. Sin embargo, las condiciones de proporcionalidad no siempre fueron mantenidas en las distintas poblaciones. Los decretos amenazaban con declarar facciosos a todos aquellos que ofrecieran resistencia a su cumplimiento. Por primera vez, el gobierno de la Generalitat se sentía lo suficientemente fuerte para amenazar a los revolucionarios que se atreviesen a desafiar su autoridad.
En apariencia, las consecuencias políticas de la sustitución de los comités locales por nuevos consejos municipales eran mínimas. Esta era por lo menos, la visión que parecían tener muchos de los militantes que habían apoyado y formado parte de los comités-gobiernos revolucionarios. Al fin y al cabo, sus organizaciones iban a seguir formando parte de los nuevos consejos municipales. La sobrerrepresentación de algunos partidos del Front d'Esquerres quedaba ampliamente compensada por la mayor influencia entre la población del anarcosindicalismo y en menor medida del POUM. Sin embargo, la realidad era otra. Los nuevos organismos municipales, de naturaleza burocrática (su composición no respondía a la influencia de los partidos y sindicatos entre la población de la localidad) muchos más alejados de la influencia de la población trabajadora, estaban mucho más sujetos a las disposiciones del gobierno.

El día 22 del mismo mes, empezaba a funcionar el Consejo Municipal de Barcelona, presidido por Pi i Sunyer. El nuevo ayuntamiento barcelonés contaría con 33 concejales (9 de la CNT (Servicios Públicos, Policía Urbana y Obras Públicas), 9 de ERC (Presidencia, Finanzas y Gobernación), 6 del PSUC-UGT (Cultura y Asuntos Sociales), 3 del POUM (Sanidad), 3 de la Unió de Rabassaires (Abastos) y 3 de Acció Catalana (Estadística)) (711). El ejemplo de Barcelona era toda una invitación al resto de las poblaciones de Catalunya para que procedieran de forma similar.

La restauración de los Ayuntamientos significaría el principio del fin de la dualidad de poderes a escala local. La situación política en la zona republicana se decantaba cada vez más hacia los partidarios de la restauración. Sin embargo, la liquidación de los comités locales, de forma similar a la que ocurría con el resto de los organismos que habían surgido al calor de la revolución, encontró fuertes resistencias. A pesar de la colaboración prestada por los dirigentes anarcosindicalistas y poumistas, los militantes de base que formaban parte de los comités, se mostraron reacios a aceptar las nuevas directrices de la Generalitat, aunque contaran con la aprobación de sus dirigentes. El proceso de liquidación de los comités-gobierno se extendería durante varios meses, en los cuales los nuevos ayuntamientos tenían que convivir con ellos.

Sin embargo, los días de existencia de estos últimos estaban contados, en tanto en cuanto las organizaciones que en un principio los habían alentado, ahora los exhortaban a disolverse.
El Comité Regional de la CNT declaró que todos los comités y sindicatos deberían contribuir a que se formasen rápidamente los nuevos ayuntamientos.

"...Del viejo ayuntamiento no queda absolutamente nada... no debe quedar nada más que el nombre; y si el nombre pudiera también representar alguna dificultad, por nuestra parte, también puede suprimirse, sustituyéndolo por el de Consejos municipales, que es la denominación que deben tener; aunque más que Consejos municipales, lo que mejor le cuadraría a estos organismos es el de Cantones municipales..." (712).

De hecho, los comités revolucionarios locales nunca habían sido seriamente analizados por el anarcosindicalismo, que no sabía como integrarlos en su concepción de la revolución. La tradición libertaria se basaba en los municipios libres, en las comunas y no en organismos de tipo soviético o presoviético. Si habían aceptado formar parte de un Comité Central de Milicias, si también habían acabado por integrarse en el gobierno de la Generalitat, confiados en que su fuerza podría acabar con cualquier peligro contrarrevolucionario, ¿porqué no iban a formar parte de los nuevos Consejos, si ya estaban en el gobierno que los controlaba?

Sin embargo la colaboración de los dirigentes libertarios en la disolución no podía hacer otra cosa que ahondar en el creciente descontento de los militantes de los sindicatos, que había dado vida y que habían formado parte de los comités.
La integración del poumismo en el nuevo gobierno de Catalunya fue, sin duda alguna, también un logro importante para los planes de liquidación de los comités revolucionarios locales. El POUM dirigía el Comité Popular de Lérida y mantenía una fuerte implantación en Tarragona y en otras áreas de Catalunya. Una de las primeras consecuencias políticas de la integración en el gobierno de la Generalitat, fue su complicidad en las tareas de disolución de los comités locales que hasta aquel momento había defendido.

La participación del POUM en un gobierno, que se revelaba como el enemigo mortal de los comités revolucionarios, colocaba al partido en una peligrosa contradicción política. Los llamamientos a la formación de una Asamblea Constituyente sobre la base de los comités, idea que defendía el poumismo, quedaron seriamente en entredicho. La tarea quedaba de esta manera, en manos de un gobierno que se proclamaba cada vez más abiertamente, partidario de los nuevos ayuntamientos y de la restauración republicana.

"¿Cómo podía lanzar las consignas de <<todo el poder a los comités>> si él formaba parte del poder capitalista que los comités hubieran debido aniquilar para salvar la revolución?" (713).

El poumismo había aceptado integrarse en un gobierno de la Generalitat en la que las organizaciones revolucionarias eran mayoritarias y llevaban la iniciativa política. Sin embargo el ascenso del PSUC y la confusión en la que se encontraban sumidos los anarcosindicalistas hizo que fuera el Front d'Esquerres y no la CNT y el POUM, quien llevaba la iniciativa política.

Sin desearlo, el poumismo se encontraba formando parte de un gobierno que pretendía destruir el nuevo orden revolucionario que él defendía. Incapaz de distanciarse de los dirigentes libertarios, el POUM se dispuso a mantenerse en el nuevo gobierno, esperando que un giro en la orientación política de la CNT salvaría el curso descendente que había tomado la revolución (714).

Indudablemente, la actitud contradictoria de la dirección del POUM originó numerosas protestas en las bases del partido. En la reunión del Comité Central del POUM, realizada el mes de Diciembre, los delegados de Reus y de Lérida (los mismos lugares donde Nin había acompañado a Tarradellas) presentaron una protesta por el curso político que había adoptado el partido (715). Numerosos militantes de base no comprendían como podía compatibilizarse la permanencia y la colaboración con un gobierno que pretendía la disolución de los comités, con la consigna de un gobierno obrero, basado en ellos. Los sectores de la oposición de izquierdas (el grupo de Rebull, las Juventudes Comunistas Ibéricas...) pidieron que el partido apostara decididamente por la creación de organismos de tipo soviético, para poder contrarrestar la evolución contrarrevolucionaria que estaba tomando la situación (716).

Poco después, en el mes de noviembre, una vez cumplido el objetivo de liquidar a los comités, tarea en la que la colaboración del POUM había sido imprescindible, su secretario Andreu Nin sería expulsado del gobierno de la Generalitat, a partir de una crisis de gobierno, provocada por el PSUC.

En los meses posteriores, el POUM seguiría manteniendo una política contradictoria y vacilante, en la que combinaría la exigencia de que el partido fuera de nuevo readmitido en el gobierno de la Generalitat, con las consignas de "gobierno obrero" y "Asamblea Constituyente basada en los comités". Como si nada hubiera pasado, el POUM seguía defendiendo las viejas consignas.

"(Ante la expulsión del gobierno de la Generalitat) El POUM protesta vehemente, pero no señala otra perspectiva que su vuelta al gobierno de coalición, su propia reintegración al Consejo. Negándose a reconocer que el proceso contrarrevolucionario dirigido por el gobierno, que ahora se lleva a cabo abiertamente, empezó en septiembre con la disolución de los comités y que fue facilitado por su propia política de colaboración, el POUM, cuyo progreso numérico se ha estancado y ante el que se acumulan grandes dificultades materiales, no puede esperar, en esta línea, más que un cambio de la política de colaboración de los anarquistas... Toda su política reposa sobre la necesidad de convencer a los dirigentes de la CNT, hasta ahora manipulados por los estalinistas y sus aliados, de que deben proteger al POUM, a fin de preservarse ellos mismos..." (717).

Durante su breve participación en el gobierno catalán, el POUM había defendido la formación de una Asamblea Constituyente basada en los comités. Los mismos que la Generalitat había conseguido disolver (o ilegalizar), mediante su colaboración. Ahora, expulsado del gobierno, el POUM seguía defendiendo la misma política. Sus exigencias de readmisión sugieren que tendría que ser este gobierno, convertido en "no burgués" gracias a la mayoría CNT-FAI-POUM, el encargado de convocar el proceso constituyente. Este gobierno de concentración, representaría una etapa intermedia entre la vieja Generalitat republicana y el futuro gobierno revolucionario.
Sin embargo, los comités locales estaban en un avanzado grado de disolución y no estaba en el ánimo de nadie reconstruirlos, ni siquiera en el del POUM, que en el mismo documento, declaraba la legitimidad de los ayuntamientos o consejos municipales, como la auténtica representación popular de la revolución española.

"Con la revolución ha llegado la hora para que el municipio ibérico tome el carácter de organismo político-administrativo de los intereses de la colectividad".
...
"La fuerza creadora del proletariado ha hundido al municipio caciquil y <<cobrador>> de impuestos, para dar paso al nuevo municipio, célula de la nueva sociedad socialista".
...
"El municipio ha de ser la representación genuina de la democracia obrera" (718).

El POUM intentaba adaptarse a las circunstancias que estaban cambiando rápidamente, y que socavaban los restos de la revolución. Sin embargo, ni el gobierno de la Generalitat tenía esa pretendida naturaleza intermedia y contradictoria, ni los nuevos ayuntamientos eran "la representación genuina de la democracia obrera". El POUM se engañaba e iba a seguir haciéndolo hasta el mismo momento de su ilegalización.

En el bando contrario, Companys veía en la integración de los anarcosindicalistas y poumistas la gran oportunidad para iniciar seriamente sus planes de recuperación del poder. Sin embargo, el gran beneficiado del retroceso revolucionario no era ERC, sino los comunistas del PSUC, que se erigían cada vez más en los firmes adversarios del anarcosindicalismo.

Desde los primeros momentos, el PSUC se había manifestado partidario de la liquidación del doble poder, en favor de un nuevo gobierno de la Generalitat. Una vez conseguida la disolución del Comité Central de Milicias y la integración de sus miembros en un nuevo gobierno de unidad, era necesario dar los primeros pasos para la recuperación de los viejos ayuntamientos (llamados Consejos Municipales), que sustituirían a los incontrolables comités revolucionarios.

La autoridad de la Generalitat tenía que consolidarse como la única e indiscutible en toda Catalunya, y para ello era necesario recuperar las viejas estructuras de la administración republicana. Dicho en palabras de su secretario, Juan Comorera:

"La autoridad legítima, afirmo, debe poder imponerse a la dictadura irresponsable de los comités" (719).

A pesar de que el decreto de Octubre sobre los nuevos ayuntamientos había beneficiado principalmente al PSUC, éste sería el blanco de sus críticas. Los comunistas catalanes se lamentaban de que su peso en los nuevos ayuntamientos no correspondiera al que ellos consideraban adecuado.

Liquidado el Comité Central de Milicias y los comités revolucionarios locales, el Partido Socialista unificado tenía las puertas abiertas para poder convertirse en la primera fuerza política catalana. La CNT-FAI y el POUM, en plena decadencia y cada vez más adaptados a la "colaboración democrática" con la Generalitat y el Front d'Esquerres, demostraban, una y otra vez, su incapacidad para frenar los planes de restauración.

5.2.2 LA DECADENCIA DE LOS COMITÉS FUERA DE CATALUNYA.

La llegada al gobierno, de Largo Caballero, fue recibida con satisfacción por parte de la mayoría de los trabajadores, incluidos los de militancia anarcosindicalista. Las bases ugetistas consideraron que la llegada al gobierno de su máximo dirigente, era un paso fundamental en el camino hacia la victoria revolucionaria. El gobierno de coalición con los republicanos no sería más que una etapa necesaria, que estaba marcada por las circunstancias del momento, pero que también era el preludio del futuro gobierno revolucionario.

Los libertarios consideraban que, con Largo Caballero en el gobierno, se confirmaba su concepción sindical de la revolución española. En estas condiciones, la Alianza UGT-CNT parecía más cercana que nunca. La participación de los líderes cenetistas en el nuevo gobierno no haría otra cosa que consolidar el peso de los sindicatos en la dirección de la guerra y de la revolución.

Sin embargo, los partidarios del Frente Popular tenían una idea muy distinta de lo que realmente significaba el segundo gobierno de Largo Caballero. Por primera vez desde los comienzos de la guerra, la República dejaba de ser una mera administración fantasma, y conseguía "popularizarse" entre los sectores revolucionarios de la población. El fortalecimiento del gobierno tenía que ser aprovechado para completar la reconstrucción del aparato estatal republicano.

"Para Azaña y Prieto, como para Stalin y sus representantes en España, la jefatura gubernamental de Caballero podía ser la garantía de que la revolución colaborara en su propia rectificación, en la restauración del estado republicano democrático-burgués" (720).

Sin embargo, el primer grave obstáculo político al que tuvo que enfrentarse Largo Caballero en el gobierno, era que su propia autoridad estaba fuertemente limitada y discutida por los innumerables comités que dirigían y administraban los pueblos y ciudades de la zona republicana. Tal como reflejarían las páginas de "Claridad".

"Hoy no son, no pueden ser esos órganos más que estorbos de una labor que corresponde única y exclusivamente al gobierno del Frente Popular, donde participan con plena responsabilidad representantes de todas las organizaciones políticas y sindicales del país" (721).

Una postura similar, aunque mucho más elaborada, fue la del Partido Comunista. El PCE representado en el gabinete de Largo Caballero, reclamó con creciente intensidad que los comités revolucionarios locales fueran disueltos inmediatamente, y de que se entregara "todo el poder y la autoridad al gobierno del Frente Popular". Irónicamente, los comunistas oficiales defendían una de las consignas centrales que habían defendido Lenin y los bolcheviques rusos, la de "todo el poder a los soviets", exactamente al revés. El PCE estaba dispuesto, por razones de política internacional y de la diplomacia estalinista, a evitar que la revolución española fuera más allá del corsé "democrático-burgués" que él reclamaba (722).

"Es indiscutible si, en los primeros momentos de la guerra civil, fueron precisos los numerosos organismos que se crearon en los pueblos y en las ciudades de la España leal. Lo que no puede ponerse en duda es que en la hora actual... entorpecen grandemente la obra gubernamental" (723).

Giral, por su naturaleza política había demostrado su incapacidad para enfrentarse con éxito a una revolución que había hundido a la República. Era también más que dudoso que Indalecio Prieto, o cualquier otro dirigente del ala moderada del Partido Socialista, hubiese podido contener y corregir la avalancha revolucionaria que se había desencadenado. Era evidente que, sólo Largo Caballero podía llevar a cabo la tarea de acabar con la duplicidad de poderes, acabar con los comités-gobierno y reconstruir la vieja administración republicana, sin provocar un estallido revolucionario que pudiera poner en peligro los planes.

Aprovechando la integración de la central sindical anarcosindicalista en el nuevo, Largo Caballero consideró que contaba con la autoridad y las fuerzas necesarias para proceder a liquidar el poder de los comités y reponer las viejas administraciones locales. A finales de 1936, el gobierno republicano decretaba (de la misma forma que antes había hecho Companys en Catalunya), la disolución de los comités revolucionarios y el restablecimiento de los Ayuntamientos. En las nuevas administraciones, deberían estar representadas todas las organizaciones que formaban parte del gobierno central.

Los dirigentes anarcosindicalistas habían entrado en el gobierno de Largo Caballero, convencidos de que su presencia en él serviría para "legalizar" las conquistas de la revolución. La realidad obligaría a los líderes libertarios a dar su conformidad a los decretos del gobierno, en aras a mantener la recién estrenada unidad antifascista. De esta manera la CNT se vería obligada a avalar la disolución de los comités y la restauración de las antiguas instituciones republicanas. La flagrante contradicción política en la que se encontró la dirección cenetista, llevaría a sus representantes a hacer verdaderas piruetas, para justificar su adaptación. Juan Peiró, convertido en ministro de Industria, criticó la actividad de los comités revolucionarios que interferían las disposiciones dictadas por el gobierno.

"El gobierno da una orden -declaraba en un mitin de la CNT, unas semanas antes de la promulgación de los decretos- y luego se interfieren unas consignas de los comités locales. Para ordenar todo, todo se desorganiza (rumores), o sobra el gobierno o sobran los comités (voces: ¡sí!) ¿Qué quieren decir esas voces?, ¿qué sobran los comités? (voces nuevas: ¡sí! ¡no!)... los comités no sobran... lo que hace falta es que sean elementos auxiliares del gobierno..." (724).

El ministro anarcosindicalista optaba por una solución falsamente salomónica. La dirección de la CNT no podía pedir firmemente la disolución de los comités, sin sufrir un grave deterioro de su prestigio entre sus propias bases, y especialmente entre los sectores más militantes del sindicato, sin una escisión. La opción contraria, la de oponerse a la disolución, hubiera conllevado la inmediata ruptura con el nuevo gobierno de Largo Caballero del que formaba parte. Juan Peiró, como representante de los organismos dirigentes de la CNT escogía una falsa vía intermedia: la de pedir la supervivencia de los comités, pero siempre y cuando éstos se subordinaran a la política del nuevo gobierno, es decir, a la reconstrucción del viejo estado burgués. En realidad la opción resultaba inviable.

No era difícil adivinar la oposición de los militantes de base, que estaban organizados en los comités. La sugerencia de Peiró significaba en la práctica, la liquidación política de los comités, como organismos de la revolución. Era otra forma de disolverlos.

Largo Caballero y las organizaciones del Frente Popular no estaban dispuestas a tolerar que se mantuviera en pie ninguna estructura revolucionaria, ni siquiera vaciada de su contenido. El mejor seguro para que la revolución no pudiera recuperar el terreno perdido era liquidando a los organismos que habían surgido de ella. Con esta perspectiva, los comités, sin ninguna organización dispuesta a apoyarlos, entrarían en un rápido proceso de decadencia.

A pesar de los decretos de disolución, los comités-gobierno consiguieron sobrevivir durante varios meses. Los sectores revolucionarios, libertarios y socialistas de izquierda en su mayoría, siguieron apoyando y agrupándose en torno a ellos. De esta manera, los nuevos Ayuntamientos y los comités coexistieron durante todo un período. Con frecuencia, las organizaciones obreras se encontrarían representadas en los dos organismos.

El peso social de los comités-gobierno locales hizo que, en muchas poblaciones y durante las primeras semanas, las administraciones municipales se limitaran a ejercer un papel formal. Sin embargo, algo había cambiado, la dualidad de poderes se orientaba ahora hacia la ofensiva republicana frente a la decadencia de la revolución. La participación mayoritaria de las organizaciones obreras en el nuevo gobierno y su apoyo a la restauración de los nuevos Ayuntamientos no podía hacer otra cosa que fortalecer las nuevas estructuras republicanas, en detrimento de las revolucionarias.
A principios de 1937, los comités locales tuvieron que ceder a los nuevos ayuntamientos, gran parte de sus atribuciones. Desposeídos progresivamente de su poder político, los comités irían quedando como organismos de índole económica, como administradores y coordinadores de las colectividades locales.

Para evitar los choques entre los Ayuntamientos y los comités revolucionarios, Largo Caballero buscó anular e integrar a estos últimos. Frecuentemente los dirigentes de los comités fueron nombrados alcaldes de los nuevos gobiernos municipales. Poco a poco, sin dirección política y presionados por las direcciones de las mismas organizaciones de las que formaban parte sus integrantes, los comités revolucionarios fueron disolviéndose o asimilándose a las nuevas estructuras republicanas.

Mucho más tarde, ya en pleno fragor de la contrarrevolución republicana, el 8 de Octubre de 1937, el gobierno de Negrín decretaría la intervención de comisarios del gobierno en las localidades donde todavía no habían llegado a constituirse los Ayuntamientos. El hecho de que en una fecha tardía pudiera publicarse tal decreto refleja la resistencia de algunos sectores de la población a aceptar la restauración de las administraciones municipales republicanas (725).

A pesar de su declive, los comités consiguieron sobrevivir en algunas zonas durante algún tiempo (Asturias...), hasta la llegada de las tropas franquistas.

5.2.3 EL DESARME DE LA REVOLUCIÓN. EL DECLIVE DE LOS CUERPOS ARMADOS DE LA REVOLUCIÓN EN CATALUNYA.

Los intentos de reconstrucción del ejército y la policía republicanas se remontan, prácticamente, a los primeros momentos de la revolución en Catalunya. La misma propuesta hecha por Companys a los anarquistas para organizar las "milicias ciudadanas" y un Comité Central que estuviera subordinado al gobierno de la Generalitat, que las organizara y dirigiera, eran parte de este proyecto. Tanto el gobierno autónomo catalán, como el de la República, sabían que era utópico pretender someter al movimiento revolucionario, sino contaban antes con unos cuerpos armados que fueran fieles a su autoridad.

El decreto firmado por Giral, por el que los soldados quedaban liberados de su obligación para seguir manteniendo su obediencia a los mandos sublevados tuvo un efecto de boomerang sobre las escasas fuerzas que todavía se mantenían fieles a la República.

En pocas horas, los cuerpos armados que seguían siendo leales en Catalunya quedaron reducidos a un puñado insignificante de militares profesionales, sin capacidad para controlar la situación. Las tropas desertaron en bloque, mientras que algunos acabaron por unirse a los revolucionarios, contagiados por el entusiasmo popular.

Algo similar ocurría entre los cuerpos policiales. A los pocos días, Companys se había quedado sin efectivos para poder hacer valer su autoridad. El contagio revolucionario también se había apoderado de la policía y de la guardia civil. Muchos de ellos habían acabado por desprenderse de sus uniformes y habían salido a la calle para unirse a los revolucionarios. Incluso en el seno de las escasas unidades policiales que se habían salvado de la desintegración, aparecieron los omnipresentes comités revolucionarios que se encargarían de la vigilancia de los elementos sospechosos de simpatizar con el enemigo.

Para cubrir el vacío que habían dejado los cuerpos armados de la República, los partidos y sindicatos organizaron un improvisado sistema de milicias y de patrullas de control (ver los capítulos sobre el Comité Central de Milicias que analizan el tema). Sin embargo, el predominio anarcosindicalista y también en menor medida la fuerza del POUM, impedían a Companys y sus aliados iniciar la reconversión de las milicias y de las patrullas de control, para transformarlas en el nuevo ejército republicano. La organización interna de las milicias, democrática y participativa; la elección de los mandos por la tropa, el hecho de que éstos carecieran de privilegios y de distintivos; la existencia de toda una vasta red de comités y de delegados elegidos en asambleas, eran poderosos obstáculos para la reconstrucción del ejército y de la policía republicana.

A estas graves dificultades, se sumaba el hecho de que los trabajadores y sus organizaciones tuvieran en su poder gran cantidad de armas con las que pretendían defender el nuevo orden social. El presidente Companys y los partidarios de la República, necesitaban desesperadamente contar con un cuerpo armado, sin el que su autoridad política carecía de valor. El problema era que los revolucionarios no estaban dispuestos a consentir que éste se formara. Inevitablemente, la reconstrucción del ejército y de la policía republicana sólo podía llevarse a cabo con el consentimiento de los dirigentes anarcosindicalistas.

La integración de la CNT, a finales del mes de Septiembre, en un nuevo gobierno de la Generalitat, iba a resolver el callejón sin salida en el que se encontraban los adversarios de la revolución de los comités. En los primeros momentos, los departamentos del Comité Central de Milicias, relacionados con las milicias y con la Seguridad Interior pasaron, apenas sin cambios, a formar parte del engranaje del nuevo gobierno de la Generalitat. Sin embargo, este era el primer paso. Pronto se darían otros.

5.2.4 CONTRA LAS PATRULLAS DE CONTROL EN CATALUNYA.

El 4 de Octubre, el departamento de Seguridad Interior del disuelto Comité Central de Milicias pasaba a integrarse en la Consellería del nuevo gobierno de la Generalitat. Aparentemente nada parecía haberse modificado. El que había sido responsable de la Seguridad Interior del Comité, el anarcosindicalista Aurelio Fernández, fue nombrado secretario de la nueva Junta de Seguridad. El representante libertario continuaba siendo, de esta manera, el auténtico responsable de los cuerpos policiales, mientras que la titularidad de la Consellería de Interior, estaría de forma simbólica en manos de Artemio Aiguader (ERC). Dionisio Eroles (CNT), también procedente del Comité Central de Milicias, continuaría como responsable de los Servicios de Orden Público. Las patrullas de control se mantuvieron como una fuerza paralela a los cuerpos policiales de la Generalitat. El hecho de que existieran dos organizaciones policiales paralelas, con las mismas tareas y dependiendo del mismo gobierno, pero de naturaleza distinta (una era hija de la revolución, la otra era heredera de las fuerzas policiales de la República) fue una fuente constante de tensiones y de enfrentamientos en los meses siguientes.

