La Caída de Largo Caballero
Una
de las primeras consecuencias de las «jornadas de mayo» de Barcelona fue la
crisis ministerial del Gobierno central y la caída de Largo Caballero.
Desde
hacia ya algún tiempo, los estalinistas llevaban a cabo una campaña contra
el viejo líder del ala izquierda del Partido Socialista, acusado de ser
demasiado complaciente con los anarquistas y con el POUM, y demasiado
independiente respecto a los rusos. Los estalinistas rusos y españoles
acusaban abiertamente a Largo Caballero (quien, recordémoslo, era al mismo
tiempo Primer Ministro y Ministro de la Guerra) de ser responsable de las
derrotas militares sufridas por las tropas republicanas. Largo Caballero y su
subsecretario de Estado en el Ministerio de la Guerra, el general Asensio, al
parecer oponían cierta resistencia (habría que decir más bien que no eran
lo suficientemente «obedientes») al control que ejercían los estalinistas
sobre el aparato, militar. Marcel Rosenberg, embajador soviético, durante una
de sus periódicas entrevistas con Largo Caballero, en las que solía dictarle
los deseos de Moscú, instó al Primer Ministro a que destituyera a Asensio,
que era la bestia negra de los comunistas. Pero el colérico Largo Caballero
expulsó al embajador soviético de su despacho. Evidentemente, tamaño
escándalo resultaba intolerable y Rosenberg amenazó con interrumpir la ayuda
soviética si Asensio no era relegado de sus funciones.
Jesús
Hernández, en su libro,1
relata una reunión del Buró Político del PC español —en marzo de
1937— a la que asistieron Togliatti, Marty, Codovilla, Stapanov, el
encargado de asuntos soviéticos, Gaikin y el propio Orlov. En esta reunión,
que según el autor, fue tumultuosa, los delegados extranjeros impusieron a
los dirigentes españoles la necesidad de sustituir a Largo Caballero y
reemplazarle por algún otro líder socialista, más manejable.
1. Jesús Hernández, Op. cit., pág. 54‑58.
«En
cuanto a la sustitución de Caballero, continuó Togliatti, es un problema
práctico sobre el que invito a reflexionar a los camaradas. Procedamos por
eliminación. ¿Prieto?... ¿Vayo? ¿Negrín? De los tres, Negrín me parece
el más indicado para esta cuestión. No es anticomunista, como Prieto, ni
tonto como del Vayo.2»
2. Ibid.
El
conflicto entre comunistas y socialistas de izquierda iba mas allá de las
cuestiones militares, pues también discrepaban en problemas de orden
político y económico. El análisis detallado de ese conflicto rebasa el
marco de este estudio sobre Cataluña, puesto que el Partido Socialista apenas
si existía en Cataluña y la UGT catalana fue inmediatamente controlada por
los estalinistas.
Se
puede decir, en dos palabras, que los socialistas de izquierdas reprochaban a
los comunistas su política derechista en casi todos los terrenos, tanto
sociales como económicos y especialmente en el de la agricultura, cuyo
ministro, Vicente Uribe, se destacó por su defensa de la propiedad privada.
Aunque en el ámbito agrícola, como en todos los demás, las realizaciones de
los militantes de la UGT eran mucho más moderadas que las de los anarquistas,
no obstante, también eran demasiado atrevidas para los comunistas.
Pero
la querella «en la cumbre» entre socialistas de izquierdas y comunistas,
cobraba el aspecto clásico de la lucha por el poder entre dos burocracias
políticas.
Sin
embargo, durante los meses que precedieron al levantamiento militar y algunos
meses después, el «coqueteo» entre comunistas y socialistas de izquierdas
estaba tan avanzado que ya habían iniciado negociaciones con vistas a la
fusión de ambos partidos y a la creación de un «partido único del
proletariado». Ambos partidos consideraban la fusión de las Juventudes como
un primer paso en esa dirección. Largo Caballero había participado
activamente en la misma a pesar de la opinión desfavorable del ala derecha
del Partido Socialista. Pero Largo Caballero y los suyos —por lo menos
aquellos que le seguían siendo fieles— se sentían muy inquietos por el
control cada vez mayor de los comunistas sobre el aparato del Estado, así
como por los métodos colonialistas de los rusos. Los «caballeristas»
abandonaron todo proyecto de fusión y se pusieron a defender su territorio
y a intentar frenar la lenta absorción del aparato del Estado por los
comunistas, Llegados a este punto, uno de los dos clanes tenía que ceder.
Indalecio
Prieto, que como buen socialista de derechas era teóricamente muy
antisoviético y muy anticomunista pero cuya política contrarrevolucionaria
coincidía muy ampliamente con la del Partido Comunista, explotó hábilmente
esta situación. Prieto y los comunistas estaban de acuerdo en la necesidad de
liquidar al precio que fuese las experiencias revolucionarias de Cataluña,
Aragón y otros lugares. Estaban de acuerdo en la necesidad de crear un
ejército regular y en casi todos los problemas políticos importantes, sobre
todo en la aniquilación política de Largo Caballero. Claro está, los
socialistas de derecha miraban hacia Londres y París en tanto que los
comunistas odebecían a Moscú —pero eso no le impedía a Prieto coquetear
con los soviéticos— y tomar por su cuenta —ahora que ya la habían
abandonado los «caballeristas»— la idea de una fusión entre ambos
partidos. Entre Prieto y los comunistas hubo toda una serie de acuerdos
secretos y conciliábulos a fin
de expulsar a Largo
Caballero y a los suyos, a quienes consideraban demasiado tolerantes
con las experiencias anarquistas. Estos conciliábulos se concretizaron en la
creación de un Comité de Enlace entre ambos partidos, presidido por los dos
secretarios generales, Ramón, Lamoneda, de tendencia «prietista» y José
Díaz. A pesar del odio personal que existía entre ambos, Prieto apoyó la
candidatura de Negrín, preparada y sugerida por los comunistas para sustituir
a Largo Caballero a la cabeza del Gobierno republicano. Por supuesto, según
las reglas tradicionales del juego político, comunistas y socialistas de
derechas querían utilizarse mutuamente para expulsar a Largo Caballero que
era bastante popular en el país o a quien, por lo menos, consideraban un mal
menor, especialmente los anarquistas. Una vez que lo consiguieron, las
fricciones entre Prieto y los comunistas no tardaron en aparecer.
El
15 de mayo, el Gobierno central se reunió en Valencia para estudiar la
situación después de las «jornadas de mayo» de Barcelona. Jesús
Hernández (Educación Nacional) y Vicente Uribe (Agricultura), ambos
comunistas, exigieron que se tomasen drásticas medidas contra los
«responsables». Los responsables, para ellos, eran, en primer lugar el POUM,
pero también los grupos anarquistas «extremistas». Largo Caballero se negó
a disolver al POUM que, a sus ojos, era una organización obrera y él, viejo
militante obrero, no disolvería nunca una organización obrera. Estaba de
acuerdo en castigar a los culpables pero, según él, había que abrir una
investigación y los tribunales eran quienes tenían que señalar y castigar a
los culpables. Ante la negativa de Largo Caballero de liquidar el POUM,
Hernández y Uribe, ejecutando la comedia‑ballet, que estaba programada,
se levantaron y abandonaron la sala. Caballero se limitó a decir: «El
Consejo de Ministros continúa»:
«Fue
entonces cuando ocurrió lo inaudito. Lentamente fueron levantándose la
mayoría de los ministros, entre ellos, Prieto, Negrín, Alvarez del Vayo,
Giral, Irujo. Quedaron en sus puestos, el presidente del Consejo, Anastasio de
Gracia, Angel Galarza y los cuatro ministros confederales.3»
3. Peirats, Op. cit., t. II, pág. 182.
Broué,
Bolloten, Hernández, Thomas, etc., cuentan en términos similares, esta
crisis del Gobierno central que provocó la caída de Largo Caballero y la
formación del Gobierno Negrín.
«La
crisis queda abierta» dijo Caballero. Al día siguiente presentó su
dimisión al Presidente de la República, Manuel Azaña. Hubo una serie de
conciliábulos y negociaciones para constituir un nuevo Gobierno. Parece que
primero se pensó en un Gobierno sin los comunistas, y Caballero había
propuesto a los dirigentes anarquistas que formaran un gobierno
«sindicalista», es decir, que estuviera dominado por los representantes de
la CNT y de la UGT. Los líderes anarquistas, que durante la crisis se habían
solidarizado con Largo Caballero alabándole en su Prensa, aceptaron en
principio. Pero Negrín, Prieto y Alvarez del Vayo, declararon tajantemente a
Manuel Azaña (que parecía partidario de un Gobierno sin comunistas) y a
Largo Caballero que no podían gobernar sin los comunistas porque eso
molestaría mucho a los rusos cuya ayuda resultaba indispensable. Siempre el
mismo chantaje. En este caso, como en todos los demás, los comunistas,
Prieto y Negrín, se habían puesto de acuerdo con anterioridad. En cuanto a
Alvarez del Vayo, aunque teóricamente era socialista de izquierdas y
«caballerista» desde hacía ya algún tiempo se dejaba manipular por los
comunistas, posiblemente sin ni siquiera darse cuenta, ya que nunca se vio
entorpecido por una inteligenica demasiado viva.
