5.3 HACIA EL FINAL DE LA REVOLUCIÓN. EL GOBIERNO DE LA GENERALITAT, PASO A PASO.

El 26 de Septiembre de 1936 era promulgado un nuevo decreto, por el que se reestructuraba la composición del gobierno catalán, rebautizado eufemísticamente con el nombre de Consell de la Generalitat de Catalunya.

La principal particularidad del nuevo gabinete era que en él, estaban representados todas las organizaciones obreras, incluidas el PSUC y la UGT y también el POUM, la CNT y la FAI, los grupos que tradicionalmente se habían encontrado a la izquierda del Front d'Esquerres y que habían defendido la naturaleza anticapitalista de la revolución de los comités.
Anarcosindicalistas y poumistas consideraron que su participación en el nuevo gobierno de la Generalitat sólo podía tener un carácter temporal y episódico, y que no sería más que un capítulo obligado en la marcha hacia el triunfo total de la revolución española.

Desde este punto de vista, el POUM se declaró defensor de la nueva situación y diferenció positivamente la naturaleza política de la Generalitat frente a la del gobierno central de Largo Caballero.

"En el gobierno de Catalunya se refleja el empuje revolucionario de las masas obreras. En el de Valencia predomina la tendencia pequeñoburguesa, a la cual queda subordinada la representación obrera" (856).

Paradójicamente, este informe presentado por Andreu Nin en el Comité Central Ampliado de su partido, contradecía los acontecimientos que estaban sucediendo. La crisis del gobierno de la Generalitat, provocada por los "socialistas unificados" demostraría que la iniciativa había dejado de estar en manos de los sectores revolucionarios y que, por el contrario, ahora pertenecía a sus adversarios.

Para los partidarios de la restauración republicana, la colaboración de la CNT-FAI y del POUM legitimaba al desacreditado gobierno catalán. De esta manera, la Generalitat se convertía en la sucesora del Comité Central de Milicias, la autoridad única e indiscutible en Catalunya, paso imprescindible para detener y arrinconar al movimiento revolucionario. La participación del POUM y de la CNT en el gobierno se convertía era un aval político para los planes de restauración. Se aseguraba que estas organizaciones no iban a ceder, frente a la recuperación del poder republicano, a la tentación de la radicalización revolucionaria.

La CNT-FAI y el POUM accedieron a formar parte de un gobierno de unidad con sus adversarios, pensando que desde la Generalitat, y aprovechando la hegemonía que todavía mantenía el anarcosindicalismo catalán, podrían preservar las conquistas de la revolución. La realidad sería muy distinta a la esperada.

Continuamente presionados por sus rivales y eventuales aliados del PSUC y del Front d'Esquerres, expuestos a tener que escoger entre acceder a sus demandas o tomar el poder, libertarios y poumistas acabaron por convertirse en los rehenes de una política que antes siempre habían condenado. Tuvieron que dar su visto bueno a la disolución de los comités, aceptar los primeros pasos de la militarización de las milicias y avalar el control gubernamental sobre la economía colectivizada, todo para evitar una crisis que pudiera poner en peligro el delicado equilibrio que parecía existir en el campo antifascista, sin darse cuenta de que cada paso que se veían obligados a retroceder desequilibraba la situación y fortalecía a sus adversarios.

Durante las primeras semanas de existencia del nuevo Consell, pudo existir la ilusión de que todo continuaba como antes y de que la disolución del Comité Central de Milicias y la formación del nuevo gobierno había sido una simple reestructuración que había terminado con el nefasto dualismo de poderes anterior. Sin embargo, la situación empezaba a decantarse por el lado de los restauracionistas, que consolidaban el hecho de que eran ellos los que ahora tenían la iniciativa.

El 25 de Octubre se firmaba un Pacto de unidad de acción entre los anarcosindicalistas (CNT-FAI) y los comunistas (UGT-PSUC) por el que se constituía un comité de enlace entre las cuatro organizaciones. A pesar de que el organismo coordinador nacía prácticamente muerto, el acuerdo significaba un nuevo retroceso de los anarcosindicalistas.

Las organizaciones firmantes se comprometían, entre otros puntos, a reforzar el poder del nuevo gobierno de Catalunya, estrechar sus vínculos con el gobierno central, reconvertir las milicias en Ejército Popular y a terminar con los comités locales que todavía se oponían a su liquidación. El programa se acercaba claramente a la línea política defendida por el PSUC y por la UGT catalana. El anarcosindicalismo, desorientado y claramente a la defensiva, trataba de defenderse de la fuerte campaña de desprestigio que llevaban a cabo los socialistas unificados, cada vez más fortalecidos por su parálisis política (857).

"Este pacto obedecía a varios motivos en lo que respecta a los libertarios. En primer lugar, se trataba de obtener una parte del material militar soviético, que hasta ese momento era suministrado únicamente a las milicias del PSUC, que tomaban, a causa de ello, una importancia predominante, mientras reinaba la penuria de armas en las columnas confederales. En segundo lugar, se trataba de hacer cesar la campaña de calumnias y de mentiras que los estalinistas habían lanzado en España y en el extranjero con el fin de desacreditar y liquidar al movimiento libertario. Finalmente, se trataba de contener la reacción de la pequeña burguesía, de una parte del campesinado y de las clases medias que se habían agrupado y organizado en la UGT catalana después del decreto de sindicalización obligatoria del 10 de Agosto de 1936" (858).

El pacto de unidad, firmado por las cuatro organizaciones, y por el que el anarcosindicalismo asumía un programa que poco antes habría juzgado inadmisible, demostraba el agotamiento y la decadencia de la situación revolucionaria. El compromiso nunca pudo ser llevado a la práctica. Las bases de la CNT no estaban dispuestas a asumir unas directrices políticas que suponían una flagrante contradicción con sus aspiraciones revolucionarias. Sin embargo, el acuerdo ponía al descubierto que los dirigentes estaban dispuestos a ceder terreno, frente a las presiones de sus adversarios, todo con tal de mantenerse en el nuevo gobierno de la Generalitat y conseguir armas para el frente de Aragón y materias primas para las colectivizaciones.

"El pacto de unidad entre la CNT y la UGT, y entre el PSUC y la FAI, con el brazo de Mariano R. Vázquez y Rafael Vidiella, el 25 de Octubre de 1936, significó la eliminación del POUM del Govern de la Generalitat y el preludio de las jornadas de Mayo de 1937" (859).

El embajador soviético Marcel Rossenberg exigió que el POUM fuera expulsado de la Junta de Defensa de Madrid, como condición para que los suministros soviéticos pudieran llegar a la capital.
A mediados del mes de Diciembre, Antonov Ovsseyenko, cónsul de la URSS en Barcelona y antiguo compañero de Andreu Nin en las filas de la oposición trotskista en la URSS, reclamó públicamente en la prensa, que el POUM fuera expulsado del gobierno catalán.

El día 26, el propio Comorera, propondría a la CNT y a la FAI que el POUM fuera excluido de la Generalitat. La fuerte campaña lanzada por el aparato de propaganda del PCE y del PSUC convirtió al POUM en una organización contrarrevolucionaria, adversaria de la unidad "antifascista", que debía ser apartada de todos los organismos de poder en la zona republicana.

La campaña, aunque tenía su centro neurálgico en Catalunya, donde el POUM mantenía todavía una presencia considerable, se extendió a todo el estado. Algunos periódicos que estaban fuera de la influencia directa del PCE-PSUC se apresuraron a criticar los "excesos del izquierdismo poumista", entre ellos cabe destacar el caso de "Claridad" (Izquierda Socialista).

Paradójicamente, "El Socialista", el órgano de prensa del Partido Socialista, y por lo tanto controlado por los partidarios de Prieto, sería una de las organizaciones del Frente Popular que no se añadieron a la campaña (860).

Proféticamente, Juan Andrade, advirtió sobre las verdaderas razones políticas que se ocultaban detrás de la campaña que el estalinismo estaba lanzando contra su partido.

"...Se han concertado los dirigentes de las fracciones pequeñoburguesas con sus agentes en el movimiento obrero, para asesinar políticamente al proletariado. Como medida preliminar se intenta la eliminación de los guardianes más fieles de los intereses de los trabajadores; primero nuestro partido, después la CNT y la FAI. No es necesario exponer el porque se elige primero a nuestro partido; es porque se nos considera débiles numéricamente, y al mismo tiempo, los más fuertes en conciencia política" (861).

La creciente influencia del estalinismo en España reclamaba la liquidación de un partido como el POUM, que había sido la primera y única organización del país, que había denunciado las sangrientas purgas que se estaban llevando a cabo en la URSS contra la vieja guardia bolchevique (862). En el seno de la revolución española el POUM mantenía una posición crítica frente a la restauración de las instituciones republicanas, esperando que la radicalización del anarcosindicalismo y de las fracciones más izquierdistas del socialismo corrigieran la situación.

Entre el 12 y el 16 de Diciembre, un Plenario ampliado del POUM, había comprendido perfectamente la dirección que tomaban las presiones estalinistas: la exigencia de la liquidación del POUM sólo era el primer paso de un plan que pretendía liquidar la revolución "inoportuna" (863).

"...El litigio planteado ahora en Catalunya no es meramente un simple conflicto entre organizaciones. Es sencillamente todo el curso futuro de la revolución, lo que está sobre el tapete..." (864).

Sólo unos días antes, el día 7 del mismo mes, Andreu Nin, en un mitin celebrado en el Gran Price de Barcelona, había advertido contra las maniobras soviéticas que pretendían iniciar la liquidación política de su partido.

"Hoy el gobierno de la Generalitat significa la unión para luchar contra el fascismo... para eliminar el POUM sería preciso matar a todos los militantes del partido..." (865).

En el mismo acto, Nin había repetido "casi de forma protocolaria", que eran los comités de obreros, campesinos y combatientes, y no el gobierno de la Generalitat quién tenía que decidir sobre los destinos de la revolución. Sin embargo y contradictoriamente, los comités que reclamaba Nin estaban en proceso de disolución y el POUM en el gobierno había dado su aval a los decretos que dictaban su sentencia de muerte.

Paradójicamente, el mensaje de Nin no significaba un giro radical en su política sino su reafirmación: el POUM exigía no ser apartado de la Generalitat.

Este énfasis en no ser excluido del gobierno en el que estaba integrado la CNT, y desde el que se pretendía dictar la política que debía orientar a toda Catalunya, convertía al POUM, una vez más, en rehén de sus propias contradicciones.

La naturaleza progresiva o reaccionaria del gobierno, desde la óptica poumista, se apoyaba exclusivamente en el predominio que en éste pudieran ejercer los representantes de la CNT-FAI.

"Disolución del Parlamento y convocatoria de un congreso de campesinos, obreros y combatientes. Se trata de oponer a los organismos burgueses republicanos los nuevos organismos creados en el fuego de la revolución... convocar un congreso de delegados de comités de fábrica y taller, representantes del frente y delegaciones campesinas...".
...
"¿Hay una contradicción entre la consigna de gobierno obrero y nuestra participación en el gobierno de la Generalitat? Hoy, como ayer, debemos sostener que la única forma factible es la constitución de un gobierno obrero. A la consigna de gobierno obrero hay que darle una base fundamental y ésta no puede ser otra que el congreso de comités de fábrica y taller, delegaciones campesinas y combatientes del frente" (867).

Como los libertarios no estaban dispuestos a lanzarse a la conquista del poder para formar el "gobierno obrero y campesino" que ellos reclamaban, ni tampoco pretendían constituir nuevos comités revolucionarios desde los que constituir una Asamblea Constituyente, las consignas del POUM quedaban en el campo del exclusivo propagandismo político.

Después de la expulsión, toda la política del POUM con respecto al gobierno de la Generalitat tendría como eje, el reclamo para ser readmitido en su seno y para que se reconociera su importancia política en la correlación de fuerzas existente.

Desde esta perspectiva, sus consignas se reducirían a una reorganización del gobierno catalán en el que la CNT-FAI y el POUM continuarían teniendo la mayoritaria.

"Toda su política reposa sobre la necesidad de convencer a los dirigentes de la CNT, hasta ahora manipulados por los estalinistas y sus aliados, de que deben proteger al POUM, a fin de preservarse ellos mismos..." (867).

Incapaz de alejarse de un gobierno de la Generalitat cada vez más decididamente hostil a la obra revolucionaria de los comités, el POUM orbitaría políticamente a su alrededor, esperando que un giro radical del anarcosindicalismo pudiera desbloquear el camino. Sus reclamos para volver a formar parte del gobierno catalán lo debilitarían políticamente como alternativa revolucionaria.

