4.8.5 EL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA, FRUTO DE LOS ACONTECIMIENTOS Y DE LAS PERSPECTIVAS QUE MARCARON LAS ORGANIZACIONES INTEGRANTES, TUVO UNA NATURALEZA POLÍTICA HÍBRIDA QUE ENCARNO LA DUALIDAD DE PODERES EXISTENTE.

El organismo que llegó a ser el máximo poder en la Catalunya revolucionaria, durante los primeros meses de la revolución, se negó, desde los primeros momentos, a actuar como un verdadero gobierno. Este fue el motivo por el que los anarcosindicalistas permitieron que la Generalitat siguiera manteniendo su lánguida existencia. Convertir al Comité Central de Milicias en gobierno, hubiera implicado, no sólo violar los más firmes principios ideológicos del anarcosindicalismo, sino también responsabilizarse de un poder, con el que no sabían que hacer.

El Comité Central de Milicias había nacido, no como un poder surgido de los organismos que había creado la revolución, sino como un compromiso entre las diferentes fuerzas que se habían opuesto a la sublevación militar. Lo que en los primeros momentos era inevitable, su carácter burocrático, se convertiría finalmente en una de sus más graves limitaciones. Su democratización, su articulación con la sociedad revolucionaria catalana no fue llevada a cabo porque ninguna de las organizaciones que formaban parte de él, lo consideraban algo más que un simple comité de enlace. De esta forma, los cambios en la conciencia de los trabajadores que estaban protagonizando la revolución, apenas pudieron influir en las decisiones que se adoptaban en su seno.

El compromiso histórico que había dado lugar al Comité Central de Milicias suponía el aplazamiento de la revolución a un futuro indeterminado. Mientras los dirigentes del Comité de Milicias intentaban sostenerse en la cuerda floja de la dualidad de poderes, los trabajadores en la calle y en los centros de trabajo se empeñaban en continuar con sus expropiaciones. Durante los meses de su existencia, la mayoría en el Comité Central de Milicias pretendió mantener el delicado equilibrio que existía entre las presiones de los restauracionistas y las demandas de los sectores revolucionarios.

Sin embargo, las dinámicas revolucionarias no permiten ser aplazadas o "congeladas" mediante acuerdos políticos, durante largo tiempo. El mantenimiento del compromiso se convertiría, cada vez más, en un verdadero dique de contención del movimiento revolucionario. El mantenimiento de la situación impediría que los comités-gobierno locales pudieran transformarse en una estructura de poder.

La debilidad del anarcosindicalismo sería eficazmente aprovechada por sus adversarios políticos, para proceder a restaurar paulatinamente las viejas instituciones de la República. Sin embargo, el Comité Central de Milicias se había convertido en un obstáculo para sus objetivos. Mientras éste siguiera existiendo, mientras mantuviera su independencia política de la Generalitat, el camino para que ésta recuperara sus plenos poderes continuaba obstruido.

El Comité de Milicias, a pesar de su naturaleza híbrida y contradictoria, mantenía sus características revolucionarias. Había nacido al calor de la revolución y era ésta la que lo había convertido en el único poder real en Catalunya. Mientras el anarcosindicalismo y el POUM continuaran sin integrarse en las estructuras del poder republicano, el peligro seguiría existiendo. La posibilidad de una radicalización revolucionaria no podía descartarse, el Comité Central de Milicias podía acabar transformándose en un gobierno revolucionario. Este era el gran triunfo que habían conseguido el PSUC y Front d'Esquerres con la liquidación del Comité Central y su definitiva integración en la Generalitat.

De la misma forma que ocurría con la dualidad de poderes, la naturaleza del Comité Central de Milicias era altamente inestable. Su dinámica no permitía que la pelota pudiera mantenerse indefinidamente en el alero del tejado de la indefinición. Tal como estaba pasando a nivel estatal, donde el choque entre los comités revolucionarios locales y el gobierno republicano, apoyado por el Frente Popular, se estaba saldando a favor de estos últimos, también estaba empezando a pasar en Catalunya. El triunfo acababa en manos del sector que había demostrado más audacia y clarividencia para conseguir sus objetivos políticos.

Sin embargo, la disolución del Comité Central de Milicias no implicaba el final de la dualidad de poderes. El enfrentamiento se producía ahora, entre un gobierno de la Generalitat, fortalecido y legitimado por la entrada de las organizaciones obreras más radicales, y una multitud de comités descabezados políticamente. El nuevo período que se abría anunciaba la decadencia y el principio del fin de la revolución española.

5 LAS CONSECUENCIAS DE LA DISOLUCIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE MILICIAS ANTIFASCISTAS DE CATALUNYA. LA DECADENCIA DE UNA REVOLUCIÓN.

La disolución del Comité Central de Milicias fue mucho más que una simple reestructuración del poder en Catalunya. El significado de este acontecimiento y las posibles consecuencias que iba a tener en la revolución española fue perfectamente comprendido por sus adversarios del Front d'Esquerres. Desde un gobierno de unidad en el que pronto, anarcosindicalistas y poumistas, quedarían convertidos en rehenes políticos, iniciaron la ofensiva que estaría destinada a terminar con la revolución de Julio y restaurar la legalidad republicana.

El gran error de los antiguos partidarios del Comité Central de Milicias había sido considerar que la naturaleza clasista de un gobierno estaba determinada principalmente por los hombres y las organizaciones que lo componían. En realidad y tal como iban pronto a poder comprobar, el verdadero carácter político de cualquier gobierno, se basa en los organismos y en los sectores sociales en las que apoya su poder. Mientras el Comité Central de Milicias había sido un organismo independiente de la fantasmal autoridad del gobierno catalán, con un poder que descansaba en la de los comités locales y en las milicias, el poder del nuevo "Consell" de la Generalitat pretendía apoyarse en las viejas instituciones republicanas que habían sido barridas en Julio. A diferencia de lo ocurrido con el Comité Central de Milicias, en el nuevo gobierno de concentración, la presencia de las organizaciones obreras sólo serviría para reforzar y legitimar ante los trabajadores, los progresos de la restauración republicana.

El anarcosindicalismo y el poumismo habían demostrado que, por diferentes motivos, por el momento no estaban dispuestos a romper el frente antifascista. Este empeño en mantener la unidad a cualquier precio iba a ser aprovechado por sus adversarios para minar el poder de los comités. Día a día, los dirigentes de la CNT-FAI y del POUM tuvieron que, no sólo contener las demandas de los sectores revolucionarios, sino también llegar a compromisos y hacer concesiones para evitar la ruptura. Estos acuerdos tendrían como principal consecuencia, el fatal debilitamiento de la revolución.

Los dirigentes anarcosindicalistas que habían apoyado el Comité Central de Milicias justificaron el nuevo paso dado con numerosos argumentos a cada cual más ingenuo (682). Se ha presentado frecuentemente como un giro táctico, que pretendía que las milicias cenetistas consiguieran mayor cantidad y mejor armamento, y que legalizaría las conquistas revolucionarias que se estaban llevando a cabo en la retaguardia. También se daría fin a la funesta dualidad de poderes que estaba prolongando el desenlace de la guerra, y que ponía en peligro la victoria. La realidad no tenía nada que ver con sus deseos. Las milicias no sólo continuaron estando pésimamente armadas, sino que la nueva situación sería aprovechada para dar los primeros pasos hacia la militarización y la construcción de un ejército republicano.

La "legalización" de las conquistas revolucionarias serviría como pretexto a sus adversarios, primero para limitarlas y controlarlas y después para ir sometiéndolas hasta hacerlas desaparecer.

Con el final del Comité Central de Milicias, la dualidad de poderes había iniciado su declive. Anarcosindicalistas y poumistas eran cada vez eran más débiles, mientras que sus oponentes les arrebataban la iniciativa política.

En realidad, con la disolución, la CNT adoptaba un nuevo giro, arrinconada por una situación que trabajaba en contra de ella y de sus principios ideológicos tradicionales. La esperanza para los cuadros dirigentes libertarios era que la integración en el nuevo gobierno de la Generalitat, les permitiría aplazar de nuevo, la cuestión del poder por un tiempo indeterminado. Volvían a equivocarse.

Después de varias semanas de guerra y de revolución, la desorientación de los líderes anarcosindicalistas era mayor que nunca, y dentro de este clima, la opción colaboracionista cobraba cada vez más fuerza. Indiscutiblemente, el clima de frustración y el desgaste político que habían hecho posible el abandono de los principios antiestatalistas en la CNT en Catalunya, influirían de forma decisiva en el hecho de que, apenas un mes más tarde, la central sindical libertaria aceptara entrar a formar parte del nuevo gabinete de Largo Caballero. La entrada de la CNT en la Generalitat había sido, sin duda alguna, el punto de partida para la integración en el nuevo gobierno central republicano.

El POUM había llegado a la misma conclusión desde una concepción completamente diferente. Habiendo caracterizado que en Catalunya no había ninguna situación de dualidad de poderes, sino que lo que existía era una auténtica dictadura del proletariado. Si consideraba que los nacionalistas republicanos en Catalunya tenían una naturaleza política "popular", frente al carácter "burgués" o "pequeño-burgués" de los republicanos del resto del estado. El balance de la fusión entre el Comité Central de Milicias y la Generalitat tenía que ser positivo (al fin y al cabo, las organizaciones izquierdistas seguían teniendo la mayoría en el nuevo gobierno autónomo). El nuevo Consell de la Generalitat, transformado en gobierno obrero, tendría la tarea de consolidar la revolución en Catalunya, para extenderla posteriormente por el resto del estado.

"El POUM se creyó situado en la Generalitat de Catalunya a la izquierda de una coalición a cuyo remolque marchaban los partidos burgueses tradicionales. Pero la alianza de estos últimos con el PSUC en Catalunya, la constitución, bajo la tapadera del Frente Popular, de una coalición <<estalino-burguesa>> para un Estado fuerte, dió la vuelta a la correlación de fuerzas. De repente fue el POUM el que se encontró a remolque de una coalición que iba eliminando sucesivamente todas las conquistas de Julio de los obreros y campesinos" (683).

Con respecto a la respuesta que dieron las bases sindicales ante la noticia de la entrada de la CNT en el nuevo gabinete de la Generalitat existen diferentes versiones. Juan García Oliver explica que la respuesta fue un "murmullo de descontento creciente" (684). Si la versión que tenemos en cuenta es la que nos da Cesar M. Lorenzo, la noticia habría sido "bien acogida por el conjunto de la población y especialmente por los afiliados a la gran central sindical" (685). El historiador libertario alude a que las bases sindicales, que aunque estaban fuertemente influidas por el anarquismo, no conocían la teoría anarquista del Estado, ni sabían diferenciar gobierno, Estado, Comité Central de Milicias, comités locales revolucionarios, ayuntamientos... Sin embargo, tenían confianza en sus dirigentes. La explicación resulta interesante.

El instinto revolucionario de los trabajadores organizados les permitía desconfiar de una serie de partidos que defendían un orden que ellos consideraban caduco e incapaz. Sin embargo, ¿qué iban a pensar cuando sus propios dirigentes, -en los que confiaban-, acababan de integrarse en el nuevo gobierno?. ¿Qué había cambiado con respecto a las primeras semanas, cuando expresaban su desconfianza hacia el gobierno de Companys?, evidentemente, lo que había cambiado era la actitud de sus dirigentes.

Sin embargo la buena acogida a la que se refiere Cesar M. Lorenzo parece que quedaba mucho más matizada entre los sectores más militantes. Sin embargo y siguiendo su testimonio, también la mayoría de éstos era favorable a la integración, aunque "incómodos e incluso decepcionados" (686). La versión de Cesar M. Lorenzo coincide perfectamente con la que nos ofrece José Peirats, cuando describe el desconcierto de los militantes, enfrentados a una situación ante la cual, las viejas ideas anarcosindicalistas no daban salida.

"¿Opinaba de la misma manera la totalidad de los militantes? ¿Contaba esta nueva postura de la CNT con el apoyo del anarquismo y anarcosindicalismo internacional? Salvo expresivas corrientes minoritarias, que hacían patente su protesta en órganos periodísticos propios, a través de comités orgánicos y reuniones, plenos y asambleas, la triste verdad es que la mayor parte de los militantes se hallaban afectados de cierto fatalismo, consecuencia directa de las trágicas realidades de la guerra" (687).

La misma prensa libertaria del momento refleja que la actitud de las bases y de la militancia no era homogénea, y mucho menos entusiasta con el giro que habían dado los dirigentes (688). En el nuevo período que se abría, iría surgiendo una oposición al curso entreguista que adoptaban los dirigentes, a medida que éste, -lejos de corregir la decadencia de la revolución- la acentuaba. También en el POUM se dieron críticas y actitudes reticentes a la entrada en el nuevo gobierno de la Generalitat. Hubo militantes o sectores del partido que, como Juan Andrade o las JCI, consideraron como un grave error el nuevo paso que había dado la dirección (689).

