Las colectivizaciones en la «zona republicana»,
especialmente en Cataluña y Aragón, son, a mi entender, el fenómeno más
importante dentro de la maraña de acontecimientos revolucionarios de este
periodo.1 Las colectivizaciones, que
fueron violentamente calumniadas por sus adversarios, encabezados por los
comunistas, que fueron prácticamente ignoradas durante mucho tiempo por los
historiadores o que fueron idealizadas por la mayoría de los comentaristas
anarquistas, constituyen una realidad contradictoria donde aparece más
claramente que, en el ámbito «militar» o «político», el carácter de lo
que se estaba ventilando en aquella lucha. Se atacó todo el orden social, con
las transformaciones en las relaciones de producción, se trastocó toda la vida
económica, se derrumbó toda la pirámide jerárquica de la sociedad. No sólo
se hacía tabla rasa de los «sacrosantos» principios de la propiedad privada
sino también de aquellos otros principios —también «sacrosantos» para los
llamados partidos de «vanguardia»— que justificaban la división entre
dirigentes y ejecutantes.
1
Han aparecido recientemente varios libros
que tratan de las colectivizaciones en la zona republicana en general y en
Cataluña en particular. Citaremos: Gaston Leval, L'Espagne libertaire, 36-39, Ed. du Cercle y Ed. de la Tête des Feuilles, Paris, 1972; es la
versión, revisada y corregida del libro publicado en italiano con el titulo de Ne
Franco ne Stalin. (En castellano: Colectividades libertarías en España,
2 vol. Editorial Proyección, Buenos Aires, 1972.) Frank
Mintz, L'autogestion dans l´Espagne révolutionnaire, Editions Bélibaste,
París, 1970.
En la propia Cataluña se han publicado (en
catalán):
Albert Pérez-Baró, 30 mesos de
collectivisme a Catalunya, Ediciones Ariel, Barcelona, 1970.
Josep Maria Bricall, Política econòmica
de la Generalitat, 19361939, Ediciones 62, Barcelona, 1970.
«Los de siempre», Colectividades campesinas,
1936-1399, Col. Acracia (Libertarios) n.º 15, Tusquets Editores, 1977.
Agustín Souchy Baver, Entre los campesinos
de Aragón (El comunismo libertario en las comarcas liberadas), Col.
Acracia (Libertarios) n.º 21, Tusquets Editores, 1977.
Pero vamos a ver cómo, a lo largo de su experiencia, los
trabajadores tuvieron que luchar —y cómo no supieron hacerlo eficazmente—
no sólo contra las dificultades inherentes, por ejemplo, a la guerra, no sólo
contra los adversarios declarados de las colectivizaciones, sino también contra
los nuevos obstáculos surgidos de esa misma experiencia.
La primera comprobación que hacemos es la del carácter
espontáneo de las experiencias de colectivización. En este movimiento masivo y
espontáneo de las colectivizaciones es en lo que mejor puede basarse mi
afirmación sobre la importancia del movimiento autónomo de las masas obreras
en Cataluña que, de lo contrario, sería sólo cháchara «izquierdista».
En efecto, el 18 de julio los comités directivos de la
CNT-FAI lanzaron la consigna de huelga general revolucionaria para hacer frente
al levantamiento militar en Africa del Norte. «Exactamente el día 28 de ese
mismo mes, los propios comités dieron pura y simplemente la orden de volver al
trabajo.2» Ahora bien, desde el 21
de julio empezaron las primeras incautaciones. El movimiento empezó en los
servicios públicos. Ese mismo día los ferroviarios catalanes colectivizaron
los ferrocarriles. El 25 los transportes urbanos, el 26 la electricidad y así
sucesivamente.
«Hasta los primeros días de agosto, la CNT no se encargó
de modo oficial y organizado de canalizar las colectivizaciones.3»
Su primera reacción oficial fue restrictiva: los dirigentes de la CNT
intervinieron para que no fuesen colectivizadas las empresas extranjeras, como
lo exigían a gritos los consulados.
2
José Peirats, in «Presència», n.º 5
(septiembre-octubre de 1966).
3
José Peirats, in «Presència», n.º 5.
En un gran movimiento de entusiasmo, los trabajadores,
prescindiendo de cualquier tipo de «tutor», se lanzaron a colectivizar las
industrias, los transportes públicos, los servicios públicos, comercios e
incluso salas e industrias del espectáculo, cafés, hoteles, peluquerías, etc.
Desde el principio cada colectivización constituía un caso particular, pero a
pesar de ello pueden clasificarse en tres sectores principales (hablaré de la
agricultura más adelante): 1) Empresas en las que el propietario seguía teóricamente
en su puesto, pero en las que los trabajadores elegían un Comité de Control
Obrero cuyos poderes, al menos al principio, eran tan reales como extensos (se
trataba sobre todo de empresas extranjeras).
2) Empresas en las que se sustituye pura y simplemente al
patrón por un comité electo.
3) Empresas socializadas.
La diferencia fundamental entre empresas colectivizadas y
empresas socializadas consiste en que estas últimas agrupaban a todas las
empresas en un mismo ramo productivo. El mejor ejemplo, sin duda, lo constituye
la industria de la madera que, bajo la égida del Sindicato de la Madera (CNT),
unificó todas las actividades relacionadas con la madera, desde la tala de árboles
hasta la venta de muebles, reorganizando de arriba abajo talleres y almacenes.
Las empresas socializadas constituían, no obstante, una minoría. Las empresas
colectivizadas solían ignorarse mutuamente, incluso las de un mismo sector
industrial, ya fuese el textil o el metalúrgico.
Estas colectivizaciones tuvieron una amplísima difusión
en toda Cataluña, donde más del 70 % de las empresas industriales y
comerciales fueron incautadas por sus trabajadores, pocos días después del
levantamiento militar del 19 de julio. En algunas ciudades pequeñas —o
pueblos— de la zona catalana, y sobre todo en Aragón, se implantaron unas fórmulas
originales que unificaban a
Los protagonistas de esta oleada anticapitalista fueron,
sin lugar a dudas, los trabajadores anarquistas y anarcosindicalistas de la CNT.
Evidentemente no obedecieron a ninguna consigna de «arriba», puesto que sus
dirigentes permanecían mudos al respecto, en un principio, ya que estaban muy
ocupados «haciendo política» (y también organizando la guerra). Pero esto no
debió plantearles graves problemas de conciencia pues no hacían nada más que
aplicar las ideas libertarias, sobre todo aquéllas plasmadas en el reciente
Congreso de Zaragoza. Se apartaron de sus dirigentes en el sentido de que
decidieron que había llegado el momento de poner en práctica dichas ideas,
mientras que los líderes, por su parte, decidían que había que sacrificar el
«programa del comunismo libertario» en aras de la unidad antifascista.
Hay que señalar que las colectivizaciones se vieron
favorecidas objetivamente por la huida al extranjero —o al campo franquista—
de muchos patronos, gerentes o directores de empresas. En su libro Por qué
perdimos la guerra, Diego Abad de Santillán revela que durante los quince días
que precedieron al levantamiento franquista, fueron retirados 90 millones de
pesetas de los bancos catalanes. Por supuesto, los capitalistas no iban a huir
con las manos vacías. Los patronos que se quedaron, que no fueron eliminados de
la «esfera social» y que aceptaron el nuevo régimen, encontraron trabajo en
su antigua fábrica según su cualificación profesional (se calcula que fueron
un 10 %). Fueran ingenieros, o contables o agentes comerciales o incluso simples
obreros. Su sueldo, el mismo que el de aquellos que cumpliesen idénticas
funciones. Daniel Guérin no se equivoca cuando señala que los trabajadores
catalanes, en relación con otras experiencias del mismo tipo, tuvieron la
suerte de contar con la colaboración de un número relativamente importante de
ingenieros y técnicos. «Durante más de cuatro meses, las empresas en las que
ondeaba la bandera roja y negra de la
4
Daniel Guérin, l´Anarchisme, Ed. Gallimard, col.
«Idées», pág. 157.
Sin embargo, pronto empezaron a surgir graves
dificultades en algunos sectores industriales, dificultades que eran debidas,
entre otras cosas, a la falta de materias primas y a la reducción de los
mercados a consecuencia de la guerra. «La situación no es tan buena en la
industria textil (muy importante en Cataluña en aquella época [C. S.-M.]): a
causa de la carencia de materias primas sólo se trabaja 2 o 3 días a la semana
en muchas fábricas, pero se paga el salario correspondiente a 4 días. La
prolongación de esta situación debilita a las empresas. Las ganancias de los
obreros, que sólo cobran un sueldo de 4 días, son insuficientes. Esto no es
una consecuencia de la colectivización sino de la guerra. La industria textil
catalana, ha perdido sus principales mercados. Parte de Andalucía, Extremadura,
Castilla la Vieja y todo el norte de España, con la poblada e industriosa región
de Asturias, se encuentran en manos de los fascistas.
5»
5
A. Souchy, Collectivisations: L'Oeuvre
constructive de la Révolution Espagnole (1936-1939) (recopilación de
documentos), Ediciones de la CNT, Toulouse, reeditada en 1965, pág. 21. Durante
mucho tiempo, este folleto ha sido el único trabajo medianamente sistemático
sobre la cuestión, publicado en Francés.