"Pero ¿Cómo puede combatir a la república burguesa formando parte de su gobierno? ¿Cómo puede movilizar a los obreros contra el estado burgués mostrándose al mismo tiempo como <<apóstol>> de la justicia burguesa?" (187).

Efectivamente, la crisis en el gobierno de la Generalitat había estallado el día 12 de Diciembre. Joan Comorera, secretario del PSUC había pedido formalmente la expulsión del POUM, acusándolo de combatir las directrices del gobierno en el que había estado participando.

"Hay motivos fundamentales y vastamente demostrados de que este organismo ha sido desleal con el gobierno. Decretos aprobados por el gobierno de la Generalitat en el que tiene representación el POUM han estado públicamente combatidos por los oradores responsables de este grupo en los mitines y en su periódico" (869).

La petición del PSUC fue aceptada por Lluis Companys y por la ERC, pero chocó con la oposición inicial de los representantes anarcosindicalistas que no estaban dispuestos a que se excluyera al POUM del gobierno catalán. El rechazo de la exigencia de Comorera provocó una crisis del gabinete que se prolongó lo largo de cuatro días. Simultáneamente y como forma de presión contra los libertarios, los buques soviéticos suspendieron la entrega de un importante cargamento de armas (870). Finalmente, los representantes anarcosindicalistas acabaron cediendo a las presiones del PSUC y aceptaron que el POUM fuera excluido en la reorganización del gabinete.

Algunos historiadores han añadido a las presiones estalinistas, el hecho de que el POUM nunca había sido visto con simpatía por los líderes anarcosindicalistas, por sus continuas críticas y por los intentos de infiltración en los sindicatos de la CNT antes de la guerra (871). A pesar de que las condiciones de los libertarios, de retener para si las secretarías de Defensa y de Seguridad Interior fueron aceptadas, el desenlace de la crisis significaba un nuevo retroceso de su propia posición en el nuevo gabinete.

"De cualquier manera, lo que está claro es que la CNT-FAI aceptaron la marginación del POUM, con la ridícula excusa de la formación de un gobierno sindical, contribuyendo al inicio del aplastamiento de un aliado, crítico, pero aliado, frente a las tesis del PSUC y de la Esquerra" (872).

La CNT acogió las presiones del PSUC contra el POUM, como una disputa sectaria entre los dos partidos marxistas en la que no les correspondía intervenir. La interpretación que hacían los libertarios de los hechos se limitaba a explicar la agresión contra el poumismo, como un atentado contra el espíritu democrático, que había alentado hasta entonces el primer gabinete unitario de la Generalitat. Los representantes de la CNT, sintiéndose seguros de su propia fuerza, despreciaron la tesis de que la exclusión del POUM suponía un debilitamiento de su propia posición y un nuevo paso de sus adversarios (873).
De nuevo, los dirigentes de la CNT emprendían una huida hacia adelante. La defensa de la presencia del POUM en el gobierno catalán hubiera significado un serio enfrentamiento con el PSUC y con sus protectores soviéticos y habría puesto en peligro la inestable alianza gubernamental y también el suministro de armamento.

Enric Caminal ha hecho una interesante reflexión sobre las verdaderas consecuencias políticas que implicaba la actitud de la dirección anarcosindicalista.

"La exclusión del POUM tenía una pequeña importancia numérica pero una gran importancia cualitativa. La CNT-FAI, al aprobar la resolución de la crisis, tal como proponía el PSUC, no solo quedaba implicada en la separación de Andreu Nin del gobierno, sino que se corresponsabilizaba de la definitiva paralización o sometimiento de la revolución al objetivo de ganar la guerra" (874).

La CNT se limitó a exigir que ambos partidos fueran excluidos del nuevo gobierno de la Generalitat. El nuevo gabinete adoptaría un carácter sindical. Estaría conformado por una coalición de los tres sindicatos (CNT, UGT y UdR) y las organizaciones de la pequeña burguesía catalanista (ERC). La "salomónica" solución, sin embargo entrañaba una trampa, que no se le escapaba a nadie, y mucho menos a los dirigentes cenetistas: la UGT estaba totalmente controlada por el PSUC, que volvería al gobierno bajo las siglas de la central sindical.

"Esta filosofía sindical de la CNT de dar el máximo protagonismo a los sindicatos, no era, evidentemente, compartida por el PSUC. La función de gobernar corresponde a los partidos y no a los sindicatos. En cambio , el PSUC aceptó la falacia del gobierno <<sindical>> por motivos tácticos y como la manera más fácil de excluir al POUM con el visto bueno de la CNT..." (875).

Efectivamente, el 17 de Diciembre se formaba el nuevo Consejo de la Generalitat, formado tal como habían propuesto los dirigentes cenetistas. Aparentemente los beneficiados de la crisis eran la CNT y la UGT, sin embargo, el verdadero triunfador de la crisis era el PSUC, que mantenía y aumentaba su presencia por medio de la central sindical ugetista, y conseguía la práctica totalidad de los objetivos que había perseguido con el estallido de la crisis. A pesar de que las consellerías más importantes quedaban en manos de la CNT y de la ERC, era evidente que el PSUC se convertía -cada vez más- en el nuevo árbitro de la situación, frente a un anarcosindicalismo en retirada y una ERC dividida, que contaba con una fuerza más simbólica que real.

Las dos centrales sindicales conseguían una consellería más que en el gabinete anterior. La FAI entraba en el nuevo gabinete a través de dos de sus líderes más reconocidos: Diego Abad de Santillán y Pedro Herrera (sustituyendo a Antonio García Birlán y a Juan Fábregas), José Domènech cambiaba la consellería de Abastecimientos por la de Servicios Públicos, mientras que Francisco Isgleas entraba a dirigir la de Defensa. Los antiguos representantes del PSUC, Joan Comorera y Miquel Valdés, volvían ahora con el carnet de la UGT, incorporándoseles Rafael Vidiella. Joan Comorera dejaba la consellería de "Servicios Públicos" para pasar a dirigir la de "Abastecimientos", en manos de la CNT hasta entonces (José Doménech). La dirección del departamento pronto se convertiría en un importante instrumento político en su ofensiva contra el anarcosindicalismo en decadencia. Miquel Valdés mantuvo su puesto en la consellería de "Trabajo y Obras Públicas", mientras Rafael Vidiella entraba en la de "Justicia" (que había estado en manos de Andreu Nin, tan solo unos días antes).
La victoria política del PSUC fue convertida, por la mayor parte de la prensa libertaria, en un triunfo del concepto sindical que la CNT tenía de la revolución:

"Desde hoy, Catalunya cuenta con un gobierno sin partidos... Los partidos sin basamento sindical que participaban en el Consejo de la Generalitat, han sido apartados de tales funciones, pues no son ellos los llamados a dirigir la vida pública, sino los sindicatos, piedra angular de la nueva economía que nace..." (876).

Sin embargo, los acontecimientos posteriores pronto irían a demostrar la vacuidad de la proclamación. Eliminado el POUM del gobierno de la Generalitat, un PSUC más fuerte que nunca, se preparaba para proseguir su lucha contra un anarcosindicalismo, desorientado, exigiendo la disolución de los organismos revolucionarios que todavía perduraban y la concentración de toda la autoridad en el gobierno de la Generalitat.

"La reconducción de la revolución del 19 de Julio era ya un hecho irreversible con la formación de este nuevo gobierno. Solo había un interrogante determinante, como el de saber qué beligerancia iba a tener el POUM frente al Consejo de la Generalitat y, sobre todo, cual sería la actuación de la CNT y de la FAI a medida que el nuevo gobierno fuera desplegando más las cartas" (877).

Desde la Consellería de Abastecimientos, Joan Comorera inició una fuerte ofensiva contra la gestión anterior del cenetista Domènech, acusándolo (y por lo tanto haciendo extensiva la acusación a la CNT) de ser el causante de la grave penuria en la que se encontraba la economía catalana, en lo que respecta a los suministros de pan y harina (878).

Las colectivizaciones y los comités locales de abastecimientos también fueron acusados de incapacidad y de falta de rendimiento (879).

"Pero Comorera vió la oportunidad de dar un severo golpe a la política de nacionalización dentro de su propio ministerio. Era más fácil abolir la intervención del estado dentro de la esfera del comercio que dentro de la industria. Comorera abolió la intervención estatal en el aprovisionamiento de Barcelona". (880).

El 24 de Diciembre, Joan Comorera disolvía -mediante decretos- los Consejos Provinciales de Abastecimientos y los comités locales de abastecimientos (comités del pan). En el mismo decreto, se nombraba una serie de delegados comarcales y se traspasaban todas las funciones de los Comités a los nuevos Ayuntamientos. De esta manera se limitaba el poder y la influencia de la CNT en un tema tan vital como era el suministro de víveres, se impulsaba la creación de cooperativas de distribución y se eliminaba la política que había sido llevada a cabo por la anterior consellería, en lo que respecta al control de precios.

Con su nueva política, el PSUC pretendía marginar a la CNT en un área tan importante como era la de los abastecimientos, y consolidaba su papel como el partido defensor de la pequeña burguesía catalana. El PSUC se mostró partidario de aprovechar el creciente malestar del campesinado, que era obligado a vender sus productos por precios que consideraban inadecuados. Era necesario aprovechar los errores de los comités locales de abastecimientos para conseguir su disolución y sustitución por organismos de carácter gubernamental.

"Comorera, actuando a partir de principios de liberalismo abstracto que ningún gobierno había sostenido a todo lo largo de la guerra... no sustituyó los caóticos comités del pan por una organizada administración centralizada. Restauró simple y completamente, todo el comercio privado del pan. No existía en Enero en Barcelona ni siquiera un sistema de racionamiento. Los trabajadores eran dejados a la suerte de conseguir cada uno su propio pan, lo mejor que podían , a precios más altos y con salarios que, prácticamente, no habían variado desde Mayo. Ésto, en la práctica, quería decir que las mujeres tenían que hacer cola desde las cuatro de la mañana en adelante. El resentimiento de los distritos obreros era naturalmente agudo, tanto más cuanto que la escasez de pan se había acentuado desde la toma de posesión de Comorera" (881).

Para restablecer el libre comercio, Joan Comorera privatizó el comercio, que había estado colectivizado hasta el momento. El PSUC acusó a los comités de abastecimientos, aprovechando algunos excesos cometidos, de ser la causa de la penuria de víveres, al haber sustituido ineficazmente a los comerciantes y haber provocado con su acción la escalada inflacionaria del momento (882).

Los anarcosindicalistas, irritados por una política que amenazaba con desmantelar la economía colectivista, contraatacaron enérgicamente. El PSUC y su secretario Comorera fueron acusados de ser -con su política de privatizaciones- los verdaderos causantes de la escasez y de la aparición de las largas colas de amas de casa que se agolpaban en las panaderías.

La CNT respondió a las acusaciones argumentando que habían sido los comités de abastos, con su actividad, los que hasta el momento habían impedido los movimientos especuladores, que se habrían hecho a costa del poder adquisitivo de la población trabajadora.

Ambas organizaciones, anarcosindicalistas y socialistas unificados, se enzarzaron en una espiral de acusaciones mutuas. El PSUC, mediante su poderoso y eficaz aparato de propaganda, consiguió capitalizar el creciente descontento, organizando manifestaciones multitudinarias bajo la consigna de "Menos comités y más pan". De esta manera, criticando a los comités de abastecimiento y convirtiéndolos en los culpables de la carestía, el PSUC daba un nuevo y espectacular golpe contra los organismos revolucionarios que todavía restaban y arrinconaba a la CNT contra las cuerdas.
El 27 de Diciembre, la Consellería de Abastecimientos pedía la serenidad y la colaboración de todos los partidos y sindicatos para solucionar el problema de la escasez de víveres. La campaña política de descrédito contra los comités y contra la CNT, por medio de las acusaciones de incompetencia de la anterior gestión, ya había alcanzado los objetivos. Tres días después, el 30 de Diciembre, la Consellería firmaba un contrato con la URSS, por la cual ésta se comprometía a suministrar 35.000 toneladas de harina, trigo, azúcar, carbón y otros productos de primera necesidad.

"También se montó otra operación espectacular con la llegada del primer barco soviético, el Zirzayín, el 20 de Enero de 1937, que traía 901 toneladas de harina, 882 toneladas de azúcar y 568 toneladas de mantequilla. La llegada del navío soviético fue acompañada de una gigantesca operación publicitaria, para que el pueblo llano catalán comprendiese que mientras que los anarquistas traían, con su desorden y su desbarajuste, el hambre a las familias y destruían la economía, ellos, los rusos, eran los mejores amigos de los trabajadores españoles y les traían, generosamente, cañones de mantequilla" (883).

