5.3 HACIA EL FINAL DE LA REVOLUCIÓN. EL GOBIERNO DE LA GENERALITAT, PASO A PASO.

El 26 de Septiembre de 1936 era promulgado un nuevo decreto, por el que se reestructuraba la composición del gobierno catalán, rebautizado eufemísticamente con el nombre de Consell de la Generalitat de Catalunya.

La principal particularidad del nuevo gabinete era que en él, estaban representados todas las organizaciones obreras, incluidas el PSUC y la UGT y también el POUM, la CNT y la FAI, los grupos que tradicionalmente se habían encontrado a la izquierda del Front d'Esquerres y que habían defendido la naturaleza anticapitalista de la revolución de los comités.
Anarcosindicalistas y poumistas consideraron que su participación en el nuevo gobierno de la Generalitat sólo podía tener un carácter temporal y episódico, y que no sería más que un capítulo obligado en la marcha hacia el triunfo total de la revolución española.

Desde este punto de vista, el POUM se declaró defensor de la nueva situación y diferenció positivamente la naturaleza política de la Generalitat frente a la del gobierno central de Largo Caballero.

"En el gobierno de Catalunya se refleja el empuje revolucionario de las masas obreras. En el de Valencia predomina la tendencia pequeñoburguesa, a la cual queda subordinada la representación obrera" (856).

Paradójicamente, este informe presentado por Andreu Nin en el Comité Central Ampliado de su partido, contradecía los acontecimientos que estaban sucediendo. La crisis del gobierno de la Generalitat, provocada por los "socialistas unificados" demostraría que la iniciativa había dejado de estar en manos de los sectores revolucionarios y que, por el contrario, ahora pertenecía a sus adversarios.

Para los partidarios de la restauración republicana, la colaboración de la CNT-FAI y del POUM legitimaba al desacreditado gobierno catalán. De esta manera, la Generalitat se convertía en la sucesora del Comité Central de Milicias, la autoridad única e indiscutible en Catalunya, paso imprescindible para detener y arrinconar al movimiento revolucionario. La participación del POUM y de la CNT en el gobierno se convertía era un aval político para los planes de restauración. Se aseguraba que estas organizaciones no iban a ceder, frente a la recuperación del poder republicano, a la tentación de la radicalización revolucionaria.

La CNT-FAI y el POUM accedieron a formar parte de un gobierno de unidad con sus adversarios, pensando que desde la Generalitat, y aprovechando la hegemonía que todavía mantenía el anarcosindicalismo catalán, podrían preservar las conquistas de la revolución. La realidad sería muy distinta a la esperada.

Continuamente presionados por sus rivales y eventuales aliados del PSUC y del Front d'Esquerres, expuestos a tener que escoger entre acceder a sus demandas o tomar el poder, libertarios y poumistas acabaron por convertirse en los rehenes de una política que antes siempre habían condenado. Tuvieron que dar su visto bueno a la disolución de los comités, aceptar los primeros pasos de la militarización de las milicias y avalar el control gubernamental sobre la economía colectivizada, todo para evitar una crisis que pudiera poner en peligro el delicado equilibrio que parecía existir en el campo antifascista, sin darse cuenta de que cada paso que se veían obligados a retroceder desequilibraba la situación y fortalecía a sus adversarios.

Durante las primeras semanas de existencia del nuevo Consell, pudo existir la ilusión de que todo continuaba como antes y de que la disolución del Comité Central de Milicias y la formación del nuevo gobierno había sido una simple reestructuración que había terminado con el nefasto dualismo de poderes anterior. Sin embargo, la situación empezaba a decantarse por el lado de los restauracionistas, que consolidaban el hecho de que eran ellos los que ahora tenían la iniciativa.

El 25 de Octubre se firmaba un Pacto de unidad de acción entre los anarcosindicalistas (CNT-FAI) y los comunistas (UGT-PSUC) por el que se constituía un comité de enlace entre las cuatro organizaciones. A pesar de que el organismo coordinador nacía prácticamente muerto, el acuerdo significaba un nuevo retroceso de los anarcosindicalistas.

Las organizaciones firmantes se comprometían, entre otros puntos, a reforzar el poder del nuevo gobierno de Catalunya, estrechar sus vínculos con el gobierno central, reconvertir las milicias en Ejército Popular y a terminar con los comités locales que todavía se oponían a su liquidación. El programa se acercaba claramente a la línea política defendida por el PSUC y por la UGT catalana. El anarcosindicalismo, desorientado y claramente a la defensiva, trataba de defenderse de la fuerte campaña de desprestigio que llevaban a cabo los socialistas unificados, cada vez más fortalecidos por su parálisis política (857).

"Este pacto obedecía a varios motivos en lo que respecta a los libertarios. En primer lugar, se trataba de obtener una parte del material militar soviético, que hasta ese momento era suministrado únicamente a las milicias del PSUC, que tomaban, a causa de ello, una importancia predominante, mientras reinaba la penuria de armas en las columnas confederales. En segundo lugar, se trataba de hacer cesar la campaña de calumnias y de mentiras que los estalinistas habían lanzado en España y en el extranjero con el fin de desacreditar y liquidar al movimiento libertario. Finalmente, se trataba de contener la reacción de la pequeña burguesía, de una parte del campesinado y de las clases medias que se habían agrupado y organizado en la UGT catalana después del decreto de sindicalización obligatoria del 10 de Agosto de 1936" (858).

El pacto de unidad, firmado por las cuatro organizaciones, y por el que el anarcosindicalismo asumía un programa que poco antes habría juzgado inadmisible, demostraba el agotamiento y la decadencia de la situación revolucionaria. El compromiso nunca pudo ser llevado a la práctica. Las bases de la CNT no estaban dispuestas a asumir unas directrices políticas que suponían una flagrante contradicción con sus aspiraciones revolucionarias. Sin embargo, el acuerdo ponía al descubierto que los dirigentes estaban dispuestos a ceder terreno, frente a las presiones de sus adversarios, todo con tal de mantenerse en el nuevo gobierno de la Generalitat y conseguir armas para el frente de Aragón y materias primas para las colectivizaciones.

"El pacto de unidad entre la CNT y la UGT, y entre el PSUC y la FAI, con el brazo de Mariano R. Vázquez y Rafael Vidiella, el 25 de Octubre de 1936, significó la eliminación del POUM del Govern de la Generalitat y el preludio de las jornadas de Mayo de 1937" (859).

El embajador soviético Marcel Rossenberg exigió que el POUM fuera expulsado de la Junta de Defensa de Madrid, como condición para que los suministros soviéticos pudieran llegar a la capital.
A mediados del mes de Diciembre, Antonov Ovsseyenko, cónsul de la URSS en Barcelona y antiguo compañero de Andreu Nin en las filas de la oposición trotskista en la URSS, reclamó públicamente en la prensa, que el POUM fuera expulsado del gobierno catalán.

El día 26, el propio Comorera, propondría a la CNT y a la FAI que el POUM fuera excluido de la Generalitat. La fuerte campaña lanzada por el aparato de propaganda del PCE y del PSUC convirtió al POUM en una organización contrarrevolucionaria, adversaria de la unidad "antifascista", que debía ser apartada de todos los organismos de poder en la zona republicana.

La campaña, aunque tenía su centro neurálgico en Catalunya, donde el POUM mantenía todavía una presencia considerable, se extendió a todo el estado. Algunos periódicos que estaban fuera de la influencia directa del PCE-PSUC se apresuraron a criticar los "excesos del izquierdismo poumista", entre ellos cabe destacar el caso de "Claridad" (Izquierda Socialista).

Paradójicamente, "El Socialista", el órgano de prensa del Partido Socialista, y por lo tanto controlado por los partidarios de Prieto, sería una de las organizaciones del Frente Popular que no se añadieron a la campaña (860).

Proféticamente, Juan Andrade, advirtió sobre las verdaderas razones políticas que se ocultaban detrás de la campaña que el estalinismo estaba lanzando contra su partido.

"...Se han concertado los dirigentes de las fracciones pequeñoburguesas con sus agentes en el movimiento obrero, para asesinar políticamente al proletariado. Como medida preliminar se intenta la eliminación de los guardianes más fieles de los intereses de los trabajadores; primero nuestro partido, después la CNT y la FAI. No es necesario exponer el porque se elige primero a nuestro partido; es porque se nos considera débiles numéricamente, y al mismo tiempo, los más fuertes en conciencia política" (861).

La creciente influencia del estalinismo en España reclamaba la liquidación de un partido como el POUM, que había sido la primera y única organización del país, que había denunciado las sangrientas purgas que se estaban llevando a cabo en la URSS contra la vieja guardia bolchevique (862). En el seno de la revolución española el POUM mantenía una posición crítica frente a la restauración de las instituciones republicanas, esperando que la radicalización del anarcosindicalismo y de las fracciones más izquierdistas del socialismo corrigieran la situación.

Entre el 12 y el 16 de Diciembre, un Plenario ampliado del POUM, había comprendido perfectamente la dirección que tomaban las presiones estalinistas: la exigencia de la liquidación del POUM sólo era el primer paso de un plan que pretendía liquidar la revolución "inoportuna" (863).

"...El litigio planteado ahora en Catalunya no es meramente un simple conflicto entre organizaciones. Es sencillamente todo el curso futuro de la revolución, lo que está sobre el tapete..." (864).

Sólo unos días antes, el día 7 del mismo mes, Andreu Nin, en un mitin celebrado en el Gran Price de Barcelona, había advertido contra las maniobras soviéticas que pretendían iniciar la liquidación política de su partido.

"Hoy el gobierno de la Generalitat significa la unión para luchar contra el fascismo... para eliminar el POUM sería preciso matar a todos los militantes del partido..." (865).

En el mismo acto, Nin había repetido "casi de forma protocolaria", que eran los comités de obreros, campesinos y combatientes, y no el gobierno de la Generalitat quién tenía que decidir sobre los destinos de la revolución. Sin embargo y contradictoriamente, los comités que reclamaba Nin estaban en proceso de disolución y el POUM en el gobierno había dado su aval a los decretos que dictaban su sentencia de muerte.

Paradójicamente, el mensaje de Nin no significaba un giro radical en su política sino su reafirmación: el POUM exigía no ser apartado de la Generalitat.

Este énfasis en no ser excluido del gobierno en el que estaba integrado la CNT, y desde el que se pretendía dictar la política que debía orientar a toda Catalunya, convertía al POUM, una vez más, en rehén de sus propias contradicciones.

La naturaleza progresiva o reaccionaria del gobierno, desde la óptica poumista, se apoyaba exclusivamente en el predominio que en éste pudieran ejercer los representantes de la CNT-FAI.

"Disolución del Parlamento y convocatoria de un congreso de campesinos, obreros y combatientes. Se trata de oponer a los organismos burgueses republicanos los nuevos organismos creados en el fuego de la revolución... convocar un congreso de delegados de comités de fábrica y taller, representantes del frente y delegaciones campesinas...".
...
"¿Hay una contradicción entre la consigna de gobierno obrero y nuestra participación en el gobierno de la Generalitat? Hoy, como ayer, debemos sostener que la única forma factible es la constitución de un gobierno obrero. A la consigna de gobierno obrero hay que darle una base fundamental y ésta no puede ser otra que el congreso de comités de fábrica y taller, delegaciones campesinas y combatientes del frente" (867).

Como los libertarios no estaban dispuestos a lanzarse a la conquista del poder para formar el "gobierno obrero y campesino" que ellos reclamaban, ni tampoco pretendían constituir nuevos comités revolucionarios desde los que constituir una Asamblea Constituyente, las consignas del POUM quedaban en el campo del exclusivo propagandismo político.

Después de la expulsión, toda la política del POUM con respecto al gobierno de la Generalitat tendría como eje, el reclamo para ser readmitido en su seno y para que se reconociera su importancia política en la correlación de fuerzas existente.

Desde esta perspectiva, sus consignas se reducirían a una reorganización del gobierno catalán en el que la CNT-FAI y el POUM continuarían teniendo la mayoritaria.

"Toda su política reposa sobre la necesidad de convencer a los dirigentes de la CNT, hasta ahora manipulados por los estalinistas y sus aliados, de que deben proteger al POUM, a fin de preservarse ellos mismos..." (867).

Incapaz de alejarse de un gobierno de la Generalitat cada vez más decididamente hostil a la obra revolucionaria de los comités, el POUM orbitaría políticamente a su alrededor, esperando que un giro radical del anarcosindicalismo pudiera desbloquear el camino. Sus reclamos para volver a formar parte del gobierno catalán lo debilitarían políticamente como alternativa revolucionaria.

"Pero ¿Cómo puede combatir a la república burguesa formando parte de su gobierno? ¿Cómo puede movilizar a los obreros contra el estado burgués mostrándose al mismo tiempo como <<apóstol>> de la justicia burguesa?" (187).

Efectivamente, la crisis en el gobierno de la Generalitat había estallado el día 12 de Diciembre. Joan Comorera, secretario del PSUC había pedido formalmente la expulsión del POUM, acusándolo de combatir las directrices del gobierno en el que había estado participando.

"Hay motivos fundamentales y vastamente demostrados de que este organismo ha sido desleal con el gobierno. Decretos aprobados por el gobierno de la Generalitat en el que tiene representación el POUM han estado públicamente combatidos por los oradores responsables de este grupo en los mitines y en su periódico" (869).

La petición del PSUC fue aceptada por Lluis Companys y por la ERC, pero chocó con la oposición inicial de los representantes anarcosindicalistas que no estaban dispuestos a que se excluyera al POUM del gobierno catalán. El rechazo de la exigencia de Comorera provocó una crisis del gabinete que se prolongó lo largo de cuatro días. Simultáneamente y como forma de presión contra los libertarios, los buques soviéticos suspendieron la entrega de un importante cargamento de armas (870). Finalmente, los representantes anarcosindicalistas acabaron cediendo a las presiones del PSUC y aceptaron que el POUM fuera excluido en la reorganización del gabinete.

Algunos historiadores han añadido a las presiones estalinistas, el hecho de que el POUM nunca había sido visto con simpatía por los líderes anarcosindicalistas, por sus continuas críticas y por los intentos de infiltración en los sindicatos de la CNT antes de la guerra (871). A pesar de que las condiciones de los libertarios, de retener para si las secretarías de Defensa y de Seguridad Interior fueron aceptadas, el desenlace de la crisis significaba un nuevo retroceso de su propia posición en el nuevo gabinete.

"De cualquier manera, lo que está claro es que la CNT-FAI aceptaron la marginación del POUM, con la ridícula excusa de la formación de un gobierno sindical, contribuyendo al inicio del aplastamiento de un aliado, crítico, pero aliado, frente a las tesis del PSUC y de la Esquerra" (872).

La CNT acogió las presiones del PSUC contra el POUM, como una disputa sectaria entre los dos partidos marxistas en la que no les correspondía intervenir. La interpretación que hacían los libertarios de los hechos se limitaba a explicar la agresión contra el poumismo, como un atentado contra el espíritu democrático, que había alentado hasta entonces el primer gabinete unitario de la Generalitat. Los representantes de la CNT, sintiéndose seguros de su propia fuerza, despreciaron la tesis de que la exclusión del POUM suponía un debilitamiento de su propia posición y un nuevo paso de sus adversarios (873).
De nuevo, los dirigentes de la CNT emprendían una huida hacia adelante. La defensa de la presencia del POUM en el gobierno catalán hubiera significado un serio enfrentamiento con el PSUC y con sus protectores soviéticos y habría puesto en peligro la inestable alianza gubernamental y también el suministro de armamento.

Enric Caminal ha hecho una interesante reflexión sobre las verdaderas consecuencias políticas que implicaba la actitud de la dirección anarcosindicalista.

"La exclusión del POUM tenía una pequeña importancia numérica pero una gran importancia cualitativa. La CNT-FAI, al aprobar la resolución de la crisis, tal como proponía el PSUC, no solo quedaba implicada en la separación de Andreu Nin del gobierno, sino que se corresponsabilizaba de la definitiva paralización o sometimiento de la revolución al objetivo de ganar la guerra" (874).

La CNT se limitó a exigir que ambos partidos fueran excluidos del nuevo gobierno de la Generalitat. El nuevo gabinete adoptaría un carácter sindical. Estaría conformado por una coalición de los tres sindicatos (CNT, UGT y UdR) y las organizaciones de la pequeña burguesía catalanista (ERC). La "salomónica" solución, sin embargo entrañaba una trampa, que no se le escapaba a nadie, y mucho menos a los dirigentes cenetistas: la UGT estaba totalmente controlada por el PSUC, que volvería al gobierno bajo las siglas de la central sindical.

"Esta filosofía sindical de la CNT de dar el máximo protagonismo a los sindicatos, no era, evidentemente, compartida por el PSUC. La función de gobernar corresponde a los partidos y no a los sindicatos. En cambio , el PSUC aceptó la falacia del gobierno <<sindical>> por motivos tácticos y como la manera más fácil de excluir al POUM con el visto bueno de la CNT..." (875).

Efectivamente, el 17 de Diciembre se formaba el nuevo Consejo de la Generalitat, formado tal como habían propuesto los dirigentes cenetistas. Aparentemente los beneficiados de la crisis eran la CNT y la UGT, sin embargo, el verdadero triunfador de la crisis era el PSUC, que mantenía y aumentaba su presencia por medio de la central sindical ugetista, y conseguía la práctica totalidad de los objetivos que había perseguido con el estallido de la crisis. A pesar de que las consellerías más importantes quedaban en manos de la CNT y de la ERC, era evidente que el PSUC se convertía -cada vez más- en el nuevo árbitro de la situación, frente a un anarcosindicalismo en retirada y una ERC dividida, que contaba con una fuerza más simbólica que real.

Las dos centrales sindicales conseguían una consellería más que en el gabinete anterior. La FAI entraba en el nuevo gabinete a través de dos de sus líderes más reconocidos: Diego Abad de Santillán y Pedro Herrera (sustituyendo a Antonio García Birlán y a Juan Fábregas), José Domènech cambiaba la consellería de Abastecimientos por la de Servicios Públicos, mientras que Francisco Isgleas entraba a dirigir la de Defensa. Los antiguos representantes del PSUC, Joan Comorera y Miquel Valdés, volvían ahora con el carnet de la UGT, incorporándoseles Rafael Vidiella. Joan Comorera dejaba la consellería de "Servicios Públicos" para pasar a dirigir la de "Abastecimientos", en manos de la CNT hasta entonces (José Doménech). La dirección del departamento pronto se convertiría en un importante instrumento político en su ofensiva contra el anarcosindicalismo en decadencia. Miquel Valdés mantuvo su puesto en la consellería de "Trabajo y Obras Públicas", mientras Rafael Vidiella entraba en la de "Justicia" (que había estado en manos de Andreu Nin, tan solo unos días antes).
La victoria política del PSUC fue convertida, por la mayor parte de la prensa libertaria, en un triunfo del concepto sindical que la CNT tenía de la revolución:

"Desde hoy, Catalunya cuenta con un gobierno sin partidos... Los partidos sin basamento sindical que participaban en el Consejo de la Generalitat, han sido apartados de tales funciones, pues no son ellos los llamados a dirigir la vida pública, sino los sindicatos, piedra angular de la nueva economía que nace..." (876).

Sin embargo, los acontecimientos posteriores pronto irían a demostrar la vacuidad de la proclamación. Eliminado el POUM del gobierno de la Generalitat, un PSUC más fuerte que nunca, se preparaba para proseguir su lucha contra un anarcosindicalismo, desorientado, exigiendo la disolución de los organismos revolucionarios que todavía perduraban y la concentración de toda la autoridad en el gobierno de la Generalitat.

"La reconducción de la revolución del 19 de Julio era ya un hecho irreversible con la formación de este nuevo gobierno. Solo había un interrogante determinante, como el de saber qué beligerancia iba a tener el POUM frente al Consejo de la Generalitat y, sobre todo, cual sería la actuación de la CNT y de la FAI a medida que el nuevo gobierno fuera desplegando más las cartas" (877).

Desde la Consellería de Abastecimientos, Joan Comorera inició una fuerte ofensiva contra la gestión anterior del cenetista Domènech, acusándolo (y por lo tanto haciendo extensiva la acusación a la CNT) de ser el causante de la grave penuria en la que se encontraba la economía catalana, en lo que respecta a los suministros de pan y harina (878).

Las colectivizaciones y los comités locales de abastecimientos también fueron acusados de incapacidad y de falta de rendimiento (879).

"Pero Comorera vió la oportunidad de dar un severo golpe a la política de nacionalización dentro de su propio ministerio. Era más fácil abolir la intervención del estado dentro de la esfera del comercio que dentro de la industria. Comorera abolió la intervención estatal en el aprovisionamiento de Barcelona". (880).

El 24 de Diciembre, Joan Comorera disolvía -mediante decretos- los Consejos Provinciales de Abastecimientos y los comités locales de abastecimientos (comités del pan). En el mismo decreto, se nombraba una serie de delegados comarcales y se traspasaban todas las funciones de los Comités a los nuevos Ayuntamientos. De esta manera se limitaba el poder y la influencia de la CNT en un tema tan vital como era el suministro de víveres, se impulsaba la creación de cooperativas de distribución y se eliminaba la política que había sido llevada a cabo por la anterior consellería, en lo que respecta al control de precios.

Con su nueva política, el PSUC pretendía marginar a la CNT en un área tan importante como era la de los abastecimientos, y consolidaba su papel como el partido defensor de la pequeña burguesía catalana. El PSUC se mostró partidario de aprovechar el creciente malestar del campesinado, que era obligado a vender sus productos por precios que consideraban inadecuados. Era necesario aprovechar los errores de los comités locales de abastecimientos para conseguir su disolución y sustitución por organismos de carácter gubernamental.

"Comorera, actuando a partir de principios de liberalismo abstracto que ningún gobierno había sostenido a todo lo largo de la guerra... no sustituyó los caóticos comités del pan por una organizada administración centralizada. Restauró simple y completamente, todo el comercio privado del pan. No existía en Enero en Barcelona ni siquiera un sistema de racionamiento. Los trabajadores eran dejados a la suerte de conseguir cada uno su propio pan, lo mejor que podían , a precios más altos y con salarios que, prácticamente, no habían variado desde Mayo. Ésto, en la práctica, quería decir que las mujeres tenían que hacer cola desde las cuatro de la mañana en adelante. El resentimiento de los distritos obreros era naturalmente agudo, tanto más cuanto que la escasez de pan se había acentuado desde la toma de posesión de Comorera" (881).

Para restablecer el libre comercio, Joan Comorera privatizó el comercio, que había estado colectivizado hasta el momento. El PSUC acusó a los comités de abastecimientos, aprovechando algunos excesos cometidos, de ser la causa de la penuria de víveres, al haber sustituido ineficazmente a los comerciantes y haber provocado con su acción la escalada inflacionaria del momento (882).

Los anarcosindicalistas, irritados por una política que amenazaba con desmantelar la economía colectivista, contraatacaron enérgicamente. El PSUC y su secretario Comorera fueron acusados de ser -con su política de privatizaciones- los verdaderos causantes de la escasez y de la aparición de las largas colas de amas de casa que se agolpaban en las panaderías.

La CNT respondió a las acusaciones argumentando que habían sido los comités de abastos, con su actividad, los que hasta el momento habían impedido los movimientos especuladores, que se habrían hecho a costa del poder adquisitivo de la población trabajadora.

Ambas organizaciones, anarcosindicalistas y socialistas unificados, se enzarzaron en una espiral de acusaciones mutuas. El PSUC, mediante su poderoso y eficaz aparato de propaganda, consiguió capitalizar el creciente descontento, organizando manifestaciones multitudinarias bajo la consigna de "Menos comités y más pan". De esta manera, criticando a los comités de abastecimiento y convirtiéndolos en los culpables de la carestía, el PSUC daba un nuevo y espectacular golpe contra los organismos revolucionarios que todavía restaban y arrinconaba a la CNT contra las cuerdas.
El 27 de Diciembre, la Consellería de Abastecimientos pedía la serenidad y la colaboración de todos los partidos y sindicatos para solucionar el problema de la escasez de víveres. La campaña política de descrédito contra los comités y contra la CNT, por medio de las acusaciones de incompetencia de la anterior gestión, ya había alcanzado los objetivos. Tres días después, el 30 de Diciembre, la Consellería firmaba un contrato con la URSS, por la cual ésta se comprometía a suministrar 35.000 toneladas de harina, trigo, azúcar, carbón y otros productos de primera necesidad.

"También se montó otra operación espectacular con la llegada del primer barco soviético, el Zirzayín, el 20 de Enero de 1937, que traía 901 toneladas de harina, 882 toneladas de azúcar y 568 toneladas de mantequilla. La llegada del navío soviético fue acompañada de una gigantesca operación publicitaria, para que el pueblo llano catalán comprendiese que mientras que los anarquistas traían, con su desorden y su desbarajuste, el hambre a las familias y destruían la economía, ellos, los rusos, eran los mejores amigos de los trabajadores españoles y les traían, generosamente, cañones de mantequilla" (883).

De un plumazo, el PSUC aparecía ante gran parte de la población como el partido salvador de la situación. Poco después, el 4 de Enero, Joan Comorera hacía nuevas declaraciones, en las que ahondaba en sus acusaciones sobre las causas que habían llevado a una situación tan crítica.

"...la ocupación de la mayoría de los trigales en manos de los facciosos, la falta de divisas y acaparamiento de trigo y harina por parte de los Comités" (884).

La oleada de protestas contra el decadente orden revolucionario encontró un escaso eco entre los dirigentes de la CNT-FAI y del POUM. Los dirigentes anarcosindicalistas desautorizaron a las Juventudes Libertarias cuando éstas acusaron al secretario del PSUC de traidor. El POUM exigió una nueva remodelación del gobierno de la Generalitat que le permitiera volver a formar parte de ella (885). La campaña del PSUC fue respondida desde las páginas de la prensa de estas organizaciones, pero no hubo ningún tipo de movilización encaminada a contrarrestar la campaña (886).

"... se acude ahora a la intensificación de esta campaña de infamias. Pero se realiza con la mayor maldad, tratando de excitar contra nosotros a las masas de mujeres exasperadas por la ineptitud, precisamente, del jefe del partido campeón de esta cruzada contra el POUM. Falta pan, y las mujeres se ven obligadas a hacer muchas horas cola, con los consiguientes trastornos y fatigas. La cosa es fácil. Se inventa que los responsables del hecho, son los adversarios políticos de los verdaderos responsables del hecho" (887).