Finalmente,
Largo Caballero cedió y el nuevo Gobierno, presidido por Negrín, quedó
constituido según el plan establecido por los rusos y los comunistas
españoles. He aquí la lista de ese Gobierno que inmediatamente fue llamado
por los estalinistas el «gobierno de la victoria»: Presidente; Finanzas
y Economía, Juan Negrín
(socialista). Defensa Nacional: Indalecio Prieto (socialista). Asuntos Exteriores:
José Giral (Izquierda Republicana). Justicia: Manuel Irujo
(nacionalista vasco). Gobernación: J.
Zugazagoitia (Socialista). Educación
y Sanidad: Jesús Hernández (comunista). Agricultura: Vicente
Uribe (comunista). Obras Públicas
y Transportes: Giner de los Ríos (Unión Republicana). Trabajo
y Asistencia Social: Jaime
Ayguadé (Esquerra republicana) (hermano del que fue responsable de Orden
Público en la Generalitat, hasta las jornadas de mayo).
Los
anarquistas, que seguían solidarizándose con Largo Caballero, se negaron a
participar en el gobierno.4
4.
Volvieron a formar parte del Gobierno, a raíz de una reorganización del
Gobierno Negrín: Segundo Blanco se hizo cargo de las carteras de Educación y
Sanidad, de las que era titular J. Hernández.
La represión contra el POUM
Una
vez derribada la última «barrera», la contrarrevolución se empleó a
fondo. En realidad los socialistas de izquierda e incluso Largo Caballero en
tanto que primer ministro no constituían verdaderamente un apoyo al
movimiento revolucionario más que para los estalinistas y sus aliados del
momento, porque en realidad fue en gran parte gracias a los caballeristas y al
prestigio de que gozaba el «Lenin español» entre los trabajadores, por lo
que Estado burgués pudo empezar a restaurar su poder. La importancia del
movimiento revolucionario en la zona republicana era tan enorme, tras la
respuesta obrera al levantamiento militar, que sólo un Gobierno de
Izquierdas, incluso muy teñido de «extrema izquierda» podía proceder a la
obra de restauración del Estado. Se necesitaba una etapa de transición para
pasar del período en que el Estado estaba hecho trizas, el período de
«tenebroso poder de los Comités», de las colectivizaciones industriales y
agrícolas, de las Milicias y las Patrullas de Control; del período del
entusiasmo revolucionario y de la libertad, al período de la restauración
del poder del Estado, de la constitución de un ejército y una policía
tradicionales, de las tentativas de control estatal sobre la economía, de la
liquidación de las experiencias de los Comités revolucionarios en provecho
de un poder fuerte y centralizado, en una palabra, al período de la
contrarrevolución.
El Gobierno Largo Caballero fue ese
necesario Gobierno de transición que pidió a los trabajadores que sacrificasen
sus conquistas revolucionarias en NOMBRE DE LA REVOLUCIÓN y de la victoria
militar contra el fascismo.
Para
que la operación triunfara los Estados Mayores de las organizaciones obreras
tenían que participar en el Gobierno y respaldarle, así como pedir a sus
militares que aceptasen los sacrificios necesarios. Una vez fortalecido el
Estado y cuando ya había recuperado una parte importante de sus prerrogativas,
había que pasar a la represión declarada, a la liquidación de las «locas
empresas» colectivistas y otras, someter por la fuerza a aquellos —todavía
muy numerosos— que ponían en duda o que incluso negaban a la Autoridad. Largo
Caballero, por ejemplo, no era un partidario entusiasta de las columnas
libertarias de Aragón y si mantuvo una actitud conciliadora hacia la CNT-FAI,
permitiéndoles que conservaran su «coto, privado» en Aragón, fue simplemente
por oportunismo político, para conseguir posibles aliados y para lograr un
equilibrio político frente a las maniobras comunistas que ponían en peligro
sus propios intereses burocráticos y que pretendían mermar su «parcela de
poder». Y los dirigentes anarquistas hicieron el juego a Largo Caballero como a
todos los demás; mientras sus propios
intereses burocráticos quedasen salvaguardados, no les importaba nada
«sacrificar la revolución libertaria» en aras de la unidad antifascista y de
la victoria militar. Pero para los estalinistas todo esto era netamente
insuficiente, porque lo que había que liquidar era la misma revolución, en
parte «protegida» por las contradicciones del Poder. Como consideraban —con razón o sin ella— que Largo Caballero
representaba un obstáculo para sus fines, se deshicieron de él y, con sus
cómplices, los socialistas de derechas y los republicanos, iniciaron un vasto y
sangriento período de «caza de brujas».
Dentro
de este proyecto global de «retorno al orden», los estalinistas españoles,
presionados de manera especial por los rusos, querían aprovechar la ocasión
para acabar con el POUM. El odio frenético de los estalinistas hacia el POUM en
España, formaba parte de su odio hacia el trotskismo (odio «saciado» con una
larga cadena de asesinatos). Aun cuando el POUM, como ya lo he indicado en otras
ocasiones, no era verdaderamente trotskista, los estalinistas lo identificaron
siempre con el «trosko‑fascismo». Acusar a los militantes del POUM de espías fascistas,
representaba para Stalin y los suyos una operación política de amplísimas
repercusiones internacionales: era una prueba más que añadir al «dossier» de
la represión para demostrar la conspiración mundial del trotskismo contra el
movimiento obrero, la democracia y la paz. Conspiración que estaba dirigida
desde Berlín, Roma y Tokio. Y al mismo tiempo los procesos de Moscú
encontrarían en España una nueva justificación, una nueva «prueba» de esa
conspiración internacional que obligaba a los jueces soviéticos a enviar a la
muerte o a los campos de concentración, no a unos miembros de la «vieja
guardia» bolchevique (como decían los trotskistas) sino a unos espías nazis y
a unos agentes saboteadores. Dado el inmoderado gusto de los estalinistas (como
todos los regímenes totalitarios) por el ritual,
el proceso del POUM tenía que parecerse punto por punto a los procesos de
Moscú y, sí fuese posible, tenían que formularse contra esa fracción
disidente del movimiento comunista las mismas acusaciones de espionaje
acompañadas de las mismas penas. Pero como la situación en España no era, a
pesar de todo, idéntica a la que existía en la URSS, ese proyecto sólo se
logró a medias (cosa que ya es muchísimo y que demuestra hasta qué punto los
rusos podían permitirse casi
todo en la zona republicana).
En
un discurso pronunciado el 9 de mayo en Valencia, José Díaz declaraba:
«Nuestro
enemigo principal es el fascismo... Pero el fascismo tiene sus agentes para
trabajar. Naturalmente que si los agentes que trabajan con ellos dijesen: “somos
fascistas y queremos trabajar con vosotros para crear dificultades”,
inmediatamente serían eliminados por nosotros. Por eso tienen que ponerse otro
nombre... unos se llaman trotskistas ( ... ) y yo digo: Si esto lo saben todos y
lo sabe el Gobierno, qué hace el Gobierno que no los trata como a tales
fascistas y los extermina sin consideración ( ... )
Todos
los obreros deben conocer el proceso que se ha desarrollado en la URSS contra
los trotskistas. Es Trotski en persona el que ha dirigido a esta banda de
forajidos que descarrilan los trenes en la URSS, practican el sabotaje en las
grandes fábricas y hacen todo lo posible para descubrir los secretos militares
para entregarlos a Hitler y a los imperialistas del Japón. Y cuando esto ha
sido descubierto en el proceso y los trotskistas han declarado que lo hacían en
combinación con Hitler, con los imperialistas del Japón, bajo la dirección de
Trotski, yo pregunto: ¿es que no está totalmente claro que eso no es una
organización política o social con una determinada tendencia, como los
anarquistas, los socialistas o los republicanos, sino una banda de espías y
provocadores al servicio del fascismo internacional? ¡Hay que barrer a los
provocadores trotskistas! 5»
5. José Díaz, Tres años de lucha, Ed. Nuestro Pueblo,
Toulouse, 1947, pág. 357‑358. Hay
otra edición: en la colección Ebro, París, 1970, págs.
431-432.
El
resto del discurso es del mismo tenor. De cualquier modo, pone bien de relieve
el carácter internacional de la «provocación trotskista».
En
cuanto quedó formado el Gobierno Negrín, los agentes soviéticos, con la
complicidad del coronel Ortega, comunista, director general de Seguridad en el
Gobierno central, enviaron una serie de comandos de policía a Barcelona para
detener a los dirigentes del POUM y ello sin avisar al Gobierno republicano.
Una
mañana del mes de junio de 1937, Hernández fue convocado por Orlov, el jefe de
la NKVD en España, quien le comunicó:
«Desde
hace algún tiempo estamos luchando contra una red de espionaje falangista. Los
elementos del POUM formaban parte de ella. Entre centenares de individuos
encarcelados, un ingeniero, llamado Golfin, lo ha confesado todo. Nin está muy
comprometido así como toda la banda trotskista: Gorkin, Andrade, Gironella,
Arquer. Un tal Roca servía de enlace entre el POUM y los falangistas en
Perpiñán. En Gerona han encontrado en manos de un tal Riera, una cartera
repleta de documentos. El dueño de un hotel, Dalma, también ha confesado. Todo
estaba dispuesto ya para dar un gran golpe que hemos conseguido impedir sin
informar al gobierno ni al ministro.6»
6. Jesús Hernández, Op. cit., pág. 75. Véase también Julían
Gorkin, Caníbales políticos.