Los verdaderos triunfadores de la nueva situación, el PSUC y ERC, se propusieron aprovechar las posibilidades que se les brindaba, para consolidar el orden republicano en vías de reconstrucción. Si el anarcosindicalismo y el poumismo no se habían atrevido a terminar con la dualidad de poderes para lanzar la revolución hacia adelante, ellos sí que aprovecharían los esfuerzos de éstos por mantener la unidad, en beneficio del proyecto de restauración. A pesar de todo, tanto la CNT-FAI como el POUM seguían siendo fuertes, era necesario utilizar su prestigio revolucionario en la dirección indicada.

Con la formación del nuevo gobierno de la Generalitat, los partidarios del Front d'Esquerres iniciaron una serie de maniobras políticas destinadas a forzar situaciones y arrancar nuevas concesiones, nuevos compromisos, sin provocar por ello la ruptura. Esta táctica seguiría utilizándose durante los siguientes meses, hasta considerar que la situación estaba lo bastante madura como para darle el golpe final a la revolución.

El 26 de Septiembre es la fecha en la que la CNT-FAI y el POUM aceptaron formar parte del nuevo gobierno de la Generalitat. Poco después era disuelto el Comité Central de Milicias. Apenas unos días más tarde, se iniciaría la publicación de una serie de decretos encaminados a desarmar y desmantelar el movimiento revolucionario. En la nueva situación, los decretos llevarían la firma de los representantes de la CNT-FAI y también del POUM. El 11 de Octubre, se decretaba la suspensión de los comités locales y se iniciaba la formación de los nuevos consejos municipales que deberían estar formados a imagen y semejanza del nuevo gobierno de la Generalitat. El día 24 publicaba otro nuevo decreto sobre las colectivizaciones. El 27 se ordenaba el desarme de la retaguardia y tan solo un día después se publicaba la militarización de las milicias. Se acababa de iniciar un proceso de decadencia de la revolución y de restablecimiento de la autoridad republicana, que encontraría grandes resistencias y que no terminaría hasta las jornadas barcelonesas de Mayo de 1937, donde la revolución de los comités y la contrarrevolución democrática se enfrentarían definitivamente.

5.1 LA ENTRADA DE LA CNT EN EL GOBIERNO REPUBLICANO.

En Julio, la CNT había rechazado el poder, pero también se había negado a formar parte de las destartaladas estructuras republicanas.

Para los cuadros dirigentes del anarcosindicalismo, ambas posturas habrían significado la ruptura con los principios ideológicos sobre los que se había basado el anarcosindicalismo español durante más de medio siglo. El 1 de Octubre, tan solo setenta días después, el Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya se había disuelto y los representantes de la CNT y de la FAI se habían integrado en el nuevo gobierno de la Generalitat. Un mes después, el 4 de Noviembre, la organización anarcosindicalista entraba a formar parte del nuevo gabinete de Largo Caballero. ¿Qué había cambiado en el seno del movimiento libertario español en tan poco tiempo?

Indudablemente la integración de los anarcosindicalistas catalanes en el gobierno autónomo había influido decisivamente en la evolución de la CNT estatal, pero llovía sobre mojado. La escasa oposición que habían encontrado los partidarios de la colaboración, ante un hecho tan insólito como pasar a formar parte del gobierno de la Generalitat, indicaba que algo había cambiado entre los cuadros dirigentes del sindicato. A lo largo de dos meses y medio, los cuadros anarcosindicalistas habían visto hundirse gran parte de su estructura ideológica y de sus principios, que habían sido manifestados, apenas unos meses antes en el Congreso de Zaragoza.

"Los libertarios no estaban, ni psicológicamente ni materialmente preparados para imponerse en la zona republicana; y lo estaban todavía menos para ganar la guerra contra el fascismo. Ahora bien si, en la hipótesis más improbable, triunfaban a la vez de los fascistas y los otros antifascistas, las potencias extranjeras ahogarían la Revolución mediante el bloqueo económico y la intervención armada. Por otra parte, el gobierno republicano no solamente encaminaba a los leales a la derrota por su ceguera política y por su incapacidad militara, sino que además se dedicaba a combatir al proletariado, a sus milicias y a su obra revolucionaria. Era pues preciso salvar las conquistas de la socialización en el marco de un Estado democrático avanzado, centralizar el mando de las operaciones y neutralizar la presión de las grandes potencias" (690).

La línea colaboracionista triunfaba, no sólo en Catalunya, donde la organización anarcosindicalista tenía la mayor parte de sus efectivos y también la supremacía moral, sino también en el resto de la "zona republicana". De la misma manera que en Catalunya, los cuadros y representantes de la CNT chocaban con una realidad ante la cual no sabían como orientarse. El desgaste en las filas del anarcosindicalismo estatal, corría parejo al de Catalunya, con el agravante de que en este caso, en la mayor parte de los territorios, la CNT era claramente minoritaria frente a la Izquierda Socialista.

En cuanto a la integración, tanto los dirigentes anarcosindicalistas, partidarios de la "colaboración democrática", como sus circunstanciales aliados del Frente Popular, tenían sus razones para desearla. John Brademas cita los últimos reveses militares del bando antifascista (caída de Irún, San Sebastián, Toledo, la presencia de las tropas franquistas en las afueras de Madrid) como las "razones inmediatas y poderosas" que precipitaron la entrada en el gobierno (691).

Es perfectamente posible que estos hechos "precipitaran" la entrada de la CNT en el gobierno, pero no pueden omitirse que, desde los inicios de la guerra y de la revolución, se estaba dando un proceso de revisión creciente de los viejos principios antiautoritarios que habían alentado al anarcosindicalismo desde sus orígenes. Las razones que los cenetistas han dado para explicar un hecho que violaba sus más profundas tradiciones antiestatales han sido muchas y variadas.

Diego Abad de Santillán lo hizo en "Solidaridad Obrera" afirmando que:

"De siempre, por principios y convicción, la CNT ha sido antiestatal y enemiga de toda forma de gobierno. Pero las circunstancias, superiores casi siempre a la voluntad humana, aunque determinadas por ella, han desfigurado la naturaleza del gobierno y del estado español. El gobierno en la hora actual, como instrumento regulador de los órganos del Estado, ha dejado de ser una fuerza de opresión contra la clase trabajadora, así como el Estado no representa ya el organismo que separa la sociedad en clases. Y ambos dejarán aún más de oprimir al pueblo con la intervención en ellos de la CNT" (692).

Juan García Oliver, antiguo partidario de la toma del poder por los anarcosindicalistas y posteriormente, convertido en ministro de Justicia del segundo gabinete de Largo Caballero:

"La burguesía internacional se negaba a proporcionarnos armas de que teníamos necesidad... Debíamos dar la impresión de que los amos no eran los comités revolucionarios, sino el gobierno legal: pues si no, no obtendríamos nada de nada. Tuvimos que aceptar plegarnos a las inexorables circunstancias del momento" (693).

Una de las representantes del sector más proclive a la "colaboración democrática", la que se iba a convertir en la ministra de Sanidad, Federica Montseny:

"Hemos intervenido en el Gobierno de la República obligados por las circunstancias, para evitar que con nosotros se repitiera lo ocurrido a movimientos anarquistas de otros países, por falta de esta compenetración, de esta resolución y de esta habilidad mental, por lo cual se vieron desplazados de la revolución y vieron cómo otros partidos adquirían la dirección de la misma". (694).

Efectivamente, podemos encontrar una multitud de argumentos que pretenden explicar, las circunstancias y las motivaciones que motivaron la entrada de la CNT en el gobierno. Los dirigentes anarcosindicalistas tenían que justificar un giro político que violaba profundamente las bases ideológicas del anarcosindicalismo.
El gobierno de Largo Caballero seguía siendo un gobierno de naturaleza burguesa, aunque estuviera integrado, en su inmensa mayoría, por representantes de los partidos obreros del Frente Popular. Los objetivos que pretendía llevar a cabo dicho gobierno eran la reconstrucción y consolidación del viejo orden republicano "rejuvenecido" y "perfeccionado". También era evidente que la burguesía internacional comprendía perfectamente el alcance de los peligros que había traído consigo la marea revolucionaria de los comités. Los capitalistas británicos, franceses y norteamericanos comprendían perfectamente la naturaleza de los hechos que estaban sucediendo en España y era "ingenuo" considerar que iban a dejarse engañar, porque la CNT hubiera aceptado integrarse en el nuevo gabinete de Largo Caballero.
En realidad, los argumentos "ingenuos" iban destinados a tranquilizar a las mismas bases del sindicato, y el creciente descontento que existía en su interior. Con estos argumentos se intentaba ocultar que la entrada no era otra cosa que una capitulación en toda regla. Los líderes de la CNT sentían que la revolución empezaba a escapárseles de las manos y no sabían como evitarlo. La dualidad de poderes empezaba a dar sus frutos, reforzando al sector que había demostrado mayor claridad y audacia en sus objetivos políticos.

En Julio, podían haber tomado el poder en una buena parte de la zona republicana y arrastrado tras de si a los sectores más radicalizados de la Izquierda Socialista, pero habían renunciado a él. Ahora, dos meses después, la situación cambiaba rápidamente. El incapaz gobierno de Giral había sido sustituido por el del izquierdista Largo Caballero. El poder republicano, casi destruido durante las jornadas de Julio, había recuperado gran parte de su poder y aprovechaba sus prerrogativas para chantajear a los sectores revolucionarios para que se sometieran a su autoridad.

En la óptica de los dirigentes libertarios, éstos tenían que escoger entre la integración al gobierno, con la esperanza de que los dirigentes de la Izquierda Socialista vieran con buenos ojos la entente CNT-UGT, o mantenerse en la oposición, mal armados, viendo como las colectivizaciones eran presionadas por medio del chantaje económico, para que se sometieran al control gubernamental. Enfrentados a esta situación, decidieron dar un paso hacia adelante. Al fin y al cabo, Largo Caballero era el dirigente del sector más izquierdista del PSOE y dirigía la central sindical socialista UGT (con lo que se hacía más grato a los ojos de los libertarios, que seguían defendiendo la naturaleza sindical de la revolución española). El dirigente izquierdista se había opuesto desde los primeros momentos, al gabinete republicano de Giral y se había enfrentado por ello a la derecha de su partido, el sector prietista. Todos estos hechos, le daban a Largo Caballero, ante los ojos de los dirigentes anarcosindicalistas, una aureola revolucionaria que no tenía en la realidad. El camino para la integración en el gobierno republicano, de la CNT, estaba abierto (695).

Al parecer, ya en el mes de Agosto, "Solidaridad Obrera" había lanzado la idea de que en Madrid debía formarse un comité nacional, que debía estar integrado por todas los partidos y sindicatos antifascistas. La fórmula cenetista, era similar a la que se había llevado a cabo en el Comité Central de Milicias. Como en Catalunya, la CNT pretendía formar parte de la dirección de la guerra, sustituyendo la etiqueta "gobierno" por otra más respetable, que no violara sus principios antiestatalistas.

El 17 de Septiembre, un pleno de regionales del sindicato, reunido en Madrid y que se proponía estudiar las propuestas de colaboración política ofrecidas por el gobierno central, volvería a lanzar la misma idea, rebautizándola como "Consejo Nacional de Defensa".

La propuesta cenetista era todo un alarde de ingeniería lingüística: Lo que era un auténtico "gobierno", se convertía por la magia de las palabras en un "Consejo"; los "ministros" se llamarían "delegados", los "ministerios" pasarían a llamarse "departamentos"; el ejército, "milicias de guerra"; la policía, "milicia popular" y los mandos del ejército, "técnicos militares".

En el nuevo gobierno, Largo Caballero mantendría la presidencia del "Consejo", mientras que Manuel Azaña seguiría teniendo la presidencia de la República (696).

El nuevo organismo, debería estar formado por cinco representantes de cada una de las dos grandes centrales sindicales y cuatro por los partidos republicanos (los partidos obreros estarían excluidos como tales, y sólo podrían estar representados por la UGT). La fórmula cenetista pretendía primar la idea sindical de la revolución española (los partidos tendrían un papel secundario frente a los sindicatos, que en la concepción libertaria, serían los canales de expresión de las masas revolucionarias). La participación de los republicanos en la fórmula del Consejo Nacional, aseguraría la continuidad de la colaboración de clases que defendía el Frente Popular.

En lo que respecta al proyecto económico, la CNT reivindicaba la socialización sindical de la Banca y de los bienes de la Iglesia, los de los terratenientes, de la gran industria y del gran comercio. Las centrales sindicales serían las encargadas de gestionar y controlar la producción de la economía socializada.