Sin duda alguna, y si nos guiamos por la prensa libertaria o poumista, los comités de abastos cometieron numerosos errores y excesos que iban a ser aprovechados con eficacia por sus adversarios, para desprestigiarlos (888). Sin embargo, también es cierto que su actividad impidió el crecimiento desmesurado del mercado negro y la especulación en los precios de los víveres, durante los primeros meses de la contienda. Durante el período de su existencia, la población trabajadora no sufrió graves escaseces en el suministro de alimentos. Sí en cambio, se puede afirmar que la política liberalizadora de Joan Comorera, provocó la acaparación de toda clase de víveres por parte de los comerciantes y una fuerte presión inflacionaria. Si nos atenemos a la evolución del índice general de los precios desde el inicio de la guerra, podemos observar que el incremento entre los meses de Julio y de Diciembre, en los que existieron y actuaron los comités, el incremento máximo fue en el mes de Octubre con un 9.4%, mientras que durante los primeros meses de gestión de Joan Comorera y su política liberalizadora los índices fueron muy superiores (Diciembre 12,1%, Enero 17,4%, Febrero 15,1%) (889).

"En realidad, no sólo era el pan, todos los demás productos alimenticios, al volver al comercio privado, aumentaban inmediatamente de precio y escaseaban, para ir a engrosar el extraperlo" (890).

La superación de los errores de gestión de los comités de abastecimientos, sólo podía realizarse mediante una política centralizada. Sin embargo, la línea de Comorera pretendía, en nombre de los intereses de los pequeños propietarios, justo lo contrario, la liberalización de la economía, y por lo tanto la libertad de los comerciantes para acaparar los productos y especular con ellos, en nombre del beneficio privado. Una vez apartado el POUM del gobierno de la Generalitat y con una CNT-FAI a la defensiva, el PSUC y las organizaciones del Front d'Esquerres se lanzaron a una campaña que estaría destinada a consolidar el poder republicano reconstruido.

"...los anarquistas retardaban tanto como podían este proceso de recuperación del Orden Público por parte del poder en Catalunya, donde eran, todavía en este período, relativamente fuertes, a pesar de que los comunistas catalanes, de acuerdo con las fuerzas políticas liberal burguesas de la Generalitat, cada día iban tomando nuevas energías y nuevas posiciones" (891).

Bajo el pretexto de la necesidad de un gobierno fuerte que pudiera conseguir la victoria militar sobre el ejército franquista, se reforzaba el proceso de desarticulación del movimiento revolucionario, que se extendería a la economía colectivizada, a la defensa militar y al orden público.

El 12 de Enero, el gobierno de Tarradellas daba a conocer un nuevo paquete compuesto por 58 decretos. Las nuevas medidas aumentaban el intervencionismo y el control del gobierno catalán sobre la economía colectivizada.

El proceso de desmantelamiento también alcanzaba a los tribunales revolucionarios. Mientras éstos eran desmantelados, el antiguo cuerpo de magistrados era reincorporado a sus funciones judiciales (892).
A principios del mes de Febrero, el PSUC lanzaba una nueva ofensiva contra el control libertario sobre las industrias de guerra, provocando de nuevo la reacción anarcosindicalista y obligando al mismo presidente del gabinete, Tarradellas, a desautorizar a Comorera por sus ataques.

La disputa sobre quién debía controlar el sector de la industria de armamento era de extrema importancia, en un momento en el que se estaban llevando a cabo una serie de medidas que estaban destinadas a militarizar las milicias revolucionarias, a desarmar la retaguardia y a reforzar los cuerpos policiales gubernamentales, frente a las patrullas de control. Era cada vez más evidente que el enfrentamiento entre los partidarios de la Generalitat y los revolucionarios solo era cuestión de tiempo. En estas condiciones, el sector que controlase el armamento estaría en las mejores condiciones para solucionar a su favor el conflicto. El descubrimiento de la sustracción de una docena de carros de combate por parte del PSUC incrementó, todavía más, la tensión entre ambas partes.

"Estos fueron los hechos: los milicianos comunistas del cuartel Vorochilov de Barcelona se presentaron con una orden falsa de requisición en un almacén de material militar controlado por la CNT y consiguieron que les entregaran doce tanques. Aunque sus papeles estaban firmados por Eugenio Vallejo, ...algo en la actitud de los milicianos comunistas les pareció sospechoso a los guardias del almacén. Les siguieron y les vieron entrar en el cuartel Vorochilov. Tras informarse, descubrieron que Vallejo no había firmado nada. ¡un robo! la CNT acudió a la Generalitat. El primer consejero Tarradellas y Vallejo se presentaron en el cuartel Vorochilov que entretanto había sido cercado por las patrullas de control. Tras haberlo negado todo, el teniente coronel acabó confesando, pero declaró que no había hecho más que obedecer órdenes del Alto mando de la división Carlos Marx, de la que dependía" (893).

La prensa anarcosindicalista denunció los preparativos secretos que se estaban haciendo para poder aplastar definitivamente a los revolucionarios.

"Si no se substrajeron esos tanques para llevarlos al frente, ¿para qué se realizó operación tan brillante? Presumimos en esto un bosquejo de intento dictatorial contra el que, todos saben, nos alzaríamos inmediatamente" (894).

A principios del mes de Marzo se daban a conocer una serie de decretos que estaban destinados a liquidar las patrullas de control y la Junta de Seguridad Interior, y recuperar las armas que todavía restaban en poder de los revolucionarios (895).

Todo el paquete de nuevas medidas centralizaba las tareas de orden público en manos de la Dirección de Seguridad de Barcelona, que estaba dirigida por Eusebi Rodríguez Sala (PSUC) en la Comisaría General y por Josep Soler (ERC) como Inspector General de Servicios.

Simultáneamente y a medida que el nuevo gobierno conseguía consolidar su autoridad, se instauraba un sistema de censura de la prensa que, utilizando el pretexto de la guerra, golpearía a las organizaciones más izquierdistas. "La Batalla" sería suspendida por orden del Consell de la Generalitat durante cuatro días (896). Los decretos significaban el final de las patrullas de control y la formación de un cuerpo policial único al servicio de la Generalitat.

"La necesidad de un ordenamiento del Orden Público era evidente para todos, pero los anarquistas veían en este decreto un intento de desarmar su revolución. De otra manera creían, y puede ser no sin fundamento que, visto el estado pasional de aquel momento, sólo serviría para desarmar a los anarquistas y a sus aliados, los poumistas, y oir daría unos carnets de impunidad a los comunistas y a sus aliados que les hacían ya descaradamente el juego" (897).

El día 26 del mismo mes, estallaba una nueva crisis en la Generalitat. La CNT quería recuperar el terreno que había perdido y exigía que el gobierno autónomo catalán fuera un auténtico "gobierno sindical", tal como lo había reclamado durante la crisis de Diciembre. La CNT no podía aceptar los nuevos decretos sobre el Orden Público, que suponían una clara provocación contra ella y contra el movimiento revolucionario. Sin embargo, la situación había cambiado radicalmente desde entonces. La exclusión del POUM y la política que se había desarrollado durante aquellos meses había debilitado gravemente la posición de los anarcosindicalistas en el gobierno.

La crisis definió de nuevo los campos en conflicto. Mientras ERC y la Unió de Rabassaires se alineaban junto al PSUC y la UGT, el POUM, desde el exterior del gobierno apoyaba las demandas de los anarcosindicalistas. Mientras los primeros, cada vez más seguros de su fuerza y convencidos de que la CNT finalmente acabaría claudicando, se negaban a dar marcha atrás en sus planes, los dirigentes libertarios tenían que demostrar a sus propias bases que todavía controlaban la situación en el seno del gobierno y se mantenían intransigentes en sus reclamaciones. Josep Tarradellas fue de nuevo, el encargado de resolver la crisis que se había abierto y formar un nuevo gobierno.

El nuevo gabinete no presentaba ningún cambio importante con respecto al anterior. Mientras los republicanos nacionalistas controlaban las consellerías de Finanzas, Seguridad Interior y Cultura, los anarcosindicalistas conseguían Defensa, Industria, Comercio y Sanidad y la UGT (es decir, el PSUC), Trabajo, Abastecimientos y un lugar sin cartera, mientras que Agricultura continuaba en manos de la Unió de Rabassaires. Los ugetistas perdían la consellería de Justicia que desaparecía.

Sin embargo, las causas que habían provocado la disolución del gabinete anterior seguían sin solucionarse. A pesar de todo, la resolución de la crisis era considerada por los dirigentes anarcosindicalistas como un claro triunfo de sus exigencias.

La UGT catalana condicionó la aceptación del nuevo gabinete de gobierno a un compromiso definitivo entre todas las fuerzas que formaban parte de la Generalitat. El documento presentado por la central sindical ugetista, estaba constituido por cinco puntos. Se exigía, entre otras cosas, que el programa del nuevo gobierno no debería ser distinto del anterior y que todas las organizaciones integrantes del nuevo gabinete deberían comprometerse a llevar a cabo los decretos que se habían promulgado sobre los cuerpos policiales y sobre la militarización de las milicias. Se proponía en el tercer punto la creación de un Consejo Superior de guerra que estaría presidido por Companys y que contaría con la participación de todas las fuerzas del gobierno. Las reservas de armamento que se encontraban en poder de la Consellería de Defensa, quedarían en manos de la UGT. También se proponía una reestructuración de las nueve comisarías que existían en toda Catalunya y la creación de una Comisión de Industrias de Guerra.

La aceptación de la propuesta implicaba la liquidación definitiva de la revolución y la subordinación total del anarcosindicalismo al gobierno. Era evidente, que los representantes de la CNT no podían aceptarlo de ninguna manera (898).

Frente a la delicada situación, el Front d'Esquerres se dividiría en torno a dos tácticas diferentes. Mientras Josep Tarradellas se mostraba partidarios de hacer algunas concesiones a la CNT, a cambio de la resolución de la crisis, el secretario del PSUC, Joan Comorera, consideraba que ceder en aquellos no haría otra coas que reforzar a los adversarios, en un momento que era claramente favorable para la consecución de sus objetivos. A pesar de que políticamente, Josep Tarradellas, estaba cerca de las posiciones defendidas por el PSUC, el dirigente de la ERC necesitaba del anarcosindicalismo para contrarrestar la creciente influencia de éste. El enfrentamiento convertía la crisis política en irresoluble.

El 3 de Abril, Tarradellas reconocía el fracaso de las negociaciones para formar el nuevo gobierno. Al día siguiente se constituiría un gabinete que constituía una solución provisional a la crisis. Josep Tarradellas dirigiría Finanzas y Cultura; Artemi Aiguader se mantendría en Seguridad Interior; Isgleas estaría al mando del departamento de Defensa; Doménech en Economía, Servicios Públicos, Sanidad y Asistencia Social; Comorera se encargaría de Justicia, Trabajo y Obras Públicas; y finalmente Calvet presidiría Agricultura y Abastos. A pesar de todo, la crisis continuaba abierta.

Otra de las causas de la crisis entre la CNT y el PSUC fueron los ataques lanzados por este último contra la gestión de Isgleas en la Consellería de Defensa y la inmovilidad del frente aragonés. El día 8, el PSUC daba a conocer su nuevo "Plan para la victoria", en que reclamaba de nuevo, un gobierno fuerte que tuviera capacidad para alcanzar la victoria sobre el ejército franquista y proponía la inmediata militarización de las milicias revolucionarias.
"Todo el problema radica en estos momentos en la cuestión del gobierno, en la cuestión del Poder. Sin Poder no puede haber ejército. Sin Poder no puede haber Industria de guerra. Sin poder no pueden organizarse las fuerzas morales y materiales del país para la guerra. Sin Poder no puede haber Victoria. Esta es la gran debilidad que hace que, a pesar de su potencia, Catalunya permanezca impotente" (899).

El Plan para la Victoria propuesto por el PSUC era el comienzo de una nueva ofensiva contra la resistencia que todavía oponía la CNT. Por primera vez, el PSUC se sentía lo bastante fuerte como para desafiar a los dirigentes de la CNT y abandonaba la idea de la unidad con el anarcosindicalismo.

"La correlación de fuerzas era ligeramente favorable al PSUC y a la UGT, no por su fuerza relativa que ya era importante, sino porque contaban con la mayor aproximación ideológica de ERC y de UR. No era imaginable, en Abril de 1937, un Gobierno formado por la CNT, ERC y UR con la exclusión de la UGT, Las cosa habían cambiado mucho en relación con los meses anteriores. ¿Pero quién se atrevía a proponer la exclusión de la CNT? Comorera lo había insinuado, pero él mismo no se atrevía a plantearlo abiertamente. Gobernar sin la CNT todavía hacía miedo. Se continuaba pensando que era mejor tenerla implicada en el gobierno" (900).

Sin embargo, la valoración que hace Miquel Caminal, siendo cierta, se refiere principalmente al marco institucional. La correlación de fuerzas, efectivamente, estaba cambiando rápidamente, con una CNT en retirada y un PSUC en ascenso. Sin embargo la superioridad de este último sólo residía en el plano ideológico, mientras la CNT vacilaba, el PSUC tomaba la iniciativa y estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias.

A nivel de la calle y de las fábricas, la supuesta superioridad del PSUC y del Front d'Esquerres desaparecía por completo, como pronto iba a poder verse, pocas semanas después.

Finalmente, el día 26 de Abril, se hacía público un nuevo gabinete. Los nacionalistas de ERC continuarían dirigiendo Finanzas (Tarradellas), Seguridad Interior (Aiguader) y Cultura (Sbert). La CNT controlaría las consellerías de Defensa (Isgleas), Servicios Públicos (Doménech), Economía (Capdevila), Sanidad (Abad de santillán) y Asistencia Social (Herrera). Mientras que la UGT continuaría con Justicia (Comorera), Abastos (Miret) , Trabajo y Obras Públicas (Vidiella). La Unió de Rabassaires mantenía Agricultura.

Con el nuevo gabinete se formaba también un Consejo Superior de Guerra y una Comisión de Industrias de Guerra, integrados por todas las fuerzas políticas y sindicales (salvo el POUM). Los decretos sobre el Orden Público quedaban en suspenso. Sin embargo, la crisis se había resuelto con un nuevo fracaso de la CNT, que se reintegraba en el nuevo gobierno sin conseguir sus principales reivindicaciones. La crisis, lejos de haberse solucionado, preparaba otras más graves.

Los sectores revolucionarios comprobaban como el restablecimiento de la autoridad de la Generalitat, en la que colaboraban los representantes de la CNT, iba acompañado de la liquidación progresiva de sus conquistas. De esta manera, el triunfo sobre el ejército franquista iría también acompañada de la derrota de la revolución y de la vuelta al régimen republicano.

El creciente colaboracionismo de los dirigentes de la CNT, desorientados y cada vez más aferrados a la participación en el gobierno "antifascista" como una tabla de salvación, aunque éste estuviera llevando a cabo una política que socabava las conquistas revolucionarias, provocó una fuerte corriente de descontentos. La pretensión de los dirigentes de intentar nadar entre dos aguas, no correspondía al estado de ánimo de importantes sectores del sindicato que tenían que soportar como les eran arrebatados, uno por uno, sus logros. Los organismos dirigentes del sindicato desarrollaban una política "centrista" que pretendía salvar, lo mejor posible, las conquistas de Julio, sin provocar por ello la ruptura del campo antifascista. La CNT tenía que jugar y apostar, cada vez más, por una política moderadora frente a sus propias bases. Romper el equilibrio, significaba volver a encontrarse ante la alternativa de la toma del poder, dilema que intentaban evitar a toda costa.

"En el interior del sindicato, se consumó un proceso de divergencia entre una capa dirigente burocrática, que se apropiaba cada vez más en exclusiva de la iniciativa, y unas masas ampliamente pasivas cuyos estallidos... habían de ser reprimidos por una oligarquía sindical, que entretanto había desarrollado sus propios intereses...".

"La <<base>> de la CNT dió muestras muy pronto de un fino sentido para los procesos de independización de los comités superiores; hacia el final del otoño de 1936, el descontento que hacía mella en las filas anarquistas, llegó incluso a traducirse en un intento de levantamiento contra la propia organización" (901).

En la prensa libertaria, podríamos encontrar numerosas muestras del creciente malestar entre importantes sectores de las bases. También y a raíz de este descontento, surgirían algunos grupos que intentarían contrarrestar y modificar una orientación, que ellos consideraban capituladora. "Los amigos de Durruti", colectivo surgido de los núcleos de combatientes que habían abandonado el frente, por su rechazo radical a la militarización de las milicias, tuvo un papel destacado entre las corrientes de la oposición. Este agrupamiento fue acusado de estar infiltrado por el POUM o por el pequeño grupo trotskista que acababa de constituirse. También hubo intentos de expulsar a los miembros del colectivo, de la CNT, pero fracasaron por el rechazo de la propia militancia a este tipo de medidas represivas (902). Sin embargo, en el seno de la CNT no llegaría a cristalizar ninguna corriente importante de oposición a la política de los organismos dirigentes, por lo que el malestar se iría traduciendo cada vez más en desmoralización, a medida que se hacía evidente el desmantelamiento de la revolución (903).
Joaquín Almendros, antiguo militante socialista afiliado al PSUC y uno de los responsables de la política militar del partido, nos ha dado algunos valiosos testimonios sobre esta creciente oposición, que aparecía en el seno del anarcosindicalismo.

"Abad de Santillán se mostró muy preocupado por un movimiento que se estaba produciendo en ciertos sectores de la CNT-FAI. Esa agitación se escapaba de la <<vigilancia>> de las respectivas direcciones...".

"...tenían colaboradores en la retaguardia... muchas fuerzas del frente habían adquirido el compromiso formal de sacar gente de las trincheras del sector de Barbastro y regresar a Barcelona. Según ello, era en esa ciudad donde se tenía que decidir la lucha" (904).

Mientras la política colaboracionista de los dirigentes y los avances de la restauración provocaban un creciente cisma en el interior de la CNT, el ala izquierda del POUM y las Juventudes Comunistas Ibéricas criticaban la política de su dirección, que había llevado a tan decepcionantes resultados.

A finales del mes de Enero de 1937, el Comité Central de las JCI daba a conocer un manifiesto en el que, bajo las siglas del partido, se exigía un giro radical hacia la izquierda y el abandono de las reclamaciones para la reincorporación del POUM al gobierno.

"Para salir de la situación actual, el POUM exige la disolución del Parlamento burgués del 16 de Febrero y la convocatoria de una Asamblea Constituyente elegida por los comités de obreros, campesinos y combatientes. El POUM exige también la formación de un gobierno obrero y campesino y el establecimiento de una vasta y profunda democracia obrera" (905).

El 15 de Marzo, las JCI publicaba una nueva declaración destinada a "la juventud combatiente obrera y campesina de todo el país". En la declaración política, se exigía entre otros puntos: la unidad de la guerra y de la revolución, la formación de un frente de las organizaciones revolucionarias, la movilización de la juventud y un ejército obrero que estuviera al servicio de la revolución (906).

Consecuencia de esta presión, la dirección y la prensa del partido se hicieron eco de ésta e iniciaron lo que parecía un cambio radical hacia la izquierda. A principios del mes de marzo, la dirección del POUM se hacía una importante autocrítica:

"No hay que buscar parangones de carácter histórico. Los culpables somos nosotros mismos, que teniendo la revolución en nuestras propias manos, nos asustamos ante la grandiosidad del momento, y que por temor a la metralla de los buques extranjeros cedimos en bandeja la revolución a los partidos que, indudablemente, habían de estrangularla..." (907).

Sin embargo, la concepción que el POUM tenía de la revolución no había cambiado. Cualquier paso que pudiera darse en ese sentido, tendría que contar inevitablemente con el apoyo de la dirección cenetista. Las reivindicaciones del POUM, limitadas al campo de la propaganda política, iban destinadas a los dirigentes anarcosindicalistas, para que corrigieran su actitud colaboracionista.

"Los obreros confederados se lanzaron a la lucha con admirable empuje, Su formidable instinto de clase los ha llevado a una enérgica y audaz acción revolucionaria. Pero su magnífico impulso ha quedado considerablemente neutralizado por las concepciones tradicionales del anarquismo sobre el poder... La rectificación de su inveterado apoliticismo les ha llevado a la participación en los organismos gubernamentales, es decir, a la colaboración con los partidos burgueses. Si llegasen con nosotros, a la conclusión de que la única salida de la situación en un gobierno obrero y campesino, la revolución estaría salvada...".

"...La correlación de fuerzas es tal que, el proletariado, en las circunstancias actuales, puede hacerse con el poder sin recurrir a la insurrección armada. Basta con que ponga en juego toda su fuerza organizada con la decisión inquebrantable de llevar la revolución hasta las últimas consecuencias" (908).

La combinación de consignas tan contradictorias, como "gobierno obrero y campesino" o "Asamblea Constituyente" revolucionaria, con la reclamación de su reincorporación al gobierno catalán sólo podía explicarse por la identificación que el POUM hacía de ambos conceptos. El gobierno obrero y campesino se reducía pues, a una Generalitat con mayoría CNT-FAI-POUM.

En una situación de franco retroceso del movimiento revolucionario y de creciente escisión de las filas anarcosindicalistas, en un momento en el que el gobierno de la Generalitat y sus aliados anunciaban nuevos decretos que restablecían la autoridad republicana, reforzaban sus efectivos y preparaban el golpe definitivo contra lo que quedaba de la revolución, el POUM sobrevaloraba y confiaba en el poder menguante de una dirección libertaria, cada vez más entrampada en su política de compromisos.

El 4 de Abril, el POUM daba a conocer una reelaboración de su programa: "13 condiciones para la victoria". El contenido del documento iba destinado a los dirigentes anarcosindicalistas. El POUM no intentaba capitalizar el malestar que existía entre las bases libertarias, sino reorientar el curso político que habían adoptado sus dirigentes.

La sobrevaloración que el POUM hacía del poder de la CNT hacía que sus dirigentes menospreciaran los avances de la contrarrevolución republicana. Como si la correlación de fuerzas apenas se hubiera modificado durante los nueve meses de guerra y revolución, el POUM continuaba confiando que todavía era posible la toma pacífica del poder por parte del proletariado revolucionario.
"Cuando Nin dice que hoy los obreros pueden apoderarse del poder por la vía pacífica está diciendo algo flagrantemente contradictorio a la verdad. Ya hoy, el poder se encuentra en manos de los altos mandos militares y de la burocracia, aliados con los estalinistas y los anarcorreformistas. Estos señores, en su lucha contra los obreros, se apoyan en la burguesía extranjera y en la burocracia soviética. En estas condiciones hablar de la conquista pacífica del poder, es abusar de uno mismo y abusar de la clase obrera".

"En el mismo discurso del 21 de Marzo, Nin dice que se quiere privar a los obreros de sus armas, recomendando no entregarlas. Ciertamente es un consejo juicioso. Pero cuando una clase intenta desarmar a otra, y cuando ésta, sobre todo si es el proletariado, se niega a entregar las armas, esto significa que la guerra civil está cerca..." (909).

El error de Andreu Nin y de los dirigentes del POUM al confiar en la toma pacífica del poder por los revolucionarios, estaba en que los adversarios de la revolución, los partidarios del gobierno de la República, ya no se encontraban desorganizados como en Julio. Sus filas se habían reforzado con importantes sectores de una pequeña burguesía, cada vez más hostil a la revolución, y no estaban dispuestos a devolver el terreno político recuperado. El enfrentamiento definitivo, una nueva guerra civil en el campo republicano, estaba a punto de producirse.

5.4 DEL GOBIERNO DE UNIDAD AL GOBIERNO NEGRIN.

La formación del primer gobierno de Largo Caballero en el que estaban integrados por primera vez, todos los partidos y sindicatos del Frente Popular, había sido un paso importante para la restauración de la República.

El gobierno de Giral, formado exclusivamente por personalidades republicanas, había demostrado su incapacidad para hacer valer su autoridad política frente a los sectores revolucionarios. El enorme prestigio del viejo dirigente socialista convertiría al nuevo gobierno de coalición, en un auténtico organismo de poder, capaz de intervenir en la evolución de los acontecimientos.

"Para Azaña y Prieto como para Stalin y sus representantes en España, la jefatura gubernamental de Caballero podía ser la garantía de que la revolución colaborara en su propia rectificación, en la restauración del Estado republicano democrático-burgués" (910).

Sin embargo, el paso era claramente insuficiente. Seguía existiendo un serio obstáculo que tenía que ser superado lo antes posible. Fuera del ámbito gubernamental y manteniendo una actitud de recelo ante las maniobras para restablecer su autoridad, existía el poderoso movimiento anarcosindicalista y otros grupos de menor implantación, como era el caso del POUM.

El anarcosindicalismo organizaba bajo sus banderas a gran parte de las milicias revolucionarias que combatían en todos los frentes. Sus militantes y afiliados controlaban extensas zonas del territorio republicano y, organizados en sus sindicatos y en sus comités revolucionarios, no reconocían la autoridad del gobierno. El problema se agravaba cuando se evidenciaba la creciente influencia que ejercían las bases de la CNT entre los sectores más radicalizados de la UGT y de los socialistas de izquierda. Numerosos militantes de estas organizaciones formaban parte, junto a los libertarios, de las colectivizaciones agrícolas e industriales que se extendían por todo el territorio de la República. De nada habían servido hasta el momento los llamamientos a la moderación que habían hecho los dirigentes del Frente Popular. Siendo patente la fuerza con la que contaba el anarcosindicalismo y la debilidad de las instituciones republicanas, los planes de restauración sólo podían venir de la mano de la colaboración de los dirigentes cenetistas. Sin la integración de estas fuerzas, o en el peor de los casos, sin su anulación política, cualquier intento serio para restaurar el orden republicano corría el peligro de fracasar.

Sin embargo, existían síntomas de que la actitud de los dirigentes de la CNT estaba cambiando rápidamente. La entrada de los libertarios catalanes en el gobierno de la Generalitat había sido una señal inequívoca. Sólo era cuestión de tiempo para que también se integraran en el gobierno central, sin necesidad de tener que dar a cambio grandes concesiones. La reclamación hecha por los cenetistas, para que se constituyera una Junta Nacional Revolucionaria, al estilo del desaparecido Comité de Milicias de Catalunya y que debería estar constituido por una alianza entre las centrales sindicales y los partidos republicanos, fue rechazada.