Como
Hernández dijera que posiblemente hubiera sido mejor haberlo notificado al
Gobierno, Orlov le replicó: «Los enemigos están en todas partes». Pero «¿Y
el Ministro del Interior?» se atrevió a sugerir Hernández. «Zugazagoitia
es amigo personal de algunos de los que hay que detener», contestó Orlov.7
Hernández, que cuando escribió este libro había roto con el estalinismo,
relata minuciosamente su «crisis de conciencia» en esa ocasión (e incluso sus
tentativas de protesta, no sobre el fondo: que se arrestara a los miembros del
POUM, sino sobre los procedimientos utilizados), pero su testimonio, como todos
los demás testimonios, demuestra ampliamente y sin lugar a dudas la complicidad
que existió en este asunto entre los estalinistas españoles y los agentes soviéticos.
7. Ibid,
«Estos
son los hechos, en toda su verdad —escribe Victor Serge, en La Révolution
Prolétarienne:
A
finales de mayo (el 28 exactamente [C.S.‑M.]), el excelente diario del
POUM, «La Batalla», fue suspendido indefinidamente. El gobierno denegó al
partido la autorización para publicar ningún otro diario, retorciendo el
cuello a la libertad de prensa. Por un artículo del 1.º de mayo, en el que se
invitaba a los obreros a mantenerse vigilantes, con las armas preparadas, y a
formar un frente revolucionario, Julián Gorkin ha sido acusado de incitación
a la sedición, pero está en libertad provisional. Hacia el 15 de junio, hemos
tenido noticia del drama sospechoso de la muerte de Bob Smilie, corresponsal
del «Independant Labour Party», afecto al POUM, que fue detenido por las
autoridades españolas cuando se disponía a cruzar la frontera francesa, con
sus papeles en regla, para volver a Inglaterra; fue llevado, no a Barcelona,
sino a Valencia donde murió en la cárcel aquejado de una inexplicable
apendicitis.
¡Pobre y valeroso camarada! Hay en tu fin un no sé qué ruso.
El
16 de junio, desde Valencia, se han ordenado cuarenta detenciones de los
principales militares del POUM (Comité Central y Ejecutivo) en Barcelona. Andrés
Nin y muchos otros militantes que han participado en todos los momentos
revolucionarios de España, han sido detenidos. Como no encontraron a Gorkin ni
a Juan Andrade, han detenido a sus mujeres como rehenes, atrocidad de tipo
fascista y al mismo tiempo del estilo de las operaciones específicamente
estalinistas.
Se han apoderado de la emisora del POUM. El Partido ha quedado prácticametne
fuera de la ley. ¿Qué queda de la democracia española para los obreros? 8
( ... ).»
8. «La Révolution Prolétarienne», n.º 249 (25 de junio de 1937).
El
complot de la NKVD estaba en marcha. La «prueba» que sirvió para justificar
la detención era el plan «N», plano de Madrid hecho en papel milimetrado,
descubierto
al falangista Golfin y donde la policía descifró un mensaje escrito en tinta
simpática, en el que se hablaba de N, como de un agente seguro. «N», por
supuesto, era Nin y, por supuesto también, todo era una falsificación y tan
grosera, que la tuvieron que abandonar antes del proceso. El 29 de julio, una
nota de Irujo, Ministro de Justicia, anunciaba que se había enviado ante los
Tribunales de Espionaje y Alta Traición a Gorkin, Andrade, Bonet, Arquer y
otros dirigentes del POUM, junto con el falangista Golfin (quien declaró en el
proceso que no tenía nada que ver con el POUM).
Entre
el 16 de junio y el 29 de julio había pasado muchas cosas. Primero, el
asesinato de Andrés Nin, luego la ridícula agitación de los ministros cuando
estuvieron ante el hecho consumado. Todos, desde los socialistas Negrín, Prieto
y Zugazagoitia (¡Ministro de la Gobernación!) hasta el muy católico Irujo (¡Ministro
de Justicia!) se plegaron cobardemente a la voluntad de los rusos y de sus cómplices
del PCE. Todos pueden ser considerados cómplices de este *crimen político. Sin
embargo, hay que mencionar la intensa campaña de protestas desarrollada en España
e incluso en el extranjero por grupos, movimientos y personas de izquierdas
*o, de extrema izquierda no estalinista, contra la oleada de la represión
estalinista y que parece que consiguió limitarla un poco. Los estalinistas en
España y en todas partes, respondieron con una campaña todavía más intensa
contra el «complot trotsko‑fascista». Una de las muestras más sabrosas
de esta campaña es sin duda el «libro blanco» publicado por el PCE —sobre
ese «complot»— cuyo prólogo es del escritor católico y republicano José
Bergamín.
El asesinato de Nin
Nin
fue detenido el 16 de junio, junto con sus camaradas. Pero fue separado de
ellos muy deprisa. Nadie sabía dónde estaba, ni el Gobierno, ni sus camaradas,
nadie, excepto los dirigentes del PCE que sabían que estaba en «las manos de
los camaradas rusos». En todas partes, periódicos, paredes de las grandes
ciudades, una pregunta se repetía incansablemente: ¿Dónde está Nin? a la que
los comandos de agit‑prop del PC respondían: en Salamanca o en Berlín.
El
4 de agosto, el Gobierno republicano, instado a dar explicaciones, especialmente
por los anarquistas, publicó una nota que decía: «De las informaciones
recogidas se desprende que Nin ha sido detenido por la policía de Seguridad
general al mismo tiempo que los demás dirigentes del POUM, que ha sido
transferido a Madrid a una cárcel preventiva habilitada a este efecto y que
desde ahí ha desaparecido 9». En
aquella época corrieron varias versiones sobre la desaparición de Nin. Los
estalinistas hicieron correr el rumor de que un comando de la GESTAPO lo había
sacado de la «cárcel preventiva que se le había habilitado» para ponerle en
lugar seguro: sin duda en Salamanca o en Berlín. También corrió el rumor (del
que se hizo eco el «New York Times») de que se había encontrado su cadáver
en las afueras de Madrid. Pero es inútil perder tiempo en suposiciones. Lo que
sabemos está suficientemente claro. Según los testimonios de Jesús Hernández,
miembro del B.P. del P.C.E. en aquella época, según las confidencias veladas
de antiguos estalinistas y las comprobaciones de los amigos políticos de Nin,
éste fue detenido y torturado en una de las numerosas «checas» de los
servicios secretos rusos, probablemente en Alcalá de Henares, cerca de Madrid.
Fue torturado por motivos muy simples y muy evidentes: dentro del ritual de los
procesos de Moscú, que se repetían en
España, aunque muchas cosas eran idénticas —amalgama política: Golfin, el
falangista y el POUM; acusación de espionaje, etc.— faltaba una pieza
indispensable: las confesiones.
Nin fue torturado para obligarle a firmar una confesión en la que quedarían
confirmadas todas las tesis estalinistas, según el procedimiento habitual que
tanto éxito —si puede decirse— tuvo en Moscú (y que continúa
utilizándose
en el llamado mundo socialista, como se ha visto recientemente en Cuba). Sólo
que Nin no firmó y murió bajo tortura. ¿Por qué Nin? Eso también resulta lógico,
porque además de ser en ese momento (J. Maurin estaba encarcelado en zona
franquista) el líder del POUM, «a la GPU le interesaba mucho Andrés Nin.
Amigo íntimo de los grandes hombres de la Revolución de Octubre en Rusia, había
trabajado con ellos desde la fundación de la Internacional Sindical Roja, de la
que fue uno de los secretarios. Al morir Lenin, no ocultó su amistad hacia
Trotski. La política estalinista no le convencía y expresaba públicamente
su desacuerdo. Poco después del fracaso de la oposición dentro del Partido
Bolchevique, Nin, considerado como un renegado, fue expulsado de la Unión Soviética.
Volvió a España cuando se proclamó la República, y, con los
ex‑comunistas que habían organizado el Bloque Obrero y Campesino, creó
el POUM 10». Con Nin, no sólo se
infligía un golpe al POUM sino también al trotskismo internacional y al propio
Trotski.
9. Citado por Broué y Temine, Op. cit., pág. 276.
10. Jesús Hernández, Op. cit., pág. 91. Sobre las torturas
infligidas a Andrés Nin, véase en el mismo libro las págs. 103-107.
Según
J. Hernández, es el «más demoníaco» de los colaboradores de Orlov, el «comandante
Carlos» (Vittorio Vidali, estalinista italiano que posteriormente fue
secretario
del PC en Trieste) quien participó en toda la operación y a quien se le
ocurrió la idea de simular el ataque del comando de la Gestapo para que
desapareciera para siempre el cuerpo torturado de Andrés Nin.11
11. En: Andrés Nin, Los Problemas
de la Revolución Española, Ruedo Ibérico, París, 1971 (colección de
textos escogidos y presentados por Juan Andrade) está publicada una de las
declaraciones que hizo Nin a la policía estalinista, en Madrid o en Alcalá
de Henares, el 21 de junio de 1937. Esta declaración es de carácter biográfico.