Los choques entre ambas organizaciones se incrementarían, a medida que las patrullas de control fueron perdiendo terreno, y los cuerpos policiales tradicionales conseguían fortalecerse. A pesar de que las patrullas, formadas mayoritariamente por militantes obreros, se resistían a convertirse en un mero aparato represivo de las nuevas autoridades, su razón de ser desaparecía a medida que la misma revolución de la que habían surgido retrocedía.

Los decretos del 11 de Octubre, por los que se disolvían los comités revolucionarios locales y se creaban los nuevos consejos municipales favorecería la disolución de los cuerpos armados revolucionarios de las distintas localidades, que pasarían a depender directamente de la Consellería de Gobernación.

El día 18 del mismo mes, dimitía el comandante Gómez García, que a mediados de Agosto había sido nombrado comisario general del Orden Público, después de la dimisión de Escofet y Guarner. Le sucedería en el cargo Andreu Rebertés de ERC. A finales del mes de Noviembre, el PSUC-UGT y las organizaciones del Front d'Esquerres lanzaron una intensa campaña para pedir que se reforzara la disciplina en la retaguardia. El mismo presidente del gobierno catalán, Josep Tarradellas, aprovechó la situación para exigir que los decretos promulgados por la Generalitat fueran obedecidos sin reticencias. Al fin y al cabo, las nuevas órdenes contaban ahora con el visto bueno de los representantes de la CNT-FAI y del POUM que estaban en el gobierno. Sin embargo, el decreto promulgado el día 27 del mismo mes, por el cual en el plazo de cuarenta y ocho horas debían ser entregadas todas las armas que se encontraban en la retaguardia, para ser enviadas al frente, fue de nuevo desobedecido.

Ambos bandos, los partidarios de una revolución que sentían que se les escapaba de las manos, y sus adversarios, los partidarios de la restauración republicana, sabían que la situación no iba a terminar así. Tarde o temprano se produciría el ajuste de cuentas entre ambas fracciones que iba a resolver el destino de la revolución. Los revolucionarios se negaban a entregar las armas de las que se habían apoderado, al ver que la presencia de la policía republicana de la Generalitat, era cada vez más evidente en las calles, en detrimento de las patrullas de control (726).
Mientras tanto, sus adversarios del Front d'Esquerres acumulaban armas a la espera del enfrentamiento. Durante aquellas fechas, la prensa anarconsindicalista denunció y probó documentalmente, que el PSUC había substraído secretamente 14 carros blindados, que estaban destinados al frente, para pasar a formar parte de su propio arsenal de retaguardia.

"...Lo que está fuera de toda clase de dudas es que los tanques robados no se substrajeron para realizar operaciones de guerra... si no se substrajeron esos tanques para llevarlos al frente, ¿para qué se realizó operación tan "brillante"? presumimos en esto un bosquejo de intento dictatorial contra el que todos saben que nos alzaríamos inmediatamente" (727).

El día 25 de Noviembre, dimitía el comisario del Orden Público, Andreu Rebertés y era sustituido por Martí Rouret, también de ERC.

En la crisis de Diciembre, en la que el POUM fue expulsado del gobierno, se produjo una lucha más o menos soterrada, por el control de la consellería del Interior. El enfrentamiento entre anarcosindicalistas y socialistas unificados se reflejó en las páginas de los periódicos, con sus confusas y contradictorias noticias, entre los días 18 y 25 de Diciembre. Finalmente la lucha se saldó a favor de los partidarios del Front d'Esquerres que incrementaron su control sobre el departamento, en detrimento de la CNT. Eusebio Rodríguez Salas (PSUC) sería nombrado Comisario General, Josep Soler (ERC) asumió el cargo de Inspector General, mientras que el cenetista Dionisio Eroles continuaba manteniendo el de Jefe de los Servicios de Orden Público.

A partir de la nueva situación, el Departamento lanzó una serie de decretos y de órdenes que recortaban, más y más, el poder de los sectores izquierdistas. El 29 de Diciembre, se publicó una orden por la cual, cualquier reunión o manifestación pública, tendría que contar con el permiso policial. El día 31 del mismo mes, se indicó que todas las denuncias tendrían que llevarse a cabo en las comisarías y no en ningún otro centro.

El día 26, la policía republicana intervino en la localidad de Hospitalet, en un enfrentamiento entre las dos centrales sindicales UGT y CNT, a favor de la primera. Cada vez era más evidente que las patrullas de control se encontraban en un claro proceso de decadencia, y de que sus razones de existencia, desaparecían rápidamente. El declive de la revolución era una evidencia que ya no se le podía escapar a nadie.

A finales del mes de Enero, el PSUC y la ERC se encargaron de dar un nuevo golpe a las patrullas de control. Sin mediar ningún aviso, retiraron sus efectivos de éstas, basándose en los hechos que habían acontecido en la localidad de la Fatarella (728).

Las organizaciones del Front d'Esquerres amenazaron con la expulsión, cualquier resistencia de sus militantes a abandonarlas.
El 1 de Marzo, se decretó, a instancias del PSUC, la unificación de las fuerzas policiales en una sola organización controlada por el gobierno de la Generalitat (729).

Todos los diferentes cuerpos de seguridad (guardia nacional republicana, seguridad y asalto, investigación y vigilancia, patrullas de control) serían disueltos y transformados en una sola fuerza policial. Los mandos serían elegidos entre la oficialidad de la vieja policía republicana. Todas las tareas y actividades relacionadas con el Orden Público quedarían centralizadas en la Consellería de Seguridad Interior. Se prohibiría a los miembros de la nueva policía, cualquier tipo de militancia política o sindical. También serían disueltos los comités de obreros y de soldados que actuaban en el interior de los distintos cuerpos, para controlar y vigilar las posibles actividades contrarrevolucionarias que pudieran desarrollarse en su interior. Las órdenes equivalían, en la práctica, a expulsar a los efectivos cenetistas y poumistas de las tareas de mantenimiento del orden público, que a partir de aquel momento quedarían exclusivamente en manos de los partidarios de la restauración republicana. Los decretos contaron inicialmente con la aceptación de los representantes libertarios en el gobierno. Sin embargo, el descontento y la fuerte tensión que se había desatado hizo que los dirigentes cenetistas declararan públicamente su oposición a que la orden fuera llevada a cabo (730).

"Una vez más (la CNT) se encontraba engañada en un gobierno que de sindical sólo tenía el nombre. Nunca tuvo el timón de la nave gubernamental y los cuatro consejeros tenían más la función de aportar las siglas CNT al Consell de la Generalitat, que influir en la línea del gobierno. Cuanto más implicados estaban en las resoluciones del Consell de la Generalitat, más duras eran las críticas que recibían de los sectores más radicales de la FAI y de la CNT misma" (731).

La central sindical anarcosindicalista defendió la idea de que la convivencia de ambos cuerpos policiales, seguía siendo posible. La situación no estaba todavía lo bastante madura, como para enfrentarse abiertamente a los anarquistas, por lo que el proyecto de reestructuración sería abandonado por el momento. La vuelta atrás fue duramente criticado por los comunistas del PSUC que se mostraban partidarios de precipitar el choque contra los anarcosindicalistas.

"Companys deseaba que desaparecieran (las patrullas de control), ... Pudo haber recurrido a la colaboración que les brindaban los consejeros del PSU-UGT y concertar con ellos las medidas adecuadas para resolver el conflicto. Se lo impidió el temor a una ruptura con las masas confederales" (732).

Sin duda, Lluís Companys había optado por la prudencia. La fuerza del anarcosindicalismo aún era grande, y el descontento de unas bases sindicales que contaban con un importante arsenal y que eran reacias a entregarlo a sus adversarios, presagiaba que la consolidación del orden republicano no iba a resultar fácil.
El PSUC organizó una fuerte campaña contra los "incontrolados", eufemismo que ocultaba tras de si a los sectores revolucionarios que se negaban a someterse a las autoridades, incluso aunque en ellas estuvieran representados sus propios sindicatos y partidos. Con el término "incontrolado" se pretendía relacionar a los sectores más radicalizados del anarcosindicalismo y del poumismo con la delincuencia del lumpenproletariado (733). Era un prerrequisito imprescindible para exigir una posterior represión policial sobre ellos.

Relacionados con esta campaña, también se harían numerosos llamamientos para que la retaguardia fuera desarmada y el control del orden público quedara exclusivamente en manos de la policía republicana (734).

"En efecto, ¿qué significaba <<desarme de la retaguardia>> y <<todas las armas al frente>>, ni más ni menos que esto: quitemos pistolas y fusiles al proletariado, dejemos indefensos a esos revolucionarios que se armaron el 19 de Julio, y en un periquete liquidaremos la revolución, contentaremos a las potencias imperialistas y al Kremlin, anularemos la guerra civil y nos pondremos en condiciones de ganar la <<guerra de independencia nacional>> obligando al bando franquista a pactar con nosotros. Desarmar la retaguardia no podía significar otra cosa que desarmar al proletariado. Era la consigna política en la que para nada intervenían los intereses de la guerra. Al contrario, el gobierno se atrevía a lanzar su consigna de desarme de la retaguardia, porque ya había substraído millares de armas al frente, armas entregadas a los guardias civiles y de asalto, con las que poner por obra su consigna" (735).

El 27 de Marzo se produciría una nueva crisis de gobierno que tuvo como uno de sus principales ejes, el control del orden público en Catalunya. Los consejeros confederales abandonaron el gobierno en protesta por la cada vez más clara evidencia de que se estaban reconstruyendo las viejas fuerzas policiales, como paso previo y necesario para liquidar definitivamente la revolución. La crisis de gobierno de la Generalitat dió lugar a un nuevo gobierno provisional, en el que seguía representada la CNT con dos delegados (junto a otros dos de ERC, uno de la UGT y otro de los Rabassaires). La crisis se saldó finalmente con el rechazo de las pretensiones de los dirigentes libertarios. El nuevo gobierno mantendría el mismo carácter continuísta del anterior. Era la señal de que la CNT había dejado de ser la organización hegemónica en Catalunya y de que la restauración republicana estaba avanzando a pasos agigantados.

El PSUC exigió que los decretos y las órdenes procedentes del gobierno de la Generalitat fueran cumplidas. La CNT puso como condición para la vuelta a la normalidad, que fueran derogados los decretos y que se terminara de una vez por todas con las manifestaciones públicas de los partidarios del Front d'Esquerres (736). Mientras tanto, el POUM, desde fuera, se sentía decepcionado por la tibia respuesta que estaban dando los libertarios, frente a los ataques cada vez más firmes de sus adversarios (737).
El 25 de Abril y en plena crisis de gobierno, caía asesinado en Molins del Llobregat, el dirigente ugetista de la Federación de Empleados Municipales, Juan Roldán Cortada. El asesinato ocurrió en turbias circunstancias, lo que no impediría que el jefe de policía, Juan Roldán Cortada, enviara a sus efectivos policiales y que se produjeran numerosas detenciones entre los anarcosindicalistas de la localidad. El entierro del dirigente sindical, llevado a cabo el día 27, se convertiría en una gigantesca demostración de fuerza del PSUC y de la UGT catalana que no pasaría inadvertida a sus oponentes de la CNT-FAI y del POUM, que calificaron el acto como una provocación.

Pocos días después, era asesinado era el alcalde anarquista de Puigcerdà, Antonio Martín, en un enfrentamiento con los guardias de asalto. Poco después, el ministro de Hacienda, Negrín, envió a sus cuerpos de carabineros para hacerse cargo del control de los puestos fronterizos. El choque definitivo entre las dos fuerzas sociales que actuaban en el campo antifascista, estaba a punto de desencadenarse.

5.2.5 EL FIN DE LOS CUERPOS POLICIALES REVOLUCIONARIOS. EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA RECUPERA SU AUTORIDAD.

De la misma forma que había pasado con la Generalitat, las jornadas de Julio desarbolaron al gobierno republicano central. Giral se había encontrado, repentinamente, sin ejército y sin un cuerpo policial, libres del contagio revolucionario, que pudiera enfrentarse al movimiento que se adueñaba de las calles. El control de Madrid, y de la mayor parte de las localidades que se encontraban en la zona republicana, había quedado en manos de los revolucionarios, que habían empezado a organizar sus propias milicias y sus patrullas, completamente independientes de la disciplina y de la autoridad del gobierno.

Durante las primeras semanas, los restos de los viejos cuerpos policiales tuvieron que convivir con los grupos de revolucionarios que controlaban las calles y que se encargaban de velar por el nuevo orden y de llevar a cabo la represión interna contra los simpatizantes de la sublevación. Con una firme intención de mantener la escasa autoridad que le quedaba, y como antecedente de sus planes políticos, el gobierno Giral rebautizó en un decreto promulgado el 31 de Agosto, a la odiada guardia civil, con el nombre de "Guardia Nacional Republicana".

El gobierno republicano contaba a su favor con el apoyo del Frente Popular que se mantenía políticamente intacto. Los dirigentes de las diferentes fracciones del Partido Socialista, de la Unión General de Trabajadores y del Partido Comunista colaboraron eficazmente para evitar que el gobierno fuera barrido por completo de la arena política. A diferencia de lo que había pasado en Catalunya, donde la renuncia al poder del anarcosindicalismo no se había traducido en el mantenimiento de la Generalitat, como principal centro del poder político, en Madrid, el gobierno republicano consiguió mantener su pequeña parcela de su autoridad.

La dualidad de poderes, durante las primeras semanas, se revelaría en los continuos llamamientos de los dirigentes obreros, para disciplinar y someter a sus propias bases a una política de moderación que, poco o nada tenía que ver con las expectativas y el entusiasmo que éstas sentían.

La falta de un organismo revolucionario que emprendiera la reorganización de la nueva situación y el hecho de que el gobierno no contase con la confianza de los trabajadores organizados, provocó la dispersión del poder. Las tareas de vigilancia y mantenimiento del nuevo orden, quedaron en manos de una multitud de grupos inconexos que estaban vinculados exclusivamente a sus partidos y sindicatos. Este panorama caótico iba a facilitar la tarea de reconstrucción del Estado republicano y de sus cuerpos policiales.

Mientras, en Catalunya, los libertarios habían rechazado la posibilidad de que la Generalitat contase con su propia policía, que podría disputarles en el futuro el control de la revolución, fuera de los territorios donde la CNT era mayoritaria, adoptaron una actitud de tolerancia hacia una política que era apoyada por el resto de los partidos y sindicatos (salvo el POUM que fuera de Catalunya era insignificante).

"Las diferencias eran, entre otros factores, las condiciones en las que se había producido la sublevación en uno y otro lugar y las consecuencias que se habían manifestado posteriormente... era una situación un poco al margen de las ideologías. La prueba estaba en el hecho de que los anarquistas aceptaban esta planificación del orden público que les presentaba el gobierno central y en cambio no acababan de aceptar una solución similar que intentaba encontrar el gobierno autónomo catalán" (738).

La actitud hostilidad y la desconfianza que los libertarios sentían hacia el gobierno autónomo catalán sería la causa de que los planes de restauración en Catalunya, avanzaran mucho más lentamente que en el resto de la zona antifascista, donde socialistas, comunistas y republicanos tenían un proyecto político común.

El 20 de Septiembre, el nuevo gobierno de Largo Caballero, decretó la creación de una nueva organización policial centralizada, que se encargaría de las tareas del orden público: "las milicias de vigilancia de la retaguardia". En la reestructuración se unificaron las fuerzas de seguridad de los distintos partidos y sindicatos en un solo cuerpo armado que, junto a lo que quedaba de las antiguas fuerzas policiales de la República, pasarían a depender del Ministerio de Gobernación. Los integrantes de las disueltas patrullas obreras tendrían un plazo de quince días para solicitar el ingreso en el nuevo cuerpo armado. Los miembros de la policía en el futuro, no podrían estar afiliados a ningún partido o sindicato, ni formar consejos revolucionarios. La prohibición del derecho de militancia política pesaría gravemente sobre los revolucionarios, pero no impidió que otros grupos, como es el caso del PCE, pudieran llevar a cabo una eficaz táctica de infiltración (739).
Con unas nuevas fuerzas policiales apolíticas y desligadas de los partidos y sindicatos obreros, el gobierno conseguía un valioso instrumento represivo para hacer valer de nuevo, su autoridad. Sin embargo, el gran paso hacia la restauración de una sola organización policial, que estuviera a las órdenes de las instituciones republicanas, no pudo completarse hasta la entrada de la CNT en el nuevo gobierno de Largo Caballero.

Unas semanas después, el 28 de Diciembre, se formó por decreto el Consejo Nacional de Seguridad que reuniría a todas las distintas fuerzas políticas y sindicales que estaban representadas en el nuevo gobierno republicano. El nuevo organismo estaría formado por el ministro de gobernación, por dos consejeros de la UGT, otros dos de la CNT, uno por cada partido político y por los representantes de las diferentes unidades. En cada provincia, se crearía un Consejo de estructura similar, que estaría presidido por el gobernador.

La integración de la CNT abría las puertas a la restauración de los viejos cuerpos policiales. El control del orden público empezaba a escapárseles definitivamente de las manos, a los revolucionarios. La posibilidad de restaurar el viejo orden republicano estaba cada vez más cercana.

"...el gobierno, fortalecido por el cuerpo de policía reorganizado y por la ausencia de una protesta explícita por los ministros de la CNT-FAI, estaba empezando a desarmar y detener a los recalcitrantes y a asumir la administración del orden público en una localidad tras otra donde los anarcosindicalistas habían ejercido el control desde los primeros días de la guerra civil" (740).

Una vez conseguida la colaboración de las distintas organizaciones obreras, el gobierno de Largo Caballero se embarcó en una política acelerada de fortalecimiento de las menguadas fuerzas policiales republicanas. El proceso de reconstrucción contaría con el silencio incómodo de los dirigentes cenetistas que, víctimas de su política de compromisos, tenían que aceptar a regañadientes, como el Estado republicano se hacía de nuevo dueño de la situación. A principios del mes de Diciembre, la Guardia de Asalto contaba ya con 28.000 miembros (741). Apenas un mes después, los efectivos policiales ascenderían a 40.000 hombres, mientras que los carabineros, dirigidos por el Ministro de Hacienda Negrín, encuadraban a unos efectivos similares (742). La consolidación de la autoridad del gobierno republicano y el retroceso de los revolucionarios se manifestaría con la cada vez más agresiva política de desarme de la retaguardia.

Paralelamente a la progresiva recuperación del estado republicano, los sectores revolucionarios sufrirían, cada vez más, la represión y la censura gubernamental. En el mes de Diciembre, el periódico de la central sindical anarcosindicalista madrileña, "CNT" era clausurado. Unos meses más tarde, cuando la contrarrevolución republicana se volvía cada vez más intensa, serían cuatro los periódicos clausurados por la nueva censura republicana.

Los periódicos de las organizaciones izquierdistas sufrirían un control cada vez más estrecho (Castilla Libre, Nosotros, Cartagena Nueva, Del Norte...) La prensa del POUM también tendría que soportar una represión similar. Sólo el periódico valenciano "El Comunista", perteneciente al sector más derechista y favorable al Frente Popular del partido, siguió apareciendo con absoluta normalidad (743).

Una vez consolidado el control sobre los cuerpos policiales de la zona republicana (salvo en Catalunya, donde los obstáculos políticos hacían que el proceso fuera mucho más lento) el gobierno de Largo Caballero pudo proceder a desarmar a los grupos revolucionarios que todavía existían en la retaguardia.

El 15 de Febrero, se decretó la retirada inmediata de todas las armas cortas y largas que no contaran con un permiso legal. El 12 del mes siguiente, el decreto alcanzaba a todas los partidos y sindicatos. De esta manera, los restos de la revolución, pasaban a estar, por completo, en manos del gobierno, que podía asestar el golpe final, cuando lo considerase conveniente.

5.2.6 LA REPUBLICA SIN EJÉRCITO.

La sublevación de la mayoría del ejército, el decreto de disolución lanzado por Giral y la influencia de la revolución, fueron los factores que actuaron como un poderoso disolvente sobre los cuerpos militares que pretendían seguir siendo leales a la legalidad republicana.

Como consecuencia del sangriento enfrentamiento entre la revolución de los comités y la contrarrevolución militar, el gobierno republicano se encontró desprovisto de un ejército con el que poder restaurar su autoridad a ambos contendientes.

La revolución de los comités había conseguido vencer en la mayor parte del territorio peninsular. Sin embargo el triunfo no había sido total. Aunque los insurgentes sólo habían conseguido apoderarse de algunas ciudades y de zonas agrarias de escasa población y de todavía menor peso económico, contaban a su favor con la mayor parte de los efectivos del viejo ejército, una organización preparada y pertrechada para combatir. A pesar de los éxitos iniciales, la revolución tenía que dotarse de su propio ejército sino quería ser aplastada por sus adversarios en breve tiempo.

Indudablemente, a lo largo de la historia todos los ejércitos han reflejado y reflejan la sociedad y las clases sociales a las que sirven. En el debate sobre el tipo de ejército que debía constituirse, la línea divisoria que separaba a los partidarios del ejército regular clásico, de los que se mostraban favorables a darle un carácter revolucionario, coincidía matemáticamente con la que existía entre los partidarios del carácter democrático-burgués de la revolución española, y los que por el contrario, defendían su esencia anticapitalista.

De la misma manera que el viejo ejército, "prusiano", representaba a la vieja sociedad burguesa española, ya fuera en su versión monárquica o republicana, el brazo armado de la revolución iba a estar forzosamente condicionado por las aspiraciones y por la conciencia de las clases sociales que lo integraban.

Los revolucionarios odiaban y temían demasiado al viejo ejército autoritario, -dirigido por una casta de oficiales y suboficiales, con sus respectivos privilegios y distintivos- para sentirse tentados en reconstruirlo. La tragedia revolucionaria de Octubre de 1934, sus constantes y tradicionales intrusiones en la vida política del país, eran elementos que se encontraban bien presentes en la conciencia de los militantes revolucionarios. El nuevo ejército, las milicias, estuvieron indudablemente marcadas por estos condicionantes. Sus defectos, sus limitaciones, sus virtudes y sus características en general ya han sido explicados ampliamente en otros capítulos de este trabajo para detenernos de nuevo en ellos.

Lo que importa resaltar en este caso es que, por su naturaleza y contenido, las milicias revolucionarias se convirtieron en el más grave obstáculo con el chocaron los planes de restauración. Su estructura igualitaria, su intensa democracia participativa, y evidentemente la conciencia revolucionaria de los combatientes, las imposibilitaba para poder transformarse en el nuevo ejército republicano. El gran problema con el que se enfrentaba el gobierno era, como llevar a cabo sus planes, sin provocar una respuesta de los revolucionarios. Durante los primeros meses de la guerra, cualquier medida destinada a construir las bases del nuevo ejército republicano sólo pudo llevarse a cabo con la aceptación de los sectores que formaban parte de las milicias. Tanto el anarcosindicalismo como la Izquierda Socialista apoyaban el desarrollo del sistema de milicias. Parecía que la República se encontraba en un callejón sin salida.

5.2.7 EL DECLIVE DE LAS MILICIAS EN CATALUNYA.

Una vez fracasados los primeros intentos para constituir las "milicias ciudadanas" en Catalunya, el gobierno de la Generalitat tuvo que apoyarse en las minoritarias columnas del PSUC y de ERC, y también en el puñado de militares profesionales leales.

Desde los primeros momentos, el gobierno autónomo catalán, llevó a cabo una política de "infiltración" en los nuevos mecanismos de poder. Si no podía recuperarse inmediatamente la autoridad perdida, a causa de la firme oposición de los revolucionarios, la colaboración evitaría el peligro de ser borrado del mapa. La colaboración les daría un respiro que sería aprovechado para iniciar el proceso de recuperación del poder perdido. Pocos días después de constituirse el Comité Central de Milicias Antifascistas, el gobierno de la Generalitat asumió la tarea del pago de las nóminas de los milicianos. El control sobre el mecanismo financiero de las milicias le daría una posición privilegiada desde donde influir en la situación.
El 12 de Agosto se dió el primer intento serio, por parte del gobierno catalán, para construir el esbozo de su propio ejército. Se constituyó la Secretaría General de Defensa, que fue presidida por el comandante Vicenç Guarner. Sin embargo la situación todavía no era la idónea y el nuevo organismo nació clínicamente muerto, incapaz de poder formar los primeros núcleos que deberían constituir el nuevo ejército.