El 4 de Noviembre, la CNT aceptaba integrarse en el segundo gabinete de Largo Caballero. El POUM, débilmente implantado fuera de Catalunya, y vetado por el PCE, quedaba excluido del nuevo gobierno. Por primera vez, los planes para restaurar la autoridad del Estado republicano contaban con una coartada política perfecta. Todas las principales organizaciones obreras, los socialistas de izquierda y los anarcosindicalistas formaban parte del nuevo gobierno. La reconstrucción de las instituciones gubernamentales se arropaba detrás del prestigio político de dirigentes populares de la talla de Largo Caballero, Federica Montseny o Juan García Oliver, que para numerosos trabajadores simbolizaban la revolución que estaba en marcha. Las medidas que irían dirigidas al restablecimiento del viejo orden y a la liquidación de la revolución, podrían hacerse en nombre de esta última, sin poner en peligro el proceso. El aval político que conllevaba la colaboración de las principales organizaciones obreras, así lo constataba.

La prensa anarcosindicalista publicó la noticia de la integración, desdibujando el carácter del gobierno que acababa de formarse y presentándolo con una supuesta nueva naturaleza, que habría sido causada por la guerra y la revolución.

"El gobierno, en la hora actual, como instrumento regulador de los órganos del Estado, ha dejado de ser una fuerza de opresión contra la clase trabajadora, así como el Estado no representa ya el organismo que separa a la sociedad en clases. Y ambos dejarán de oprimir al pueblo con la intervención en ellos de elementos de la CNT. Las funciones del Estado quedarán reducidas, de acuerdo con las organizaciones obreras, a regularizar la marcha de la vida económica y social del país, y el gobierno no tendrá otra preocupación que la de dirigir la guerra y coordinar la obra revolucionaria en un gran plan general" (911).

Repentinamente, como por arte de magia, los dirigentes cenetistas declaraban que el Estado había dejado de ser un organismo de opresión de una clase sobre otra, tal como lo había caracterizado tradicionalmente el anarcosindicalismo, para convertirse en un organismo de naturaleza neutral.

El nuevo Estado se dedicaría a las tareas de organización de la guerra y de la revolución. Poco importaba que las organizaciones del Frente Popular, incluida su ala izquierda, el largocaballerismo, se mostraran públicamente partidarios de restablecer, con algunos retoques, el viejo orden republicano. La presencia de los ministros de la CNT constituía el elemento clave que cambiaba la naturaleza del Estado republicano y que aseguraba que éste no se desviaría de sus tareas revolucionarias. La optimista declaración de "Solidaridad Obrera" no podía ocultar la profunda inquietud que sentían importantes sectores del movimiento libertario.

"La entrada en el gobierno, el 4 de Noviembre, abrió una nueva brecha entre la dirección de la CNT y sus militantes, brecha que nunca se cerró...".
...
"La base de la CNT no compartía esta actitud de colaboracionismo pesimista; no estaban todavía defraudados de su revolución. Si los enemigos la asediaban, lo último que el movimiento podía hacer era dirigir, desde el gobierno, el desmantelamiento del sistema de milicias" (912).

Sin embargo, la debilidad de los sectores revolucionarios anarcosindicalistas era que carecían de una política alternativa al curso colaboracionista que habían adoptado sus dirigentes.

Mantenerse en la oposición sin tomar el poder, significaba tener que soportar la creciente presión de sus adversarios del Frente Popular. El historiador libertario José Peirats ha opinado que sólo una minoría de militantes protestó desde los primeros momentos, contra lo que constituía una flagrante traición a los principios del anarcosindicalismo. La mayoría de los afiliados, desorientados por la dinámica que iban adoptando los acontecimientos, aceptaron los hechos, "afectados de cierto fatalismo" (913).

En las filas del POUM, Juan Andrade, había comprendido la naturaleza política del primer gabinete de Largo Caballero y lo había catalogado como "el gobierno de la contrarrevolución".

Considerado como una crítica demasiado radical, el Comité Ejecutivo del partido le prohibió que siguiera escribiendo los editoriales de "La Batalla" (914). La crítica del POUM al primer gobierno de Largo Caballero era sin embargo, mucho más moderada, y se centraba en la correlación de fuerzas que existía en el seno del gabinete, considerándola desfasada por completo, con respecto a la situación revolucionaria existente.

"Según nuestras noticias se va a la constitución de un gobierno de Frente Popular, con la participación de Unión Republicana, de la Esquerra de Catalunya, del Partido Socialista e incluso del Partido Comunista. No cabe duda alguna que semejante gobierno marca un paso hacia adelante con respecto al gobierno simplemente republicano burgués de Giral; ¿pero está a la altura de las circunstancias?, ¿responde a la nueva situación creada por los acontecimientos?, de ninguna manera" (915).

Tan solo dos días después de formado el primer gabinete de gobierno, el periódico "La Batalla" lo había definido como una salida contrarrevolucionaria. El POUM había reclamado en sus editoriales, la formación de un gobierno revolucionario, que debería formarse a partir de la elección de representantes obreros, campesinos y milicianos (916).

La entrada a principios de Noviembre incondicional de la CNT en el segundo gabinete de Largo Caballero encontró al POUM completamente descolocado. El nuevo gobierno central fue definido como una alianza entre los representantes de la pequeña burguesía republicana con los partidos y las centrales sindicales obreras, pero que, a diferencia del Consell de la Generalitat de Catalunya, la influencia revolucionaria en el segundo caso era más intensa que en el primero, donde predominaban las tendencias pequeño burguesas (917). ¿Cuáles eran las diferencias existentes entre el gobierno catalán y el republicano central?, desde la óptica del poumismo, en el programa político, en la influencia que detentaban los representantes de la CNT y también en la incorporación del POUM.

"El gobierno de Valencia es un gobierno de formación social fundamentalmente igual al nuestro. Pero este gobierno padece de un defecto fundamental. El de ser un gobierno que no tiene programa. Así como el de Catalunya hizo público un programa, el gobierno de Valencia es un gobierno de guerra en el cual predomina la política del partido socialista y de los partidos pequeñoburgueses, y naturalmente el problema del poder se plantea en términos más agudos que en Catalunya" (918).

En lo que respecta a las diferencias que existían entre ambos gobiernos, el POUM sobrevaloraba la condición programática, menospreciando, en cambio, las instituciones en las que éstos estaban basados.

El programa político, asumido por el gobierno de la Generalitat, lo había sido por la necesidad de integrar a las organizaciones libertarias y poumistas en el nuevo gabinete.

En los meses posteriores y, a medida que los planes del PSUC y del Front d'Esquerres iban tomando forma, el programa defendido por el POUM quedaba desechado. El poumismo olvidaba que más importante que el programa político del gobierno, era la voluntad política de éste para hacerlo cumplir. El programa revolucionario sólo podía ser llevado a cabo, a partir de un gobierno que realmente hubiera estado apoyado en los organismos y en los sectores sociales que estaban interesados en que se cumpliera.

Tanto el gobierno autónomo catalán como el de Valencia, con o sin el programa revolucionario defendido por el POUM, coincidían en sus objetivos: arrinconar al movimiento revolucionario y restablecer de nuevo el orden republicano.

Tampoco era correcta la caracterización que el poumismo hacía de ambos gobiernos. Lo que estaba sucediendo no era ninguna alianza política entre la pequeña burguesía republicana y las organizaciones del movimiento obrero. Ambos gobiernos -a pesar de la inclusión de la CNT-FAI, y en el caso catalán también del POUM-, entraban en el ámbito del Frente Popular, es decir, una coalición de los partidos y sindicatos obreros con los representantes del republicanismo (es decir, con los defensores de una de las formas posibles de modernización del capitalismo español).

"La función de Azaña, de Companys, etc. está erróneamente caracterizada. Estos señores no son la pequeña burguesía. La verdadera pequeña burguesía, arruinada, desclasada, es el campesinado, los artesanos, los empleados. Azaña y sus semejantes son los explotadores políticos de la pequeña burguesía en provecho de la grande. Permanecen en el campo de las masas populares haciendo el papel de espantapájaros. Y los gorriones son los dirigentes socialistas, reformistas y ¡ay! poumistas" (919).

Efectivamente, desde el punto de vista del POUM, el Consell de la Generalitat era un gobierno débil e incapaz para imponer un orden de transición hacia un auténtico gobierno revolucionario (920). Sin embargo, el poumismo volvía a equivocarse. La caracterización política de la que hacemos referencia fue desarrollada en el Comité Central Ampliado del POUM en Barcelona, celebrado entre los días 12 y 16 de Diciembre. En las mismas fechas su representante en la Generalitat, su secretario Andreu Nin, era expulsado del gabinete. La debilidad de ambos gobiernos había desaparecido en el momento en el que los libertarios y los poumistas habían pasado a formar parte de ellos. Serían esos gobiernos "débiles", los que, en los meses posteriores, se encargarían de disolver los comités y la obra que había surgido de la revolución.

La línea política desarrollada por el gobierno autónomo catalán y por el de Valencia no apuntaba al socialismo, sino todo lo contrario, hacia la restauración de una República burguesa de corte parlamentario.

Apenas dos días después de que los representantes de la CNT entraran a formar parte del segundo gabinete de Largo Caballero, el gobierno en pleno abandonaba precipitadamente la capital madrileña, asediada y sometida a la amenaza de la entrada inminente de las tropas franquistas.

"En la primera reunión de Consejo de Ministros de su segundo gabinete, Largo Caballero planteó el problema de la evacuación de Madrid. Después del desastre de Talavera entendía el presidente del Consejo que era grave responsabilidad para la defensa de la República que el gobierno estuviera en lugar tan vulnerable" (921).

Los nuevos ministros anarcosindicalistas amenazaron con la dimisión si se abandonaba Madrid. Sólo el PCE apoyó públicamente la marcha, argumentando que el nuevo gobierno no podía ejercer su mandato, desde una ciudad que estaba sitiada y que podía caer en cualquier momento en manos del enemigo. Finalmente el gabinete aceptó abandonar la capital para desplazarse a Valencia, que pasaría a ser la nueva sede del gobierno republicano. El abandono de Madrid fue interpretado por la militancia de las organizaciones obreras, como una traición que fomentaba la desmoralización y el espíritu derrotista entre los defensores de la capital. Sin duda alguna, la caída de Madrid hubiera sido decisiva en el curso de la guerra, habría facilitado el reconocimiento diplomático del gobierno de Burgos y habría aislado todavía más a la República. En plena huida hacia Valencia, varios de los integrantes del nuevo gobierno fueron detenidos en la población de Tarancón, por las fuerzas milicianas de la CNT, que estaban comandadas por Cipriano Mera, que pretendieron obligarles a regresar a Madrid.

"El incidente tragicómico de Tarancón no se explica solamente por la indisciplina notoria de los anarquistas: la actitud de los milicianos de la CNT correspondió a un estado de ánimo muy difundido en Madrid, donde, más que en otras partes, los obreros habían puesto su confianza en el gobierno y aceptado su disciplina. El 9 de Noviembre veían huir a sus expertos <<resignados>> a la derrota, mientras que no se había intentado siquiera una movilización en masa para la defensa a toda costa de la capital... A juicio de los militantes, socialistas, comunistas y anarquistas, la batalla no se había perdido todavía" (922).

En las tareas de defensa y administración de la capital, el gobierno delegó, el 6 de Noviembre, sus funciones, en una Junta de Defensa, que estaría presidida por el general Miaja, un militar con una carrera militar mediocre. Sin duda alguna, el derrotismo y la desmoralización empezaban a hacer mella en el gobierno y entre el funcionariado de la administración (923). La recién creada Junta de Defensa sería el organismo que debería negociar la rendición de la capital madrileña (924). El nuevo organismo quedaría integrado por dieciocho delegados que representarían a todas las organizaciones del Frente Popular y a la CNT. Vetado por el Partido Comunista, el POUM quedaría excluido de la junta.
"Cuando el gobierno se marchó, nos sentimos traicionados. La gente hablaba abiertamente por las calles diciendo que el enemigo estaba ya en Carabanchel. Todo el mundo esperaba que de un momento a otro tomase la ciudad. Pero no la tomaron. El clima empezó a cambiar..." (925).

Una vez que el gobierno central y los estados mayores de los partidos y sindicatos hubieron abandonado la capital, los comités revolucionarios volvieron a la escena política y recobraron la perdida vitalidad que habían tenido durante las primeras semanas de la guerra. Espontáneamente apareció, por toda la geografía de la ciudad, una multitud de comités de barrio, de calle e incluso de edificio, que se encargarían de velar por la vigilancia contra los simpatizantes de los sublevados (926).

Los partidos y sindicatos obreros transformaron la defensa de Madrid en una de las principales tareas de su política militar. La resistencia de la capital quedaba atada directamente a la capacidad militar de la revolución para sobrevivir contra sus enemigos. Las organizaciones reforzaron con nuevos contingentes armados las columnas de combatientes que defendían la capital. Los suministros y los asesores soviéticos empezaron a llegar sin dificultad y en grandes cantidades a Madrid. También durante el mes de noviembre las defensas serían reforzadas con la llegada de los primeros contingentes de las brigadas internacionales.

En la defensa de Madrid fueron utilizados todos los métodos revolucionarios que habían sido rechazados por el gobierno en otras zonas del frente. La población madrileña fue organizada y movilizada masívamente en las tareas de vigilancia y construcción de defensas de la ciudad. Aunque muchos de estos trabajos tenían un escaso valor defensivo, servirían para electrizar a la hasta hacía poco desmoralizada población madrileña (927).

Sin duda alguna, el clima creado con el arrebato popular fue una de las causas fundamentales que explican la defensa encarnizada que se hizo de la capital, el giro radical de la moral de los defensores y el fracaso de la ofensiva militar de las tropas franquistas. Finalmente el 22 de Noviembre, después de intensos combates y de fuertes pérdidas por ambos bandos, la ofensiva quedaría definitivamente detenida en los arrabales de Madrid.

La actividad revolucionaria de los comités sólo sería de nuevo interrumpida, unas semanas después, a finales del mes de Noviembre, cuando se hizo patente que Madrid no iba a caer de forma inminente en manos de los franquistas (928). A partir de ese momento, la política del gobierno se encaminaría a recuperar el control que había tenido de la ciudad, antes de abandonarla.

"La Junta, por decreto, retiró todas las atribuciones que había dejado en ese período decisivo a los comités populares y a los de las organizaciones" (929).

A medida que los comités revolucionarios volvían a desaparecer de la escena política, la Junta de Defensa de Madrid incrementaba su autoridad política sobre la capital (930).

Gracias a la fuerte influencia que el PCE ejercía sobre la Junta de Defensa (el general Miaja y otros miembros que ocupaban puestos claves en ella, eran miembros del partido) pudo extender su control sobre la ciudad.

Desde Valencia, el gobierno de Largo Caballero inició con la reciente y valiosa incorporación del anarcosindicalismo, los pasos necesarios para la consolidación de su autoridad política. Sin embargo, para ello primero era necesario dotarla de un brazo armado que fuera fiel a sus directrices y domesticar también al movimiento revolucionario:

"Efectivamente, realizó lo que Giral y Prieto no habían podido hacer antes que él: al rejuvenecer las instituciones del Estado mediante la legalización de algunas conquistas revolucionarias, la incorporación de los organismos y de los hombres del poder revolucionario, llegó a salvarlos y a realizar esta empresa dificilísima: la recuperación del control de todos los grupos armados por parte del Estado republicano, la creación de un ejército y de una policía, en una palabra, la instauración de un poder único y fuerte bajo la égida de la República y que, sin embargo, a juicio de la mayoría de los obreros revolucionarios, era su poder, el <<poder popular>>. Su hazaña consistió en haber liquidado el <<doble poder>>, dejando la impresión de que consagraba su victoria: la presencia, a su lado, de García Oliver y de Juan López que habían encarnado el poder revolucionario en Catalunya y en Levante, parecían garantizar el carácter revolucionario de sus intenciones" (931).

A pesar de su claro predominio, los socialistas de izquierda, sin un programa político que le permitiera encauzar la revolución y dirigirla hacia sus objetivos, perderían la iniciativa en manos de los sectores más decididos. A medida que las presiones del Partido Comunista, de los republicanos y del ala moderada del socialismo iban cobrando fuerza, la política del gobierno de Largo Caballero se amoldaba progresivamente a ellas.

"Reflejando la voluntad de las masas proletarias, se proponían preservar el contenido socialista de la revolución, pero no contaban ni con un programa, ni con una táctica para luchar eficazmente por él en la complejísima situación de la guerra civil. Pretendían asumir el papel rector dentro del bloque político obrero-republicano, y en la práctica iban a remolque del Partido Comunista en unas cuestiones, o del anarcosindicalismo en otras (932)".

Largo Caballero y los dirigentes del socialismo de izquierdas, a pesar de ser mayoritarios en el gobierno y de contar con inmensas simpatías entre los trabajadores fueron arrastrados por la coalición del ala derecha del Frente Popular (PCE-socialistas moderados-republicanos). Francia, Gran Bretaña y todo el mundo capitalista (democrático o no) no estaban dispuestos a tolerar que la economía de la República continuara expropiada y bajo el control de los trabajadores. Si los sectores izquierdistas no estaban dispuestos a proseguir con el proceso revolucionario, tendrían que amoldarse forzosamente a las presiones y colaborar en la reconstrucción del viejo orden republicano.

Durante el proceso de restauración de la autoridad del gobierno central, las diferentes Juntas territoriales que existían en la zona republicana se irían disolviendo progresivamente, para ser sustituidas por los organismos de la nueva administración republicana. El hecho de que en la mayor parte de éstas, los socialistas fueran mayoritarios facilitó las tareas de disolución, para un gobierno que estaba presidido por el líder con mayor prestigio del partido, y donde los representantes socialistas eran mayoritarios. El poder del gobierno republicano central sólo quedaría en entredicho en aquellos territorios donde el movimiento libertario seguía siendo hegemónico: Catalunya y Aragón.

En la región aragonesa, el vacío político causado por la sublevación militar y la reconquista de una parte de su territorio por las milicias revolucionarias catalanas, predominantemente anarcosindicalistas, permitió a los libertarios aragoneses plantearse la organización del nuevo orden revolucionario. La profundidad de la revolución en Catalunya influyó de forma decisiva, en la obra y en las perspectivas de la CNT aragonesa. El espacio cedido por las desaparecidas instituciones republicanas fue ocupado por una multitud de comités revolucionarios que organizaron la vida cotidiana de los territorios recién liberados. A finales del mes de Septiembre, una asamblea de delegados de los comités revolucionarios de la región, reunida en la población de Bujaraloz decidía la constitución de un organismo central que debería coordinar sus esfuerzos y poner fin a los excesos cometidos por las milicias catalanas. A mediados del mes de Octubre se reunía por primera vez el Consejo de Defensa de Aragón en la localidad de Fraga.

La nueva Junta territorial chocó con la hostilidad del gobierno de la Generalitat y de las organizaciones izquierdistas catalanas. La misma CNT consideró que la formación del Consejo de Defensa había sido un acto unilateral, que no había sido aprobado por la organización confederal (933). El POUM también criticó su constitución, al considerar que en las circunstancias del momento, la nueva Junta sólo podía suponer un obstáculo a la labor de las milicias y al funcionamiento de la economía (934). Dentro de la región aragonesa, la totalidad de las organizaciones del Frente Popular se mostraron contrarias al nuevo organismo de poder y abogaron por la reconstrucción de la administración republicana. En un clima de franca hostilidad y de aislamiento, el Consejo de Defensa de Aragón estaría formado, desde los primeros momentos, tan solo por representantes de la CNT, lo que le valdría las acusaciones de sus adversarios de "dictadura" y de "cantonalismo" (935).

"Los anarquistas aragoneses no tardaron pues en percatarse de los problemas planteados por su conducta desenvuelta. Se apercibieron de que para poder mantenerse les hacía falta conseguir a cualquier precio el consentimiento, incluso la aprobación de la Generalitat, de la Confederación y de las diversas formaciones políticas" (936).

Simultáneamente a la entrada de los anarcosindicalistas en el gobierno republicano central, y pocas semanas después de haberse integrado en el de la Generalitat de Catalunya, el Consejo de Defensa de Aragón intentó obtener su reconocimiento político, declarando su "absoluta identificación con el gobierno de la República" (937). Una negativa de Largo Caballero habría provocado una grave crisis política en el recién creado gabinete y habría puesto en peligro el proceso de integración del anarcosindicalismo. Era necesario pues, proceder con cautela y neutralizar los resabios revolucionarios de la junta aragonesa por otros medios, aprovechando la buena actitud que estaban demostrando sus miembros, presionados por el curso colaboracionista que había adoptado la CNT estatal.

"El presidente del gobierno, Largo Caballero, y el jefe del estado, Azaña, no se mostraron en desacuerdo con la idea de un gobierno regional, pero pidieron la inclusión en él de todas las organizaciones del Frente Popular. El Consejo de Aragón debía ejercer las funciones de los gobernadores civiles y de las diputaciones provinciales..." (938).

El Consejo de Defensa de Aragón acabó por convertirse, sin desearlo, en la principal promotora de la reconstrucción de las instituciones republicanas en la región. La Junta territorial sería reconocida oficialmente el 23 de Diciembre, con la oposición de los comunistas. El anarcosindicalista Joaquín Ascaso, presidente del Consejo, fue nombrado por Largo Caballero "gobernador general de Aragón". De esta forma, y mediante una hábil maniobra, el máximo representante de los revolucionarios aragoneses se convertía también en la máxima autoridad de la República en la región. La legitimación de la República entre los sectores revolucionarios había dado un paso decisivo.

La nueva Junta contaría con representantes de todas las organizaciones que formaban parte del gobierno central y que contaban con presencia en la región. Izquierda Republicana ocuparía los departamentos de Hacienda y Justicia; la UGT contaría con Cultura y Obras Públicas; el PCE dirigiría Sanidad e Industria y Comercio; mientras que otra organización que sin formar parte del gobierno, lo apoyaba, el Partido Sindicalista, tendría el cargo honorífico de Secretario General; la CNT seguiría dirigiendo los departamentos más importantes, Presidencia, Información y Propaganda, Orden Público, Agricultura, Trabajo, Transporte y Comunicaciones, y Economía, y Abastecimientos.

A pesar del predominio anarquista, la política del gobierno, encaminada a reconstruir la autoridad de las instituciones republicanas en la región estaba en marcha.
"Tras haber querido ser más revolucionarios, más radicales que nadie, los anarquistas aragoneses reconocían la autoridad del gobierno central, inclinaban la cabeza bajo el yugo del estado y se amoldaban a su marco" (939).

El Consejo de Defensa de Aragón fue disuelto el 19 de Agosto de 1937, por el sucesor de Largo Caballero en el gobierno, Juan Negrín, que representaría el triunfo definitivo de la contrarrevolución republicana sin paliativos. Una vez liquidado el movimiento revolucionario que había sustentado al Consejo de Defensa, ya nadie opondría resistencia a la entrada de las columnas armadas de Lister. Joaquín Ascaso sería finalmente depuesto y sustituido por el republicano y simpatizante del PCE, Mantecón, que ordenaría la inmediata disolución de las colectividades aragonesas y de los restos de los organismos revolucionarios.

La entrada de los anarcosindicalistas en el segundo gobierno de Largo Caballero conseguía que, salvo el minoritario POUM, todas las organizaciones antifascistas pertenecientes al Frente Popular o situadas a su izquierda, estuvieran integrados en él.

El proyecto del Frente Popular, para la reconstrucción del Estado republicano, iniciaba una dinámica que nadie estaba seriamente dispuesto a frenar. Los mismos libertarios, hostiles a cualquier forma de estado, ahora se mostraban dispuestos a colaborar en la reconstrucción de la República, a cambio de que las conquistas revolucionarias fueran respetadas. Los dirigentes de la CNT creían ingenuamente que podrían aprovechar la extraordinaria fuerza del movimiento libertario para conseguir una tregua con la contrarrevolución republicana, compromiso que tendría que mantenerse hasta que el peligro franquista estuviera definitivamente superado. Los cenetistas, obligados a escoger entre la defensa de las conquistas revolucionarias, dinámica que los colocaba continuamente ante la necesidad de tomar el poder, y una colaboración que los obligaba a ir cediendo a las presiones de sus aliados en aras de la unidad antifascista escogerían el segundo camino, con la esperanza de salvar lo máximo posible del naufragio en el que se encontraban.

Sin embargo, sería un error considerar que al Frente Popular como un bloque político homogéneo. En realidad, en su seno se escondían proyectos muy distintos e incompatibles entre si. Lo único que les unía era el convencimiento de que la revolución tenía que ser detenida a toda costa.

Los republicanos y el sector más moderado del Partido Socialista, los partidarios de Indalecio Prieto, consideraban que la revolución tenía que ser liquidada y la República restaurada. Era necesario continuar con el proyecto republicano de modernización del capitalismo español y para eso había que terminar cuanto antes con la guerra. Entre los republicanos de izquierda, el temor al movimiento revolucionario era mucho mayor que el que podían sentir hacia el ejército de Franco. Con los partidarios de la sublevación se podía negociar, con la revolución no. De hecho, durante toda la contienda, los contactos entre el sector moderado del Frente Popular y los militares sublevados fueron numerosos (940). Sin embargo todas las negociaciones fracasarían ante los dos grandes obstáculos: la intransigencia de los sublevados, que exigían la rendición inmediata y sin condiciones de la República, y un movimiento revolucionario que no estaba dispuesto a ser sacrificado en aras al entendimiento entre sus adversarios (941).

"Pero Azaña también sabía muy bien lo que quería, y desde luego no era ganar la guerra en condiciones tales que el Partido Comunista obtuviera la hegemonía y quedara despejado el camino hacia la dictadura del proletariado. Como demuestran con absoluta seguridad sus Memorias, su objetivo era la restauración de la república del 14 de Abril, y su táctica servirse en una primera fase del Partido Comunista como dique frente al caballerismo y el anarcosindicalismo, para luego en una segunda fase, reducir a la impotencia al Partido Comunista (aprovechando que la primera fase le había enfrentado con los núcleos mayoritarios del proletariado revolucionario). La línea de Prieto, y la del mismo Negrín, fue análoga" (942).

En estas condiciones tanto los partidarios de Prieto como los republicanos de izquierdas necesitaban someter la revolución y restaurar un poder republicano fuerte, desde el que poder negociar las condiciones de la paz, con Franco y los sublevados. Esto los convertía, aunque sólo fuera en la primera etapa, en firmes aliados del PCE-PSUC.