Como formaba parte del expediente del proceso del Comité Ejecutivo del POUM,
el abogado del Partido supo de su existencia y permitió a la viuda de Nin
copiarlo.
El proceso del POUM
En
Barcelona, el 29 de octubre de 1938 se abrió ante el Tribunal Central de
Espionaje y Alta Traición la causa contra el Comité ejecutivo del POUM. Por
supuesto, los acusados habían estado durante todo ese tiempo en la cárcel y
además había centenares de miembros del POUM, así como anarquistas,
encarcelados en toda la España republicana. El proceso se abrió sin confesiones.
Y los acusados, además de una intensísima campaña de solidaridad,
recibieron durante el proceso testimonios a su favor del ex‑primer,
Ministro Largo Caballero 12
y de
los dirigentes de la CNT‑FAI entre otros, (El Comité Nacional de la CNT
había protestado enérgicamente desde el 28 de junio de 1937, mediante un
documento público firmado por el secretario nacional Mariano R. Vázquez,
contra la represión que padecía el POUM desde diciembre de 1936.)
12. Poco después de haber sido expulsado del Gobierno, Largo Caballero
fue expulsado de la UGT y afectado a su domicilio
de Valencia. Todos sus partidarios fueron expulsados de los puestos de
responsabilidad de la UGT, en las redacciones de los periódicos «Claridad»,
«Adelante», «La Correspondencia de Valencia», etc. Ese «complot» se llevó
a cabo gracias a la alianza transitoria de los comunistas y socialistas de
derechas. Pero casi siempre fue el Gobierno Negrín quien se ocupó de tomar,
de modo autoritario, las medidas policíacas y otras de otro tipo para
acabar con la oposición de izquierdas en las filas socialistas. (Véase, por
ejemplo, Broué y Témime, Op. cit., pág. 281-284.)
Las
pruebas de espionaje fabricadas por los servicios secretos rusos eran de tan
«pésima calidad» que los jueces tuvieron que abandonar esa acusación para
quedarse sólo con la de «rebelión» (!). No fueron condenados a muerte,
como deseaban los estalinistas, pero de todos modos les
cayeron fuertes penas de cárcel. He aquí algunos fragmentos de la
sentencia:
«(
... ) Pretendieron conservar siempre la dirección de tales unidades
militarizadas (las milicias del POUM [C.S.‑M.]) y extender su influencia
de Partido sobre todas las unidades que pudieran con el fin de tener un
apoyo sólido para conquistar el
poder político, en el caso de que se presentaran las condiciones
objetivas necesarias que ellos mismos se esforzarían en crear para
sustituir, al Gobierno legítimo por otro Gobierno marcadamente obrero y
campesino, dispuesto a instaurar revolucionariamente las doctrinas que les
son propias y para ello se opusieron teóricamente, en el periódico de su
partido, “La Batalla”, a la constitución de un ejército regular, como
quería el Gobierno y a la desaparición de las milicias.
»b)
Oposición violenta al Gobierno y crítica acerba de las disposiciones
adoptadas por este último, así como de las instituciones de la República y
de los partidos y organizaciones que la apoyan, para debilitar al régimen
actual y crear las condiciones externas necesarias para tomar el poder, cosa que habrían
hecho primero en Cataluña y después en el resto de la España leal e
instaurar así un régimen comunista, organizado según la doctrina de su
partido ( ... ) Los acusados abajo nombrados contribuyeron a sostener un
estado de agitación y de rebelión de la clase obrera, quebrantaron la
disciplina
colectiva, tan necesaria en los graves momentos que atravesaba la República,
pusieron en peligro el prestigio de esta última ante la opinión
internacional, cuyas reacciones favorables a la causa del pueblo, fortalecían
al Gobierno, con lo que favorecieron, en este sentido, indirectamente, y
aunque no fuese ésta su intención, a los proyectos de los rebeldes ( ...
).
»Los
acusados que aquí mencionamos se encontraban realizando estas acciones,
cuando el 3 de mayo de 1937 tuvo lugar en Barcelona un encuentro entre un
grupo de trabajadores y la fuerza pública... (los acusados) creyeron que había
llegado el momento de dar un contenido y un fin concretos a los actos
violentos y espontáneos (subrayado por mí [C. S.‑M.]) de las
masas obreras e intentaron aprovecharlos para ejecutar sus designios de
conquista
del poder...
»De
lo que precede no se puede deducir la prueba de que los acusados facilitaran
a los elementos fascistas noticias de ninguna especie sobre la situación de
los frentes de batalla o sobre la organización de la retaguardia; que hayan
mantenido relaciones directas e indirectas con ellos, ni con organismos
policíacos o militares de los países invasores; que estuviesen en contacto
o ayudaran a grupos u organismos falangistas del país; que pretendieran
apoyar a los combatientes rebeldes ni que recibieran ayuda económica de los
enemigos del Estado para su propaganda política. (Por lo contrario, se
deduce de lo que precede que gozan todos ellos de un grande y viejo ascendente
antifascista; que han contribuido con su esfuerzo en la lucha contra la
insurrección militar y que la posición que defienden responde únicamente
al fin de suprimir la República
democrática para instaurar un régimen según sus propias concepciones sociales.)
( ... )
»Tercer considerando: Que
el
Decreto‑ley del 13 de febrero de 1937 no puede aplicarse en este caso
porque define y sanciona de modo exclusivo los actos de espionaje y de los
hechos que se han declarado probados no se deduce que puedan estar incluidos
en los números 2, 3, 4, del artículo 1.º de la disposición mencionada,
sobre lo que el procurador de la República apoya su acusación, puesto que no
se tratan de actos realizados con carácter secreto o reservado, que no existe
ninguna ayuda de ningún tipo a organizaciones o a grupos sociales sometidos a
la influencia de Estados extranjeros que favorezcan la guerra contra el
Gobierno legítimo, ya que los actos que son objeto de las sanciones no han
sido cometidos con el propósito de secundar los designios de los
nacionalistas ni de los extranjeros en guerra contra la República.»
Estas fueron las condenas:
«Declaramos:
que debemos condenar y condenamos a los acusados Julián Gómez García
(Gorkin), Juan Andrade Rodríguez, Enrique Androher Pascual (Gironella) y
Pedro Bonet Quito, a 15 años de separación de la comunidad social para cada
uno de ellos, como reos de un delito de rebelión anteriormente definido y a
Jorge Arquer Saltó a la de once años de separación de la comunidad social
(Arquer no estaba en Barcelona durante las "jornadas de mayo",
circunstancia que se consideró atenuante [C.S.‑M.]) como cómplice
del mismo delito y que deberán cumplirlo en campos de trabajo y
accesoriamente la suspensión de oficios o cargos de derechos de sufragio
durante el tiempo que dure la condena.. »
Dos acusados fueron absueltos.13
13. La traducción de la copia de esta sentencia nos ha sido amablemente
cedida por W. Solano.
El Tribunal decretó igualmente la disolución de las
Asociaciones del Partido Obrero de Unificación Marxista y Juventud
Comunista Ibérica.
¡Absueltos
por espías, fueron condenados por revolucionarios! Evidentemente, según
eso y con mayor motivo, se habría podido acusar de los mismos «crímenes» a
la CNT‑FAI, pero la CNT-FAI tenía en aquella época más de dos
millones de miembros, y el POUM unos 50.000. Ahí residía todo el asunto.
El
POUM y las Juventudes fueron oficialmente disueltos por el tribunal, situación
en la que se encontraban de hecho desde hacía varios meses, cosa que no les
impidió continuar ejerciendo su actividad (reducida, se entiende) en la
clandestinidad y sobre todo continuar publicando, también clandestinamente,
su prensa.
Conviene
repetir que además de este proceso contra la directiva del POUM, cientos de
militantes de esta organización estaban detenidos —con o sin proceso—.
En el momento de la caída de Cataluña, muchos consiguieron, a menudo con
la complicidad de sus carceleros, evadirse de sus cárceles y pasar a Francia.