De un plumazo, el PSUC aparecía ante gran parte de la población como el partido salvador de la situación. Poco después, el 4 de Enero, Joan Comorera hacía nuevas declaraciones, en las que ahondaba en sus acusaciones sobre las causas que habían llevado a una situación tan crítica.

"...la ocupación de la mayoría de los trigales en manos de los facciosos, la falta de divisas y acaparamiento de trigo y harina por parte de los Comités" (884).

La oleada de protestas contra el decadente orden revolucionario encontró un escaso eco entre los dirigentes de la CNT-FAI y del POUM. Los dirigentes anarcosindicalistas desautorizaron a las Juventudes Libertarias cuando éstas acusaron al secretario del PSUC de traidor. El POUM exigió una nueva remodelación del gobierno de la Generalitat que le permitiera volver a formar parte de ella (885). La campaña del PSUC fue respondida desde las páginas de la prensa de estas organizaciones, pero no hubo ningún tipo de movilización encaminada a contrarrestar la campaña (886).

"... se acude ahora a la intensificación de esta campaña de infamias. Pero se realiza con la mayor maldad, tratando de excitar contra nosotros a las masas de mujeres exasperadas por la ineptitud, precisamente, del jefe del partido campeón de esta cruzada contra el POUM. Falta pan, y las mujeres se ven obligadas a hacer muchas horas cola, con los consiguientes trastornos y fatigas. La cosa es fácil. Se inventa que los responsables del hecho, son los adversarios políticos de los verdaderos responsables del hecho" (887).

Sin duda alguna, y si nos guiamos por la prensa libertaria o poumista, los comités de abastos cometieron numerosos errores y excesos que iban a ser aprovechados con eficacia por sus adversarios, para desprestigiarlos (888). Sin embargo, también es cierto que su actividad impidió el crecimiento desmesurado del mercado negro y la especulación en los precios de los víveres, durante los primeros meses de la contienda. Durante el período de su existencia, la población trabajadora no sufrió graves escaseces en el suministro de alimentos. Sí en cambio, se puede afirmar que la política liberalizadora de Joan Comorera, provocó la acaparación de toda clase de víveres por parte de los comerciantes y una fuerte presión inflacionaria. Si nos atenemos a la evolución del índice general de los precios desde el inicio de la guerra, podemos observar que el incremento entre los meses de Julio y de Diciembre, en los que existieron y actuaron los comités, el incremento máximo fue en el mes de Octubre con un 9.4%, mientras que durante los primeros meses de gestión de Joan Comorera y su política liberalizadora los índices fueron muy superiores (Diciembre 12,1%, Enero 17,4%, Febrero 15,1%) (889).

"En realidad, no sólo era el pan, todos los demás productos alimenticios, al volver al comercio privado, aumentaban inmediatamente de precio y escaseaban, para ir a engrosar el extraperlo" (890).

La superación de los errores de gestión de los comités de abastecimientos, sólo podía realizarse mediante una política centralizada. Sin embargo, la línea de Comorera pretendía, en nombre de los intereses de los pequeños propietarios, justo lo contrario, la liberalización de la economía, y por lo tanto la libertad de los comerciantes para acaparar los productos y especular con ellos, en nombre del beneficio privado. Una vez apartado el POUM del gobierno de la Generalitat y con una CNT-FAI a la defensiva, el PSUC y las organizaciones del Front d'Esquerres se lanzaron a una campaña que estaría destinada a consolidar el poder republicano reconstruido.

"...los anarquistas retardaban tanto como podían este proceso de recuperación del Orden Público por parte del poder en Catalunya, donde eran, todavía en este período, relativamente fuertes, a pesar de que los comunistas catalanes, de acuerdo con las fuerzas políticas liberal burguesas de la Generalitat, cada día iban tomando nuevas energías y nuevas posiciones" (891).

Bajo el pretexto de la necesidad de un gobierno fuerte que pudiera conseguir la victoria militar sobre el ejército franquista, se reforzaba el proceso de desarticulación del movimiento revolucionario, que se extendería a la economía colectivizada, a la defensa militar y al orden público.

El 12 de Enero, el gobierno de Tarradellas daba a conocer un nuevo paquete compuesto por 58 decretos. Las nuevas medidas aumentaban el intervencionismo y el control del gobierno catalán sobre la economía colectivizada.

El proceso de desmantelamiento también alcanzaba a los tribunales revolucionarios. Mientras éstos eran desmantelados, el antiguo cuerpo de magistrados era reincorporado a sus funciones judiciales (892).
A principios del mes de Febrero, el PSUC lanzaba una nueva ofensiva contra el control libertario sobre las industrias de guerra, provocando de nuevo la reacción anarcosindicalista y obligando al mismo presidente del gabinete, Tarradellas, a desautorizar a Comorera por sus ataques.

La disputa sobre quién debía controlar el sector de la industria de armamento era de extrema importancia, en un momento en el que se estaban llevando a cabo una serie de medidas que estaban destinadas a militarizar las milicias revolucionarias, a desarmar la retaguardia y a reforzar los cuerpos policiales gubernamentales, frente a las patrullas de control. Era cada vez más evidente que el enfrentamiento entre los partidarios de la Generalitat y los revolucionarios solo era cuestión de tiempo. En estas condiciones, el sector que controlase el armamento estaría en las mejores condiciones para solucionar a su favor el conflicto. El descubrimiento de la sustracción de una docena de carros de combate por parte del PSUC incrementó, todavía más, la tensión entre ambas partes.

"Estos fueron los hechos: los milicianos comunistas del cuartel Vorochilov de Barcelona se presentaron con una orden falsa de requisición en un almacén de material militar controlado por la CNT y consiguieron que les entregaran doce tanques. Aunque sus papeles estaban firmados por Eugenio Vallejo, ...algo en la actitud de los milicianos comunistas les pareció sospechoso a los guardias del almacén. Les siguieron y les vieron entrar en el cuartel Vorochilov. Tras informarse, descubrieron que Vallejo no había firmado nada. ¡un robo! la CNT acudió a la Generalitat. El primer consejero Tarradellas y Vallejo se presentaron en el cuartel Vorochilov que entretanto había sido cercado por las patrullas de control. Tras haberlo negado todo, el teniente coronel acabó confesando, pero declaró que no había hecho más que obedecer órdenes del Alto mando de la división Carlos Marx, de la que dependía" (893).

La prensa anarcosindicalista denunció los preparativos secretos que se estaban haciendo para poder aplastar definitivamente a los revolucionarios.

"Si no se substrajeron esos tanques para llevarlos al frente, ¿para qué se realizó operación tan brillante? Presumimos en esto un bosquejo de intento dictatorial contra el que, todos saben, nos alzaríamos inmediatamente" (894).

A principios del mes de Marzo se daban a conocer una serie de decretos que estaban destinados a liquidar las patrullas de control y la Junta de Seguridad Interior, y recuperar las armas que todavía restaban en poder de los revolucionarios (895).

Todo el paquete de nuevas medidas centralizaba las tareas de orden público en manos de la Dirección de Seguridad de Barcelona, que estaba dirigida por Eusebi Rodríguez Sala (PSUC) en la Comisaría General y por Josep Soler (ERC) como Inspector General de Servicios.

Simultáneamente y a medida que el nuevo gobierno conseguía consolidar su autoridad, se instauraba un sistema de censura de la prensa que, utilizando el pretexto de la guerra, golpearía a las organizaciones más izquierdistas. "La Batalla" sería suspendida por orden del Consell de la Generalitat durante cuatro días (896). Los decretos significaban el final de las patrullas de control y la formación de un cuerpo policial único al servicio de la Generalitat.

"La necesidad de un ordenamiento del Orden Público era evidente para todos, pero los anarquistas veían en este decreto un intento de desarmar su revolución. De otra manera creían, y puede ser no sin fundamento que, visto el estado pasional de aquel momento, sólo serviría para desarmar a los anarquistas y a sus aliados, los poumistas, y oir daría unos carnets de impunidad a los comunistas y a sus aliados que les hacían ya descaradamente el juego" (897).

El día 26 del mismo mes, estallaba una nueva crisis en la Generalitat. La CNT quería recuperar el terreno que había perdido y exigía que el gobierno autónomo catalán fuera un auténtico "gobierno sindical", tal como lo había reclamado durante la crisis de Diciembre. La CNT no podía aceptar los nuevos decretos sobre el Orden Público, que suponían una clara provocación contra ella y contra el movimiento revolucionario. Sin embargo, la situación había cambiado radicalmente desde entonces. La exclusión del POUM y la política que se había desarrollado durante aquellos meses había debilitado gravemente la posición de los anarcosindicalistas en el gobierno.

La crisis definió de nuevo los campos en conflicto. Mientras ERC y la Unió de Rabassaires se alineaban junto al PSUC y la UGT, el POUM, desde el exterior del gobierno apoyaba las demandas de los anarcosindicalistas. Mientras los primeros, cada vez más seguros de su fuerza y convencidos de que la CNT finalmente acabaría claudicando, se negaban a dar marcha atrás en sus planes, los dirigentes libertarios tenían que demostrar a sus propias bases que todavía controlaban la situación en el seno del gobierno y se mantenían intransigentes en sus reclamaciones. Josep Tarradellas fue de nuevo, el encargado de resolver la crisis que se había abierto y formar un nuevo gobierno.

El nuevo gabinete no presentaba ningún cambio importante con respecto al anterior. Mientras los republicanos nacionalistas controlaban las consellerías de Finanzas, Seguridad Interior y Cultura, los anarcosindicalistas conseguían Defensa, Industria, Comercio y Sanidad y la UGT (es decir, el PSUC), Trabajo, Abastecimientos y un lugar sin cartera, mientras que Agricultura continuaba en manos de la Unió de Rabassaires. Los ugetistas perdían la consellería de Justicia que desaparecía.

Sin embargo, las causas que habían provocado la disolución del gabinete anterior seguían sin solucionarse. A pesar de todo, la resolución de la crisis era considerada por los dirigentes anarcosindicalistas como un claro triunfo de sus exigencias.

La UGT catalana condicionó la aceptación del nuevo gabinete de gobierno a un compromiso definitivo entre todas las fuerzas que formaban parte de la Generalitat. El documento presentado por la central sindical ugetista, estaba constituido por cinco puntos. Se exigía, entre otras cosas, que el programa del nuevo gobierno no debería ser distinto del anterior y que todas las organizaciones integrantes del nuevo gabinete deberían comprometerse a llevar a cabo los decretos que se habían promulgado sobre los cuerpos policiales y sobre la militarización de las milicias. Se proponía en el tercer punto la creación de un Consejo Superior de guerra que estaría presidido por Companys y que contaría con la participación de todas las fuerzas del gobierno. Las reservas de armamento que se encontraban en poder de la Consellería de Defensa, quedarían en manos de la UGT. También se proponía una reestructuración de las nueve comisarías que existían en toda Catalunya y la creación de una Comisión de Industrias de Guerra.

La aceptación de la propuesta implicaba la liquidación definitiva de la revolución y la subordinación total del anarcosindicalismo al gobierno. Era evidente, que los representantes de la CNT no podían aceptarlo de ninguna manera (898).

Frente a la delicada situación, el Front d'Esquerres se dividiría en torno a dos tácticas diferentes. Mientras Josep Tarradellas se mostraba partidarios de hacer algunas concesiones a la CNT, a cambio de la resolución de la crisis, el secretario del PSUC, Joan Comorera, consideraba que ceder en aquellos no haría otra coas que reforzar a los adversarios, en un momento que era claramente favorable para la consecución de sus objetivos. A pesar de que políticamente, Josep Tarradellas, estaba cerca de las posiciones defendidas por el PSUC, el dirigente de la ERC necesitaba del anarcosindicalismo para contrarrestar la creciente influencia de éste. El enfrentamiento convertía la crisis política en irresoluble.

El 3 de Abril, Tarradellas reconocía el fracaso de las negociaciones para formar el nuevo gobierno. Al día siguiente se constituiría un gabinete que constituía una solución provisional a la crisis. Josep Tarradellas dirigiría Finanzas y Cultura; Artemi Aiguader se mantendría en Seguridad Interior; Isgleas estaría al mando del departamento de Defensa; Doménech en Economía, Servicios Públicos, Sanidad y Asistencia Social; Comorera se encargaría de Justicia, Trabajo y Obras Públicas; y finalmente Calvet presidiría Agricultura y Abastos. A pesar de todo, la crisis continuaba abierta.