El Partido Comunista, fiel a las directrices ordenadas por la Komintern, defendía contra viento y marea, la caracterización democrático burguesa de la revolución española. Los dirigentes estalinistas tenía como objetivo principal de su política internacional, establecer una alianza con las grandes potencias capitalistas "democráticas", Francia y Gran Bretaña. La defensa de la naturaleza socialista de la revolución española habría significado un golpe mortal a la política de compromisos del Kremlin y desde la óptica estaliniana, habría aislado todavía más a la URSS frente a la creciente amenaza nazi-fascista (943).

Sin embargo también ésta cuestión era el eje de las diferencias que existían entre los republicanos burgueses, los socialistas moderados y los comunistas. La política del PCE-PSUC consistía en devolver la revolución española al redil republicano del que, desde su óptica, nunca debería haber salido. Pero también lo era, evitar cualquier compromiso posible entre la República y el ejército de Franco, que dejaría al PCE en la cuneta. Era necesario que la República alcanzara la victoria sobre los militares sublevados, y si esto no era posible, prolongar la resistencia hasta que estallase el inevitable conflicto internacional que se avecinaba.

Desde esta perspectiva, el Partido Comunista se situaba como el principal valedor de la tesis de que primero era necesario ganar la guerra, y de que sería la victoria la que abriría con posterioridad y en un futuro indeterminado, las puertas de la revolución socialista.

"Una vez ganada la guerra, se podría pasar a la etapa siguiente, hasta llegar a la dictadura del proletariado. Pero para ganar la guerra lo decisivo era conservar la alianza antifascista, tanto a escala nacional como internacional. Lo que exigía no proponerse de momento objetivos socialistas en España, corregir los <<excesos>> de la revolución, e incluso acentuar las concesiones a los republicanos burgueses y socialistas reformistas para ver si de esa manera Blum se resolvía a ayudar a la república española" (944).

El Partido Comunista, atado sólidamente a la política de la Komintern, y controlado por los hombres de confianza de ésta, se había convertido en una curiosa combinación de partido obrero conservador, que competía en su derechismo con los mismos republicanos y con los partidarios de Prieto. La combinación de la moderación política con el grado eficacia en su lucha contra los sectores revolucionarios convertiría al PCE, durante todo este período, en el polo de referencia para las clases medias del campo y de la ciudad. Entre los meses de Julio de 1936 y Marzo de 1937, el PCE pasó de los 30.000 a los 250.000 militantes, procedentes en su mayor parte de estos sectores sociales (945).

Sin embargo, el rumbo conservador del Partido Comunista, haría nacer el creciente descontento entre los sectores más radicalizados de sus propias filas. El malestar arraigaría en importantes sectores de las Juventudes Socialistas Unificadas, que se sentirían traicionados en sus ideales políticos. A finales del mes de Marzo, la organización juvenil asturiana, dirigida por su secretario general, Rafael Fernández, rompió con el PCE y con sus Juventudes, después de denunciar que su línea política tenía que ver con cualquier cosa, menos con el marxismo (946). Para atenuar las críticas, la caracterización "democrático burguesa" que se hacía de la revolución española, se transformó en palabras de José Diaz, en la lucha por una "República democrática y parlamentaria de un contenido social como no ha existido nunca" (947). En realidad, ambos conceptos políticos no se diferenciaban más que en la retórica utilizada, en este segundo caso, para acallar a los sectores descontentos.

En cualquier caso, el objetivo del Partido Comunista, simbolizado en la conocida frase: "Primero ganar la guerra, después ya haremos la revolución", no podía ser la revolución de los comités. Un Estado obrero en España no figuraba en los planes de la política internacional de los gobernantes del Kremlin. Por lo tanto, el carácter socialista de la revolución española estaba vedada para el PCE.

"... el objetivo número uno de la política soviética era consolidar la alianza militar con Francia y llegar a un entendimiento con Inglaterra. Pero ni la Francia burguesa de Blum, ni la Inglaterra conservadora de Chamberlain, podían admitir la victoria de la revolución proletaria en España. Contribuir a su victoria significaba para el gobierno soviético, ir a la ruptura con ambas potencias. La única posibilidad aparente de conciliar la <<ayuda a España>> con los citados objetivos de la política exterior soviética era que el proletariado hispano no fuera más allá de lo que en último extremo podía ser admisible para la burguesía francoinglesa. Y lo más que ésta podía aceptar es que en España existiese una república parlamentaria, democrática, antifascista, frentepopulista incluso, todo a la izquierda que se quiera, pero... ¡burguesa!" (948).

Un Partido Comunista incondicional y fuertemente controlado por los agentes de la Komintern (la correa de transmisión internacional de los intereses del estalinismo) sólo hubiera podido plantearse seriamente la salida revolucionaria, mediante la ruptura política con el Kremlin y con la III internacional. Con las condiciones que existían en el seno del PCE, esto era imposible.

"En líneas generales, puede decirse que el PC de España y el Partido Socialista Unificado de Catalunya desempeñaron, durante la guerra civil, el papel de simples comparsas de la Komintern y la NKVD. Las decisiones del PC español eran tomadas por el Buró Político, en cuyas sesiones estaban siempre presentes los agentes de Moscú: Codovila, Togliatti, Stepanov, Gueré, Marty y otros" (949).

Aparentemente, el largocaballerismo se encontraba en la cúspide del poder político. Tanto los sectores moderados del Frente Popular, como el mismo anarcosindicalismo se veían arrastrados por su prestigio y por sus iniciativas políticas, mientras que los socialistas de izquierda controlaban los principales ministerios en el gobierno. Sin embargo, la realidad era otra.

"Su tarea inmediata será la de levantar el prestigio de las instituciones republicanas y de infundir vida nueva al Estado, haciendo posible así llevar a cabo lo que los Gobiernos anteriores habían sido incapaces de hacer: militarizar las milicias, reorganizar los cuerpos armados, controlarlos desde el Gobierno y, a la vez, desarmar la retaguardia. No fue difícil encontrar la consigna: la necesidad de disciplina y de un mando único a manera de respuesta a los reveses de la guerra; ante todo, la necesidad de continuar la lucha y de ganar la guerra por sobre cualquier otra consideración" (950).

A lo largo de su trayectoria gubernamental, la corriente largocaballerista iría adaptando sus criterios a los sectores más activos del gobierno. La línea de la Izquierda Socialista zigzagueó entre las posiciones del anarcosindicalismo y las del PCE (951).

Sin embargo, en pleno proceso restaurador y frente a una CNT cada vez más confundida, sería el Partido Comunista, la organización que mejor conseguiría capitalizar la política del gobierno de Largo Caballero. Lo que aquí nos interesa destacar, en cualquier caso, es la rápida evolución que sufriría una Izquierda Socialista empapada de lo que algunos han caracterizado como "reformismo radical" (952).

El prestigio político de Largo Caballero entre los trabajadores, lo convertían en un compañero de viaje imprescindible para el ala derechista del Frente Popular. El viejo dirigente socialista había puesto todas sus esperanzas de victoria en conseguir la intervención armada de Francia y Gran Bretaña a favor de la República. Pero para ello era necesario demostrar antes a las potencias democráticas, que no iba a ser la revolución la que iba a capitalizar la ayuda. La Izquierda Socialista se volcó en la tarea de moderar y contener al movimiento revolucionario que los había llevado al gobierno. Pero los dirigentes caballeristas eran conscientes de que había sido su gran influencia en el movimiento revolucionario el que les había permitido desplazar a los republicanos y a los partidarios de Prieto de la cúspide del gobierno. Un proceso restaurador que llevara hasta sus últimas consecuencias, que consiguiera la liquidación del movimiento revolucionario, debilitaría seriamente las bases de su poder y permitiría a sus adversarios, los sectores moderados del Frente Popular, desplazarlos del gobierno.

"Largo Caballero, al ponerse a la cabeza del gobierno, había creído que su sola presencia lo garantizaría contra todo riesgo de evolución hacia la derecha y que, en todo caso, España seguiría siendo una <<república de trabajadores>>. Pero al hacer esto se había encerrado en un marco que ya no era el marco revolucionario. La política de Francia, de Inglaterra, de la URSS, que había elegido no desagradar para evitar el aislamiento del país, se convirtió en uno de los factores primordiales de su política interior, que determinaba inclusive la concepción de la política de la guerra" (953).

Largo Caballero y el resto de dirigentes de la Izquierda Socialista pretendían mantener el nuevo equilibrio del poder político, que les permitiría conservar su predominio en el gobierno. Pero para ello era necesario mantener la correlación entre las fuerzas que se situaban a su derecha e izquierda, hasta conseguir el triunfo sobre los sublevados.

Sin embargo, el inestable equilibrio se desplazaba irremediablemente hacia el sector que llevaba la iniciativa política y que tenía más claramente definidos sus objetivos.

"La autoridad de Largo Caballero sobre los obreros permitió realizarla con la apariencia de una transacción con la revolución. Pero el Estado restaurado manifestó cada vez más una tendencia a romper con la revolución y a combatirla... Y, en este camino, Largo Caballero habría de ser, en lo sucesivo, un obstáculo" (954).

Desde este punto de vista, el PCE había apoyado la política de Largo Caballero, en tanto en cuanto ésta favorecía sus expectativas. El prestigio del dirigente socialista y sus buenas relaciones con la CNT, permitirían desarrollar una política de reconstrucción del Estado republicano que le había estado vedado a cualquier otro gobierno. La militarización de las milicias, la constitución del comisariado, la reconstrucción de los aparatos policiales, el restablecimiento de los cuerpos de funcionarios de la antigua administración, fueron pasos fundamentales en la reconstrucción de la República que serían eficazmente aprovechados por el Partido Comunista para consolidar su creciente influencia.

"La reconstrucción del Estado español en 1937 obedece al juego combinado de diversos factores, pero su fuerza dinámica ha sido la acción del Partido Comunista" (955).

Durante todo este período, el PCE llevaría a cabo una eficaz campaña de infiltración en el reconstruido aparato del Estado republicano, que le permitiría influir de forma decisiva en el período posterior a la guerra y a la revolución. Los suministros procedentes de la URSS, las brigadas internacionales y su capacidad para organizar centralizada y disciplinadamente a las milicias, convirtieron al PCE en un poderoso polo de atracción para los militares profesionales, para los funcionarios de la nueva administración e incluso para numerosos cuadros socialistas que estaban cada vez más descontentos con la errática trayectoria de su partido. Sería en estos estamentos, donde su influencia política se extendería rápidamente.

"Domesticadas la CNT y la izquierda socialista, liquidados los comunistas <<heterodoxos>> del POUM, el PCE se convirtió en la fuerza hegemónica dentro del campo republicano. Sus orientaciones políticas pasaron a ser las del gobierno, es decir, su política de partido se convirtió en la política gubernamental sin necesidad de monopolizar formalmente el poder. Los demás partidos fueron cediendo en sus posiciones hasta llegar a convertirse en auxiliares de la política comunista. Pero este poderío no fue obra de una labor de convencimiento ideológico sino que estuvo basado en un fuerte soporte organizativo. El PCE edificó una fuerte infraestructura organizativa, penetrando y controlando los principales aparatos del estado" (956).

Efectivamente, la política del PCE se encaminó desde los primeros momentos, no sólo a participar en la reconstrucción del viejo aparato de Estado republicano, sino también a controlar los resortes más importantes de éste. Aprovechando el prestigio conseguido con la organización del Quinto Regimiento y la llegada de los suministros procedentes de la URSS, el Partido Comunista conseguiría reclutar a numerosos militares profesionales que se mantenían al servicio de la República y que odiaban la revolución desencadenada. Mandos poco sospechosos de simpatizar antes de la guerra con el PCE, como podía ser el general Miaja, jefe de la Junta de Defensa de Madrid, el general Pozas del ejército del Centro, o el comandante Hidalgo Cisneros, jefe de la Aviación, se integraron en sus filas (957).

"La fuerza militar puesta en pie por el PCE, la IC y la ayuda soviética estaba al servicio de dos objetivos políticos esenciales: resistir militarmente a los facciosos y asegurar que prevaleciese el tipo <<democrático burgués>> de república aceptable para los republicanos burgueses y supuestamente aceptable también para las <<democracias occidentales>>" (958).

La política de infiltración del PCE en el reconstruido aparato republicano provocaría los primeros roces y tensiones con Largo Caballero y con los dirigentes de la Izquierda Socialista. Los intentos de Stalin para influir en la política del gobierno chocarían con la hostilidad creciente de los largocaballeristas. El 21 de Diciembre de 1936, el primer ministro socialista recibía una carta que resumía las grandes líneas maestras de la política del Kremlin en España.

En el escrito, Stalin remarcaba las condiciones que desde su óptica iban a ser fundamentales para la victoria militar. Desarrollar una política moderada para lograr el apoyo de los pequeños y medianos propietarios del campo, y de las clases medias urbanas temerosos de las confiscaciones revolucionarias. Atraer a los políticos republicanos que habían sido desplazados por la revolución, mediante una política de Frente Popular. Y una declaración del gobierno en defensa de las propiedades de los extranjeros en España. Toda esta línea de actuación tenía que llevarse a cabo en el seno de una República democrática y parlamentaria, que debía alejarse de la experiencia de la revolución de Octubre de 1917.

"La revolución española se abre caminos que, en muchos aspectos, difieren del camino recorrido por Rusia. Lo determinan así la diferencia de premisas de orden social, histórico y geográfico, las exigencias de la situación internacional, distintas de las que tuvo ante si la revolución rusa. Es muy posible que la vía parlamentaria resulte un procedimiento de desarrollo revolucionario más eficaz en España de la que fue en Rusia" (959).

La respuesta de Largo Caballero no dejó ninguna duda a los dirigentes del Kremlin de cual era la postura del líder socialista. Pese a todo, éste no estaba dispuesto a reconducir la situación revolucionaria al orden de cosas que existía antes de que estallara la guerra civil.

"Tienen ustedes razón al señalar que existen diferencias sensibles entre el desarrollo que siguió la revolución rusa y el que sigue la nuestra... Pero, contestando a su alusión, conviene señalar que, cualquiera que sea la suerte que lo por venir reserve a la institución parlamentaria, ésta no goza entre nosotros, ni aún entre los republicanos, de defensores entusiastas" (960).

Posteriormente Stalin envió una segunda carta al primer ministro socialista, proponiendo la unificación de los dos partidos. La invitación fue rechazada tajantemente por Largo Caballero que no estaba dispuesto a que se repitiera la experiencia, que había privado al Partido Socialista de su organización juvenil.

"A pesar de que entonces los comunistas habían simpatizado secretamente más con la moderación de Indalecio Prieto que con el revolucionarismo de Largo Caballero, sabían que la facción centrista del Partido Socialista representaba sólo un sector reducido del movimiento socialista y que les sería ventajoso asociarse con el ala izquierda. Pero la hostilidad que fue acumulando Largo Caballero hacia ellos en los primeros meses de estallar la guerra civil pronto les obligó a volverse a la facción centrista" (961).

El Partido Comunista se volcaría en la tarea de atraer hacia sus filas a la derecha socialista, aprovechando su prestigio político y el hecho de que formaran un bloque político en el seno del gobierno, frente a los caballeristas y los libertarios.

Resultaba evidente que comunistas y socialistas moderados, pese a las diferencias que pudieran existir entre ellos, se necesitaban mutuamente frente a las reticencias de Largo Caballero.

"En el Partido socialista se contempló una inversión de las alianzas. En el momento en el que los amigos de Largo Caballero se alejaban de los comunistas, los de Prieto se acercaban a ellos. El ejecutivo, que dirigían González Peña y Lamoneda, se convirtió en campeón de la unidad, firmó en Febrero un acuerdo para la generalización, en todos los niveles, de comités de enlace que habrían de hacer de los dos partidos obreros un solo bloque en el interior del Frente Popular. Prieto en esa época, fue más lejos todavía y se declaró en favor de la fusión inmediata con el Partido comunista" (962).

La persecución de los comisarios políticos del Ejército Popular que habían sido nombrados sin su consentimiento y que eran proclives a la línea del PCE (963); su hostilidad a la idea de la unificación socialista-comunista; y sus enfrentamientos con la política económica que defendían los ministros comunistas, convertían a Largo Caballero, cada vez más, en un obstáculo que debía ser apartado. Sin embargo, el apoyo popular con el que contaba el líder socialista impedía cualquier intento de destitución inmediata. Primero había que debilitar sus posiciones, y para ello era necesario vencer las resistencias del todavía poderoso movimiento anarcosindicalista, que pese a su claro retroceso, seguía contando con una fuerza importante, especialmente en Catalunya y Aragón.

La CNT se había convertido en una firme aliada de Largo Caballero en el seno del gobierno, frente al bloque de republicanos, prietistas y comunistas.

A finales del mes de Marzo, el anarcosindicalista Melchor Rodríguez, delegado de prisiones, denunció la proliferación de una red de "checas" del PCE en Madrid. José Cazorla, uno de los consejeros del Orden Público y militante comunista, nombrado por la Junta de Defensa, fue acusado de ser el responsable de las cárceles clandestinas. A raíz de este escándalo político, la Junta fue obligada a aceptar la dimisión de Cazorla. Unos días después, el 23 de Abril, también era disuelta la Junta, para ser sustituída por un Consejo Municipal.

"La lucha entre estos partidos producida por la pérdida de Málaga se extendió por su prensa a las otras provincias. Caballero aprovechó el momento de gran efervescencia en Madrid para disolver la Junta de Defensa y restablecer la municipalidad para la que designó a representantes de todos los partidos" (964).

Largo Caballero asestaría un nuevo golpe a la influencia del Partido Comunista con la destitución del gobernador de Murcia y de algunos comisarios políticos de la zona, por sus actividades represivas contra militantes socialistas de izquierda y libertarios (965).

La política del PCE se encaminó a debilitar la posición del máximo líder de la Izquierda Socialista, aislándolo de sus partidarios en los principales puestos del gobierno. Un eficaz trabajo de reclutamiento permitió que algunos cuadros socialistas, tradicionalmente cercanos a Largo Caballero, como Alvarez del Vayo o García Maroto... pasaran a formar parte del bloque dirigido por el Partido Comunista. También aumentaron las presiones y las maniobras encaminadas a conseguir la destitución de los elementos caballeristas más recalcitrantes del gobierno.

"La gran batalla se libró en torno del general Asensio, uno de los militares más eficientes de la República, pero nada grato a los comunistas porque ni en los frentes, cuando tuvo mando, ni en el Ministerio de Guerra, durante el tiempo que fue subsecretario, les permitía que hicieran proselitismo de partido. Le acusaban de deslealtad a la República, y como Largo Caballero les pidiera alguna prueba o por lo menos algún indicio de su traición y ellos no pudieron aportar ninguno, se negó a destituirle. Al fin lograron encarcelarle por la pérdida de Málaga..." (966).

Efectivamente, la caída de Málaga, producida el 8 de Febrero de 1937, sería la señal de la ofensiva contra el hombre de confianza de Largo Caballero. La ciudad, sin suministros de armas ni tropas de refuerzo, sin el apoyo de la flota republicana que se encontraba fondeada en Cartagena, cayó en manos de las fuerzas italianas. Si nos atenemos al testimonio ofrecido por el comandante Martín Blazquez, Málaga cayó porque el gobierno carecía de los suministros militares que eran imprescindibles para reforzar la defensa (967).

Independientemente de las verdaderas causas de la caída de la ciudad, el desastre iba a ser instrumentalizado políticamente, el general Asensio fue convertido por la prensa del PCE y por el ala derecha del Frente Popular, en el responsable. Finalmente, las presiones en el seno del gabinete consiguieron el objetivo: Asensio sería destituído el 21 de Febrero, siendo sustituido por Carlos Baraibar, otro de los hombres de confianza del primer ministro socialista. Largo Caballero acompañó la caída de su hombre de confianza con el traslado al frente, de tres de los principales miembros del Partido Comunista en el Ministerio de la Guerra (968). Era el mensaje que el líder socialista enviaba a sus adversarios: iba a responder, golpe por golpe.

Sin embargo, con la caída del general Asensio, el prestigio de Largo Caballero había quedado tocado políticamente. La prensa del Partido Comunista lo convertía en el principal responsable de los reveses militares que se estaban produciendo en los frentes de batalla. La ofensiva planeada por Caballero y por Asensio en Extremadura, que pretendía aprovechar la debilidad de los franquistas para partir por la mitad su territorio, no pudo ser llevada a cabo. El éxito de la operación militar habría causado un fuerte revés a los sublevados y aliviado la presión que sufría el frente del Norte. La oposición del general Miaja y de Prieto a que se debilitaran las defensas de Madrid, y la negativa de los consejeros rusos a facilitar una cobertura aérea adecuada a la misión, impidieron que pudiera ser llevada a cabo (969).

Sin embargo, el fracaso ponía al descubierto algo más: su autoridad política había quedado seriamente en entredicho. El fracaso de los acontecimientos revolucionarios, ocurridos a principios del mes de Mayo, en Barcelona, sería la gran oportunidad del Partido Comunista y de la derecha del Frente Popular, para dar el golpe definitivo a la revolución. La liquidación del movimiento revolucionario iba a arrastrar en su caída a los sectores más izquierdistas del gobierno: el anarcosindicalismo y el socialismo largocaballerista.

5.5 LAS JORNADAS DE MAYO EN BARCELONA. PUNTO Y FINAL DE LA REVOLUCIÓN.

A principios del mes de Abril, la situación de la economía en Catalunya y en el resto del territorio republicano empezaba a deteriorarse seriamente. La guerra y la ocupación por las tropas franquistas de extensas zonas agrícolas empezaba a causar estragos. Junto a la proliferación del mercado negro, crecía la inflación, el racionamiento y las interminables colas de las amas de casa en las panaderías y comercios. A mediados del mismo mes, una manifestación de amas de casa recorrió las calles de Barcelona exigiendo al gobierno de la Generalitat que intensificase la lucha contra el mercado negro y pidiendo que se estableciese un riguroso control sobre los precios de los víveres y de otros productos de primera necesidad.

El malestar de los trabajadores y de la población en general iba parejo al de los sectores más radicalizados de la CNT-FAI y del POUM que veían como la actitud colaboracionista de sus dirigentes, repercutía en un serio retroceso de las conquistas revolucionarias.

"Cuando marchamos al frente dejamos en manos de los compañeros la marcha victoriosa de la Revolución, desde el punto de vista anarquista. Pero en la estructuración de la misma se ha dado participación a partidos políticos que no sentían la revolución por tener que defender intereses de pequeños burgueses y a la UGT que comparada con nosotros tenía un reducido porcentaje en Cataluña y una muy escasa influencia en la vida económico-administrativa de la Revolución. Y claro está, al pactar con ellos perdimos la hegemonía de la Revolución y se han visto precisados a ir transigiendo día por día, con lo que se ha desfigurado la revolución con la merma de las conquistas revolucionarias alcanzadas en los primeros días" (970).

Pocos días después, era Camilo Berneri, desde las páginas de "Guerra di classe", en una carta dirigida a la ministra Federica Montseny, el que advertía de la situación límite a la que se estaba llegando.

"Es hora de darse cuenta de si los anarquistas estamos en el gobierno para hacer de vestales a un fuego, casi extinguido, o bien si están para servir de gorro frigio a politicastros que flirtean con el enemigo, o con las fuerzas de la restauración de la <<república de todas las clases>>...".

"El dilema: guerra o revolución ya no tiene sentido. El único dilema es éste: o la victoria sobre Franco gracias a la guerra revolucionaria, o la derrota".

"El problema para ti, y para los otros compañeros, es el de escoger entre el Versalles de Thiers o el París de la Comuna,..." (971).

Mientras tanto, en el campo catalán se multiplicaban los enfrentamientos entre los partidarios de las colectivizaciones y el campesinado individualista.

La cada vez más tensa situación se combinaba con el incremento de la tensión y de los choques en el seno del gobierno republicano central. Los bloques se definían cada vez más, en torno a Largo Caballero (CNT-FAI, UGT y socialistas radicales) y los comunistas (PCE, socialistas moderados y republicanos de izquierda).

En el seno del Consell de la Generalitat de Catalunya, la CNT perdía progresivamente la iniciativa en manos del PSUC. Sin embargo, el proceso de restauración seguía teniendo ante si, un poderoso obstáculo, el poderoso movimiento libertario catalán que continuaba armado y conservando la mayoría de sus conquistas. Cualquier paso decisivo implicaba correr el riesgo de que los sectores revolucionarios decidieran romper el consenso y se lanzaran a la ofensiva.

A mediados del mes de Abril, destacamentos de carabineros enviados por el ministro de Hacienda Negrín se enfrentaron a los libertarios por el control de la población de Puigcerdá y el resto de los puestos fronterizos con Francia. De nada sirvieron las gestiones mediadoras del Comité Regional de la CNT para atenuar la creciente tensión que existía entre ambos bandos armados (972).

El 25 de Abril, era asesinado en Molins de Rey, el dirigente ugetista, militante del PSUC y secretario de Rafael Vidiella, Roldán Cortada. El asesinato fue seguido de una fuerte campaña contra los "incontrolados" y la persistencia de armas en la retaguardia. En la misma prensa, el POUM y los sectores más radicalizados de la FAI fueron acusados de ser los responsables de la muerte (973). La CNT condenó el hecho y exigió que se iniciaran las investigaciones necesarias para demostrar que el asesinato no había sido responsabilidad de sus militantes (974).
El entierro de Roldán Cortada se convirtió en una gran manifestación en la que participaron grupos armados del PSUC y que iba dirigida claramente contra los sectores revolucionarios. El alarde de fuerza tampoco pasó desapercibido para el POUM y la CNT-FAI, que denunciaron en su prensa la amenaza que la manifestación llevaba implícita.

"Manifestaciones como la de ayer, en su alcance político, tienen por esencial finalidad, crear entre la pequeña burguesía reaccionaria y entre las capas más atrasadas de la clase obrera, un ambiente de progrom contra la vanguardia revolucionaria del proletariado catalán: CNT, FAI y POUM..." (975).

El día 26, las fuerzas policiales de la Generalitat, entraban en Molins de Llobregat (la actual población de Molins de Rey) y a raíz de las investigaciones, efectuaban numerosos arrestos entre los anarcosindicalistas de la localidad, entre ellos el consejero municipal de Hospitalet de Llobregat, Luis Cano. Pocos días después, las detenciones quedaron desautorizadas por el juez de la Audiencia de Barcelona por falta de pruebas (976). El mismo día, el ambiente tenso existente en Puigcerdá desembocaba en un sangriento enfrentamiento entre los carabineros y los destacamentos fronterizos de la CNT. Entre las víctimas se encontró al dirigente anarcosindicalista local y alcalde de la población, Antonio Martín.