Dadas las nulas perspectivas que tenían las propuestas cenetistas, algunos historiadores han considerado que los libertarios "padecían un optimismo sin fundamento" (697). Durante varias semanas la CNT emprendería una campaña en favor del "Consejo Nacional de Defensa". Largo Caballero y la mayor parte de las organizaciones del Frente Popular rechazaron la fórmula reivindicada por los anarcosindicalistas.

Mientras el POUM apoyaba la propuesta críticamente y el periódico de la IS "Claridad" se interesaba por la propuesta y la elogiaba, la mayor parte del aparato del PSOE (controlado por Indalecio Prieto) y los comunistas oficiales se oponían, considerando que en aquellos momentos lo único que se podía hacer era apoyar al gobierno (698).

La propuesta del "Consejo" se apartaba por completo de los planes de restauración y de normalización de las instituciones republicanas. Por otro lado, la posición desde la que los líderes libertarios reclamaban el "Consejo" era de debilidad creciente, y de esta situación Largo Caballero era perfectamente consciente.
El tiempo y la actitud colaboracionista de la CNT trabajaban a su favor. Era cuestión de tiempo para que los anarcosindicalistas accedieran a entrar sin condiciones, en un nuevo gabinete.

El 30 de Septiembre, el órgano de la CNT, "Solidaridad Obrera" anunciaba que el plazo de 10 días que había concedido al gobierno, para que aceptara su propuesta, se había agotado (699).
Dados los escasos apoyos con los que contó la idea, los líderes libertarios acabaron renunciando a su propuesta y empezaron a negociar las condiciones en las iba a llevarse a cabo su entrada.

El día 28 de Septiembre se reunía en Madrid un segundo Pleno de la CNT. La reunión elaboraría un manifiesto en el que se reprochaba a la mayoría de partidos y sindicatos, que no habían apoyado la propuesta del "Consejo", por su irresponsabilidad política.

"Si lo que la CNT no quiere hacer en sentido de reivindicación integral de sus postulados, lo hacen otros con criterio de fracción y no de síntesis nacional, la CNT, pública y solemnemente, declina toda responsabilidad en los fracasos que sobrevengan (y) fiel a su tradición y a sus postulados, a las necesidades actuales, continuará prestando sus fuerzas sin sin regateos, de todo corazón, porque la lucha contra el fascismo está por encima de todo" (700).

Como correctamente ha afirmado el mismo José Peirats, la declaración y la amenaza formal que contenía ésta, no podían ocultar que los dirigentes anarcosindicalistas se estaban retirando desordenadamente. Efectivamente, en el mismo documento, los representantes cenetistas indicaban que en Catalunya se había constituido el Consejo de la Generalitat, en el que se habían integrado todas las fuerzas que antes habían participado en el Comité Central de Milicias. Sin embargo, aunque se enmascarara detrás de la palabra "consejo", lo que no era otra cosa que la integración en el gobierno de Catalunya, "este juego de palabras no podía engañar a nadie" (701).

Los representantes de la CNT reclamaron seis ministerios, para equiparla al número con los que contaban los socialistas (esta composición hubiera recordado al "Consejo de Defensa Nacional" que ellos habían propuesto infructuosamente, poco antes). Las condiciones marcadas serían rechazadas, una a una, por Largo Caballero.

"Tenemos en cuenta los escrúpulos que pueden experimentar los actuales gobernantes ante la realidad internacional... por ello, la CNT realiza la máxima concesión, compatible con su espíritu antiautoritario: la de intervenir en el gobierno. No significa esto que renuncie a la consecución integral de sus ideas en el futuro: significa tan sólo que, ante la disyuntiva de perecer bajo la garra inmunda de la reacción, frustrando la más alta esperanza emancipadora abierta sobre el proletariado de todos los países, está dispuesta a colaborar con quien sea, dentro de órganos de dirección llamados Consejos o Gobiernos, con tal de vencer en la contienda y salvar el futuro de nuestro pueblo y del mundo" (702).

En Catalunya, Lluís Companys había tenido que maniobrar hábilmente y había tenido que aceptar las condiciones de los dirigentes cenetistas, todo con tal de que se integraran en el gobierno. La situación en la que se encontraba Largo Caballero era diferente, partía de una posición política mucho más fuerte que la de su homólogo catalán y aunque necesitaba integrar a la CNT en su gobierno, no estaba dispuesto a hacer ninguna concesión, ni siquiera la de cambiarle el nombre y denominarlo "Consejo Nacional".

Largo Caballero y con él, todas las organizaciones del Frente Popular, eran partidarios de que el anarcosindicalismo se integrara, de la misma manera que lo había hecho antes en Catalunya.

Algunos historiadores han comentado el temor que sentía el dirigente socialista, de que el abandono de Madrid pudiera ser aprovechado por la CNT y por la FAI para crear su propia administración, desligada de la autoridad del gobierno (703). Sin embargo, no parece lógico este temor, en tanto en cuanto los anarcosindicalistas habían dado sobradas pruebas de moderación.

Tan solo unas semanas antes, los dirigentes cenetistas habían demostrado su buena predisposición hacia la "colaboración democrática" en Catalunya, disolviendo su "administración desligada del gobierno" y habían aceptado integrarse en el gobierno Generalitat. ¿Porqué tenían que hacer lo contrario en Madrid, donde ni siquiera eran mayoritarios?.

Las razones que empujaron a Largo Caballero y a las organizaciones del Frente Popular a desear la participación de la CNT en el gobierno eran, sin duda alguna, otras muy distintas. Por un lado la integración ataría de pies y manos a los anarcosindicalistas, y evitaría cualquier posible tentación de ruptura de la "unidad antifascista" para empujar la revolución hacia adelante. Sin embargo, hay otra razón mucho más poderosa que hacía deseable la entrada de la CNT en el gobierno y para comprenderla tenemos que analizar cual era la verdadera naturaleza del gobierno de Largo Caballero.

Las jornadas de Julio habían sido la causa del hundimiento de las instituciones republicanas y el inicio de una revolución social. Durante las semanas siguientes, el escuálido gobierno de Giral pudo seguir manteniendo la ficción de su autoridad gracias a los pactos del Frente Popular, escrupulosamente mantenidos por los dirigentes de las organizaciones obreras que formaban parte de él. Sin embargo, un gobierno monocolor republicano, o incluso otro donde éstos siguieran contando con la mayoría era incapaz para remontar la nueva situación revolucionaria. Los republicanos estaban demasiado desacreditados ante los trabajadores. La restauración republicana solo podía llevarse a cabo a través de las organizaciones obreras más izquierdistas que formaban parte del Frente Popular y que habían capitalizado el prestigio del movimiento revolucionario: la Izquierda Socialista.

El 4 de Septiembre, dimitía en pleno el gabinete de Giral para dar paso a la formación de uno nuevo, esta vez bajo la dirección del líder socialista más popular entre los sectores revolucionarios.

En los planes del viejo dirigente de la Izquierda Socialista, una vez en el gobierno, no figuraba la instauración de un Estado obrero, superador de la vieja República. Los líderes de la Izquierda Socialista consideraban que, ante todo, debían conseguir la ayuda de los gobiernos capitalistas democráticos de Gran Bretaña y de Francia. Y para conseguirlo estaban dispuestos a pagar el precio: hacer retroceder la revolución que estaban protagonizando sus propias bases.

El proyecto político del largocaballerismo se limitaría a mantener el delicado equilibrio que existía en el seno del Frente Popular, y que les permitía seguir controlando la actividad gubernamental. El viejo y confuso radicalismo de los años anteriores había desaparecido para dar paso a una defensa por la izquierda de la restauración republicana.

"Nuestra victoria no será la implantación fulminante del bolchevismo o el anarquismo, como siguen temiendo esos países, sino un régimen que nadie sabe aún qué será, pero que sea lo que fuere, siempre les convendrá más a Inglaterra o Francia" (704).

La evolución hacia la derecha de Largo Caballero es difícilmente compatible con la opinión del historiador libertario Abel Paz, cuando opina que Largo Caballero se sintió momentáneamente atraído por las propuestas cenetistas, y que finalmente éstas habrían sido rechazadas por las presiones del embajador Rosemberg (705). Sin negar dichas presiones la evolución moderada de Largo Caballero tenía orígenes anteriores, que coincidía y contrastaba al mismo tiempo, con la radicalización que estaban experimentando las bases socialistas.

La aceptación del "Consejo Nacional de Defensa", propuesto por la CNT, hubiera significado quemar las naves, dejarlo todo en manos de las organizaciones más izquierdistas del movimiento obrero, lo que habría ido en detrimento del Frente Popular y de la ansiada alianza con Francia y Gran Bretaña. Esto no entraba en los planes de Largo Caballero.

Sin embargo, dichos planes seguían estando en el aire mientras el sector más radicalizado y hostil del movimiento obrero, siguiera estando al margen del Frente Popular y de la autoridad del gobierno. Desde los primeros momentos del nuevo gabinete, Largo Caballero había invitado a los dirigentes anarcosindicalistas a sumarse al mismo (706). La presencia de la CNT y la FAI "rejuvenecería" al segundo gobierno de Largo Caballero y extendería su autoridad al sector del movimiento obrero que todavía se negaba a reconocerla. La colaboración gubernamental de la CNT descabezaría definitivamente los restos de la revolución de los comités (707).

Sin embargo, la situación no estaba todavía suficientemente madura. Largo Caballero tuvo que esperar aún cerca de un mes para observar los primeros síntomas de que la intransigencia anarcosindicalista se estaba agotando definitivamente. Y los primeros indicios serios iban a llegar desde la zona que constituía el centro de la fuerza del anarcosindicalismo, es decir, desde Catalunya: el día 26 de Septiembre, la CNT aceptaba integrarse en el gobierno de la Generalitat. A partir de ese momento, Largo Caballero comprendió que sólo era cuestión de tiempo para que los dirigentes libertarios aceptaran sus propuestas.

"¿Se daba cuenta la CNT de la significación del gobierno presidido por Largo Caballero?... El Consejo Nacional de Defensa, aún no siendo en el fondo más que un gobierno con otro nombre y quizás precisamente por serlo, cayó en el vacío. La CNT deseaba participar en el gobierno, pero amortiguando el efecto de su fulminante rectificación de principios. Esta realidad era imposible que escapara a los políticos y a los partidos. El balón de ensayo no podía engañar a Largo Caballero. Para éste, el carácter de la proposición delataba en la CNT una vacilación patente, preludio de una capitulación a más o menos corto plazo" (708).

Efectivamente, ante la negativa de Largo Caballero a aceptar la propuesta del Consejo Nacional de Defensa, y dentro del curso de creciente colaboracionismo que habían adoptado los dirigentes libertarios, a éstos solo les quedaba negociar las condiciones en las que se iba a producir su claudicación.

El 4 de Noviembre se daba a conocer la entrada de cuatro representantes anarcosindicalistas en el nuevo gabinete de Largo Caballero (La CNT había reclamado seis). Sin embargo existía otro indicio de que los libertarios habían tenido que capitular sin condiciones, frente a la firmeza de sus adversarios del Frente Popular: las carteras que pasaron a ocupar los nuevos ministros tenían una importancia política secundaria (Justicia, Sanidad, Industria y Comercio). Los puestos más importantes quedaban en manos de los socialistas, que todavía seguían controlando el gabinete. El mensaje quedaba claro, la CNT se integraba sin en el nuevo gobierno de la República sin condiciones. La revolución quedaba subordinada a un proyecto político, que trabajaba por su destrucción.

"Los conquistadores del Estado serían conquistados por el estado. Los ministros anarcosindicalistas no tardaron mucho tiempo en hacer suya la dialéctica oficial: <<O sobra el gobierno o sobran los comités>>, declaró el ministro cenetista Juan Peiró en uno de sus primeros actos públicos. Con el visto bueno de los ministros anarquistas se promulgaron decretos que disolvían los comités revolucionarios y los sustituían por consejos municipales y provinciales. Con su beneplácito se reinstalaron los gobernadores civiles. Con su consentimiento se inició el desarme del pueblo y la represión a los elementos revolucionarios" (709).

La prensa del Frente Popular anunció la buena nueva que debería tener como consecuencia, la aceleración de la victoria sobre el ejército franquista. El gobierno de la República, por primera vez, desde el principio de la contienda, contaba con la presencia de las principales organizaciones del movimiento obrero y de los republicanos (salvo el POUM, que había sido vetado por los comunistas oficiales, y que sólo tenía una fuerza significativa en Catalunya). La dualidad de poderes empezaba a dar paso a una República restaurada. El poder revolucionario de los comités y de las milicias, recibía, en apenas un mes, dos golpes mortales, y quedaba descabezado en lo que respecta a los partidos y sindicatos obreros. A partir de este momento, y no sin resistencia, iniciarían su declive hasta su desaparición.