"Durante varios meses se produjo un fenómeno extraño, nacido de la existencia de poderes distintos. El del Frente, con sus columnas informes, movidas en cierto modo desde Barcelona por García Oliver... y el de la retaguardia, con la Consejería o Departamento de Defensa, organismo nacido al calor de la guerra, en un principio sin vida ni contenido" (744).

Durante el mes de Agosto, y a raíz de los decretos que había hecho públicos el gobierno central, en los que se ordenaba la movilización de los reemplazos de los años 33 al 36, se produjo una intensa agitación en Catalunya contra lo que se consideraba que eran los primeros pasos para la reconstrucción del nuevo ejército republicano.

La concentración y el mitin celebrados en el teatro Olympia de Barcelona, por una multitud de jóvenes que se negaban a formar parte de las nuevas unidades militares, fue la señal inequívoca de que la situación todavía no había madurado lo suficiente. La solución al conflicto fue la de integrar los reemplazos que habían sido llamados a filas, en las milicias revolucionarias, bajo la dirección del Comité Central y no bajo la del gobierno de la Generalitat. Sin embargo y por primera vez, la CNT había empezado a ceder ante la idea del reclutamiento forzoso de los reemplazos que deberían reforzar militarmente a las milicias.

El 18 de Septiembre, Felipe Díaz Sandino intentó reanimar el Departamento de Defensa de la Generalitat, dividiéndolo en dos secciones, una secretaría y un Comité Central de Guerra. Sin embargo, el peso de la contienda, la dirección y los suministros que eran entregados a las columnas, continuaba en manos del Comité Central de Milicias, que todavía era el máximo poder en Catalunya. Por el momento, la reestructuración del departamento de Defensa del gobierno no iba a tener ninguna consecuencia en la vida de las milicias revolucionarias.

Como hemos podido observar en los capítulos anteriores, la actitud que adoptó el Comité Central frente a las maniobras del gobierno de la Generalitat y del Front d'Esquerres para formar las primeras unidades del ejército republicano en Catalunya, fue la de la vía del compromiso. Los dirigentes anarcosindicalistas consideraron que era necesario impedir la formación de un nuevo ejército que en el futuro podría convertirse en un arma contra la misma revolución. También había que evitar a toda costa que una ruptura con sus aliados circunstanciales, precipitase una segunda revolución que ellos no deseaban de ninguna manera, por lo menos en aquellos momentos.

La tragedia del anarcosindicalismo era que, además de haber renunciado a tomar el poder político (y en parte debido a ésto), ahora se manifestaba incapaz para crear un ejército revolucionario eficaz que pudiera batir al enemigo y alzarse con el triunfo en el campo de batalla. Los errores cometidos por los libertarios serían rápidamente aprovechados por sus adversarios, para desacreditar a las milicias, y con ellas también a sus defensores.

Indudablemente las milicias habían cometido errores e ingenuidades. Algunos de ellos muy graves, que les restaron eficacia militar y que tuvieron sangrientas consecuencias en el campo de batalla.

"La desorganización del frente, el desorden, la falta de disciplina, patente desde los primeros momentos, se concretó en temores muy fundados...".
"...resulta también enormemente elocuente, al confesar que el enemigo con 10 o 20.000 hombres entretiene y frena a 40.000".
"El miedo a lo peor llevó aquí al mando a la solución de emergencias en estos casos: a la fortificación" (745).

Sin embargo, fueron también las milicias las que consiguieron impedir con su entusiasmo, que la sublevación militar se convirtiese en un simple paseo triunfal y también fueron ellas las que contuvieron a las columnas del ejército franquista durante los primeros meses de la guerra civil. La tragedia de las milicias revolucionarias fue la de no contar con ningún proyecto político que defendiera coherentemente la revolución que acababa de estallar. Las milicias podrían haber superado las taras y los errores, que no fueron otra cosa que el resultado de la espontaneidad revolucionaria que les había dado vida. Pero para que la transformación de las milicias pudiera llevarse a cabo, sin perder su naturaleza revolucionaria, era necesario ante todo, que el poder de la revolución pudiera consolidarse en la retaguardia. El retroceso de ésta condenaría a las milicias a su extinción. Boicoteadas por las autoridades y por sus aliados del Frente Popular, más interesados en liquidar la revolución que en acabar con la reacción militar. Sin una dirección política que consolidara el nuevo orden social, la resistencia a la militarización estaba condenada de antemano.

"Se puede confirmar con hechos la aseveración de que no estaba en el interés del Gobierno apurar la derrota de Franco durante los primeros meses, cuando existían las mejores condiciones para conseguirla. Una victoria sobre Franco durante los primeros meses, cuando existían las mejores condiciones posibles para conseguirla. Una victoria sobre Franco antes de que el Gobierno consolidara su poder era una situación inconcebible para los políticos, puesto que su posición se haría más precaria aún que al día siguiente de la derrota parcial de Franco, el 19 de julio. Sólo así puede uno explicarse, por ejemplo, que fuera tan grande la escasez de armas en el frente de aragón hasta el punto de no permitir que se lanzara una ofensiva en dirección a Zaragoza" (746).

Con la formación del primer gabinete de Largo Caballero, en Madrid, la presión, para conseguir la formación de las primeras unidades militares regulares, se incrementó también en Catalunya, donde la resistencia de los revolucionarios era más fuerte. El gobierno de la Generalitat se limitó a seguir fielmente los pasos del gobierno republicano. Era la mejor forma para no exasperar los ánimos de los anarcosindicalistas que se mostraban desconfiados ante las medidas que se estaban adoptando.

A partir de la integración de la CNT en el nuevo gobierno catalán, la situación empezaría a cambiar para los partidarios del Front d'Esquerres. El Comité Central de Milicias quedaba disuelto, y las milicias revolucionarias pasaban a depender de la Consellería de Defensa de la Generalitat. La colaboración de los anarcosindicalistas y del POUM en el nuevo gabinete permitía, por primera vez, iniciar los primeros pasos hacia la formación del nuevo ejército republicano. La firma de los delegados cenetistas y poumistas se convertían en la garantía de que el descontento y la oposición en el seno de las milicias no iba a poner en peligro el proceso restaurador.

Pocos días después de la constitución del nuevo gobierno de concentración, el PSUC declaró públicamente que el fin de la competencia entre el Comité Central de Milicias y el gobierno de la Generalitat tenía que ser aprovechado para dedicar todos los esfuerzos a acelerar la victoria sobre el ejército franquista:

"Concentración del máximo esfuerzo en la guerra, no ahorrando ningún medio que pueda contribuir a su final rápido y victorioso. Mando único, coordinación de todas las unidades combatientes, creación de las milicias obligatorias y refuerzo de la disciplina" (747).

A medida que la revolución tendía a encauzarse y perdía su impulso inicial, las consignas del PSUC cobraban cada vez más claridad política. Detrás de la reivindicación del "mando único" y de las "milicias obligatorias" se adivinaba que el proceso de reconstrucción del ejército republicano avanzaba.

Contrariamente a lo que podría suponerse, por los comentarios y acusaciones que se desprendían de algunos medios de prensa ligados al PSUC y al resto de las organizaciones que integraban el front d'Esquerres, la necesidad de dotar a las milicias de un Estado Mayor único era compartido por todos los grupos.

La experiencia de las primeras semanas de lucha había dado al anarcosindicalismo un saldo preocupante. Pese al valor y el arrojo que habían demostrado las milicias revolucionarias, pronto se evidenciaron sus limitaciones. La falta de coordinación que existía entre las diferentes columnas armadas; la inexistencia de un verdadero centro de mando; la indisciplina y un sentimiento antiautoritario mal comprendido; la escasa o nula preparación de los combatientes; eran problemas que tenían que ser solucionados rápidamente, sino se quería poner en peligro la victoria militar. Todos estos elementos se sumaban a la dramática penuria de armamento y de suministros.

Algunos dirigentes de las columnas, como Buenaventura Durruti y otros, comprendieron que, a raíz de los sangrientos resultados que habían ocasionado los errores iniciales de las milicias, se tenía que proceder a una profunda reforma y a una reestructuración de éstas. Era necesario implantar una férrea disciplina en el frente que evitara los actos de irresponsabilidad que ponían en peligro la vida de los combatientes. Pero las reformas que debían llevarse a cabo no tenían que afectar la naturaleza revolucionaria de las milicias, que constituían un verdadero seguro de que la revolución que acababa de iniciarse era irreversible.

Los planes de reforma de la Generalitat y del gobierno republicano central eran vistos con hostilidad y desconfianza por parte de los combatientes, que los consideraban como una traición a los principios revolucionarios por los que estaban combatiendo:

"Las columnas confederales y anarquistas fueron las más reacias a esa nueva modalidad, que interpretaban como un paso decisivo hacia el clásico militarismo, al fuero de guerra y a la disciplina de cuartel. Cuando los comités superiores de la CNT-FAI optaron por la militarización general de las milicias, cosa a que apremiaban desde el Gobierno los ministros de la CNT,se produjo una grave confusión en todos los frentes en los que participaban los combatientes confederales. Hubo reuniones tempestuosas entre los combatientes y las delegaciones comiteriles que iban al frente con la difícil misión que es de suponer. Muchos milicianos intransigentes, que se habían incorporado a los frentes con carácter voluntarios, rescindieron su compromiso y regresaron a la retaguardia. Más tarde volvieron a incorporarse" (748).

Mientras crecían las voces dentro de la CNT, que buscaban soluciones que no pusieran en peligro la naturaleza revolucionaria de las milicias, entre los líderes, la revisión de las viejas ideas iba adquiriendo cada vez más, formas distintas (749). La intención de los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI era retroceder si no había más remedio, y sacrificar los avances revolucionarios que se habían dado, en aras de la unidad y de la eficacia militar.

"Si la situación mejoraba, ya verían de recuperar lo que ahora cedían... Para ganar la guerra era imprescindible usar los mismos métodos que el enemigo y muy singularmente la unión y la disciplina" (750).

Con sus concesiones, los dirigentes libertarios pretendían, paradójicamente, defender en lo posible la influencia que la CNT y la FAI tenían en las nuevas estructuras militares. Una vez desaparecido el peligro del ejército franquista, ya habría tiempo para hacer valer el peso de sus organizaciones, contra cualquier intento de ajuste de cuentas, que pudiera proceder de sus actuales aliados. Con motivo del grave revés que supuso la pérdida de Málaga, un Plenario de la CNT catalana pidió que se acelerara el proceso de militarización de las columnas confederales. En la misma asamblea, se reconocía al gobierno de Valencia, del que la CNT formaba parte, como la máxima autoridad de las milicias y del nuevo ejército republicano. La resolución sería también corroborada, apenas una semana después, por un Congreso extraordinario del sindicato. Esta táctica, iba a tener consecuencias fatales para el anarcosindicalismo, que veía como perdía el control sobre el proceso de militarización de sus propias unidades, y también mientras podía observar como sus adversarios políticos consolidaban el suyo.

Sin embargo, cada paso que el anarcosindicalismo daba
hacia atrás para mantener la unidad antifascista, era contestado por los partidarios de la República con nuevas demandas.

"Una vez desconectadas de su raigambre sindical y convertidas en un ejército regular, las milicias dejarían indefensa a la revolución de Julio" (751).

Detrás del envenenado debate que se estaba llevando a cabo entre los partidarios y los adversarios de las milicias, lo que en realidad se estaba decidiendo, era quién controlaría el proceso de reestructuración de las milicias, y por lo tanto, quién iba a dirigir el futuro ejército.

"De la misma forma, el mando único en el ejército, a pesar de que no se ha realizado más que en el papel, significa, en las actuales condiciones, la sumisión del proletariado a la burguesía liberal..." (752).

El 1 de Octubre, se decretó la movilización de todos los hombres que resultaran útiles y que estuvieran comprendidos entre los 18 y 40 años. Sin embargo, a pesar de que los decretos contaban con el aval de los representantes cenetistas en el gobierno de la Generalitat, tampoco en este caso los reemplazos llamados a filas llegaron a incorporarse a sus unidades militares. De nuevo, la causa de que no se cumpliera el llamamiento sería la fuerte resistencia, que los decretos originaban entre los medios revolucionarios, temerosos de que las nuevas medidas pudieran significar un nuevo paso en el proceso de militarización de las milicias.

El día 12 del mismo mes, se darían a conocer las nuevas órdenes por las cuales los jefes de las columnas milicianas propondrían al Conseller de Defensa, el nombramiento de los mandos. El gobierno de concentración se encargaría de las labores de inspección y de control de las milicias. Sólo dos días después era nombrado Jefe del estado Mayor del Frente de Aragón, el comandante Guarner. Por primera vez, el gobierno catalán, con la presencia de la CNT y del POUM, se erigía como la autoridad política de las milicias revolucionarias.

El día 24 de Octubre, se decretó la militarización de las columnas que combatían en el frente aragonés. Todos los combatientes quedarían sujetos, a partir del día 1 de Noviembre, al viejo Código de Justicia Militar, hasta que éste no pudiera ser revisado y sustituido por otro nuevo. Los decretos provocaron un fuerte descontento entre los combatientes. Las columnas que se oponían a los nuevos decretos se verían sometidas a un fuerte chantaje. La mayor parte de las armas que llegaban destinadas al frente, administradas por el nuevo gobierno, eran entregadas a las milicias del PSUC y de ERC que eran partidarias del proceso de militarización.

El día 29, Juan García Oliver renunciaba al cargo de responsable de las milicias en el Consell de la Generalitat para aceptar la titularidad del Ministerio de Justicia en el gobierno de la República.

El 3 de Noviembre, el gobierno catalán acordaba estudiar la posibilidad de iniciar el proceso de disolución de los comités de soldados y de obreros. También se planteó el reforzamiento de las medidas para recoger las armas que todavía se encontraban en la retaguardia, además de abordar las cuestiones que atañían al mando único y a la reorganización de las milicias. El día 11, otra reunión del Consell insistió en incrementar las presiones, para que las medidas pudieran aplicarse de inmediato.

Sólo unos días después, el día 20, se decidía iniciar la reorganización de las milicias para convertirlas en las primeras divisiones del nuevo ejército. Un Plenario de la CNT de Catalunya apoyó por unanimidad los planes que se estaban llevando a cabo, con la colaboración de los delegados anarcosindicalistas en el gobierno de la Generalitat.

El 8 de Diciembre las columnas del frente de Aragón se convirtieron, con un nuevo decreto, en el Ejército Popular de Catalunya. Las nuevas unidades militares se organizarían conforme al esquema clásico: las centurias se convirtieron en compañías o batallones y las columnas en regimientos o brigadas. Ante la imposibilidad de disolver, por el momento, los consejos de soldados, se decidió limitar drásticamente sus funciones. La reestructuración abarcaría todo el frente aragonés. Las milicias se agruparían en tres divisiones que tendrían sus respectivos Estados Mayores en Barcelona, Tarragona y Gerona.

La fuerte oposición que provocó en el seno de las milicias, formadas mayoritariamente por afiliados de las organizaciones izquierdistas, obligó a que el proceso de militarización tuviera que ser desarrollado en dos etapas.

En el primer período, las columnas se convertirían en brigadas, pero seguirían manteniendo la misma composición y los mismos mandos que habían tenido como milicias. Por el momento también mantuvieron sus nombres originarios: Durruti, Ascaso, Carlos Marx, Lenin, Macià-Companys. Con posterioridad, la independencia de las milicias se iría restringiendo progresivamente, mediante las presiones y el chantaje que comportaba el suministro de armas, para acabar convirtiéndolas en auténticas "brigadas mixtas", completamente integradas en el nuevo Ejército Popular.
A pesar de los planes, la resistencia que opusieron las milicias hizo que los comités y las estructuras democrático-revolucionarias sobrevivieran todavía durante meses.

El serio retroceso que sufría la revolución, el avance y la consolidación de la contrarrevolución republicana, condenaba a los sectores que pretendían mantener viva la naturaleza revolucionaria de las milicias al fracaso.

Tanto la CNT-FAI, como el POUM, defendieron la idea de que era posible la existencia de un ejército revolucionario en el seno de un Estado que estaba dispuesto a acabar con cualquier vestigio revolucionario. Los decretos publicados por la Generalitat (y también por el gobierno de Valencia), apoyados por los representantes de estas organizaciones, serían utilizados finalmente, para terminar con cualquier resistencia a sus planes.

El sistema de las brigadas mixtas que había sido adoptado por el gobierno central, no pudo ser abordado en Catalunya hasta después de las jornadas barcelonesas de Mayo del 37, cuando el gobierno republicano central se hizo con el poder en Catalunya.

El 18 de Diciembre Felipe Díaz Sandino presentaba su dimisión y dejaba la consellería en manos de Francisco Isgleas.

Aparentemente el departamento, y por lo tanto el control de la militarización, continuaba en manos de los delegados anarcosindicalistas. Sin embargo, la titularidad no podía esconder que dicho proceso se alejaba más y más de las ideas que hasta entonces había defendido la CNT y la FAI.

El Partido Socialista Unificado, convertido en la principal organización del Front d'Esquerres, había reclamado desde los primeros momentos, la reconversión de las milicias revolucionarias en un ejército regular al servicio de la República. Desde su óptica política, solo un ejército de estas características, similares a las del adversario, pero completamente depurado de los elementos más reaccionarios y derechistas, podía representar la etapa de revolución burguesa que el estado español atravesaba. Desde su óptica militar, sólo un ejército clásico, apolítico, desprovisto de los consejos de soldados y convertido en una máquina ciega y disciplinada, al servicio del gobierno republicano, podía batir al enemigo.

"El objetivo del PSUC es la completa abolición de todos los rasgos de un ejército revolucionario. No sólo los oficiales deben ser nombrados desde arriba, sino que tampoco deben existir ni consejos, ni asambleas de soldados. Éstos deben saludar a sus oficiales a la manera militar. Los viejos rangos y distinciones deben ser restablecidos. Desean, en una palabra, un ejército regular a las órdenes de un estado mayor militar, el cual, inevitablemente, estará compuesto por oficiales del viejo régimen y especialistas extranjeros, siendo estos siempre personas que actúan bajo la influencia del PSUC" (753).

La defensa que los socialistas unificados hacían de un ejército de tipo clásico, similar al que acababa de sublevarse y que tenía un triste recuerdo entre los trabajadores (incluidos los que militaban en el PSUC y en la UGT), hizo que surgieran discrepancias en sus propias filas. En especial, entre algunos milicianos comunistas, que estaban influidos por la tradición antiautoritaria y antimilitarista del anarcosindicalismo protestaron por la política que se estaba llevando a cabo.

"Entre nosotros, los milicianos, no había acuerdo. A muchos les parecía que si nos encuadrábamos en filas militares, bajo mandos serios, nuestra lucha perdería sus esencias más puras" (754).

Los comunistas oficiales del PSUC defendieron la formación de un Consejo Superior de Defensa que debería convertirse en el Mando del nuevo ejército y también pidieron la constitución de un Comisariado de Guerra, con las mismas funciones que tenía en el resto de la zona republicana. Dentro del programa del PSUC se contemplaba el fin del sistema de voluntariado, que era intrínseco a las milicias y que ya empezaba a mostrarse insuficiente, para sustituirlo por un servicio militar obligatorio, mecanismo que favorecería la construcción del nuevo ejército que ellos reclamaban (755).

La campaña de descrédito que llevaban a cabo los comunistas contra las milicias se basó en sus debilidades, que las convertían en un instrumento de inferior capacidad militar, ante un adversario, disciplinado y entrenado para combatir, que era dirigido por un cuerpo de militares profesionales cualificados.

Sin lugar a dudas, todas las organizaciones eran conscientes de que los graves errores de las milicias tenían que ser superados, y que la eficacia militar tenía que ser optimizada si se quería asegurar la victoria sobre el ejército de Franco. Ya se adivinaba que la guerra iba a ser larga y sangrienta, y que el entusiasmo y el arrojo de los combatientes, no eran suficientes para conseguir el triunfo. Sin embargo, los objetivos de la campaña del PSUC y del Front d'Esquerres iban más allá de los fines estrictamente militares. Mientras siguieran existiendo las milicias, la consolidación del poder republicano estaría cuestionada. Sólo la disolución de éstas y la reconstrucción del ejército permitiría asegurar la victoria definitiva sobre la revolución de los comités.

Los ataques contra el prestigio de las milicias tenían una evidente intención política, que iba destinada a forzar su militarización y subordinación al gobierno republicano.

"Como era costumbre, la dislocación de las milicias fue llevada a cabo en nombre de la eficiencia militar; y nadie podía negar que se imponía una reorganización militar total. Por lo mismo habría sido perfectamente posible reorganizar las milicias y aumentar la eficiencia sin que por ello se retirasen del control de los sindicatos; la principal finalidad del cambio consistía en asegurarse que los anarquistas no dispusiesen de un ejército propio" (756).
En el mes de Febrero de 1937, el PSUC constituyó un Comité Pro-ejército Popular. El día 28 organizó una masiva manifestación que fue acompañada de un desfile militar. El acto fue considerado por anarquistas y poumistas como una provocación y una seria amenaza que tenía que ser respondida. La prensa libertaria acusó al PSUC y a sus aliados de estar preparando una política de agresión contra el anarcosindicalismo y consideró que el Comité estaba usurpando la autoridad del Departamento de Defensa (757).
Los dirigentes de la CNT exigieron que el comité fuera disuelto y amenazaron con abandonar el gobierno de la Generalitat si sus peticiones no eran satisfechas. Finalmente, una vez más, se llegó a una solución de compromiso en la que los cenetistas volverían a ser los auténticos perdedores. El Comité sería constituido oficialmente y colocado como organismo auxiliar, bajo la autoridad del Departamento de Defensa. En el nuevo organismo, Francisco Isgleas tendría la vicepresidencia y Companys la presidencia. El comité había sido reconocido, de esta manera, pudo aumentar su agitación política contra las resistencias que todavía existían frente la militarización y contra la parálisis que afectaba al frente de Aragón. Las acusaciones del PSUC contra las milicias revolucionarias eran a todas luces interesadas ya que las causas de la inmovilidad del frente no se debían a la buena o a la mala gestión del Conseller Isgleas, sino a otras muy distintas.

"En realidad, la inmovilidad del Frente de Aragón obedecía a unas causas políticas... ; pero las dificultades militares, a parte de la falta de reservas de hombres, eran obvias para todos... en nuestro bando, cañones, simplemente no habían. Contra las ametralladoras y sin artillería, solo se podían hacer tres cosas: buscar un buen refugio a una distancia prudencial... lanzarse a un avance a campo abierto o quedarse atrincherado, o realizar ataques nocturnos en pequeña escala, que no alteraran la situación general. Prácticamente, las alternativas eran el estancamiento o el suicidio..." (758).

El frente aragonés se encontraba con una dramática penuria de armamento, que lo había condenado a la inmovilidad absoluta desde los primeros momentos. Los sueños del anarcosindicalismo catalán de romper el frente aragonés para poder enlazar con las cuencas mineras asturianas y la siderurgia vasca se estrellaron contra los obstáculos que pusieron los que administraban las armas según sus propios criterios políticos. La estabilidad del frente aragonés no puede explicarse sólo por los errores que pudieran haber cometido las milicias, tal como afirmaba la propaganda de sus adversarios. La escasa distribución del armamento, que en cambio sí era enviado a otros frentes, tenía objetivos políticos.

"No se podía dar facilidades de triunfo del frente de Aragón sin impulsar la revolución, lo que Gobierno y Frente Popular trataban de evitar sobre todas las cosas. El frente fue saboteado, mantenido a ración de armas, forzado a la inmovilidad, con el triple objetivo de desacreditarlo, iniciar otras ofensivas de prestigio para los partidos más reaccionarios e invadir después el frente de Aragón con unidades controladas por éstos" (759).
Durante el mes de Marzo, las presiones del gobierno central obligaron a la Generalitat, a someterse a la autoridad del Ministerio de Guerra. El chantaje del suministro de armamento fue un valioso instrumento para vencer la resistencia que oponían los nacionalistas catalanes y los revolucionarios (CNT-FAI-POUM) para mantener la independencia del Ejército de Catalunya. Finalmente Francisco Isgleas sería obligado a fijar en firme, la fecha del nuevo llamamiento a los reemplazos de 1932-36.