Lo que el autor no dice es que el Gobierno catalán
encargaba tela para los uniformes del nuevo ejército al extranjero, tan grande
era su desconfianza (por no llamarla de otro modo) en las colectivizaciones. La
situación mejoró a principios de 1937: la industria textil catalana trabajó
entonces para el ejército republicano.
Sin embargo, los trabajadores cometieron varios errores
graves. Uno de ellos fue el de no tocar a los Bancos, volviendo a caer en el
error de sus ilustres antecesores de la Comuna de París. La Generalitat fue
quien controló todas las Bancas catalanas. Esto le creó problemas con el Banco
de España y por tanto con el Gobierno central, como veremos más adelante, pero
al mismo tiempo le permitió ejercer una presión muy eficaz sobre las empresas
colectivizadas con dificultades financieras o incluso tan sólo con dificultades
de tesorería.
Las incautaciones
El 27 de julio, los empleados de las agencias marítimas,
afiliados a la UGT, se presentaron en sus oficinas y procedieron a la incautación
de la Compañía Transatlántica. Lo mismo pasó en las Compañías Mediterráneas,
Ibarra, Ramos, etc. Esta incautación constituye prácticamente el único
ejemplo en el que la UGT tomó la iniciativa en relación con la CNT. Recordemos
que la UGT, que era una organización esquelética en Cataluña, tenía no
obstante algunas secciones entre los empleados, pequeños funcionarios y otros
proletarios de «cuello blanco». Sin embargo, la CNT participó desde el primer
momento en el Comité Central de control de la Compañía Transatlántica que
estaba compuesto como sigue: 3 miembros de la CNT, 3 de la UGT y dos delegados
gubernamentales, uno de la Generalitat, otro del Gobierno central.
La flota de esta compañía era de cien mil toneladas. La
primera medida del Comité, Central que dirigía la actividad de los comités de
navíos, almacenes, oficinas, etc., fue la de destituir al administrador-gerente, a su adjunto y a casi todos los responsables de la
antigua dirección. Se suspendió igualmente el pago a los accionistas.
En Barcelona los servicios públicos de transporte, tranvías,
metro y autobús formaban una única empresa privada. Desde el 19 de julio, el
Sindicato Unico del Transporte decidió la incautación. La empresa quedó
dividida en tres sectores: Tranvías, Metro y Autobús. Frente a cada ramo se
eligió un Comité. La Generalitat también nombró un delegado, pero su papel,
por lo menos al principio, tan sólo fue simbólico. La estructura organizativa
creada por la sección de tranvías sirvió de modelo a las demás secciones. Se
eligió un Comité de Empresa formado por un delegado de cada ramo o sección de
trabajo. Cada sección tenía su Comité que organizaba su trabajo en coordinación
con el Comité de Empresa. Una de las medidas más importantes fue la igualación
de salarios. Los ingenieros y técnicos que continuaban en su trabajo, por
ejemplo, vieron cómo disminuía su salario mientras que los salarios más bajos
aumentaban. Se reorganizó el trabajo suprimiendo los puestos burocráticos que
se consideraban inútiles. Desde julio de 1936 hasta el final de la guerra, los
servicios de transporte urbano de Barcelona funcionaron mejor que antes —según
numerosos testimonios— en manos de los trabajadores.
El 21 de julio los ferroviarios se apoderaron de las
redes de ferrocarriles catalanes: M. Z. A. y Norte. Se constituyeron
inmediatamente Comités Revolucionarios que se ocuparon también de la defensa
de las estaciones y de los nudos de comunicación. También aquí, como en el
caso de los transportes urbanos, y como en el 99 % de los casos, fueron los
militantes de la CNT quienes tomaron la iniciativa, pero después, los miembros
de la UGT —empleados, técnicos— formaron parte de los Comités
Revolucionarios en plano de igualdad con los de la CNT, sin tener en cuenta la
proporción de afiliados. Todas las redes catalanas de ferrocarril fueron
colectivizadas por los ferroviarios, organizados en Comités Revolucionarios de
estación, depósitos, etc. Se comunicó a los antiguos jefes de servicios que
estaban despedidos. Algunos, sin embargo, volvieron al trabajo, no ya en calidad
de directores —papel que asumían los Comités— sino en calidad de técnicos.
En Cataluña, el servicio telefónico era propiedad
privada de un trust americano. Obedeciendo a las órdenes de la Generalitat y a
la de sus propios dirigentes, los sindicatos de teléfonos no colectivizaron esa
empresa, pero instauraron en ella un rígido control obrero, dirigido por comités
CNT-UGT en cada central, en toda Cataluña. Los «patronos» americanos —o sus
representantes españoles— no tuvieron otra actividad que la de controlar las
«entradas» y «salidas» de sus pesetas. Entre otras medidas se les impuso el
licenciamiento de los directores y jefes de servicio considerados inútiles y
demasiado bien pagados.
Sería demasiado largo enumerar la lista de
colectivizaciones. Antes de estudiar con más detalle algunos casos concretos,
señalemos que la marea «colectivista» invadió casi toda la actividad
productiva de Cataluña, incluso las peluquerías: los peluqueros sindicados
despidieron a sus patronos y administraron ellos mismos sus salones, suprimiendo
las propinas e imponiendo precios únicos. En algunos cafés y hoteles se hizo
lo mismo. Los comunistas, al querer demostrar la «locura colectivista» de los
anarquistas, han dicho que los famosos burdeles del no menos famoso «barrio
chino» de Barcelona también fueron colectivizados. Pero no hemos encontrado
rastro alguno de esa interesante iniciativa en los documentos y libros que
tratan de este tema...
Por el contrario, existe una abundante documentación
sobre las colectivizaciones realizadas por el Sindicato del Espectáculo CNT.
Toda la actividad teatral, cinematográfica, ballets, «music hall», fue
colectivizada. Productores, patronos y demás propietarios fueron despedidos y
el sindicato regentó directamente todas las actividades del espectáculo,
encargándose tanto de los programas como de las retribuciones de los artistas,
el precio de las entradas, etc.
El Sindicato de la Madera
El Sindicato de la Madera realizó, como ya dije, la «socialización»
de esta industria. Es el ejemplo de lo que la CNT entendía entonces por socialización: unificación de todas las empresas y actividades de un ramo
industrial en el seno de una única entidad socializada, administrada
directamente por el correspondiente sindicato. El sindicato —y no sólo el de
la Madera, por supuesto— cambió de «naturaleza». De un organismo de «lucha
revolucionaria y económica del proletariado» que decía ser —lo que en gran
medida había sido realmente la CNT antes del 36— se convirtió en el
organizador y gerente de una serie de sectores esenciales de la economía, una
vez que «los expropiadores habían sido expropiados». En la Cataluña
revolucionaria, el Sindicato (CNT) iba a desempeñar un papel prácticamente sin
igual en la historia del movimiento obrero internacional: en pocos días se
convirtió en la primera fuerza política del país —desempeñando un papel
determinante desde el Comité Central de Milicias, hasta el más oscuro Comité
Revolucionario de barrio—, la fuerza militar más importante, aunque sólo
fuese por la cantidad de milicianos, y al mismo tiempo, el elemento primordial
de la economía catalana, cuyas tres cuartas partes habían sido colectivizadas
por los propios trabajadores. Esta original situación causo toda una
serie de problemas y contradicciones. La primera y más evidente de todas ellas
fue el nacimiento —rápidamente liquidado por la derrota— de una burocracia
obrera.
*
* *
El 6 de octubre de 1936 el Sindicato Único del Ramo de
la Madera (CNT) publicó un informe sobre su actividad, que empezaba así:
«NOSOTROS VAMOS A POR TODO. Ya decíamos en otro artículo
que hay que ir a por todo, que hay que trastocar todo lo existente; hay que
sanear los focos de infección. Tenemos que dar una sensación de estabilidad
reconociendo que al régimen burgués le ha tocado su hora final.
Tenemos que hacer renacer la confianza entre los
trabajadores. Tenemos que decirles y les decimos: Obreros de la Madera: los
patronos no existen, y para que lo veáis claro presentamos este balance. Los
patronos, carpinteros, cobijados en la guarida de trabucaires del Fomento,6
ya que no existen, y en su lugar el Ramo de la Madera ha instalado una de sus
oficinas.
6 «Trabucaires del Fomento»: los bandidos de la organización
patronal (Fomento).
La canalla ebanista que tenía su sede en la Escuela de
Artífices, hoy completamente desorganizada, destruida, ya no existe, y el local
y documentación están bajo nuestra custodia, La «Patronal Embaladora y
Tapicera» también ha desaparecido. Locales y documentos están en nuestro
Poder. Nosotros vamos a por todo, y tenemos el deber de imponernos, y nos
imponemos como sector revolucionario. A los pequeños patronos, los reagrupamos
en talleres grandes. Y conseguido esto, controlamos toda la producción. Al
crearse nuestros talleres confederales, tenemos que imprimir ritmo a nuestras
actividades. Nosotros queremos, y cuando lo decimos es que estamos seguros de
poder ser en plazo corto los únicos que tengamos bajo nuestro control toda la
producción. Todos los trabajos han de hacerse por medio del Sindicato, ya que
si bien es verdad que antes fueron organismos de lucha contra el capital, hoy
han de ser los que regulen la producción
7».