La noticia de la entrada en el gobierno republicano provocaría un estupor todavía mayor entre las bases cenetistas, del que había producido su entrada en el Consell de la Generalitat en Catalunya.

"La decisión de la CNT y la FAI de entrar en el Gabinete produjo una profunda conmoción en el movimiento libertario. No sólo representaba la negación absoluta de los principios básicos del anarquismo, conmoviendo hasta lo más íntimo toda la estructura de la teoría libertaria, sino que violando el principio democrático, había sido tomada sin consultar a la masa" (710).

Evidentemente, la militancia anarcosindicalista no podía participar del entusiasmo y del triunfalismo con el que la prensa y los dirigentes anunciaban la entrada en el gobierno republicano. La oposición denunció con gran descontento y con algunas agrias críticas a las actitudes conciliadoras de la dirección. La oposición al colaboracionismo de los dirigentes iría cristalizando, a medida que las propias bases, fueran comprobando las consecuencias negativas de la entrada de la CNT y la FAI en la Generalitat de Catalunya y en el gobierno central de la República.

5.2 EL PROCESO DE DECADENCIA DE LA REVOLUCIÓN.

La integración de la CNT-FAI y del POUM en el nuevo gobierno (o Consejo) de la Generalitat iba a tener unas consecuencias muy distintas a las que éstos esperaban.

La disolución del Comité Central de Milicias traía consigo un cambio fundamental. La revolución entraba en una fase defensiva y de decadencia. El nuevo gobierno de unificación, esta vez con la colaboración (aunque fuera a regañadientes) de los líderes anarcosindicalistas y del POUM, iniciaba una política que iba dirigida a terminar cuanto antes, con los organismos del revolucionario. La autoridad de las instituciones republicanas empezaba a consolidarse. Sin embargo y a pesar de contar con la colaboración de la CNT y del POUM, el proceso de liquidación de los organismos revolucionarios no sería fácil e iba a encontrarse con fuertes resistencias.

5.2.1 CONTRA LOS COMITÉS REVOLUCIONARIOS EN CATALUNYA.

Apenas constituido el nuevo Consell de la Generalitat, el nuevo gabinete procedió a restablecer su autoridad política, como el único poder legítimo en toda Catalunya. Pero una cosa era la teoría legalista de los decretos y otra la realidad que existía. El objetivo, sin la colaboración de la CNT-FAI y el POUM habría resultado totalmente utópico. Sin embargo, aunque se contara con ellos, la desarticulación de los comités locales no prometía ser una tarea fácil. Si la supremacía del Comité Central de Milicias había sido discutida y desobedecida a menudo por esta multitud de comités, la del Consell de la Generalitat iba a tener serios problemas para hacer valer su autoridad.

La colaboración de la CNT y del POUM permitiría al gobierno autónomo catalán iniciar su campaña de acabar con los comités. Apenas dos días después de constituirse el nuevo gabinete, el 28 de Septiembre, su presidente Josep Tarradellas, anunciaba en la prensa, la realización de un viaje por Catalunya para el día 30, que tendría la finalidad de asentar la autoridad política del nuevo gobierno de concentración. En su misión, sería acompañado por destacados dirigentes de las tres principales organizaciones obreras catalanas, Andreu Nin (POUM), J. Doménech (CNT) y Juan Comorera (PSUC) (finalmente, éste último no viajaría). La misión se desplazaría en primer lugar a Lérida, que estaba controlada por el Comité Popular y donde el POUM era la organización mayoritaria. Posteriormente, se desplazaría a Tarragona, donde existía una fuerte resistencia de las bases sindicales a someterse a la nueva autoridad del gobierno.

Indudablemente el prestigio político de los dirigentes revolucionarios y especialmente la de Nin, convertido ahora en el nuevo Conseller de Justicia, contribuyeron decisivamente al éxito de la misión.

El 9 de Octubre, el gobierno de la Generalitat decretaba la disolución de todos los comités locales en Catalunya. En otro decreto, publicado el mismo día, se ordenaba que los organismos revolucionarios fueran sustituidos por nuevos consejos municipales, que mantendrían la misma proporcionalidad de fuerzas que existía en el seno del nuevo Consell. Los miembros de los nuevos ayuntamientos no serían elegidos, sino delegados por los partidos y sindicatos de cada localidad. Las modificaciones en la representatividad, en el seno de los nuevos consejos municipales favorecieron principalmente al PSUC, que, de esta forma, se veía sobrerrepresentado en numerosas poblaciones, donde antes no lo estaba, o bien donde su implantación era débil. Los principales perdedores eran el POUM, la CNT y la FAI, que eran las organizaciones cuyos militantes habían participado más activamente en los comités revolucionarios locales. Sin embargo, las condiciones de proporcionalidad no siempre fueron mantenidas en las distintas poblaciones. Los decretos amenazaban con declarar facciosos a todos aquellos que ofrecieran resistencia a su cumplimiento. Por primera vez, el gobierno de la Generalitat se sentía lo suficientemente fuerte para amenazar a los revolucionarios que se atreviesen a desafiar su autoridad.
En apariencia, las consecuencias políticas de la sustitución de los comités locales por nuevos consejos municipales eran mínimas. Esta era por lo menos, la visión que parecían tener muchos de los militantes que habían apoyado y formado parte de los comités-gobiernos revolucionarios. Al fin y al cabo, sus organizaciones iban a seguir formando parte de los nuevos consejos municipales. La sobrerrepresentación de algunos partidos del Front d'Esquerres quedaba ampliamente compensada por la mayor influencia entre la población del anarcosindicalismo y en menor medida del POUM. Sin embargo, la realidad era otra. Los nuevos organismos municipales, de naturaleza burocrática (su composición no respondía a la influencia de los partidos y sindicatos entre la población de la localidad) muchos más alejados de la influencia de la población trabajadora, estaban mucho más sujetos a las disposiciones del gobierno.

El día 22 del mismo mes, empezaba a funcionar el Consejo Municipal de Barcelona, presidido por Pi i Sunyer. El nuevo ayuntamiento barcelonés contaría con 33 concejales (9 de la CNT (Servicios Públicos, Policía Urbana y Obras Públicas), 9 de ERC (Presidencia, Finanzas y Gobernación), 6 del PSUC-UGT (Cultura y Asuntos Sociales), 3 del POUM (Sanidad), 3 de la Unió de Rabassaires (Abastos) y 3 de Acció Catalana (Estadística)) (711). El ejemplo de Barcelona era toda una invitación al resto de las poblaciones de Catalunya para que procedieran de forma similar.

La restauración de los Ayuntamientos significaría el principio del fin de la dualidad de poderes a escala local. La situación política en la zona republicana se decantaba cada vez más hacia los partidarios de la restauración. Sin embargo, la liquidación de los comités locales, de forma similar a la que ocurría con el resto de los organismos que habían surgido al calor de la revolución, encontró fuertes resistencias. A pesar de la colaboración prestada por los dirigentes anarcosindicalistas y poumistas, los militantes de base que formaban parte de los comités, se mostraron reacios a aceptar las nuevas directrices de la Generalitat, aunque contaran con la aprobación de sus dirigentes. El proceso de liquidación de los comités-gobierno se extendería durante varios meses, en los cuales los nuevos ayuntamientos tenían que convivir con ellos.

Sin embargo, los días de existencia de estos últimos estaban contados, en tanto en cuanto las organizaciones que en un principio los habían alentado, ahora los exhortaban a disolverse.
El Comité Regional de la CNT declaró que todos los comités y sindicatos deberían contribuir a que se formasen rápidamente los nuevos ayuntamientos.

"...Del viejo ayuntamiento no queda absolutamente nada... no debe quedar nada más que el nombre; y si el nombre pudiera también representar alguna dificultad, por nuestra parte, también puede suprimirse, sustituyéndolo por el de Consejos municipales, que es la denominación que deben tener; aunque más que Consejos municipales, lo que mejor le cuadraría a estos organismos es el de Cantones municipales..." (712).

De hecho, los comités revolucionarios locales nunca habían sido seriamente analizados por el anarcosindicalismo, que no sabía como integrarlos en su concepción de la revolución. La tradición libertaria se basaba en los municipios libres, en las comunas y no en organismos de tipo soviético o presoviético. Si habían aceptado formar parte de un Comité Central de Milicias, si también habían acabado por integrarse en el gobierno de la Generalitat, confiados en que su fuerza podría acabar con cualquier peligro contrarrevolucionario, ¿porqué no iban a formar parte de los nuevos Consejos, si ya estaban en el gobierno que los controlaba?

Sin embargo la colaboración de los dirigentes libertarios en la disolución no podía hacer otra cosa que ahondar en el creciente descontento de los militantes de los sindicatos, que había dado vida y que habían formado parte de los comités.
La integración del poumismo en el nuevo gobierno de Catalunya fue, sin duda alguna, también un logro importante para los planes de liquidación de los comités revolucionarios locales. El POUM dirigía el Comité Popular de Lérida y mantenía una fuerte implantación en Tarragona y en otras áreas de Catalunya. Una de las primeras consecuencias políticas de la integración en el gobierno de la Generalitat, fue su complicidad en las tareas de disolución de los comités locales que hasta aquel momento había defendido.

La participación del POUM en un gobierno, que se revelaba como el enemigo mortal de los comités revolucionarios, colocaba al partido en una peligrosa contradicción política. Los llamamientos a la formación de una Asamblea Constituyente sobre la base de los comités, idea que defendía el poumismo, quedaron seriamente en entredicho. La tarea quedaba de esta manera, en manos de un gobierno que se proclamaba cada vez más abiertamente, partidario de los nuevos ayuntamientos y de la restauración republicana.

"¿Cómo podía lanzar las consignas de <<todo el poder a los comités>> si él formaba parte del poder capitalista que los comités hubieran debido aniquilar para salvar la revolución?" (713).

El poumismo había aceptado integrarse en un gobierno de la Generalitat en la que las organizaciones revolucionarias eran mayoritarias y llevaban la iniciativa política. Sin embargo el ascenso del PSUC y la confusión en la que se encontraban sumidos los anarcosindicalistas hizo que fuera el Front d'Esquerres y no la CNT y el POUM, quien llevaba la iniciativa política.

Sin desearlo, el poumismo se encontraba formando parte de un gobierno que pretendía destruir el nuevo orden revolucionario que él defendía. Incapaz de distanciarse de los dirigentes libertarios, el POUM se dispuso a mantenerse en el nuevo gobierno, esperando que un giro en la orientación política de la CNT salvaría el curso descendente que había tomado la revolución (714).

Indudablemente, la actitud contradictoria de la dirección del POUM originó numerosas protestas en las bases del partido. En la reunión del Comité Central del POUM, realizada el mes de Diciembre, los delegados de Reus y de Lérida (los mismos lugares donde Nin había acompañado a Tarradellas) presentaron una protesta por el curso político que había adoptado el partido (715). Numerosos militantes de base no comprendían como podía compatibilizarse la permanencia y la colaboración con un gobierno que pretendía la disolución de los comités, con la consigna de un gobierno obrero, basado en ellos. Los sectores de la oposición de izquierdas (el grupo de Rebull, las Juventudes Comunistas Ibéricas...) pidieron que el partido apostara decididamente por la creación de organismos de tipo soviético, para poder contrarrestar la evolución contrarrevolucionaria que estaba tomando la situación (716).

Poco después, en el mes de noviembre, una vez cumplido el objetivo de liquidar a los comités, tarea en la que la colaboración del POUM había sido imprescindible, su secretario Andreu Nin sería expulsado del gobierno de la Generalitat, a partir de una crisis de gobierno, provocada por el PSUC.

En los meses posteriores, el POUM seguiría manteniendo una política contradictoria y vacilante, en la que combinaría la exigencia de que el partido fuera de nuevo readmitido en el gobierno de la Generalitat, con las consignas de "gobierno obrero" y "Asamblea Constituyente basada en los comités". Como si nada hubiera pasado, el POUM seguía defendiendo las viejas consignas.

"(Ante la expulsión del gobierno de la Generalitat) El POUM protesta vehemente, pero no señala otra perspectiva que su vuelta al gobierno de coalición, su propia reintegración al Consejo. Negándose a reconocer que el proceso contrarrevolucionario dirigido por el gobierno, que ahora se lleva a cabo abiertamente, empezó en septiembre con la disolución de los comités y que fue facilitado por su propia política de colaboración, el POUM, cuyo progreso numérico se ha estancado y ante el que se acumulan grandes dificultades materiales, no puede esperar, en esta línea, más que un cambio de la política de colaboración de los anarquistas... Toda su política reposa sobre la necesidad de convencer a los dirigentes de la CNT, hasta ahora manipulados por los estalinistas y sus aliados, de que deben proteger al POUM, a fin de preservarse ellos mismos..." (717).