Al día siguiente de que los primeros reclutas empezaran a presentarse en sus respectivas unidades militares, Isgleas y el resto de delegados de la CNT en el gobierno de la Generalitat presentaron su dimisión. Hasta el momento, el anarcosindicalismo, mediante una política contradictoria, había conseguido retrasar el momento y eludir la militarización de las milicias. La CNT exigió que se modificaran drásticamente los acuerdos y que la Consellería de Defensa tuviera las competencias necesarias para prohibir la creciente agitación que estaba llevando a cabo el PSUC. Por el contrario, los comunistas pidieron que la crisis de gobierno fuera superada mediante un nuevo gabinete, cuyas órdenes no pudieran ser discutidas por ninguna organización. La central sindical libertaria debería someterse incondicionalmente a su autoridad (760). Dos semanas después, el 3 de Abril, se formaba un nuevo gobierno provisional de la Generalitat. Tan solo cuatro días más tarde, el PSUC lanzaba su "Plan de Victoria", en el que de nuevo, se exigía la formación de un gobierno fuerte. Las propuestas de los comunistas catalanes entraban en abierta confrontación con las peticiones de los anarcosindicalistas, que consideraban que la CNT ya había hecho demasiadas concesiones.

"¡Aplastad a la contrarrevolución, camaradas! He aquí su mandato. Nuestro deber es hacerlo realidad" (761).

La tensión política crecía por momentos y se adivinaba cercano el enfrentamiento entre las dos fuerzas. Sin embargo las negociaciones entre la CNT, el PSUC y la ERC proseguirían para intentar evitar la ruptura. Las presiones de los partidarios de la restauración pretendían que los libertarios hicieran nuevas concesiones, pero consideraban que la situación todavía no estaba suficientemente madura para precipitar el enfrentamiento definitivo.

El resultado final de la crisis demostraba que la CNT había dejado de ser la fuerza hegemónica en Catalunya y que la revolución, desmoralizada, estaba en un fuerte retroceso. Los libertarios habían perdido su antigua capacidad para imponer sus criterios, y tenían que enfrentarse a un PSUC, que se encontraba en plena ofensiva y que se atrevía a desafiarlos abiertamente.
El 16 de Abril se formaba un nuevo gobierno de la Generalitat en el que aparentemente no cambiaba nada. La realidad sin embargo era muy distinta. El Consejero de Seguridad, Artemi Aiguadé pidió al gobierno de Valencia que reforzara las fuerzas policiales catalanas con nuevos contingentes. Los problemas que habían provocado la crisis seguían sin resolverse y amenazaban con estallar violentamente en cualquier momento.

5.2.8 LA DECADENCIA DE LAS MILICIAS FUERA DE CATALUNYA.

El proceso de militarización de las milicias revolucionarias fuera de Catalunya, fue mucho más rápido. Algunos historiadores han intentado explicar la diferencia entre ambas dinámicas por las distintas situaciones que existían en ambos frentes. Es decir, que mientras en el frente aragonés existía una situación estática que no cambió hasta muy adentrada la guerra, en el resto del estado las milicias sufrían la presión del avance de las tropas franquistas que habían llegado hasta las puertas de Madrid. Desde este punto de vista, los diferentes ritmos tendrían una causa puramente militar, la de que la ineficacia de las milicias, habría quedado al descubierto mucho más rápidamente en las zonas donde existía una constante presión del enemigo.

Esta es la opinión de Burnett Bolloten:

"Mientras en los frentes estabilizados la idea de la disciplina fue arraigando con lentitud entre las milicias de la CNT-FAI, en el frente central movible donde las ventajas de la organización militar superior del general Franco se mostraban de modo palpable, el desmoronamiento de los principios tradicionales anarquistas había llegado a tal punto a principios de Octubre, que el Comité de Defensa de Madrid de la CNT, que tenía a su cargo las milicias de la CNT-FAI de Madrid, pudo implantar un reglamento que comprendía los siguientes artículos:"

"Todo miliciano queda obligado a cumplir las normas de los comités de batallón, delegados de centuria o de grupo."

"No podrá obrar por su cuenta en el aspecto guerrero y acatará sin discusión los puestos y lugares que se le asignen tanto en el frente como en la retaguardia..." (762).

La apreciación que hacen Burnett Bolloten y otros historiadores, en este caso, sería incompleta. El proceso de militarización de las milicias y la construcción del Ejército Popular de la República era, principalmente, una cuestión política, mucho más que una cuestión de técnica militar.

En primer lugar, hemos de distinguir este proceso de los intentos de reestructurar las milicias revolucionarias, para optimizar su eficacia frente al enemigo. Los intentos para mejorar la capacidad ofensiva de las milicias se dieron en todos los frentes, incluido el de Aragón, y en este aspecto, sí que es posible que en la zona central se dieran antes y de manera mucho más rápida.

El avance del ejército franquista y la constancia de que las desorganizadas e indisciplinadas milicias no constituían un serio adversario para éste fue rápidamente comprendido por los mandos de las columnas. En este sentido es importante que recojamos la opinión del que fue el principal dirigente de las milicias libertarias de la zona centro, el anarquista Cipriano Mera:

"La sangre de mis hermanos vertida en la lucha me hizo cambiar de criterio. Comprendía que para no ser definitivamente vencidos, teníamos que construir nuestro propio ejército, un ejército tan potente como el del enemigo, un ejército disciplinado y capaz, organizado para la defensa de los trabajadores. Desde entonces no cesé de aconsejar a todos los combatientes la necesidad de someterse a nuevas normas militares" (763).

Sin embargo, el problema para el gobierno central seguía siendo principalmente político. Una victoria definitiva de las milicias revolucionarias sobre el ejército franquista hubiera significado posiblemente el final del gobierno republicano y el triunfo decisivo de la revolución de los comités. De ahí que algunos historiadores y testimonios de la época, consideraran que el gobierno republicano y sus aliados del Frente Popular ponían más empeño en la construcción del nuevo ejército, que en acelerar la derrota del enemigo.

Para asegurar la restauración de la República y la derrota de la revolución, era necesario primero conseguir el prodigio imposible de convertir a las milicias, expresión genuina de la revolución de los comités, en el nuevo ejército de una República burguesa de corte parlamentario. Los aspectos de mejora de la eficacia militar de las milicias, sin dejar de ser importantes (ya que tampoco interesaba una victoria de Franco), pasaban a un segundo plano.

La decisión que había adoptado el gabinete de Giral, al decretar la disolución del ejército sublevado, había tenido unos efectos nefastos para su autoridad política. Mientras el decreto no había tenido ninguna consecuencia entre los sublevados, sí que había acelerado el proceso de descomposición de las escasas fuerzas militares que todavía se mantenían fieles a la República. Sin una parte del ejército que le apoyara, la autoridad del gobierno había desaparecido rápidamente, sacudida por la oleada revolucionaria que se había desatado, mientras que las milicias se convertían en el único ejército capaz de enfrentarse a los sublevados. Los apoyos incondicionales que tuvo el gobierno de los comunistas oficiales y de la fracción prietista del PSOE, estaban muy lejos de ser suficientes para poder reclamar en forma inmediata el timón de la República y salvarla del naufragio. Las organizaciones obreras mayoritarias, los largocaballeristas y el anarcosindicalismo, se mostraban partidarios entusiastas del sistema de milicias, y se habían negado a que cualquier otra forma de ejército pudiese ser reconstruida.

"Pensar en otro tipo de ejército para sustituir a los que actualmente luchan y que en cierto modo controlan su propia acción revolucionaria es pensar en términos contrarrevolucionarios. Eso es lo que Lenin dice (El Estado y la Revolución): <<Cada revolución, tras la destrucción del aparato del estado, nos enseña como la clase gobernante restablece cuerpos especiales de hombres armados a <<su>> servicio, y como las clases oprimidas intentan crear una nueva organización de un tipo capaz de servir no a los explotadores, sino a los explotados>>".
"Nosotros... debemos cuidar de que las masas y los dirigentes de las fuerzas armadas, que deben ser sobre todo el pueblo en armas, no se nos escapen de las manos" (764).

Mientras los socialistas de izquierda que controlaban la UGT y los anarcosindicalistas de la CNT no modificaran sus posturas políticas con respecto a las milicias revolucionarias, los intentos para reconstruir un ejército al servicio del gobierno de la República estaban condenados de antemano al fracaso. Sin embargo, la actitud de los socialistas de izquierda, sin un plan político claro y fuertemente presionados por sus aliados en el interior del Frente Popular, y también por las circunstancias del momento, pronto empezó a cambiar. Mientras las bases socialistas llevaban a cabo expropiaciones y formaban sus propias colectividades, constituían sus comités revolucionarios, sus milicias y sus patrullas de control, los dirigentes habían empezado a llamar a la moderación y a la defensa de los pactos del Frente Popular.

"Los caballeristas se adaptaron también a la estrategia de Stalin, sin renunciar a sus propias concepciones y objetivos, cuya debilidad principal era la que ya señalamos anteriormente: imprecisión, vaguedad, carencia, en definitiva, de una política coherente. Reflejando la voluntad de las masas proletarias, se proponían preservar el contenido socialista de la revolución, pero no contaban ni con un programa que diese forma concreta a ese contenido, ni con una táctica para luchar eficazmente por él en la complejísima situación de la guerra civil" (765).

Sólo el PCE, además del ala prietista del PSOE, se había mostrado desde un principio, de acuerdo con las pretensiones del gobierno de Giral para formar unidades militares a su servicio.

Los dirigentes comunistas defendieron que los cimientos del nuevo ejército de la República tenían que ser las viejas MAOC (las Milicias Antifascistas Obreras y Campesinas, que habían sido las fuerzas paramilitares del partido, antes del inicio de la contienda). Para formar las primeras unidades voluntarias, el gobierno fijó una nómina diaria de 10 pesetas para cada combatiente. Este salario, que era muy superior a la media del que ganaban los obreros en la retaguardia, tuvo un cierto eco en algunas zonas campesinas, pero por el contrario, en las ciudades no tuvo apenas ninguna repercusión Los voluntarios preferían incorporarse en las milicias revolucionarias.

Con la formación, el 4 de Septiembre, del primer gobierno de Largo Caballero, las expectativas habían empezado a cambiar.

Los planes para la construcción del nuevo ejército cobraron un fuerte impulso. En la nueva situación, el gobierno que procedía a llevar a cabo los planes de militarización y de reestructuración de las milicias, ya no era el impotente y desprestigiado gabinete republicano de Giral, sino otro que estaba dirigido por el mismo Largo Caballero, el líder socialista con más prestigio y carisma entre los trabajadores.

En efecto, abandonados los viejos discursos revolucionarios y careciendo de un programa y de un plan madurados, Largo Caballero tuvo que apoyarse cada vez más, en la necesidad de que las potencias democráticas, acabasen interviniendo en la guerra a favor de la República. Sin embargo, para conseguir sus objetivos, primero era necesario domesticar la revolución, restaurar las instituciones republicanas, reconstruir el viejo ejército burgués y darle a la nueva situación, un aire de legalidad que eliminara las desconfianzas de los gobiernos de Francia y Gran Bretaña. Los socialistas de izquierda estaban condenados a ceder ante las organizaciones rivales que que presionaban de manera más eficaz. La trayectoria política de la corriente caballerista se movió, durante todo el período de la guerra y de la revolución, zigzagueando continuamente entre la postura del anarcosindicalismo y del Partido Comunista (766).

La apuesta que los dirigentes de la Izquierda Socialista habían hecho en las primeras semanas, de las milicias revolucionarias, se iría transformando, presionada por los comunistas y por la fracción de Prieto (ministro de la Marina y del Aire), en una cada vez más encendida defensa de las ventajas y los valores que debería tener el nuevo Ejército Popular de la República.

"El diario de Largo Caballero, Claridad, anteriormente opuesto a la militarización, lo pedía el 27 de Agosto de 1936. Secundando la línea comunista, Largo proclamaba que todas las fuerzas debían considerarse a las órdenes del Ministerio de la Guerra, incluidas las de Aragón" (767).

Reflejando a las fuerzas que estaban en pugna en la zona "antifascista", la reestructuración de las milicias tenía que tener una fuerte carga política e ideológica. Al fin y al cabo, lo que estaba en juego era mucho más que el tipo de ejército que debía construirse, era el mismo futuro de la República. Los planes tenían que tener en cuenta dos factores indispensables para salvaguardar el proyecto republicano. Por un lado había que construir un nuevo ejército que sofocase la sublevación militar, pero por el otro era estrictamente necesario proceder a desarmar y liquidar al movimiento revolucionario, y en especial a su brazo armado, las milicias.

Una vez los dirigentes del ala izquierda del Partido Socialista habían asumido el proyecto del ejército republicano, era necesario privar a los anarcosindicalistas de su relativa independencia militar. Era indispensable terminar cuanto antes con las estructuras democráticas y participativas de las milicias y también con su filosofía igualitarista. Ambos factores convertían a las milicias en organismos indomesticables y también en un verdadero caldo de cultivo para la resistencia a los planes de militarización y de restauración republicana. Era necesario construir un instrumento sumiso y eficaz sobre el que tendría que apoyarse todo el nuevo edificio estatal de la República, un ejército dispuesto a reprimir a todo el que osase levantarse de nuevo contra ella.

Las primeras medidas adoptadas por el primer gabinete de Largo Caballero fueron la reforma del Consejo Superior de Guerra y la del Estado Mayor. De esta manera, el nuevo gobierno dejaba claras cuales eran sus intenciones: reforzar su control de las modificaciones que se estaban llevando a cabo en las milicias y también sobre la creación de las primeras unidades sobre las que empezaba a estructurarse que el nuevo ejército.

El 29 de Septiembre, el Ministerio de Defensa decretó la formación del nuevo Ejército Popular de la República. Apenas dos semanas más tarde, el día 10 de Octubre, eran militarizadas todas las milicias de la zona centro. En el resto de los frentes, salvo en Catalunya, donde la situación era diferente, el proceso de militarización de las milicias se inició diez días más tarde. El viejo Código de Justicia Militar, el uniforme, el saludo y los distintivos tradicionales fueron reimplantados. Todos aquellos milicianos que no estuvieran dispuestos a aceptar las modificaciones decretadas, podrían darse inmediatamente de baja de las milicias. En los mismos decretos y a instancia del Partido Comunista fueron llamados a filas los reemplazos de los años 32 y 33, que pondrían el punto final al sistema de reclutamiento voluntario.

Sin embargo, una cosa eran los decretos y otra la realidad. Las órdenes del gobierno de Largo Caballero no pasaron, durante mucho tiempo, de ser una declaración de intenciones, que frecuentemente sería desobedecida o ignorada por las milicias. El 13 de Diciembre, el gobierno tuvo que publicar una circular exigiendo que las milicias elaborasen un censo de sus efectivos y de sus mandos (ya equiparados a los grados del ejército tradicional). En enero de 1937, todavía la comandancia tuvo que prohibir que las milicias reclutasen directamente a sus propios efectivos (768).

Los planes de construcción del Ejército Popular republicano cobrarían un fuerte impulso, a principios del mes de Noviembre, con la entrada de los ministros anarcosindicalistas en el segundo gabinete de Largo Caballero. La integración de la CNT catalana, hacía poco más de un mes, había sido una clara señal de que los órganos dirigentes del anarcosindicalismo estaban dispuestos a cruzar el Rubicón para integrarse en las nuevas estructuras estatales.

La entrada de los ministros libertarios en el nuevo gobierno central, después de haber hecho otro tanto en Catalunya significaba la quiebra definitiva del movimiento libertario, e iba a tener importantes consecuencias en las milicias confederales y en la formación del nuevo Ejército Popular. Con la entrada de los anarcosindicalistas en el gobierno de la República, éstos pretendían, entre otras cosas, solucionar la dramática carestía de armamento que sufrían sus milicias e intervenir en el proceso de militarización para salvaguardarlas en lo posible. La realidad pronto demostró lo erróneo de este planteamiento. Los dirigentes libertarios, no sólo no pudieron impedir la creciente presión que sufrían sus columnas, sino que acabaron convirtiéndose en avalistas de las medidas del gobierno. A pesar de la presencia de los ministros de la CNT en el gabinete republicano, el armamento seguiría siendo un mecanismo de chantaje sobre los combatientes revolucionarios.

"El temor a que un ejército regular se convirtiera en <<el devorador de la revolución y en instrumento de partido>> fue una razón más de la entrada de los anarcosindicalistas en el gabinete, pero pronto se dieron cuenta de que no tenían nada que decir de las decisiones militares" (769).

Efectivamente, desde las primeras semanas de la contienda, las columnas confederales y poumistas habían sido claramente discriminadas en el reparto del armamento, en cambio se favorecía a las que pertenecían al Frente Popular. El control del armamento, ejercido por el gobierno y sus partidarios, se convirtió en un instrumento contra los anarcosindicalistas, que se veían obligados a ceder terreno en sus conquistas, a cambio de recibir las armas imprescindibles para mantener a sus fuerzas en el frente. La cantidad de armas y municiones recibidas siempre fueron lo bastante escasas para que tuvieran que seguir dependiendo de la voluntad política de sus adversarios. A pesar de la integración de la CNT en el gobierno y de todas las concesiones que las milicias libertarias estuvieron obligadas a hacer, éstas continuaron siendo las peor armadas hasta su disolución final.

"Para obtener armas, que por decisión de Largo Caballero no se entregaban más que a las unidades regulares, tuvieron que aceptar casi todas las columnas milicianas con denominaciones militares. La transformación sólo fue nominal, pero coadyudó a minar los ánimos confederales. De todas formas, siguieron sin llegar las armas necesitadas" (770).

A mediados del mes de Octubre, se constituyó el "Comisariado General de la Guerra" y se creó la figura del comisario político, que iba a tener una importancia decisiva en el proceso de militarización de las milicias revolucionarias. Alvarez del Vayo (socialista procomunista) fue nombrado comisario general, Felipe Pretel (socialista que pronto se pasaría al PCE) secretario general y Angel Gil Roldán (CNT), Antonio Mije (PCE), Crescenciano Bilbao (PSOE) y Angel Pestaña (P. Sindicalista) se convirtieron en subcomisarios generales. En la composición de los responsables del nuevo organismo empezaba a destacar la influencia que el PCE iba a tener entre los comisarios y también en el nuevo ejército. Por el contrario, ningún republicano figuraba en él, reflejo de que ya no tenían ningún peso real en la vida política de la zona "antifascista" y que sólo mantenían puestos testimoniales y de importancia secundaria, en el nuevo gobierno.

A pesar del nombre, los comisarios políticos del Ejército Popular de la República tuvieron poco en común con los del Ejército Rojo que protagonizó victoriosamente la guerra civil en la URSS. El comisariado español se apropió de la mayor parte de las funciones de los disueltos consejos de obreros y de soldados que se habían creado en el seno de las milicias.
Con el desmantelamiento de las conquistas de la revolución en la retaguardia y con la progresiva militarización de las milicias, el entusiasmo y la moral de los combatientes empezó a decaer. Por otro lado, las relaciones entre los militares profesionales que continuaban bajo la autoridad republicana y los milicianos era más que difícil. Los revolucionarios desconfiaban de unos militares que eran sospechosos (y muchas veces con razón), de simpatizar con el enemigo. A pesar de la lealtad de la mayoría hacia el gobierno de la República, los casos de traición en el frente no fueron escasos. Si estos graves problemas no eran solucionados, los planes de construcción del ejército republicano corrían el riesgo de fracasar.

Los comisarios se convirtieron en los portavoces del gobierno en el seno de las nuevas unidades militares, en los coordinadores entre los mandos y los combatientes. Tuvieron que asumir las tareas de vigilancia y control político sobre la tropa y sobre los militares profesionales. De hecho, fueron el principal instrumento político del gobierno en el proceso de militarización de las milicias y, con su autoridad, tuvieron que sustituir la rápida disminución del entusiasmo de los luchadores. Las características funcionales del comisariado lo convertían en un instrumento ideal y en un objetivo de primer orden, para cualquier organización que tuviera la intención de influir decisivamente en el proceso de construcción del nuevo ejército.

"Los autores e historiadores comunistas coinciden en general en afirmar que el PCE fue la primera organización que en la guerra española advirtió la importancia de los comisarios y que, como resultado de ello, sus miembros suministraron la mayoría de los comisarios en los primeros seis meses de la guerra" (771).

Efectivamente, mientras los comunistas valoraban la gran importancia política que iban a tener los comisarios en el nuevo ejército y se empeñaban en acapararlos, otras organizaciones como los anarcosindicalistas, los poumistas o incluso los socialistas de izquierda, desconfiaban, menospreciaban o rechazaban formar parte de las nuevas estructuras, adivinando su naturaleza reaccionaria.

"Ni el mando unificado, ni la escuela de guerra, ni los comisarios en el ejército fueron recibidos con entusiasmo por las masas confederales. Con frecuencia el comité nacional de la CNT tuvo que insistir cerca de los comités regionales para que recordasen a los sindicatos la necesidad de designar compañeros para cubrir los puestos a ellos asignados de acuerdo con los porcentajes establecidos" (772).

Sin embargo, la fuerte influencia conseguida por el PCE entre los comisarios tiene también otras causas. La labor de reclutamiento que llevaron a cabo los comunistas entre los cuadros dirigentes del socialismo de izquierdas, fue también un hecho decisivo. Sin embargo, la fuerte campaña provocó también las primeras tensiones y enfrentamientos entre los comunistas y Largo Caballero.

Simultáneamente a la consolidación del papel político de los comisarios, se procedía a disolver las estructuras democráticas y revolucionarias de las milicias (comités, asambleas, elección de los mandos por las bases...). La naturaleza política de ambos organismos (los comisarios y los consejos de obreros y de soldados) era incompatible. Mientras los primeros eran los portavoces de la política gubernamental y formaban parte de sus planes para la construcción de su propio ejército, los segundos eran la expresión legítima de una revolución que tan solo unos meses antes había hundido a la República. La consolidación de la figura del comisariado sólo podía llevarse a cabo, mediante la previa disolución de cualquier organismo revolucionario que pudiera existir entre los combatientes.

La actitud de reticencia y hostilidad de la CNT hacia los planes de reconstrucción del Ejército republicano era todavía un obstáculo que tenía que ser vencido. El mismo Largo Caballero, a pesar de los pasos dados, seguía desconfiando del sistema de reclutamiento forzoso y manifestaba sus simpatías por el voluntariado de las milicias (773).

Apenas una semana después de constituirse el primer gabinete de unidad, en que estaba representada la CNT, éste decretó la formación del Consejo Superior de Guerra. Era la máxima concesión que Largo Caballero estaba dispuesto a hacer a los libertarios, en su demanda para la constitución de un Consejo Nacional de Defensa que sustituyera al gobierno (774). El nuevo organismo estaría formado por el mismo Largo Caballero, por Indalecio Prieto, Alvarez del Vayo (los tres socialistas pertenecientes a tres corrientes distintas), Vicente Uribe (PCE), Julio Just (IR) y por Juan García Oliver (CNT). Sin embargo, el nuevo organismo, debilitado por las fuertes suspicacias y por los continuos enfrentamientos de sus miembros, no iba a tener ninguna repercusión política.

El acercamiento de posiciones que se estaba dando en aquellos momentos, entre Largo Caballero y los dirigentes anarcosindicalistas, para hacer frente a las presiones del PCE, se convertían en un serio obstáculo para impulsar, de una vez por todas, el nuevo ejército e incorporar los reemplazos que habían sido llamados repetidamente a filas.

Unas semanas después de proclamarse la constitución del nuevo ejército de la República, se prohibía a las milicias que siguieran manteniendo sus viejos nombres. Las columnas de combatientes tendrían que adoptar una numeración, que estaría más acorde con la nueva filosofía militar que se estaba implantando. Simultáneamente también se procedía a crear, por el momento sobre el papel, las nuevas unidades de combate del nuevo ejército, las "Brigadas Mixtas".

En los ambientes revolucionarios crecía la desconfianza hacia una reestructuración que, en nombre de la eficacia militar, iba destinada a terminar de una vez por todas, con la independencia de las milicias frente al gobierno republicano, por el que no se sentían representados.
Las primeras milicias que sufrieron la militarización fueron las que participaban en la defensa de la capital. Apenas terminada la batalla de Madrid y a raíz de ésta, las brigadas mixtas empezaron a convertirse en una realidad. Todas las milicias de la capital, incluidas las libertarias, eran disueltas y transformadas en las nuevas unidades regulares de combate. Una vez que el gobierno había abandonado la ciudad y se había trasladado a Valencia, la Junta de Defensa de Madrid se convirtió en el mando único e indiscutible de todas las fuerzas combatientes, bajo la autoridad del general José Miaja.

La urgencia para estructurar una sólida defensa en torno a la capital, sin que existiera un criterio claro de como debía ser llevada a cabo, fue un factor importante para explicar la rapidez con la que se procedió a reestructurar a las milicias.

Sin embargo, también existen otros factores que pueden ayudarnos a comprender esta dinámica, como es el hecho de que en la ciudad se encontrara la mayor parte de los mandos militares fieles a la República, y la enorme influencia que ejercía sobre la vida política, la presencia que había tenido hasta el momento el gobierno y los aparatos dirigentes del Frente Popular.