Otra de las causas de la crisis entre la CNT y el PSUC fueron los ataques lanzados por este último contra la gestión de Isgleas en la Consellería de Defensa y la inmovilidad del frente aragonés. El día 8, el PSUC daba a conocer su nuevo "Plan para la victoria", en que reclamaba de nuevo, un gobierno fuerte que tuviera capacidad para alcanzar la victoria sobre el ejército franquista y proponía la inmediata militarización de las milicias revolucionarias.
"Todo el problema radica en estos momentos en la cuestión del gobierno, en la cuestión del Poder. Sin Poder no puede haber ejército. Sin Poder no puede haber Industria de guerra. Sin poder no pueden organizarse las fuerzas morales y materiales del país para la guerra. Sin Poder no puede haber Victoria. Esta es la gran debilidad que hace que, a pesar de su potencia, Catalunya permanezca impotente" (899).

El Plan para la Victoria propuesto por el PSUC era el comienzo de una nueva ofensiva contra la resistencia que todavía oponía la CNT. Por primera vez, el PSUC se sentía lo bastante fuerte como para desafiar a los dirigentes de la CNT y abandonaba la idea de la unidad con el anarcosindicalismo.

"La correlación de fuerzas era ligeramente favorable al PSUC y a la UGT, no por su fuerza relativa que ya era importante, sino porque contaban con la mayor aproximación ideológica de ERC y de UR. No era imaginable, en Abril de 1937, un Gobierno formado por la CNT, ERC y UR con la exclusión de la UGT, Las cosa habían cambiado mucho en relación con los meses anteriores. ¿Pero quién se atrevía a proponer la exclusión de la CNT? Comorera lo había insinuado, pero él mismo no se atrevía a plantearlo abiertamente. Gobernar sin la CNT todavía hacía miedo. Se continuaba pensando que era mejor tenerla implicada en el gobierno" (900).

Sin embargo, la valoración que hace Miquel Caminal, siendo cierta, se refiere principalmente al marco institucional. La correlación de fuerzas, efectivamente, estaba cambiando rápidamente, con una CNT en retirada y un PSUC en ascenso. Sin embargo la superioridad de este último sólo residía en el plano ideológico, mientras la CNT vacilaba, el PSUC tomaba la iniciativa y estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.

A nivel de la calle y de las fábricas, la supuesta superioridad del PSUC y del Front d'Esquerres desaparecía por completo, como pronto iba a poder verse, pocas semanas después.

Finalmente, el día 26 de Abril, se hacía público un nuevo gabinete. Los nacionalistas de ERC continuarían dirigiendo Finanzas (Tarradellas), Seguridad Interior (Aiguader) y Cultura (Sbert). La CNT controlaría las consellerías de Defensa (Isgleas), Servicios Públicos (Doménech), Economía (Capdevila), Sanidad (Abad de santillán) y Asistencia Social (Herrera). Mientras que la UGT continuaría con Justicia (Comorera), Abastos (Miret) , Trabajo y Obras Públicas (Vidiella). La Unió de Rabassaires mantenía Agricultura.

Con el nuevo gabinete se formaba también un Consejo Superior de Guerra y una Comisión de Industrias de Guerra, integrados por todas las fuerzas políticas y sindicales (salvo el POUM). Los decretos sobre el Orden Público quedaban en suspenso. Sin embargo, la crisis se había resuelto con un nuevo fracaso de la CNT, que se reintegraba en el nuevo gobierno sin conseguir sus principales reivindicaciones. La crisis, lejos de haberse solucionado, preparaba otras más graves.

Los sectores revolucionarios comprobaban como el restablecimiento de la autoridad de la Generalitat, en la que colaboraban los representantes de la CNT, iba acompañado de la liquidación progresiva de sus conquistas. De esta manera, el triunfo sobre el ejército franquista iría también acompañada de la derrota de la revolución y de la vuelta al régimen republicano.

El creciente colaboracionismo de los dirigentes de la CNT, desorientados y cada vez más aferrados a la participación en el gobierno "antifascista" como una tabla de salvación, aunque éste estuviera llevando a cabo una política que socabava las conquistas revolucionarias, provocó una fuerte corriente de descontentos. La pretensión de los dirigentes de intentar nadar entre dos aguas, no correspondía al estado de ánimo de importantes sectores del sindicato que tenían que soportar como les eran arrebatados, uno por uno, sus logros. Los organismos dirigentes del sindicato desarrollaban una política "centrista" que pretendía salvar, lo mejor posible, las conquistas de Julio, sin provocar por ello la ruptura del campo antifascista. La CNT tenía que jugar y apostar, cada vez más, por una política moderadora frente a sus propias bases. Romper el equilibrio, significaba volver a encontrarse ante la alternativa de la toma del poder, dilema que intentaban evitar a toda costa.

"En el interior del sindicato, se consumó un proceso de divergencia entre una capa dirigente burocrática, que se apropiaba cada vez más en exclusiva de la iniciativa, y unas masas ampliamente pasivas cuyos estallidos... habían de ser reprimidos por una oligarquía sindical, que entretanto había desarrollado sus propios intereses...".

"La <<base>> de la CNT dió muestras muy pronto de un fino sentido para los procesos de independización de los comités superiores; hacia el final del otoño de 1936, el descontento que hacía mella en las filas anarquistas, llegó incluso a traducirse en un intento de levantamiento contra la propia organización" (901).

En la prensa libertaria, podríamos encontrar numerosas muestras del creciente malestar entre importantes sectores de las bases. También y a raíz de este descontento, surgirían algunos grupos que intentarían contrarrestar y modificar una orientación, que ellos consideraban capituladora. "Los amigos de Durruti", colectivo surgido de los núcleos de combatientes que habían abandonado el frente, por su rechazo radical a la militarización de las milicias, tuvo un papel destacado entre las corrientes de la oposición. Este agrupamiento fue acusado de estar infiltrado por el POUM o por el pequeño grupo trotskista que acababa de constituirse. También hubo intentos de expulsar a los miembros del colectivo, de la CNT, pero fracasaron por el rechazo de la propia militancia a este tipo de medidas represivas (902). Sin embargo, en el seno de la CNT no llegaría a cristalizar ninguna corriente importante de oposición a la política de los organismos dirigentes, por lo que el malestar se iría traduciendo cada vez más en desmoralización, a medida que se hacía evidente el desmantelamiento de la revolución (903).
Joaquín Almendros, antiguo militante socialista afiliado al PSUC y uno de los responsables de la política militar del partido, nos ha dado algunos valiosos testimonios sobre esta creciente oposición, que aparecía en el seno del anarcosindicalismo.

"Abad de Santillán se mostró muy preocupado por un movimiento que se estaba produciendo en ciertos sectores de la CNT-FAI. Esa agitación se escapaba de la <<vigilancia>> de las respectivas direcciones...".

"...tenían colaboradores en la retaguardia... muchas fuerzas del frente habían adquirido el compromiso formal de sacar gente de las trincheras del sector de Barbastro y regresar a Barcelona. Según ello, era en esa ciudad donde se tenía que decidir la lucha" (904).

Mientras la política colaboracionista de los dirigentes y los avances de la restauración provocaban un creciente cisma en el interior de la CNT, el ala izquierda del POUM y las Juventudes Comunistas Ibéricas criticaban la política de su dirección, que había llevado a tan decepcionantes resultados.

A finales del mes de Enero de 1937, el Comité Central de las JCI daba a conocer un manifiesto en el que, bajo las siglas del partido, se exigía un giro radical hacia la izquierda y el abandono de las reclamaciones para la reincorporación del POUM al gobierno.

"Para salir de la situación actual, el POUM exige la disolución del Parlamento burgués del 16 de Febrero y la convocatoria de una Asamblea Constituyente elegida por los comités de obreros, campesinos y combatientes. El POUM exige también la formación de un gobierno obrero y campesino y el establecimiento de una vasta y profunda democracia obrera" (905).

El 15 de Marzo, las JCI publicaba una nueva declaración destinada a "la juventud combatiente obrera y campesina de todo el país". En la declaración política, se exigía entre otros puntos: la unidad de la guerra y de la revolución, la formación de un frente de las organizaciones revolucionarias, la movilización de la juventud y un ejército obrero que estuviera al servicio de la revolución (906).

Consecuencia de esta presión, la dirección y la prensa del partido se hicieron eco de ésta e iniciaron lo que parecía un cambio radical hacia la izquierda. A principios del mes de marzo, la dirección del POUM se hacía una importante autocrítica:

"No hay que buscar parangones de carácter histórico. Los culpables somos nosotros mismos, que teniendo la revolución en nuestras propias manos, nos asustamos ante la grandiosidad del momento, y que por temor a la metralla de los buques extranjeros cedimos en bandeja la revolución a los partidos que, indudablemente, habían de estrangularla..." (907).

Sin embargo, la concepción que el POUM tenía de la revolución no había cambiado. Cualquier paso que pudiera darse en ese sentido, tendría que contar inevitablemente con el apoyo de la dirección cenetista. Las reivindicaciones del POUM, limitadas al campo de la propaganda política, iban destinadas a los dirigentes anarcosindicalistas, para que corrigieran su actitud colaboracionista.

"Los obreros confederados se lanzaron a la lucha con admirable empuje, Su formidable instinto de clase los ha llevado a una enérgica y audaz acción revolucionaria. Pero su magnífico impulso ha quedado considerablemente neutralizado por las concepciones tradicionales del anarquismo sobre el poder... La rectificación de su inveterado apoliticismo les ha llevado a la participación en los organismos gubernamentales, es decir, a la colaboración con los partidos burgueses. Si llegasen con nosotros, a la conclusión de que la única salida de la situación en un gobierno obrero y campesino, la revolución estaría salvada...".

"...La correlación de fuerzas es tal que, el proletariado, en las circunstancias actuales, puede hacerse con el poder sin recurrir a la insurrección armada. Basta con que ponga en juego toda su fuerza organizada con la decisión inquebrantable de llevar la revolución hasta las últimas consecuencias" (908).

La combinación de consignas tan contradictorias, como "gobierno obrero y campesino" o "Asamblea Constituyente" revolucionaria, con la reclamación de su reincorporación al gobierno catalán sólo podía explicarse por la identificación que el POUM hacía de ambos conceptos. El gobierno obrero y campesino se reducía pues, a una Generalitat con mayoría CNT-FAI-POUM.

En una situación de franco retroceso del movimiento revolucionario y de creciente escisión de las filas anarcosindicalistas, en un momento en el que el gobierno de la Generalitat y sus aliados anunciaban nuevos decretos que restablecían la autoridad republicana, reforzaban sus efectivos y preparaban el golpe definitivo contra lo que quedaba de la revolución, el POUM sobrevaloraba y confiaba en el poder menguante de una dirección libertaria, cada vez más entrampada en su política de compromisos.

El 4 de Abril, el POUM daba a conocer una reelaboración de su programa: "13 condiciones para la victoria". El contenido del documento iba destinado a los dirigentes anarcosindicalistas. El POUM no intentaba capitalizar el malestar que existía entre las bases libertarias, sino reorientar el curso político que habían adoptado sus dirigentes.

La sobrevaloración que el POUM hacía del poder de la CNT hacía que sus dirigentes menospreciaran los avances de la contrarrevolución republicana. Como si la correlación de fuerzas apenas se hubiera modificado durante los nueve meses de guerra y revolución, el POUM continuaba confiando que todavía era posible la toma pacífica del poder por parte del proletariado revolucionario.
"Cuando Nin dice que hoy los obreros pueden apoderarse del poder por la vía pacífica está diciendo algo flagrantemente contradictorio a la verdad. Ya hoy, el poder se encuentra en manos de los altos mandos militares y de la burocracia, aliados con los estalinistas y los anarcorreformistas. Estos señores, en su lucha contra los obreros, se apoyan en la burguesía extranjera y en la burocracia soviética. En estas condiciones hablar de la conquista pacífica del poder, es abusar de uno mismo y abusar de la clase obrera".

"En el mismo discurso del 21 de Marzo, Nin dice que se quiere privar a los obreros de sus armas, recomendando no entregarlas. Ciertamente es un consejo juicioso. Pero cuando una clase intenta desarmar a otra, y cuando ésta, sobre todo si es el proletariado, se niega a entregar las armas, esto significa que la guerra civil está cerca..." (909).

El error de Andreu Nin y de los dirigentes del POUM al confiar en la toma pacífica del poder por los revolucionarios, estaba en que los adversarios de la revolución, los partidarios del gobierno de la República, ya no se encontraban desorganizados como en Julio. Sus filas se habían reforzado con importantes sectores de una pequeña burguesía, cada vez más hostil a la revolución, y no estaban dispuestos a devolver el terreno político recuperado. El enfrentamiento definitivo, una nueva guerra civil en el campo republicano, estaba a punto de producirse.