Durante su breve participación en el gobierno catalán, el POUM había defendido la formación de una Asamblea Constituyente basada en los comités. Los mismos que la Generalitat había conseguido disolver (o ilegalizar), mediante su colaboración. Ahora, expulsado del gobierno, el POUM seguía defendiendo la misma política. Sus exigencias de readmisión sugieren que tendría que ser este gobierno, convertido en "no burgués" gracias a la mayoría CNT-FAI-POUM, el encargado de convocar el proceso constituyente. Este gobierno de concentración, representaría una etapa intermedia entre la vieja Generalitat republicana y el futuro gobierno revolucionario.
Sin embargo, los comités locales estaban en un avanzado grado de disolución y no estaba en el ánimo de nadie reconstruirlos, ni siquiera en el del POUM, que en el mismo documento, declaraba la legitimidad de los ayuntamientos o consejos municipales, como la auténtica representación popular de la revolución española.

"Con la revolución ha llegado la hora para que el municipio ibérico tome el carácter de organismo político-administrativo de los intereses de la colectividad".
...
"La fuerza creadora del proletariado ha hundido al municipio caciquil y <<cobrador>> de impuestos, para dar paso al nuevo municipio, célula de la nueva sociedad socialista".
...
"El municipio ha de ser la representación genuina de la democracia obrera" (718).

El POUM intentaba adaptarse a las circunstancias que estaban cambiando rápidamente, y que socavaban los restos de la revolución. Sin embargo, ni el gobierno de la Generalitat tenía esa pretendida naturaleza intermedia y contradictoria, ni los nuevos ayuntamientos eran "la representación genuina de la democracia obrera". El POUM se engañaba e iba a seguir haciéndolo hasta el mismo momento de su ilegalización.

En el bando contrario, Companys veía en la integración de los anarcosindicalistas y poumistas la gran oportunidad para iniciar seriamente sus planes de recuperación del poder. Sin embargo, el gran beneficiado del retroceso revolucionario no era ERC, sino los comunistas del PSUC, que se erigían cada vez más en los firmes adversarios del anarcosindicalismo.

Desde los primeros momentos, el PSUC se había manifestado partidario de la liquidación del doble poder, en favor de un nuevo gobierno de la Generalitat. Una vez conseguida la disolución del Comité Central de Milicias y la integración de sus miembros en un nuevo gobierno de unidad, era necesario dar los primeros pasos para la recuperación de los viejos ayuntamientos (llamados Consejos Municipales), que sustituirían a los incontrolables comités revolucionarios.

La autoridad de la Generalitat tenía que consolidarse como la única e indiscutible en toda Catalunya, y para ello era necesario recuperar las viejas estructuras de la administración republicana. Dicho en palabras de su secretario, Juan Comorera:

"La autoridad legítima, afirmo, debe poder imponerse a la dictadura irresponsable de los comités" (719).

A pesar de que el decreto de Octubre sobre los nuevos ayuntamientos había beneficiado principalmente al PSUC, éste sería el blanco de sus críticas. Los comunistas catalanes se lamentaban de que su peso en los nuevos ayuntamientos no correspondiera al que ellos consideraban adecuado.

Liquidado el Comité Central de Milicias y los comités revolucionarios locales, el Partido Socialista unificado tenía las puertas abiertas para poder convertirse en la primera fuerza política catalana. La CNT-FAI y el POUM, en plena decadencia y cada vez más adaptados a la "colaboración democrática" con la Generalitat y el Front d'Esquerres, demostraban, una y otra vez, su incapacidad para frenar los planes de restauración.

5.2.2 LA DECADENCIA DE LOS COMITÉS FUERA DE CATALUNYA.

La llegada al gobierno, de Largo Caballero, fue recibida con satisfacción por parte de la mayoría de los trabajadores, incluidos los de militancia anarcosindicalista. Las bases ugetistas consideraron que la llegada al gobierno de su máximo dirigente, era un paso fundamental en el camino hacia la victoria revolucionaria. El gobierno de coalición con los republicanos no sería más que una etapa necesaria, que estaba marcada por las circunstancias del momento, pero que también era el preludio del futuro gobierno revolucionario.

Los libertarios consideraban que, con Largo Caballero en el gobierno, se confirmaba su concepción sindical de la revolución española. En estas condiciones, la Alianza UGT-CNT parecía más cercana que nunca. La participación de los líderes cenetistas en el nuevo gobierno no haría otra cosa que consolidar el peso de los sindicatos en la dirección de la guerra y de la revolución.

Sin embargo, los partidarios del Frente Popular tenían una idea muy distinta de lo que realmente significaba el segundo gobierno de Largo Caballero. Por primera vez desde los comienzos de la guerra, la República dejaba de ser una mera administración fantasma, y conseguía "popularizarse" entre los sectores revolucionarios de la población. El fortalecimiento del gobierno tenía que ser aprovechado para completar la reconstrucción del aparato estatal republicano.

"Para Azaña y Prieto, como para Stalin y sus representantes en España, la jefatura gubernamental de Caballero podía ser la garantía de que la revolución colaborara en su propia rectificación, en la restauración del estado republicano democrático-burgués" (720).

Sin embargo, el primer grave obstáculo político al que tuvo que enfrentarse Largo Caballero en el gobierno, era que su propia autoridad estaba fuertemente limitada y discutida por los innumerables comités que dirigían y administraban los pueblos y ciudades de la zona republicana. Tal como reflejarían las páginas de "Claridad".

"Hoy no son, no pueden ser esos órganos más que estorbos de una labor que corresponde única y exclusivamente al gobierno del Frente Popular, donde participan con plena responsabilidad representantes de todas las organizaciones políticas y sindicales del país" (721).

Una postura similar, aunque mucho más elaborada, fue la del Partido Comunista. El PCE representado en el gabinete de Largo Caballero, reclamó con creciente intensidad que los comités revolucionarios locales fueran disueltos inmediatamente, y de que se entregara "todo el poder y la autoridad al gobierno del Frente Popular". Irónicamente, los comunistas oficiales defendían una de las consignas centrales que habían defendido Lenin y los bolcheviques rusos, la de "todo el poder a los soviets", exactamente al revés. El PCE estaba dispuesto, por razones de política internacional y de la diplomacia estalinista, a evitar que la revolución española fuera más allá del corsé "democrático-burgués" que él reclamaba (722).

"Es indiscutible si, en los primeros momentos de la guerra civil, fueron precisos los numerosos organismos que se crearon en los pueblos y en las ciudades de la España leal. Lo que no puede ponerse en duda es que en la hora actual... entorpecen grandemente la obra gubernamental" (723).

Giral, por su naturaleza política había demostrado su incapacidad para enfrentarse con éxito a una revolución que había hundido a la República. Era también más que dudoso que Indalecio Prieto, o cualquier otro dirigente del ala moderada del Partido Socialista, hubiese podido contener y corregir la avalancha revolucionaria que se había desencadenado. Era evidente que, sólo Largo Caballero podía llevar a cabo la tarea de acabar con la duplicidad de poderes, acabar con los comités-gobierno y reconstruir la vieja administración republicana, sin provocar un estallido revolucionario que pudiera poner en peligro los planes.

Aprovechando la integración de la central sindical anarcosindicalista en el nuevo, Largo Caballero consideró que contaba con la autoridad y las fuerzas necesarias para proceder a liquidar el poder de los comités y reponer las viejas administraciones locales. A finales de 1936, el gobierno republicano decretaba (de la misma forma que antes había hecho Companys en Catalunya), la disolución de los comités revolucionarios y el restablecimiento de los Ayuntamientos. En las nuevas administraciones, deberían estar representadas todas las organizaciones que formaban parte del gobierno central.

Los dirigentes anarcosindicalistas habían entrado en el gobierno de Largo Caballero, convencidos de que su presencia en él serviría para "legalizar" las conquistas de la revolución. La realidad obligaría a los líderes libertarios a dar su conformidad a los decretos del gobierno, en aras a mantener la recién estrenada unidad antifascista. De esta manera la CNT se vería obligada a avalar la disolución de los comités y la restauración de las antiguas instituciones republicanas. La flagrante contradicción política en la que se encontró la dirección cenetista, llevaría a sus representantes a hacer verdaderas piruetas, para justificar su adaptación. Juan Peiró, convertido en ministro de Industria, criticó la actividad de los comités revolucionarios que interferían las disposiciones dictadas por el gobierno.

"El gobierno da una orden -declaraba en un mitin de la CNT, unas semanas antes de la promulgación de los decretos- y luego se interfieren unas consignas de los comités locales. Para ordenar todo, todo se desorganiza (rumores), o sobra el gobierno o sobran los comités (voces: ¡sí!) ¿Qué quieren decir esas voces?, ¿qué sobran los comités? (voces nuevas: ¡sí! ¡no!)... los comités no sobran... lo que hace falta es que sean elementos auxiliares del gobierno..." (724).

El ministro anarcosindicalista optaba por una solución falsamente salomónica. La dirección de la CNT no podía pedir firmemente la disolución de los comités, sin sufrir un grave deterioro de su prestigio entre sus propias bases, y especialmente entre los sectores más militantes del sindicato, sin una escisión. La opción contraria, la de oponerse a la disolución, hubiera conllevado la inmediata ruptura con el nuevo gobierno de Largo Caballero del que formaba parte. Juan Peiró, como representante de los organismos dirigentes de la CNT escogía una falsa vía intermedia: la de pedir la supervivencia de los comités, pero siempre y cuando éstos se subordinaran a la política del nuevo gobierno, es decir, a la reconstrucción del viejo estado burgués. En realidad la opción resultaba inviable.

No era difícil adivinar la oposición de los militantes de base, que estaban organizados en los comités. La sugerencia de Peiró significaba en la práctica, la liquidación política de los comités, como organismos de la revolución. Era otra forma de disolverlos.

Largo Caballero y las organizaciones del Frente Popular no estaban dispuestas a tolerar que se mantuviera en pie ninguna estructura revolucionaria, ni siquiera vaciada de su contenido. El mejor seguro para que la revolución no pudiera recuperar el terreno perdido era liquidando a los organismos que habían surgido de ella. Con esta perspectiva, los comités, sin ninguna organización dispuesta a apoyarlos, entrarían en un rápido proceso de decadencia.

A pesar de los decretos de disolución, los comités-gobierno consiguieron sobrevivir durante varios meses. Los sectores revolucionarios, libertarios y socialistas de izquierda en su mayoría, siguieron apoyando y agrupándose en torno a ellos. De esta manera, los nuevos Ayuntamientos y los comités coexistieron durante todo un período. Con frecuencia, las organizaciones obreras se encontrarían representadas en los dos organismos.

El peso social de los comités-gobierno locales hizo que, en muchas poblaciones y durante las primeras semanas, las administraciones municipales se limitaran a ejercer un papel formal. Sin embargo, algo había cambiado, la dualidad de poderes se orientaba ahora hacia la ofensiva republicana frente a la decadencia de la revolución. La participación mayoritaria de las organizaciones obreras en el nuevo gobierno y su apoyo a la restauración de los nuevos Ayuntamientos no podía hacer otra cosa que fortalecer las nuevas estructuras republicanas, en detrimento de las revolucionarias.
A principios de 1937, los comités locales tuvieron que ceder a los nuevos ayuntamientos, gran parte de sus atribuciones. Desposeídos progresivamente de su poder político, los comités irían quedando como organismos de índole económica, como administradores y coordinadores de las colectividades locales.

Para evitar los choques entre los Ayuntamientos y los comités revolucionarios, Largo Caballero buscó anular e integrar a estos últimos. Frecuentemente los dirigentes de los comités fueron nombrados alcaldes de los nuevos gobiernos municipales. Poco a poco, sin dirección política y presionados por las direcciones de las mismas organizaciones de las que formaban parte sus integrantes, los comités revolucionarios fueron disolviéndose o asimilándose a las nuevas estructuras republicanas.

Mucho más tarde, ya en pleno fragor de la contrarrevolución republicana, el 8 de Octubre de 1937, el gobierno de Negrín decretaría la intervención de comisarios del gobierno en las localidades donde todavía no habían llegado a constituirse los Ayuntamientos. El hecho de que en una fecha tardía pudiera publicarse tal decreto refleja la resistencia de algunos sectores de la población a aceptar la restauración de las administraciones municipales republicanas (725).

A pesar de su declive, los comités consiguieron sobrevivir en algunas zonas durante algún tiempo (Asturias...), hasta la llegada de las tropas franquistas.