El 18 de Octubre se publicaba la orden por la que quedaban constituidas las seis primeras Brigadas Mixtas del Ejército Popular de la República. Entre los mandos de las nuevas unidades se reflejaba la creciente influencia del PCE en la política militar del gobierno de Largo Caballero. Tres de los seis mandos de las brigadas (Enrique Lister, José María Galán y Miguel Gallo) eran conocidos militantes comunistas y otro de ellos (Jesús Martínez de Aragón) había pasado por la escuela de formación de las milicias comunistas, mientras que los otros dos mandos recayeron en militares profesionales retirados (Arturo Arellano y Fernando Sabio) que también habían estado relacionados, en mayor o menor medida, con las milicias del "Quinto Regimiento".

La eficaz campaña que estaba llevando el Partido Comunista para aumentar su influencia en el nuevo ejército empezaba a tener sus frutos. La apreciación que hace el historiador Michael Alpert de que no puede atribuirse sólo a la influencia comunista, el hecho de que la mayoría de los mandos de las brigadas fueran miembros del partido, nos parece eso, simplemente una apreciación (775). Sin negar que todos ellos tuvieran un historial lleno de éxitos militares, existían otros muchos dirigentes milicianos, vinculados al Partido Socialista o a la UGT (la CNT seguía siendo reacia a integrarse en las nuevas estructuras de mando) que también contaban con excelentes informes y que, por lo tanto, también podían haber accedido a los puestos de dirección de las nuevas unidades.

Importante fue también la labor de reclutamiento que llevó a cabo el PCE entre los militares profesionales. La llegada de las primeras partidas de alimentos y de armas, procedentes de la URSS; la entrada en la contienda de las brigadas internacionales, formadas por combatientes de un amplio espectro político, pero sin embargo instrumentalizadas por la Komintern; el envío de cuadros técnicos soviéticos, país que todavía mantenía la aureola de la revolución bolchevique; y también la insistencia con la que desde un principio se había caracterizado el PCE para construir un ejército disciplinado y centralizado, obedeciendo al esquema tradicional; todos estos factores fueron importantes para el éxito comunista entre unos militares conservadores y hostiles a la revolución, que veían en el PCE una organización moderada y la única capaz de derrotar a los sublevados y de restablecer la legalidad republicana.

"El caos de las primeras semanas de la guerra trajo consigo la aparición del Partido Comunista de España (PCE) como organización con la que muchos de los oficiales del ejército podían identificar sus propósitos, por un lado a causa de su énfasis en el orden y la disciplina, y por otro porque la política de la Internacional Comunista de los frentes populares había hecho que el Partido Comunista jugase el papel del organismo que podía proteger a la República burguesa contra quienes consideraban que la rebelión militar de 1936 ratificaba la destrucción del estado y justificaba la Revolución..." (776).

El 28 de Noviembre, el gobierno de unidad nacional publicaba un paquete de nuevos decretos, por los que se incorporaba a los dirigentes milicianos a la escala activa del nuevo ejército, equiparándolos con los grados y escalafones clásicos. Las nuevas órdenes iba a tener importantes consecuencias en el proceso de liquidación de las columnas revolucionarias y en su integración al ejército republicano (777).

Para poder enfrentarse al creciente prestigio e influencia del PCE, la CNT formó su propio Comité de Defensa en Madrid y se decidió a reestructurar sus milicias, aplicando una estricta disciplina y una rígida organización militar entre sus miembros. Las columnas libertarias de la zona centro se integraron en el nuevo ejército, convirtiéndose en la brigada número 39 del mismo.
El hecho de que en la zona centro el anarcosindicalismo fuera minoritario y de que las sangrientas consecuencias de la "autodisciplina revolucionaria" hubieran sido mayores que en otros frentes, fueron factores que provocaron la rápida evolución de las milicias cenetistas.

Ya el 17 de Septiembre, un Pleno regional de la CNT de la zona centro, había aceptado que se aplicara el reclutamiento obligatorio, como una forma para reforzar a las milicias, y había aceptado poner fin al sistema del voluntariado revolucionario.

Sin embargo, los anarcosindicalistas se proponían salvaguardar el funcionamiento democrático e igualitario de las milicias, contra las voces que clamaban por la restauración del ejército tradicional. La CNT pidió que se conformara un mando único de todas las milicias, exigencia que volvería a replantear en el plenario convocado para el 28 del mismo mes. Este planteamiento formaba parte de las demandas que hacía el anarcosindicalismo para que se constituyera un Consejo Nacional de Defensa.
El debate sobre la constitución de un mando único para las milicias era una discusión falsa. Todas las organizaciones estaban convencidas que era necesario optimizar la capacidad ofensiva de las milicias. Todos eran conscientes de que ésto sólo podía conseguirse mediante la constitución de un mando único y centralizado. El verdadero debate era en realidad, a cual de las dos fuerzas que pugnaban en el bando republicano, iba a servir el nuevo ejército.

A pesar de la reestructuración que llevaron a cabo las milicias libertarias para mejorar su propia capacidad ofensiva, muchos de las modificaciones que habían sido ordenadas por el gobierno, fueron adoptadas de forma superficial. Simular que se aceptaba la militarización era la única manera que los anarcosindicalistas encontraron para burlar la creciente presión que se estaba ejerciendo sobre ellos, desde el gobierno. Sin embargo las maniobras no podían engañar a nadie, el gobierno comprendió que esta actitud era una señal inequívoca de que las milicias libertarias estaban a la defensiva, y de que, una vez más, la CNT no estaba dispuesta a romper su colaboración, pese a las fuertes presiones que sufría.

Sin duda alguna, el hecho de que la dirección de la CNT aceptase el proceso de militarización de sus milicias obedecía también a la inexistencia de un modelo claro del tipo de ejército adecuado que se debía adoptar. Las dificultades con las que habían chocado las milicias revolucionarias, durante las primeras semanas de la guerra, significó la quiebra de su modelo "autodisciplinario". Sin embargo, el principal problema con el que se enfrentaban los dirigentes anarcosindicalistas era como compatibilizar la defensa de las características revolucionarias de las milicias, con su política de colaboración con un gobierno que estaba dispuesto a acabar con ellas.

La bancarrota política, de los principios antiautoritarios de los dirigentes de la CNT, ha sido perfectamente recogida por Vernon Richards, al recoger y contrastar dos fragmentos de discursos realizados por Juan García Oliver, con apenas cuatro meses de diferencia entre ambos (778).

"El gobierno de Madrid cree que se puede ir a la formación de un ejército para combatir el fascismo, sin tener este ejército el espíritu revolucionario. El ejército no debe tener otra expresión que la que emana del Pueblo, y debe contener un cien por ciento de contenido proletario..." (mitin del 10.08.36 celebrado en Barcelona).
...
"¿Interesa ganar la guerra? Pues sean cuales sean sus ideologías, los credos de los obreros, las organizaciones a las que pertenecen, tienen que emplear los procedimientos que emplea el enemigo para vencer, y especialmente la disciplina y la unión. Con disciplina y organización militar eficiente, ganaremos indudablemente. Disciplina del que lucha y trabaja, disciplina en todo, que es la base del triunfo..." (mitin realizado en Valencia, el 04.12.36).

Presos de la dinámica de colaboración en la que habían entrado, no tenían otro camino que abandonar, poco a poco, sus objetivos. Era necesario ceder, cuando no hubiera otro remedio, para impedir que pudiera darse una ruptura en el campo republicano, cuando no se estaba dispuesto a tomar el poder y el ejército franquista proseguía su avance, sin ser derrotado.

A medida que se profundizaba en el proceso de militarización y que los mecanismos de control y represión del gobierno sobre los milicianos se intensificaba, el descontento de los combatientes, y con especial intensidad el de los libertarios, también crecía. Los combatientes adivinaban que, detrás de las reformas del gobierno, se estaba desarrollando un proceso político que estaba destinado a desarmar a la revolución.

"Evidentemente, la única garantía que podían tener los obreros de mantener sus conquistas sociales, era que una parte de las fuerzas armadas estuviese bajo control" (779).

La resistencia afectó incluso a las brigadas internacionales, donde muchos de sus miembros se mostraron partidarios del sistema de milicias y en contra de la construcción de un ejército clásico y sin las características revolucionarias de las primeras.

"También en las célebres y celebradas Brigadas Internacionales, los primeros momentos, se planteó el problema de su estructura. Unos querían constituirse en una simple milicia y otros se querían constituir en unidades disciplinadas como un Ejército clásico... <<El nombramiento de los primeros oficiales fue una cuestión muy difícil. Había que luchar, en ocasiones, con la resistencia de los escogidos, que no querían tener más autoridad que sus compañeros ni someterse a una organización de un ejército de sistema burgués. Algunos voluntarios proponían que los oficiales tenían que ser elegidos desde la base, o sea, por sus propios hombres, que tendrían así plena confianza en los escogidos" (780).

En el seno de la CNT, la oposición a la línea colaboracionista de la dirección adoptaba diferentes formas, que iba de la denuncia en las páginas de la prensa libertaria hasta el abandono del frente.

"El desconcierto de los anarquistas les condujo a acciones de violencia absurda como la expedición de castigo de la tristemente famosa Columna de Hierro, que dejó el frente de Teruel para ir a saquear en Valencia el juzgado y los cabarets..." (781).

A finales del mes de Octubre y cuando se multiplicaban los indicios de que los dirigentes de la CNT se disponían a integrarse en el gobierno de Largo Caballero, el periódico "Frente Libertario", órgano de prensa de las milicias libertarias de la zona centro denunció los rápidos avances que se estaban realizando en la construcción del Ejército Popular y las crecientes presiones que se estaban llevando a cabo sobre las milicias revolucionarias.
"No queremos ejército nacional, queremos milicias populares, que son la única encarnación de la voluntad popular, que son las fuerzas únicas que pueden defender la libertad y la vida libre del pueblo español. Como antes de esta guerra social, volvemos a gritar ahora: ¡abajo las cadenas! el ejército es el encadenamiento, el símbolo de la tiranía, suprímase el ejército" (782).

Los milicianos libertarios, junto a otros que pertenecían a otras organizaciones, desconfiaban, con razones más que justificadas, que tras la fachada de la construcción de un nuevo ejército más eficaz contra los militares sublevados, se ocultaran otros planes que pretendían arrebatarles las conquistas revolucionarias que ellos habían conquistado con las armas en la mano, después de las jornadas de Julio.

"(La contrarrevolución) intenta adueñarse de los resortes estatales. Ayer pedía un cuerpo único de seguridad numeroso... hoy propugna un ejército regular desprovisto de contenido revolucionario, ¿qué se busca con estas maniobras de corte rufianesco?... contar con fuerzas incondicionales para mañana sofocar en sangre las reivindicaciones sociales del proletariado, ¿cómo contrarrestar el plan?... forjando el organismo militar de la revolución... a esos jóvenes (los de la retaguardia) dirigimos un llamamiento vibrante: ¡a formar los cuadros de los batallones <<juventud revolucionaria>>!" (783).

El 15 de Diciembre, el PCE daba a conocer un nuevo manifiesto, en el que presentaba los puntos más importantes de su política militar. Además de repetir las demandas tradicionales de su programa, sobre la reorganización de las fuerzas armadas, el mando único, el reclutamiento forzoso y la implantación de una férrea disciplina, exigía que todas las organizaciones se sometieran incondicionalmente a las directrices del gobierno de unidad. El mensaje estaba dirigido a las reticencias que ponía el anarcosindicalismo a la militarización de sus milicias.

A medida que se incrementaba la presencia del PCE en el proceso que se estaba llevando a cabo. A medida que crecía su prestigio y peso en la vida política del gobierno de Largo Caballero, también fueron aumentando las presiones para que se acelerara el proceso

La caída, provocada por los comunistas (y que contaron con un amplio respaldo en el gobierno) del general Asensio (asesor y hombre de confianza de Largo Caballero) fue la señal para que el inicio de una serie de maniobras políticas que tendrían como objetivo recortar la influencia comunista en el Ministerio de la Guerra.

A partir de este momento, el objetivo del PCE pasaría a ser el mismo Largo Caballero que se estaba convirtiendo, cada vez más, en un obstáculo para sus objetivos. La oportunidad para derribarle se presentaría dos meses después, como consecuencia de los hechos de Mayo en Barcelona.

A finales del mes de Abril, el Estado Mayor de la zona central disponía la completa unificación de todos los ejércitos republicanos, que quedaban definitivamente encuadrados en divisiones y brigadas mixtas. Apenas un mes después, el gobierno conseguiría incorporar bajo su autoridad política, al ejército de Catalunya y todo el frente aragonés que hasta ese momento había permanecido prácticamente independiente de la autoridad del gobierno central, desde los inicios de la guerra. El proceso de militarización, sin embargo, no pudo completarse hasta mediados de 1937, cuando la revolución de Julio ya había sido liquidada. El "espíritu igualitario de las milicias" perduró durante largo tiempo y la militarización nunca llegó a ser total, salvo en las unidades que estaban controladas por el Partido Comunista. Sin embargo, la resistencia y la moral revolucionarias ya estaban completamente deshechas.

"... cada vez se hacía más evidente que el gobierno de los obreros era una causa perdida, y no puede reprocharse a la masa del pueblo, sobre todo al proletariado urbano, que tenía que llenar las filas en cualquier guerra civil o exterior, el que sintiese una cierta apatía. Nadie quería perder la guerra, pero la mayoría deseaba por encima de todo que terminase" (784).

El Ejército Popular de la República no demostró ser mucho más eficaz que las milicias revolucionarias. Estas últimas tenían graves limitaciones, pero sin duda alguna se compensaban con el entusiasmo y el arrojo de los combatientes que se sabían luchando por sus aspiraciones y sus ideales más legítimos. La decadencia de la revolución y el proceso de militarización les privaba de la causa principal por la que combatían, en su lugar se había instalado un gobierno que no representaba sus intereses y que les era hostil. El gobierno intentaría paliar el hundimiento del entusiasmo revolucionario con una fuerte y rígida disciplina, pero ésto no podía ser suficiente. Perdido el contenido revolucionario, la guerra se asemejaría cada vez más claramente al enfrentamiento entre dos ejércitos clásicos, con soldados reclutados a la fuerza que no sabían por qué luchaban ni para qué tenían que arriesgar sus vidas. En estas condiciones, el ejército de Franco, con una experiencia y un conjunto de cuadros militares profesionales mucho más numerosos y eficaces que el de sus adversarios, tenía asegurado el camino de la victoria.

5.2.9 CONTRA LAS COLECTIVIZACIONES EN CATALUNYA.

El triunfo de los revolucionarios en las jornadas de Julio había dado lugar a una vasta oleada de expropiaciones en las ciudades. El vacío dejado en las empresas por la huida de gran parte de los empresarios, había sido rápidamente ocupado por la acción espontánea de los trabajadores que pusieron de nuevo en marcha la producción en las fábricas, los talleres y las minas.
Las incautaciones también afectaron en menor medida el campo catalán, donde predominaban los pequeños y medianos propietarios, agrupados en la Unió de Rabassaires. Por esta razón, las expropiaciones afectaron principalmente a las escasas grandes propiedades agrícolas y también a las que pertenecían a los partidarios declarados de la sublevación militar.
El espíritu espontáneo de las expropiaciones, la falta de un plan y de una dirección que organizara y diera coherencia a las colectivizaciones, fue la causa del surgimiento de numerosas desviaciones corporativistas (capitalismo popular) y de graves diferencias entre las diferentes colectividades, según el grado de rentabilidad. El primer intento para articular y ordenar el caos de la nueva economía surgió en Agosto, unas semanas después, con la creación del Consell d'Economía de Catalunya.

El gobierno de la Generalitat y los partidarios de evitar que se traspasaran los límites de la propiedad privada y del orden democrático burgués se encontraron en franca minoría. El hecho de que muchos de los antiguos propietarios hubieran huido al extranjero y apoyaran política y económicamente a Franco, impedía que las organizaciones del Front d'Esquerres pudieran reclamar la devolución de las propiedades. Además, los revolucionarios, verdaderos dueños de la situación, tampoco estaban dispuestos a entregarles lo que antes habían conquistado frente a los sublevados. A su pesar y durante las primeras semanas, los partidarios de la restauración republicana, tuvieron que contar con la iniciativa revolucionaria de las expropiaciones, para impedir el hundimiento de la economía.

La nueva situación empujaba al gobierno catalán y a sus aliados -aunque sólo fuera por el momento- a aceptar las colectivizaciones como un mal menor. Sin embargo y desde los primeros momentos, procuró salvar todo lo posible de las incautaciones que se estaban llevando a cabo. De esta forma, áreas estratégicas de la economía, como los bancos y las cajas de ahorro, quedaron en sus manos, para ser utilizados posteriormente para preparar el restablecimiento del orden republicano. En cualquier caso, durante el primer período de la dualidad de poderes, la Generalitat y sus aliados tuvieron que limitarse a participar en la gestión de la nueva economía colectivizada (asegurando el pago de los salarios, distribuyendo materias primas o combustible...), para poder hacerse un espacio político que les permitiera influir de forma decisiva en la marcha de la revolución.

"En Catalunya, el Consejo de la Generalitat fue más lejos, bajo la presión de la CNT y del POUM, que hicieron de la <<legalización>> de las colectividades la condición de la liquidación del poder revolucionario" (785).

Con la disolución del Comité Central de Milicias y la formación del primer gobierno de unidad nacional, los planes de restauración del viejo orden republicano daban un salto cualitativo. La participación de la CNT-FAI y del POUM en el gobierno permitía que el gobierno de la Generalitat adquiriera una legitimidad y una autoridad política sobre los sectores revolucionarios y sobre las colectivizaciones que nunca habrían podido tener. Con la progresiva recuperación del poder político, el gobierno y sus aliados del Front d'Esquerres, iniciarían los primeros pasos serios, destinados a quebrar la resistencia de los sectores revolucionarios y controlar la economía colectivizada.

Desde Octubre de 1936, hasta el mes de Junio de 1937, las colectivizaciones sufrirían una progresiva pérdida de su independencia con respecto al gobierno. Una vez sometidas a su autoridad, donde el predominio del PSUC se hacía cada vez más patente, las colectivizaciones perderían su naturaleza revolucionaria, la del control obrero sobre la economía, para convertirse en simples apéndices burocratizados (dirigidas por funcionarios) de una especie de capitalismo de estado, paso previo y obligado para la posterior devolución a sus antiguos propietarios, una vez hubiera terminado la guerra.

Durante el nuevo período que se abría con la integración del Comité Central de Milicias en el nuevo gobierno de la Generalitat, la CNT mantuvo la titularidad de la Consellería de Economía, departamento que sólo perdería una vez liquidado el ciclo revolucionario. Durante todo el período comprendido entre Julio de 1936 y Mayo de 1937, el sistema colectivista estaría caracterizado por una multitud de consejos de fábrica y de industria, que estarían encargados de la gestión de sus respectivos centros de trabajo y en los que existiría una desigual participación de las plantillas de trabajadores, mediante asambleas generales y decisorias. En el nuevo sistema económico, los sindicatos locales o de ramo, -especialmente la CNT- tuvieron una fuerte influencia en las fábricas, que con frecuencia entraría en conflicto con la autoridad del gobierno.

Paradójicamente, en la segunda etapa, los enfrentamientos serían con un gobierno que contaba con una importante presencia de su propia organización confederal. Durante todo este proceso, la autoridad legal tendió a concentrarse, cada vez más, en el departamento de Economía, en detrimento de las tareas de coordinación del Consejo Económico, organismo que vería limitadas progresivamente sus funciones a las de simple asesoramiento.

Con la entrada en el gobierno de la Generalitat, los líderes anarcosindicalistas pretendieron obsesivamente conseguir la legalización de la nueva situación y de las conquistas revolucionarias que habían llevado a cabo los trabajadores. Desde su óptica, si se había rechazado el camino de la toma del poder, y se había preferido la colaboración, era necesario crear garantías de que sus adversarios iban a reconocer la obra revolucionaria, y que no iban a aprovecharse del respiro dado por la CNT, para intentar destruirla. La ingenuidad reformista de los dirigentes del anarcosindicalismo iba a mantenerse durante bastante tiempo, a pesar de que a los pocos meses, eran patentes los síntomas de que los planes de la restauración avanzaban rápidamente.

La dificultad que tuvieron los líderes cenetistas para comprender lo que resultaba evidente para muchos militantes de base de los sindicatos, que su colaboración estaba sirviendo a los planes políticos de sus adversarios y aliados circunstanciales, sólo puede explicarse por la desorientación política en la que se encontraban sumidos. Una vez más, tenían que enfrentarse al dilema de mantener la colaboración, intentando atenuar en lo posible las presiones restauracionistas, o por el contrario asumír la responsabilidad de la toma del poder. Sin embargo, la vía escogida, la de la colaboración, acabaría obligando a los representantes de la CNT-FAI y del POUM a moderar las acciones que llevaban a cabo los trabajadores.

"El 2 de Octubre, Fábregas exhortó a los trabajadores a no proceder por el momento a ninguna incautación más hasta que no se estableciesen unas líneas maestras, homogéneas, para las transformaciones económicas. Sin embargo, parece que el llamamiento de Fábregas no fue seguido" (786).

La "legalidad", tan obsesivamente perseguida por los líderes de la CNT-FAI y del POUM era, por lo tanto, el tributo que había que pagar por una revolución inacabada, que no había sido capaz de implantar la suya, y que por lo tanto, nadaba en la ambigüedad del doble poder. La "legalidad" de las colectivizaciones también sería la grieta por donde iban a entrar en escena sus adversarios.

Sin duda alguna, la "legalización" de las colectivizaciones fue una de las condiciones previas, que los dirigentes cenetistas y del POUM impusieron, como precio a su colaboración en el nuevo gobierno de la Generalitat (787). La postura de sus adversarios, el PSUC y de ERC fue, en un principio, la de oponerse a la promulgación de cualquier normativa que pudiera darle reconocimiento legal a la colectivizaciones. Sin embargo, el principal objetivo político era el de mantener a toda costa a la CNT y al POUM en el gobierno de la Generalitat, y por lo tanto, la publicación de un decreto que contribuyera a la "legalización" y al ordenamiento de la nueva economía revolucionaria, tan sólo tenía una importancia secundaria. Además, las nuevas leyes podrían ser utilizadas para conseguir el control de la Generalitat sobre las colectivizaciones.

Apenas disuelto el Comité Central de Milicias y conformado el nuevo gabinete de la Generalitat, el Consell d'Economía creó una comisión que debería encargarse de elaborar el texto de la nueva ley que debería organizar y estructurar el caótico sistema colectivista. John Brademas y otros historiadores libertarios han considerado que el decreto sobre las colectivizaciones no fue más que otro intento para darle coherencia y solidez a la nueva economía revolucionaria (788). La afirmación es completamente cierta y no tendríamos nada que alegar, sino fuera por el hecho fundamental de que el decreto estructuraba a las colectivizaciones en torno al gobierno de la Generalitat y relegaba a las centrales sindicales como dirección de la economía revolucionaria. Cuestión que era aceptada por los órganos dirigentes de la CNT.

Sólo dos días antes de la promulgación del decreto sobre las colectivizaciones y el control obrero, el 22 de Octubre, se hacía pública una declaración conjunta de las organizaciones anarcosindicalistas (CNT-FAI) y las comunistas (UGT-PSUC). En el manifiesto conjunto se reconocía la indiscutible autoridad política del nuevo gobierno de la Generalitat en el campo de la economía colectivizada.
"Estamos de acuerdo en considerar que esa colectivización no daría el resultado deseado si no estuviera dirigida y coordinada por un organismo representante natural de la colectividad, que en ese caso, sólo puede ser el Consejo de la Generalitat" (789).

Con el decreto se pretendía que ambos tipos de economía, la privada y la colectivizada, convivieran, en una perfecta simbiosis, bajo la dirección del gobierno de la Generalitat. Por primera vez, la CNT aceptó que no se hablara de la socialización de la economía y se comprometía a que se respetara la pequeña industria y el pequeño comercio. La propiedades del capital extranjero serían respetadas, o en su caso, se aceptó el principio de la indemnización. Se defendía también la municipalización de la propiedad urbana y agraria (salvo en el caso de la pequeña). La Banca sería nacionalizada y la pequeña industria puesta bajo el control obrero.

A pesar de las concesiones que se habían hecho en el nuevo compromiso, se suponía que la presencia de la todopoderosa central sindical anarcosindicalista sería la garantía de que este orden inestable y contradictorio se mantendría dentro de los límites acordados. La evolución posterior demostraría que los dirigentes cenetistas estaban cometiendo un grave error que iba a terminar con lo que pretendían preservar: La esencia revolucionaria de las colectivizaciones.