5.4 DEL GOBIERNO DE UNIDAD AL GOBIERNO NEGRIN.

La formación del primer gobierno de Largo Caballero en el que estaban integrados por primera vez, todos los partidos y sindicatos del Frente Popular, había sido un paso importante para la restauración de la República.

El gobierno de Giral, formado exclusivamente por personalidades republicanas, había demostrado su incapacidad para hacer valer su autoridad política frente a los sectores revolucionarios. El enorme prestigio del viejo dirigente socialista convertiría al nuevo gobierno de coalición, en un auténtico organismo de poder, capaz de intervenir en la evolución de los acontecimientos.

"Para Azaña y Prieto como para Stalin y sus representantes en España, la jefatura gubernamental de Caballero podía ser la garantía de que la revolución colaborara en su propia rectificación, en la restauración del Estado republicano democrático-burgués" (910).

Sin embargo, el paso era claramente insuficiente. Seguía existiendo un serio obstáculo que tenía que ser superado lo antes posible. Fuera del ámbito gubernamental y manteniendo una actitud de recelo ante las maniobras para restablecer su autoridad, existía el poderoso movimiento anarcosindicalista y otros grupos de menor implantación, como era el caso del POUM.

El anarcosindicalismo organizaba bajo sus banderas a gran parte de las milicias revolucionarias que combatían en todos los frentes. Sus militantes y afiliados controlaban extensas zonas del territorio republicano y, organizados en sus sindicatos y en sus comités revolucionarios, no reconocían la autoridad del gobierno. El problema se agravaba cuando se evidenciaba la creciente influencia que ejercían las bases de la CNT entre los sectores más radicalizados de la UGT y de los socialistas de izquierda. Numerosos militantes de estas organizaciones formaban parte, junto a los libertarios, de las colectivizaciones agrícolas e industriales que se extendían por todo el territorio de la República. De nada habían servido hasta el momento los llamamientos a la moderación que habían hecho los dirigentes del Frente Popular. Siendo patente la fuerza con la que contaba el anarcosindicalismo y la debilidad de las instituciones republicanas, los planes de restauración sólo podían venir de la mano de la colaboración de los dirigentes cenetistas. Sin la integración de estas fuerzas, o en el peor de los casos, sin su anulación política, cualquier intento serio para restaurar el orden republicano corría el peligro de fracasar.

Sin embargo, existían síntomas de que la actitud de los dirigentes de la CNT estaba cambiando rápidamente. La entrada de los libertarios catalanes en el gobierno de la Generalitat había sido una señal inequívoca. Sólo era cuestión de tiempo para que también se integraran en el gobierno central, sin necesidad de tener que dar a cambio grandes concesiones. La reclamación hecha por los cenetistas, para que se constituyera una Junta Nacional Revolucionaria, al estilo del desaparecido Comité de Milicias de Catalunya y que debería estar constituido por una alianza entre las centrales sindicales y los partidos republicanos, fue rechazada.

El 4 de Noviembre, la CNT aceptaba integrarse en el segundo gabinete de Largo Caballero. El POUM, débilmente implantado fuera de Catalunya, y vetado por el PCE, quedaba excluido del nuevo gobierno. Por primera vez, los planes para restaurar la autoridad del Estado republicano contaban con una coartada política perfecta. Todas las principales organizaciones obreras, los socialistas de izquierda y los anarcosindicalistas formaban parte del nuevo gobierno. La reconstrucción de las instituciones gubernamentales se arropaba detrás del prestigio político de dirigentes populares de la talla de Largo Caballero, Federica Montseny o Juan García Oliver, que para numerosos trabajadores simbolizaban la revolución que estaba en marcha. Las medidas que irían dirigidas al restablecimiento del viejo orden y a la liquidación de la revolución, podrían hacerse en nombre de esta última, sin poner en peligro el proceso. El aval político que conllevaba la colaboración de las principales organizaciones obreras, así lo constataba.

La prensa anarcosindicalista publicó la noticia de la integración, desdibujando el carácter del gobierno que acababa de formarse y presentándolo con una supuesta nueva naturaleza, que habría sido causada por la guerra y la revolución.

"El gobierno, en la hora actual, como instrumento regulador de los órganos del Estado, ha dejado de ser una fuerza de opresión contra la clase trabajadora, así como el Estado no representa ya el organismo que separa a la sociedad en clases. Y ambos dejarán de oprimir al pueblo con la intervención en ellos de elementos de la CNT. Las funciones del Estado quedarán reducidas, de acuerdo con las organizaciones obreras, a regularizar la marcha de la vida económica y social del país, y el gobierno no tendrá otra preocupación que la de dirigir la guerra y coordinar la obra revolucionaria en un gran plan general" (911).

Repentinamente, como por arte de magia, los dirigentes cenetistas declaraban que el Estado había dejado de ser un organismo de opresión de una clase sobre otra, tal como lo había caracterizado tradicionalmente el anarcosindicalismo, para convertirse en un organismo de naturaleza neutral.

El nuevo Estado se dedicaría a las tareas de organización de la guerra y de la revolución. Poco importaba que las organizaciones del Frente Popular, incluida su ala izquierda, el largocaballerismo, se mostraran públicamente partidarios de restablecer, con algunos retoques, el viejo orden republicano. La presencia de los ministros de la CNT constituía el elemento clave que cambiaba la naturaleza del Estado republicano y que aseguraba que éste no se desviaría de sus tareas revolucionarias. La optimista declaración de "Solidaridad Obrera" no podía ocultar la profunda inquietud que sentían importantes sectores del movimiento libertario.

"La entrada en el gobierno, el 4 de Noviembre, abrió una nueva brecha entre la dirección de la CNT y sus militantes, brecha que nunca se cerró...".
...
"La base de la CNT no compartía esta actitud de colaboracionismo pesimista; no estaban todavía defraudados de su revolución. Si los enemigos la asediaban, lo último que el movimiento podía hacer era dirigir, desde el gobierno, el desmantelamiento del sistema de milicias" (912).

Sin embargo, la debilidad de los sectores revolucionarios anarcosindicalistas era que carecían de una política alternativa al curso colaboracionista que habían adoptado sus dirigentes.

Mantenerse en la oposición sin tomar el poder, significaba tener que soportar la creciente presión de sus adversarios del Frente Popular. El historiador libertario José Peirats ha opinado que sólo una minoría de militantes protestó desde los primeros momentos, contra lo que constituía una flagrante traición a los principios del anarcosindicalismo. La mayoría de los afiliados, desorientados por la dinámica que iban adoptando los acontecimientos, aceptaron los hechos, "afectados de cierto fatalismo" (913).

En las filas del POUM, Juan Andrade, había comprendido la naturaleza política del primer gabinete de Largo Caballero y lo había catalogado como "el gobierno de la contrarrevolución".

Considerado como una crítica demasiado radical, el Comité Ejecutivo del partido le prohibió que siguiera escribiendo los editoriales de "La Batalla" (914). La crítica del POUM al primer gobierno de Largo Caballero era sin embargo, mucho más moderada, y se centraba en la correlación de fuerzas que existía en el seno del gabinete, considerándola desfasada por completo, con respecto a la situación revolucionaria existente.

"Según nuestras noticias se va a la constitución de un gobierno de Frente Popular, con la participación de Unión Republicana, de la Esquerra de Catalunya, del Partido Socialista e incluso del Partido Comunista. No cabe duda alguna que semejante gobierno marca un paso hacia adelante con respecto al gobierno simplemente republicano burgués de Giral; ¿pero está a la altura de las circunstancias?, ¿responde a la nueva situación creada por los acontecimientos?, de ninguna manera" (915).

Tan solo dos días después de formado el primer gabinete de gobierno, el periódico "La Batalla" lo había definido como una salida contrarrevolucionaria. El POUM había reclamado en sus editoriales, la formación de un gobierno revolucionario, que debería formarse a partir de la elección de representantes obreros, campesinos y milicianos (916).

La entrada a principios de Noviembre incondicional de la CNT en el segundo gabinete de Largo Caballero encontró al POUM completamente descolocado. El nuevo gobierno central fue definido como una alianza entre los representantes de la pequeña burguesía republicana con los partidos y las centrales sindicales obreras, pero que, a diferencia del Consell de la Generalitat de Catalunya, la influencia revolucionaria en el segundo caso era más intensa que en el primero, donde predominaban las tendencias pequeño burguesas (917). ¿Cuáles eran las diferencias existentes entre el gobierno catalán y el republicano central?, desde la óptica del poumismo, en el programa político, en la influencia que detentaban los representantes de la CNT y también en la incorporación del POUM.

"El gobierno de Valencia es un gobierno de formación social fundamentalmente igual al nuestro. Pero este gobierno padece de un defecto fundamental. El de ser un gobierno que no tiene programa. Así como el de Catalunya hizo público un programa, el gobierno de Valencia es un gobierno de guerra en el cual predomina la política del partido socialista y de los partidos pequeñoburgueses, y naturalmente el problema del poder se plantea en términos más agudos que en Catalunya" (918).

En lo que respecta a las diferencias que existían entre ambos gobiernos, el POUM sobrevaloraba la condición programática, menospreciando, en cambio, las instituciones en las que éstos estaban basados.

El programa político, asumido por el gobierno de la Generalitat, lo había sido por la necesidad de integrar a las organizaciones libertarias y poumistas en el nuevo gabinete.

En los meses posteriores y, a medida que los planes del PSUC y del Front d'Esquerres iban tomando forma, el programa defendido por el POUM quedaba desechado. El poumismo olvidaba que más importante que el programa político del gobierno, era la voluntad política de éste para hacerlo cumplir. El programa revolucionario sólo podía ser llevado a cabo, a partir de un gobierno que realmente hubiera estado apoyado en los organismos y en los sectores sociales que estaban interesados en que se cumpliera.

Tanto el gobierno autónomo catalán como el de Valencia, con o sin el programa revolucionario defendido por el POUM, coincidían en sus objetivos: arrinconar al movimiento revolucionario y restablecer de nuevo el orden republicano.

Tampoco era correcta la caracterización que el poumismo hacía de ambos gobiernos. Lo que estaba sucediendo no era ninguna alianza política entre la pequeña burguesía republicana y las organizaciones del movimiento obrero. Ambos gobiernos -a pesar de la inclusión de la CNT-FAI, y en el caso catalán también del POUM-, entraban en el ámbito del Frente Popular, es decir, una coalición de los partidos y sindicatos obreros con los representantes del republicanismo (es decir, con los defensores de una de las formas posibles de modernización del capitalismo español).

"La función de Azaña, de Companys, etc. está erróneamente caracterizada. Estos señores no son la pequeña burguesía. La verdadera pequeña burguesía, arruinada, desclasada, es el campesinado, los artesanos, los empleados. Azaña y sus semejantes son los explotadores políticos de la pequeña burguesía en provecho de la grande. Permanecen en el campo de las masas populares haciendo el papel de espantapájaros. Y los gorriones son los dirigentes socialistas, reformistas y ¡ay! poumistas" (919).

Efectivamente, desde el punto de vista del POUM, el Consell de la Generalitat era un gobierno débil e incapaz para imponer un orden de transición hacia un auténtico gobierno revolucionario (920). Sin embargo, el poumismo volvía a equivocarse. La caracterización política de la que hacemos referencia fue desarrollada en el Comité Central Ampliado del POUM en Barcelona, celebrado entre los días 12 y 16 de Diciembre. En las mismas fechas su representante en la Generalitat, su secretario Andreu Nin, era expulsado del gabinete. La debilidad de ambos gobiernos había desaparecido en el momento en el que los libertarios y los poumistas habían pasado a formar parte de ellos. Serían esos gobiernos "débiles", los que, en los meses posteriores, se encargarían de disolver los comités y la obra que había surgido de la revolución.

La línea política desarrollada por el gobierno autónomo catalán y por el de Valencia no apuntaba al socialismo, sino todo lo contrario, hacia la restauración de una República burguesa de corte parlamentario.

Apenas dos días después de que los representantes de la CNT entraran a formar parte del segundo gabinete de Largo Caballero, el gobierno en pleno abandonaba precipitadamente la capital madrileña, asediada y sometida a la amenaza de la entrada inminente de las tropas franquistas.

"En la primera reunión de Consejo de Ministros de su segundo gabinete, Largo Caballero planteó el problema de la evacuación de Madrid. Después del desastre de Talavera entendía el presidente del Consejo que era grave responsabilidad para la defensa de la República que el gobierno estuviera en lugar tan vulnerable" (921).