El día 27, el Consell de la Generalitat lanzaba un ultimátum a los revolucionarios para que en el plazo de 48 horas, procedieran a desarmarse en la retaguardia y disolvieran los grupos armados que no pertenecieran a las fuerzas policiales. Durante varios días, revolucionarios y partidarios del gobierno procederían a desarmarse mutuamente por las calles (977). Se adivinaba en el ambiente que algo estaba a punto de ocurrir y que cualquier chispa podía hacer estallar el barril de pólvora en el que se había convertido la situación.

"Si los camaradas de la CNT analizan seriamente la relación de fuerzas que existe en el campo obrero y de la pequeña burguesía, llegarían a la conclusión simple de que ha cambiado bastante en comparación con los primeros meses de la revolución. En torno al PSUC se agrupa, ni más ni menos, que toda la contrarrevolución. Contrarrevolución que se ha fijado como principal objetivo exterminar a la CNT-FAI y al POUM..." (978).

El 1 de Mayo, el gobierno autónomo catalán prohibió cualquier acto o manifestación de celebración de la jornada, en previsión de que pudieran producirse brotes de violencia entre ambos bandos. La prensa de la CNT y del POUM denunciaron la peligrosa situación que habían provocado las últimas maniobras policiales, ordenadas por el gobierno, para hacerse con el control de la situación.
"La garantía de la revolución es el proletariado en armas. Intentar desarmar al pueblo es colocarse al otro lado de la barricada. Por muy consejero o comisario que sea no se puede dictar orden de desarme contra los trabajadores que luchan contra el fascismo, con más generosidad y heroísmo que todos los políticos de la retaguardia, cuya especialidad e impotencia nadie ignora. Trabajadores ¡que nadie se deje desarmar por ningún concepto! ¡esta es nuestra consigna! ¡qué nadie se deje desarmar!" (979).

El lunes 3 de Mayo, a las tres menos cuarto de la tarde, una columna de camiones de los guardias de Asalto atacaban, bajo las órdenes del comisario de Orden Público de Barcelona, el edificio de la Telefónica situada en la Plaza Catalunya.

Desde las jornadas de Julio, la central de teléfonos había estado en manos de un comité sindical CNT-UGT con la presencia de representantes de la Generalitat (el control sindical no hacía otra cosa que obedecer al decreto sobre las colectivizaciones y el control obrero que había publicado la Generalitat).

Los guardias de Asalto consiguieron apoderarse de la planta baja del edificio pero no pudieron acceder a los restantes pisos, por la fuerte resistencia que presentaron los trabajadores que ocupaban las instalaciones.

Con esta operación, el gobierno de la Generalitat (con el desconocimiento de los representantes confederales) pretendía apoderarse de uno de los principales centros neurálgicos de Barcelona, para presentarlo después como un hecho consumado ante las protestas que la CNT pudiera hacer (980).

El control de la telefónica era uno de los centros estratégicos que permitía a sus ocupantes, controlar la situación en Barcelona. La operación policial sería llevada a cabo, no sólo en Barcelona, sino también en diversas localidades catalanas (Tortosa, Tarragona...). Posteriormente y ante las aclaraciones que pidió la CNT, el gobierno de la Generalitat y el consejero Artemi Aiguader declararon que no estaban al tanto de la operación policial (981).

Era evidente que el gobierno autónomo catalán, en una situación un tanto comprometida, pretendía escabullirse de la responsabilidad del fracaso de una operación que había hecho estallar de nuevo, la situación revolucionaria. Sin embargo, otras versiones más creíbles, revelan que la orden había partido de Lluís Companys y de los representantes del PSUC y del Front d'Esquerres en el gobierno, y también de Juan José Doménech de la CNT, que se limitó a advertir sobre las consecuencias que la ocupación podría acarrear (982).

Efectivamente, la fracasada operación policial iba a ser el acontecimiento que desataría los enfrentamientos, que desde hacía semanas, todo el mundo presentía (983).

La noticia del intento de asalto de la telefónica corrió como un reguero de pólvora por las fábricas colectivizadas, por los barrios obreros y por todo el extrarradio de Barcelona. Las fábricas quedaron paralizadas, mientras las sirenas alertaban a la población de lo que estaba sucediendo. Los comercios se cerraron inmediatamente, la circulación se paralizó por completo, mientras la población se precipitaba hacia sus casas, para evitar verse envuelta en los combates. Apenas una hora después del intento de ocupación de la telefónica, empezaban los primeros enfrentamientos entre los guardias de Asalto, las Patrullas de Control y los comités de barriada de la CNT por las calles de Barcelona.

"Se levantaron por doquier las no menos tradicionales barricadas; y la lucha, tanto o más implacable que el 19 de Julio, quedó planteada por el dominio de la calle" (984).

Por toda la ciudad empezaron a aparecer barricadas de las diferentes organizaciones combatientes, agrupadas en los dos bandos. El británico George Orwell, protagonista de los sucesos, hizo una descripción detallada del ambiente y de la participación popular en la construcción de las barricadas barcelonesas.

"Las calles de Barcelona están empedradas con unos adoquines cuadrados con los que es fácil levantar un muro, y debajo de los adoquines hay una especie de arenilla que se presta muy bien para llenar sacos terreros. La construcción de aquellas barricadas fue un espectáculo insólito y prodigioso... Con esa apasionada energía que los españoles despliegan cuando están firmemente decididos a emprender un trabajo, largas filas de hombres, mujeres y niños aún muy pequeños, arrancaban los adoquines, los transportaban en una carretilla que habían encontrado por ahí, e iban de un lado a otro cargados con pesados sacos de arena" (985).

Junto a las fuerzas policiales de la Generalitat, se unieron los militantes del PSUC y los nacionalistas de ERC, ACR , UdR y de Estat Català, mientras que junto a las Patrullas de Control se agruparon los anarcosindicalistas y el POUM.

En la madrugada del día 3, los Comités Regionales de la CNT, FAI, JJ.LL. y el Comité Ejecutivo del POUM se reunieron para analizar los hechos que acababan de desencadenarse. En la reunión, los dirigentes del POUM intentaron convencer a los anarcosindicalistas de que el momento tenía que ser aprovechado para terminar de una vez por todas, con la amenaza de la contrarrevolución republicana (986). La propuesta sería rechazada por los libertarios que consideraron que había que apaciguar la situación y buscar un acuerdo entre ambas partes.

"La misma noche, una delegación del CE del POUM se entrevistó con el Comité Regional de la CNT, Nin subrayó la importancia de los acontecimientos y reclamó una acción común inmediata, era la hora del Frente Obrero Revolucionario. Los dirigentes de la CNT estaban muy contentos de que los trabajadores <<hubiesen enseñado los dientes>> y esperaban obtener de Companys, por la vía de la negociación, modificaciones importantes de la composición... del Consell de la Generalitat. Nin y sus compañeros salieron escandalizados de la miopía y del oportunismo de los dirigentes cenetistas" (987).

La mañana del día 4 de Mayo presentaba un panorama desolador para las fuerzas del gobierno. Salvo en pequeños reductos, la Generalitat sólo controlaba el triángulo del centro de la ciudad, algunos edificios oficiales y puntos aislados. Los cañones del castillo de Montjuich y del Tibidabo apuntaban hacia el edificio del gobierno de la Generalitat. Durante todo el resto del día, continuaron los sangrientos combates, Mientras, la situación continuaba confusa, sin acabar de decidirse por ninguno de los dos bandos.

Por la noche, el gobierno de la Generalitat en pleno se reunió para decidir su inmediata disolución y para iniciar las negociaciones que pusieran fin a los combates. El nuevo gabinete de emergencia, resultante de la crisis estaría compuesto por las organizaciones que habían integrado el anterior, Valeri Mas (CNT), Antoni Sesé (UGT), Martí Feced (ERC) y Joan Pous (UdR). Destacaba el hecho de que el nuevo gobierno estaría compuesto por miembros de segunda fila de las organizaciones integrantes, mientras que algunos dirigentes, como Comorera o Aiguader quedarían excluidos en aras a un entendimiento entre ambas partes.

Los representantes del Front d'Esquerres pusieron toda la carne en el asador en las negociaciones. Companys exigió como condición a priori, la retirada de las armas y de los combatientes revolucionarios de las calles de Barcelona, y se negó tajantemente a aceptar la destitución del comisario Rodríguez Sala y del Conseller Artemi Aiguader, tal como exigían los delegados de la CNT-FAI y del POUM.

"El Gobierno rehusó acceder a las exigencias de la CNT de que se retirase la policía, se destituyese a Rodríguez Salas y se obligase a dimitir al ministro Aiguadé, y se negó a seguir discutiendo mientras las calles no quedaran despejadas de trabajadores armados. Este fue sin duda un momento crítico para Companys y los políticos. Al ceder ante los trabajadores revolucionarios, implícitamente admitía que, cuando se llegaba al punto de medir las fuerzas, su poder se basaba en un mito y que los trabajadores armados eran tan fuertes y el Gobierno tan débil como el 19 de Julio. Esto significaba que todos esos meses de intriga, de malabarismos políticos y de maquinaciones podían ser desbaratados en un día. No le quedaba sino un solo camino al Gobierno: ninguna transacción con los trabajadores revolucionarios" (988).

Sin embargo, frente a los sangrientos acontecimientos, ambos bandos se encontraban divididos entre los partidarios de ir a por el todo, y los que buscaban una salida negociada. Mientras se daban las discusiones entre el POUM y los dirigentes de la CNT-FAI, en el seno de éstas se abrían profundas divisiones entre los partidarios y adversarios de la colaboración. En el Front d'Esquerres las posturas también se encontraban divididas entre los que se creían suficientemente fuertes para aplicar una salida militar a la crisis y los que consideraban que todavía había que aprovechar la colaboracionista de la dirección de la CNT; las fuerzas con las que ésta todavía contaba, aconsejaban prudencia (989).

Después de las conversaciones y sin llegar a ningún acuerdo, los más reconocidos dirigentes de ambos bandos lanzaron por radio, repetidos llamamientos para que se terminaran los combates y para que se volviera a la calma.

El dirigente ugetista y del PSUC, Rafael Vidiella invitaba a los combatientes a que aceptasen una tregua incondicional entre ambos bandos, hasta que se llegase a un acuerdo definitivo.

"Es indispensable que todos los trabajadores depongan su actitud. Es indispensable que depongan las armas, que se haga el alto el fuego. Que conserve cada cual sus posiciones, pero sin disparar un solo tiro. Nosotros tenemos la certeza de que encontraremos una solución definitiva esta misma noche. Trabajadores: nosotros tenemos fuerzas más que suficientes para vencer al fascismo nacional e internacional, pero con una actitud fratricida como la que se ha planteado no podemos llegar a la victoria definitiva. Hay que hacer el alto al fuego. Nosotros buscaremos esta solución hoy mismo. Catalanes, trabajadores, antifascistas todos: ¡viva la unidad proletaria! ¡viva la unidad antifascista para ganar la guerra! ¡viva la unidad de todos los trabajadores para vencer definitivamente al fascismo nacional e internacional! ¡viva Catalunya! ¡viva la República!" (990).

Por su parte, el anarcosindicalista Juan García Oliver, en aquellos momentos ministro de Justicia, que acababa de llegar de Valencia con una delegación gubernamental, pronunciaría un llamamiento (del que reproducimos un extracto) con la misma orientación: detener los choques armados entre ambas fracciones.

"... hoy tengo que hablaros aquí, camaradas, y tengo que hablaros aquí, amigos, porque pesa sobre nosotros la bíblica maldición de Caín y de Abel... ¿vosotros creéis compañeros, que entre la familia antifascista, que entre los hermanos antifascistas, puede repetirse aquel pasaje bíblico de Caín y matarse los unos a los otros? ¿Creéis y pensáis que esto es posible? ¿pero no veis lo que es España?".
...
"Pensad que hay necesidad de que cese el fuego. Por encima de todo, que cese el fuego. Consérvese cada cual, si así lo cree en sus respectivas posiciones, pero que cese el fuego, aunque quien esté interesado en que no se halle solución a ese conflicto os provoque, cesad el fuego".

"...sobre los anarquistas pesa una responsabilidad mayor: la responsabilidad de poner de vuestra parte todo cuanto sea humanamente posible para conseguir la unidad del proletariado, la unidad de los antifascistas. Que no tengan los anarquistas, que no tengan los socialistas, que no tengan los republicanos, que nadie de la familia proletaria tenga que contribuir a deshonrar a sus muertos, al ideal que ahora defendemos por necesidad, por convicción...".
...
"Y ahora siento por mí, bajo el peso de la responsabilidad que vivo y declaro que los guardias que hoy han muerto, para mi son hermanos: me inclino ante ellos y los beso. Los antifascistas que han muerto, los anarquistas que han muerto, para mí son hermanos: me inclino ante ellos y los beso. Los socialistas que han muerto, para mí son hermanos".

"Sí, después de decir esto, tengo que añadir: todos cuantos han muerto hoy son mis hermanos, me inclino ante ellos y los beso. Son víctimas de la lucha antifascista y los beso a todos por igual..." (991).

Sin embargo, a pesar de los repetidos llamamientos a evitar los enfrentamientos, como las negociaciones no habían llegado a ningún resultado concreto aquella noche, los combates continuarían durante todo el día siguiente.

La incredulidad con la que fueron acogidos los llamamientos a la calma que hacían Juan García Oliver y otros líderes cenetistas llegaría a crear la sospecha, entre los combatientes libertarios de que sus dirigentes habían sido detenidos y obligados a hacer aquellas declaraciones (992). Las fuerzas gubernamentales, aprovechando la confusión y el desconcierto que habían causado las declaraciones, conseguirían el mismo día, dos importantes victorias sobre los revolucionarios: la Estación de Francia cayó en manos de la guardia republicana y los trabajadores de La Telefónica, después de dos días de asedio, acabarían por rendirse a los guardias de Asalto. También los locales del periódico "La Batalla", desguarnecidos, serían incautados por las fuerzas policiales de la Generalitat. Sin embargo, y pese a ello, la situación continuaba sin decidirse por ninguno de los dos bandos. Aquella misma tarde, los combatientes anarcosindicalistas conseguirían la detención y el desarme de cuatrocientos guardias de Asalto en la Plaza España (993).

Mientras tanto, en el Frente de Aragón se sucedían las noticias sobre los sangrientos sucesos de Barcelona produciéndose una ola de temor y de intranquilidad. Las unidades de combatientes de la CNT (26 división) y del POUM (29 división), concentradas en la localidad de Barbastro, sugirieron la posibilidad de abandonar el frente para ir a defender Barcelona, idea rechazada por la Regional de la CNT por considerar que no era necesario (994).

La entrada en la escena de las columnas de combatientes habría debilitado la defensa del frente. Pero en realidad, el problema que se les presentaba a los dirigentes cenetistas, era más político que militar. La llegada de las fuerzas revolucionarias del frente habría decantado rápidamente la situación a favor de los revolucionarios en toda Catalunya, habría precipitado la ruptura definitiva y habría provocado una nueva guerra civil en la "zona republicana".
La posibilidad de que la revolución de los comités y la contrarrevolución republicana pudieran enfrentarse por el poder, había sido cuidadosamente evitada por los dirigentes libertarios desde el inicio de la contienda. Ahora tampoco iba a ser diferente.

"...la inmensa mayoría de la población estaba con la CNT, y la mayor parte de las ciudades estaba con la CNT, y la mayor parte de las ciudades y aldeas estaba en manos de nuestras organizaciones. Habría sido fácil atacar el centro de la ciudad, si así lo hubiese resuelto el comité responsable. Bastaba con pedir el concurso de los comités de defensa de los distritos suburbanos. Pero el Comité Regional de la CNT se opuso a ello. Todo proyecto de ataque fue rechazado por unanimidad, hasta por la FAI" (995).

Las llamadas de los dirigentes libertarios para que los militantes de sus organizaciones abandonaran las barricadas provocó que los ánimos se exasperaran todavía más.

"Cuando éstos les ordenaron que abandonaran las barricadas ¡se negaron! Nunca dejarían las barricada, ni ese día, ni al otro, a pesar de todos los llamamientos de sus dirigentes. Sin embargo, esa decepcionante espera de consignas revolucionarias causó alguna vacilación, alguna incertidumbre, que los enemigos aprovecharon para tomar la Estación y la Telefónica..." (996).

El mismo Juan García Oliver reconoció que la persistencia de los combates callejeros, después de los repetidos llamamientos pacificadores de los dirigentes confederales, eran consecuencia de sentimiento anticolaboracionista de las bases de la CNT.

"Por otra parte, se producía un levantamiento contra aquellas capas viejas o anquilosadas del anarquismo y del sindicalismo que no supieron, o no quisieron aprovechar la victoria revolucionaria del 19 de Julio para marchar adelante y realizar el comunismo libertario, prometido hasta la saciedad en miles de discursos a lo ancho y largo del país" (997).

Por la tarde del día 5, los representantes de la CNT hicieron una nueva propuesta: un armisticio entre ambos bandos. La tregua, aunque aceptada de palabra tampoco sería respetada. La gran confusión existente, el hecho de que el alto el fuego no hubiera sido respetado por las fuerzas gubernamentales y los repetidos llamamientos a la calma de los dirigentes cenetistas empezaron a provocar un fuerte descontento en las barricadas.
El malestar de los combatientes, iría siendo capitalizado cada vez más, por las corrientes anticolaboracionistas de la CNT (998). El grupo de "Los Amigos de Durruti", desde las páginas de su periódico "El amigo del Pueblo", llamó a la formación de una nueva Junta Revolucionaria, en la que deberían integrarse todos los sectores revolucionarios, incluido POUM, que había estado junto a ellos en las barricadas; la disolución de los partidos que habían apoyado la contrarrevolución republicana (999). El pequeño grupo trotskista, los bolcheviques leninistas lanzó consignas que irían en el mismo sentido de llevar el movimiento insurreccional que acababa de estallar, hasta las últimas consecuencias (1000). El POUM, por otro lado, incapaz de tomar una actitud independiente con respecto al Comité Regional de la CNT tendría una actitud vacilante y defensiva (1001). La victoria en aquellos momentos dividiría al sector antifascista en dos bandos irreconciliables y sólo beneficiaría a los franquistas. Para finalizar los combates, el POUM exigió junto a los dirigentes de la CNT, la retirada de la policía, la anulación de los últimos decretos sobre el Orden Público y la dimisión del comisario Rodríguez Salas. El poumismo también defendería la formación de un Frente Obrero Revolucionario y la creación de Comités de Defensa de la Revolución (1002).

Sin embargo, las consignas de los dirigentes confederales no hacían más que aumentar la confusión de los combatientes libertarios, que se habían lanzado a la calle para detener la provocación policial. También una gran parte de la población, desorientada por la prolongación de los combates y por la falta de planes concretos y ordenados de los dos bandos, esperaba que las luchas terminaran cuanto antes para poder volver a la vida cotidiana.

"La gente estaba indecisa e inquieta y se preguntaba cómo demonios iba a terminar todo aquello. Dudo mucho que alguien dejase las barricadas, pero todo el mundo estaba harto de aquella lucha absurda, que evidentemente no podía tener ninguna solución efectiva, ya que nadie quería que aquello se convirtiera en una guerra civil de verdad,... los militantes de la CNT querían, y eso desde el comienzo de las hostilidades, solamente dos cosas: que dejaran en paz la Telefónica y que se desarmara a los odiados guardias civiles (Guardia Republicana). Si la Generalitat hubiese accedido a ambas cosas y hubiese prometido además poner fin al mercado negro de productos alimenticios, sin duda las barricadas hubieran desaparecido en un par de horas" (1003).

Por la noche del día 5, la prensa resaltó dos noticias: la formación del nuevo gobierno de la Generalitat y el asesinato del secretario ugetista Antonio Sesé. El PSUC acusó a los anarcosindicalistas de ser los responsables de la muerte del dirigente sindical. El asesinato de uno de sus integrantes fue el motivo para la disolución del nuevo gabinete que todavía no había tenido tiempo para empezar a existir. También el mismo día, los italianos anarquistas, Camilo Berneri y Barbieri eran asesinados en la Plaza del Angel (la actual Plaza Real), por una patrulla de guardias de Asalto y miembros del PSUC.

La delicada situación y el fracaso de los llamamientos de Juan García Oliver y del resto de dirigentes cenetistas provocó la intervención de la ministra de Sanidad, Federica Montseny que se ofreció personalmente a mediar entre los dos bandos. A pesar de que la situación continuaba sin grandes cambios, los llamamientos de los dirigentes libertarios a poner fin a los combates y sus declaraciones de que se había llegado a un acuerdo satisfactorio empezaron a hacer mella entre los combatientes revolucionarios y algunos abandonaron sus posiciones.

Sin embargo, el día 6 los combates callejeros continuaban todavía. "Los Amigos de Durruti" habían decidido desobedecer las órdenes de la Regional de la CNT y continuar la lucha, siguiendo al fuerte descontento que los llamamientos de ésta, estaban causando entre los militantes. También el POUM volvió a ordenar a sus militantes volver a las barricadas que habían empezado a vaciarse.

Sin embargo, la situación revolucionaria estaba ya en decadencia. La dirección de la CNT había dado sobradas muestras de que, pese a las provocaciones y los avances de sus adversarios, no estaba dispuesta bajo ningún concepto, a romper el frente antifascista para formar una Junta Revolucionaria y tomar el poder.

"Todo el mundo parece estar convencido de que los anarquistas y los sindicalistas son los culpables de los trágicos acontecimientos de Barcelona. Nada hay más falso que esta opinión. La CNT y la FAI siempre están dispuestas, igual que lo están ahora, no solamente a mantener el orden público, sino también la unidad necesaria entre los amigos de la libertad, entre todas las fuerzas democráticas del pueblo español."
...
"Estábamos y estamos convencidos de que nuestra finalidad -el comunismo libertario, en la Federación Ibérica Libre y el aniquilamiento del capitalismo- no se puede implantar enseguida...".
...
"La Confederación Nacional del Trabajo y la Federación Anarquista Ibérica en Catalunya, declaran que ni antes ni ahora quieren tomar el poder en sus manos, sino que estamos dispuestos a colaborar honrada y lealmente, con todas las fuerzas antifascistas del pueblo español..." (1004).

La oposición en el seno de la CNT, pese a haber capitalizado numerosas simpatías entre los combatientes, no podía convertirse de la noche a la mañana en una nueva dirección alternativa.

Tampoco el POUM había dado muestras de decisión y había preferido aceptar las órdenes que habían lanzado los dirigentes libertarios (1005). El movimiento revolucionario, sin dirección, se encontraba en un callejón sin salida.

Durante la noche del día 6, el Comité Regional de la CNT hacía una nueva propuesta, ambos bandos se retirarían de las barricadas, no habrían represalias y los detenidos en los combates callejeros serían liberados inmediatamente. La respuesta de la Generalitat se demoraría más allá del plazo de las dos horas, solicitado por los libertarios. Estaban esperando la llegada de las columnas de refuerzo que se aproximaban desde Valencia.

Efectivamente, de forma simultánea a los hechos y después de los primeros días de combates, el gobierno central había tomado la iniciativa. Era el momento de intentar dar un golpe definitivo a los dos obstáculos con los que se encontraba a la hora de extender su autoridad en Catalunya: el movimiento revolucionario y el excesivo poder que había tomado para si, el gobierno de la Generalitat. El primer adversario podría ser sometido, gracias a la actitud conciliadora de la CNT, organización que contaba con destacados representantes en el gabinete. Con respecto a la Generalitat, el gobierno de Valencia aprovecharía su manifiesta debilidad frente a los revolucionarios para arrebatarle las "excesivas" atribuciones de las que se había apropiado, aprovechando el derrumbe del Estado republicano y que, desde entonces, cuestionaban su autoridad (1006).

Una flota de la marina republicana (la misma que no había participado en la defensa de Málaga) fue enviada hacia el puerto de Barcelona, mientras una columna de 5.000 guardias de Asalto, procedente del frente del Jarama, marchaba por tierra para hacerse con el control del orden público en Catalunya. La noticia del avance de la columna armada y de que ésta había sido interceptada en Tortosa por los revolucionarios llegó a la regional de la CNT, que amenazó al gobierno catalán con la ruptura de las negociaciones si no se respetaba la tregua que se había pactado el día anterior. En la misma madrugada, el gobierno autónomo aceptó el alto el fuego.

Pese a algunas escaramuzas esporádicas, en la mañana del día 7, la dirección de la CNT invitó a sus afiliados a abandonar las barricadas y volver a sus casas, después de que se hubiera alcanzado un acuerdo definitivo.

"A todos los trabajadores de la CNT. Habiéndose llegado a un acuerdo por ambas representaciones políticas y sindicales, se os hace saber que recibiréis las oportunas órdenes de los comités responsables a fin de restablecer completamente la normalidad. Al mismo tiempo se os recomienda que tengáis la serenidad que requieren los momentos actuales, no respondiendo a las provocaciones que puedan surgir por parte de los elementos interesados en que perdure este estado de perturbación" (1007).

En esta ocasión, la orden sería obedecida.

"La burguesía había ganado una señalada victoria; la revolución social había sufrido una decisiva derrota" (1008).

Al anochecer del mismo día, la columna de 5.000 guardias y 120 camiones, procedente de Valencia entraba en Barcelona con el grito de "U.H.P." (¡Unidad, Hermanos Proletarios!). También el mismo día llegaba a la capital catalana el teniente coronel Emilio Torres Iglesias que sustituiría a Rodríguez Salas en la Dirección del Orden Público. La destitución del responsable directo del asalto a la central de la telefónica, y el hecho de que su sustituto fuera un antiguo consejero de la columna cenetista "Tierra y Libertad" calmó a los inquietos dirigentes anarcosindicalistas. De esta forma, el gobierno de la Generalitat perdía una de las principales competencias asumidas durante el vacío político. De forma simultánea, el gobierno central también nombraba al general Pozas, como máximo dirigente de las columnas del frente aragonés.
Sin control sobre las fuerzas policiales y el ejército catalán, el gobierno de la Generalitat quedaba completamente subordinado al de la República.

"La primera consecuencia visible, en todo caso, fue el fin de la Autonomía catalana, y el control por el Estado y por el gobierno de Madrid de los engranajes esenciales de la vida política y económica del país" (1009).