Aunque
lo que querían era golpear duramente al POUM, por los motivos políticos ya
consignados, y aunque no se atrevieron a hacer lo mismo con la CNT-FAI ni qué
decir tiene que la represión desbordó ampliamente las filas del POUM. He
aquí algunos ejemplos: en Tortosa, se celebró un proceso contra 128 obreros
acusados de haber tomado las armas durante las «jornadas de mayo». El
Tribunal pidió 4 penas de muerte y varias penas de cárcel que iban de 6 a 20
años.14
R. Louzon, miembro de una
delegación internacional de investigación sobre la represión contra los
revolucionarios, oyó decir a Mariano Vázquez y a Federica Montseny
que «la CNT tiene en la actualidad a 800 miembros encarcelados y 60
“desaparecidos”».15
Porque
aunque
las cárceles —«privadas» o no— estaban llenas de militantes
revolucionarios condenados por los Tribunales de Orden Público, reorganizados
por un Decreto del 23 de junio de 1937 (tres jueces civiles y dos militares,
designados por el Gobierno, pues los antiguos Tribunales Populares habían
sido disueltos), el método más utilizado para liquidar a la «chusma»
anarquista o «trotsista», era la «desaparición», es decir, la tortura o el
disparo en la nuca. Además de Nin, Berneri, A. Martínez, Marc Rhein, Bob
Smilie, y todos los que he nombrado, otros militantes conocidos desaparecieron
en España sin dejar rastro: «Kurt Landau, militante austríaco, antiguo
secretario de la Oposición de Izquierda Internacional, solidario del POUM
contra Trotski ( ... ) el trotskista polaco Freund, llamado Moulin, el
trotskista checo Erwin Wolff, antiguo secretario de Trotski, José Robles,
antiguo profesor de la Universidad John Hopkins...16»
y los innumerables anónimos fusilados durante o después de las «jornadas
de mayo» o por «insubordinación» en el frente.
14. Véase «La Révolution Prolétarienne», n.º 250 (10 de julio de
1937).
15. Ibid.
16.
Broué y Temime, Op. cit., pág. 278.
«La
Comisión de Investigación dirigida por Félicien Challaye y el inglés
McGovern se quedó estupefacta cuando se vio acogida en la Cárcel Modelo de
Barcelona, en noviembre de 1937, por la Internacional,
cantada por quinientos detenidos.17»
17. Ibid.
El SIM (Servicio de Investigación Militar)
Creado el 15 de agosto de 1937 por un Decreto del
ministro de Defensa, Indalecio Prieto, este servicio pretendía ser un
servicio clásico de contraespionaje que todo ejército «moderno» debe poseer,
según parece. Pero dadas
las condiciones específicas de la guerra civil en España, su carácter
triangular: lucha entre revolución y contrarrevolución y guerra al fascismo de
estas dos tendencias, el SIM se convirtió en seguida en el gran depurador, en
el servicio que llevó a cabo la «caza de brujas» entre las tropas
republicanas (y no solamente en el ejército). «Después del republicano Sayagües
fue (el SIM) dirigido por el socialista Uribarri, ex oficial de la Guardia Civil
que se entendía directamente con los rusos de los “servicios especiales” y
después, luego de su huida a Francia (con una fortuna en joyas robadas), por
Santiago Garcés que pasa por haber sido uno de los asesinos de Nin. Prieto,
creador del SIM, ha contado detalladamente cómo veía que el Servicio se le
escapaba de las manos. El comandante Duran, comunista, jefe del SIM de Madrid,
designaba a militantes comunistas para todos los cargos importantes y los «técnicos
rusos» protestaron cuando Prieto les quiso enviar de nuevo al ejército.
Algunos meses después de su creación, el SIM, que escapaba completamente a la
autoridad del ministro de la Defensa Nacional, contaba con más de 6.000 agentes
y dirigía prisiones y campos de concentración.18»
18.
Ibíd., pág. 286.
Así pues, en sus orígenes, el SIM era un servicio de
contraespionaje militar, pero después de que lo controlaran los comunistas,
aconsejados muy de cerca por los especialistas de la NKVD, se convirtió en una
superpolicía política, fabricada sobre el modelo de ese servicio ruso que a su
vez estaba muy inspirado en la Gestapo. Estaba dividido en una serie de
secciones que cubrían todas las actividades militares, económicas y políticas
(«vigilancia» de los partidos y organizaciones) y contaba con la inevitable
Brigada especial encargada de las torturas y ejecuciones. La red de cárceles «privadas»
y campos de concentración, así como en general la mayoría de las actividades
policíacas del SIM, escapaban al control de las autoridades republicanas y eran
secretas, excepto cuando se trataba de arrestar a fascistas, de lo que se
enorgullecían, para poder proseguir tranquilamente sus actividades terroristas
contrarrevolucionarias.
José Peirats, ha reproducido en su libro toda una serie
de datos sacados de los informes confidenciales de la CNT y de la FAI sobre las
actividades y los métodos de esta superpolicía política.19
Según esos informes, el jefe del SIM era un ruso cuyo nombre no se menciona.
Entre los estalinistas españoles colocados en puestos de responsabilidad de la
Seguridad que colaboraron estrechamente con el SIM se citan los nombres de:
Ortega, Burilo, Rodríguez Sala, José Cazorla, Santiago Carrillo.20
En cuanto a los métodos eran los de todas las superpolicías políticas,
estalinistas o fascistas. Leyendo los testimonios publicados por Peirats no
podemos dejar de pensar en las técnicas de los interrogatorios de los nazis
bajo la ocupación (o en la misma Alemania) ¡o en las alegres fiestas
proletarias en los sótanos de la Lubianka!
19.
Peirats, Op. cit., t. III, págs.
277 a 291.
20. Santiago Carrillo,
secretario general del PC español fue durante la guerra civil secretario
general de la JSU —y uno de los artífices de su «estalinización»— y «responsable
de la Seguridad» en la Junta de Defensa de Madrid hasta el mes de febrero de
1937, cuando fue sustituido por Cazorla. Por lo tanto no colaboró con el SIM,
que fue creado más tarde, sino con la NKVD, y de una manera muy directa y...
eficaz, durante los meses en que fue responsable de la Seguridad en Madrid. Eso
le da, naturalmente, plena autoridad para charlar hoy sobre «socialismo y
libertad».
El eje por supuesto, era la tortura. Todo sospechoso,
todo disidente, tenía que acabar confesando que era un espía fascista. Los
instrumentos de tortura eran tan variados como los de cualquier otra parte: además
de los golpes, de colgar por los pies o las manos, de las agujas entre las uñas,
etc., había sillas eléctricas «parecidas a las utilizadas en los Estados
Unidos», salvo que no estaban destinadas a matar rápidamente sino por el
contrario, a que durase el suplicio. También había una prensa para aplastar
los cuerpos de los interrogados, cuya parte superior tenía, curiosamente (¿?)
forma de cruz gamada... También había celdas minúsculas; en algunas, el
detenido sólo podía estar de pie y el suelo estaba hecho con baldosas
cortantes, que herían la planta de los pies; otras, a las que llamaban «armarios»,
eran de dos tipos: las grandes, en las que el detenido podía estar de pie pero
sin apenas moverse y las pequeñas en las que sólo se podía estar en
cuclillas; también había cajas, donde el cuerpo del prisionero quedaba
estrechamente encerrado y de las que sólo sobresalta la cabeza. En todos estos
«aislantes políticos» como se llamaban en la URSS, los prisioneros podían
permanecer semanas, o todo el tiempo que agradase a sus verdugos, en tanto no
confesaran que eran espías fascistas. En los testimonios recogidos por Peirats,
se habla sobre todo de una de esas checas del SIM, situada en Valencia, en el
antiguo convento de Santa Ursula. Pero, al igual que en cualquier otro servicio
público bien centralizado, todas las checas eran del mismo modelo.21
21. Por ello causa
escalofríos cuando, después de haber informado sobre las torturas y los
horrores del SIM (de las que no he dado más que algún ejemplo), los dirigentes
de la CNT-FAI discuten entre sí para saber si debieran aceptar el puesto que
les ofrecen los comunistas en esa superpolicía política y acaban por no
aceptar porque el puesto en cuestión no tiene... ¡poder real!
(Véase
Peirats, Op. cit., t. III, pág. 289.
Indiquemos que Peirats critica muy duramente
las actuaciones del SIM, formase o no parte de él la CNT-FAI)
La disolución del Consejo de Aragón
Dado que la lucha entre revolución y contrarrevolución
en Cataluña concierne tan directamente a Aragón, creo que sería útil reseñar
aquí brevemente cómo se vio alcanzada esta región por la oleada
contrarrevolucionaria que se había desencadenado sobre Cataluña.
Cuando, nada más haber aplastado el levantamiento
militar en Cataluña, las columnas de milicianos entraron en Aragón y cuando
los obreros aragoneses se agruparon en «comunas libertarias», esta región se
convirtió de algún modo, en la vanguardia de la Cataluña revolucionaria tanto
en el plano militar como en el político, económico y social. El «poder» que
tenían en ella los anarquistas era evidente, pero ella no era debido a que
utilizasen el terror, como decían y dicen todavía los estalinistas22
sino simplemente a que eran mayoritarios en el frente y en la retaguardia. En
octubre de 1936, los anarquistas organizaron el Consejo de Defensa Regional de
Aragón, presidido por Joaquín Ascaso (hermano de Francisco, muerto durante los
combates de Barcelona, el 20 de julio, y de Domingo que mandó la división
Ascaso) y que estaba compuesto únicamente por miembros de la CNT-FAI. Ese
Consejo pretendía ser el centro de coordinación entre la retaguardia y el
frente, entre las columnas y las «comunas libertarias» —u otras— entre la
revolución social y las necesidades de la guerra, etc. Por ejemplo, en su
primera proclamación oficial se puede leer lo siguiente:
22. Véanse los libros ya
citados anteriormente de Dolores Ibarruri, Arthur London, la historia «oficial»
de la guerra del PC, las memorias de Líster. etc.
