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REGRESE A LIBROS


 

CAPÍTULO VII

 

TRIUNFA LA CONTRARREVOLUCIÓN

 

La Caída de Largo Caballero

 

Una de las primeras consecuencias de las «jornadas de mayo» de Barcelona fue la crisis ministerial del Gobierno central y la caída de Largo Caballero.

Desde hacia ya algún tiempo, los estalinistas llevaban a cabo una campaña contra el viejo líder del ala izquierda del Partido Socialista, acusado de ser demasiado complaciente con los anarquistas y con el POUM, y demasiado independiente respecto a los rusos. Los estalinistas rusos y españoles acusaban abiertamente a Largo Caballero (quien, recordémoslo, era al mismo tiempo Primer Ministro y Ministro de la Guerra) de ser responsable de las derrotas militares sufridas por las tropas republicanas. Largo Caballero y su subsecretario de Estado en el Ministerio de la Guerra, el general Asensio, al parecer oponían cierta resistencia (habría que decir más bien que no eran lo suficientemente «obedientes») al control que ejercían los estalinistas sobre el aparato, militar. Marcel Rosenberg, embajador soviético, durante una de sus periódicas entrevistas con Largo Caballero, en las que solía dictarle los deseos de Moscú, instó al Primer Ministro a que destituyera a Asensio, que era la bestia negra de los comunistas. Pero el colérico Largo Caballero expulsó al embajador soviético de su despacho. Evidentemente, tamaño escándalo resultaba intolerable y Rosenberg amenazó con interrumpir la ayuda soviética si Asensio no era relegado de sus funciones.

Jesús Hernández, en su libro,1 relata una reunión del Buró Político del PC español —en marzo de 1937— a la que asistieron Togliatti, Marty, Codovilla, Stapanov, el encargado de asuntos soviéticos, Gaikin y el propio Orlov. En esta reunión, que según el autor, fue tumultuosa, los delegados extranjeros impusieron a los dirigentes españoles la necesidad de sustituir a Largo Caballero y reemplazarle por algún otro líder socialista, más manejable.

1. Jesús Hernández, Op. cit., pág. 54‑58.

«En cuanto a la sustitución de Caballero, continuó Togliatti, es un problema práctico sobre el que invito a reflexionar a los camaradas. Procedamos por eliminación. ¿Prieto?... ¿Vayo? ¿Negrín? De los tres, Negrín me parece el más indicado para esta cuestión. No es anticomunista, como Prieto, ni tonto como del Vayo.2»

2. Ibid.

El conflicto entre comunistas y socialistas de izquierda iba mas allá de las cuestiones militares, pues también discrepaban en problemas de orden político y económico. El análisis detallado de ese conflicto rebasa el marco de este estudio sobre Cataluña, puesto que el Partido Socialista apenas si existía en Cataluña y la UGT catalana fue inmediatamente controlada por los estalinistas.

Se puede decir, en dos palabras, que los socialistas de izquierdas reprochaban a los comunistas su política derechista en casi todos los terrenos, tanto sociales como económicos y especialmente en el de la agricultura, cuyo ministro, Vicente Uribe, se destacó por su defensa de la propiedad privada. Aunque en el ámbito agrícola, como en todos los demás, las realizaciones de los militantes de la UGT eran mucho más moderadas que las de los anarquistas, no obstante, también eran demasiado atrevidas para los comunistas.

Pero la querella «en la cumbre» entre socialistas de izquierdas y comunistas, cobraba el aspecto clásico de la lucha por el poder entre dos burocracias políticas.

Sin embargo, durante los meses que precedieron al levantamiento militar y algunos meses después, el «coqueteo» entre comunistas y socialistas de izquierdas estaba tan avanzado que ya habían iniciado negociaciones con vistas a la fusión de ambos partidos y a la creación de un «partido único del proletariado». Ambos partidos consideraban la fusión de las Juventudes como un primer paso en esa dirección. Largo Caballero había participado activamente en la misma a pesar de la opinión desfavorable del ala derecha del Partido Socialista. Pero Largo Caballero y los suyos —por lo menos aquellos que le seguían siendo fieles— se sentían muy inquietos por el control cada vez mayor de los comunistas sobre el aparato del Estado, así como por los métodos colonialistas de los rusos. Los «caballeristas» abandonaron todo proyecto de fusión y se pusieron a defender su territorio y a intentar frenar la lenta absorción del aparato del Estado por los comunistas, Llegados a este punto, uno de los dos clanes tenía que ceder.