Numerosos historiadores y testimonios de la época han caracterizado las jornadas barcelonesas de Mayo de 1937, de formas muy diferentes. No corresponde a este trabajo, la tarea de analizar en profundidad los hechos, ni tampoco entrar en la polémica. Pero sí que es conveniente que saquemos nuestras propias conclusiones, en tanto en cuanto, estos acontecimientos fueron el punto y final de la decadencia del poder revolucionario que se había iniciado con la disolución del Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya. Hay que desestimar por completo la idea de que los hechos de Mayo fueran el resultado de una conspiración franquista, a través del POUM y de los sectores más radicales de la CNT y de la FAI. Idea que prevaleció en la historiografía oficial estalinista durante muchos años.

"Los sucesos de Mayo han sido el contragolpe de una fuerza colérica y agonizante. Los <<anarco>> al comprobar la disminución de sus efectivos humanos y de sus recursos y advertir que el pueblo conocía y señalaba sus fracasos se condujeron, por histeria, por cansancio, por temor, como unos bárbaros. Privados de facultad crítica, dada su inaptitud para la duda, no preveyeron la espantosa ruina de su <<putsch>>... pero la FAI, protagonista de los sucesos de mayo representó en ellos una fuerza oscura y sin conciencia, manejada por el POUM" (1010).

Tampoco parece creíble, o por lo menos parece dudosa, la tesis de que el asalto a la central telefónica barcelonesa formaba parte de una conspiración del PSUC y de los nacionalistas catalanes, para restablecer definitivamente el poder republicano (1011). Una variante de esta tesis, sería la lanzada por Vicenç Guarner, en la que considera que existió una provocación de los servicios secretos estalinistas en Catalunya.

"(memorias de un agente de la GPU)... La verdad es que la rebelión de Barcelona no fue sino una conspiración llevada a cabo con éxito por la GPU. >>La lucha empezó con un ataque dirigido por agentes de la GPU encabezados por el comisario comunista Rodríguez Sala contra la central telefónica" (1012).

George Orwell, privilegiado testigo de los acontecimientos, ha recogido dos cuestiones por las que quedaría descartada la sospecha de que hubiera existido un plan preestablecido (1013).
Si la conspiración hubiera existido, Companys y Comorera habrían intentado asegurarse del triunfo reforzando las fuerzas que iban a serles leales en los combates. Lo mismo se podría decir de los anarcosindicalistas y del POUM. En cambio, la forma en la que se desarrollaron los hechos, deja claro que la improvisación jugó un papel fundamental en los dos bandos.
El segundo elemento que George Orwell tiene en cuenta es el de los víveres. Poco después de empezar los combates, apareció una grave escasez de comida en la ciudad. Ninguno de los dos bandos enfrentados tenía grandes cantidades de comida almacenada para poder asistir a sus combatientes.

El complot fraguado por los sectores revolucionarios es todavía menos creíble (1014). Ni la trayectoria política del POUM, ni tampoco la de la CNT-FAI, ni las posturas manifestadas durante el conflicto, nos permiten considerar seriamente esta posibilidad. Los dirigentes de la CNT-FAI, desde los primeros momentos, se manifestaron claramente por una negociación que pusiera punto y final a los combates y exigieron a cambio, tan solo volver a la situación que existía antes del 3 de Mayo.

Tampoco la oposición anticolaboracionista en el seno de la CNT estaba lo suficientemente organizada como para poder conspirar por su cuenta y riesgo. La prueba más palpable de la inexistencia de una conspiración revolucionaria estuvo en que los combatientes, dominando nueve décimas partes de Barcelona, mantendrían durante todas las jornadas una actitud defensiva.

El POUM, por su parte, llamaría a la conquista del poder por los trabajadores revolucionarios, pero toda su política, seguiría estando condicionada a la voluntad expresada por los líderes anarcosindicalistas.

"No hay más que una salida progresiva, para el proletariado y la victoria militar, de la situación presente: la conquista del poder. Durante las jornadas de Mayo lo tuvo al alcance de la mano. Si no lo tomó fue, fundamentalmente, porque sus organizaciones tradicionales, inspiradas por la doctrina anarquista, no se planteaban el problema y porque nuestro partido, que no ha cesado de plantearlo durante todo el curso de la revolución, es una organización minoritaria y joven, sin fuerza suficiente todavía para tomar sobre sí la responsabilidad de orientar la lucha en este sentido" (1015).

Un hecho que hay que tener en cuenta también, es la acumulación de armamento en la retaguardia que llevaban a cabo los partidos y los sindicatos en ambos bandos. Dos meses antes, el 5 de Marzo, la prensa anarcosindicalista había denunciado el robo de una docena de carros blindados por el PSUC (1016).

"Hubo que distraer armas del frente, dinamita, bombas de fabricación rudimentaria, cócteles Molotof. Se acumularon miles de sacos de arena. Decisiva fue la sustracción de armas que hicimos del primer barco ruso que llegó con armamento a Barcelona. En camiones, trasladamos ese armamento a los depósitos nuestros".
...
"Esa determinación la habíamos tomado antes de conocer el plan subversivo de los faístas. Bien sabíamos que ellos acumulaban armas en cantidades considerables..." (1017).

En su testimonio, Joaquín Almendros, Secretario Militar del PSUC, ha justificado los preparativos de su partido, por "el plan subversivo" que supuestamente habían puesto en marcha los sectores radicales. Sin embargo, Almendros no ha aportado ninguna prueba, salvo la supuesta acumulación de armamento que llevaban a cabo los anarconsindicalistas. Para todo el mundo era evidente que, más tarde o más temprano, el enfrentamiento entre los partidarios de la revolución y los de la restauración republicana iba a producirse. La acumulación de armas que hacían ambos bandos y la negativa de los obreros revolucionarios a desarmarse, reflejaban el clima de hostilidad y de desconfianza que existía.

Una vez más, Joaquín Almendros nos ha revelado las causas de la creciente tensión que existía en Catalunya y en el resto de la zona antifascista.

"Desde el comienzo de la guerra civil, los partidos de Acción Catalana, Esquerra de Catalunya, Partido Socialista Unificado de Catalunya y otros grupos más, e incluso el propio Gobierno de la Generalitat, trataron de cambiar la correlación de fuerzas, como única forma de organizar las columnas de militares, la administración, la economía, la moral de la retaguardia y también la imagen y finalidad de nuestra guerra" (1018).

Efectivamente, desde la integración del Comité Central de Milicias en la Generalitat (y desde la entrada de la CNT en el gobierno republicano central) los trabajadores revolucionarios, los que habían salido triunfantes de los enfrentamientos de Julio, pudieron comprobar como la correlación de fuerzas se deterioraba cada vez más en su contra. Las milicias estaban en proceso de integración en el nuevo Ejército Popular; las patrullas de control eran presionadas para conseguir su disolución; los comités revolucionarios se disolvían, o eran prácticamente ilegalizados; en el seno de las colectivizaciones agrarias o urbanas, la intromisión y el control gubernamental eran cada vez más fuertes... Los sectores revolucionarios veían con creciente tensión, como día a día, la revolución de Julio se disipaba para dejar paso, cada vez más, a un capitalismo y a un gobierno republicano restaurados.

"La disputa por la Telefónica de Barcelona era un simple incidente dentro de un largo proceso. Desde el año anterior, gradualmente se había ido despojando a los sindicatos de todo poder efectivo, y el curso de los acontecimientos escapaba de las manos de la clase obrera y se orientaba hacia un poder centralizado, hacia un capitalismo estatal, o, posiblemente hacia el retorno al capitalismo privado" (1019).

El asalto a la central telefónica de Barcelona había sido la chispa que había encendido el barril de pólvora de la situación que existía en la zona republicana. Desde la integración del Comité Central de Milicias en el gobierno de la Generalitat, los partidarios de la restauración republicana habían llevado a cabo una política decidida de tanteos. Si los anarcosindicalistas, todavía fuertes, no estaban dispuestos bajo ningún concepto, a dar por zanjada su colaboración con el gobierno, y para ello no hacían otra cosa que retroceder, la táctica del tanteo seguía siendo ventajosa'.

"... era evidente que la GPU estaba complotando para eliminar a los elementos <<incontrolables>> en Barcelona y asumir el control por cuenta de Stalin..." (1020).

Sin duda alguna, Comorera y Companys estaban dispuestos a acabar con el poder de los anarcosindicalistas, pero para ello era mejor agotar la política de tanteos, que tan buenos resultados les había dado hasta el momento. Si los dirigentes de la CNT estaban dispuestos a mantener su actitud colaboracionista ¿porqué no seguir utilizándolos?. Después ya habría tiempo suficiente para ajustar las cuentas. Para comprender esta actitud vale la pena volver a citar a Vernon Richards.

"Los políticos no desperdiciaron la oportunidad que les brindaba esta disposición de ánimo de la jefatura de la CNT. Qué mayor condenación de semejante jefatura que la respuesta de Companys a un periodista extranjero que en Abril de 1937 pronosticaba que el asesinato de Antonio Martín, alcalde anarquista de Puigcerdá, y de tres de sus compañeros, desencadenaría una revuelta: <<(Companys) se rió desdeñosamente y dijo que los anarquistas capitularían como siempre>>" (1021).

La correlación de fuerzas había cambiado radicalmente entre los meses de Octubre de 1936 y Mayo de 1937. En el momento de la disolución del Comité de Milicias, los revolucionarios eran los dueños indiscutibles de la situación; en Mayo de 1937, la iniciativa estaba totalmente en manos de sus adversarios del PSUC. Sin embargo, el debilitado movimiento anarcosindicalista todavía tenía capacidad para recuperarse, la reacción de sus bases y las del POUM durante las jornadas barcelonesas de Mayo así lo demuestran. El 4 de Mayo, la CNT-FAI-POUM tenían prácticamente en sus manos el poder en la Catalunya revolucionaria, pero del mismo modo que el año anterior, tuvieron que ceder.

En cualquier caso, el intento de ocupar la telefónica habría formado parte de esta política de avances por tanteo.

Hasta el momento, la CNT-FAI no habían hecho otra cosa que retroceder. Habían retrocedido a regañadientes en el proceso de militarización de las milicias; habían firmado los decretos de disolución de los comités revolucionarios; se habían adaptado al protagonismo creciente del gobierno de la Generalitat en la economía colectivizada. ¿Porqué no iban a aceptar una política de hechos consumados en la ocupación del principal edificio de comunicaciones?. Lo que había desbordado las previsiones del PSUC y de Companys no era la actitud de los dirigentes libertarios, sino la reacción espontánea de las bases. No existía ningún plan preconcebido o madurado, no había ninguna actitud decidida a relanzar el movimiento revolucionario, por parte de las organizaciones más izquierdistas.

"Lo que puede deducirse de lo que se decía en aquellos días en que nadie tenía intenciones realmente revolucionarias. Los que estaban en las barricadas solían ser obreros de la CNT probablemente mezclados con algunos de la UGT, y lo que se proponían no era derribar al gobierno, sino oponerse a lo que consideraban, con razón o sin ella, un ataque de la policía..." (1022).

Los trabajadores habían respondido espontáneamente y con las armas en la mano, a la tensión creciente a la que se sentían sometidos por la Generalitat y por los partidarios de la liquidación de las conquistas revolucionarias. El intento de ocupación del edificio de la Telefónica y las llamadas de auxilio de los trabajadores de la CNT-UGT que ocupaban las instalaciones había sido la gota que había colmado el vaso. El asalto a la Telefónica se había convertido en el símbolo y en el canal de expresión de su estado de ánimo.

La derrota de los revolucionarios barceloneses en mayo, se convirtió en el punto final de la situación aparecida el año anterior. La actitud de los dirigentes durante los combates, provocó un fuerte grado de desmoralización entre lo sectores más radicalizados de las bases confederales. En los llamamientos realizados por los líderes de ambos bandos se había hablado de que no habían vencedores ni vencidos, la realidad pronto demostraría lo contrario. No era el momento de mostrar generosidad con los vencidos, sino de dar los pasos necesarios para consolidar el triunfo definitivo del poder republicano, evitando a toda costa, que las brasas de la revolución de los comités pudieran volver a prender.

Apenas los combatientes habrían vuelto a sus casas, y sintiéndose el gobierno de la Generalitat, reforzado por la llegada de la columna armada procedente de Valencia, los acuerdos negociados con los líderes cenetistas serían incumplidos. Los presos revolucionarios, detenidos en los combates callejeros no fueron puestos en libertad y al parecer, muchos de ellos serían posteriormente asesinados en las checas y en las mismas prisiones en las que se encontraban retenidos. Otros militantes caerían asesinados por las calles, o serían sacados de sus domicilios para desaparecer sin dejar rastro (1023). La situación también sería aprovechada por las nuevas autoridades, para imponer un férreo sistema de censura sobre la prensa de las organizaciones izquierdistas.

"En las semanas subsiguientes se sucedieron en Catalunya detenciones en masa, encierros en cárceles clandestinas, torturas, raptos y asesinatos. así como la destrucción de colectivos agrícolas y urbanos. El terror espontáneo, carente de dirección de la CNT y la FAI en el apogeo de la revolución había cedido el lugar, ahora, al terror más elaborado, dotado de una dirección central y, por consiguiente, más temible, de los comunistas" (1024).

La victoria gubernamental tuvo sus primeros efectos en el orden público. Mientras los efectivos de la guardia republicana procedente de Valencia, dirigidos por el teniente coronel Emilio Torres, se adueñaban del control de las calles, las patrullas obreras quedaban definitivamente ilegalizadas y desarmadas.

Pocos días después de los combates, el 11 de Mayo, el gobierno de Valencia nombraba a José Echevarría Novoa como delegado del gobierno central del Orden Público en Catalunya. Era la prueba definitiva de que Largo Caballero no iba a dejar escapar la ocasión para imponer la autoridad de su gobierno en la totalidad de la zona republicana.

Los comités supervivientes de todo el período de decadencia del poder revolucionario serían disueltos, quedando consolidada la autoridad de los nuevos ayuntamientos.

"La disolución de las patrullas fue un duro golpe para la CNT y la FAI. No lo fue menos la pérdida de su poder en incontables ciudades y pueblos. El 15 de Mayo, los comités revolucionarios, que hasta entonces habían opuesto resistencia al decreto de la Generalitat del 9 de Octubre de 1936... fueron declarados ilegales. En la práctica, muchos de los comités fueron desplazados por los guardias y carabineros recién llegados aún, antes de su disolución oficial de mediados de Mayo" (1025).

Una vez disueltos los comités y las patrullas revolucionarias, integradas definitivamente las milicias en el nuevo Ejército Popular, la economía colectivizada también quedaría sometida a la autoridad de las instituciones republicanas. El gobierno de la Generalitat no tendría ya ningún obstáculo que pudiese oponerse a su control sobre las fábricas y sobre la producción. El control obrero y sindical desaparecería de las empresas para dar paso a un estricto mecanismo burocrático de interventores.

Las características revolucionarias de las colectivizaciones habían desaparecido definitivamente.

"(Después de la derrota de los revolucionarios).., el 20 de Noviembre de 1937, la Generalitat dictó un decreto titulado de intervenciones especiales o "totales y directas", que suponía una intervención más intensa, parecida a una dirección y control directos sobre la empresa por parte de los interventores de la Generalitat.
...
"La gran cantidad de interventores y su sistema de nombramiento hacía que la Administración pudiese esperar poco de ellos, ya que siendo a menudo miembros de la misma empresa, se sentían más cerca de los obreros que del Departamento. Por esto, para reducir su número y permitir una selección <<más técnica>>, el decreto del 6 de Abril de 1938, preveía la posibilidad de nombramiento de un interventor delegado por un conjunto de empresas, con subdelegados en los diferentes establecimientos" (1026).

La consolidación del control del gobierno de Valencia en Catalunya y el desmantelamiento de los últimos restos del poder revolucionario fueron acompañados por una agresiva campaña del PSUC y del PCE acusando al POUM de ser una organización controlada por los fascistas, y de haber instigado los sangrientos acontecimientos que acababan de suceder (1027).

"Después de los hechos de mayo la campaña del PSUC contra el POUM y el <<trotskismo>> fue despiadada y aniquiladora. Ya antes del <putsch>, Treball acusaba al POUM de la muerte de Roldán Cortada, pero el día 6 de Mayo, cuando la normalidad empezaba a restablecerse, en un editorial reincidía contra el trotskismo: el <<trotskismo criminal, atizador e inductor de discordias y de sabotajes al país amigo y hermano de la URSS ha puesto su garra en Catalunya y pretende ahogarla con sangre y llenarla de vergüenza" (1028).

El objetivo de la campaña del PCE-PSUC era aprovechar la derrota del movimiento revolucionario en Catalunya, para barrer definitivamente del mapa al antiestalinista POUM. La liquidación del POUM cumpliría dos importantes objetivos: la desaparición de un grupo extremadamente molesto, que había denunciado desde los primeros momentos las purgas de la vieja guardia bolchevique en la URSS, a manos de la camarilla estalinista, y por otra aislaría todavía más a la agonizante CNT, que sería hábilmente eliminada del nuevo gobierno de la Generalitat, el 29 de Junio.

El rechazo de Largo Caballero a convertirse en un instrumento del PCE y del ala derecha de su propio gobierno hizo que éste se opusiera a la campaña contra el POUM. El día 11 de Mayo, el órgano de prensa de la Izquierda Socialista contestaba tajantemente a las presiones comunistas.

"Si el gobierno tuviese que aplicar las medidas de represión a que lo incita la sección extranjera del Komintern, obraría como un gobierno de Gil Robles o Lerroux, destruiría la unidad de la clase obrera y nos expondría al peligro de perder la guerra y minar la revolución... Un gobierno integrado en su mayoría por representantes del movimiento obrero no puede utilizar métodos propios de gobiernos reaccionarios y de tendencias fascistas" (1029).

Sin embargo, la oposición de los caballeristas no podía ocultar su creciente debilidad política. La bancarrota en la que se encontraba el anarcosindicalismo debilitaba a la Izquierda Socialista y la colocaba en un callejón sin salida que iba a ser aprovechada por sus adversarios para proceder a derrocar a Largo Caballero. El 15 de Mayo, en el Consejo de Ministros, el ministro de Agricultura y militante del PCE, Uribe, exigía que se decretara la disolución del POUM. La negativa del líder socialista desató la crisis del gabinete. Los ministros del Partido Comunista abandonaron la reunión. Mientras los socialistas de izquierda y los anarcosindicalistas apoyaron la postura de Largo Caballero, los republicanos y los socialistas moderados de Prieto se negaban a aceptar la continuidad del gabinete (1030). Largo Caballero se vería obligado a dimitir.
La ocasión para el cambio de gobierno ya había madurado. El anarcosindicalismo, principal apoyo de Largo Caballero y de los socialistas de izquierda en el gabinete, estaba completamente desprestigiado ante sus bases y había demostrado que no estaba dispuesto buscar una salida revolucionaria. Todo el territorio republicano estaba ahora bajo la autoridad indiscutible del gobierno y no existía ya, ninguna fuerza revolucionaria que pudiera oponerse a la constitución de una República democrático burguesa. Largo Caballero había sido útil en los meses anteriores, como la imagen respetable de la República, frente a los revolucionarios. Ahora ya no era necesario y su pretensión de no llevar las cosas lo convertían en un estorbo que tenía que ser apartado.

El presidente Azaña delegó de nuevo, el primer intento para formar el nuevo gabinete, en Largo Caballero. En las nuevas negociaciones los representantes del PCE exigieron que las carteras de la Guerra y Gobernación estuvieran en manos de "personalidades que disfrutaran del apoyo de todos los partidos y organizaciones que constituyen el gobierno" (1031). Finalmente la alianza entre los prietistas, los republicanos de izquierda y los comunistas en torno a las posiciones de estos últimos impidió que Largo Caballero pudiera formar un nuevo gabinete.

La candidatura de Juan Negrín, secretamente preparada por la alianza, desde hacia algún tiempo, fue anunciada el 17 de Mayo. Socialistas de Izquierda y cenetistas se negaron a participar en el nuevo gabinete. La contrarrevolución republicana había triunfado definitivamente sobre la revolución de los comités. La ilegalización del POUM se produciría poco después. Numerosos militantes y dirigentes de esta organización fueron encarcelados, y su secretario general, Andreu Nin sería, pocas semanas después, secuestrado y asesinado por agentes estalinistas (1032). El anarcosindicalismo y los socialistas de izquierda, quebrados políticamente con la liquidación del movimiento revolucionario, se dejarían arrastrar por los triunfadores, sin poder oponerse eficazmente hasta el final de la guerra. Resulta patética la descripción que nos ha hecho Juan García Oliver, de vuelta a Barcelona, después de que la CNT quedara excluida del nuevo gobierno.

"En apariencia, la CNT conservaba toda su fuerza, tanto en los frentes de Aragón como en los sindicatos y las colectividades de la retaguardia. Pero había desaparecido lo que era esencial para toda gran lucha: el espíritu combativo. Desde ese punto de vista, la CNT era como un saco hinchado y vacío. Aunque lo hubiese deseado, no podría emprender ninguna acción decisiva contra los usurpadores negrinistas, vencerlos y conservar las posiciones en los frentes" (1033).

Sin embargo, el precio a pagar iba a ser muy alto. La desmoralización de los sectores revolucionarios y el cansancio de una población trabajadora que no se sentía representada por ninguno de los bandos y que esperaba que la guerra terminara cuanto antes aumentaba sin cesar. La victoria de Franco era ya sólo una cuestión de tiempo.

6. UNA REFLEXIÓN FINAL SOBRE LA DUALIDAD DE PODERES EN LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA.

6.1 El período prerrevolucionario.

El proyecto republicano pretendió superar el grave atraso que paralizaba al estado español desde hacía más de tres siglos y que lo había convertido en el eslabón más débil de la cadena capitalista europea. Frente al fracaso de la dictadura bonapartista del general Primo de Rivera, los dirigentes republicanos contaban con el capital político que les proporcionaba su alianza con una gran parte de las organizaciones obreras. Desde este punto de vista, la proclamación de la República el 14 de Abril de 1931, sería recibida de forma entusiástica por casi todas las clases sociales. Sin embargo, el clamor popular no podía esconder que la recién nacida II República había aparecido en medio de un mar que amenazaba con tormenta. La aparente unanimidad a favor de la República ocultaba intereses irreconciliables que pronto surgirían en la escena política.

La burguesía y los sectores sociales dominantes esperaban que la República conseguiría disipar la amenaza revolucionaria que había empezado a adivinarse en el último período de la dictadura, y los unificaría en torno a un proyecto modernizador del capitalismo español. Para poder equiparar la economía a las grandes potencias era indispensable superar los problemas tradicionales que afectaban al país, la falta de articulación y desarrollo de sus mercados, la reforma agraria, el excesivo peso de la Iglesia, la tradición intervencionista del ejército en la política interna, la incapacidad de las clases dominantes para unificarse en torno a un proyecto económico...

Las clases medias también saludaron la llegada de la República como el proyecto que permitiría superar la crisis y el impás del antiguo régimen y que traería consigo un nuevo período de bonanza económica del que resultarían beneficiadas.

Por otro lado, una gran parte del proletariado y del campesinado pobre identificaban, bajo la influencia política del Partido Socialista, la instauración de la República con el cumplimiento de la primera etapa de la "revolución" (1034). El socialismo llegaría "fatalmente" como una fruta madura, después del agotamiento del proyecto republicano. El anarquismo, tradicionalmente apolítico, presionado por el entusiasmo popular, procedería a apoyar a la coalición de centro izquierda, convencido de que el final de la represión y la instauración de las libertades democráticas proclamadas por la República les permitiría un mayor desarrollo de sus organizaciones.

Sin embargo, el nuevo régimen se agotaría en apenas cinco años de existencia, después de demostrar su incapacidad para satisfacer los intereses antagónicos de las diferentes clases sociales. La impotencia republicana se vería agravada durante todo este período, por la crisis galopante que afectaba a todo el sistema capitalista mundial y por el ascenso de los fascismos en gran parte de Europa.

La República se vió imposibilitada para satisfacer lo que de ella demandaban las clases populares, sin afectar gravemente los intereses de la burguesía y del resto de los sectores sociales dominantes. Los intereses de estos sectores se entrelazaban fuertemente formando un solo bloque, de manera que cualquier medida que pudiera ser llevada a cabo afectaría a la totalidad de las clases privilegiadas.

La timidez con la que fueron abordadas las limitadas reformas, por los gobiernos de la coalición republicano socialista, acabaría provocando una fuerte crispación entre el movimiento obrero y el campesinado pobre. Paradójicamente, la República procedería a reforzar las leyes represivas, como una medida contra los intentos de las clases populares de resolver sus demandas por otros métodos que no fueran los estrictamente parlamentarios.

El triunfo electoral de la derecha y del centro, en las elecciones de Noviembre de 1933 provocaría la ruptura de la coalición republicano socialista y el viraje hacia la izquierda del Partido Socialista. El anarcosindicalismo, frustrado por la experiencia del bienio anterior, volvería a su tradicional apoliticismo. Sin embargo, el proceso de radicalización del Partido Socialista estaba provocado por otro mucho más extenso en el seno de las capas populares, frustradas por la experiencia republicano-socialista, y atemorizadas por el triunfo de una derecha que amenazaba con liquidar las libertades democráticas y anular los escasos avances que se habían llevado a cabo durante el período anterior.

En Diciembre de 1933 se creaba en Catalunya la primera Alianza Obrera, por iniciativa de las pequeñas organizaciones comunistas disidentes (trotskistas y bloquistas). Con posterioridad, aparecerían nuevas alianzas en Madrid, Asturias y en otros lugares del estado. La participación del Partido Socialista y de la UGT potenciaría decisivamente los nuevos organismos. A pesar de la oposición del anarcosindicalismo (salvo en Asturias) y del Partido Comunista oficial, la aparición y desarrollo de las Alianzas Obreras reflejaba la radicalización de los trabajadores. Los nuevos organismos, verdadero frente de las organizaciones obreras (la pequeña burguesía estaba excluida), reflejaban el profundo sentimiento de unidad de los trabajadores frente a la amenaza autoritaria de la derecha. Las características de las Alianzas Obreras cobran especial importancia como antecesoras de los comités y de las Juntas que aparecerían al calor de la revolución de 1936.