5.2.3 EL DESARME DE LA REVOLUCIÓN. EL DECLIVE DE LOS CUERPOS ARMADOS DE LA REVOLUCIÓN EN CATALUNYA.

Los intentos de reconstrucción del ejército y la policía republicanas se remontan, prácticamente, a los primeros momentos de la revolución en Catalunya. La misma propuesta hecha por Companys a los anarquistas para organizar las "milicias ciudadanas" y un Comité Central que estuviera subordinado al gobierno de la Generalitat, que las organizara y dirigiera, eran parte de este proyecto. Tanto el gobierno autónomo catalán, como el de la República, sabían que era utópico pretender someter al movimiento revolucionario, sino contaban antes con unos cuerpos armados que fueran fieles a su autoridad.

El decreto firmado por Giral, por el que los soldados quedaban liberados de su obligación para seguir manteniendo su obediencia a los mandos sublevados tuvo un efecto de boomerang sobre las escasas fuerzas que todavía se mantenían fieles a la República.

En pocas horas, los cuerpos armados que seguían siendo leales en Catalunya quedaron reducidos a un puñado insignificante de militares profesionales, sin capacidad para controlar la situación. Las tropas desertaron en bloque, mientras que algunos acabaron por unirse a los revolucionarios, contagiados por el entusiasmo popular.

Algo similar ocurría entre los cuerpos policiales. A los pocos días, Companys se había quedado sin efectivos para poder hacer valer su autoridad. El contagio revolucionario también se había apoderado de la policía y de la guardia civil. Muchos de ellos habían acabado por desprenderse de sus uniformes y habían salido a la calle para unirse a los revolucionarios. Incluso en el seno de las escasas unidades policiales que se habían salvado de la desintegración, aparecieron los omnipresentes comités revolucionarios que se encargarían de la vigilancia de los elementos sospechosos de simpatizar con el enemigo.

Para cubrir el vacío que habían dejado los cuerpos armados de la República, los partidos y sindicatos organizaron un improvisado sistema de milicias y de patrullas de control (ver los capítulos sobre el Comité Central de Milicias que analizan el tema). Sin embargo, el predominio anarcosindicalista y también en menor medida la fuerza del POUM, impedían a Companys y sus aliados iniciar la reconversión de las milicias y de las patrullas de control, para transformarlas en el nuevo ejército republicano. La organización interna de las milicias, democrática y participativa; la elección de los mandos por la tropa, el hecho de que éstos carecieran de privilegios y de distintivos; la existencia de toda una vasta red de comités y de delegados elegidos en asambleas, eran poderosos obstáculos para la reconstrucción del ejército y de la policía republicana.

A estas graves dificultades, se sumaba el hecho de que los trabajadores y sus organizaciones tuvieran en su poder gran cantidad de armas con las que pretendían defender el nuevo orden social. El presidente Companys y los partidarios de la República, necesitaban desesperadamente contar con un cuerpo armado, sin el que su autoridad política carecía de valor. El problema era que los revolucionarios no estaban dispuestos a consentir que éste se formara. Inevitablemente, la reconstrucción del ejército y de la policía republicana sólo podía llevarse a cabo con el consentimiento de los dirigentes anarcosindicalistas.

La integración de la CNT, a finales del mes de Septiembre, en un nuevo gobierno de la Generalitat, iba a resolver el callejón sin salida en el que se encontraban los adversarios de la revolución de los comités. En los primeros momentos, los departamentos del Comité Central de Milicias, relacionados con las milicias y con la Seguridad Interior pasaron, apenas sin cambios, a formar parte del engranaje del nuevo gobierno de la Generalitat. Sin embargo, este era el primer paso. Pronto se darían otros.

5.2.4 CONTRA LAS PATRULLAS DE CONTROL EN CATALUNYA.

El 4 de Octubre, el departamento de Seguridad Interior del disuelto Comité Central de Milicias pasaba a integrarse en la Consellería del nuevo gobierno de la Generalitat. Aparentemente nada parecía haberse modificado. El que había sido responsable de la Seguridad Interior del Comité, el anarcosindicalista Aurelio Fernández, fue nombrado secretario de la nueva Junta de Seguridad. El representante libertario continuaba siendo, de esta manera, el auténtico responsable de los cuerpos policiales, mientras que la titularidad de la Consellería de Interior, estaría de forma simbólica en manos de Artemio Aiguader (ERC). Dionisio Eroles (CNT), también procedente del Comité Central de Milicias, continuaría como responsable de los Servicios de Orden Público. Las patrullas de control se mantuvieron como una fuerza paralela a los cuerpos policiales de la Generalitat. El hecho de que existieran dos organizaciones policiales paralelas, con las mismas tareas y dependiendo del mismo gobierno, pero de naturaleza distinta (una era hija de la revolución, la otra era heredera de las fuerzas policiales de la República) fue una fuente constante de tensiones y de enfrentamientos en los meses siguientes.

Los choques entre ambas organizaciones se incrementarían, a medida que las patrullas de control fueron perdiendo terreno, y los cuerpos policiales tradicionales conseguían fortalecerse. A pesar de que las patrullas, formadas mayoritariamente por militantes obreros, se resistían a convertirse en un mero aparato represivo de las nuevas autoridades, su razón de ser desaparecía a medida que la misma revolución de la que habían surgido retrocedía.

Los decretos del 11 de Octubre, por los que se disolvían los comités revolucionarios locales y se creaban los nuevos consejos municipales favorecería la disolución de los cuerpos armados revolucionarios de las distintas localidades, que pasarían a depender directamente de la Consellería de Gobernación.

El día 18 del mismo mes, dimitía el comandante Gómez García, que a mediados de Agosto había sido nombrado comisario general del Orden Público, después de la dimisión de Escofet y Guarner. Le sucedería en el cargo Andreu Rebertés de ERC. A finales del mes de Noviembre, el PSUC-UGT y las organizaciones del Front d'Esquerres lanzaron una intensa campaña para pedir que se reforzara la disciplina en la retaguardia. El mismo presidente del gobierno catalán, Josep Tarradellas, aprovechó la situación para exigir que los decretos promulgados por la Generalitat fueran obedecidos sin reticencias. Al fin y al cabo, las nuevas órdenes contaban ahora con el visto bueno de los representantes de la CNT-FAI y del POUM que estaban en el gobierno. Sin embargo, el decreto promulgado el día 27 del mismo mes, por el cual en el plazo de cuarenta y ocho horas debían ser entregadas todas las armas que se encontraban en la retaguardia, para ser enviadas al frente, fue de nuevo desobedecido.

Ambos bandos, los partidarios de una revolución que sentían que se les escapaba de las manos, y sus adversarios, los partidarios de la restauración republicana, sabían que la situación no iba a terminar así. Tarde o temprano se produciría el ajuste de cuentas entre ambas fracciones que iba a resolver el destino de la revolución. Los revolucionarios se negaban a entregar las armas de las que se habían apoderado, al ver que la presencia de la policía republicana de la Generalitat, era cada vez más evidente en las calles, en detrimento de las patrullas de control (726).
Mientras tanto, sus adversarios del Front d'Esquerres acumulaban armas a la espera del enfrentamiento. Durante aquellas fechas, la prensa anarconsindicalista denunció y probó documentalmente, que el PSUC había substraído secretamente 14 carros blindados, que estaban destinados al frente, para pasar a formar parte de su propio arsenal de retaguardia.

"...Lo que está fuera de toda clase de dudas es que los tanques robados no se substrajeron para realizar operaciones de guerra... si no se substrajeron esos tanques para llevarlos al frente, ¿para qué se realizó operación tan "brillante"? presumimos en esto un bosquejo de intento dictatorial contra el que todos saben que nos alzaríamos inmediatamente" (727).

El día 25 de Noviembre, dimitía el comisario del Orden Público, Andreu Rebertés y era sustituido por Martí Rouret, también de ERC.

En la crisis de Diciembre, en la que el POUM fue expulsado del gobierno, se produjo una lucha más o menos soterrada, por el control de la consellería del Interior. El enfrentamiento entre anarcosindicalistas y socialistas unificados se reflejó en las páginas de los periódicos, con sus confusas y contradictorias noticias, entre los días 18 y 25 de Diciembre. Finalmente la lucha se saldó a favor de los partidarios del Front d'Esquerres que incrementaron su control sobre el departamento, en detrimento de la CNT. Eusebio Rodríguez Salas (PSUC) sería nombrado Comisario General, Josep Soler (ERC) asumió el cargo de Inspector General, mientras que el cenetista Dionisio Eroles continuaba manteniendo el de Jefe de los Servicios de Orden Público.

A partir de la nueva situación, el Departamento lanzó una serie de decretos y de órdenes que recortaban, más y más, el poder de los sectores izquierdistas. El 29 de Diciembre, se publicó una orden por la cual, cualquier reunión o manifestación pública, tendría que contar con el permiso policial. El día 31 del mismo mes, se indicó que todas las denuncias tendrían que llevarse a cabo en las comisarías y no en ningún otro centro.

El día 26, la policía republicana intervino en la localidad de Hospitalet, en un enfrentamiento entre las dos centrales sindicales UGT y CNT, a favor de la primera. Cada vez era más evidente que las patrullas de control se encontraban en un claro proceso de decadencia, y de que sus razones de existencia, desaparecían rápidamente. El declive de la revolución era una evidencia que ya no se le podía escapar a nadie.

A finales del mes de Enero, el PSUC y la ERC se encargaron de dar un nuevo golpe a las patrullas de control. Sin mediar ningún aviso, retiraron sus efectivos de éstas, basándose en los hechos que habían acontecido en la localidad de la Fatarella (728).

Las organizaciones del Front d'Esquerres amenazaron con la expulsión, cualquier resistencia de sus militantes a abandonarlas.
El 1 de Marzo, se decretó, a instancias del PSUC, la unificación de las fuerzas policiales en una sola organización controlada por el gobierno de la Generalitat (729).

Todos los diferentes cuerpos de seguridad (guardia nacional republicana, seguridad y asalto, investigación y vigilancia, patrullas de control) serían disueltos y transformados en una sola fuerza policial. Los mandos serían elegidos entre la oficialidad de la vieja policía republicana. Todas las tareas y actividades relacionadas con el Orden Público quedarían centralizadas en la Consellería de Seguridad Interior. Se prohibiría a los miembros de la nueva policía, cualquier tipo de militancia política o sindical. También serían disueltos los comités de obreros y de soldados que actuaban en el interior de los distintos cuerpos, para controlar y vigilar las posibles actividades contrarrevolucionarias que pudieran desarrollarse en su interior. Las órdenes equivalían, en la práctica, a expulsar a los efectivos cenetistas y poumistas de las tareas de mantenimiento del orden público, que a partir de aquel momento quedarían exclusivamente en manos de los partidarios de la restauración republicana. Los decretos contaron inicialmente con la aceptación de los representantes libertarios en el gobierno. Sin embargo, el descontento y la fuerte tensión que se había desatado hizo que los dirigentes cenetistas declararan públicamente su oposición a que la orden fuera llevada a cabo (730).

"Una vez más (la CNT) se encontraba engañada en un gobierno que de sindical sólo tenía el nombre. Nunca tuvo el timón de la nave gubernamental y los cuatro consejeros tenían más la función de aportar las siglas CNT al Consell de la Generalitat, que influir en la línea del gobierno. Cuanto más implicados estaban en las resoluciones del Consell de la Generalitat, más duras eran las críticas que recibían de los sectores más radicales de la FAI y de la CNT misma" (731).

La central sindical anarcosindicalista defendió la idea de que la convivencia de ambos cuerpos policiales, seguía siendo posible. La situación no estaba todavía lo bastante madura, como para enfrentarse abiertamente a los anarquistas, por lo que el proyecto de reestructuración sería abandonado por el momento. La vuelta atrás fue duramente criticado por los comunistas del PSUC que se mostraban partidarios de precipitar el choque contra los anarcosindicalistas.

"Companys deseaba que desaparecieran (las patrullas de control), ... Pudo haber recurrido a la colaboración que les brindaban los consejeros del PSU-UGT y concertar con ellos las medidas adecuadas para resolver el conflicto. Se lo impidió el temor a una ruptura con las masas confederales" (732).

Sin duda, Lluís Companys había optado por la prudencia. La fuerza del anarcosindicalismo aún era grande, y el descontento de unas bases sindicales que contaban con un importante arsenal y que eran reacias a entregarlo a sus adversarios, presagiaba que la consolidación del orden republicano no iba a resultar fácil.
El PSUC organizó una fuerte campaña contra los "incontrolados", eufemismo que ocultaba tras de si a los sectores revolucionarios que se negaban a someterse a las autoridades, incluso aunque en ellas estuvieran representados sus propios sindicatos y partidos. Con el término "incontrolado" se pretendía relacionar a los sectores más radicalizados del anarcosindicalismo y del poumismo con la delincuencia del lumpenproletariado (733). Era un prerrequisito imprescindible para exigir una posterior represión policial sobre ellos.