Indalecio Prieto, que como buen socialista de derechas era teóricamente muy antisoviético y muy anticomunista pero cuya política contrarrevolucionaria coincidía muy ampliamente con la del Partido Comunista, explotó hábilmente esta situación. Prieto y los comunistas estaban de acuerdo en la necesidad de liquidar al precio que fuese las experiencias revolucionarias de Cataluña, Aragón y otros lugares. Estaban de acuerdo en la necesidad de crear un ejército regular y en casi todos los problemas políticos importantes, sobre todo en la aniquilación política de Largo Caballero. Claro está, los socialistas de derecha miraban hacia Londres y París en tanto que los comunistas odebecían a Moscú —pero eso no le impedía a Prieto coquetear con los soviéticos— y tomar por su cuenta —ahora que ya la habían abandonado los «caballeristas»— la idea de una fusión entre ambos partidos. Entre Prieto y los comunistas hubo toda una serie de acuerdos secretos y conciliábulos a fin de expulsar a Largo Caballero y a los suyos, a quienes consideraban demasiado tolerantes con las experiencias anarquistas. Estos conciliábulos se concretizaron en la creación de un Comité de Enlace entre ambos partidos, presidido por los dos secretarios generales, Ramón, Lamoneda, de tendencia «prietista» y José Díaz. A pesar del odio personal que existía entre ambos, Prieto apoyó la candidatura de Negrín, preparada y sugerida por los comunistas para sustituir a Largo Caballero a la cabeza del Gobierno republicano. Por supuesto, según las reglas tradicionales del juego político, comunistas y socialistas de derechas querían utilizarse mutuamente para expulsar a Largo Caballero que era bastante popular en el país o a quien, por lo menos, consideraban un mal menor, especialmente los anarquistas. Una vez que lo consiguieron, las fricciones entre Prieto y los comunistas no tardaron en aparecer.

El 15 de mayo, el Gobierno central se reunió en Valencia para estudiar la situación después de las «jornadas de mayo» de Barcelona. Jesús Hernández (Educación Nacional) y Vicente Uribe (Agricultura), ambos comunistas, exigieron que se tomasen drásticas medidas contra los «responsables». Los responsables, para ellos, eran, en primer lugar el POUM, pero también los grupos anarquistas «extremistas». Largo Caballero se negó a disolver al POUM que, a sus ojos, era una organización obrera y él, viejo militante obrero, no disolvería nunca una organización obrera. Estaba de acuerdo en castigar a los culpables pero, según él, había que abrir una investigación y los tribunales eran quienes tenían que señalar y castigar a los culpables. Ante la negativa de Largo Caballero de liquidar el POUM, Hernández y Uribe, ejecutando la comedia‑ballet, que estaba programada, se levantaron y abandonaron la sala. Caballero se limitó a decir: «El Consejo de Ministros continúa»:

«Fue entonces cuando ocurrió lo inaudito. Lentamente fueron levantándose la mayoría de los ministros, entre ellos, Prieto, Negrín, Alvarez del Vayo, Giral, Irujo. Quedaron en sus puestos, el presidente del Consejo, Anastasio de Gracia, Angel Galarza y los cuatro ministros confederales.3»

3. Peirats, Op. cit., t. II, pág. 182. Broué, Bolloten, Hernández, Thomas, etc., cuentan en términos similares, esta crisis del Gobierno central que provocó la caída de Largo Caballero y la formación del Gobierno Negrín.

«La crisis queda abierta» dijo Caballero. Al día siguiente presentó su dimisión al Presidente de la República, Manuel Azaña. Hubo una serie de conciliábulos y negociaciones para constituir un nuevo Gobierno. Parece que primero se pensó en un Gobierno sin los comunistas, y Caballero había  propuesto a los dirigentes anarquistas que formaran un gobierno «sindicalista», es decir, que estuviera dominado por los representantes de la CNT y de la UGT. Los líderes anarquistas, que durante la crisis se habían solidarizado con Largo Caballero alabándole en su Prensa, aceptaron en principio. Pero Negrín, Prieto y Alvarez del Vayo, declararon tajantemente a Manuel Azaña (que parecía partidario de un Gobierno sin comunistas) y a Largo Caballero que no podían gobernar sin los comunistas porque eso molestaría mucho a los rusos cuya ayuda resultaba indispensable. Siempre el  mismo chantaje. En este caso, como en todos los demás, los comunistas, Prieto y Negrín, se habían puesto de acuerdo con anterioridad. En cuanto a Alvarez del Vayo, aunque teóricamente era socialista de izquierdas y «caballerista» desde hacía ya algún tiempo se dejaba manipular por los comunistas, posiblemente sin ni siquiera darse cuenta, ya que nunca se vio entorpecido por una inteligenica demasiado viva.