La entrada de la derecha (CEDA) en el gobierno radical de Lerroux sería la señal para el desencadenamiento de una huelga general, convocada por los socialistas, que tendría efectos desiguales en todo el país. Las Alianzas Obreras jugaron un papel importante pero desigual en dichos acontecimientos. Sin embargo, sólo en Asturias la situación tendría características insurreccionales, en gran parte debido a la unidad de la clase obrera de la región (la CNT asturiana se mostró dispuesta a formar parte de las Alianza desde su fundación, mientras que el PCE se había unido en vísperas de la insurrección). La unidad, el convencimiento de que la insurrección revolucionaria se estaba desarrollando por todo el país y el convencimiento de que por fin, estaban luchando por el esperado socialismo impulsó a los trabajadores asturianos a resistir durante dos semanas a las tropas legionarias provenientes de Africa, enviadas por el gobierno para sofocar la rebelión. Sin lugar a dudas, la experiencia de las Alianzas Obreras y los acontecimientos revolucionarios fueron un ensayo de lo que iba a ocurrir, apenas dos años más tarde.

A pesar de la derrota de los revolucionarios, los hechos de Octubre supusieron un fuerte golpe para los objetivos de la derecha. Primero, habían sido sus planes para dotarse de una amplia base social, aprovechando las condiciones favorables de la victoria electoral, los que habían terminado en un rotundo fracaso reflejado en las frustradas concentraciones de El Escorial y de Covadonga (1035). La debilidad de las clases medias españolas constituía una pesada carga sobre los planes de la derecha. Ahora, después de la insurrección de Octubre, la coalición gubernamental del centro y de la derecha se encontraba dividida en torno a las medidas que había que tomar. La energía desencadenada por los revolucionarios asturianos había conseguido paralizar los planes autoritarios de la derecha.

"El mismo ministro de la Guerra admitió que de haber surgido levantamientos en otras zonas del país, el ejército no hubiera podido hacerse con ellos. Por otra parte, el mismo ejército se había mostrado suficientemente republicano en espíritu para tener que echar mano de los mercenarios africanos para llevar a cabo la represión" (1036).

Efectivamente, la derecha había fracasado en sus intentos de alcanzar el poder por la vía democrática, tal como lo había hecho Hitler en Alemania o Dolfus en Austria. El gobierno de coalición, debilitado y desunido, pronto entraría en crisis, mientras que la radicalización del campesinado pobre y del movimiento obrero urbano pronto volvería a ponerse en marcha, con inusitado vigor.

El agotamiento del proyecto republicano empezaba a reflejarse en la creciente polarización social. El fracaso del "bienio negro" sería la causa de que las clases propietarias abandonasen definitivamente los proyectos políticos de la derecha y de la extrema derecha, para depositar su confianza en el ejército, como el único salvador de sus intereses.

Sin embargo, en el seno de la izquierda el efecto de los hechos de Octubre era otro muy distinto. El proyecto de las viejas Alianzas Obreras sería abandonado por la mayoría de las organizaciones. Mientras los trabajadores se desplazaban hacia la izquierda, frustrados por la experiencia de la coalición republicano-socialista (1931-1933) y por la amenaza fascista (1934-1935), el Partido Socialista y el Partido Comunista olvidaban sus viejos radicalismos para recuperar la vieja alianza con los republicanos, en nombre de la unidad antifascista.

El moderado programa político del Frente Popular era una promesa a las clases dirigentes de que las organizaciones obreras estaban dispuestas a seguir dentro de la República parlamentaria y que rechazaban secundar cualquier tipo de aventura revolucionaria.

La participación de los partidos socialista, comunista y del POUM y el apoyo prestado por el anarcosindicalismo conseguirían centrar momentáneamente las ilusiones del movimiento obrero y del campesinado pobre en la coalición electoral. Sin embargo, la situación era fuertemente inestable. El contenido liberal del programa político del Frente Popular y la radicalización creciente de las clases populares eran demasiado antagónicos para engañar a alguien,

"Los días siguientes a las elecciones estuvieron señalados por diversos movimientos: entusiasmo, pero temor también entre los vencedores; pánico o rebelión entre los vencidos" (1037).

Mientras los trabajadores consideraban que la victoria del Frente Popular significaría la inmediata liberación de los "héroes de Octubre" y el freno electoral a los planes de una derecha que poco antes había enseñado sus dientes (después ya habría tiempo para satisfacer sus demandas), las clases dirigentes volcaban su apoyo en los avanzados planes conspirativos del ejército. Mientras tanto, las clases medias tendían a dividirse en torno a los dos grandes polos que se preparaban para enfrentarse.

Efectivamente, la victoria del Frente Popular sería la señal para el inicio de las movilizaciones. Si las ilusiones en el gobierno republicano de izquierdas hubieran sido tan importantes como aparentaba el apoyo electoral, el triunfo habría dado lugar a un período de paz social, en espera de que las iniciativas parlamentarias cumplieran sus reivindicaciones. Sin embargo, apenas conocido el triunfo electoral de la izquierda, las cárceles fueron asaltadas por la multitud para liberar a los presos, sin que la población estuviera dispuesta a esperar la prometida amnistía. Esto sólo sería el principio.

"En los meses que precedieron a la guerra civil se produjeron un promedio de diez a veinte huelgas diarias, llegando a contarse 400.000 o 500.000 huelguistas en un solo día. Las masas se lanzaron a la calle y libertaron a los presos sin, sin esperar a que el gobierno promulgara la amnistía para los 30.000 presos políticos" (1038).

La situación en el campo era similar a la de las ciudades. Los jornaleros y el campesinado pobre iniciaron una oleada de ocupaciones de las grandes propiedades. Con sus propios métodos demostraban que ya no estaban dispuestos a esperar.

El período comprendido entre Febrero y Julio demuestra que la República y el Frente Popular eran en realidad, un cascarón vacío que no representaba a ninguna clase social. Apenas formado, el gobierno republicano de izquierdas tuvo que enfrentarse a sus propias bases sociales que se situaban claramente a su izquierda.

"Lo que estaba en juego era el mismo sistema social. Las masas, de forma espontánea y confusa, reclamaban la revolución social, no la democracia republicana o la revolución democrático-burguesa. <<Puede decirse, sin exagerar, que su <programa mínimo> era la revolución social>>" (1039).

Cabe destacar que, durante este período prerrevolucionario, las organizaciones obreras, integradas en el Frente Popular o situadas a su izquierda, no acompañaron el proceso de radicalización de sus propias bases sociales. La Izquierda Socialista que había conseguido capitalizar el apoyo de gran parte de la población trabajadora, rebajaba los planteamientos que la habían llevado a apoyar temporalmente al Frente Popular. En el mes de Abril, en plena auge de las movilizaciones, las páginas de "Claridad" todavía reclamaban la concesión de una tregua para el gobierno republicano (1040). En el mismo período, el Partido Comunista reivindicaba la consolidación del Frente Popular y el cumplimiento inmediato de su programa electoral (1041). El anarcosindicalismo y el poumismo apoyaron las movilizaciones populares y denunciaron la conspiración militar que estaba en marcha. Sin embargo tampoco en este caso se adoptarían medidas adecuadas ante los acontecimientos que iban a desencadenarse. El Congreso de Zaragoza convocado por la CNT a principios de Mayo, "el Congreso de reunificación" sería una nueva oportunidad perdida para armarse política y militarmente.

"Los meses que precedieron la sublevación militar se señalaron... por una agitación política general y provocaciones armadas de las derechas. A estar a las informaciones de Peirats, parece que el movimiento revolucionario no tomó medidas a fin de contrarrestar los preparativos de los militares para su golpe, y ni siquiera en el Congreso Nacional de la CNT celebrado en Zaragoza, en mayo de 1936, hay asomos de que se discutiera este problema" (1042).

Simultáneamente la conspiración militar ultimaba los detalles. El fracaso de la derecha civil había conseguido unificar a las clases dominantes en torno al ejército. La imposibilidad del gobierno republicano para controlar la situación y mantener la legalidad, y la incapacidad del movimiento revolucionario para encontrar una salida al largo período de inestabilidad llevaron a una gran parte de la pequeña burguesía a apoyar la alternativa militar como el único camino posible para restablecer el orden.

Es importante destacar la fuerte resistencia que opuso el gobierno republicano para adoptar medidas eficaces contra la conspiración. Por el contrario en numerosas ocasiones los líderes republicanos saldrían en su defensa frente a las contínuas denuncias de la izquierda.

"El ministro de la Guerra se honra en hacer público que toda la oficialidad y clases del Ejército español, desde los empleos más altos a los más modestos, se mantienen dentro de los límites de la más estricta disciplina, dispuestos en todo momento al cumplimiento exacto de sus deberes".

"Los militares españoles, modelos de abnegación y lealtad, merecen de todos sus conciudadanos el respeto, el afecto y la gratitud que se deben quienes han hecho, en servicio y defensa de la patria y de la República, la ofrenda de su propia vida si la seguridad y el honor nacional lo exigen" (1043).

Por el contrario el gobierno republicano acabaría adoptando una serie de limitadas reformas, destinadas a disipar la conspiración ganándose a los mandos del ejército.

La "ingenuidad" del gobierno sólo puede explicarse por el temor a la amenaza revolucionaria. Los líderes republicanos temían mucho más a las radicalizadas movilizaciones populares que al espectro del golpe militar. La lección de Asturias no sólo había sido aprendida por la derecha, la izquierda liberal era consciente de que sólo el ejército podía asegurar el mantenimiento de la República en aquellas circunstancias.

La República había intentado infructuosamente impulsar su proyecto, en medio de una colosal crisis económica y política que amenazaba con derrumbar la economía de las principales estados capitalistas. A pesar de algunas opiniones, la República no había aparecido en el peor de los momentos, sino en la situación adecuada, después del naufragio de la dictadura y de la monarquía.

Ahora, después de más de cinco años, las diferentes clases sociales habían abandonado definitivamente el también agotado proyecto republicano. No era posible modernizar el capitalismo español por vías parlamentarias y democráticas. Para la burguesía y las clases dirigentes, la modernización del sistema productivo español exigía soluciones mucho más expeditivas. Años después, el franquismo se encargaría de cumplir esta tarea, por medio de sus propios métodos dictatoriales y represivos. Para conseguirlo, el ejército habría tenido que quebrar el espinazo de la clase obrera y de los movimientos populares.

6.2 La sublevación militar provoca el estallido de la revolución.

En la sublevación, los militares golpistas imitaron el estilo tradicional de los viejos pronunciamientos decimonónicos, convencidos de que el gobierno republicano se iba a plegar a sus exigencias de reforma del Estado. Una vez efectuadas las correcciones oportunas se procedería a liquidar al movimiento revolucionario y se recuperaría la estabilidad política, económica e institucional, bajo la forma de una República de corte autoritario.

"Es coincidente el testimonio de todos los observadores que los dirigentes del <<pronunciamiento>> esperaban que éste triunfase en pocas horas, a lo sumo en escasos días de acuerdo con los antecedentes en España en los últimos cien años" (1044).

Inicialmente, la sublevación militar no estuvo dirigida contra la República. El pronunciamiento era, de hecho, una maniobra previsora dirigida destinada a impedir la amenaza revolucionaria, antes de que fuese demasiado tarde. Sin embargo, los efectos conseguidos fueron justamente los contrarios a los esperados. El intento de golpe de Estado desencadenó una oleada revolucionaria que disolvió las huecas instituciones republicanas en pocos días. El día 21 de Julio, los sublevados tan solo dominaban tres reducidas zonas aisladas entre sí, y habían fracasado, salvo en Zaragoza y Sevilla, en los principales núcleos urbanos del país. Numerosas guarniciones, partidarias del pronunciamiento habían quedado aisladas y a la defensiva en sus propios cuarteles. El panorama para el ejército parecía desolador.

Desde los primeros momentos de la sublevación, el gobierno republicano buscó a toda costa evitar la irrupción de los sectores revolucionarios en la nueva situación política. Las demandas de armamento por parte de la población fueron denegadas sistemáticamente, aunque con ello existiera el peligro de favorecer el triunfo de los sublevados. Las organizaciones obreras del Frente Popular acataron las directrices políticas del gobierno y llamaron a la calma a sus propias bases. Mientras tanto, el gobierno ofreció a los mandos sublevados la negociación de sus condiciones, antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, la entrada en acción de los grupos revolucionarios, después de obtener armas en el asalto de los cuarteles abandonados por los sublevados, precipitó el fracaso de los intentos negociadores. Fieles a si óptica política, la amenaza revolucionaria era un peligro mucho mayor que la misma sublevación.
Numerosos historiadores son de la opinión de que el triunfo sobre los alzados en armas se debió a la actividad de las fuerzas policiales y militares que se mantenían fieles al gobierno. Otros, han exagerado la participación revolucionaria en los acontecimientos hasta considerarla la única causa de la derrota militar. Sin embargo, ambas versiones son inexactas. Los primeros olvidan que en aquellos lugares donde no se dió una fuerte presencia de los revolucionarios en los combates, la victoria fue de los sublevados (Zaragoza, Algeciras, Córdoba...).

Los segundos consideran que la acción desorganizada y voluntarista de los grupos de obreros revolucionarios, sin contar con un Estado Mayor, ni tampoco con un plan organizado de defensa, podía vencer a un ejército disciplinado, bien armado y con mayor experiencia bélica. La realidad de los acontecimientos fue la combinación de las fuerzas leales y de los trabajadores revolucionarios. La acción armada de los cuerpos policiales y militares progubernamentales fue la primera que pudo oponerse seriamente a la insurrección, sin embargo sería la progresiva participación de los revolucionarios, y el apoyo popular, los que precipitarían el desenlace. No hay que olvidar que numerosas unidades leales mostraron durante los combates, una actitud vacilante o cuando menos sospechosa frente a la sublevación.

Por otro lado hay que tener en cuenta otro factor polémico que ya hemos comentado más arriba. La actitud de las autoridades republicanas frente a la sublevación. Sin duda alguna, la irrupción del movimiento obrero en la arena política, para enfrentarse a los sublevados consiguió hacer fracasar los intentos de negociación.

En medio de los combates también se haría patente la falta de preparación de la izquierda frente a la amenaza militar. La participación de los trabajadores en los combates callejeros conllevó grandes dosis de espontaneísmo y de improvisación. El armamento acumulado era escaso y la organización de los combatientes casi inexistente. Con frecuencia, el triunfo de los sublevados se debió a la ingenuidad de las organizaciones obreras, que carecían de una idea clara sobre como había que actuar (Oviedo, Zaragoza, Sevilla).

Sin embargo, la nueva situación no hacía más que empezar. El contacto de las fuerzas progubernamentales con los grupos revolucionarios, bajo un clima de arrebato popular, actuó como un poderoso disolvente sobre las instituciones republicanas. El desastre se vería agravado por el efecto boomerang que produciría el decreto de disolución de las unidades sublevadas. La deserción entre los fuerzas leales sería generalizada. El rápido derrumbe de la República ponía al descubierto la vacuidad de las instituciones republicanas, que ya no representaban a nadie.

Simultáneamente al vacío de poder político, se producía también una desbandada entre las clases propietarias. Si el ejército había fracasado, nada ni nadie podría protegerlos de la represión de los revolucionarios, que no olvidarían su apoyo y sus simpatías hacia los sublevados. Las empresas, industrias, talleres, minas y propiedades agrícolas, todo fue abandonado por sus propietarios en una precipitada huida, provocando un nuevo vacío de poder que amenazaba con colapsar la economía.

Una vez desconvocada la huelga general, los trabajadores se encontraron sin ningún tipo de dirección en los centros de trabajo. La amenaza de hundimiento de la economía tuvo que ser superada con una gran dosis de improvisación de los trabajadores.

Con frecuencia los antiguos comités de empresa jugaron un papel de dirección, reorganizando la producción conforme a la nueva situación y convocando asambleas en los que las plantillas de trabajadores escogerían a sus representantes.

Sin embargo, la gesta de poner en marcha una economía casi a partir de cero, no puede atribuirse a la iniciativa de las organizaciones obreras. Tampoco puede hablarse de que existiera una verdadera conciencia de lo que estaba ocurriendo. Los obreros revolucionarios ponían en marcha su instinto de clase para satisfacer sus aspiraciones. Si los empresarios habían huido, había que organizar la empresa, para evitar la pérdida de los salarios.

Si los directivos no se presentaban había que organizar una nueva dirección. Sería después, a medida que la nueva situación se mantenía y se extendía espontáneamente por todas partes, que los trabajadores y los militantes de la izquierda empezarían a tomar verdadera conciencia de las implicaciones revolucionarias de la nueva situación. Los partidos y sindicatos obreros estaban convencidos de que una vez terminados los combates y sofocada la sublevación (que preveían rápida), la situación volvería a la normalidad. Durante las primeras semanas después de la sublevación, en las declaraciones y manifiestos de la izquierda no encontramos ninguna expresión que sugiera una iniciativa para implantar un nuevo orden. En los meses anteriores, los partidos y sindicatos habían alertado de los peligros de la sublevación militar, pero nadie había valorado seriamente la posibilidad de una respuesta revolucionaria. La consecuencia era que, en los momentos cruciales, ninguna organización estaría preparada para orientarse en los nuevos acontecimientos.

Sin embargo, los grandes cambios no se realizaron tan solo en el campo de la economía. Las desprestigiadas instituciones estatales republicanas serían sustituidas por un verdadero enjambre desorganizado de comités locales, milicias y patrullas de control que asumirían las funciones del poder político. Los nuevos organismos revolucionarios, los comités-gobierno (como muy acertadamente los calificó G. Munis), eran los sucesores de las viejas Alianzas Obreras del 34. Sin embargo los nuevos organismos habían aparecido de forma espontánea, no formaban parte del esquema político de ninguna de las organizaciones obreras. Es más, a menudo su verdadera naturaleza revolucionaria no fue comprendida por el conjunto de la izquierda, durante el período de su existencia.

Precisamente por su origen resulta importante destacar las características comunes que tuvieron estos organismos (democracia participativa y directa, igualitarismo), porque reflejan el grado de sensibilidad de los sectores de la población que los conformaron.

La aparición de estos organismos también refleja el fuerte descrédito en el que habían caído las instituciones republicanas, y la profunda desconfianza que sentían los trabajadores hacia el viejo orden. El observador puede objetar que en Catalunya, el anarcosindicalismo y el POUM eran organizaciones refractarias al orden republicano. Sin embargo, donde esta afirmación cobra más fuerza es precisamente fuera de Catalunya. Mientras los líderes socialistas y comunistas apoyaban decididamente al gobierno, sus propias bases protagonizaban la revolución de los comités. Si no hubiera existido este sentimiento de rechazo, los trabajadores y los militantes de la izquierda se habrían encuadrado bajo la autoridad de las instituciones republicanas, y sin embargo lo que ocurrió fue todo lo contrario.

El espontaneísmo que caracteriza la acción de los trabajadores durante las primeras semanas, deja muy clara la orientación "socialista" que los trabajadores daban a su revolución. Las asignaturas pendientes que había arrastrado el estado español desde hacía siglos y que la República no había podido solucionar fueron resueltas en pocas semanas por los trabajadores, con sus propios métodos extraparlamentarios. Este fenómeno podemos observarlo en toda la zona donde había fracasado la sublevación militar. La profundidad con la que se desarrolló en las distintas áreas depende de la correlación de fuerzas que existía en ellas (desde Euskadi, donde el nacionalismo burgués consiguió impedir la propagación de la revolución, hasta Catalunya, donde esta revistió su mayor alcance y profundidad).

La vertiginosa transformación que sufrieron las zonas donde los trabajadores habían triunfado sólo puede explicarse por el inmenso caudal de energías revolucionarias que se liberaron en aquellos momentos. La convicción de los trabajadores y del resto de las clases populares de que tenían a su alcance la posibilidad de transformar la sociedad conforme a sus aspiraciones y sus necesidades. Sería este entusiasmo revolucionario el que conseguiría poner en marcha de nuevo la producción, en tan solo unos días, transformando una economía de paz en otra de guerra, después de la huida de los propietarios y de los técnicos de las empresas. Sería también este entusiasmo revolucionario el que permitiría rápido surgimiento de las improvisadas milicias que se enfrentaron a los sublevados, en aquellos lugares donde todavía no habían sido vencidos, evitando que el golpe de Estado se convirtiera en un paseo triunfal del ejército hacia el poder.

El elevado grado de espontaneísmo es una de las particularidades más definitorias de la revolución española. En ella podemos observar y comprender las virtudes (elevación de la conciencia, la capacidad de los trabajadores para tomar sus decisiones...) y también sus limitaciones (corporativismo, tendencia al capitalismo popular, dificultades para construir una economía coherente...). Sin embargo, la limitación más importante de la revolución española fue la imposibilidad de ésta para articularse y construir una estructura de poder con la que superar a las viejas instituciones republicanas. El espontaneísmo no sólo era el reflejo de la madurez revolucionaria, también mostraba su incapacidad para adueñarse del poder político y utilizarlo en la consolidación del nuevo orden.

"La gran debilidad de las conquistas revolucionarias de los trabajadores españoles estriba, más aún que en su improvisación, en su carácter de tarea incompleta. Pues la revolución, apenas nacida, tuvo que defenderse. Fue la guerra la que redujo a migas las conquistas revolucionarias antes que hubiesen tenido el tiempo de madurar y de llevar a cabo sus pruebas en su experiencia cotidiana constituida por avances y retrocesos, por avances y retrocesos, por ensayos y errores y por descubrimientos" (1045).

La falta de un poder político revolucionario impidió que las Juntas territoriales, los comités, las colectivizaciones y las milicias, pudieran estructurarse de forma coherente y superaran los errores y las contradicciones iniciales, consecuencia de su origen espontáneo. Todos los intentos de planificación de la nueva economía colectivizada se estrellarían ante la falta de este poder político que representara sus intereses.

Los comités revolucionarios locales eran la máxima autoridad a "nivel horizontal", es decir, eran el poder indiscutible en las localidades donde habían surgido, ejercían todas las funciones de un verdadero miniestado. Sin embargo, los intentos de articularlos fueron escasos y limitados, y nunca sobrepasaron el ámbito comarcal. No existía ninguna partido o sindicato dispuesto a hacerlo. Mientras las organizaciones vinculadas al Frente Popular abogaban por su rápida disolución, la CNT-FAI los miraba con desconfianza. Al fin y al cabo, la óptica libertaria consideraba que eran los sindicatos y no los comités-gobierno, los verdaderos canales de expresión de las clases trabajadoras. Esta visión "sindicalista" también era compartida por el POUM, que consideraba que las organizaciones "soviéticas" eran ajenas al carácter de la revolución española. A lo sumo, los comités locales deberían jugar el papel de organismos de frente único en las localidades donde estaban implantados, de la misma manera que lo habían sido las Alianzas Obreras en el 1934.

Resulta interesante reflexionar sobre el supuesto exotismo de la naturaleza soviética en la revolución española. Mientras las organizaciones obreras vinculadas al Frente Popular los rechazaban en nombre del carácter "democrático-burgués" de la revolución, la CNT-FAI y el POUM consideraban que eran los sindicatos y no los soviets, los organismos que estaban destinados a convertirse en la piedra angular de la revolución. En palabras del mismo Andreu Nin, secretario del POUM y testimonio directo de los primeros años de existencia de una URSS, todavía no estalinizada:

"En Rusia no había tradición democrática. No existía una tradición de organización y de lucha en el proletariado. Nosotros contamos con ella. Tenemos sindicatos, partidos, publicaciones. Un sistema de democracia obrera".

"Se comprende, pues, que en Rusia los soviets alcanzaran la importancia que tuvieron. El proletariado no tenía sus organizaciones propias. Los soviets fueron una creación espontánea que en 1905 y en 1917 tomaron carácter político".

"Nuestro proletariado tenía ya sus sindicatos, sus partidos, sus organizaciones propias. Por esto, los soviets no han surgido entre nosotros" (1046).

En realidad el problema era otro muy distinto. La tradición democrática era mucho más sólida en Alemania, y sin embargo habían surgido los consejos obreros (con una naturaleza parecida a la de los soviets rusos). Mientras en Rusia y en Alemania las organizaciones de la izquierda habían apoyado la formación de los soviets y de los Räte, en la revolución española todos los partidos y sindicatos obreros rechazaban la idea de convertir a los comités locales en los cimientos del nuevo Estado revolucionario.

Para convertirse en auténticos soviets, los comités debían democratizarse (estar formados por los representantes elegidos de los trabajadores) y articularse en una estructura de poder que les permitiera enfrentarse con éxito a los restos del Estado republicano. El hecho de que ninguna organización obrera estuviera dispuesta a trabajar con esa orientación impidió su aparición.

Junto a los comités, patrullas y milicias, surgirían también una serie de organismos que pretendieron ejercer las funciones de las extinguidas instituciones estatales republicanas en la región. Estos organismos, verdaderos herederos de las Juntas revolucionarias del siglo XIX agrupaban a las organizaciones obreras implantadas en los territorios donde habían surgido. La aparición de las Juntas territoriales también reflejaba que las instituciones gubernamentales habían perdido la confianza de la población trabajadora (no hay que olvidar el dudoso papel jugado por los políticos republicanos frente a la sublevación militar). Sin embargo, las Juntas no pretendían ocupar el espacio político del gobierno central. Representando la voluntad política de los organismos dirigentes de los partidos y sindicatos, las Juntas se irían disolviendo una por una sin oponer grandes resistencias.

La caída del gobierno republicano central dió lugar a una serie de fenómenos de carácter cantonal que pusieron en evidencia la tradicional deficiencia de la articulación del estado español. La completa restauración del poder central no podría conseguirse hasta un año después.

A pesar de que las Juntas territoriales y los comités locales convivieron en las mismas zonas, nunca llegó a darse una vinculación orgánica. Existe también una clara diferenciación en la naturaleza de los dos organismos. Mientras las primeras estaban integradas por los representantes de las direcciones de los partidos y sindicatos, los comités lo estaban por los militantes de base, mucho más sujetos a la influencia y la presión de la población. Las directrices dictadas por las Juntas eran transmitidas a la multitud de comités por los militantes de las organizaciones que estaban representados en ambos organismos. Las órdenes eran obedecidas o no por los comités, dependiendo de que éstos consideraran que se estaba respetando o no el espíritu de la revolución.

6.3 La dualidad de poderes.

La dualidad de poderes en el proceso revolucionario español presenta una complejidad extraordinariamente rica y compleja.

6.3.1 La multiplicidad de poderes.

Limitar la guerra civil y la revolución española, como han hecho algunos historiadores, a un enfrentamiento armado entre el ejército sublevado (representante de los intereses de la burguesía) y los defensores de la República, es empobrecer los hechos históricos y dejar muchos de ellos sin explicación.

En el interior de la zona republicana se estaba desarrollando una segunda guerra civil que, sin duda alguna, influiría de manera decisiva en la evolución del campo de batalla. Efectivamente, con la caída de la República se inició un forcejeo entre los sectores revolucionarios y los partidarios de restaurar cuanto antes, la autoridad del gobierno y del Frente Popular.