7 Archivos personales.
Idéntica vivacidad de tono encontramos en el texto
siguiente, publicado el 25 de diciembre de 1936, en el Boletín CNT-FAI, pero
esta vez no sólo va dirigido contra los patronos.
«...En vez de llegarse a la verdadera incautación, en
vez de dar amplia satisfacción al pueblo, se obliga a los patronos a pagar el
semanal y se aumentan los jornales y se reduce el horario. ¡Y esto en plena
guerra! Hecha la incautación por la Generalitat de todos los valores, se admite
la pignoración sobre unos inventarios imaginarios y se dan cantidades tan
fabulosas que hoy se han de arrepentir cuando, hecho el balance, se pueda
demostrar la cantidad de millones que se han gastado sin producir y que tan
quebrantada han dejado a la economía.
Se ha creado una cantidad de burócratas
parasitarios (subrayado por mí, [C. S.-M.]), que el Ramo de la Madera ha
procurado aminorar en los trabajos que controla. Hay demasiados comités de
control que no producen, y a esto no hay derecho... »
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«El Sindicato de la Madera, con
un sentido amplio de responsabilidad, dándonos cuenta del momento, quisimos, no
tan sólo seguir la marcha de la revolución, quisimos encauzarla teniendo en
cuenta nuestra economía, la economía del pueblo. A tal efecto recogimos todos
los pequeños propietarios, aquellos pequeños patronos insolventes, sin medios
propios de vida, nos hicimos cargo de los microscópicos talleres, compuestos de
insignificante número de operarios, sin preguntarles a qué central sindical
pertenecían, no viendo más que obreros que estaban inactivos, perjudicando la
economía.
Pues bien: de estos talleres, valiéndonos de nuestros
propios medios y de las cuotas de los trabajadores, montamos talleres
confederales de doscientos o más trabajadores, como jamás existieran en
Barcelona y poquísimos en el resto de España.»
Después de notificar la incomprensión y el sabotaje que
esta reorganización de la industria de la madera levantó en todos los medios,
se quejan de la actitud de los Comités de Control gubernamentales para con
ellos. Estos, les vendieron las materias primas que necesitaban a unos precios
exorbitantes. Sólo consiguieron ser tomados en serio —continúa el texto—
cuando pagaron sus deudas en el plazo señalado, cualquiera que fuera el precio,
cosa que nadie debía hacer en Cataluña. De todos modos, no basta con hacer
algunas declaraciones de principio para eliminar el espíritu mercantil de las
relaciones sociales. El texto concluye así:
«Hay un malentendido al afirmar que nosotros no
aceptamos el Decreto de colectivización. Todo lo contrario, lo aceptamos, sólo
que en el terreno práctico le damos otra interpretación. Lo fácil, lo lógico
para algunos hubiese sido hacer esas colectivizaciones que no son otra cosa que
grandes cooperativas, en las cuales, sólo las industrias con vida propia tendrán
asegurada su existencia. Pero, en cambio, dejan abandonadas a las pobres a sus
propios medios, que no es otra cosa que crear dos clases: los nuevos ricos y los
eternos pobres. ¡Desigualdad que no se puede consentir! Nosotros aceptamos la
colectivización de todas las industrias, pero con una sola caja, llegando al
reparto equitativo. Lo que no aceptamos es que haya colectividades pobres y
ricas. He aquí el verdadero problema de la colectivización: o se colectivizan
todas las ramas de la producción en general, o se deja en libertad de hacer
ensayos prácticos ...
8»
8
Archivos personales.
El verdadero problema de las colectivizaciones era el
planteado por la desigualdad, debida a todo tipo de factores (falta de dinero,
de mercados, de materias primas, etc.) entre las empresas colectivizadas que, en
su mayor parte eran independientes, formando una entidad aislada y actuando cada
cual en su propio provecho.
El problema de la coordinación entre las empresas
colectivizadas fue rápidamente percibido por numerosos sectores de la CNT y no
sólo por el Sindicato de la Madera. En octubre de 1936 se celebró en Barcelona
un Congreso sindical que representaba a 600.000 trabajadores cuyo objeto era la
socialización (en el sentido que se ha indicado anteriormente) de la industria.
Se decidieron adoptar una serie de medidas prácticas tendentes a agrupar a
todas las actividades de las diferentes ramas, todo esto bajo la égida y el
control de los sindicatos. Pero estas medidas que pretendían responder a las
dificultades reales, nunca se aplicaron de una manera efectiva. Seguidamente, el
Decreto de Colectivización de 24 de octubre de 1936, propuso una organización
diferente en la que, naturalmente, el Estado seria quien controlara todo el
aparato de los sindicatos y de los diversos comités.
Para luchar contra el problema de las colectividades «ricas»
que se desinteresaban de la suerte de sus «hermanas pobres», todos, tanto la
Generalitat, como los sindicatos, multiplicaron las gestiones administrativas y
burocráticas, los organismos de control, etc. —los burócratas parasitarios
denunciados por el Sindicato de la Madera —que no llegaron a conseguir una
verdadera «planificación democrática», pero que en cambio hicieron que
proliferaran los conflictos y los abusos inherentes al funcionarismo obrero.
El Sindicato de la Madera parece que consiguió bastante
bien, por lo que a él respecta, resolver el problema de la coordinación. Como
hemos visto, se desembarazaron rápidamente de los patronos, agruparon en
amplios talleres a los pequeños artesanos ebanistas y otros, con los obreros
carpinteros, etc., talleres que también se encargaban de la venta de los
productos que fabricaban. El paso de las empresas microscópicas y desperdigadas
por todas partes a los talleres confederales donde estaban agrupados las
diversas actividades de la industria de la madera, permitía una planificación
de la producción, una reducción de la burocracia improductiva y una igualación
de los salarios de los trabajadores, medida que se encuentra en la inmensa mayoría
de las experiencias de colectivización. Teóricamente parece que existían las
condiciones necesarias para una verdadera gestión obrera de la producción.
Pero el «gerente» estaba explícitamente designado; era el sindicato. Cuando
los textos del Sindicato de la Madera afirman que los sindicatos eran quienes
tenían que «gestionar la producción» están dentro de la mas pura ortodoxia
de la CNT. Como yo siento una gran desconfianza hacia cualquier ortodoxia, me
hubiera gustado ir más allá de las palabras y saber con más exactitud lo que
significaba gestión sindical en la industria de la madera. Nos faltan
documentos —o yo no he sabido encontrarlos. Para mí resulta evidente que no
se puede en modo alguno confundir sindicato de la madera con trabajadores de esa
industria. Pongamos un ejemplo banal: Sindicato puede querer decir el secretario
general y sus adjuntos, como el conjunto de los miembros de la CNT (o sea la
mayoría de los trabajadores) ejerciendo democráticamente sus derechos y
realizando de verdad y colectivamente la gestión de la producción.
En el primer caso, «en nombre del sindicato», los
dirigentes de este último podían imponer algunas medidas a los trabajadores,
manipular las asambleas y los votos y, a fin de cuentas, reconstruir el
monopolio del saber y del poder en provecho de la «dirección». Es un conocido
mecanismo —que resumo— que conduce a la jerarquización burocrática. En el
segundo caso, sería interesante estudiar cómo se hubiera ejercitado la
democracia y la gestión obreras a través del Sindicato y cuáles eran las
relaciones de la CNT con la minoría UGT y con los no sindicados —por lo menos
durante las primeras semanas—, pues la adhesión a un sindicato se hizo muy
pronto prácticamente obligatoria. La ideología de la CNT constituye aquí un
obstáculo para el análisis: puesto que el sindicato es la forma superior de
organización social y de democracia obrera, la gestión de una industria por el
sindicato correspondiente ¡tiene que ser obligatoriamente eficaz y democrática!
La palabra mágica de sindicato oculta los conflictos que pudieran existir.
La industria textil
La industria textil era
tradicionalmente una de las más importantes industrias catalanas. Pero su
estructura era arcaica, incluso para aquella época y por ejemplo, menudeaban
los pequeños talleres.
He aquí algunos aspectos del
balance oficial de la colectivización en la industria textil, según el informe
del Sindicato único de Barcelona (CNT) publicado sin fecha, en el folleto de la
CNT: La obra constructiva de la revolución española:
«Una de las industrias mas importantes de Cataluña, que
está concentrada especialmente en Sabadell y Tarrasa, es la textil. El
Sindicato único controla, solamente en Barcelona, a 40.000 trabajadores de la
CNT. El total de trabajadores controlados por las dos centrales sindicales
asciende a 230.000 obreros, de los cuales 170.000 pertenecen a nuestra
Confederación. Entre los trabajadores sindicados un 70% pertenece a la CNT y un
30 % a la UGT.
Jornales: Antes del movimiento los trabajadores del sector de tintorería
percibían un salario de 68 pesetas a la semana. Hoy día perciben 78,20, lo que
representa un aumento del 15 %. Los trabajadores del sector de mantenimiento
perciben el mismo salario.