La exigencia de darle un cauce "legal" al sistema colectivista fue cumplida. Pocas semanas después de haberse producido la integración en el gobierno de la Generalitat, se promulgaría -el 24 de Octubre- el "Decreto de Colectivizaciones y Control Obrero". La orden fue elaborada a partir de la ponencia, que se había formado a principios del mes, y en la que habían participado todos los partidos y sindicatos que formaban parte del nuevo gobierno y del Consell d'Economía. Sin embargo, y debido al peso político de cada una de las fuerzas políticas, la verdadera polémica estuvo centrada en torno a las posiciones del ala izquierda (CNT, FAI y POUM) y de las organizaciones más importantes del Front d'Esquerres (PSUC y ERC).

La paternidad espiritual del decreto ha sido atribuida a Joan P. Fábregas, cenetista de última hora y convertido en aquellos momentos en Conseller d'Economía del gobierno de la Generalitat (790).

La polémica principal a la que dió lugar la redacción del decreto, estuvo en torno a los límites que debería tener la obra colectivizadora. Mientras los representantes del Front d'Esquerres pretendían que las incautaciones sólo pudieran llevarse a cabo en las grandes empresas (todas aquellas que contaran con más de 250 trabajadores), el POUM y la CNT-FAI consideraban que las expropiaciones deberían extenderse a las que contaran con más de 50. Finalmente el acuerdo llegó a concretarse en todas aquellas empresas que antes del estallido de la contienda, contaban en sus plantillas con más de un centenar de trabajadores. La polémica no en era en absoluto banal ni caprichosa, el hecho de que en la industria y el comercio catalán, la pequeña y mediana empresas fueran la inmensa mayoría, hacía que la delimitación marcara dos proyectos económicos y políticos, claramente diferenciados.

"En realidad, la defensa de la colectivización de las empresas a partir de 250 obreros era tener un criterio muy generoso de pequeño empresario o de pequeña industria, tanto más que detrás del número había un modelo económico diferente del que querían las organizaciones obreras y que se preveía en el prefacio del decreto. El fondo de la fricción, por lo tanto, no estaba tanto en salvar de la colectivización al pequeño empresario sino en el modelo económico y de revolución que detrás de una cifra u otra, se derivaba" (791).

La polémica se saldó finalmente con un acuerdo que se acercaba a las condiciones que habían exigido los libertarios y los poumistas. Sin embargo, esto no significaba necesariamente que éstos fueran los verdaderos vencedores. En realidad ocurría todo lo contrario. Pese a las tensiones que se habían desatado en el debate sobre la nueva ley, los dirigentes del Front d'Esquerres comprendían perfectamente que era preferible perder esta batalla, antes que perder la guerra. El paso más importante que habían dado los partidarios del orden republicano había sido la disolución del Comité Central de Milicias y la integración de las organizaciones obreras en el nuevo gobierno de la Generalitat. Era imprescindible que la nueva alianza no se malograra, bajo ningún concepto. Era preferible ceder en apariencia a las exigencias de sus adversarios. En el futuro ya se darían las condiciones -gracias a la vitalidad que le confería a lla Generalitat la presencia de los representantes de la CNT-FAI y del POUM en su seno- para recomponer la situación según sus intereses. El mismo historiador, Miquel Caminal, con sus propias palabras, nos explica cual era la óptica política del máximo dirigente del PSUC, Joan Comorera, y por consiguiente, también la que animaba al conjunto del Front d'Esquerres.

"A pesar de las tensiones que hubo en la discusión del decreto, éste fue bien recibido por todas las organizaciones, ya que constituía el pacto imprescindible para que partidos y sindicatos mirasen hacia adelante y trabajasen por la victoria. Había que asegurar y legalizar la revolución regulando el nuevo orden económico si se quería contar con la colaboración en el gobierno de unidad, del POUM y de la CNT. La Generalitat se ponía delante de la revolución y sellaba el final de las disensiones. Ya no había motivos ni para la desconfianza ni para las reticencias, no hacían falta guardianes de la revolución. Todas las armas podían y habían de ser liberadas al Consejo de la Generalitat. Hecha la revolución solo había una preocupación: ganar la guerra" (792).

Lo importante para las organizaciones del Front d'Esquerres en aquellos momentos, no era una ley que fuera favorable a sus intereses en una todavía difícil situación política, en la que difícilmente sería aceptada y obedecida por los sectores revolucionarios. El eje principal de su política era pues, la consolidación del nuevo gobierno de la Generalitat como única autoridad legítima de Catalunya y, lo que era más importante, que la CNT y el POUM se mantuvieran dentro de ella, dispuestos a avalar su política. En los debates sobre el nuevo decreto, el PSUC y ERC intentaron influir al máximo, y que sus puntos de vista fueran tenidos en cuenta, pero de ninguna manera estaba dispuestos a que los enfrentamientos pudieran provocar una ruptura con sus adversarios, que podría tener imprevisibles consecuencias.

"Formalmente, el estalinismo y la burguesía capitulaban ante la CNT y el POUM; en realidad, la CNT y el POUM, por segunda vez desde el 19 de Julio, capitulaban ante un estado capitalista absolutamente impotente... promulgado por el gobierno de la Generalitat, el decreto de la colectivización se limitaba al reconocimiento de la expropiación de los capitalistas, ya consumada por el proletariado y los campesinos, pero al mismo tiempo era el primer acto de afirmación del estado capitalista como tal, después del 19 de Julio. LO QUE PERDIA ECONÓMICAMENTE EL CAPITALISMO, LO GANABA POLÍTICAMENTE SU ESTADO. LA RECONSTITUCIÓN DE ÉSTE PERMITIRÍA SOCAVAR EL PODER DE LAS MASAS Y ANULAR DESPUÉS LAS COLECTIVIZACIONES MISMAS" (793).

La aceptación pues, de las demandas exigidas por el anarcosindicalismo y el POUM, no tenía nada que ver con una victoria espectacular, era la única forma posible que los partidarios de la restauración republicana tenían, para limitar los avances de la revolución. Dada la desfavorable correlación de fuerzas que todavía existía en Catalunya, la otra posibilidad hubiera significado el enfrentamiento suicida contra los revolucionarios, posibilidad que no entraba en sus planes, por lo menos en aquellos momentos.

"La política económica de los gobiernos catalán y central perseguía dos objetivos: Además de sus objetivos político-económicos, de lo que se trataba era, mediante la aceptación parcial del fait accompli impuesto por los trabajadores (de instaurar un nuevo orden económico aún rudimentario, pero ya claramente reconocible en sus grandes líneas) así como mediante la legalización de las posiciones conquistadas por la clase obrera, de quitarle impulso a la oleada revolucionaria, de presentarse ellos mismos como defensores de los intereses proletarios y de someter a muchas empresas de interés bélico al control estatal, para de esta manera poner coto a las acciones espontáneas y por tanto incontrolables de la clase trabajadora" (794).

El decreto sobre las colectivizaciones y el control obrero contaba con un preámbulo y seis partes (las empresas colectivizadas, los consejos de empresa, los comités de control en las empresas privadas, los Consejos Generales de Industria, las Agrupaciones de Industria y las obligaciones industriales). El texto total contaba con un total de 39 artículos (ver anexo).
No es nuestra intención hacer un análisis exhaustivo del decreto. Nos limitaremos a citar sus características fundamentales y las consecuencias políticas que éstas iban a tener en el nuevo orden económico revolucionario.
El decreto clasificaba las empresas en dos órdenes, las colectivizadas y las privadas. Las primeras quedaban bajo la responsabilidad y la dirección de los consejos de empresas, en el segundo caso continuaba en manos del propietario o del gerente, pero contando con la colaboración y la vigilancia de un Comité Obrero de Control (Art.1). Todas las empresas industriales y comerciales que el día 30 de Junio hubieran superado el centenar de trabajadores; fueran propiedad de facciosos, o bien que sus propietarios hubieran abandonado sus responsabilidades; todas aquellas empresas menores, que hubieran llegado a un acuerdo entre los trabajadores y los propietarios para llevar a cabo la colectivización; las que sin el acuerdo de estos últimos así lo hubieran acordado las tres cuartas partes de los obreros que trabajaban en ella; así como todas aquellas que por su interés económico o militar, el Consejo de Economía así lo hubiera acordado (Art.2). En el caso de que en las empresas colectivizadas existieran intereses extranjeros, el comité debía comunicarlo al departamento de Economía de la Generalitat, para que éste procediera a negociar la salvaguarda de los intereses de cada una de las partes (Art.9).

El Consejo de Empresa, encargado de la gestión y administración, sería elegido entre los trabajadores de la misma empresa en asamblea general. El número de sus componentes no podría ser menor de cinco , ni mayor de quince, y en él tendrían que estar representadas todas las secciones de la empresa (Art.10). El Consejo sería responsable ante los trabajadores y ante el Consejo General de Industria del ramo (Art.11), mientras que su gestión tendría que someterse a los criterios de este último (Art.12). La marcha permanente de la empresa sería atendida por un director, que sería elegido por el Consejo de Empresa y en algunos casos importantes, el nombramiento tendría que ser aprobado por el Consejo de Economía (Art.14). En todas las empresas se nombraría un Interventor del gobierno de la Generalitat, que formaría parte del Consejo de Empresa, y que tendría que ser elegido por el consejero de Economía, de acuerdo con los trabajadores (Art.15). Los Consejos de Empresa podrían ser destituidos si se consideraba conveniente por el Consejo General de Industria, o bien por los trabajadores que lo habían elegido (Art.20).

En las industrias y comercios privados, la representación de los trabajadores estaría a cargo de un Comité Obrero de Control (Art.21), que tendría como misión, la vigilancia de las condiciones de trabajo, la administración y la producción (Art.22). Los propietarios estarían también obligados a dar cuenta periódicamente de la marcha de la empresa al comité obrero de control (Art.23).

Con la creación de los Consejos de Industria se abría la posibilidad de superar el marasmo inicial en el que había caído la economía colectivizada, víctima de su propio espontaneísmo. Sin embargo, la potenciación de los Consejos Generales chocó con las tendencias sindicalizadoras que fomentaban los sindicatos cenetistas.

"Sin los Consejos de Industria, el cuerpo supremo previsto por el decreto para cada industria, resultaba imposible racionalizar, eliminar la competencia y <<superar la desorientación existente en todas las ramas de la industria>>" (795).

Los Consejos Generales de la Industria estarían formados por cuatro representantes de los consejos de empresa del sector, ocho que representarían a las centrales sindicales (en proporción al número de afiliados que tuviera cada una de ellas), y cuatro técnicos que serían nombrados por el Consejo de Economía. El Consejo General estaría presidido por el vocal respectivo de cada ramo, del Consejo de Economía de Catalunya (Art.24). Los Consejos Generales serían los organismos encargados de formular los planes de trabajo, orientando a los comités de empresas en sus actividades (Art.25). Las decisiones del Consejo General de Industria tendrían carácter ejecutivo y sólo podrían ser recurridas ante el Consejero de Industria, cuya decisión sería irrevocable (Art.26). A su vez, los Consejos Generales de Industria tendrían que ajustar sus planes a la política dictada por el Consejo de Economía de Catalunya (Art.27), ante el que serían responsables (Art.28). Los Consejos Generales, para alcanzar una mayor racionalización de la economía colectivizada, estimularían la agrupación de las empresas de un mismo ramo (o complementarias) (Art.29).

Numerosos historiadores han destacado el avanzado contenido social del articulado de la ley sobre las colectivizaciones. Sin embargo, en realidad el decreto se limitó a recoger lo que ya los trabajadores habían llevado a cabo, por su propia cuenta. durante los tres meses anteriores (796). Un decreto que no hubiese reconocido la situación revolucionaria y que negara las transformaciones revolucionarias, se habría estrellado contra la hostilidad de los trabajadores de las colectivizaciones. En realidad, la principal consecuencia inmediata que tuvo el decreto, fue el intento de limitar el proceso espontáneo colectivizador.

"El mismo <<Decreto de colectivizaciones>> era, ciertamente, un gran paso porque legalizaba el proceso colectivizador, pero también suponía su freno, porque impedía su extensión e intensificación" (797).

Por primera vez, las organizaciones obreras más radicales avalaban una orden de tales características. Y también, por primera vez, el gobierno de la Generalitat se convertía en juez y director supremo de la nueva economía colectivizada. Un gobierno que, a pesar de la presencia en su seno de la CNT-FAI y del POUM, era claramente hostil a la oleada expropiatoria. La Generalitat conseguía llegar al corazón del sistema colectivista, facultad que le había sido negada hasta aquel momento, mediante el nombramiento de interventores. Dada la situación, los representantes del gobierno serían elegidos entre los trabajadores de las mismas empresas. Posteriormente y a medida que la autoridad de ésta se consolidaba, los interventores acabaron siendo nombrados entre los funcionarios del gobierno.

La política de intervención y control sobre las colectivizaciones se fue intensificando a medida que la Generalitat recuperaba su poder perdido (798).

Los miembros de los Consejos Generales de Industria serían elegidos, en su mayoría, por los organismos dirigentes de las centrales sindicales y por el gobierno autónomo. Los trabajadores de las colectivizaciones y los comités de empresa no iban apenas a tener ningún control sobre la política que iban a desarrollar los Consejos Generales. Éstos últimos, tendrían la facultad de destituir a los consejos de fábrica, si éstos se oponían a sus órdenes. En caso de conflicto entre ambas partes, la última decisión quedaba en manos del Consejero de Economía, que era el que tenía la última palabra. De esta manera se iniciaba un proceso de burocratización que iba a facilitar el control de la economía revolucionaria por parte de la Generalitat.

En las empresas privadas, la función de los comités de control se limitaría a una mera vigilancia sobre la producción (para evitar posibles sabotajes) y a la cogestión de la empresa, en un momento en el que los trabajadores, espontáneamente, habían ido mucho más lejos. De esta manera, se corresponsabilizada a los trabajadores de la marcha de la producción de la empresa, que continuaba en manos de sus antiguos dueños.

Sin embargo, a lo largo de los debates que dieron lugar al decreto sobre las colectivizaciones, surgieron numerosas diferencias entre los dos bloques políticos (además de las ya comentadas), que hacían presagiar los enfrentamientos que iban a producirse en el futuro.

La polémica sobre la indemnización a los antiguos propietarios expropiados, se saldó favorablemente para las organizaciones del Front d'Esquerres. Mientras todos se mostraban de acuerdo con que los intereses extranjeros deberían ser respetados en la medida de lo posible, y en el caso de que ésto no pudiera ser así, tendrían que ser debidamente indemnizados, para evitar roces diplomáticos con las potencias democráticas que contaban con importantes intereses en Catalunya, no ocurría lo mismo con los propietarios del país. Las organizaciones del Front d'esquerres PSUC, UGT, ERC y ACR defendieron la indemnización de los propietarios de las empresas expropiadas, siempre y cuando no fueran facciosos o simpatizantes de la sublevación. La propuesta fue bloqueada provisionalmente por la oposición del POUM y de la CNT-FAI (799). Sin embargo, el hecho de que el debate no hubiera sido cerrado, dejaba abierta la perspectiva de una futura restauración del viejo régimen de propiedad.

"Sensible a los argumentos de política exterior, los representantes de la CNT y del POUM aceptaron la indemnización de los accionistas extranjeros. Pero la indemnización de los accionistas españoles se admitió también, sin que se fijara el monto: de esta manera permaneció abierta, en la perspectiva de una restauración de la legalidad republicana, la de la percepción de los antiguos accionistas de verdaderos dividendos de las empresas colectivizadas" (800).
Finalmente, en el decreto sobre las colectivizaciones que había promulgado el gobierno de la Generalitat, desapareció toda referencia sobre las indemnizaciones y que habían sido aprobadas por el Consejo de Economía de Catalunya.

Otro de los puntos que desataría fuertes tensiones entre los dos bloques fue el referido a los aspectos financieros con los que debería dotarse el sistema de las colectivizaciones. El control que el gobierno republicano central y en menor medida la Generalitat tenían sobre el crédito, se había convertido en un instrumento de terrible eficacia contra la industria y el comercio colectivizados, y contra las resistencias que pudieran presentarse a su autoridad.

Desde los primeros momentos, el anarcosindicalismo había despreciado el control de los bancos y cajas de ahorro. Ya en el mes de septiembre, y a pesar de la utilización que el gobierno había hecho del capital financiero como un instrumento de chantaje, un Plenario Regional de la CNT, había decidido dar su visto bueno a que éste continuara controlándolo.

En el preámbulo del decreto se acordaba la creación de la "Caixa de Crédit Industrial i Comercial" (CCIC). El nuevo organismo crediticio se encargaría de la tarea de apoyar financieramente a las colectivizaciones. De esta manera, se intentaba paliar la dramática escasez de capitales que amenazaba con ahogar el nuevo orden económico. La mayor parte de las reservas provendrían de los beneficios aportados por las colectivizaciones más rentables, que tendrían que ceder el 50% de sus ganancias a la Caixa de Crédit.

A pesar de los intentos de crear el nuevo organismo económico, éste no pudo llegar a constituirse hasta un año después, el 10 de Noviembre de 1937. La fuerte oposición de los adversarios del sistema colectivista, dificultó el proceso (801).
Los roces entre el PSUC y la CNT con respecto a las indemnizaciones que deberían entregarse o no, a los antiguos propietarios (una de las tareas que tendría que asumir la CCIC), bloqueó su constitución (802). Sin embargo, el flujo de capitales que debería llenar las arcas del nuevo organismo financiero, pronto entraría en crisis. La marcha de la guerra (la pérdida de mercados interiores y exteriores, la escasez de materias primas y de dinero...) reduciría drásticamente los beneficios de las colectivizaciones.

A medida que la revolución retrocedía en todos los frentes, la Caixa de Crédit Industrial i Comercial se convirtió rápidamente en un organismo dependiente del mismo gobierno que pretendía estrangular la autononía de las colectivizaciones (la CCIC traspasó entre el 70 y el 80% de los excedentes a la Generalitat) (803). Dos años después de iniciada la guerra y la revolución, al menos la mitad de las colectivizaciones en Catalunya estaban hipotecadas. Habían tenido que someterse a sus directrices a cambio de créditos que les permitieran seguir funcionando (804).
El intento del anarcosindicalismo de proteger los logros que habían conseguido los trabajadores, al margen de la toma del poder político, se convertía finalmente en la "consagración tardía del Estado", es decir, en el principio de la restauración del viejo orden y en el fin de la revolución (805).

El decreto sobre las colectivizaciones y el control obrero tuvo muchos críticos y pocos defensores. En las filas del movimiento libertario surgieron numerosas voces contra la ley, que para muchos suponía una traición flagrante contra el espíritu que había alentado las conquistas revolucionarias de los trabajadores, y era considerada como un claro símbolo de la corriente reformista que dirigía la CNT.

"... la autoridad suprema en la nueva economía no serían los sindicatos sino el gobierno de Catalunya, y que tanto la orientación como el desarrollo de la economía quedarían en las manos de los políticos y economistas. De tal modo, el control por los obreros se reduciría sólo a una sombra de los objetivos originales que los mismos trabajadores revolucionarias se habían fijado cuando se adueñaron de las fábricas y talleres" (806).

Paradójicamente en el seno de la CNT y del movimiento libertario, la organización que más hizo para que el decreto fuera aprobado, las críticas contra el mismo han sido casi unánimes y las favorables más bien escasas (807).

"El Decreto de las colectivizaciones de la industria y el comercio... tuvo el mérito de organizar regionalmente el funcionamiento de las colectivizaciones obreras, de unificarlas, de uniformar los intentos de autogestión, de legalizar las transferencias de propiedad y sentar las bases de una economía socialista planificada, bien administrada y centralizada" (808).

Sin embargo, otro historiador libertario opina que el decreto, lejos de suponer una gran conquista para el movimiento libertario, supuso exactamente lo contrario.

"El 24 de Octubre de 1936, el Gobierno catalán institucionalizó por Decreto las colectivizaciones. Esto ha sido presentado en muchas ocasiones, hasta por gran número de exégetas de tendencia libertaria, como el simple reconocimiento de lo que habían realizado los propios trabajadores. En realidad, era exactamente lo contrario: El Estado se hace cargo de las colectivizaciones, en primer lugar, para limitarlas pero también, y sobre todo, para ampliar su propia influencia y su control en detrimento de la autonomía obrera" (809).

El primero no hace otra cosa que describir los objetivos que tenía el decreto para los dirigentes cenetistas, el segundo analiza las consecuencias reales que tuvo la aplicación de la ley. Una vez más, el problema no residía tanto en el contenido, más o menos discutible de los artículos, sino en quién tenía que aplicarlos.

El POUM también desarrolló amplias críticas contra las formulaciones del decreto, que consideraba como una preciosa oportunidad perdida para llegar a la socialización de la economía catalana. El poumismo analizó las múltiples fallas que tenía la nueva ley, que estimulaban, desde su óptica política, los egoísmos corporativistas de las empresas colectivizadas. El periódico poumista de Tarrasa "Front" publicó una serie de artículos a partir del decreto sobre las colectivizaciones, donde el partido establecía su postura y también los puntos en los que estaban en desacuerdo.

"La finalidad de la ley de colectivizaciones parece encaminada a satisfacer necesidades individuales, en lugar de satisfacer las de la colectividad. Llamamos colectividad cuando nos referimos a toda la masa trabajadora. El decreto tiene en realidad, la finalidad primordial de crear un conjunto de egoísmos capitalistas en los trabajadores, haciendo que dada empresa pertenezca exclusivamente a sus trabajadores".
...
"Por eso consideramos inoportuno que en unas circunstancias como las actuales en que, por la convulsión económica del momento, convenía mucho más ir directamente hacia la socialización de la industria, se tenga que pasar en primer lugar por la colectivización" (810).

A pesar de las críticas expresadas por el POUM, éste se mostraría favorable a la aceleración de la aplicación del decreto y de incentivar la centralización de la producción y de los capitales de la gran industria colectivizada (811). El centro neurálgico de la economía revolucionaria tenía que ser el nuevo Consejo de la Generalitat, en el que, en aquellos momentos, el bloque formado por la CNT-FAI y el POUM todavía tenían la mayoría. El poumismo se mostró partidario de la entrada de los interventores del gobierno en las colectivizaciones, como un mecanismo de coordinación y de centralización de la economía. Al fin y al cabo, mientras el anarcosindicalismo siguiera manteniendo su hegemonía en Catalunya, el espíritu revolucionario de la ley estaba asegurado (812).

A pesar del apoyo que dió el POUM al Consell de la Generalitat, su política quedaba condicionada por el predominio que la CNT pudiera ejercer en él. El nuevo gobierno autónomo, desde la óptica poumista, era sólo una etapa necesaria de la revolución democrático-socialista española, que tenía que completarse con la consolidación final del poder de los trabajadores y de la nueva economía. En un artículo publicado en el mes de Marzo por la prensa del POUM (en un momento en el que el partido ya había sido expulsado del gobierno catalán y en el que los avances de la restauración republicana se hacían cada vez más evidentes), su secretario, Andreu Nin hizo una comparación de la realidad española con la situación italiana en 1920.

"... en Septiembre de 1920, el proletariado italiano ocupó las fábricas; pero el poder siguió en manos de la burguesía, se frustró la revolución, que avanzaba irresistiblemente, y, como consecuencia de ello, se crearon las condiciones necesarias para el rápido y victorioso avance del fascismo. En nuestro país, como respuesta a la insurrección militar fascista, el proletariado, levantado en armas ocupó las fábricas, minas y talleres, anulando el poder económico de la burguesía; pero al no completar esta acción con la conquista del poder político, da la posibilidad a la clase enemiga de ir reconstruyendo el desquiciado mecanismo del Estado, para ponerlo al servicio de sus intereses y utilizarlo contra la revolución proletaria" (813).

La alusión de Andreu Nin era clara, iba dirigida contra las ilusiones de una CNT desorientada y paralizada, en franco retroceso, que pretendía atrincherarse en la economía colectivizada, frente a los cada vez más intensos ataques del PSUC y del Front d'Esquerres.

En el extremo contrario del espectro de las fuerzas políticas y sindicales que componían el gobierno de Catalunya, entre los adversarios de las colectivizaciones que estaban integradas en el Front d'Esquerres, pronto destacaron el PSUC y la UGT. Los comunistas catalanes participaron plenamente en los debates y en la redacción del decreto, y también en el resto de leyes que llegó a promulgar la Generalitat, y que pretendían estructurar la nueva economía. Sin embargo, su participación de ninguna manera significaba su respaldo político. Por el contrario el PSUC y la UGT catalana se manifestaron en numerosas ocasiones opuestas a los aspectos más esenciales del sistema de colectivizaciones. La UGT llegaría a defender, como pretexto contra las continuas expropiaciones que se estaban llevando a cabo, que sólo las empresas que manifestaran pérdidas, deberían ser colectivizadas.