Finalmente, Largo Caballero cedió y el nuevo Gobierno, presidido por Negrín, quedó constituido según el plan establecido por los rusos y los comunistas españoles. He aquí la lista de ese Gobierno que inmediatamente fue llamado por los estalinistas el «gobierno de la victoria»: Presidente; Finanzas y Economía, Juan Negrín (socialista). Defensa Nacional: Indalecio Prieto (socialista). Asuntos Exteriores: José Giral (Izquierda Republicana). Justicia: Manuel Irujo (nacionalista vasco). Gobernación: J. Zugazagoitia (Socialista). Educación y Sanidad: Jesús Hernández (comunista). Agricultura: Vicente Uribe (comunista). Obras Públicas y Transportes: Giner de los Ríos (Unión Republicana). Trabajo y Asistencia Social: Jaime Ayguadé (Esquerra republicana) (hermano del que fue responsable de Orden Público en la Generalitat, hasta las jornadas de mayo).  

Los anarquistas, que seguían solidarizándose con Largo Caballero, se negaron a participar en el gobierno.4

4. Volvieron a formar parte del Gobierno, a raíz de una reorganización del Gobierno Negrín: Segundo Blanco se hizo cargo de las carteras de Educación y Sanidad, de las que era titular J. Hernández.  

 

La represión contra el POUM

 

Una vez derribada la última «barrera», la contrarrevolución se empleó a fondo. En realidad los socialistas de izquierda e incluso Largo Caballero en tanto que primer ministro no constituían verdaderamente un apoyo al movimiento revolucionario más que para los estalinistas y sus aliados del momento, porque en realidad fue en gran parte gracias a los caballeristas y al prestigio de que gozaba el «Lenin español» entre los trabajadores, por lo que Estado burgués pudo empezar a restaurar su poder. La importancia del movimiento revolucionario en la zona republicana era tan enorme, tras la respuesta obrera al levantamiento militar, que sólo un Gobierno de Izquierdas, incluso muy teñido de «extrema izquierda» podía proceder a la obra de restauración del Estado. Se necesitaba una etapa de transición para pasar del período en que el Estado estaba hecho trizas, el período de «tenebroso poder de los Comités», de las colectivizaciones industriales y agrícolas, de las Milicias y las Patrullas de Control; del período del entusiasmo revolucionario y de la libertad, al período de la restauración del poder del Estado, de la constitución de un ejército y una policía tradicionales, de las tentativas de control estatal sobre la economía, de la liquidación de las experiencias de los Comités revolucionarios en provecho de un poder fuerte y centralizado, en una palabra, al período de la contrarrevolución.

El Gobierno Largo Caballero fue ese necesario Gobierno de transición que pidió a los trabajadores que sacrificasen sus conquistas revolucionarias en NOMBRE DE LA REVOLUCIÓN y de la victoria militar contra el fascismo.

Para que la operación triunfara los Estados Mayores de las organizaciones obreras tenían que participar en el Gobierno y respaldarle, así como pedir a sus militares que aceptasen los sacrificios necesarios. Una vez fortalecido el Estado y cuando ya había recuperado una parte importante de sus prerrogativas, había que pasar a la represión declarada, a la liquidación de las «locas empresas» colectivistas y otras, someter por la fuerza a aquellos —todavía muy numerosos— que ponían en duda o que incluso negaban a la Autoridad. Largo Caballero, por ejemplo, no era un partidario entusiasta de las columnas libertarias de Aragón y si mantuvo una actitud conciliadora hacia la CNT-FAI, permitiéndoles que conservaran su «coto, privado» en Aragón, fue simplemente por oportunismo político, para conseguir posibles aliados y para lograr un equilibrio político frente a las maniobras comunistas que ponían en peligro sus propios intereses burocráticos y que pretendían mermar su «parcela de poder». Y los dirigentes anarquistas hicieron el juego a Largo Caballero como a todos los demás; mientras sus propios intereses burocráticos quedasen salvaguardados, no les importaba nada «sacrificar la revolución libertaria» en aras de la unidad antifascista y de la victoria militar. Pero para los estalinistas todo esto era netamente insuficiente, porque lo que había que liquidar era la misma revolución, en parte «protegida» por las contradicciones del Poder. Como consideraban —con razón o sin ella— que Largo Caballero representaba un obstáculo para sus fines, se deshicieron de él y, con sus cómplices, los socialistas de derechas y los republicanos, iniciaron un vasto y sangriento período de «caza de brujas».