Tricotaje: los trabajadores de esta subdivisión
trabajaban por piezas y antes del 19 de julio ganaban 175 pesetas a la semana,
en base a una media de 10 horas de trabajo por día. Hoy, ganan 135 pesetas a la
semana de 40 horas y trabajan por días.
Las obreras que trabajaban por pieza sobre
"Standard" y percibían 60 a 70 pesetas, perciben hoy un salario de 65
pesetas a la semana.
Los salarios de los técnicos industriales han pasado de
250-350 pesetas a 200-250 pesetas a la semana.
El de los encargados de servicio, de 125 a 125-130
pesetas.
Según estas cifras, parece que los salarios han sufrido
una disminución.
En realidad ha habido una evidente ventaja para el
obrero, puesto que tiene un salario fijo, seguro y permanente al desaparecer el
trabajo por piezas. Antes del 19 de julio, los obreros trabajaban con
"Cotton" y "Standard"; para conseguir los salarios que
mencionábamos antes, tenían que hacer 80 horas semanales; hoy día, en las fábricas
en las que no se ha adoptado la semana reducida (por escasez de materias primas)
sólo se trabaja 40 horas.
El coeficiente de salario-horario es muy superior en este
momento al que se practicaba bajo el régimen burgués.» (Estos argumentos me
parecen poco convincentes [C. S.-M.])
«Milicias en el frente. El número de afiliados a la CNT
del sector textil, que han abandonado su trabajo en las fábricas y talleres
controlados por nuestra Confederación para ir al frente es muy elevado. Podemos
decir que en el momento actual la mano de obra se ha reducido mucho en este ramo
de la industria. En Barcelona-ciudad, 20 a 25.000 hombres, afiliados a la CNT,
han partido como voluntarios al frente, mientras que de la UGT sólo lo han
hecho 3.000.
Donativos para las victimas del fascismo. El SUFT
(Sindicato Unico Fabril y Textil) ha ofrecido hasta hoy al Comité, para las
victimas del fascismo 2.500.000 pesetas. Debido a la disminución del trabajo
por falta de materias primas, los donativos, que antes eran de 110.000 pesetas
semanales, han descendido a 55.000
9.»
9
A. Souchy: Collectivisations.... págs. 48-50. Hay que señalar como «vestigio reaccionario del
pasado» que la discriminación salarial respecto a las mujeres (sin duda alguna
reflejo de una discriminación más generalizada), persistió tanto en las
colectividades industriales como en las agrarias.
Después de indicar que los trabajadores del textil cedían
del 5 al 15% de sus salarios, según el importe, al Comité de Milicias para las
necesidades de la guerra, el informe continúa describiendo la estructura de la
organización de las empresas colectivizadas. Quizá sea de lamentar la
imprecisión de la fórmula «casi toda la industria textil está colectivizada
en Cataluña», que no nos indica cual era el porcentaje de industria que todavía
era privada, ni las relaciones entre la industria colectivizada y los Comités
de Control en la industria privada. Sin embargo, la segunda parte de este
informe que empieza por: «Cuando hayan implantado la colectivización, los
Comités de Control se convertirán en Comités técnicos administrativos»,
parece indicar que en el momento en que ese informe fue redactado (septiembre u
octubre de 1936, por las alusiones al Comité de Milicias) la colectivización
estaba muy lejos de haber acabado.
La estructura organizativa era clásica desde el punto de
vista de la CNT. Se trataba de una pirámide de comités: Comité de Empresa,
Comité Local que reagrupa a los delegados de los Comités de Fábrica de la
localidad, Comité de Zona, Comité Regional (para la CNT, Cataluña siempre fue
una «región») y Comité Nacional del Textil. Los textos insisten en el
aspecto democrático de las estructuras organizativas, no sólo porque todos sus
comités han sido elegidos, sino también porque, en caso de conflicto, se
decide recurrir a la Asamblea plenaria de trabajadores de una empresa o incluso
de una localidad, y esta Asamblea es la que decide. Cuando el conflicto se sitúa
a un nivel más «elevado», zona, región o nación, los Asambleas de delegados
o los Congresos son los que naturalmente deciden.
Sobre el papel
parece que hay una coordinación, a través
de los comités elegidos, entre todas las empresas textiles catalanas, que hacía
que fuera posible luchar contra las desigualdades de las que ya he hablado.
Ahora bien, el informe se limita a constatar que, debido al trabajo y a los
salarios reducidos, los trabajadores de algunas empresas sólo podían pagar una
cotización pequeña para las necesidades de la guerra. No se mencionan los
medios previstos para remediar esta situación. ¿Llegó dicha coordinación a
superar realmente el estadio de los buenos deseos? Por lo demás, no se sabe lo
que subsistió una vez que el Decreto sobre colectivizaciones hubo levantado
otra estructura estatal-sindical.
También nos gustaría tener mas información sobre el
hecho de que cada comité, que a su vez estaba subdividido en cuatro o cinco
departamentos, podía nombrar «al personal técnico y burocrático (sic)
necesario para realizar sus funciones».
La industria metalúrgica
En el sector metalúrgico las cosas tampoco fueron
demasiado sencillas. Hay que señalar, ante todo, que algunas fábricas metalúrgicas
bastante importantes eran extranjeras y que, por lo tanto, no fueron
colectivizadas. Algunas, como la Barret, S. A., que había sido colectivizada,
cuando el Consulado belga intervino comunicando que el 80 % del capital de esa
empresa era belga, tuvieron que dar marcha atrás y pasar de la colectivización
al control obrero.
Evidentemente, la metalurgia catalana se convirtió por
completo —o casi por completo— en una industria de guerra, a la que se
intentó colocar, primero bajo control directo del Comité de Milicias, luego
bajo el control de la Generalitat y por últmo bajo el del Gobierno central,
como se verá más adelante. Pero a pesar de todo también en este sector la
iniciativa obrera se desplegó un poco por todas partes. Citemos el ejemplo de
la fábrica Hispano-Suiza:
«TALLERES HISPANO-SUIZA:
»Los talleres de esta importante empresa se cuentan
entre los que trabajan con mayor intensidad en las más diversas ramas para el
avituallamiento de las milicias obreras. Las organizaciones sindicales, desde un
principio, procedieron a la incautación de la fábrica y a la organización del
trabajo bajo la dirección íntegra de los organismos creados por el
proletariado con el fin de adaptar la fabricación a las necesidades impuestas
por la guerra civil. Nunca se ha realizado de un modo tan completo y tan rápido
una modificación de los servicios para transformar una producción de paz en
una producción de guerra. Los productos que salen de todos los establecimientos
de la industria metalúrgica para el servicio de la guerra, están sometidos al
control del Comité de Milicias, que actúa por medio de un delegado directo
nombrado especialmente para ello. El camarada que realiza estas funciones tan
complejas y delicadas es uno de los miembros más destacados del Sindicato Unico
de la Metalurgia (CNT). Tiene sus oficinas instaladas dentro de la fábrica
Hispano-Suiza, por lo tanto, la dirección de la producción metalúrgica de
guerra se encuentra centralizada ahí.
»Hay 1.000 obreros trabajando bajo el régimen de la
empresa colectivizada. La suma total de los salarios de la semana asciende a
110.000 pesetas.
»La dirección interior de la fábrica está asegurada
por un Comité de Empresa, formado por un representante de cada sector,
incluidos los delegados de los técnicos, empleados de oficina, ingenieros, etc.
»Se han construido en la fábrica las siguientes
especialidades:
— Camiones blindados.
— Bombas de mano (granadas).
— Ambulancias.
— Soportes para ametralladoras.
— Correas y sacos de campaña.
»La fabricación de tanques y obuses está en estudio.
»Además se sigue con los trabajos habituales: fabricación
de automóviles y motores de avión. De estos últimos se han mandado algunos al
aeródromo del Prat y al Gobierno de Madrid.
»El estado de ánimo de los trabajadores es admirable.
Todos trabajan concienzudamente en la elaboración de esos instrumentos, tan útiles
para la lucha antifascista. Durante los siete primeros días, se blindaron
quince camiones con doble tabique metalizado y corcho aislante, lo que
representa un considerable récord. Todos esos camiones han sido enviados a los
frentes de Aragón.
»La producción de granadas asciende a quinientas al día,
completamente terminadas y cargadas. Consideramos superfluo indicar que tales
granadas son de manejo seguro y de gran poder mortífero.
»Por el momento no es posible establecer cuadros
comparativos con la situación anterior, pues la diferencia de trabajo y
circunstancias creadas por la guerra civil falsearían los cálculos. Pero el
ritmo de trabajo de esta empresa y su situación financiera nos permite tener
grandes esperanzas. Esta será una de las más notorias manifestaciones de las
posibilidades del proletariado y de la nueva organización, tan llena de
promesas para el futuro
10.»
10
Ibid., pág. 71.