Relacionados con esta campaña, también se harían numerosos llamamientos para que la retaguardia fuera desarmada y el control del orden público quedara exclusivamente en manos de la policía republicana (734).

"En efecto, ¿qué significaba <<desarme de la retaguardia>> y <<todas las armas al frente>>, ni más ni menos que esto: quitemos pistolas y fusiles al proletariado, dejemos indefensos a esos revolucionarios que se armaron el 19 de Julio, y en un periquete liquidaremos la revolución, contentaremos a las potencias imperialistas y al Kremlin, anularemos la guerra civil y nos pondremos en condiciones de ganar la <<guerra de independencia nacional>> obligando al bando franquista a pactar con nosotros. Desarmar la retaguardia no podía significar otra cosa que desarmar al proletariado. Era la consigna política en la que para nada intervenían los intereses de la guerra. Al contrario, el gobierno se atrevía a lanzar su consigna de desarme de la retaguardia, porque ya había substraído millares de armas al frente, armas entregadas a los guardias civiles y de asalto, con las que poner por obra su consigna" (735).

El 27 de Marzo se produciría una nueva crisis de gobierno que tuvo como uno de sus principales ejes, el control del orden público en Catalunya. Los consejeros confederales abandonaron el gobierno en protesta por la cada vez más clara evidencia de que se estaban reconstruyendo las viejas fuerzas policiales, como paso previo y necesario para liquidar definitivamente la revolución. La crisis de gobierno de la Generalitat dió lugar a un nuevo gobierno provisional, en el que seguía representada la CNT con dos delegados (junto a otros dos de ERC, uno de la UGT y otro de los Rabassaires). La crisis se saldó finalmente con el rechazo de las pretensiones de los dirigentes libertarios. El nuevo gobierno mantendría el mismo carácter continuísta del anterior. Era la señal de que la CNT había dejado de ser la organización hegemónica en Catalunya y de que la restauración republicana estaba avanzando a pasos agigantados.

El PSUC exigió que los decretos y las órdenes procedentes del gobierno de la Generalitat fueran cumplidas. La CNT puso como condición para la vuelta a la normalidad, que fueran derogados los decretos y que se terminara de una vez por todas con las manifestaciones públicas de los partidarios del Front d'Esquerres (736). Mientras tanto, el POUM, desde fuera, se sentía decepcionado por la tibia respuesta que estaban dando los libertarios, frente a los ataques cada vez más firmes de sus adversarios (737).
El 25 de Abril y en plena crisis de gobierno, caía asesinado en Molins del Llobregat, el dirigente ugetista de la Federación de Empleados Municipales, Juan Roldán Cortada. El asesinato ocurrió en turbias circunstancias, lo que no impediría que el jefe de policía, Juan Roldán Cortada, enviara a sus efectivos policiales y que se produjeran numerosas detenciones entre los anarcosindicalistas de la localidad. El entierro del dirigente sindical, llevado a cabo el día 27, se convertiría en una gigantesca demostración de fuerza del PSUC y de la UGT catalana que no pasaría inadvertida a sus oponentes de la CNT-FAI y del POUM, que calificaron el acto como una provocación.

Pocos días después, era asesinado era el alcalde anarquista de Puigcerdà, Antonio Martín, en un enfrentamiento con los guardias de asalto. Poco después, el ministro de Hacienda, Negrín, envió a sus cuerpos de carabineros para hacerse cargo del control de los puestos fronterizos. El choque definitivo entre las dos fuerzas sociales que actuaban en el campo antifascista, estaba a punto de desencadenarse.

5.2.5 EL FIN DE LOS CUERPOS POLICIALES REVOLUCIONARIOS. EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA RECUPERA SU AUTORIDAD.

De la misma forma que había pasado con la Generalitat, las jornadas de Julio desarbolaron al gobierno republicano central. Giral se había encontrado, repentinamente, sin ejército y sin un cuerpo policial, libres del contagio revolucionario, que pudiera enfrentarse al movimiento que se adueñaba de las calles. El control de Madrid, y de la mayor parte de las localidades que se encontraban en la zona republicana, había quedado en manos de los revolucionarios, que habían empezado a organizar sus propias milicias y sus patrullas, completamente independientes de la disciplina y de la autoridad del gobierno.

Durante las primeras semanas, los restos de los viejos cuerpos policiales tuvieron que convivir con los grupos de revolucionarios que controlaban las calles y que se encargaban de velar por el nuevo orden y de llevar a cabo la represión interna contra los simpatizantes de la sublevación. Con una firme intención de mantener la escasa autoridad que le quedaba, y como antecedente de sus planes políticos, el gobierno Giral rebautizó en un decreto promulgado el 31 de Agosto, a la odiada guardia civil, con el nombre de "Guardia Nacional Republicana".

El gobierno republicano contaba a su favor con el apoyo del Frente Popular que se mantenía políticamente intacto. Los dirigentes de las diferentes fracciones del Partido Socialista, de la Unión General de Trabajadores y del Partido Comunista colaboraron eficazmente para evitar que el gobierno fuera barrido por completo de la arena política. A diferencia de lo que había pasado en Catalunya, donde la renuncia al poder del anarcosindicalismo no se había traducido en el mantenimiento de la Generalitat, como principal centro del poder político, en Madrid, el gobierno republicano consiguió mantener su pequeña parcela de su autoridad.

La dualidad de poderes, durante las primeras semanas, se revelaría en los continuos llamamientos de los dirigentes obreros, para disciplinar y someter a sus propias bases a una política de moderación que, poco o nada tenía que ver con las expectativas y el entusiasmo que éstas sentían.

La falta de un organismo revolucionario que emprendiera la reorganización de la nueva situación y el hecho de que el gobierno no contase con la confianza de los trabajadores organizados, provocó la dispersión del poder. Las tareas de vigilancia y mantenimiento del nuevo orden, quedaron en manos de una multitud de grupos inconexos que estaban vinculados exclusivamente a sus partidos y sindicatos. Este panorama caótico iba a facilitar la tarea de reconstrucción del Estado republicano y de sus cuerpos policiales.

Mientras, en Catalunya, los libertarios habían rechazado la posibilidad de que la Generalitat contase con su propia policía, que podría disputarles en el futuro el control de la revolución, fuera de los territorios donde la CNT era mayoritaria, adoptaron una actitud de tolerancia hacia una política que era apoyada por el resto de los partidos y sindicatos (salvo el POUM que fuera de Catalunya era insignificante).

"Las diferencias eran, entre otros factores, las condiciones en las que se había producido la sublevación en uno y otro lugar y las consecuencias que se habían manifestado posteriormente... era una situación un poco al margen de las ideologías. La prueba estaba en el hecho de que los anarquistas aceptaban esta planificación del orden público que les presentaba el gobierno central y en cambio no acababan de aceptar una solución similar que intentaba encontrar el gobierno autónomo catalán" (738).

La actitud hostilidad y la desconfianza que los libertarios sentían hacia el gobierno autónomo catalán sería la causa de que los planes de restauración en Catalunya, avanzaran mucho más lentamente que en el resto de la zona antifascista, donde socialistas, comunistas y republicanos tenían un proyecto político común.

El 20 de Septiembre, el nuevo gobierno de Largo Caballero, decretó la creación de una nueva organización policial centralizada, que se encargaría de las tareas del orden público: "las milicias de vigilancia de la retaguardia". En la reestructuración se unificaron las fuerzas de seguridad de los distintos partidos y sindicatos en un solo cuerpo armado que, junto a lo que quedaba de las antiguas fuerzas policiales de la República, pasarían a depender del Ministerio de Gobernación. Los integrantes de las disueltas patrullas obreras tendrían un plazo de quince días para solicitar el ingreso en el nuevo cuerpo armado. Los miembros de la policía en el futuro, no podrían estar afiliados a ningún partido o sindicato, ni formar consejos revolucionarios. La prohibición del derecho de militancia política pesaría gravemente sobre los revolucionarios, pero no impidió que otros grupos, como es el caso del PCE, pudieran llevar a cabo una eficaz táctica de infiltración (739).
Con unas nuevas fuerzas policiales apolíticas y desligadas de los partidos y sindicatos obreros, el gobierno conseguía un valioso instrumento represivo para hacer valer de nuevo, su autoridad. Sin embargo, el gran paso hacia la restauración de una sola organización policial, que estuviera a las órdenes de las instituciones republicanas, no pudo completarse hasta la entrada de la CNT en el nuevo gobierno de Largo Caballero.

Unas semanas después, el 28 de Diciembre, se formó por decreto el Consejo Nacional de Seguridad que reuniría a todas las distintas fuerzas políticas y sindicales que estaban representadas en el nuevo gobierno republicano. El nuevo organismo estaría formado por el ministro de gobernación, por dos consejeros de la UGT, otros dos de la CNT, uno por cada partido político y por los representantes de las diferentes unidades. En cada provincia, se crearía un Consejo de estructura similar, que estaría presidido por el gobernador.

La integración de la CNT abría las puertas a la restauración de los viejos cuerpos policiales. El control del orden público empezaba a escapárseles definitivamente de las manos, a los revolucionarios. La posibilidad de restaurar el viejo orden republicano estaba cada vez más cercana.

"...el gobierno, fortalecido por el cuerpo de policía reorganizado y por la ausencia de una protesta explícita por los ministros de la CNT-FAI, estaba empezando a desarmar y detener a los recalcitrantes y a asumir la administración del orden público en una localidad tras otra donde los anarcosindicalistas habían ejercido el control desde los primeros días de la guerra civil" (740).

Una vez conseguida la colaboración de las distintas organizaciones obreras, el gobierno de Largo Caballero se embarcó en una política acelerada de fortalecimiento de las menguadas fuerzas policiales republicanas. El proceso de reconstrucción contaría con el silencio incómodo de los dirigentes cenetistas que, víctimas de su política de compromisos, tenían que aceptar a regañadientes, como el Estado republicano se hacía de nuevo dueño de la situación. A principios del mes de Diciembre, la Guardia de Asalto contaba ya con 28.000 miembros (741). Apenas un mes después, los efectivos policiales ascenderían a 40.000 hombres, mientras que los carabineros, dirigidos por el Ministro de Hacienda Negrín, encuadraban a unos efectivos similares (742). La consolidación de la autoridad del gobierno republicano y el retroceso de los revolucionarios se manifestaría con la cada vez más agresiva política de desarme de la retaguardia.

Paralelamente a la progresiva recuperación del estado republicano, los sectores revolucionarios sufrirían, cada vez más, la represión y la censura gubernamental. En el mes de Diciembre, el periódico de la central sindical anarcosindicalista madrileña, "CNT" era clausurado. Unos meses más tarde, cuando la contrarrevolución republicana se volvía cada vez más intensa, serían cuatro los periódicos clausurados por la nueva censura republicana.

Los periódicos de las organizaciones izquierdistas sufrirían un control cada vez más estrecho (Castilla Libre, Nosotros, Cartagena Nueva, Del Norte...) La prensa del POUM también tendría que soportar una represión similar. Sólo el periódico valenciano "El Comunista", perteneciente al sector más derechista y favorable al Frente Popular del partido, siguió apareciendo con absoluta normalidad (743).

Una vez consolidado el control sobre los cuerpos policiales de la zona republicana (salvo en Catalunya, donde los obstáculos políticos hacían que el proceso fuera mucho más lento) el gobierno de Largo Caballero pudo proceder a desarmar a los grupos revolucionarios que todavía existían en la retaguardia.

El 15 de Febrero, se decretó la retirada inmediata de todas las armas cortas y largas que no contaran con un permiso legal. El 12 del mes siguiente, el decreto alcanzaba a todas los partidos y sindicatos. De esta manera, los restos de la revolución, pasaban a estar, por completo, en manos del gobierno, que podía asestar el golpe final, cuando lo considerase conveniente.

5.2.6 LA REPUBLICA SIN EJÉRCITO.

La sublevación de la mayoría del ejército, el decreto de disolución lanzado por Giral y la influencia de la revolución, fueron los factores que actuaron como un poderoso disolvente sobre los cuerpos militares que pretendían seguir siendo leales a la legalidad republicana.

Como consecuencia del sangriento enfrentamiento entre la revolución de los comités y la contrarrevolución militar, el gobierno republicano se encontró desprovisto de un ejército con el que poder restaurar su autoridad a ambos contendientes.