Dentro de este proyecto global de «retorno al orden», los estalinistas españoles, presionados de manera especial por los rusos, querían aprovechar la ocasión para acabar con el POUM. El odio frenético de los estalinistas hacia el POUM en España, formaba parte de su odio hacia el trotskismo (odio «saciado» con una larga cadena de asesinatos). Aun cuando el POUM, como ya lo he indicado en otras ocasiones, no era verdaderamente trotskista, los estalinistas lo identificaron siempre con el «trosko‑fascismo». Acusar a los militantes del POUM de espías fascistas, representaba para Stalin y los suyos una operación política de amplísimas repercusiones internacionales: era una prueba más que añadir al «dossier» de la represión para demostrar la conspiración mundial del trotskismo contra el movimiento obrero, la democracia y la paz. Conspiración que estaba dirigida desde Berlín, Roma y Tokio. Y al mismo tiempo los procesos de Moscú encontrarían en España una nueva justificación, una nueva «prueba» de esa conspiración internacional que obligaba a los jueces soviéticos a enviar a la muerte o a los campos de concentración, no a unos miembros de la «vieja guardia» bolchevique (como decían los trotskistas) sino a unos espías nazis y a unos agentes saboteadores. Dado el inmoderado gusto de los estalinistas (como todos los regímenes totalitarios) por el ritual, el proceso del POUM tenía que parecerse punto por punto a los procesos de Moscú y, sí fuese posible, tenían que formularse contra esa fracción disidente del movimiento comunista las mismas acusaciones de espionaje acompañadas de las mismas penas. Pero como la situación en España no era, a pesar de todo, idéntica a la que existía en la URSS, ese proyecto sólo se logró a medias (cosa que ya es muchísimo y que demuestra hasta qué punto los rusos podían permitirse casi todo en la zona republicana).

En un discurso pronunciado el 9 de mayo en Valencia, José Díaz declaraba:

«Nuestro enemigo principal es el fascismo... Pero el fascismo tiene sus agentes para trabajar. Naturalmente que si los agentes que trabajan con ellos dijesen: “somos fascistas y queremos trabajar con vosotros para crear dificultades”, inmediatamente serían eliminados por nosotros. Por eso tienen que ponerse otro nombre... unos se llaman trotskistas ( ... ) y yo digo: Si esto lo saben todos y lo sabe el Gobierno, qué hace el Gobierno que no los trata como a tales fascistas y los extermina sin consideración ( ... )

Todos los obreros deben conocer el proceso que se ha desarrollado en la URSS contra los trotskistas. Es Trotski en persona el que ha dirigido a esta banda de forajidos que descarrilan los trenes en la URSS, practican el sabotaje en las grandes fábricas y hacen todo lo posible para descubrir los secretos militares para entregarlos a Hitler y a los imperialistas del Japón. Y cuando esto ha sido descubierto en el proceso y los trotskistas han declarado que lo hacían en combinación con Hitler, con los imperialistas del Japón, bajo la dirección de Trotski, yo pregunto: ¿es que no está totalmente claro que eso no es una organización política o social con una determinada tendencia, como los anarquistas, los socialistas o los republicanos, sino una banda de espías y provocadores al servicio del fascismo internacional? ¡Hay que barrer a los provocadores trotskistas! 5»

5. José Díaz, Tres años de lucha, Ed. Nuestro Pueblo, Toulouse, 1947, pág. 357‑358. Hay otra edición: en la colección Ebro, París, 1970, págs. 431-432.

El resto del discurso es del mismo tenor. De cualquier modo, pone bien de relieve el carácter internacional de la «provocación trotskista».

En cuanto quedó formado el Gobierno Negrín, los agentes soviéticos, con la complicidad del coronel Ortega, comunista, director general de Seguridad en el Gobierno central, enviaron una serie de comandos de policía a Barcelona para detener a los dirigentes del POUM y ello sin avisar al Gobierno republicano.