"...mientras las empresas pudieran pagar jornales o sueldos a sus trabajadores y empleados, no había porque hablar de colectivización, que la ocasión de hacerlo llegaría cuando ya no pudieran pagarlos, olvidando que cuando este hecho se produjera sería por haber agotado todas sus posibilidades económicas y que, por lo tanto no habría nada colectivizable; la UGT, decimos, también oponía toda clase de obstáculos a la aplicación leal del decreto de colectivizaciones, lo que se hizo de forma abierta y oficial en el congreso celebrado en Lérida el mes de Octubre de 1937" (814).

Desde muy pronto, los comunistas catalanes se mostraron partidarios de la nacionalización de las empresas que hubieran pertenecido a los partidarios de la sublevación.

La nacionalización de las empresas se convirtió en una de las banderas del PSUC y de la UGT contra el proceso colectivizador, y contra lo que consideraban como excesiva influencia de las centrales sindicales en la dirección de la economía. En una conferencia celebrada el día 11 de Noviembre, pocas semanas después de la promulgación del decreto, el dirigente ugetista Joan Fronjosa analizaba las consecuencias que iba a tener la entrada del gobierno de la Generalitat en el hasta entonces cerrado sistema colectivista.

"Así pues, lo que ahora se hace, no tiene nada que ver con la colectivización y por lo que se desprende del decreto del 24 de Octubre pasado, artículo 15, más que tender a la colectivización se tiende a la nacionalización, porque la intervención del organismo nacional en cada empresa le da un aspecto bien ostensible de nacionalización..." (815).

Como la mayor parte de la burguesía catalana había huido abandonando sus empresas y propiedades, los adversarios de las colectivizaciones solo podían enfrentarse a ellas, exigiendo la incautación y nacionalización de los centros de trabajo, por iniciativa del gobierno de la Generalitat. La exigencia de una producción subordinada a las necesidades de la guerra, constituiría una valiosa arma del PSUC y de sus aliados, para combatir a las colectivizaciones y reivindicar una economía centralizada y disciplinada, bajo la autoridad gubernamental. La función de los comités y consejos de trabajadores, tendría que limitarse a controlar la marcha de la producción y las condiciones laborales en las que se desarrollaba ésta, en los centros de trabajo, además de asesorar a las direcciones que habría impuesto el Consell de la Generalitat.

La nacionalización era la única manera coherente con la que poder hacer frente a los deseos expropiatorios de los trabajadores revolucionarios. Desde esta óptica política, sería el gobierno autónomo catalán, en vías de recuperación de su poder, e integrado por la práctica totalidad de las fuerzas "antifascistas", quién tendría que dirigir el timón de la nueva economía, mientras durase la guerra.

Con respecto a la pequeña propiedad, el PSUC defendió la potenciación del movimiento cooperativista y de todas aquellas formas que pudieran servir como obstáculo a la continua extensión de las colectivizaciones de las pequeñas y medianas empresas. Al parecer, según afirman diversos testimonios de la época y también numerosos historiadores, la reacción de los trabajadores cuando conocieron la promulgación del decreto sobre colectivizaciones, fue de indiferencia (816). Sin duda alguna, la marcha de la producción y de las empresas, apenas quedó afectada por las nuevas medidas, por lo menos durante el período inmediatamente posterior. La participación de la CNT, de la FAI y también del POUM en el Consell de la Generalitat, y en el resto de los órganos del poder gubernamental, eran un seguro para los obreros de que las nuevas medidas no se utilizarían en contra de sus intereses. Tal como había venido ocurriendo en los últimos meses, desde las jornadas de Julio, la organización anarcosindicalista tendría la última palabra y sería la que decidiría el curso de los acontecimientos.

La aplicación de la nueva ley pronto chocaría con grandes dificultades y nunca pudo ser llevada a cabo de forma completa. Una cosa era que los adversarios de las colectivizaciones hubieran firmado el decreto, en aras de que la CNT-FAI y el POUM no rompieran su alianza, y continuaran integrados en el gobierno, y otra muy distinta que tuvieran algún interés en que éste fuera aplicado en la economía catalana.
"Todos los partidos y organizaciones acordaron solemnemente respetar la letra y el espíritu de la nueva ley, <<pero a los tres meses los partidos republicanos la obstruían sistemáticamente y, poco después, los comunistas la saboteaban". (817).

Frecuentemente las mismas centrales sindicales, tanto la CNT como la UGT, desconocieron los compromisos del decreto y llevaron a cabo sus propias iniciativas.

"Sería decir mucho afirmar que alguna vez la CNT tuvo una política general sobre lo que había que hacer en la nueva situación, Se mostró ambigua con respecto al mismo decreto de colectivización. Si bien mandó sus representantes al Consejo de Economía... la CNT, al mismo tiempo, siguió persiguiendo sus propios objetivos unilaterales, que eran distintos" (818).

La casi totalidad de las pequeñas y medianas empresas que habían sido expropiadas por los trabajadores durante las primeras semanas de la revolución, continuaron colectivizadas después de la promulgación del decreto, y no volvieron a las manos de sus antiguos propietarios. Los sindicatos cenetistas seguían todavía siendo la dirección indiscutible de las empresas colectivizadas.

"Al amparo del decreto, las otras dos docenas de fábricas (el autor se refiere al textil) ya colectivizadas, debían volver al control obrero (es decir, volver al régimen de propiedad privada). <<Pero, francamente, no nos preocupaba demasiado el decreto. Los comités obreros de control cumplían las instrucciones del sindicato y, en lo que a nosotros se refería, las fábricas podían darse por colectivizadas>>" (819).

El Consell de la Generalitat siguió siendo impotente para detener la avalancha de expropiaciones que seguían su curso, sin reconocer el decreto que acababa de promulgarse con la firma avaladora de todas las fuerzas políticas y sindicales que formaban parte del gobierno. En algunas ocasiones, el Consell d'Economía y la Generalitat de Catalunya tuvieron que intervenir para evitar que los obreros formaran sus propios comités de control en otros campos que no fueran los que señalaba el decreto (cooperativas, mutualidades...) e incluso en organismos que eran de ámbito oficial.

"... algunos sectores obreros no comprendían que, mientras otros compañeros suyos podían dirigir de una manera efectiva sus propias empresas colectivizadas, ellos tuvieran que sujetarse aún a las disposiciones del patrono que creían ya desaparecido para siempre" (820).

En ocasiones, el decreto fue visto por lostrabajadores como una serie de medidas que estaban destinadas a consolidar y organizar la nueva economía revolucionaria. Durante las primeras semanas, después de haberse promulgado la nueva ley, el número de colectivizaciones aumentó de forma espectacular ( Pérez Baró habla de 2.000), especialmente aquellas que estaban relacionadas con la industria y el comercio, de pequeño tamaño (821).
Sin embargo, el curso de la evolución política en Catalunya, y también en el resto de la zona antifascista, fue poniendo al descubierto, cada vez de forma más clara, cual era la verdadera naturaleza del decreto: un eficaz instrumento del gobierno para someter a su autoridad, a toda la economía revolucionaria.

"Aunque inicialmente una mayoría de los trabajadores no se sometió a las determinaciones del decreto, éste originó una tendencia a la <<burocratización>> que dificultó la acometida de nuevas colectivizaciones por los trabajadores y puso la iniciativa en manos del estado" (822).

Frente al creciente control del gobierno y la intensificación de la reglamentación de las colectivizaciones, poco podían hacer los trabajadores, que veían participar de forma destacada a sus propias organizaciones, mientras los dirigentes les pedían obediencia y disciplina (823).

Durante el mes de Enero, el gobierno central iniciaría sus primeros intentos para influir en la economía revolucionaria de Catalunya, decretando la intervención de algunas empresas de la industria bélica (824). Sin embargo, el gobierno instalado en Valencia, sólo podría controlar la economía catalana a partir del mes de Mayo. Con la liquidación total del movimiento revolucionario, el gobierno conseguiría hacerse con el control político sobre Catalunya. El día 3 de Febrero y por primera vez, el gobierno de la Generalitat se atrevió a declarar ilegal la colectivización de la industria de productos lácteos (825).

El 18 de Enero de 1937, a los pocos meses de haber entrado en vigor el contenido del decreto, éste tuvo que ser completado con otras leyes, que fueron elaboradas por el Consell d'Economía, y que pretendían superar los malos entendidos y los conflictos que habían provocado algunos aspectos confusos del decreto. Las nuevas leyes se dirigieron especialmente a todo lo que estaba relacionado con el funcionamiento de las empresas privadas, las funciones de los comités obreros de control y las de los propietarios. Simultáneamente, y durante el mes de Febrero, el gobierno de la Generalitat publicaría 58 medidas, que estaban destinadas a restringir el espíritu de independencia que todavía mantenían las colectivizaciones (826).

El retroceso de las colectivizaciones en las ciudades, tuvo también su paralelismo en el campo catalán, donde las colectivizaciones agrícolas habían arraigado con menos fuerza que en otras áreas del estado. El 23 de Enero, la UGT celebró su primer congreso de trabajadores de la tierra de Catalunya, donde se pronunciaron fuertes críticas a las colectivizaciones. Simultáneamente, el descontento de los campesinos iba en aumento. La inestabilidad del campo; las requisas que a menudo se efectuaban de forma indiscriminada; los excesos cometidos en la represión de un campesinado individualista y conservador, todo ello provocaría su reagrupamiento en torno a la poderosa central sindical agraria, la Unió de Rabassaires (organización que aglutinaba a los pequeños y medianos propietarios de campo, tradicionalmente controlada por ERC, y que viraba cada vez más hacia el área de influencia del PSUC). Los avances de las organizaciones del Front d'Esquerres en todos los ámbitos de la vida política (disolución de los comités revolucionarios, militarización creciente de las milicias, liquidación de las patrullas de control...) reforzaban las expectativas a los sectores hostiles al colectivismo. Las tensión iría en aumento hasta el estallido de los sucesos del pueblo tarragonés de Fatarella, donde se produjo un sangriento choque entre los pequeños propietarios campesinos y los partidarios de la colectivización (ver anexo).

A medida que la Generalitat, el PSUC y el resto de las organizaciones del Front d'Esquerres aumentaban sus fuerzas, también tendieron a intensificarse los ataques contra las colectivizaciones. Impotentes por el momento para terminar con las industrias y los comercios colectivizados, defendieron su coexistencia con las pequeñas empresas privadas (827). A medida que el retroceso del movimiento revolucionario se hacía más y más evidente, la desorientación del anarcosindicalismo aumentaba.
Si la CNT continuaba sin querer asumir la responsabilidad del poder revolucionario, sólo le quedaba la opción de resistir, con todos los medios a su alcance, a las presiones de sus adversarios, refugiándose en el terreno de las colectivizaciones, que todavía creía controlar. Sin embargo, el retroceso de la revolución también afectaba a la economía. La ofensiva de sus adversarios ya no podía limitarse a su dominio sobre el gobierno de la Generalitat, sino que para consolidarse necesitaba penetrar en las colectivizaciones sometiéndolas cada vez más, a su autoridad. Cada vez era más evidente la inminencia del choque entre ambas fuerzas sociales.

El 5 de Marzo, tan solo unas semanas antes de los sangrientos hechos de Mayo de Barcelona, el secretario del Partido Comunista dejaba muy claro cual era la verdadera posición de su partido: mantener el decreto de las colectivizaciones en Catalunya, era hacerle el juego al enemigo (828).

Las jornadas de Mayo de 1937 significarían el final de la revolución colectivizadora. Sofocada la revuelta en las calles de Barcelona, el PSUC y el Front d'Esquerres, que se habían limitado hasta el momento a una campaña sistemática de críticas contra las colectivizaciones, pasarían a llevar a cabo una serie de acciones destinadas a implantar el control gubernamental de la economía revolucionaria.

El 25 de Mayo, un nuevo decreto convertía en obligatoria la inscripción de las colectividades industriales y comerciales en el registro mercantil, símbolo de la legalidad de la vieja sociedad. De esta manera, las empresas que habían sido expropiadas por los trabajadores, se convertían ahora, jurídicamente hablando, en la continuación de las antiguas empresas capitalistas. Era un nuevo paso que se hacía en el proceso de desnaturalización de las colectividades, y por lo tanto también en su subordinación a la legalidad republicana prerrevolucionaria.
A partir del mes de Junio y hasta el final de la guerra, el Departamento de Economía de la Generalitat pasaría a manos de los comunistas catalanes. El PSUC desarrollaría una política centralizada y dirigida por el gobierno, que buscaría la marginación de los sindicatos de las empresas. La CNT, arrinconada, tendría que presenciar como las conquistas revolucionarias eran definitivamente liquidadas, sin poder hacer nada para evitarlo. El programa tradicional del anarcosindicalismo se había desmoronado por completo, fruto de sus contradicciones.

Presionados por la situación y sin un criterio político claro con el que poder orientar la economía colectivizada, la CNT tendría que transigir y adoptar algunos de los puntos de vista de sus adversarios. La debilidad teórica del anarcosindicalismo se reflejaba también en la heterogeneidad que existía en el seno de sus propias organizaciones (socialización o municipalización de la tierra, la conveniencia de crear un banco sindical...). La participación de la CNT en el gobierno republicano de Largo Caballero y en el de la Generalitat conllevaba un progresivo cambio de los planteamientos libertarios hacia posiciones que implicaban la quiebra del ideario tradicional del anarcosindicalismo.

"La única forma bajo la que, en mi opinión, pueden aceptar (la nacionalización de la industria) los trabajadores- consiste en que- administración y dirección queden en manos de las organizaciones sindicales y no en las del estado. Al estado sólo le reconozco derecho ... a establecer un sistema de control sobre las industrias nacionalizadas, pero administradas y dirigidas por los trabajadores..." (829).

En su justificación de las concesiones que estaban haciendo a sus adversarios, los dirigentes anarcosindicalistas reconocían el papel creciente que estaba jugando el gobierno (en el que estaban representados) en la marcha de la economía revolucionaria. Lejos quedaba el ideario aprobado en el Congreso de Zaragoza, y el que había alentado al sindicato en las primeras semanas de la guerra y de la revolución.

La revisión ideológica que efectuaban los dirigentes libertarios implicaba también una progresiva pérdida de influencia de los sindicatos en el campo político y económico. El gobierno se hacía, progresivamente, con el control y la dirección de las colectivizaciones, que desde la óptica libertaria, tendrían que haber estado en manos de las centrales sindicales. Poco después, el 9 de Julio, se creaban definitivamente los Consejos Generales de Industria considerados en el decreto de las colectivizaciones. En la nueva situación, éstos quedaban totalmente subordinados a la voluntad gubernamental. Una vez vencida la resistencia de los sectores revolucionarios, era necesario racionalizar la producción en las fábricas y en los centros de trabajo, bajo los criterios de un gobierno republicano, que ya no contaría con la presencia molesta de los anarcosindicalistas.

En el verano de 1937, en el informe político presentado en la Primera Conferencia del PSUC, su secretario general, Joan Comorera, propuso la reorganización de la industria de guerra y la "militarización" de la economía colectivizada. Una vez liquidado el movimiento revolucionario, los comunistas catalanes se sentían lo bastante fuertes para exigir la inmediata nacionalización de las colectivizaciones, y la liquidación de cualquier disidencia que todavía pudiera aparecer en su seno (830).

A medida que la autoridad del gobierno sobre la economía se asentaba, las medidas de control sobre las colectivizaciones se acentuaron hasta liquidar por completo su esencia revolucionaria.
La autoridad y la independencia de los consejos de fábrica y de las asambleas de trabajadores fue quedando arrinconada, en favor de los funcionarios gubernamentales. Una vez liquidado cualquier resto de atisbo revolucionario, las colectivizaciones acabaron por convertirse en simples apéndices burocráticos de un estado republicano restaurado, en espera de que al final de la guerra, le pudiera permitir devolver las propiedades a sus antiguos dueños.

Aunque el movimiento de las colectivizaciones en el campo catalán había tenido una importancia secundaria, comparado con la extensión y profundidad que había adquirido en Aragón y en las regiones latifundistas, el proceso restaurador también tuvo su importancia política. Una vez disuelto el Comité Central de Milicias e integradas las organizaciones que lo conformaban en el nuevo gobierno de la Generalitat, el departamento de Agricultura continuó estando controlado por la Unió de Rabassaires.

La línea política defendida por la central sindical campesina, fuertemente influenciada por el PSUC, y la del gobierno autónomo catalán, a pesar de la presencia de la CNT, fueron claramente anticolectivistas (831). La Unió de Rabassaires invitó a sus afiliados desde los primeros momentos, a que ocuparan las grandes propiedades agrarias y a que éstas se repartieran entre el campesinado pobre y entre los jornaleros sin tierra. Sin embargo se mostró partidaria de la explotación individual de la tierra y hostil a cualquier intento de colectivización.

Por su parte, el PSUC se mostró contrario a la colectivización agraria, no por razones de principios sino por lo que consideraba la inoportunidad del momento. El apoyo al carácter democrático burgués de la revolución y al gobierno de la República, víctima de una sublevación, apoyada por las potencias fascistas, le impedían apoyar cualquier proceso que atentara contra el principio de la propiedad privada. Esta postura convertía potencialmente al PSUC en el partido de las clases medias rurales. Como claramente indicó Victor Colomer, secretario de política agraria del PSUC, en un pleno ampliado del Comité Central del partido:

"... el Partido Socialista Unificado propugna llegar a la colectivización de todo el campo, pero en los momentos oportunos y las circunstancias adecuadas" (832).

Pronto la Unió de Rabassaires se hizo con el control de la Federación de Sindicatos Agrícolas de Catalunya (FESAC), que englobaba a unas 300 cooperativas. El número de afiliados se reforzó enormemente con la entrada masiva del campesinado catalán, consecuencia del decreto del 27 de Agosto, por el que se hacía obligatoria la afiliación a los sindicatos agrícolas locales, como forma para garantizar el abastecimiento de las poblaciones (y también como contrapeso al peso de la CNT en el movimiento obrero). El decreto provocó un fuerte descontento entre las organizaciones libertarias que lo consideraron como un intento de crear un vasto movimiento popular contra las colectivizaciones y contra el poder del anarcosindicalismo catalán.

Presionados por sus aliados circunstanciales y por las necesidades de la guerra, condicionados por un campesinado catalán mayoritariamente conservador e individualista, y careciendo de un programa realista que comprendiera la realidad del campo, el anarcosindicalismo en el gobierno, no pudo hacer otra cosa que abandonar progresivamente sus posturas tradicionales.

Con las primeras semanas de guerra y revolución y tras los excesos colectivizadores que se habían realizado en el campo catalán, la postura de la CNT sobre la colectivización total de la agricultura fue abandonada. En su primer congreso, realizado los días 5 y 6 de Septiembre de 1936, la CNT aprobó la existencia de una economía campesina mixta en la que deberían coexistir las explotaciones colectivas y las propiedades familiares.

También se aceptó que los campesinos pudieran optar libremente por cualquiera de los dos sistemas. Los pequeños propietarios campesinos se adherirían al colectivismo, después de comprobar que éste les iba a representar mayores ventajas, que no continuar aferrados a sus pequeñas parcelas familiares. Para evitar que se pudiera producir un nuevo proceso de acumulación de la propiedad, a los campesinos sólo se les permitiría el usufructo de la tierra, sin tener el derecho a poder comprar o a vender las propiedades. La compra de materias primas, utillajes, la venta y el control de la producción quedarían en manos de los sindicatos agrícolas, creados con el decreto del 27 de Agosto.

La constitución de colectividades sólo se haría en aquellos casos en los que no existiera el peligro de enfrentamiento entre los campesinos colectivistas e individualistas. En los casos contrarios las tierras incautadas se limitarían a las grandes propiedades o a las que hubieran pertenecido a los facciosos.
Con el pacto del 22 de Octubre (firmado por la CNT-FAI y por la UGT-PSUC), las centrales sindicales aceptaron, entre otras cosas, que el gobierno de la Generalitat asumiera las tareas de coordinación y dirección de las colectivizaciones agrarias.
Los intentos de acercamiento entre la CNT, la UGT catalana y la Unió de Rabassaires (las dos últimas, controladas por el PSUC y con posturas fuertemente anticolectivistas) no fueron más allá del papel en el que habían sido redactados. Los libertarios boicotearon los sindicatos agrícolas, mientras que la municipalización de la tierra encontró grandes obstáculos, especialmente después de la promulgación del decreto de Uribe (833).

En el mes de Diciembre, se intentaba llegar a un acuerdo entre las tres centrales sindicales catalanas, CNT, UdR y UGT. En el nuevo compromiso se intentó regular la convivencia de los dos sistemas económicos existentes, el privada y el colectivo. Cada campesino tendría el usufructo de las tierras que le serían asignadas, mientras que la producción agrícola sería de su exclusiva propiedad. Los campesinos que aceptaran libremente entrar en las colectivizaciones, entrarían en ellas con todas sus propiedades. También se estipulaba la necesidad de fomentar los sindicatos agrícolas locales y la creación de un comité de enlace entre las tres organizaciones campesinas, que debería permitir en coordinación con el gobierno de la Generalitat, llevar a cabo las reformas del campo que se consideraran necesarias. Por un lado, la CNT conseguía que las colectivizaciones fueran aceptadas (aunque eso significaba aceptar la existencia de las explotaciones familiares). Por el otro, la CNT reconocía los sindicatos agrícolas locales como organismos necesarios para la administración y la distribución de materias primas, instrumentos y cosechas.

El acuerdo, una vez más, no pudo llegar a buen término. La Unió de Rabassaires puso como condición para la firma, que también fuera aceptada por la UGT, mientras que ésta lo rechazó alegando razones de oportunidad histórica (834). El inestable equilibrio entre las diferentes fuerzas fue roto definitivamente por las consecuencias que provocó la derrota de los revolucionarios durante las jornadas barcelonesas del mes de Mayo. Coincidiendo con la definitiva disolución de las milicias de retaguardia, la militarización del frente aragonés y la liquidación de los últimos restos de los organismos revolucionarios, el ritmo de los ataques contra las colectivizaciones agrícolas se intensificó de nuevo sin que éstas pudieran presentar una resistencia significativa. La revolución en el campo catalán estaba definitivamente rota.

5.2.10 EL MARCO ESTATAL DE LA DECADENCIA DE LAS COLECTIVIZACIONES.

Los resultados de las jornadas de Julio, a nivel estatal, fueron similares a los de Catalunya. El hecho de que Catalunya concentrara a la mayor parte del proletariado español, además de su sector más combativo y radicalizado, y que fuera de ella el Frente Popular tuviera la hegemonía, frente a las organizaciones situadas a su izquierda, explican el porque de que el proceso colectivizador no tuviera la misma intensidad. Sin embargo, la naturaleza revolucionaria, las circunstancias y la orientación de las expropiaciones fue idéntica en ambos casos.

No podemos olvidar que la oleada de expropiaciones fue llevada a cabo por los trabajadores, sin que las discrepancias ideológicas u organizativas tuvieran ninguna importancia. En la lucha callejera, como en el esfuerzo por levantar la economía colectivizada, las viejas diferencias se fundían en el entusiasmo revolucionario. Los militantes socialistas y ugetistas colaboraron con frecuencia, con los libertarios y con los de otras organizaciones, en la construcción del nuevo orden social.

Desde muy temprano, el gobierno de Giral inició sus primeros pasos encaminados a intervenir la nueva economía. El 2 de Agosto, por iniciativa del ministro republicano liberal de Industria y Comercio, Plácido Alvarez Buylle, se publicó un decreto por el que todas las empresas industriales y comerciales que hubieran pertenecido a los partidarios de la sublevación, deberían pasar a manos del control estatal. Sin embargo, la capacidad de un gobierno republicano, desprestigiado y sumergido por la ola de la revolución, era demasiado limitada para que sus decretos fueran a ser obedecidos por los trabajadores. Ni siquiera el apoyo prestado por los dirigentes de las organizaciones obreras del Frente Popular podría cambiar la situación. Los logros conseguidos por el gobierno Giral no podrían ir más allá de la elección de representantes del Frente Popular en algunas de las empresas colectivizadas en el área de Madrid, o de poder nombrar consejeros en las empresas, que por su importancia fueron consideradas de alto valor estratégico (compañías eléctricas...).
Sin embargo la autoridad de sus delegados, por lo menos durante los primeros meses, iba a ser más teórica que real, frente a unos trabajadores que no estaban dispuestos a entregarle al gobierno la iniciativa y la dirección de las empresas que ahora estaban en sus manos.