«Primero: Que todas las demandas de artículos de
primera necesidad, ganado, enseres y otras materias, sean pedidas directamente a
este Consejo que cumplirá racionalmente con las posibilidades de la región,
desautorizando, por lo tanto, enérgicamente los hechos esporádicos realizados
por quien sea, en esta materia, de no darse un caso de extrema urgencia que
imposibilite la tramitación natural al respeto, que este Consejo exige de
todos; y
»Segundo: Que las columnas antifascistas no deben ni
pueden inmiscuirse en la vida político-social de un pueblo que es libre por
esencia y por propia personalidad.23»
23. Peirats, Op. cit., t. I, pág. 213.
Las dos principales preocupaciones del Consejo quedan
resumidas en los puntos arriba mencionados: la necesidad evidente de una
coordinación no sólo económica, sino también militar (armamento,
abastecimiento de las columnas, por ejemplo, a los que hacen alusión otros «considerando»
de la proclamación) y la necesidad no menos evidente de la autonomía, de la
libertad de cada comuna libertaria —y más generalmente de cada pueblo— que
se auto-organiza en el marco general —y complejo— de la revolución y de la
guerra. Y puesto que me he permitido tan severas críticas hacia los dirigentes
anarquistas, bien puedo reconocer ahora que el Consejo de Aragón respetó la
autonomía de las comunas y la diversidad de sus experiencias revolucionarias.
En ningún momento Joaquín Ascaso se mostró como el virrey regional, el déspota
y el ladrón presentado por la propaganda comunista. En cuanto a los problemas
de coordinación y a las exigencias de la guerra, las tesis contrapuestas son
hasta tal punto partidistas que es difícil formarse una opinión, objetiva
sobre ellos. Las comunas libertarias proliferaban en Aragón y transformaron
profundamente la vida de los obreros y de los campesinos pobres, de los
comerciantes y de los artesanos (aun cuando a veces se seguían conservando y
consolidando algunas estructuras retrógradas; por ejemplo, ya comenté la ambigüedad,
cuando menos, del salario familiar y de la discriminación salarial respecto al
trabajo de las mujeres), pero es difícil decir hasta qué punto el Consejo de
Aragón colaboró en estas transformaciones, ni si ha sido un factor esencial en
la revolución social en Aragón o si, por el contrario, al proporcionar
servicios para la coordinación entre comunas, ha sido una especie de escudo
simbólico de las experiencias que aprobaba sin desempeñar en ellas un papel
importante.
Sea como fuere, una vez formado el Consejo, Ascaso se fue
a Madrid, para que lo reconociera el Gobierno central. A pesar de la opinión de
los comunistas que querían volver a la administración política «legal»
—gobernador civil y consejos municipales que habían sido sustituidos por el
Consejo y los Comités revolucionarios locales— Largo Caballero, entonces
Primer Ministro, aceptó reconocer el Consejo a condición de que estuvieran
representados en él todos los partidos del Frente Popular. Ascaso aceptó y el
Consejo, reorganizado en diciembre, se compuso de 7 miembros de la CNT-FAI y 7
miembros de otras organizaciones (PC, UGT, republicanos y un miembro de Partido
sindicalista). Pero los anarquistas, mayoritarios en la región, continuaban «dominando»
el Consejo.
Después de las «jornadas de mayo», en el ímpetu de la
gran ofensiva por el retorno al orden burgués, los comunistas y los socialistas
de derechas decidieron liquidar el Consejo de Aragón, las comunas libertarias
(que eran el principal objetivo) y la relativa autonomía de esa región
«Las necesidades morales y materiales de la guerra
exigen de una manera imperiosa ir concentrando la autoridad del Estado, de
suerte que pueda ser ejercida con unidad de criterio y de propósito ( ... ). La
región aragonesa, capaz por el temple de sus hombres de las más altas
contribuciones humanas y económicas a la causa de la República, padece con
mayor rigor que ninguna otra los efectos de la dispersión de la autoridad, de
donde se sigue un daño a los intereses generales e ideológicos.
24»
Estas reveladoras líneas han sido sacadas del Decreto de disolución del
Consejo de Aragón, que fue sustituido por un Gobernador civil, el republicano
Mancetón, compañero de viaje del PC —los Comités Revolucionarios fueron
sustituidos, aquí como en Cataluña, por los Consejos Municipales que, por
supuesto no fueron elegidos.
24. Idem, Op. cit., t.
II, pág. 277.
Pero el Gobierno nunca se hubiera atrevido a anular de un
plumazo el Consejo. Para hacerlo fue necesaria una nueva conspiración
contrarrevolucionaria que consistió en invadir militarmente Aragón, bajo
pretextos muy falaces (descanso de las tropas, maniobras militares, etc.) para
que, cuando apareciera el Decreto en el Diario Oficial (el 10 de agosto de 1937
—o el 11, los historiadores no están de acuerdo en la fecha)— esas tropas
«seguras» ya lo estuviesen aplicando.
Enrique Líster, uno de los jefes militares encargados de
esta operación, con ese tranquilo cinismo que da la tontería, reveló algunos
detalles de esa conspiración, en sus Memorias.25
25. E. Líster, Nuestra
Guerra, Ediciones Ebro, París, pág. 152.
Indalecio Prieto, Ministro de Defensa le convocó en su
despacho el 5 de agosto por la mañana.
«Me explicó que el Gobierno había decidido disolver el
Consejo de Aragón, pero que temía que los anarquistas se negasen a obedecer a
esa orden y, como además de las fuerzas de policía del Consejo, tenían también
tres Divisiones del Ejército, había propuesto al Consejo de Ministros, y este
último lo había aceptado, enviar allá una fuerza militar capaz de permitir el
cumplimiento de esa decisión gubernativa ( ... ). Me declaró que no habría
ninguna orden escrita para la misión que me encargaban, ni comunicados sobre el
cumplimiento de la misma, que se trataba de un secreto entre el Gobierno y yo,
que debía liquidar sin dudarlo y sin ningún procedimiento burocrático o
legalista, a todos aquellos que estimara necesario liquidar (subrayado por mi
[C.S.-M.]) y que tenía detrás de mí a todo el Gobierno.26»
26. Algunas páginas más
adelante, Líster aparenta enfadarse por la actitud de Prieto que le reprochaba
públicamente su brutalidad durante esa operación de limpieza. ¿Por qué se
indignaba? ¿Acaso Prieto no le había explicado muy claramente los términos
del acuerdo secreto: «Haga lo que quiera, nosotros le cubrimos, pero
oficialmente no sabemos nada...»? (Observemos de paso que E. Líster es uno de
los líderes de una escisión del Partido Comunista, que reprochaba a la dirección
D. Ibarruri-Carrillo sus críticas «anti-sovíéticas» respecto a la
intervención en Checoslovaquia. Líster y los suyos han formado un segundo
partido comunista: el P.C.O.E.)
Líster y los demás comandantes «leales» se lanzaron
alegremente a la represión.
«Inmediatamente, la 11.ª división del comandante
comunista Líster ( ... ) pasó a la acción contra los Comités y las
Colectivizaciones, cuya disolución reclamaba unánimemente la prensa del Frente
Popular. El periódico del Consejo, “Nuevo Aragón”, fue suprimido y
sustituido por el comunista “El Día”. Los Comités locales fueron
sustituidos por Consejos Municipales, instalados por las tropas de Líster. Los
locales de la CNT y de las organizaciones libertarias fueron ocupados
militarmente y luego cerrados. Numerosos dirigentes fueron detenidos y entre
ellos Joaquín Ascaso, el 12 de agosto acusado de «contrabando» y de «robo de
joyas». El 18 de septiembre, aprovechando un sobreseimiento, fue puesto de
nuevo en libertad. Por esa fecha, el objetivo había sido alcanzado, el último
poder revolucionario había sido definitivamente liquidado.27»
27.
Broué y Temime, Op.
cit., pág. 280.
César M. Lorenzo observa:
«¿Iban a caer sobre las tropas comunistas las
divisiones confederales asentadas en el frente de Aragón (las divisiones 25.ª,
26.ª y 28.ª, sin contar los restos de la 29.ª división, ex-poumista, que habían
sido colocadas bajo las órdenes del libertario Miguel García Vivancos)? Los
soldados lo deseaban ardientemente, pero el CN de la CNT y el CP de la FAI,
intervinieron para impedir que desencadenaran una nueva guerra civil; les
pidieron que siguieran teniendo paciencia y que no hicieran nada sin el
consentimiento de la Organización, porque un acto de desesperación podría
entregar rápidamente la zona republicana a Franco. Por lo tanto, las tropas
confederales no se movieron.28»
28. Lorenzo, Op. cit., pág.
306.
«En cuanto al CN de la CNT y al CP de la FAI, su actitud
pasiva se explicaba en la medida en que se desinteresaban por un organismo que
se había constituido sin su autorización y a despecho de la disciplina
interna; también se explicaba porque deseaban volver a colaborar con Negrín y
por lo tanto no querían provocar ningún conflicto grave que pudiese envenenar
las relaciones.29»
29. Ibid., pág. 207.
Sin darse cuenta, Lorenzo (cuyo libro tiende a demostrar
que los anarquistas españoles estaban tan capacitados como cualquiera para
convertirse en una burocracia política «responsable») hace aquí una crítica
a la dirección CNT-FAI.