6.3.2 La dualidad de poderes fue el resultado de la renuncia de las organizaciones obreras al poder que tenían prácticamente en sus manos.

"por rechazo de la insurrección militar, hallándose el gobierno sin medios coactivos, se produce un levantamiento proletario, que no se dirige contra el gobierno mismo...Ahora bien: una revolución necesita apoderarse del mando, instalarse en el gobierno, dirigir el país según sus miras. No lo han hecho. ¿Porqué?, ¿falta de fuerza, de plan político, de hombres con autoridad?, ¿presentimiento de que un golpe de mano sobre el poder, aún victorioso, derrumbaría la resistencia, nos pondría enfrente de todo el mundo y se perdería la guerra?, ¿o el cálculo de crear clandestinamente, por abuso de fuerza, sin responsabilidad y bajo la cobertura de gobiernos inermes, situaciones de hecho, para mantenerlas después e imponerse al Estado cuando quiera salir de su letargo? de todo habrá. La obra revolucionaria comenzó bajo un gobierno republicano que no quería ni podía patrocinarla. Los excesos comenzaron a salir a la luz ante los ojos estupefactos de los ministros. Recíprocamente al propósito de la revolución, el del gobierno ni podía ser más que adoptarla o reprimirla. Menos aún que adoptarla podía reprimirla. Es dudoso que contara con fuerzas para ello... El orden antiguo pudo ser reemplazado por otro revolucionario. No lo fue. Así no hubo más que impotencia y barullo" (1047).

Las palabras de Azaña son suficientemente explícitas. El derrumbe de las instituciones republicanas había dejado a los revolucionarios frente a los sublevados. Sin un aparato coercitivo que le permitiera hacer respetar su autoridad y completamente desprestigiado por su política anterior, el gabinete Giral mantuvo una existencia lánguida y espectral, solamente sostenido por el apoyo político que le prestaban las organizaciones obreras del Frente Popular.

La situación estatal también tendría su paralelismo en Catalunya, donde el gobierno de la Generalitat, apoyado por las organizaciones del Front d'Esquerres, se mostró incapaz de oponerse al triunfo anarcosindicalista.

Tanto el gobierno republicano central como el catalán, pudieron iniciar los primeros pasos serios en su reconstrucción por la implicación progresiva de los partidos obreros del Frente Popular: El PSOE y el PCE-PSUC.

¿Cuál fue la dinámica que llevó a los revolucionarios a perder la iniciativa que habían conseguido en Julio? A nivel estatal, los dirigentes de las organizaciones obreras se habían mostrado partidarios de mantener los compromisos adquiridos con el Frente Popular contra viento y marea. Mientras los sectores moderados (prietistas y comunistas) defendían la necesidad de restaurar el viejo orden y de hacer retroceder la revolución a los límites marcados por una República burguesa de corte parlamentario. Los caballeristas oscilaban, influidos por el anarcosindicalismo y el Partido Comunista. Desde la óptica de los dirigentes de la Izquierda Socialista, el triunfo sólo podía conseguirse con la implicación de las potencias capitalistas democráticas (Francia y Gran Bretaña), y ésto sólo podía tener un precio: el final de la revolución. Sin embargo, los dirigentes del socialismo de izquierdas eran conscientes de que la liquidación del movimiento revolucionario que había llevado a convertirse en los jueces de la situación en el interior del gobierno, también significaba el final de su propia hegemonía. El largocaballerismo arrastraría esta contradicción a lo largo del proceso revolucionario. Sus reticencias y vacilaciones acabarían convirtiéndolos en un aliado incómodo que tendría que ser barrido en cuanto las circunstancias lo permitieran.

En Catalunya el victorioso anarcosindicalismo se detendría en los umbrales del poder, atemorizado por las consecuencias que implicaba. Incapacitados políticamente para tomar el poder, los dirigentes de la CNT prefirieron optar por un camino intermedio: la constitución de un Comité Central de Milicias, que sin ser un auténtico gobierno pudiese asegurar las victorias conseguidas después de Julio.

Mientras las bases organizadas de los partidos y sindicatos obreros realizaban su revolución, sus dirigentes no estaban dispuestos a seguir por el mismo camino. Mientras unas organizaciones rechazaban el poder para convertirse en los principales avalistas de la República y del Frente Popular, otras renunciaban a él e intentaban posponer el desenlace hasta después de la guerra. Desde esta perspectiva, podemos calificar a la revolución española como una "revolución huérfana".

6.4 El Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya. La evolución de la dualidad de poderes en Catalunya.

En la revolución española existieron dos dinámicas plenamente diferenciadas: la que se da en Catalunya y la del resto de estado. Aunque ambas situaciones forman parte de la misma revolución y del mismo marco de lucha de clases, existen diferencias visibles en la correlación de fuerzas que ayudan a explicar los distintos ritmos que se dieron en el proceso revolucionario:

Mientras a nivel estatal, las organizaciones obreras mayoritarias aceptaban el marco político del Frente Popular, en Catalunya la hegemonía se encontraba en manos de las organizaciones que se situaban a su izquierda.

La otra gran diferencia era el hecho de que en Catalunya se concentrara la mayor parte del proletariado español y también su sector más organizado y con mayor tradición combativa.

Ambos factores iban a ser decisivos en la mayor radicalización de la revolución en Catalunya y también en el hecho de que el Comité de Milicias llegase a ser la Junta territorial más evolucionada, desde el punto de vista de un gobierno revolucionario.

El Comité Central de Milicias fue un organismo de naturaleza contradictoria. Nacido al calor de la revolución, también era una consecuencia de la renuncia del anarcosindicalismo triunfante al poder, y de la incapacidad del gobierno de la Generalitat para seguir manteniéndolo. Preso de esta situación, el Comité Central de Milicias expresaría la dualidad de poderes que existía en Catalunya y en toda la zona republicana. A lo largo de su existencia, estos dos condicionantes se harían sentir. Convertido en el máximo poder en Catalunya, reflejaría en su seno, la evolución, el auge y también la decadencia del proceso revolucionario. El Comité Central de Milicias se convertiría casi en un Estado, sólo le faltaría la voluntad para serlo.

Como en el resto del estado, también en Catalunya la dualidad de poderes adoptaría una forma compleja: el del agonizante gobierno de la Generalitat, el del Comité de Milicias y el de la dispersa multitud de los comités revolucionarios locales. El hecho de que la CNT-FAI y en menor medida el POUM fueran las organizaciones mayoritarias en los dos últimos organismos explica la relación que existía entre ambos, que permitió al primero convertirse en la autoridad máxima en la Catalunya revolucionaria. El 21 de Julio, todo el poder estaba en manos de los sectores revolucionarios que espontáneamente se apresuraron a formar sus propios organismos. Sin embargo, los cuadros dirigentes de la CNT y de la FAI se encontraban en plena confusión. En pocos días, el poder de la zona económicamente más importante del estado, había caído en sus manos. El recién celebrado Congreso de Zaragoza no había aportado ninguna línea de acción que pudiera servir eficazmente en la nueva situación.
Ahora tenían el poder, pero no sabían que hacer con él. Carecían de un programa, de una táctica y de una estrategia apropiadas para enfrentarse al reto que la revolución les planteaba. Los anarcosindicalistas tenían ante si, tres posibles opciones: tomar el poder, autoexcluirse o colaborar con el Frente Popular y con los restos de las instituciones republicanas. La primera implicaba desearlo, estar preparados para sostenerlo y extenderlo por todo el territorio hasta conseguir la victoria final sobre sus adversarios. Después de un siglo de antiestatalismo y de antiautoritarismo, los líderes cenetistas no se encontraban preparados para optar por este camino. La segunda opción, en aquellos momentos significaba entregarlo en manos de sus adversarios y coyunturales aliados. Era una alternativa que difícilmente habrían comprendido los miles de trabajadores revolucionarios que estaban procediendo a apoderarse de las empresas y a formar sus propias milicias y comités. La tercera posibilidad era optar por un camino intermedio que podía ser utilizado, sin necesidad de mancharse con la toma del poder, ni entregarlo tan fácilmente a sus enemigos: El Comité Central de Milicias Antifascistas de Catalunya.

En realidad, la cuestión era si la revolución iba a permitirles mantener el impás durante mucho tiempo. La opción de los anarquistas de "congelar" la situación hasta un futuro indeterminado, donde las condiciones se volverían favorables para la implantación del comunismo libertario demostraba un profundo desconocimiento de la dinámica revolucionaria. Los períodos donde existe una dualidad de poderes son, por lo general, extremadamente cortos e inestables. Una situación revolucionaria sin la toma del poder sólo es posible durante breves espacios de tiempo. La complejidad de la dinámica obliga a tener que optar por la toma del poder, o por su entrega a aquellos que sí están dispuestos a ejercerlo. La CNT tuvo que hacer una concesión tras otra, en defensa del equilibrio alcanzado con la "unidad antifascista" hasta su quiebra política definitiva. Sin embargo tampoco con esta línea de acción conseguiría defender las conquistas revolucionarias conseguidas en las jornadas de Julio. Algunos políticos y testimonios de la época han hablado del "poder dictatorial" de la CNT en el seno del Comité Central de Milicias (Fraser I, 193).
Dejando a un lado la estética revolucionaria, las decisiones adoptadas ante cuestiones tan espinosas como era la formación de las milicias, o la moderación adoptada frente a las contínuas expropiaciones, el hecho de permitir que el gobierno de la Generalitat siguiera existiendo e interviniendo en la situación (aunque fuera de forma simbólica), o la cuestión colonial marroquí, desmienten el talante autoritario de los libertarios en el seno del Comité Central de Milicias. Lo que también resulta evidente, es que la hegemonía del anarcosindicalismo tenía que sentirse forzosamente en la línea política del Comité Central de Milicias. Además, es difícil imaginar como era posible compatibilizar una política destinada a mantener la colaboración con el resto de las fuerzas políticas, intentando preservar las conquistas conseguidas en la calle y en los centros de trabajo, con las supuestas imposiciones "dictatoriales".

El camino de la "colaboración democrática" escogido por la CNT sería un respiro que sería hábilmente aprovechado por sus rivales. Los dirigentes libertarios se verían obligados constantemente a escoger entre la ruptura revolucionaria y la aceptación de las demandas de sus aliados forzosos. Las concesiones acabarían produciendo el efecto contrario al deseado, debilitaron al movimiento revolucionario y reforzaron a sus adversarios, preparando la recuperación del poder. Por otro lado, la defensa del mantenimiento de la situación implicaba la renuncia a seguir extendiendo la revolución, para evitar que ésta pudiera poner en peligro la "unidad antifascista".

El carácter empírico de la línea adoptada por el Comité Central de Milicias, provocó numerosos errores y excesos que fueron capitalizados por los partidarios de la República: el PSUC y el Front d'Esquerres.

Efectivamente, durante todo el proceso revolucionario, las clases medias oscilaron, entre los dos polos políticos que se estaban enfrentando en el seno de la zona "antifascista". En los primeros momentos, después de las jornadas de Julio, importantes sectores de la pequeña burguesía se aproximaron al movimiento revolucionario adoptando una actitud de simpatía o de neutralidad. Serían los errores y los excesos (abusos, violencia indiscriminada, falta de criterio en las expropiaciones...) los que acabaron arrojando a estas capas sociales en brazos de los partidarios de la restauración republicana (en particular el PCE-PSUC que se convirtió en la organización más eficaz en la defensa de sus intereses). En otros casos, las simpatías se dirigirían hacia el bando franquista.

El espectacular crecimiento del PCE y del PSUC no puede explicarse tan solo por la llegada de las armas procedentes de la URSS, ni por la probada eficacia organizativa de los comunistas. Existen también causas de primer orden: La audacia y la claridad de sus objetivos, a la hora de oponerse a los revolucionarios y su capacidad para capitalizar los errores de éstos. También es importante el hecho de que el PCE-PSUC aparecieran como partidos obreros, herederos formales de la revolución rusa de 1917 en el estado español. Sin ninguna duda, estos factores le permitieron arrastrar a grandes capas de las atemorizadas clases medias y de algunos sectores atrasados del movimiento obrero, que veían con temor los excesos de la revolución.

En pocos meses, los partidarios de la República se encontraron fortalecidos y en condiciones para iniciar su propia ofensiva contra una revolución que ya estaba en franco retroceso. La ambigua política de los organismos dirigentes de la CNT convertía al Comité Central de Milicias en un muro de contención para la profundización del movimiento revolucionario, pero también era un formidable obstáculo para los planes de restauración de los poderes republicanos. Mientras el Comité Central siguiera siendo el poder indiscutible en Catalunya, el gobierno de la Generalitat no podría recuperar su antigua autoridad.

Es importante reflexionar sobre el confuso origen del Comité Central de Milicias, para comprender la fuerza con la que la revolución empujaba por todas partes. En su formación se dieron diferentes y contradictorios proyectos sobre cual tenía que ser su naturaleza y sus funciones. Unos pretendían convertirlo en la quinta rueda del gobierno de la Generalitat que les permitiría restablecer la autoridad perdida; otros lo definirían como un organismo de coordinación de las distintas fuerzas antifascistas. A pesar de todo, el Comité Central de Milicias acabaría por convertirse en la cúspide del poder de una revolución inacabada en Catalunya.

Debido a las circunstancias en las que había nacido el Comité Central de Milicias, desde su origen mantuvo un carácter burocrático. Efectivamente, el comienzo de una guerra y de una revolución inesperada eran limitaciones importantes para su democratización interna. Desde sus inicios, el Comité estuvo integrado por delegados representantes de los órganos dirigentes de las organizaciones antifascistas. Sin embargo, en ningún momento existió ningún intento para democratizar su composición, integrando en su seno a representantes elegidos directamente por la población trabajadora. Los miembros del Comité Central de Milicias tan solo eran responsables ante los organismos directivos que los habían escogido. No existía ningún tipo de control de los trabajadores sobre la medidas que se adoptaban en su seno, ni siquiera por los que estaban organizados en los partidos y sindicatos representados en él.

La CNT-FAI consideraba al Comité Central de Milicias como una simple mesa de organizaciones desde la que se podía gobernar sin ser Estado. Para los libertarios, el canal natural de expresión de la democracia obrera era la misma CNT, por lo tanto ésta se hacía sentir en el seno del Comité de Milicias por medio de su propia hegemonía. Sin embargo, el funcionamiento democrático de unos organismos que estaban hechos para funcionar en tiempos de paz, era más que cuestionable. Al menos así lo han asegurado algunos historiadores, libertarios o no, que han analizado a fondo el proceso de burocratización interna de la CNT, y la pérdida de su democracia interna. Por otro lado el POUM, aunque mucho más clarividente que los dirigentes cenetistas, con respecto a la naturaleza potencialmente revolucionaria del Comité Central, se mostró incapaz de distanciarse políticamente y se vió incapacitado para defender con fuerza una política alternativa diferente, fuera de las declaraciones en sus órganos de prensa. Sus adversarios del PSUC y del Front d'Esquerres tampoco estaban dispuestos a apoyar una transformación democrática, que habría condenado a muerte al gobierno de la Generalitat. De esta manera, el burocratismo, una limitación lógica de su precipitado origen, se convirtió en una tara permanente hasta el final de su existencia.

Es interesante analizar las complejas relaciones de poder que existieron entre el Comité Central de Milicias y la multitud dispersa de comités revolucionarios. Al no existir ningún tipo de relación orgánica entre los dos organismos, las medidas decretadas eran transmitidas y llevadas a cabo por medio de los militantes de las organizaciones que existían en ambos. Con frecuencia, las directrices eran ignoradas por los organismos de poder local, porque consideraban que se apartaban del espíritu de la revolución, sin que el Comité Central de Milicias tuviera ningún poder para imponerlas (este tipo de funcionamiento inorgánico es peculiar de la revolución española, no la encontraremos ni el las dos revoluciones rusas, ni en la alemana). La inexistencia de un vínculo orgánico entre el Comité Central de Milicias y los numerosos comités locales, la falta de control y de representatividad de la voluntad de estos últimos en el organismo que representaba la máxima autoridad revolucionaria en Catalunya, permitieron que la multitud de comités mantuviera un grado importante de independencia política. Era la hegemonía del anarcosindicalismo en el seno del Comité Central la causa de que la autoridad política de éste fuera reconocida por los comités-gobierno locales. Sin embargo, las crecientes divisiones que aparecieron en el seno de la CNT quedaron reflejadas en ocasiones, en la resistencia de los comités a obedecer las directrices del Comité de Milicias.

Sin lugar a dudas, la naturaleza política del Comité Central de Milicias era extraordinariamente compleja y contradictoria. Era el alma de la dualidad de poderes. De esta manera, la decadencia de ésta en favor de los partidarios de la restauración republicana, también significó su sentencia de muerte.

6.5 La disolución del Comité Central de Milicias. De la decadencia hasta el final de la revolución.

El agotamiento político del Comité Central de Milicias se dio cuando los dirigentes anarcosindicalistas no pudieron seguir eludiendo el tema del poder, después de sufrir un fuerte desgaste político por su indefinición. Un mes después de la disolución del Comité Central de Milicias en Catalunya, los libertarios aceptaron su integración en el segundo gabinete de Largo Caballero. Por segunda vez desde los inicios de la revolución tuvieron que optar por apoderarse de él, en los territorios donde continuaban siendo hegemónicos, o por integrarse en el reconstruido Estado republicano (restablecido gracias a la participación de Largo Caballero y de la Izquierda Socialista). Controlando las reservas de oro y de divisas del Banco de España, administrando la llegada de las armas procedentes de la URSS, el gobierno republicano y la Generalitat de Catalunya se encontraban en condiciones para ejercer una presión cada vez más fuerte.

La reconstrucción de las instituciones republicanas estaba muy avanzada. Sin embargo el hecho de que la CNT se autoexcluyera significaba un serio obstáculo para el total restablecimiento del poder de éstas. Mientras los libertarios no estuvieran integrados en el gobierno existía el riesgo de que sus planes de reconstruir el ejército, liquidar a los comités y controlar a las colectividades provocaran una respuesta revolucionaria. Era necesario comprometer al máximo a los dirigentes cenetistas (aprovechando su actitud de "colaboración"), de tal manera que se vieran obligados a aplacar el descontento de sus propias bases. La dimisión del gabinete republicano de Giral y la formación del primer gobierno de Largo Caballero (máximo dirigente de la UGT) había sentado las bases para el entendimiento con la CNT. Los líderes cenetistas, puestos cada vez más entre la espada y la pared, acabaron aceptando la ilusión de que la mayoría UGT-CNT en el seno del nuevo gabinete serviría para defender el nuevo orden revolucionario. Craso error, en pocos meses, el anarquismo se vería obligado a retroceder todavía más, para evitar la ruptura revolucionaria, hasta llegar a la quiebra política total.

Con una CNT (y un POUM en Catalunya) integrados en el aparato de Estado, a los sectores revolucionarios sólo les quedaba la oportunidad de resistirse desesperadamente al desmantelamiento de su obra. Los comités serían disueltos por decreto para dar lugar a los nuevos Ayuntamientos reconstruidos; las milicias entrarían en el proceso de militarización que iba a dar lugar al nuevo Ejército Popular; las colectividades se encontrarían cada vez más atadas de pies y manos por la necesidad de créditos, que sería entregados a cambio de una creciente intervención del gobierno en ellas. De nada servirían las reticencias de los dirigentes libertarios, chantajeados por los resortes del Estado republicano, incapacitados para enfrentarse a él, tan solo les quedaba la posibilidad de ceder.

Oficialmente, el Comité Central de Milicias se había disuelto para terminar con la nefasta dualidad de poderes que entorpecía la marcha de la guerra. Sin embargo, la disolución no significó el final, sino la transformación de ésta. Efectivamente, aunque la integración de la CNT y el POUM en el nuevo gobierno de la Generalitat había conseguido descabezar la revolución en Catalunya, los comités-gobierno locales seguían existiendo y se resistían a disolverse, pese a que los decretos contaban en este caso, la firma de sus dirigentes. El nuevo período de la dualidad de poderes se caracterizaría por la preponderancia política de los partidarios de la República y por la ofensiva cada vez más firme contra los sectores revolucionarios.

La decadencia de la revolución de los comités no queda explicada, ni por el chantaje de las armas soviéticas, ni por la situación de aislamiento internacional. En una situación tan dinámica como era la revolución española, el triunfo no podía quedar asegurado por la fuerza que pudiera tener el anarcosindicalismo, el socialismo de izquierdas, o en menor medida el POUM, sino por el grado de decisión y por la claridad política a la hora de alcanzar sus objetivos. Los sectores situados en la izquierda, por diferentes razones políticas, se detenían ante los umbrales del poder, y pretendían mantener el estatus quo de la situación hasta después de la guerra, donde se suponía que las condiciones iban a ser más favorables para el triunfo de la revolución. Desgraciadamente, las revoluciones casi nunca dan una segunda oportunidad. Las organizaciones partidarias de restablecer el viejo orden republicano, no se iban a quedar con los brazos cruzados. Las armas y los créditos se convirtieron en eficaces instrumentos de presión contra los revolucionarios, pero fue su decisión de aprovechar todos los medios a su alcance para recuperar el terreno perdido y de socavar el terreno que pisaban sus adversarios, lo que les dio el triunfo final, antes de que les fuera arrebatado por el ejército de Franco.

Uno de los grandes errores del bloque izquierdista (CNT, FAI, POUM) fue el de creer que la naturaleza política de las instituciones se definía por los hombres y las organizaciones que las integraban, y no en quien se sostenían. Desde este punto de vista, poco importaba que el poder estuviera en manos del Comité Central de Milicias o del gobierno de la Generalitat. Al fin y al cabo, ellos seguirían manteniendo la mayoría en su seno. Pronto iban a comprobar que la cosa no era tan simple. Las palabras de Karl Marx a Kugelmann sobre la Comuna de París, iban a resultar proféticas:

"Afirmo que la revolución en Francia debe ante todo intentar, no hacer pasar a otras manos la máquina burocrática y militar, que es lo que hasta ahora siempre se ha producido, sino romperla" (1048).

Incapaces de presentar batalla en el seno del Gobierno, la CNT acabaría refugiándose en la economía colectivizada, convencida de que su fuerza y la hegemonía que mantenía en ella volvería irreversible el proceso revolucionario. Desde el primer momento, tanto la CNT-FAI, como el POUM defendieron la necesidad de la "legalización de las conquistas revolucionarias". Una parte del precio de la entrada del anarcosindicalismo y del poumismo en el gobierno de la Generalitat, fue la promulgación del Decreto sobre las colectividades y el control obrero. Sus adversarios políticos estaban dispuestos a hacerles una concesión tras otra, todo con tal de que no se rompiera el curso colaborador de estas organizaciones. Después ya habría tiempo para promulgar nuevas leyes que permitirían el desmantelamiento de la economía colectivizada. La "legalización" también implicaba el reconocimiento de los revolucionarios de la legitimidad política de las instituciones republicanas. Sin embargo, la legalización también permitió la posibilidad de que la Generalitat pudiera abrir las primeras grietas en el edificio colectivista. Las funciones de los interventores nombrados por el gobierno crecería a lo largo de los meses, a medida que las colectivizaciones, chantajeadas por medio de los créditos y las divisas, iban perdiendo su independencia.

Es importante considerar una cuestión que para muchos historiadores y estudiosos del tema puede parecer polémico y espinoso. Sin embargo, no tener en cuenta este hecho implica no poder comprender en profundidad el proceso de la revolución española y reducir el desarrollo de los hechos, a un simple cúmulo de errores, incompetencias e ingenuidades que provocaron la derrota "republicana". Sin ninguna duda, numerosos acontecimientos nos permiten afirmar que el factor político prevaleció en todo momento sobre el militar. Es decir, desde la óptica política de los partidarios de la restauración republicana, la revolución era un adversario mucho más mortal que el ejército franquista. Efectivamente, desde los primeros momentos de la sublevación el gobierno republicano buscó la negociación con los alzados en armas. Después, durante toda la guerra, los intentos de llegar a acuerdos con los sublevados fueron numerosos. Fracasaron porque el ejército y las clases sociales que lo apoyaban no necesitaban negociar nada, cuando sabían que tenían el triunfo al alcance de la mano. También hemos podido observar como, en numerosas ocasiones, una aparentemente incomprensible actitud del bando antifascista le impidió conseguir el triunfo en el campo de batalla. Utilicemos un ejemplo (podríamos encontrar muchos más), el proyecto de la CNT y del Comité Central de Milicias de Catalunya de apoderarse de las capitales aragonesas, para romper el frente y enlazar con las regiones mineras y metalúrgicas del norte, quedó truncado por la dramática falta de armas, mientras que en otras zonas, sobre todo a partir de la llegada de las primeras armas soviéticas, existían en abundancia. La escasez de armas en el frente aragonés provocó la estabilización del frente durante gran parte de la duración de la guerra. Sin lugar a dudas, una ofensiva a gran escala en el frente aragonés habría aliviado la presión ejercida sobre Madrid, y el éxito de la operación habría partido la zona franquista en dos. El problema residía en que dicha operación militar habría estado protagonizada por las milicias revolucionarias de la CNT. El triunfo sobre los sublevados, en un momento en el que los sectores revolucionarios llevaban la iniciativa, era un serio peligro para los partidarios del gobierno. Era preferible evitar que una victoria demasiado rápida pudiera desencadenar una revolución definitiva que condenaría a muerte a la República. Primero era necesario debilitar la revolución, domesticar o neutralizar a sus organizaciones, recuperar el poder perdido durante las jornadas de Julio, y sólo después, podría plantearse una solución al conflicto militar (comunistas, socialistas de izquierda), bien por la vía del triunfo, bien por la de las negociaciones (republicanos, socialistas moderados).

Sin embargo, el proyecto republicano adolecía de una limitación que iba a decantar definitivamente la contienda hacia el bando franquista. A medida que las viejas instituciones recuperaban la autoridad perdida y que la revolución iniciaba su declive, conforme iban siendo desmanteladas las conquistas revolucionarias conseguidas (liquidación de los comités, militarización de las milicias, restauración de los antiguos cuerpos policiales...) la moral revolucionaria que había conseguido los primeros éxitos empezó a decaer fatalmente. El entusiasmo inicial se convertía en cansancio y apatía. Transformada la guerra revolucionaria en una guerra civil tradicional, en la que ya no se defendía ningún proyecto social revolucionario, el triunfo del ejército de Franco iba a ser inevitable.