El Decreto sobre colectivizaciones y sus consecuencias
Los pocos ejemplos de colectivización que acabamos de
ver sólo pueden darnos una idea muy somera y posiblemente abstracta de lo que
en realidad fue ese movimiento. Hay que poder imaginarse lo que representaba:
centenares de miles de trabajadores, de un día para otro, se iban a encontrar
en una situación que sin duda alguna habían soñado, pero que nunca habían
vivido. Los patronos habían sido aniquilados, la propiedad privada abolida,
ellos eran ahora los dueños. Durante casi cuatro meses (desde julio al 24 de
octubre de 1936), ninguna autoridad patronal o estatal se atrevió a invadir el
terreno conquistado. Todo estaba por inventar. Y naturalmente había que hacerlo
basándose en las ideas libertarias sobre la cuestión, pero tales ideas definían
una línea de conducta general y no aportaban solución a los problemas
concretos. Y estos problemas (cajas vacías, carencia de materias primas,
carencia de mercados, etc.) eran cotidianos y la guerra civil hacía que su
solución fuese todavía más difícil.
Hay que repetir que cada colectivización era un caso
particular. En el fervor del primer período (hasta el Decreto de Colectivización)
las soluciones aparecían sobre la marcha. Parece que es durante ese período
cuando la democracia directa fue más completa: las asambleas de trabajadores
son las que eligen a los Comités de Empresa (o de Control) y también son las
que deciden sobre todas las cuestiones importantes.
En los servicios públicos (ferrocarril, transportes
urbanos, electricidad, etc.), la naturaleza misma de su trabajo unía entre sí
a los trabajadores de una ciudad, e incluso, hasta cierto punto, a los de toda
Cataluña. Algo parecido ocurría con la metalurgia, que se había transformado
casi por completo en una industria de guerra (pero en este caso se plantearon
problemas particulares de los que volveremos a hablar). Se hicieron algunos
intentos de coordinación entre empresas de un mismo ramo industrial, no sin éxito
—por ejemplo, el Sindicato de la Madera— o entre todas las industrias de
algunas ciudades catalanas. Pero generalmente cada empresa autogestionada
constituía una entidad autónoma, un bastión, a la vez aislado (respecto a los
problemas financieros u otros) y asociado al conjunto del movimiento por mil
lazos. Esto es fácil de comprender: los trabajadores de cada empresa se
ocupaban en primer lugar de reorganizar su vida y su trabajo dentro de su
empresa. Pero muy pronto esta situación planteó problemas económicos (aun
cuando los problemas puramente económicos no sean sino, una añagaza más). La
guerra, las necesidades de todo tipo de la población, etc., exigían que se
desviase la producción en determinadas direcciones y algunas empresas
continuaban produciendo las mismas cosas que antes de la guerra sin encontrar
salidas. Sobre esto podemos dar un ejemplo pintoresco: bajo el entusiasmo
producido por crear una «nueva vida», una sociedad «proletaria», se hizo una
gran campaña, por otra parte espontánea, contra el modo burgués de vestirse
(hasta los burgueses se vestían como si fuesen obreros para pasar
desapercibidos). El sombrero, símbolo del modo de vestirse burgués, cayó en
completo desuso. Ahora bien, los obreros sombrereros, a través de su sindicato,
protestaron contra esta «discriminación». Toda su vida habían hecho
sombreros, por lo tanto continuaban haciéndolos, pero como nadie los llevaba,
¿cómo venderlos? Se encontraron ante una situación sin salida... Este ejemplo
«chaplinesco», escogido entre otros muchos, demuestra en todo caso que era
necesaria una reconversión de determinadas ramas industriales. No bastaba con
seguir produciendo, también y sobre todo, había que producir de otro modo...
«Producir de otro modo» exigía, una vez mas, saber quién decide qué y como
producir. La «producción por la producción» no puede ser en ningún caso el
objetivo de una economía autogestionada. La meta que había que alcanzar tenía
que ser la de producir para satisfacer cada vez más las necesidades libremente
expresadas de las masas. Evidentemente, la inmensa mayoría de los catalanes
estaba de acuerdo sobre algunas prioridades debidas a la guerra: creación de
una industria de guerra, avituallamiento de las milicias, etc. Pero los
problemas no acababan ahí.
La coordinación, la reconversión de determinadas
industrias, la nueva orientación que había que dar a la producción, la
igualdad de condiciones de vida y de salario, no ya sólo dentro de cada
empresa, sino también para todos los trabajadores catalanes, etc., exigían que
se crearan puentes entre las islas de ese inmenso archipiélago que eran las
empresas colectivizadas. Durante los cuatro meses del primer período, fueron
los sindicatos (sobre todo la CNT) quienes constituyeron el único lazo entre
los trabajadores de las diferentes empresas, las diferentes ciudades y las
diferentes ramas industriales (la CNT llegó a crear incluso un Consejo de
Economía que sólo tuvo un papel de consulta). Ese nexo, como hemos visto y
volveremos a ver, en el transcurso de los días se fue haciendo cada vez más
burocrático, pero esto les parecía perfectamente normal a los trabajadores,
que en su mayoría estaban sindicados en la CNT y aceptaban en gran medida la
ideología cenetista según la cual los sindicatos —después de la revolución—
se convierten en los órganos de gestión de la producción.
Pero nosotros sabemos que los Estados Mayores de la CNT,
no sólo no habían organizado las colectivizaciones, sino que éstas se habían
realizado a pesar suyo. Al adquirir tal envergadura el fenómeno, la CNT, también
la UGT e incluso la Generalitat, se impresionaron. La economía catalana estaba
prácticamente en manos de los trabajadores, no podían seguir ignorando ese
hecho. Por supuesto el Estado catalán se basó en las lagunas y los defectos, a
veces reales, a veces ficticios, de esas experiencias, para hacerse cargo de las
colectivizaciones.
Las «exigencias de la racionalización económica»
ocultaron en este caso también las intenciones más profundas de las
burocracias políticas. ¿Quién dirigía la economía catalana una vez desposeídos
los patronos? Nadie. Ese era el escandaloso hecho que no podían tolerar. Después
de cuatro meses de creatividad, de democracia obrera, de tanteos y ¿por que
no?, de errores, se podían proponer varias soluciones, ya fuese para ir más
lejos, ya para «reimplantar el orden». Se eligió la solución mas autoritaria
posible, dentro del contexto de la Cataluña revolucionaria.
* *
*
El 24 de octubre de 1936, el Gobierno catalán
institucionalizó por Decreto las colectivizaciones. Esto ha sido presentado en
muchas ocasiones, hasta por gran número de exégetas de tendencia libertaria,
como el simple reconocimiento de lo que habían realizado los propios
trabajadores. En realidad, era exactamente lo contrario: el Estado se hace cargo
de las colectivizaciones, en primer lugar, para limitarlas pero también, y
sobre todo, para ampliar su propia influencia y su control en detrimento de la
autonomía obrera. En el transcurso de los días y debido a la acumulación de
problemas que plantea inevitablemente una transformación radical de la vida
económica en plena guerra civil, se podían haber encontrado diferentes
soluciones. El hecho de que se hayan escogido las previstas por el decreto no
tiene nada de asombroso. No se puede aislar la cuestión de las
colectivizaciones de los demás problemas que planteaba diariamente la situación
revolucionaria. También en este caso, como vamos a ver, los dirigentes
anarquistas eligieron la autoridad como habían elegido —o eligirían— la «unidad
antifascista» contra la revolución, el Ejército contra las milicias, etc.
El Decreto había sido preparado por el Consejero de
Economía del Gobierno catalán, Juan P. Fábregas, quien no se afilió a la CNT
hasta julio de 1936. Anteriormente había sido director del Instituto de
Ciencias Económicas de Barcelona y estaba políticamente ligado a los medios
nacionalistas burgueses de la Lliga. Parece que el Decreto fue ásperamente
discutido por las diferentes tendencias políticas representadas en la
Generalitat, antes de ser aprobado. Pues algunos lo encontraban demasiado
revolucionario...
El Decreto y la organización de la economía
«ARTÍCULO PRIMERO. De acuerdo con las normas que quedan
establecidas en el presente decreto, las empresas industriales y comerciales de
Cataluña se clasifican en:
A) Empresas colectivizadas, en las cuales la
responsabilidad de la dirección recae en los propios obreros que las integran,
representados por un Consejo de Empresa.
B) Empresas privadas, en las cuales la dirección va a
cargo del propietario o gerente con la colaboración y el control del Comité
obrero de Control.
A)
Empresas colectivizadas
ART. 2: Serán obligatoriamente colectivizadas las
empresas industriales y comerciales que el día 30 de junio de 1936 ocupaban a más
de cien asalariados, y asimismo aquéllas que, ocupando una cifra inferior de
obreros, sus patronos hayan sido declarados facciosos o hayan abandonado la
empresa. No obstante, las empresas de menos de cien obreros podrán ser
colectivizadas si se ponen de acuerdo la mayoría de los obreros y el
propietario o propietarios. Las empresas de más de cincuenta obreros y de menos
de cien podrán también ser colectivizadas, siempre que así lo acuerden las
tres cuartas partes de los obreros. El Consejo de Economía (del gobierno catalán
[C. S.-M.]) podrá acordar también la colectivización de aquellas otras
industrias que, por su importancia dentro de la economía nacional o por otras
características, convenga sustraerlas de la acción de la empresa privada.»