La situación cambió drásticamente con la caída del gabinete republicano de Giral, y su sustitución por otro, presidido por el izquierdista Largo Caballero, y en el que eran mayoritarias las organizaciones obreras del Frente Popular. La moderación creciente del ala caballerista del Partido Socialista y el inmenso prestigio que su dirigente tenía entre los trabajadores permitiría por primera vez, que la penetración de la autoridad gubernamental pudiera convertirse en una realidad. Los dirigentes del ala izquierdista del PSOE se habían mostrado, desde los primeros momentos de la revolución, fieles a los compromisos del Frente Popular y en aras del apoyo que reclamaban de las potencias democráticas, estaban dispuestos a frenar al movimiento colectivizador. Sin embargo, el hecho de que la CNT continuara al margen del gobierno y dispuesta a alentar la independencia del movimiento colectivista, seguía siendo un grave obstáculo político que debía que ser superado lo antes posible. Era evidente que las colectivizaciones no iban a poder ser controladas por el gobierno, mientras los dirigentes de la CNT no aceptaran formar parte de él.

La disolución del Comité Central de Milicias de Catalunya, ocurrida a finales del mes de Septiembre fue un claro aviso para Largo Caballero de que las resistencias de la CNT se estaban agotando, y de que la corriente colaboracionista en su seno ganaba fuerza por momentos. La entrada, a principios del mes de Noviembre, de cuatro ministros anarcosindicalistas en el segundo gabinete de Largo Caballero, iba a permitir poder cerrar la tela de araña que se había tejido en torno a las colectivizaciones. Por primera vez, un gobierno de la República reunía en su seno a las dos grandes fuerzas tradicionales del movimiento obrero español.

Sin duda alguna, en el campo de la economía, la intención de los dirigentes libertario al integrarse en el gobierno, era la de profundizar en la obra revolucionaria y protegerla de los crecientes ataques que lanzaban sus adversarios.

"Una economía socialista no era viable si no estaba cuidadosamente planificada y esta planificación no podía hacerse sin un mínimo de coerción que rompiera los egoísmos corporativos. Ahora bien, la CNT no podía emprender esta obra centralizadora si el Estado y los otros sectores ideológicos no sólo no contribuían a ello sino que al contrario agravaban aún más el caos económico. Era pues necesario arrancar primero la legalización de la obra revolucionaria, y luego realizar un trabajo de ordenación, de coordinación y de racionalización..." (835).

De la misma manera que estaba ocurriendo en Catalunya, la CNT se planteó corregir los errores y las contradicciones del sistema colectivista, consecuencia lógica de su origen espontáneo. Sin embargo, la cuestión no resuelta del poder político, se convertía en un serio obstáculo para cualquier intento que pretendiera cohesionar el sistema de las colectivizaciones. Como muy bien ha afirmado Cesar M. Lorenzo, alcanzar un mayor grado de coherencia y de cohesión de la economía revolucionaria significaba forzosamente un poder político interesado en su defensa y profundización, y no como era el caso, uno que era decididamente hostil. Para los dirigentes anarcosindicalistas, tanto en Catalunya como en el resto del estado, la "legalización" de las colectivizaciones se convertía en una salvaguarda, en un seguro de vida para éstas.

Paradójicamente, la participación de la CNT en un gobierno que era adversario de cualquier intento de ir más allá de los límites marcados por la propiedad privada y por una República burguesa de corte parlamentario se hacía en nombre de la defensa de las conquistas de la revolución.

"La presencia de un representante de la CNT en el ministerio de la Industria, pudo hacer creer que habría de proseguir la colectivización iniciada espontáneamente en los primeros días de la revolución" (836).

Esa era, por lo menos, la intención que había manifestado Juan Peiró, ministro de Industria en el gobierno de Valencia. Sin embargo, todas las iniciativas que los libertarios pretendieron llevar a cabo en esa dirección, desde el interior del nuevo gabinete, acabaron por estrellarse con la oposición y el bloqueo de las organizaciones del Frente Popular. Peiró propuso que el gobierno de Largo Caballero procediera a promulgar un decreto para ordenar la economía colectivizada, de naturaleza similar al que estaba en vigor en Catalunya, pero la medida no fue aceptada. Largo Caballero era consciente de que una ley de esa índole hubiera significado un respaldo al movimiento colectivista y por lo tanto, habría provocado el rechazo de las potencias capitalistas democráticas. La propuesta para crear un Banco Industrial que estaría destinado a financiar la producción de las colectividades, también fue desestimada por la oposición presentada por el que en aquel momento ocupaba la dirección del Ministerio de Hacienda, Juan Negrín.

Toda la obra legislativa en el campo de la economía revolucionaria, que los ministros anarcosindicalistas pudieron llevar a cabo, se reduciría al decreto publicado el 22 de Febrero de 1937, en el que se definía la incautación y la intervención en las empresas de importancia estratégica.

"En los discursos, pronunciados después de la caída de Largo Caballero, los antiguos ministros de la CNT se lamentarán con insistencia de no haber podido realizar la décima parte de lo que habían deseado. Describirán cómo en el Consejo de ministros, comunistas, socialistas de derecha y republicanos se agrupaban contra las iniciativas de los libertarios, considerándolas demasiado atrevidas y revolucionarias" (837).

Paradójicamente, mientras la obra legislativa de la CNT en el seno del gobierno se reducía a un fiasco, la aportación del anarcosindicalismo a la política del gobierno de Largo Caballero adquiría una gran importancia para los planes de restauración republicana. Mientras sus propuestas eran continuamente desestimadas o saboteadas por adversarios, que formaban parte del mismo gobierno en el que ellos estaban representados, los dirigentes de la CNT se veían obligados, en aras de la colaboración, a frenar y a disciplinar a sus propias bases. El eje de la política cenetista gubernamental ha estado espléndidamente expresado en las palabras de Peiró.

"El camino a seguir es éste: hacer la guerra y mientras hacemos la guerra, limitarnos a preparar la revolución por medio del ejercicio de un control ponderado y discreto en las industrias, ya que eso habría sido tanto como tomar posiciones revolucionarias y como capacitarnos prácticamente para, al terminar la guerra, dar el asalto definitivo a la sociedad capitalista" (838).

La sorprendente ingenuidad de uno de los representantes de la CNT en el gobierno, sólo podía expresar una cosa: la más completa desorientación. La ponderación y la discreción de los revolucionarios, no podía ser una condición suficiente para sus aliados circunstanciales del Frente Popular, ni tampoco para las democracias capitalistas occidentales. Sin embargo, la moderación del anarcosindicalismo, sí que iba a ser utilizada por sus adversarios para hacerse con el control de la situación. La CNT, cada vez más presionada por las circunstancias, se veía obligada a aceptar el proyecto mayoritario en el gobierno, el del Frente Popular. También resultan significativas las confesiones del que era, en aquellos momentos, ministro de Comercio, el anarcosindicalista Juan López:

"Tenemos que reconocer la inutilidad de nuestra participación gubernamental en el terreno económico" (839).

O las de Diego Abad de Santillán, mucho más explícitas en lo que concierne a la tragedia del anarcosindicalismo en el gobierno republicano.

"...demostrar nuestra voluntad y nuestro deseo dominante de ganar la guerra. Pero cuanto más hemos cedido en beneficio de ese interés común, más nos hemos visto atropellados por la contrarrevolución encarnada en el poder central" (840).

Efectivamente, a medida que la contrarrevolución republicana avanzaba, las propuestas y el programa de la CNT se adaptaban, más y más, al de sus adversarios. Simultáneamente a este proceso de adaptación política, la autoridad y el poder del anarcosindicalismo también disminuía frente a un movimiento revolucionario desorientado y en franco retroceso.

"La configuración de los programas económicos de la CNT hasta 1939 respondió, una vez que los anarcosindicalistas se vieron introducidos en un intervencionismo económico casuístico, a una continua marcha atrás respecto de las posiciones iniciales; el reconocimiento del estado y la asunción de cargos oficiales en éste, tuvo como consecuencia para los dirigentes de la CNT una adaptación a posiciones que anteriormente habían combatido con dureza. Por lo demás, la nueva y alterada situación forzó a la CNT además... a hacer suyos ciertos puntos programáticos de sus rivales <<autoritarios>>" (841).

Junto a la CNT y otras organizaciones más pequeñas, colaboraron también sectores importantes de la UGT, en el proceso colectivizador. De hecho y durante todo el período revolucionario, los dirigentes de la central sindical ugetista chocaron con la radicalización creciente de su ala izquierda, fuertemente influida por las iniciativas expropiatorias de los militantes libertarios. Frecuentemente, las colectivizaciones estuvieron dirigidas por militantes izquierdistas del PSOE o por afiliados a la UGT, o bien lo hicieron en colaboración con miembros de la CNT y de otros partidos minoritarios.

De la misma forma que el ala izquierda caballerista del PSOE, la actitud de la UGT oscilaría durante todo el período, sin criterios políticos claros, entre las demandas de sus propias bases, partidarias de extender y consolidar el nuevo orden revolucionario, y las presiones del PCE y de los sectores más moderados del Frente Popular (842).

En el campo de los adversarios de las colectivizaciones destacó la postura del PCE. Desde muy pronto, había reclamado la nacionalización (incautación realizada por el gobierno) de las propiedades de los partidarios de la sublevación y de todas aquellas empresas que tuvieran un valor estratégico para la guerra. El resto de las propiedades deberían ser respetadas, en nombre del carácter democrático burgués de la revolución y de la alianza con la burguesía democrática nacional e internacional.
Las colectividades fueron consideradas como fruto de los excesos y de la inmadurez de los trabajadores, influidos por el ultraizquierdismo anarcosindicalista. Los errores y las contradicciones provocados por su origen espontáneo, serían eficazmente utilizados para llevar a cabo una campaña de desprestigio contra ellas.

Polemizando con las posiciones defendidas por la CNT y la FAI, Federico Melchor, en el Congreso de las JSU celebrado en Valencia, reclamó la subordinación de los sindicatos a la política del gobierno en todo lo que estuviera relacionado con la producción de las colectivizaciones.

"... los sindicatos debían estar sometidos al gobierno y
debían ser los órganos de empuje del aumento de producción, olvidando las típicas reivindicaciones socioeconómicas de mayor salario y menor jornada de trabajo..." (843).

La defensa de las nacionalizaciones comportaba, lógicamente, una batalla sin cuartel contra las colectivizaciones. Desde las primeras semanas del estallido de la guerra y de la revolución, el PCE inició una campaña sistemática de propaganda contra los errores cometidos para descreditarlas, exigiendo que éstas se subordinaran a la política del gobierno. La nacionalización de la economía era un paso obligado para la reconstrucción del estado y de la economía de guerra, además de ser, también, un arma eficaz contra las expropiaciones que llevaban a cabo los sectores revolucionarios.

La política del gabinete de Largo Caballero, ahora con la colaboración de los anarcosindicalistas, se dirigía a recuperar el control de la situación en toda la zona republicana. Era necesario ante todo, que la situación volviera a la legalidad prebélica, había que recuperar la respetabilidad democrática y conseguir el apoyo de Francia y de Gran Bretaña, alianza que no podría conseguirse si no se hacía retroceder al movimiento revolucionario. Las primeras medidas en el campo de la economía, se orientaron a romper el dominio que ejercían los comités revolucionarios en las colectividades, como paso previo, antes de que éstas pudieran caer bajo su control.

"Los obreros de la UGT en las fábricas, talleres y ferrocarriles estaban organizando sus comités de fábrica, ocupando las factorías. ¿Qué podía decirles a ellos Largo Caballero? El gobierno intervino rápidamente en Valencia y en Madrid, nombrando representantes suyos para limitar la actuación de los comités de fábrica a actividades rutinarias. No hubo, hasta el 23 de Febrero de 1937, un decreto sobre las industrias adoptadas (lanzado bajo el nombre de Juan Peiró, el ministro de Industria anarquista). No daba a los obreros ninguna seguridad sobre el futuro régimen industrial; establecía una estricta intervención del gobierno. <<Control obrero>>, en sus términos, demostraba ser poco más que un contrato colectivo, como funcionaba, por ejemplo, en talleres afiliados al sindicato amalgamado de trabajadores del vestido en América, es decir, no había control obrero de ninguna clase" (844).

El gobierno de Largo Caballero, "legalizó" las conquistas revolucionarias que habían llevado a cabo los trabajadores espontáneamente, durante las primeras semanas de la guerra y de la revolución. Sin embargo, además de implantar la intervención gubernamental en la economía colectivizada (por medio del control sobre las entidades financieras y crediticias) y de limitar su extensión, conseguía otros objetivos, también importantes, como era el del reconocimiento del derecho a la indemnización de los antiguos propietarios (que no hubieran sido simpatizantes reconocidos de los sublevados) e impidió la creación del monopolio del comercio exterior (sustituyéndolo por un control estatal sobre las actividades comerciales).

Existe una aparente contradicción entre la "legalización" de las colectivizaciones, y la línea política moderada del Frente Popular que había adoptado el gobierno de Largo Caballero.

Para comprender que esta contradicción era solo aparente, hay que tener en cuenta la ambigüedad en la que tenía que tuvo que desenvolverse un gabinete políticamente tan heterogéneo, formado por fuerzas políticas antagónicas que representaban proyectos políticos completamente enfrentados. Por otro lado, el proyecto restaurador del Frente Popular chocaba con las aspiraciones revolucionarias, no sólo de los trabajadores libertarios, sino también del ala izquierda del PSOE y de la UGT, que no estaban dispuestos a que se les arrebatara tan fácilmente, lo que habían conseguido con las armas en la mano.

La "legalización" de las colectivizaciones no era otra cosa que reconocer lo que, por lo menos por el momento, no podía evitarse, el poder conseguido por los sectores revolucionarios.

Una oposición declarada hubiera colocado al gobierno de Valencia en una incómoda situación frente a los trabajadores y hubiera debilitado su prestigio político. Era preferible aceptar ahora lo inevitable, para ir haciéndose paulatinamente con el control de la economía colectivizada.

Por medio del aparato financiero y crediticio, el gobierno de Largo Caballero pudo empezar a imponer sus directrices. Los créditos fueron cedidos frecuentemente, a cambio de que los consejos y las colectivizaciones acataran la intervención. De esta manera, sólo unos meses después del estallido del conflicto, el gobierno republicano había conseguido hacerse con el control de la economía revolucionaria. La presencia estatal se iría incrementando a medida que el Estado republicano consolidaba su autoridad política y el movimiento revolucionario retrocedía.

El gobierno de Largo Caballero, procedió a la nacionalización de numerosas empresas que consideraba vitales, como un valioso instrumento contra las colectivizaciones y contra el poder de los sindicatos. Las cada vez más numerosas nacionalizaciones, el debilitamiento de la influencia sindical y la pérdida creciente del control de los trabajadores en las fábricas, medidas que tenían como objetivo debilitar a los sectores revolucionarios, daban lugar a una especie de capitalismo de estado. Si los propietarios habían huido o estaban apoyando a Franco, el proyecto económico de restauración republicana, sólo podía pasar por la construcción de un capitalismo sin capitalistas, donde la propiedad quedaría provisionalmente en manos del gobierno, mientras esperaba el momento para poder devolver las propiedades a sus antiguos dueños (845).

Las incautaciones de las grandes propiedades agrarias que habían llevado a cabo los campesinos unos meses antes, ponía en cuestión la autoridad del gobierno de largo Caballero y su capacidad para controlar la revolución. Al contrario de lo que pasaba en Catalunya, los intentos para del gobierno para controlar las colectivizaciones agrarias chocó con una fuerte resistencia. La existencia de un sector numeroso de campesinos pobres y sin tierra (aparceros, jornaleros...) en las regiones latifundistas fue un terreno abonado para las colectivizaciones. El Ministerio de Agricultura permaneció invariable, desde la dimisión del gobierno de Giral hasta el último gabinete de Negrín, en manos de Vicente Uribe Galdeano, dirigente del PCE.

El 7 de Octubre de 1936, Uribe promulgó un decreto sobre las colectivizaciones, en el que no se mencionaban aspectos tan fundamentales para el campesinado como era el de los arrendamientos y el de las rentas, pero sí que se hacía hincapié en la expropiación sin indemnización, en favor del Estado, de todas las propiedades agrícolas que hubieran pertenecido a los sublevados. Los campesinos podrían optar por el tipo de explotación de la tierra que deseaban, individual o colectiva.

En realidad, los aspectos más progresivos del decreto no hacían otra cosa que recoger una parte de las conquistas que los campesinos ya habían conseguido con sus propios medios, unos meses antes, sin esperar la iniciativa del gobierno y de las organizaciones del Frente Popular. Por otro lado, el decreto pretendía limitar las expropiaciones a una simple requisa de las propiedades de los sublevados, eliminando sus rasgos más revolucionarios y conflictivos. A cambio de reconocer una cierta entidad legal a las colectivizaciones agrarias, el decreto imponía una serie de drásticas condiciones, que amenazaba con la disolución a todas aquellas que no cumplieran todos los requisitos legales.

La publicación del decreto provocó una gran inquietud en grandes sectores del campesinado que habían expropiado los latifundios, sin pararse a distinguir entre los terratenientes que simpatizaban con la sublevación y los que no.

Sintomáticamente, el decreto promulgado por Uribe no aludía a la liquidación de los latifundios. El problema que existía sobre el futuro de la propiedad continuaba sin resolverse y nada garantizaba que las tierras que acababan de ser expropiadas no fueran a ser devueltas, en un futuro indeterminado, a sus antiguos propietarios.

"El decreto conservador del 7 de Octubre, se proponía desmoralizar a los colectivistas y estimular, al mismo tiempo, el proverbial egoísmo de los campesinos por unos míseros terrones de tierra. A otros se les incitaba a recobrar las parcelas de su antigua propiedad que habían sido aportadas voluntariamente a la colectividad" (846).

El decreto fue duramente criticado por las centrales sindicales. Mientras que la CNT se mostraba partidaria de la inmediata colectivización de todas las grandes propiedades, la UGT defendía la extensión de las expropiaciones de tierras, a todos aquellos propietarios que hubieran sido, en el período anterior a la guerra, enemigos declarados de los trabajadores.

Simultáneamente a la política anticolectivista llevada a cabo por el gobierno de Largo Caballero y el Ministerio de Agricultura, el PCE también trabajó para organizar a los pequeños y medianos propietarios campesinos, que eran hostiles a las colectivizaciones (847). Los intentos tuvieron un cierto éxito en Levante y en algunas zonas donde existía un fuerte sentimiento individualista de la propiedad. Sin embargo las nuevas organizaciones no consiguieron impedir que las colectivizaciones continuaran existiendo y que contaran con el apoyo de otros sectores del campesinado, particularmente jornaleros y aparceros, que habían estado tradicionalmente vinculados a las centrales sindicales. De forma paralela a lo que estaba sucediendo en las ciudades, el PCE tendía a aglutinar a los sectores de la pequeña burguesía y a convertirse en el gran partido de las clases medias campesinas, temerosas de los avances de las expropiaciones.

Los dirigentes anarcosindicalistas acusaron, en numerosas ocasiones, a los comunistas, de intentar estimular el egoísmo de los campesinos, para que se enfrentaran a las colectivizaciones.

En otros casos, se acusó al PCE de llevar a cabo una sangrienta represión contra los campesinos colectivistas, incluso en las zonas donde éstos estaban fuertemente implantados.

"Hemos sostenido batallas terribles contra los comunistas, especialmente contra las brigadas y divisiones que ellos controlan, que nos destrozaban salvajemente las colectividades y las cosechas, logradas a costa de infinitos sacrificios y nos
asesinaban a nuestros mejores militantes campesinos" (848)

En Marzo de 1937, el ministro de Hacienda, Juan Negrín cedió a sus cuerpos de carabineros para la campaña que se estaba llevando a cabo contra las colectivizaciones agrícolas de Levante y de Castilla. Las columnas comunistas, dirigidas por Valentín González "El campesino" y por Enrique Lister, se lanzaron contra las colectivizaciones en un intento de desmantelarlas. A pesar de que las negociaciones llevadas a cabo por los ministros anarcosindicalistas en el gobierno, permitieron que se detuviera la campaña, las continuas amenazas y agresiones contra las colectivizaciones iban a tener graves consecuencias en la recogida de la cosecha.

Indiscutiblemente, la campaña contra las colectivizaciones había obrado como un elemento liberador para aquellos campesinos que se habían incorporado a las colectivizaciones de manera forzada. Sin embargo, las agresiones habían provocado en el sector colectivista del campesinado una profunda apatía y malestar. La consolidación del gobierno, del PCE, y de su política anticolectivista hacía presagiar que sus logros y sus conquistas, les iban a ser arrebatadas en cuanto la guerra hubiera terminado.

El desasosiego campesino ponía en peligro la recogida de la cosecha y podía significar el colapso económico de la zona antifascista, y por lo tanto, también de los planes para restaurar la República. Esta perspectiva fue la que provocó el giro radical de la política agraria comunista.

En junio de 1937, un nuevo decreto del ministro Uribe prometía ayudas económicas a las colectividades para la recogida de la cosecha. Las nuevas medidas, sin asegurar la supervivencia de las colectivizaciones agrarias, significaron un alivio para el campesinado colectivista y aseguró la recogida de la cosecha.

Sin embargo, la precariedad del armisticio quedaba al descubierto con la matización de que las ayudas sólo tendrían validez durante el "año agrícola" correspondiente.

Transcurridos los primeros meses del verano, las agresiones se reanudaron de nuevo. En el mes de Agosto, la 11 división, comandada por Lister, siguiendo las órdenes del socialista Prieto, Ministro de la Guerra, invadía el campo aragonés.

La ofensiva contra las colectivizaciones provocó un nuevo descalabro organizativo del campo. El campesinado individualista que había sido obligado a incorporarse -en algunos casos- a las colectivizaciones y otros que lo consideraron en aquellos momentos más ventajoso, reclamaron sus parcelas de tierra. Bajo presión de las columnas de Lister, cerca de 600 militantes libertarios de las colectivizaciones fueron detenidos . De nuevo, el desorden provocado amenazaba la preparación de la nueva cosecha en el campo (849).

"En estas condiciones llegó la hora de preparación para la próxima cosecha. Los pequeños propietarios triunfantes no podían trabajar con sus propios brazos las fincas en que se habían instalado. Los campesinos desposeídos, colectivistas intransigentes, se negaban a trabajar en régimen de propiedad y con mayor motivo a alquilar sus brazos por un salario" (850).

Es difícil, tal como ha reconocido Ronald Fraser, calcular el número de campesinos aragoneses que se mantuvieron fieles al sistema colectivista de explotación de la tierra y cuantos lo abandonaron, después de la entrada de las columnas de Lister en Aragón. No existen datos fiables. Ernesto Margeli, libertario aragonés, declaró que los que siguieron siendo colectivistas fueron aproximadamente el 60% del total (851). Gastón Leval, otro historiador libertario que ha hecho amplios y detallados estudios sobre las colectivizaciones habla de que el 30% de las comunidades aragonesas fueron desmanteladas (852). Hay que tener en cuenta que, pocos meses después, las tropas de Franco entraron en la región y terminaron con el experimento revolucionario.

El poder de la CNT y el de los sectores revolucionarios ya no era más que una sombra de lo que había sido. La revolución en las ciudades y en el campo se había quedado reducida a cenizas.

La caída de la producción se convirtió -cada vez más-, en un problema irresoluble. El incremento de la centralización y de la "militarización" de la economía, medidas que tuvo que adoptar el gobierno de Negrín, destinadas a neutralizar la creciente desmoralización y apatía de los trabajadores, se tradujo en una irremediable disminución de la producción de la industria colectivizada que nunca pudo ser superada (853).

De nuevo las colectivizaciones agrarias tuvieron que ser permitidas y los militantes detenidos puestos en libertad. De nuevo, la cosecha se ponía en marcha. Aunque en esta ocasión las comunas agrarias estarían bajo el control gubernamental. Sin embargo y después de la experiencia, difícilmente los campesinos colectivistas podían creer en la sinceridad del nuevo giro gubernamental. Difícilmente podían seguir teniendo esperanzas de que sus granjas tendrían el futuro asegurado.

Efectivamente, en Octubre de 1938, cuando ya ningún movimiento revolucionario podía oponerse, el gobierno Negrín promulgaría un nuevo decreto por el que se garantizaba la devolución de las tierras a sus antiguos propietarios, en el momento en que éstos las reclamaran (854).

Sin duda alguna, la desmoralización y la apatía de un amplio sector del campesinado y de los combatientes revolucionarios que se encontraban en el frente aragonés, que ya no encontraban en la República ninguno de los ideales por los que había estado luchando, influyó en el rápido avance del ejército franquista, que unos meses después ocupaba la región (855).