Una mañana del mes de junio de 1937, Hernández fue convocado por Orlov, el jefe de la NKVD en España, quien le comunicó:

«Desde hace algún tiempo estamos luchando contra una red de espionaje falangista. Los elementos del POUM formaban parte de ella. Entre centenares de individuos encarcelados, un ingeniero, llamado Golfin, lo ha confesado todo. Nin está muy comprometido así como toda la banda trotskista: Gorkin, Andrade, Gironella, Arquer. Un tal Roca servía de enlace entre el POUM y los falangistas en Perpiñán. En Gerona han encontrado en manos de un tal Riera, una cartera repleta de documentos. El dueño de un hotel, Dalma, también ha confesado. Todo estaba dispuesto ya para dar un gran golpe que hemos conseguido impedir sin informar al gobierno ni al ministro.6»

6. Jesús Hernández, Op. cit., pág. 75. Véase también Julían Gorkin, Caníbales políticos.

Como Hernández dijera que posiblemente hubiera sido mejor haberlo notificado al Gobierno, Orlov le replicó: «Los enemigos están en todas partes». Pero «¿Y el Ministro del Interior?» se atrevió a sugerir Hernández. «Zugazagoitia es amigo personal de algunos de los que hay que detener», contestó Orlov.7 Hernández, que cuando escribió este libro había roto con el estalinismo, relata minuciosamente su «crisis de conciencia» en esa ocasión (e incluso sus tentativas de protesta, no sobre el fondo: que se arrestara a los miembros del POUM, sino sobre los procedimientos utilizados), pero su testimonio, como todos los demás testimonios, demuestra ampliamente y sin lugar a dudas la complicidad que existió en este asunto entre los estalinistas españoles y los agentes soviéticos.

7. Ibid,

«Estos son los hechos, en toda su verdad —escribe Victor Serge, en La Révolution Prolétarienne:

A finales de mayo (el 28 exactamente [C.S.‑M.]), el excelente diario del POUM, «La Batalla», fue suspendido indefinidamente. El gobierno denegó al partido la autorización para publicar ningún otro diario, retorciendo el cuello a la libertad de prensa. Por un artículo del 1.º de mayo, en el que se invitaba a los obreros a mantenerse vigilantes, con las armas preparadas, y a formar un frente revolucionario, Julián Gorkin ha sido acusado de incitación a la sedición, pero está en libertad provisional. Hacia el 15 de junio, hemos tenido noticia del drama sospechoso de la muerte de Bob Smilie, corresponsal del «Independant Labour Party», afecto al POUM, que fue detenido por las autoridades españolas cuando se disponía a cruzar la frontera francesa, con sus papeles en regla, para volver a Inglaterra; fue llevado, no a Barcelona, sino a Valencia donde murió en la cárcel aquejado de una inexplicable apendicitis. ¡Pobre y valeroso camarada! Hay en tu fin un no sé qué ruso.

El 16 de junio, desde Valencia, se han ordenado cuarenta detenciones de los principales militares del POUM (Comité Central y Ejecutivo) en Barcelona. Andrés Nin y muchos otros militantes que han participado en todos los momentos revolucionarios de España, han sido detenidos. Como no encontraron a Gorkin ni a Juan Andrade, han detenido a sus mujeres como rehenes, atrocidad de tipo fascista y al mismo tiempo del estilo de las operaciones específicamente estalinistas.  

Se han apoderado de la emisora del POUM. El Partido ha quedado prácticametne fuera de la ley. ¿Qué queda de la democracia española para los obreros? 8 ( ... ).»

8. «La Révolution Prolétarienne», n.º 249 (25 de junio de 1937).

El complot de la NKVD estaba en marcha. La «prueba» que sirvió para justificar la detención era el plan «N», plano de Madrid hecho en papel milimetrado, descubierto al falangista Golfin y donde la policía descifró un mensaje escrito en tinta simpática, en el que se hablaba de N, como de un agente seguro. «N», por supuesto, era Nin y, por supuesto también, todo era una falsificación y tan grosera, que la tuvieron que abandonar antes del proceso. El 29 de julio, una nota de Irujo, Ministro de Justicia, anunciaba que se había enviado ante los Tribunales de Espionaje y Alta Traición a Gorkin, Andrade, Bonet, Arquer y otros dirigentes del POUM, junto con el falangista Golfin (quien declaró en el proceso que no tenía nada que ver con el POUM).