Recordemos a quienes estuviesen tentados de encontrar
estos artículos muy favorables a la idea de la colectivización que todo lo que
esta estipulado en ellos ya había sido realizado por los obreros desde hacia
cuatro meses y que además, en ese momento, era políticamente imposible
volverse atrás. Además, en el decreto hay un primer intento de limitación, al
querer dejar al margen de las colectivizaciones a las empresas de menos de 100
obreros. Pero estas empresas constituían la inmensa mayoría en la Cataluña de
1936 —observemos de paso que casi todas ya estaban colectivizadas. Según el
Decreto, el Sindicato de la Madera, por ejemplo, hubiese tenido que devolver al
sector privado el enorme porcentaje de talleres que contaban con menos de 100
obreros el 30 de junio de 1936. Naturalmente no lo hizo.
Incluso desde el punto de vista de la productividad, era
completamente absurdo dejar que una masa de empresas comerciales e industriales
microscópicas vegetasen, como ocurría en España que estaba muy atrasada en
relación con los países industriales europeos. Su reagrupación y fusión era
una condición necesaria para la expansión —como se dice hoy día. Esta
medida, por lo tanto, iba en contra de la «filosofía» del Decreto que,
apoyada por todos los Estados Mayores políticos, pretendía organizar la economía
obedeciendo a los imperativos de la producción.
Pero no era a esos supuestos «imperativos de la producción»
a los que obedecían sino a los imperativos políticos, a fin de no enajenarse a
las capas medias al atacar los sacrosantos principios de la propiedad privada a
los que, como se sabe, están tan estrechamente ligadas.
La alianza con las «clases medias» —campesinos,
comerciantes, industriales— formaba parte del programa de los estalinistas,
era incluso el eje principal de su pretendida estrategia de revolución
«democrático-burguesa».
El POUM también consideraba necesaria tal alianza para la etapa imaginaria en
la que colocaba la lucha: la etapa «democrático-socialista». También eran
sensibles a estos argumentas, amplios sectores de la dirección de la CNT, pero
no con la óptica de la absurda teoría de las «etapas» de la vulgata marxista-leninista, sino con la de la unidad antifascista que se suponía
indispensable para ganar la guerra. En cuanto a los partidos «burgueses» y
nacionalistas del Frente Popular, al ser los representantes políticos de dichas
clases, como es natural, estaban inclinados a defender su derecho a la
propiedad.
Además de las empresas de menos de 100 asalariados,
estaba previsto un sector privado que subsistió en la realidad, paralelamente
al sector colectivizado. En realidad, eran fundamentalmente empresas extranjeras
—o que tenían una parte de capital extranjero— a las que todos los Estados
Mayores de las organizaciones políticas o sindicales, de acuerdo por una vez en
su vida, respetaron a fin de no molestar a las democracias occidentales. En
efecto, Gran Bretaña, Francia y Bélgica, se contaban entre los países con
mayores intereses en Cataluña.
En el sector privado se instauró pues el «control
obrero». Según el Decreto, los poderes del Comité de Control eran los
siguientes: (ART. 22):
«a) El control de las condiciones de trabajo, o sea el
cumplimiento estricto de las condiciones vigentes en cuanto a sueldos, horarios,
seguros sociales, higiene y seguridad, etc., así como también la estricta
disciplina en el trabajo. Todas las advertencias y notificaciones que tenga que
hacer el gerente de la empresa al personal serán dirigidas por medio del Comité.
b) El control administrativo en el sentido de fiscalizar
los ingresos y pagos, tanto en efectivo como por conducto de Bancos, procurando
que respondan a las necesidades del negocio, interviniendo a la vez todas las
demás operaciones de carácter comercial.
c) Control de la producción, consistiendo en la estrecha
colaboración con el patrono a fin de perfeccionar el proceso de la producción.
Los Comités obreros de Control procurarán mantenerlas mejores relaciones
posibles con los elementos técnicos, a fin de asegurar la buena marcha del
trabajo.
ART. 23: Los patronos estarán obligados a presentar a
los Comités obreros de Control los balances y memorias anuales, que mandarán
informados al Consejo general de la industria respectiva.»
Como puede verse, este texto permitía, tanto a un
patrono hábil y emprendedor, endosar al Comité obrero los trabajos más duros
para mantener una «estricta disciplina» y para «el desarrollo de la producción»
como a unos obreros decididos a ejercer un verdadero control. Pero sin duda el
destino de los textos legales es el de ser ambiguos e intentar disimular los
conflictos reales. También hubo aquí una evolución ligada a la evolución política
general de Cataluña: al principio, a los patronos «no les llegaba la camisa al
cuerpo» ante el despliegue revolucionario y se plegaban a las exigencias de los
obreros, seguidamente, ayudados por las autoridades gubernamentales, intentaron
recuperar su poder, un poco en todas partes.
(Sea como fuere, la misma noción de Control obrero
es cuando menos ambigua, porque casi siempre equivale a decir ¡que los obreros
deben controlar ellos mismos su propia explotación!).
El Decreto también estipulaba que los Comités de
Control debían estar compuestos por delegados de todos los servicios: obreros,
técnicos, empleados y cuadros administrativos. Estos delegados eran elegidos,
pero la representación de cada sindicato debía ser proporcional al número de
sus respectivos afiliados en la empresa, lo cual garantizaba automáticamente el
predominio de la CNT, dada su influencia mayoritaria en la clase obrera
catalana.
Volvamos a las empresas colectivizadas y a las medidas
que limitaron la autogestión de los primeros meses:
«ART. 15: En todas las empresas colectivizadas habrá
obligatoriamente un interventor de la Generalitat que formará parate del
Consejo de Empresa, y que será nombrado por el Consejo de Economía, de acuerdo
con los trabajadores.»
Mientras el Consejero de Economía
fuese de la CNT, se puede lógicamente pensar, dado el clima de la época, que
el interventor también lo era casi siempre, hecho que no le exime automáticamente
del espíritu burocrático —o de ineptitud—, pero, por lo menos, no debía
ser en principio hostil a las colectivizaciones. Esto cambió más adelante, y
después de las jornadas de mayo del 37, que vieron la restauración del poder
del Estado en casi todos los aspectos, los «interventores» se convirtieron en
muchas empresas en los verdaderos directores. Sobre todo en las empresas que se
consideraban necesarias para el esfuerzo de la guerra. De cualquier manera,
desde el principio, como esos «interventores» eran los representantes de la
autoridad suprema en Cataluña, el Gobierno autónomo, gozaron de gran autoridad
política, reforzada, dadas las dificultades financieras de muchas empresas y el
control de la Generalitat sobre los bancos, por un evidente medio de presión y
de chantaje, al conceder o negar créditos.
«ART. 14: Para atender de una manera permanente la
marcha de la empresa, el Consejo de ésta nombrará un director, en el cual
delegará, total o parcialmente, las funciones que incumben al mencionado
Consejo. (Subrayado por mil [C.S.-M.].)
En las empresas donde se ocupen a más de 500 obreros, o
bien que su capital sea superior a un millón de pesetas, o bien que elaboren o
intervengan materiales relacionados con la defensa nacional, el nombramiento del
director deberá ser aprobado por el Consejo de Economía.»
Este artículo es muy significativo porque anula de hecho
el ejercicio de la democracia directa basada en los Consejos de delegados
elegidos y revocables (aun cuando nos faltan detalles sobre su revocación, y
aunque parece que sólo se admitía en los casos extremos en los que la Asamblea
general de la fábrica debía decidir). La jerarquía de la producción se
reintrodujo en su aspecto más tradicional y retrógrado: al frente de una
empresa —como al frente de un partido, de un ejército y ¿por qué no? al
frente de un país— hace falta un jefe. El esquema se repite, incansablemente.
A pesar de todos los discursos sobre la democracia, incluso sobre la anarquía,
a la hora de actuar, lo único que se hace es oponer una jerarquía que se
supone buena, a otra considerada mala. Y los anarquistas, feroces adversarios de
todo tipo de jerarquía, han sido precisamente los principales autores de ese
proyecto.
Pero no se acabó aquí el control estatal. En efecto, el
Decreto preveyó asimismo la creación de unos Consejos generales de Industria:
«ART. 24: Los Consejos generales de Industria estarán
formados de la manera siguiente:
—4 representantes del Consejo de Empresa, elegidos
en la forma que oportunamente se señalará (subrayado por mi [C.S.-M.]);
—8 representantes de las diversas centrales sindicales,
en número proporcional al de los afiliados en cada una de ellas;
—4 técnicos nombrados por el Consejo de Economía.
Estos Consejos estarán presididos por el vocal respectivo del Consejo de
Economía de Cataluña (subrayado por mi [C.S.-M.]).
ART. 25: Los Consejos generales de Industria formularán
los planes de trabajo de la Industria, planificarán la producción de cada rama
y regularán todas las cuestiones relacionadas con ella.
ART. 26: Los acuerdos que adopten los Consejos generales
de Industria serán ejecutivos. Ningún Consejo de Empresa ni empresa privada
podrán desatender su cumplimiento. Solamente podrá recurrir contra ellos ante
el Consejero de Economía, la decisión del cual será inapelable.»