Los nuevos ministros anarcosindicalistas amenazaron con la dimisión si se abandonaba Madrid. Sólo el PCE apoyó públicamente la marcha, argumentando que el nuevo gobierno no podía ejercer su mandato, desde una ciudad que estaba sitiada y que podía caer en cualquier momento en manos del enemigo. Finalmente el gabinete aceptó abandonar la capital para desplazarse a Valencia, que pasaría a ser la nueva sede del gobierno republicano. El abandono de Madrid fue interpretado por la militancia de las organizaciones obreras, como una traición que fomentaba la desmoralización y el espíritu derrotista entre los defensores de la capital. Sin duda alguna, la caída de Madrid hubiera sido decisiva en el curso de la guerra, habría facilitado el reconocimiento diplomático del gobierno de Burgos y habría aislado todavía más a la República. En plena huida hacia Valencia, varios de los integrantes del nuevo gobierno fueron detenidos en la población de Tarancón, por las fuerzas milicianas de la CNT, que estaban comandadas por Cipriano Mera, que pretendieron obligarles a regresar a Madrid.

"El incidente tragicómico de Tarancón no se explica solamente por la indisciplina notoria de los anarquistas: la actitud de los milicianos de la CNT correspondió a un estado de ánimo muy difundido en Madrid, donde, más que en otras partes, los obreros habían puesto su confianza en el gobierno y aceptado su disciplina. El 9 de Noviembre veían huir a sus expertos <<resignados>> a la derrota, mientras que no se había intentado siquiera una movilización en masa para la defensa a toda costa de la capital... A juicio de los militantes, socialistas, comunistas y anarquistas, la batalla no se había perdido todavía" (922).

En las tareas de defensa y administración de la capital, el gobierno delegó, el 6 de Noviembre, sus funciones, en una Junta de Defensa, que estaría presidida por el general Miaja, un militar con una carrera militar mediocre. Sin duda alguna, el derrotismo y la desmoralización empezaban a hacer mella en el gobierno y entre el funcionariado de la administración (923). La recién creada Junta de Defensa sería el organismo que debería negociar la rendición de la capital madrileña (924). El nuevo organismo quedaría integrado por dieciocho delegados que representarían a todas las organizaciones del Frente Popular y a la CNT. Vetado por el Partido Comunista, el POUM quedaría excluido de la junta.
"Cuando el gobierno se marchó, nos sentimos traicionados. La gente hablaba abiertamente por las calles diciendo que el enemigo estaba ya en Carabanchel. Todo el mundo esperaba que de un momento a otro tomase la ciudad. Pero no la tomaron. El clima empezó a cambiar..." (925).

Una vez que el gobierno central y los estados mayores de los partidos y sindicatos hubieron abandonado la capital, los comités revolucionarios volvieron a la escena política y recobraron la perdida vitalidad que habían tenido durante las primeras semanas de la guerra. Espontáneamente apareció, por toda la geografía de la ciudad, una multitud de comités de barrio, de calle e incluso de edificio, que se encargarían de velar por la vigilancia contra los simpatizantes de los sublevados (926).

Los partidos y sindicatos obreros transformaron la defensa de Madrid en una de las principales tareas de su política militar. La resistencia de la capital quedaba atada directamente a la capacidad militar de la revolución para sobrevivir contra sus enemigos. Las organizaciones reforzaron con nuevos contingentes armados las columnas de combatientes que defendían la capital. Los suministros y los asesores soviéticos empezaron a llegar sin dificultad y en grandes cantidades a Madrid. También durante el mes de noviembre las defensas serían reforzadas con la llegada de los primeros contingentes de las brigadas internacionales.

En la defensa de Madrid fueron utilizados todos los métodos revolucionarios que habían sido rechazados por el gobierno en otras zonas del frente. La población madrileña fue organizada y movilizada masívamente en las tareas de vigilancia y construcción de defensas de la ciudad. Aunque muchos de estos trabajos tenían un escaso valor defensivo, servirían para electrizar a la hasta hacía poco desmoralizada población madrileña (927).

Sin duda alguna, el clima creado con el arrebato popular fue una de las causas fundamentales que explican la defensa encarnizada que se hizo de la capital, el giro radical de la moral de los defensores y el fracaso de la ofensiva militar de las tropas franquistas. Finalmente el 22 de Noviembre, después de intensos combates y de fuertes pérdidas por ambos bandos, la ofensiva quedaría definitivamente detenida en los arrabales de Madrid.

La actividad revolucionaria de los comités sólo sería de nuevo interrumpida, unas semanas después, a finales del mes de Noviembre, cuando se hizo patente que Madrid no iba a caer de forma inminente en manos de los franquistas (928). A partir de ese momento, la política del gobierno se encaminaría a recuperar el control que había tenido de la ciudad, antes de abandonarla.

"La Junta, por decreto, retiró todas las atribuciones que había dejado en ese período decisivo a los comités populares y a los de las organizaciones" (929).

A medida que los comités revolucionarios volvían a desaparecer de la escena política, la Junta de Defensa de Madrid incrementaba su autoridad política sobre la capital (930).

Gracias a la fuerte influencia que el PCE ejercía sobre la Junta de Defensa (el general Miaja y otros miembros que ocupaban puestos claves en ella, eran miembros del partido) pudo extender su control sobre la ciudad.

Desde Valencia, el gobierno de Largo Caballero inició con la reciente y valiosa incorporación del anarcosindicalismo, los pasos necesarios para la consolidación de su autoridad política. Sin embargo, para ello primero era necesario dotarla de un brazo armado que fuera fiel a sus directrices y domesticar también al movimiento revolucionario:

"Efectivamente, realizó lo que Giral y Prieto no habían podido hacer antes que él: al rejuvenecer las instituciones del Estado mediante la legalización de algunas conquistas revolucionarias, la incorporación de los organismos y de los hombres del poder revolucionario, llegó a salvarlos y a realizar esta empresa dificilísima: la recuperación del control de todos los grupos armados por parte del Estado republicano, la creación de un ejército y de una policía, en una palabra, la instauración de un poder único y fuerte bajo la égida de la República y que, sin embargo, a juicio de la mayoría de los obreros revolucionarios, era su poder, el <<poder popular>>. Su hazaña consistió en haber liquidado el <<doble poder>>, dejando la impresión de que consagraba su victoria: la presencia, a su lado, de García Oliver y de Juan López que habían encarnado el poder revolucionario en Catalunya y en Levante, parecían garantizar el carácter revolucionario de sus intenciones" (931).

A pesar de su claro predominio, los socialistas de izquierda, sin un programa político que le permitiera encauzar la revolución y dirigirla hacia sus objetivos, perderían la iniciativa en manos de los sectores más decididos. A medida que las presiones del Partido Comunista, de los republicanos y del ala moderada del socialismo iban cobrando fuerza, la política del gobierno de Largo Caballero se amoldaba progresivamente a ellas.

"Reflejando la voluntad de las masas proletarias, se proponían preservar el contenido socialista de la revolución, pero no contaban ni con un programa, ni con una táctica para luchar eficazmente por él en la complejísima situación de la guerra civil. Pretendían asumir el papel rector dentro del bloque político obrero-republicano, y en la práctica iban a remolque del Partido Comunista en unas cuestiones, o del anarcosindicalismo en otras (932)".

Largo Caballero y los dirigentes del socialismo de izquierdas, a pesar de ser mayoritarios en el gobierno y de contar con inmensas simpatías entre los trabajadores fueron arrastrados por la coalición del ala derecha del Frente Popular (PCE-socialistas moderados-republicanos). Francia, Gran Bretaña y todo el mundo capitalista (democrático o no) no estaban dispuestos a tolerar que la economía de la República continuara expropiada y bajo el control de los trabajadores. Si los sectores izquierdistas no estaban dispuestos a proseguir con el proceso revolucionario, tendrían que amoldarse forzosamente a las presiones y colaborar en la reconstrucción del viejo orden republicano.

Durante el proceso de restauración de la autoridad del gobierno central, las diferentes Juntas territoriales que existían en la zona republicana se irían disolviendo progresivamente, para ser sustituidas por los organismos de la nueva administración republicana. El hecho de que en la mayor parte de éstas, los socialistas fueran mayoritarios facilitó las tareas de disolución, para un gobierno que estaba presidido por el líder con mayor prestigio del partido, y donde los representantes socialistas eran mayoritarios. El poder del gobierno republicano central sólo quedaría en entredicho en aquellos territorios donde el movimiento libertario seguía siendo hegemónico: Catalunya y Aragón.

En la región aragonesa, el vacío político causado por la sublevación militar y la reconquista de una parte de su territorio por las milicias revolucionarias catalanas, predominantemente anarcosindicalistas, permitió a los libertarios aragoneses plantearse la organización del nuevo orden revolucionario. La profundidad de la revolución en Catalunya influyó de forma decisiva, en la obra y en las perspectivas de la CNT aragonesa. El espacio cedido por las desaparecidas instituciones republicanas fue ocupado por una multitud de comités revolucionarios que organizaron la vida cotidiana de los territorios recién liberados. A finales del mes de Septiembre, una asamblea de delegados de los comités revolucionarios de la región, reunida en la población de Bujaraloz decidía la constitución de un organismo central que debería coordinar sus esfuerzos y poner fin a los excesos cometidos por las milicias catalanas. A mediados del mes de Octubre se reunía por primera vez el Consejo de Defensa de Aragón en la localidad de Fraga.

La nueva Junta territorial chocó con la hostilidad del gobierno de la Generalitat y de las organizaciones izquierdistas catalanas. La misma CNT consideró que la formación del Consejo de Defensa había sido un acto unilateral, que no había sido aprobado por la organización confederal (933). El POUM también criticó su constitución, al considerar que en las circunstancias del momento, la nueva Junta sólo podía suponer un obstáculo a la labor de las milicias y al funcionamiento de la economía (934). Dentro de la región aragonesa, la totalidad de las organizaciones del Frente Popular se mostraron contrarias al nuevo organismo de poder y abogaron por la reconstrucción de la administración republicana. En un clima de franca hostilidad y de aislamiento, el Consejo de Defensa de Aragón estaría formado, desde los primeros momentos, tan solo por representantes de la CNT, lo que le valdría las acusaciones de sus adversarios de "dictadura" y de "cantonalismo" (935).

"Los anarquistas aragoneses no tardaron pues en percatarse de los problemas planteados por su conducta desenvuelta. Se apercibieron de que para poder mantenerse les hacía falta conseguir a cualquier precio el consentimiento, incluso la aprobación de la Generalitat, de la Confederación y de las diversas formaciones políticas" (936).

Simultáneamente a la entrada de los anarcosindicalistas en el gobierno republicano central, y pocas semanas después de haberse integrado en el de la Generalitat de Catalunya, el Consejo de Defensa de Aragón intentó obtener su reconocimiento político, declarando su "absoluta identificación con el gobierno de la República" (937). Una negativa de Largo Caballero habría provocado una grave crisis política en el recién creado gabinete y habría puesto en peligro el proceso de integración del anarcosindicalismo. Era necesario pues, proceder con cautela y neutralizar los resabios revolucionarios de la junta aragonesa por otros medios, aprovechando la buena actitud que estaban demostrando sus miembros, presionados por el curso colaboracionista que había adoptado la CNT estatal.

"El presidente del gobierno, Largo Caballero, y el jefe del estado, Azaña, no se mostraron en desacuerdo con la idea de un gobierno regional, pero pidieron la inclusión en él de todas las organizaciones del Frente Popular. El Consejo de Aragón debía ejercer las funciones de los gobernadores civiles y de las diputaciones provinciales..." (938).

El Consejo de Defensa de Aragón acabó por convertirse, sin desearlo, en la principal promotora de la reconstrucción de las instituciones republicanas en la región. La Junta territorial sería reconocida oficialmente el 23 de Diciembre, con la oposición de los comunistas. El anarcosindicalista Joaquín Ascaso, presidente del Consejo, fue nombrado por Largo Caballero "gobernador general de Aragón". De esta forma, y mediante una hábil maniobra, el máximo representante de los revolucionarios aragoneses se convertía también en la máxima autoridad de la República en la región. La legitimación de la República entre los sectores revolucionarios había dado un paso decisivo.

La nueva Junta contaría con representantes de todas las organizaciones que formaban parte del gobierno central y que contaban con presencia en la región. Izquierda Republicana ocuparía los departamentos de Hacienda y Justicia; la UGT contaría con Cultura y Obras Públicas; el PCE dirigiría Sanidad e Industria y Comercio; mientras que otra organización que sin formar parte del gobierno, lo apoyaba, el Partido Sindicalista, tendría el cargo honorífico de Secretario General; la CNT seguiría dirigiendo los departamentos más importantes, Presidencia, Información y Propaganda, Orden Público, Agricultura, Trabajo, Transporte y Comunicaciones, y Economía, y Abastecimientos.