Evidentemente, tanto en Aragón como en Cataluña, o en
cualquier otro sitio, todas las medidas revolucionarias realizadas por las masas
anarquistas, se hicieron sin «su» autorización y a despecho de la disciplina
interna.
Cogidos por sorpresa y «traicionados» por sus
dirigentes nacionales (pues los otros estaban detenidos, las masas no opusieron
una verdadera resistencia al «putch» militar que les arrancaba su autonomía.
Una represión sangrienta se abatió sobre el Aragón ocupado y lo único que se
puede decir a favor de los dirigentes de la CNT-FAI es que, gracias a su
intervención junto al Gobierno, evitaron que muchos líderes anarquistas
locales fueran fusilados. Hubo sin embargo cientos de detenciones y una nueva
carretada de «desaparecidos».
«Pero la acción de las fuerzas
militares comunistas, no tardó en evidenciar el alcance de la catástrofe. Aragón
quedaba arruinado económicamente por el paso del ejército; los campesinos ya
no sabían de quién fiarse; los colectivistas, desposeídos se negaban a
trabajar como antes para los propietarios, las tropas confederales estaban
desmoralizadas, miles de hombres se habían refugiado en Cataluña. El ministro
comunista de Agricultura, Vicente Uribe, tuvo que dar marcha atrás y tolerar
nuevamente las colectividades, porque había que salvar la cosecha. Y, como
testimonio sobrecogedor de la fuerza del colectivismo agrario aragonés, los
campesinos reconstruyeron casi todas las Colectividades, y los anarquistas
fueron liberados y empezaron a recuperarse. Después de haber estado al borde de
una guerra civil, después de haber arruinado a Aragón, irritado (¿?) a las
divisiones confederales, matado a centenares de hombres, el gobierno, sometido
al control comunista, soltaba lastre.30»
30 Ibid., pág. 309-310. Véase
también Daniel Guérin, l'Anarchisme, y G. Munis, Jalones de Derrota.
*
*
*
Ya está. El orden quedaba restablecido. El nuevo orden
republicano se hacía cada vez más autoritario. La fachada «democrática» se
había desmoronado, llevándose consigo las ilusiones de todos los que habían
soñado para España un régimen de «justicia y libertad», una República
parlamentaria, tolerante, pero eficaz. El nuevo Estado tenía una evidente
vocación totalitaria, ultracentralista, represiva. La única fisura en el
montaje de este hermoso edificio era la lucha entre las diversas fracciones
burocráticas, pues ninguna, conseguía imponerse del todo a las demás.
En Cataluña, después de la cantidad inmensa de decretos
que hasta ese momento habían quedado en «papel mojado», la policía procedió
finalmente al «desarme de la retaguardia», es decir, a desarmar a los obreros.
En Cataluña —como ya dije— el Orden Público estaba ya bajo la «responsabilidad»
del Gobierno central. Las libertades democráticas de palabra, prensa y reunión,
habían sido brutalmente liquidadas; ya no sólo eran el POUM y los grupos «extremistas»
de la CNT-FAI quienes tenían que actuar en la clandestinidad, toda la actividad
política, estaba sometida a un riguroso control: las reuniones sindicales debían
ser autorizadas por el delegado de Orden Público, después de haberlo
solicitado por lo menos tres días antes. Una nueva legislación (creada por el
mismo Decreto del 23 de junio de 1937 que «reorganizó» a los tribunales)
estableció una vasta serie de delitos políticos que permitían perseguir prácticamente
a todo el mundo:
«La definición del delito de espionaje y altra traición»
era lo suficientemente extensa como para permitir la utilización de esta arma
terrible contra todo oponente, inclusive contra los que no eran fascistas...»
(Sobre todo, diría yo, contra los revolucionarios. [C.S.-M.]). En efecto, eran
considerados como delitos el hecho de «de realizar actos hostiles a la República,
dentro o fuera del territorio nacional», «defender o propagar noticias, emitir
juicios desfavorables a la marcha de las operaciones de guerra y a la autoridad
de la República», los «actos o manifestaciones que tiendan a debilitar la
moral pública, a desmoralizar al ejército o a disminuir la disciplina
colectiva». Las penas previstas oscilaban entre seis años de cárcel y la pena
de muerte. Y, lo que es una circunstancia agravante, eran las mismas penas tanto
para el delito consumado como para «la tentativa y el delito fallido, para la
conspiración y la incitación, así como para la complicidad y la protección».
El decreto permitía todas las provocaciones y daba a la policía poderes
discrecionales, puesto que estipulaba que «quedaban exentos de pena aquellos
que, después de haber dado su consentimiento para cometer esos delitos, los
denunciaran antes de que fueran realizados».31
31. Broué y Temime, Op.
cit., pág. 284-285.
Gracias a esta legislación tan republicana como, por
ejemplo, la de los coroneles griegos, se llenaron las cárceles de miembros del
POUM y de anarquistas.
Esta brutal restricción a las libertades democráticas
también se manifestaba por la intensificación de la censura de prensa y
publicaciones. Se ha visto que la censura, aunque teóricamente estaba limitada
a las informaciones de índole militar, en realidad, hacía estragos desde
varios meses antes, para alcanzar, bajo el Gobierno Negrín, las delirantes
características de los regímenes totalitarios. Sólo daré un ejemplo: «El 14
de agosto, una circular prohibió toda crítica al Gobierno ruso: “Con una
insistencia que permite adivinar un plan preciso, destinado a ofender a una nación
excepcionalmente amistosa, creando así dificultades al Gobierno, diversos periódicos
se han ocupado de la URSS de una manera inadmisible... Esta licencia
absolutamente reprobable no debería ser admitida por el Consejo de Censores. El
periódico que no se pliegue será suspendido indefinidamente, aun si ha sido
censurado; en este caso se presentará ante el Tribunal Especial encargado de
los crímenes de sabotaje (!)”».32
32. Ibid., pág. 285-286.
Desde el 18 de junio de 1937, el Gobierno central se
otorgó el monopolio de las estaciones de radio y se había apoderado de las
emisoras utilizadas hasta ese momento por las centrales sindicales y los
partidos políticos.
Paralelamente, a esta operación que consiguió meter en
cintura a la opinión, reduciendo a la nada cualquier posibilidad de crítica
(pero que no impedía que las diversas fracciones burocráticas se entregasen a
una lucha que muchas veces fue sangrienta, hasta el momento mismo de la derrota
militar) las propias organizaciones ponían orden en sus filas. Largo Caballero
y los socialistas de izquierdas que no se habían agrupado bajo las banderas de
la «entente cordial» del Gobierno Negrín, fueron apartados de los puestos de
responsabilidad. Las escasas tentativas de rebelión por parte de algunos
sectores de la JSU (influenciados por los «caballeristas») fueron aplastadas.33
La CNT-FAI no sólo expulsó de su seno a los «Amigos de Durruti» sino que
también, algunos líderes como Abad de Santillán que reclamaban un «viraje a
la izquierda» de la organización, fueron apartados de toda responsabilidad. La
mayor parte de los Comités de «base» contestatarios, fueron metidos en
cintura, especialmente entre las Juventudes Libertarias.
33.
Sobre la JSU, véase
la nota 14, pág. 362.
Dentro de la lógica del Estado fuerte, de la «unidad de
mando», el Gobierno central acabó con la autonomía de que gozaba Cataluña.
Tanto en el ámbito militar, del Orden Público como en el ámbito financiero o
industrial, la Generalitat se vio paulatinamente despojada de todo poder
efectivo. Los ministros catalán y vasco del Gobierno central (Ayguadé e Irujo)
dimitieron en agosto de 1938, como protesta por la liquidación efectiva del
pluralismo nacional ibérico, que había sido presentado como una de las
conquistas democráticas de la República y del Frente Popular. A la vista de
todas estas medidas, centralizadoras y autoritarias se podría pensar que la «identificación
con el enemigo» rebasaba en la realidad el marco estrictamente militar, como si
la mística del Estado fuerte hubiese ido impregnando progresivamente a los «defensores
de la democracia».