Estos Consejos de Industria compartían con la Asamblea
plenaria de la empresa el privilegio de poder revocar todo o parte de los
Consejos de Empresa. Pero cuando era el Consejo de Industria el que había
decidido la revocación de un Consejo de Empresa, este último sólo podía
recurrir —sí estaba apoyado por la Asamblea— al Consejero de Economía, es
decir, al ministro, «pero la decisión de este último, previo informe del
Consejo de Economía, será inapelable» (ART. 20).
Los Consejos de Industria fijaban, con independencia de
los Consejos de Empresa «el plan general de producción». «Para el
establecimiento del margen de beneficios, fijación de las condiciones generales
de venta, obtención de materias primas, y en lo que afecta a las normas de
amortización de material, formación de capital circulante, fondo de reserva y
repartimiento de beneficios, se atenderá, asimismo, a las disposiciones de los
Consejos generales de Industria» (ART. 12).11
11
El texto del Decreto está
reproducido íntegramente en Baldomero Cerdí y Richart, Empresas colectivizadas
e intervenidas, Ed. Bosch, Barcelona, 1937. Véase también Peirats, Op. cit.,
t. I, págs. 341 a 345.
Observemos de pasada que según el modelo de estatutos de
las empresas colectivizadas, previsto por el Gobierno catalán, el 50 % de los
beneficios debían de ir a la Caja de Crédito Industrial de Cataluña (es
decir, a la Generalitat); el 15 % destinado a obras sociales de carácter
colectivo; otro 15 % debía entregarse a los obreros para que, reunidos en
asamblea, la utilizasen como mejor les pareciera. El 20 % restante estaba
destinado al Fondo de reserva, a la amortización de las máquinas, etc.
El poder ha sido restablecido de arriba a abajo, la
autonomía obrera ha quedado prácticamente reducida a nada. La pirámide burocrática
en las empresas volvió a ponerse en marcha; el «interventor» del Gobierno y
el director al frente de las
empresas, los Consejos de Industria por encima de ellos y por encima de todo el
mundo, como debe ser en el universo burocrático, el ministro y su Consejo de
Economía.
Pero una lectura demasiado rápida podría dar la impresión
de que, al estar esos Consejos de Industria dominados en teoría por los
representantes de los trabajadores, la democracia obrera quedaba garantizada
automáticamente. Pero esto equivaldría una vez más a confundir burocracia con
clase obrera, confusión por otra parte muy corriente, sobre todo en aquella época.
Examinemos las cosas más a fondo los únicos delegados de los trabajadores, los
4 representantes de los Consejos de Empresa, no sólo eran una minoría sino que
además no estaba especificado su modo de elección. Y esto ¿porqué
iba a ser sino porque no podían ser elegidos directamente en las asambleas de
los trabajadores? Los 8 representantes de las centrales sindicales eran de hecho
funcionarios sindicales «no productivos» que dependían y obedecían a los
jefes de la CNT y de la UGT y por consiguiente al Gobierno catalán, porque eran
los líderes de esos sindicatos quienes les representaban tanto en el Gobierno
catalán como en el Gobierno central.
Por último, había 4 «técnicos» nombrados
directamente por el Gobierno catalán. Lo menos que puede decirse es que el
Gobierno catalán tenía un papel preponderante en esos Consejos, papel
reforzado y garantizado por el hecho de que, en caso de conflicto, siempre era
el ministro quien en difinitiva decidía.
Por otra parte, esto está confirmado plenamente en el
texto del acuerdo firmado en Barcelona, el 22 de octubre de 1936 (dos días
antes de la publicación del Decreto) por la CNT-FAI y la UGT-PSUC:
«1) Nos comprometemos formalmente a ejecutar los
acuerdos y decisiones del Consejo de la Generalitat, poniendo en juego toda
nuestra influencia y capacidad organizativa a fin de facilitar su aplicación.
2) Somos partidarios de la colectivización de producción,
es decir, de la expropiación sin indemnización de los capitalistas y de la
transferencia de esa propiedad a la colectividad. Somos partidarios de la
colectivización de todo lo que sea necesario para las necesidades de la guerra.
Estamos de acuerdo en considerar que esa colectivización
no daría el resultado deseado sí no estuviera dirigida y coordinada por un
organismo, representante natural de la colectividad que, en ese caso, sólo
puede ser el Consejo de la Generalitat
(subrayado por mí [C.S.-M.]). Respecto a la pequeña industria no somos
partidarios de la colectivización, si no es en el caso previsto de elementos
facciosos o de las necesidades ineludibles de la guerra 12
12
Citado por J. Andrade, Les syndicats dans la révolution
espagnole, «Confrontation Internationales», nº 3 (1949).
Toda la filosofía del Decreto está aquí resumida.
La industria de guerra constituye un caso especial en el
problema de las colectivizaciones. A pesar de que Cataluña era una de las
regiones más industrializadas de España, las fábricas de armamento eran
extremadamente raras. La primera tarea fue la de crear una verdadera industria
de guerra. Cosa que se hizo, y, por supuesto, fue el Sindicato CNT de la
Metalurgia quien realizó el mayor esfuerzo.
«El 21 de julio (1936), el Sindicato de la Metalurgia,
de acuerdo con García Oliver, eligió a Vallejo para organizar las fábricas de
material de guerra. Desde el 19 de julio, varias casas de Barcelona se habían
destacado espontáneamente en la fabricación de tanques, con más buena
voluntad que técnica. Vallejo se dedicó a recorrer las empresas y a acoplar en
ellas a todos los compañeros útiles para la labor. A los seis días se
entregaban ya algunos tanques al Comité de Milicias
13.»
13
«Solidaridad Obrera», citado por Peirats, Op.
cit.., t. II, pág. 97.
Esos «tanques» eran casi siempre simples camiones
blindados. De cualquier manera, se creó por entero una verdadera industria de
guerra, por supuesto, artesanal en su mayor parte.
El Sindicato CNT de la Metalurgia y Vallejo, como
delegado, adoptaron las primeras medidas. Primero, en el seno del Comité de
Milicias (con Iglesias como Delegado de Defensa y Diego Abad de Santillán como
delegado de Economía, ambos de la CNT, recordémoslo) y seguidamente en el seno
de la Generalitat, los responsables gubernamentales de la industria de guerra
fueron líderes anarquistas. Esto cambió después de las jornadas de mayo,
cuando el Gobierno Central se encargó directamente de la Defensa y de la Policía
en Cataluña, como veremos más adelante.
A los estalinistas no podía gustarles esa
responsabilidad de los anarquistas sobre la totalidad de la nueva industria de
guerra catalana. En varias ocasiones lanzaron campañas de prensa contra el «sabotaje»
y la «incuria» de la CNT en este esfuerzo de guerra. La CNT contraatacó
vigorosamente en la prensa y el 15 de abril de 1937, José Tarradellas, en
persona, por entonces Primer Consejero de la Generalitat, rechazó las
insinuaciones y los ataques de la prensa del PSUC, defendiendo los esfuerzos
realizados en Cataluña por la industria de guerra. Después de mayo, los
estalinistas, en la persona de Comorera, se dirigieron directamente al
socialista de derechas Indalecio Prieto, Ministro de Defensa del Gobierno
central, renovando sus acusaciones. Prieto escribió a Companys, Presidente de
la Generalitat, quien le respondió con una larga carta defendiendo la obra
realizada, carta de la que ofrecemos aquí un extracto: «En Cataluña, dada su
situación industrial y económica, nuestras masas obreras sintieron, como una
reivindicación histórica, la necesidad de incautar todo tipo de industria.
Pero esta incautación, sobre todo en lo que respecta a la metalurgia, no sólo
obedece a los deseos de tenerla entre sus manos, pues hay que reconocer que
inmediatamente se pensó en transformarla para que pudiese producir material bélico...14».
La carta prosigue reconociendo los conflictos surgidos entre el Gobierno catalán
y los Comités obreros por la dirección y la organización de esa industria,
conflictos que se «resolvieron» a favor de la Generalitat. Companys hacia el
balance de la producción de guerra y recordaba todas las fábricas y material
de guerra que se puso a disposición del Gobierno central, tal como el propio
Prieto había decretado después de los acontecimientos de mayo.
14
Ossorio y Gallardo, Op. cit., pág.
210.
También en esta ocasión vemos como se reproduce el
escenario clásico. Los sindicatos de la CNT toman la iniciativa de crear por
completo una industria de guerra. Companys bendice esta osada tentativa, pero
considera, por supuesto, demasiado peligroso dejar esa industria en manos de los
Comités obreros. Consigue ejercer sobre ella el control de la Generalitat.
Después de mayo, la autonomía de Cataluña se va a ver limitada, a la vez
porque es demasiado revolucionaria y porque la corriente jacobina que predomina
en el Gobierno central y en las organizaciones que le apoyan, exige la vuelta al
centralismo estatal. El Gobierno central será quien tome entre sus manos, poco
a poco, lo esencial de la industria de guerra catalana. La campaña estalinista
de difamación no tenía otro fin que el de favorecer la desposesión de los
Comités obreros.