A pesar del predominio anarquista, la política del gobierno, encaminada a reconstruir la autoridad de las instituciones republicanas en la región estaba en marcha.
"Tras haber querido ser más revolucionarios, más radicales que nadie, los anarquistas aragoneses reconocían la autoridad del gobierno central, inclinaban la cabeza bajo el yugo del estado y se amoldaban a su marco" (939).

El Consejo de Defensa de Aragón fue disuelto el 19 de Agosto de 1937, por el sucesor de Largo Caballero en el gobierno, Juan Negrín, que representaría el triunfo definitivo de la contrarrevolución republicana sin paliativos. Una vez liquidado el movimiento revolucionario que había sustentado al Consejo de Defensa, ya nadie opondría resistencia a la entrada de las columnas armadas de Lister. Joaquín Ascaso sería finalmente depuesto y sustituido por el republicano y simpatizante del PCE, Mantecón, que ordenaría la inmediata disolución de las colectividades aragonesas y de los restos de los organismos revolucionarios.

La entrada de los anarcosindicalistas en el segundo gobierno de Largo Caballero conseguía que, salvo el minoritario POUM, todas las organizaciones antifascistas pertenecientes al Frente Popular o situadas a su izquierda, estuvieran integrados en él.

El proyecto del Frente Popular, para la reconstrucción del Estado republicano, iniciaba una dinámica que nadie estaba seriamente dispuesto a frenar. Los mismos libertarios, hostiles a cualquier forma de estado, ahora se mostraban dispuestos a colaborar en la reconstrucción de la República, a cambio de que las conquistas revolucionarias fueran respetadas. Los dirigentes de la CNT creían ingenuamente que podrían aprovechar la extraordinaria fuerza del movimiento libertario para conseguir una tregua con la contrarrevolución republicana, compromiso que tendría que mantenerse hasta que el peligro franquista estuviera definitivamente superado. Los cenetistas, obligados a escoger entre la defensa de las conquistas revolucionarias, dinámica que los colocaba continuamente ante la necesidad de tomar el poder, y una colaboración que los obligaba a ir cediendo a las presiones de sus aliados en aras de la unidad antifascista escogerían el segundo camino, con la esperanza de salvar lo máximo posible del naufragio en el que se encontraban.

Sin embargo, sería un error considerar que al Frente Popular como un bloque político homogéneo. En realidad, en su seno se escondían proyectos muy distintos e incompatibles entre si. Lo único que les unía era el convencimiento de que la revolución tenía que ser detenida a toda costa.

Los republicanos y el sector más moderado del Partido Socialista, los partidarios de Indalecio Prieto, consideraban que la revolución tenía que ser liquidada y la República restaurada. Era necesario continuar con el proyecto republicano de modernización del capitalismo español y para eso había que terminar cuanto antes con la guerra. Entre los republicanos de izquierda, el temor al movimiento revolucionario era mucho mayor que el que podían sentir hacia el ejército de Franco. Con los partidarios de la sublevación se podía negociar, con la revolución no. De hecho, durante toda la contienda, los contactos entre el sector moderado del Frente Popular y los militares sublevados fueron numerosos (940). Sin embargo todas las negociaciones fracasarían ante los dos grandes obstáculos: la intransigencia de los sublevados, que exigían la rendición inmediata y sin condiciones de la República, y un movimiento revolucionario que no estaba dispuesto a ser sacrificado en aras al entendimiento entre sus adversarios (941).

"Pero Azaña también sabía muy bien lo que quería, y desde luego no era ganar la guerra en condiciones tales que el Partido Comunista obtuviera la hegemonía y quedara despejado el camino hacia la dictadura del proletariado. Como demuestran con absoluta seguridad sus Memorias, su objetivo era la restauración de la república del 14 de Abril, y su táctica servirse en una primera fase del Partido Comunista como dique frente al caballerismo y el anarcosindicalismo, para luego en una segunda fase, reducir a la impotencia al Partido Comunista (aprovechando que la primera fase le había enfrentado con los núcleos mayoritarios del proletariado revolucionario). La línea de Prieto, y la del mismo Negrín, fue análoga" (942).

En estas condiciones tanto los partidarios de Prieto como los republicanos de izquierdas necesitaban someter la revolución y restaurar un poder republicano fuerte, desde el que poder negociar las condiciones de la paz, con Franco y los sublevados. Esto los convertía, aunque sólo fuera en la primera etapa, en firmes aliados del PCE-PSUC.

El Partido Comunista, fiel a las directrices ordenadas por la Komintern, defendía contra viento y marea, la caracterización democrático burguesa de la revolución española. Los dirigentes estalinistas tenía como objetivo principal de su política internacional, establecer una alianza con las grandes potencias capitalistas "democráticas", Francia y Gran Bretaña. La defensa de la naturaleza socialista de la revolución española habría significado un golpe mortal a la política de compromisos del Kremlin y desde la óptica estaliniana, habría aislado todavía más a la URSS frente a la creciente amenaza nazi-fascista (943).

Sin embargo también ésta cuestión era el eje de las diferencias que existían entre los republicanos burgueses, los socialistas moderados y los comunistas. La política del PCE-PSUC consistía en devolver la revolución española al redil republicano del que, desde su óptica, nunca debería haber salido. Pero también lo era, evitar cualquier compromiso posible entre la República y el ejército de Franco, que dejaría al PCE en la cuneta. Era necesario que la República alcanzara la victoria sobre los militares sublevados, y si esto no era posible, prolongar la resistencia hasta que estallase el inevitable conflicto internacional que se avecinaba.

Desde esta perspectiva, el Partido Comunista se situaba como el principal valedor de la tesis de que primero era necesario ganar la guerra, y de que sería la victoria la que abriría con posterioridad y en un futuro indeterminado, las puertas de la revolución socialista.

"Una vez ganada la guerra, se podría pasar a la etapa siguiente, hasta llegar a la dictadura del proletariado. Pero para ganar la guerra lo decisivo era conservar la alianza antifascista, tanto a escala nacional como internacional. Lo que exigía no proponerse de momento objetivos socialistas en España, corregir los <<excesos>> de la revolución, e incluso acentuar las concesiones a los republicanos burgueses y socialistas reformistas para ver si de esa manera Blum se resolvía a ayudar a la república española" (944).

El Partido Comunista, atado sólidamente a la política de la Komintern, y controlado por los hombres de confianza de ésta, se había convertido en una curiosa combinación de partido obrero conservador, que competía en su derechismo con los mismos republicanos y con los partidarios de Prieto. La combinación de la moderación política con el grado eficacia en su lucha contra los sectores revolucionarios convertiría al PCE, durante todo este período, en el polo de referencia para las clases medias del campo y de la ciudad. Entre los meses de Julio de 1936 y Marzo de 1937, el PCE pasó de los 30.000 a los 250.000 militantes, procedentes en su mayor parte de estos sectores sociales (945).

Sin embargo, el rumbo conservador del Partido Comunista, haría nacer el creciente descontento entre los sectores más radicalizados de sus propias filas. El malestar arraigaría en importantes sectores de las Juventudes Socialistas Unificadas, que se sentirían traicionados en sus ideales políticos. A finales del mes de Marzo, la organización juvenil asturiana, dirigida por su secretario general, Rafael Fernández, rompió con el PCE y con sus Juventudes, después de denunciar que su línea política tenía que ver con cualquier cosa, menos con el marxismo (946). Para atenuar las críticas, la caracterización "democrático burguesa" que se hacía de la revolución española, se transformó en palabras de José Diaz, en la lucha por una "República democrática y parlamentaria de un contenido social como no ha existido nunca" (947). En realidad, ambos conceptos políticos no se diferenciaban más que en la retórica utilizada, en este segundo caso, para acallar a los sectores descontentos.

En cualquier caso, el objetivo del Partido Comunista, simbolizado en la conocida frase: "Primero ganar la guerra, después ya haremos la revolución", no podía ser la revolución de los comités. Un Estado obrero en España no figuraba en los planes de la política internacional de los gobernantes del Kremlin. Por lo tanto, el carácter socialista de la revolución española estaba vedada para el PCE.

"... el objetivo número uno de la política soviética era consolidar la alianza militar con Francia y llegar a un entendimiento con Inglaterra. Pero ni la Francia burguesa de Blum, ni la Inglaterra conservadora de Chamberlain, podían admitir la victoria de la revolución proletaria en España. Contribuir a su victoria significaba para el gobierno soviético, ir a la ruptura con ambas potencias. La única posibilidad aparente de conciliar la <<ayuda a España>> con los citados objetivos de la política exterior soviética era que el proletariado hispano no fuera más allá de lo que en último extremo podía ser admisible para la burguesía francoinglesa. Y lo más que ésta podía aceptar es que en España existiese una república parlamentaria, democrática, antifascista, frentepopulista incluso, todo a la izquierda que se quiera, pero... ¡burguesa!" (948).

Un Partido Comunista incondicional y fuertemente controlado por los agentes de la Komintern (la correa de transmisión internacional de los intereses del estalinismo) sólo hubiera podido plantearse seriamente la salida revolucionaria, mediante la ruptura política con el Kremlin y con la III internacional. Con las condiciones que existían en el seno del PCE, esto era imposible.

"En líneas generales, puede decirse que el PC de España y el Partido Socialista Unificado de Catalunya desempeñaron, durante la guerra civil, el papel de simples comparsas de la Komintern y la NKVD. Las decisiones del PC español eran tomadas por el Buró Político, en cuyas sesiones estaban siempre presentes los agentes de Moscú: Codovila, Togliatti, Stepanov, Gueré, Marty y otros" (949).

Aparentemente, el largocaballerismo se encontraba en la cúspide del poder político. Tanto los sectores moderados del Frente Popular, como el mismo anarcosindicalismo se veían arrastrados por su prestigio y por sus iniciativas políticas, mientras que los socialistas de izquierda controlaban los principales ministerios en el gobierno. Sin embargo, la realidad era otra.

"Su tarea inmediata será la de levantar el prestigio de las instituciones republicanas y de infundir vida nueva al Estado, haciendo posible así llevar a cabo lo que los Gobiernos anteriores habían sido incapaces de hacer: militarizar las milicias, reorganizar los cuerpos armados, controlarlos desde el Gobierno y, a la vez, desarmar la retaguardia. No fue difícil encontrar la consigna: la necesidad de disciplina y de un mando único a manera de respuesta a los reveses de la guerra; ante todo, la necesidad de continuar la lucha y de ganar la guerra por sobre cualquier otra consideración" (950).

A lo largo de su trayectoria gubernamental, la corriente largocaballerista iría adaptando sus criterios a los sectores más activos del gobierno. La línea de la Izquierda Socialista zigzagueó entre las posiciones del anarcosindicalismo y las del PCE (951).

Sin embargo, en pleno proceso restaurador y frente a una CNT cada vez más confundida, sería el Partido Comunista, la organización que mejor conseguiría capitalizar la política del gobierno de Largo Caballero. Lo que aquí nos interesa destacar, en cualquier caso, es la rápida evolución que sufriría una Izquierda Socialista empapada de lo que algunos han caracterizado como "reformismo radical" (952).

El prestigio político de Largo Caballero entre los trabajadores, lo convertían en un compañero de viaje imprescindible para el ala derechista del Frente Popular. El viejo dirigente socialista había puesto todas sus esperanzas de victoria en conseguir la intervención armada de Francia y Gran Bretaña a favor de la República. Pero para ello era necesario demostrar antes a las potencias democráticas, que no iba a ser la revolución la que iba a capitalizar la ayuda. La Izquierda Socialista se volcó en la tarea de moderar y contener al movimiento revolucionario que los había llevado al gobierno. Pero los dirigentes caballeristas eran conscientes de que había sido su gran influencia en el movimiento revolucionario el que les había permitido desplazar a los republicanos y a los partidarios de Prieto de la cúspide del gobierno. Un proceso restaurador que llevara hasta sus últimas consecuencias, que consiguiera la liquidación del movimiento revolucionario, debilitaría seriamente las bases de su poder y permitiría a sus adversarios, los sectores moderados del Frente Popular, desplazarlos del gobierno.

"Largo Caballero, al ponerse a la cabeza del gobierno, había creído que su sola presencia lo garantizaría contra todo riesgo de evolución hacia la derecha y que, en todo caso, España seguiría siendo una <<república de trabajadores>>. Pero al hacer esto se había encerrado en un marco que ya no era el marco revolucionario. La política de Francia, de Inglaterra, de la URSS, que había elegido no desagradar para evitar el aislamiento del país, se convirtió en uno de los factores primordiales de su política interior, que determinaba inclusive la concepción de la política de la guerra" (953).