Por lo que respecta a las colectivizaciones, la ofensiva
del nuevo Estado crecía paralelamente a todas las medidas autoritarias de las
que acabo de hablar. Las colectivizaciones (véase el capítulo sobre las
mismas), a pesar de haber sido declaradas ilegales justo después de las «jornadas
de mayo» por el Gobierno Negrín, no desaparecieron. Ante esta resistencia, a
veces pasiva pero siempre encarnizada, el Gobierno multiplicó las amenazas, los
decretos y las medidas de intimidación, para acabar con el escándalo de los
escándalos para cualquier tipo de Poder: la autonomía y la autogestión
obreras. Todos los decretos (siendo el del 11 de agosto de 1938 el más
draconiano de todos) tendían a militarizar la industria. El pretexto era el
mismo de siempre: las necesidades de la guerra. Para ello, el Gobierno central
se encargó directamente de la dirección de la industria metalúrgica, las
minas, transportes, etc., de Cataluña. Esta labor era realizada por un ejército
de burócratas, casi siempre totalmente ignorantes de los problemas técnicos y
otros de la producción, pero habían sido nombrados para esos puestos de
control por su fidelidad política al Gobierno Negrín. Para no repetir lo que
ya he dicho en el capitulo sobre las colectivizaciones, me limitaré a recordar
la tenaz resistencia de los trabajadores a todas esas medidas burocráticas. Por
otra parte, esa resistencia no la manifestaban en el hecho de que se negasen a
fabricar las armas, los tanques, los aviones, encargados por el Gobierno, al
contrario, los trabajadores criticaban la ineptitud de las autoridades y su
lentitud en proporcionar las materias primas indispensables para aumentar la
producción del material de guerra. Esta incapacidad era tal que algunas fábricas
tuvieron que detener su trabajo durante semanas, por ausencia de materias
primas, que se habían perdido en los meandros del papeleo burocrático. Su
resistencia la manifestaban ante todo por su negativa a convertirse en simples
ejecutantes de un proceso productivo, que estaba siendo dirigido burocráticamente
por las autoridades estatales. La CNT, que seguía siendo muy fuerte en Cataluña,
al verse a su vez desposeída de su papel directivo, hizo causa común con los
trabajadores en muchas ocasiones, pero en otras se erigió en intérprete de las
decisiones gubernativas ante los trabajadores.
Las colectividades agrícolas de Cataluña también
tuvieron que soportar, como las de Aragón, una ofensiva en toda la regla. Los
antiguos propietarios, alentados por la nueva política gubernativa recurrieron
a los tribunales para que se les restituyeran las tierras «ilegalmente»
confiscadas por los campesinos. Y a veces lo consiguieron. Tanto en la
agricultura como en la industria, fue la relación de fuerzas la que determinó
siempre la aplicación total de las medidas anticolectivistas gubernativas. Si
en determinado pueblo la colectividad gozaba del apoyo de la mayoría de la
población, y estaba rodeada de otras Colectividades agrícolas igualmente bien
implantadas y defendidas por la CNT, las autoridades gubernamentales vacilaban
en hacer una demostración de fuerza y en ese caso las recriminaciones de los
antiguos propietarios quedaban sin efecto. Pero también sucedía lo contrario.
En la industria pasaba lo mismo; la resistencia de los trabajadores obligaba al
nuevo director y a los organismos tutelares a realizar concesiones importantes.
Esta lucha sorda persistió hasta la derrota militar. Si los republicanos
hubiesen ganado la guerra, el conflicto habría reaparecido indefectiblemente:
si era la guerra la que supuestamente exigía la centralización, la disciplina,
y el Estado fuerte, una vez acabada, los trabajadores, habrían exigido no sólo
volver a la autogestión, sino además profundizarla y extenderla. Pero como,
naturalmente no era la guerra el único motivo de que la burocracia rechazara la
autogestión, entonces habrían tenido que intentar aplastar por la fuerza una
de las más extraordinarias aventuras de nuestro tiempo.
*
* *
El elemento irrisorio que hay en todas las cosas aparece
de modo pasmoso en la historia contemporánea de España, puesto que el
franquismo ha sido quien ha realizado el programa comunista: es decir, la «revolución
burguesa». Desde luego, cual la hija enclenque de unos viejos sifilíticos,
esta revolución burguesa, tardíamente nacida, no tiene, como sus hermanas
extranjeras, el brillo de un renacimiento cultural y social, el incremento de
las libertades democráticas (en relación con el pasado) el retroceso de los
prejuicios ancestrales (especialmente los religiosos), etc. Es una revolución
burguesa de «derechas», que ha realizado la industrialización del país, el
aumento de la producción y del nivel de vida, la regresión del peso de la
agricultura sobre la economía, sin olvidar el consumo relativamente masivo de
televisores, automóviles, etc., bajo la férula de un Estado fuerte y la losa
de plomo de los tabúes y de los mitos del orden moral nacionalista. Para
emplear la jerga de los epígonos marxistas, se ha creado la base económica de
la revolución burguesa aun cuando las superestructuras políticas no parezcan
«pegar» con su simplista visión. Es por esto precisamente por lo que los «marxistas»
españoles continúan negando la importancia del desarrollo económico realizado
en España bajo el franquismo. Cuando no se puede resolver un problema, siempre
cabe negarlo.
La España de hoy es diferente a la de 1936. Diferentes
el paisaje económico y social y la mentalidad de gran parte de las clases
dirigentes. Diferentes son también la industria y la agricultura, la
Universidad y sus problemas, la Familia y los suyos (hasta la misma Iglesia, por
lo que parece, tiene los suyos), etc.
Los partidos y las organizaciones políticas de oposición
han resistido muy mal el desgaste producido por el exilio; todos ellos están
sacudidos por las crisis, pero no son crisis de renovación sino de
estancamiento. La «nueva oposición del interior» ha desaparecido prácticamente
o se ha integrado a la antigua, sin renovarla.
El proletariado, que ha sido verdaderamente —y no ideológicamente—
el protagonista de las experiencias revolucionarias que hemos analizado, también
ha cambiado. El proletariado agrícola, tan importante en aquella época, está
ahora en «vías de desaparición», cosa que no sucede sin dramas, como se
sabe. Y la clase obrera está en vías de integración, como en toda Europa, lo
que no quiere decir que no haya huelgas —como en toda Europa— o que no se
luche por unos «sindicatos libres» (sindicatos que sean unos instrumentos de
integración mejor adaptados a esa nueva etapa de «democratización» que mucha
gente sueña para el post-franquismo). En este sentido la revolución española
ha sido, sin duda alguna, el último ejemplo de actividad específicamente
proletaria, autónoma y revolucionaria (velase el anexó 2, página 348).
Esta visión «pesimista» no quiere en modo alguno decir
que la sociedad española sea una sociedad sin conflictos. No hay sociedad sin
conflictos y España no escapa a esta evidencia. Quiere decir, simplemente, que
los conflictos se sitúan y se presentan de un modo diferente en muchos
sentidos. La sociedad española se va convirtiendo, no sin esfuerzo —como por
otra parte ha ocurrido o está ocurriendo en todas partes— en eso que se llama
una «sociedad industrial» y los conflictos a los que tendrá que enfrentarse
serán los conflictos modernos de las sociedades industriales. Lo que no
excluye, sino todo lo contrario, que reaparezcan y a veces de un modo violento,
los conflictos arcaicos.
¿Y las «perspectivas revolucionarias»? Porque el análisis
de una revolución, tan profunda como ésta, que ha sido aplastada por las
fuerzas «objetivamente» coaligadas del viejo mundo, nos remite al concepto
mismo de revolución, tal y como se entiende hoy día. No me hago ilusiones:
para unos, el relato de esta «derrota» les reforzará en su crítica al «espontaneísmo»,
mientras que otros se estancarán en el pantano simbólico, de la repetición.
Sin embargo, todas las revoluciones «triunfadoras» que
se dicen procedentes —antes, durante, o después del marxismo-leninismo, han
producido monstruos, dictaduras de la estupidez y de la policía, pesadas
maquinarias de explotación y alienación de los individuos, donde hasta los
problemas económicos —que hasta hace muy poco se citaban como la clave del éxito
de los llamados países socialistas— han sido mal resueltos o no lo han sido
en absoluto, donde la producción, desde el punto de vista cualitativo es tan
absurda como en los demás países, mientras que desde el punto de vista
cuantitativo, es menor. Sin embargo, todos aquellos que quisieran hacer algo,
por ejemplo, en España para liberar a la sociedad del enorme peso del orden
nacionalista y clerical, se tropezarán con las ruinas del marxismo-leninismo
—que sigue pringando las organizaciones y los cerebros. También hay que
precisar que todas las revoluciones de signo libertario, como la que hemos
relatado aquí, han sido aplastadas. Esto plantea de todos modos algunos pequeños
problemas respecto a la gran idea del siglo XIX, según la cual la revolución
en un gran movimiento entusiasta, acabaría en pocos días —o en pocos
meses— con la injusticia y la explotación capitalista para originar la «buena
sociedad» sin clases.
No obstante —mucho antes que en la Cataluña de 1936 y
mucho después: Mayo del 68, por ejemplo—, el hilo rojo de la revolución
libertaria, antijerárquica, autogestionadora, estalla aquí o allá, es hoy
como ayer aplastado, renace de sus cenizas, y este movimiento profundo,
irrecuperable, invencible, irreductible, aunque algunas veces cambia los rasgos
—o tics— de su rostro, en cuanto a lo esencial —el derecho de los
individuos a disponer de sí mismos—, permanece idéntico a lo largo de toda
la historia contemporánea. Este movimiento es para mí el único verdaderamente
revolucionario, que ningún poder o jefe supremo —de «izquierdas» o de «derechas»
conseguirá jamás dominar definitivamente. Si es verdad que hay que reinventar
la revolución —como yo pienso—, sólo podrá hacerse a partir de ese
movimiento, o mas bien, será ese movimiento —sin jefes, ni partidos ni
banderas— quien, tal vez, la reinvente.
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