*
* *
¿Cómo reaccionaron los trabajadores ante las medidas
del Decreto de Colectivización? Parece que en la mayoría de los casos se
negaron pura y simplemente a aplicarlo. Juan Andrade da el siguiente testimonio
de la situación:
«El 17 de mayo de 1937 (es decir, algunos días después
de la "semana sangrienta" de Barcelona [C.S.-M.]), una comisión nombrada
por la Federación Local de Sindicatos CNT de Barcelona, publicaba una nota: "sobre la reorganización económica de Cataluña", en la que declaraba, a
propósito de los factores de desorden, lo siguiente: "En primer lugar hay que
señalar como factor de perturbación el no estricto cumplimiento del Decreto
de colectivización en vigor, cada vez que amplios sectores de
trabajadores han hecho totalmente abstracción de la letra y el espíritu del
Decreto y se han lanzado en colectivizaciones que carecían de fundamento económico
y científico... El ansia desmesurada de colectivizarlo todo, especialmente
aquellas empresas que detentan reservas monetarias, ha despertado entre las
masas un espíritu utilitario o pequeño-burgués incalificable. Al considerar a
cada colectividad como propiedad particular de la empresa colectivizada, en vez
de considerarla como en usufructo, han hecho abstracción de los intereses del
resto de la colectividad, se han comportado de una manera egoísta y cruel, y se
han puesto en práctica unos procedimientos que son patrimonio del régimen
capitalista. En lugar de avanzar rápidamente hacia la creación de unos
Consejos generales de Industria, las propias organizaciones sindicales han
retrocedido, perturbando el proceso de desarrollo y de perfeccionamiento
prescrito por el Decreto... Las empresas colectivizadas sólo se han preocupado
de su pasivo, produciendo un desequilibrio en las finanzas de las empresas, lo
que implica otros elementos de perturbación... También hay un factor de
indisciplina social: falta un estimulante moral para obligar a cada cual a
dar el rendimiento, indispensable para su empresa (subrayado por mí, [C.S.-M.]) al tiempo que se deja un margen suficiente para mantener los otros
gastos del frente y de la retaguardia."»
Entre las medidas susceptibles de remediar esta situación,
la Comisión de la Federación Local de Sindicatos de la CNT de Barcelona,
aconsejaba las siguientes:
«Aplicación estricta y rigurosa del Decreto de
colectivización en vigor, sin que se permita la más mínima derogación.
Concentración de las industrias y reducción del personal de cada una de ellas,
según las estrictas necesidades de la producción del momento. Obligación para
todas las colectividades de liquidar su pasivo. Establecer un impuesto de guerra
sobre todos los salarios para acercar al máximo su igualación y evitar la
existencia de obreros manuales de primera, segunda y tercera clase, así como
funcionarios que perciban salarios tres, cuatro y cinco veces superiores a los más
altos salarios de los obreros. Creación de un empréstito de guerra sacado de
los beneficios de todas las empresas, colectivizadas o no, con el fin de
disminuir tales beneficios al mínimo durante la guerra. Crear una política
financiera que permita a los poderes públicos obtener el producto fiscal y al
Gobierno de la Generalitat realizar sus funciones gubernativas desde el punto de
vista económico.»
La nota terminaba así:
«La Comisión considera que hay que aplicar rápidamente
estas medidas si queremos evitar antes de algunas semanas el hundimiento que
amenaza a la economía de la región. Hay que obtener esta reacción favorable,
garantizar el orden social e imponer la moralidad y la austeridad en la
retaguardia. Conviene fijar de nuevo la política económica a seguir para
salvar la experiencia que estamos llevando a cabo. La comisión insiste de nuevo
en el hecho de que el crédito o descrédito del Decreto de Colectivización en
vigor, está íntimamente ligado a la CNT que lo ha defendido, lo ha impuesto y
se ha encargado principalmente de su ejecución.
La Comisión considera que son nuestros propios camaradas
los que han creado las mayores dificultades para la aplicación del Decreto,
haciendo continuamente abstracción de sus consejos, poniendo así al Decreto en
una situación crítica, tanto en Cataluña como fuera de ella 15.»
15 Juan
Andrade, L’intervention des syndicats dans la révolution espagnole,
«Confrontation Internationale» (sept-oct. 1949), pág. 43.
No puede dejar de asombrarnos el espíritu autoritario
y burgués de este texto: es una vehemente llamada a la autoridad del
Gobierno y una continua insistencia en los principios de disciplina,
rentabilidad, productividad, a los que consideran prioritarios. De las ideas
libertarias sólo queda la justa mención a la necesaria igualación de
salarios. Todo esto después de que la contrarrevolución estalinista hubo
intentado, y en parte conseguido, ahogar en sangre la revolución catalana.
No he disimulado los defectos y los fallos de la
experiencia colectivista en la industria catalana (tampoco las dificultades de
todo tipo) pero no deja de resultar extraño que en la resistencia a aplicar el
Decreto sólo se vea un «resurgimiento del espíritu capitalista», cuando lo
que ocurría era que los trabajadores se oponían a aplicar unas medidas que, en
realidad, acababan con su autonomía y con la autogestión de los primeros
meses. A todo esto se unían, por supuesto, los egoístas intereses particulares
de algunas colectividades «ricas» que querían conservar su autonomía y el «statu
quo» que les permitiese repartirse unos beneficios relativamente importantes.
Pero dada la difícil situación de la industria catalana en su conjunto, esos
casos particulares no eran frecuentes y lo que estaba en juego eran dos
conceptos radicalmente diferentes de las colectivizaciones: el concepto democrático
que se basaba en la autonomía y la autogestión y el estatal que
reintroducía la jerarquía burocrática en la economía. Una vez más, la CNT
estaba en los dos campos.
Las colectividades en la agricultura
En todas las regiones donde la insurrección franquista
resultó vencida, se produjeron experiencias de colectivización agrícola. Tan
sólo hablaré aquí de las de Cataluña y Aragón, que está tan directamente
ligado, tanto militar como socialmente a Cataluña, al menos durante la época
que estudiamos, que resulta difícil separarlas. No hablaré de las
colectivizaciones en Levante (Valencia, Alicante, etc.) que es sin duda alguna
la región de España más rica desde el punto de vista agrícola y donde las
colectivizaciones también llegaron muy lejos.
En Cataluña los sectores agrícolas de los sindicatos
CNT y UGT no eran las únicas organizaciones campesinas importantes, como ocurría
en otras regiones de España (incluido Aragón, que estaba dominado por la CNT).
También existía una poderosa organización campesina, específicamente
catalana, que era la principal fuerza social y política de la Esquerra:
la «Unión de Rabassaires». Estaba formada principalmente por aparceros
y pequeños campesinos. Los Rabassaires eran contrarios a las
colectivizaciones y partidarios del reparto de tierras, de la liquidación de la
aparcería y de la creación de explotaciones agrícolas de tipo «familiar».
Cosa que, por otra parte, se realizó. Desde julio de 1936 los campesinos
catalanes quemaron las actas de propiedad de los grandes terratenientes y de
aparceros pasaron a ser propietarios de la parcela —más o menos grande— que
cultivaban. No obstante durante el Congreso regional de campesinos catalanes que
tuvo lugar en enero de 1937, la CNT intentó poner a punto una «política
agraria común» con los otros sindicatos agrícolas. Los Rabassarires y
los sindicatos agrícolas CNT se pusieron de acuerdo sobre un «pacto» cuyos
principales puntos eran los siguientes:
«1.º) Cada familia tendrá la tierra que se le señale.
La sobrante y las otras llevadas en administración podrán ser colectivizadas
siempre que haya individuos controlados por organizaciones responsables que
voluntariamente quieran colectivizarlas.
2.º) La capacidad de explotación familiar será fijada
en cada pueblo según sus características y calidad de la tierra del mismo.
3.º) Los frutos de la tierra serán de aquellos que la
trabajen, de la cual no podrán ser desposeídos mientras la trabajen
debidamente.
4.º) Para organizar las colectividades en los pueblos o
localidades en donde se constituyan, los colectivizadores pondrán en común las
tierras que poseen, así como las otras tierras no cultivadas individualmente,
siendo condición indispensable que los que vayan a la colectivización lleven a
la misma todas las tierras que tengan y todos los útiles de trabajo.»
Otros puntos se refieren a la concentración de tierras,
a la cooperación entre las colectividades y los campesinos individuales dentro
de un Sindicato Único Agrícola por localidad; el derecho de los obreros agrícolas,
sin tierras, a entrar en una colectividad con sólo su «trabajo personal», con
los mismos derechos y obligaciones que los demás miembros, etc.
En una palabra, se trataba de que coexistieran e incluso
cooperaran el sector individual y el sector colectivizado. Pero la UGT, bajo
diferentes pretextos, no asistió a ese congreso y no firmó el acuerdo. Como
los Rabassaires consideraban indispensable la firma de la UGT para
ponerlo en práctica, tuvo lugar una nueva reunión, pero en ella la UGT declaró
que no podía firmar el acuerdo porque estaba en contra de las
colectivizaciones, no «por principio» sino «por las circunstancias». La
negativa de la UGT a firmar este acuerdo rompió las relaciones entre las tres
organizaciones respecto al intento de coordinación de una política agrícola
común.16
16 Peirats, Op. cit., t. II, págs.