Largo Caballero y el resto de dirigentes de la Izquierda Socialista pretendían mantener el nuevo equilibrio del poder político, que les permitiría conservar su predominio en el gobierno. Pero para ello era necesario mantener la correlación entre las fuerzas que se situaban a su derecha e izquierda, hasta conseguir el triunfo sobre los sublevados.

Sin embargo, el inestable equilibrio se desplazaba irremediablemente hacia el sector que llevaba la iniciativa política y que tenía más claramente definidos sus objetivos.

"La autoridad de Largo Caballero sobre los obreros permitió realizarla con la apariencia de una transacción con la revolución. Pero el Estado restaurado manifestó cada vez más una tendencia a romper con la revolución y a combatirla... Y, en este camino, Largo Caballero habría de ser, en lo sucesivo, un obstáculo" (954).

Desde este punto de vista, el PCE había apoyado la política de Largo Caballero, en tanto en cuanto ésta favorecía sus expectativas. El prestigio del dirigente socialista y sus buenas relaciones con la CNT, permitirían desarrollar una política de reconstrucción del Estado republicano que le había estado vedado a cualquier otro gobierno. La militarización de las milicias, la constitución del comisariado, la reconstrucción de los aparatos policiales, el restablecimiento de los cuerpos de funcionarios de la antigua administración, fueron pasos fundamentales en la reconstrucción de la República que serían eficazmente aprovechados por el Partido Comunista para consolidar su creciente influencia.

"La reconstrucción del Estado español en 1937 obedece al juego combinado de diversos factores, pero su fuerza dinámica ha sido la acción del Partido Comunista" (955).

Durante todo este período, el PCE llevaría a cabo una eficaz campaña de infiltración en el reconstruido aparato del Estado republicano, que le permitiría influir de forma decisiva en el período posterior a la guerra y a la revolución. Los suministros procedentes de la URSS, las brigadas internacionales y su capacidad para organizar centralizada y disciplinadamente a las milicias, convirtieron al PCE en un poderoso polo de atracción para los militares profesionales, para los funcionarios de la nueva administración e incluso para numerosos cuadros socialistas que estaban cada vez más descontentos con la errática trayectoria de su partido. Sería en estos estamentos, donde su influencia política se extendería rápidamente.

"Domesticadas la CNT y la izquierda socialista, liquidados los comunistas <<heterodoxos>> del POUM, el PCE se convirtió en la fuerza hegemónica dentro del campo republicano. Sus orientaciones políticas pasaron a ser las del gobierno, es decir, su política de partido se convirtió en la política gubernamental sin necesidad de monopolizar formalmente el poder. Los demás partidos fueron cediendo en sus posiciones hasta llegar a convertirse en auxiliares de la política comunista. Pero este poderío no fue obra de una labor de convencimiento ideológico sino que estuvo basado en un fuerte soporte organizativo. El PCE edificó una fuerte infraestructura organizativa, penetrando y controlando los principales aparatos del estado" (956).

Efectivamente, la política del PCE se encaminó desde los primeros momentos, no sólo a participar en la reconstrucción del viejo aparato de Estado republicano, sino también a controlar los resortes más importantes de éste. Aprovechando el prestigio conseguido con la organización del Quinto Regimiento y la llegada de los suministros procedentes de la URSS, el Partido Comunista conseguiría reclutar a numerosos militares profesionales que se mantenían al servicio de la República y que odiaban la revolución desencadenada. Mandos poco sospechosos de simpatizar antes de la guerra con el PCE, como podía ser el general Miaja, jefe de la Junta de Defensa de Madrid, el general Pozas del ejército del Centro, o el comandante Hidalgo Cisneros, jefe de la Aviación, se integraron en sus filas (957).

"La fuerza militar puesta en pie por el PCE, la IC y la ayuda soviética estaba al servicio de dos objetivos políticos esenciales: resistir militarmente a los facciosos y asegurar que prevaleciese el tipo <<democrático burgués>> de república aceptable para los republicanos burgueses y supuestamente aceptable también para las <<democracias occidentales>>" (958).

La política de infiltración del PCE en el reconstruido aparato republicano provocaría los primeros roces y tensiones con Largo Caballero y con los dirigentes de la Izquierda Socialista. Los intentos de Stalin para influir en la política del gobierno chocarían con la hostilidad creciente de los largocaballeristas. El 21 de Diciembre de 1936, el primer ministro socialista recibía una carta que resumía las grandes líneas maestras de la política del Kremlin en España.

En el escrito, Stalin remarcaba las condiciones que desde su óptica iban a ser fundamentales para la victoria militar. Desarrollar una política moderada para lograr el apoyo de los pequeños y medianos propietarios del campo, y de las clases medias urbanas temerosos de las confiscaciones revolucionarias. Atraer a los políticos republicanos que habían sido desplazados por la revolución, mediante una política de Frente Popular. Y una declaración del gobierno en defensa de las propiedades de los extranjeros en España. Toda esta línea de actuación tenía que llevarse a cabo en el seno de una República democrática y parlamentaria, que debía alejarse de la experiencia de la revolución de Octubre de 1917.

"La revolución española se abre caminos que, en muchos aspectos, difieren del camino recorrido por Rusia. Lo determinan así la diferencia de premisas de orden social, histórico y geográfico, las exigencias de la situación internacional, distintas de las que tuvo ante si la revolución rusa. Es muy posible que la vía parlamentaria resulte un procedimiento de desarrollo revolucionario más eficaz en España de la que fue en Rusia" (959).

La respuesta de Largo Caballero no dejó ninguna duda a los dirigentes del Kremlin de cual era la postura del líder socialista. Pese a todo, éste no estaba dispuesto a reconducir la situación revolucionaria al orden de cosas que existía antes de que estallara la guerra civil.

"Tienen ustedes razón al señalar que existen diferencias sensibles entre el desarrollo que siguió la revolución rusa y el que sigue la nuestra... Pero, contestando a su alusión, conviene señalar que, cualquiera que sea la suerte que lo por venir reserve a la institución parlamentaria, ésta no goza entre nosotros, ni aún entre los republicanos, de defensores entusiastas" (960).

Posteriormente Stalin envió una segunda carta al primer ministro socialista, proponiendo la unificación de los dos partidos. La invitación fue rechazada tajantemente por Largo Caballero que no estaba dispuesto a que se repitiera la experiencia, que había privado al Partido Socialista de su organización juvenil.

"A pesar de que entonces los comunistas habían simpatizado secretamente más con la moderación de Indalecio Prieto que con el revolucionarismo de Largo Caballero, sabían que la facción centrista del Partido Socialista representaba sólo un sector reducido del movimiento socialista y que les sería ventajoso asociarse con el ala izquierda. Pero la hostilidad que fue acumulando Largo Caballero hacia ellos en los primeros meses de estallar la guerra civil pronto les obligó a volverse a la facción centrista" (961).

El Partido Comunista se volcaría en la tarea de atraer hacia sus filas a la derecha socialista, aprovechando su prestigio político y el hecho de que formaran un bloque político en el seno del gobierno, frente a los caballeristas y los libertarios.

Resultaba evidente que comunistas y socialistas moderados, pese a las diferencias que pudieran existir entre ellos, se necesitaban mutuamente frente a las reticencias de Largo Caballero.

"En el Partido socialista se contempló una inversión de las alianzas. En el momento en el que los amigos de Largo Caballero se alejaban de los comunistas, los de Prieto se acercaban a ellos. El ejecutivo, que dirigían González Peña y Lamoneda, se convirtió en campeón de la unidad, firmó en Febrero un acuerdo para la generalización, en todos los niveles, de comités de enlace que habrían de hacer de los dos partidos obreros un solo bloque en el interior del Frente Popular. Prieto en esa época, fue más lejos todavía y se declaró en favor de la fusión inmediata con el Partido comunista" (962).

La persecución de los comisarios políticos del Ejército Popular que habían sido nombrados sin su consentimiento y que eran proclives a la línea del PCE (963); su hostilidad a la idea de la unificación socialista-comunista; y sus enfrentamientos con la política económica que defendían los ministros comunistas, convertían a Largo Caballero, cada vez más, en un obstáculo que debía ser apartado. Sin embargo, el apoyo popular con el que contaba el líder socialista impedía cualquier intento de destitución inmediata. Primero había que debilitar sus posiciones, y para ello era necesario vencer las resistencias del todavía poderoso movimiento anarcosindicalista, que pese a su claro retroceso, seguía contando con una fuerza importante, especialmente en Catalunya y Aragón.

La CNT se había convertido en una firme aliada de Largo Caballero en el seno del gobierno, frente al bloque de republicanos, prietistas y comunistas.

A finales del mes de Marzo, el anarcosindicalista Melchor Rodríguez, delegado de prisiones, denunció la proliferación de una red de "checas" del PCE en Madrid. José Cazorla, uno de los consejeros del Orden Público y militante comunista, nombrado por la Junta de Defensa, fue acusado de ser el responsable de las cárceles clandestinas. A raíz de este escándalo político, la Junta fue obligada a aceptar la dimisión de Cazorla. Unos días después, el 23 de Abril, también era disuelta la Junta, para ser sustituída por un Consejo Municipal.

"La lucha entre estos partidos producida por la pérdida de Málaga se extendió por su prensa a las otras provincias. Caballero aprovechó el momento de gran efervescencia en Madrid para disolver la Junta de Defensa y restablecer la municipalidad para la que designó a representantes de todos los partidos" (964).

Largo Caballero asestaría un nuevo golpe a la influencia del Partido Comunista con la destitución del gobernador de Murcia y de algunos comisarios políticos de la zona, por sus actividades represivas contra militantes socialistas de izquierda y libertarios (965).

La política del PCE se encaminó a debilitar la posición del máximo líder de la Izquierda Socialista, aislándolo de sus partidarios en los principales puestos del gobierno. Un eficaz trabajo de reclutamiento permitió que algunos cuadros socialistas, tradicionalmente cercanos a Largo Caballero, como Alvarez del Vayo o García Maroto... pasaran a formar parte del bloque dirigido por el Partido Comunista. También aumentaron las presiones y las maniobras encaminadas a conseguir la destitución de los elementos caballeristas más recalcitrantes del gobierno.

"La gran batalla se libró en torno del general Asensio, uno de los militares más eficientes de la República, pero nada grato a los comunistas porque ni en los frentes, cuando tuvo mando, ni en el Ministerio de Guerra, durante el tiempo que fue subsecretario, les permitía que hicieran proselitismo de partido. Le acusaban de deslealtad a la República, y como Largo Caballero les pidiera alguna prueba o por lo menos algún indicio de su traición y ellos no pudieron aportar ninguno, se negó a destituirle. Al fin lograron encarcelarle por la pérdida de Málaga..." (966).

Efectivamente, la caída de Málaga, producida el 8 de Febrero de 1937, sería la señal de la ofensiva contra el hombre de confianza de Largo Caballero. La ciudad, sin suministros de armas ni tropas de refuerzo, sin el apoyo de la flota republicana que se encontraba fondeada en Cartagena, cayó en manos de las fuerzas italianas. Si nos atenemos al testimonio ofrecido por el comandante Martín Blazquez, Málaga cayó porque el gobierno carecía de los suministros militares que eran imprescindibles para reforzar la defensa (967).

Independientemente de las verdaderas causas de la caída de la ciudad, el desastre iba a ser instrumentalizado políticamente, el general Asensio fue convertido por la prensa del PCE y por el ala derecha del Frente Popular, en el responsable. Finalmente, las presiones en el seno del gabinete consiguieron el objetivo: Asensio sería destituído el 21 de Febrero, siendo sustituido por Carlos Baraibar, otro de los hombres de confianza del primer ministro socialista. Largo Caballero acompañó la caída de su hombre de confianza con el traslado al frente, de tres de los principales miembros del Partido Comunista en el Ministerio de la Guerra (968). Era el mensaje que el líder socialista enviaba a sus adversarios: iba a responder, golpe por golpe.

Sin embargo, con la caída del general Asensio, el prestigio de Largo Caballero había quedado tocado políticamente. La prensa del Partido Comunista lo convertía en el principal responsable de los reveses militares que se estaban produciendo en los frentes de batalla. La ofensiva planeada por Caballero y por Asensio en Extremadura, que pretendía aprovechar la debilidad de los franquistas para partir por la mitad su territorio, no pudo ser llevada a cabo. El éxito de la operación militar habría causado un fuerte revés a los sublevados y aliviado la presión que sufría el frente del Norte. La oposición del general Miaja y de Prieto a que se debilitaran las defensas de Madrid, y la negativa de los consejeros rusos a facilitar una cobertura aérea adecuada a la misión, impidieron que pudiera ser llevada a cabo (969).

Sin embargo, el fracaso ponía al descubierto algo más: su autoridad política había quedado seriamente en entredicho. El fracaso de los ac