La revolución de los comités había conseguido vencer en la mayor parte del territorio peninsular. Sin embargo el triunfo no había sido total. Aunque los insurgentes sólo habían conseguido apoderarse de algunas ciudades y de zonas agrarias de escasa población y de todavía menor peso económico, contaban a su favor con la mayor parte de los efectivos del viejo ejército, una organización preparada y pertrechada para combatir. A pesar de los éxitos iniciales, la revolución tenía que dotarse de su propio ejército sino quería ser aplastada por sus adversarios en breve tiempo.

Indudablemente, a lo largo de la historia todos los ejércitos han reflejado y reflejan la sociedad y las clases sociales a las que sirven. En el debate sobre el tipo de ejército que debía constituirse, la línea divisoria que separaba a los partidarios del ejército regular clásico, de los que se mostraban favorables a darle un carácter revolucionario, coincidía matemáticamente con la que existía entre los partidarios del carácter democrático-burgués de la revolución española, y los que por el contrario, defendían su esencia anticapitalista.

De la misma manera que el viejo ejército, "prusiano", representaba a la vieja sociedad burguesa española, ya fuera en su versión monárquica o republicana, el brazo armado de la revolución iba a estar forzosamente condicionado por las aspiraciones y por la conciencia de las clases sociales que lo integraban.

Los revolucionarios odiaban y temían demasiado al viejo ejército autoritario, -dirigido por una casta de oficiales y suboficiales, con sus respectivos privilegios y distintivos- para sentirse tentados en reconstruirlo. La tragedia revolucionaria de Octubre de 1934, sus constantes y tradicionales intrusiones en la vida política del país, eran elementos que se encontraban bien presentes en la conciencia de los militantes revolucionarios. El nuevo ejército, las milicias, estuvieron indudablemente marcadas por estos condicionantes. Sus defectos, sus limitaciones, sus virtudes y sus características en general ya han sido explicados ampliamente en otros capítulos de este trabajo para detenernos de nuevo en ellos.

Lo que importa resaltar en este caso es que, por su naturaleza y contenido, las milicias revolucionarias se convirtieron en el más grave obstáculo con el chocaron los planes de restauración. Su estructura igualitaria, su intensa democracia participativa, y evidentemente la conciencia revolucionaria de los combatientes, las imposibilitaba para poder transformarse en el nuevo ejército republicano. El gran problema con el que se enfrentaba el gobierno era, como llevar a cabo sus planes, sin provocar una respuesta de los revolucionarios. Durante los primeros meses de la guerra, cualquier medida destinada a construir las bases del nuevo ejército republicano sólo pudo llevarse a cabo con la aceptación de los sectores que formaban parte de las milicias. Tanto el anarcosindicalismo como la Izquierda Socialista apoyaban el desarrollo del sistema de milicias. Parecía que la República se encontraba en un callejón sin salida.

5.2.7 EL DECLIVE DE LAS MILICIAS EN CATALUNYA.

Una vez fracasados los primeros intentos para constituir las "milicias ciudadanas" en Catalunya, el gobierno de la Generalitat tuvo que apoyarse en las minoritarias columnas del PSUC y de ERC, y también en el puñado de militares profesionales leales.

Desde los primeros momentos, el gobierno autónomo catalán, llevó a cabo una política de "infiltración" en los nuevos mecanismos de poder. Si no podía recuperarse inmediatamente la autoridad perdida, a causa de la firme oposición de los revolucionarios, la colaboración evitaría el peligro de ser borrado del mapa. La colaboración les daría un respiro que sería aprovechado para iniciar el proceso de recuperación del poder perdido. Pocos días después de constituirse el Comité Central de Milicias Antifascistas, el gobierno de la Generalitat asumió la tarea del pago de las nóminas de los milicianos. El control sobre el mecanismo financiero de las milicias le daría una posición privilegiada desde donde influir en la situación.
El 12 de Agosto se dió el primer intento serio, por parte del gobierno catalán, para construir el esbozo de su propio ejército. Se constituyó la Secretaría General de Defensa, que fue presidida por el comandante Vicenç Guarner. Sin embargo la situación todavía no era la idónea y el nuevo organismo nació clínicamente muerto, incapaz de poder formar los primeros núcleos que deberían constituir el nuevo ejército.

"Durante varios meses se produjo un fenómeno extraño, nacido de la existencia de poderes distintos. El del Frente, con sus columnas informes, movidas en cierto modo desde Barcelona por García Oliver... y el de la retaguardia, con la Consejería o Departamento de Defensa, organismo nacido al calor de la guerra, en un principio sin vida ni contenido" (744).

Durante el mes de Agosto, y a raíz de los decretos que había hecho públicos el gobierno central, en los que se ordenaba la movilización de los reemplazos de los años 33 al 36, se produjo una intensa agitación en Catalunya contra lo que se consideraba que eran los primeros pasos para la reconstrucción del nuevo ejército republicano.

La concentración y el mitin celebrados en el teatro Olympia de Barcelona, por una multitud de jóvenes que se negaban a formar parte de las nuevas unidades militares, fue la señal inequívoca de que la situación todavía no había madurado lo suficiente. La solución al conflicto fue la de integrar los reemplazos que habían sido llamados a filas, en las milicias revolucionarias, bajo la dirección del Comité Central y no bajo la del gobierno de la Generalitat. Sin embargo y por primera vez, la CNT había empezado a ceder ante la idea del reclutamiento forzoso de los reemplazos que deberían reforzar militarmente a las milicias.

El 18 de Septiembre, Felipe Díaz Sandino intentó reanimar el Departamento de Defensa de la Generalitat, dividiéndolo en dos secciones, una secretaría y un Comité Central de Guerra. Sin embargo, el peso de la contienda, la dirección y los suministros que eran entregados a las columnas, continuaba en manos del Comité Central de Milicias, que todavía era el máximo poder en Catalunya. Por el momento, la reestructuración del departamento de Defensa del gobierno no iba a tener ninguna consecuencia en la vida de las milicias revolucionarias.

Como hemos podido observar en los capítulos anteriores, la actitud que adoptó el Comité Central frente a las maniobras del gobierno de la Generalitat y del Front d'Esquerres para formar las primeras unidades del ejército republicano en Catalunya, fue la de la vía del compromiso. Los dirigentes anarcosindicalistas consideraron que era necesario impedir la formación de un nuevo ejército que en el futuro podría convertirse en un arma contra la misma revolución. También había que evitar a toda costa que una ruptura con sus aliados circunstanciales, precipitase una segunda revolución que ellos no deseaban de ninguna manera, por lo menos en aquellos momentos.

La tragedia del anarcosindicalismo era que, además de haber renunciado a tomar el poder político (y en parte debido a ésto), ahora se manifestaba incapaz para crear un ejército revolucionario eficaz que pudiera batir al enemigo y alzarse con el triunfo en el campo de batalla. Los errores cometidos por los libertarios serían rápidamente aprovechados por sus adversarios, para desacreditar a las milicias, y con ellas también a sus defensores.

Indudablemente las milicias habían cometido errores e ingenuidades. Algunos de ellos muy graves, que les restaron eficacia militar y que tuvieron sangrientas consecuencias en el campo de batalla.

"La desorganización del frente, el desorden, la falta de disciplina, patente desde los primeros momentos, se concretó en temores muy fundados...".
"...resulta también enormemente elocuente, al confesar que el enemigo con 10 o 20.000 hombres entretiene y frena a 40.000".
"El miedo a lo peor llevó aquí al mando a la solución de emergencias en estos casos: a la fortificación" (745).

Sin embargo, fueron también las milicias las que consiguieron impedir con su entusiasmo, que la sublevación militar se convirtiese en un simple paseo triunfal y también fueron ellas las que contuvieron a las columnas del ejército franquista durante los primeros meses de la guerra civil. La tragedia de las milicias revolucionarias fue la de no contar con ningún proyecto político que defendiera coherentemente la revolución que acababa de estallar. Las milicias podrían haber superado las taras y los errores, que no fueron otra cosa que el resultado de la espontaneidad revolucionaria que les había dado vida. Pero para que la transformación de las milicias pudiera llevarse a cabo, sin perder su naturaleza revolucionaria, era necesario ante todo, que el poder de la revolución pudiera consolidarse en la retaguardia. El retroceso de ésta condenaría a las milicias a su extinción. Boicoteadas por las autoridades y por sus aliados del Frente Popular, más interesados en liquidar la revolución que en acabar con la reacción militar. Sin una dirección política que consolidara el nuevo orden social, la resistencia a la militarización estaba condenada de antemano.

"Se puede confirmar con hechos la aseveración de que no estaba en el interés del Gobierno apurar la derrota de Franco durante los primeros meses, cuando existían las mejores condiciones para conseguirla. Una victoria sobre Franco durante los primeros meses, cuando existían las mejores condiciones posibles para conseguirla. Una victoria sobre Franco antes de que el Gobierno consolidara su poder era una situación inconcebible para los políticos, puesto que su posición se haría más precaria aún que al día siguiente de la derrota parcial de Franco, el 19 de julio. Sólo así puede uno explicarse, por ejemplo, que fuera tan grande la escasez de armas en el frente de aragón hasta el punto de no permitir que se lanzara una ofensiva en dirección a Zaragoza" (746).

Con la formación del primer gabinete de Largo Caballero, en Madrid, la presión, para conseguir la formación de las primeras unidades militares regulares, se incrementó también en Catalunya, donde la resistencia de los revolucionarios era más fuerte. El gobierno de la Generalitat se limitó a seguir fielmente los pasos del gobierno republicano. Era la mejor forma para no exasperar los ánimos de los anarcosindicalistas que se mostraban desconfiados ante las medidas que se estaban adoptando.

A partir de la integración de la CNT en el nuevo gobierno catalán, la situación empezaría a cambiar para los partidarios del Front d'Esquerres. El Comité Central de Milicias quedaba disuelto, y las milicias revolucionarias pasaban a depender de la Consellería de Defensa de la Generalitat. La colaboración de los anarcosindicalistas y del POUM en el nuevo gabinete permitía, por primera vez, iniciar los primeros pasos hacia la formación del nuevo ejército republicano. La firma de los delegados cenetistas y poumistas se convertían en la garantía de que el descontento y la oposición en el seno de las milicias no iba a poner en peligro el proceso restaurador.

Pocos días después de la constitución del nuevo gobierno de concentración, el PSUC declaró públicamente que el fin de la competencia entre el Comité Central de Milicias y el gobierno de la Generalitat tenía que ser aprovechado para dedicar todos los esfuerzos a acelerar la victoria sobre el ejército franquista:

"Concentración del máximo esfuerzo en la guerra, no ahorrando ningún medio que pueda contribuir a su final rápido y victorioso. Mando único, coordinación de todas las unidades combatientes, creación de las milicias obligatorias y refuerzo de la disciplina" (747).

A medida que la revolución tendía a encauzarse y perdía su impulso inicial, las consignas del PSUC cobraban cada vez más claridad política. Detrás de la reivindicación del "mando único" y de las "milicias obligatorias" se adivinaba que el proceso de reconstrucción del ejército republicano avanzaba.

Contrariamente a lo que podría suponerse, por los comentarios y acusaciones que se desprendían de algunos medios de prensa ligados al PSUC y al resto de las organizaciones que integraban el front d'Esquerres, la necesidad de dotar a las milicias de un Estado Mayor único era compartido por todos los grupos.

La experiencia de las primeras semanas de lucha había dado al anarcosindicalismo un saldo preocupante. Pese al valor y el arrojo que habían demostrado las milicias revolucionarias, pronto se evidenciaron sus limitaciones. La falta de coordinación que existía entre las diferentes columnas armadas; la inexistencia de un verdadero centro de mando; la indisciplina y un sentimiento antiautoritario mal comprendido; la escasa o nula preparación de los combatientes; eran problemas que tenían que ser solucionados rápidamente, sino se quería poner en peligro la victoria militar. Todos estos elementos se sumaban a la dramática penuria de armamento y de suministros.

Algunos dirigentes de las columnas, como Buenaventura Durruti y otros, comprendieron que, a raíz de los sangrientos resultados que habían ocasionado los errores iniciales de las milicias, se tenía que proceder a una profunda reforma y a una reestructuración de éstas. Era necesario implantar una férrea disciplina en el frente que evitara los actos de irresponsabilidad que ponían en peligro la vida de los combatientes. Pero las reformas que debían llevarse a cabo no tenían que afectar la naturaleza revolucionaria de las milicias, que constituían un verdadero seguro de que la revolución que acababa de iniciarse era irreversible.

Los planes de reforma de la Generalitat y del gobierno republicano central eran vistos con hostilidad y desconfianza por parte de los combatientes, que los consideraban como una traición a los principios revolucionarios por los que estaban combatiendo:

"Las columnas confederales y anarquistas fueron las más reacias a esa nueva modalidad, que inte