Entre el 16 de junio y el 29 de julio había pasado muchas cosas. Primero, el asesinato de Andrés Nin, luego la ridícula agitación de los ministros cuando estuvieron ante el hecho consumado. Todos, desde los socialistas Negrín, Prieto y Zugazagoitia (¡Ministro de la Gobernación!) hasta el muy católico Irujo (¡Ministro de Justicia!) se plegaron cobardemente a la voluntad de los rusos y de sus cómplices del PCE. Todos pueden ser considerados cómplices de este *crimen político. Sin embargo, hay que mencionar la intensa campaña de protestas desarrollada en España e incluso en el extranjero por grupos, movimientos y personas de izquierdas *o, de extrema izquierda no estalinista, contra la oleada de la represión estalinista y que parece que consiguió limitarla un poco. Los estalinistas en España y en todas partes, respondieron con una campaña todavía más intensa contra el «complot trotsko‑fascista». Una de las muestras más sabrosas de esta campaña es sin duda el «libro blanco» publicado por el PCE —sobre ese «complot»— cuyo prólogo es del escritor católico y republicano José Bergamín.  

 

El asesinato de Nin

 

Nin fue detenido el 16 de junio, junto con sus camaradas. Pero fue separado de ellos muy deprisa. Nadie sabía dónde estaba, ni el Gobierno, ni sus camaradas, nadie, excepto los dirigentes del PCE que sabían que estaba en «las manos de los camaradas rusos». En todas partes, periódicos, paredes de las grandes ciudades, una pregunta se repetía incansablemente: ¿Dónde está Nin? a la que los comandos de agit‑prop del PC respondían: en Salamanca o en Berlín.

El 4 de agosto, el Gobierno republicano, instado a dar explicaciones, especialmente por los anarquistas, publicó una nota que decía: «De las informaciones recogidas se desprende que Nin ha sido detenido por la policía de Seguridad general al mismo tiempo que los demás dirigentes del POUM, que ha sido transferido a Madrid a una cárcel preventiva habilitada a este efecto y que desde ahí ha desaparecido 9». En aquella época corrieron varias versiones sobre la desaparición de Nin. Los estalinistas hicieron correr el rumor de que un comando de la GESTAPO lo había sacado de la «cárcel preventiva que se le había habilitado» para ponerle en lugar seguro: sin duda en Salamanca o en Berlín. También corrió el rumor (del que se hizo eco el «New York Times») de que se había encontrado su cadáver en las afueras de Madrid. Pero es inútil perder tiempo en suposiciones. Lo que sabemos está suficientemente claro. Según los testimonios de Jesús Hernández, miembro del B.P. del P.C.E. en aquella época, según las confidencias veladas de antiguos estalinistas y las comprobaciones de los amigos políticos de Nin, éste fue detenido y torturado en una de las numerosas «checas» de los servicios secretos rusos, probablemente en Alcalá de Henares, cerca de Madrid. Fue torturado por motivos muy simples y muy evidentes: dentro del ritual de los procesos de Moscú, que se repetían en España, aunque muchas cosas eran idénticas —amalgama política: Golfin, el falangista y el POUM; acusación de espionaje, etc.— faltaba una pieza indispensable: las confesiones. Nin fue torturado para obligarle a firmar una confesión en la que quedarían confirmadas todas las tesis estalinistas, según el procedimiento habitual que tanto éxito —si puede decirse— tuvo en Moscú (y que continúa utilizándose en el llamado mundo socialista, como se ha visto recientemente en Cuba). Sólo que Nin no firmó y murió bajo tortura. ¿Por qué Nin? Eso también resulta lógico, porque además de ser en ese momento (J. Maurin estaba encarcelado en zona franquista) el líder del POUM, «a la GPU le interesaba mucho Andrés Nin. Amigo íntimo de los grandes hombres de la Revolución de Octubre en Rusia, había trabajado con ellos desde la fundación de la Internacional Sindical Roja, de la que fue uno de los secretarios. Al morir Lenin, no ocultó su amistad hacia Trotski. La política estalinista no le convencía y expresaba públicamente su desacuerdo. Poco después del fracaso de la oposición dentro del Partido Bolchevique, Nin, considerado como un renegado, fue expulsado de la Unión Soviética. Volvió a España cuando se proclamó la República, y, con los ex‑comunistas que habían organizado el Bloque Obrero y Campesino, creó el POUM 10». Con Nin, no sólo se infligía un golpe al POUM sino también al trotskismo internacional y al propio Trotski.

9. Citado por Broué y Temine, Op. cit., pág. 276.

10. Jesús Hernández, Op. cit., pág. 91. Sobre las torturas infligidas a Andrés Nin, véase en el mismo libro las págs. 103-107.

Según J. Hernández, es el «más demoníaco» de los colaboradores de Orlov, el «comandante Carlos» (Vittorio Vidali, estalinista italiano que posteriormente fue secretario del PC en Trieste) quien participó en toda la operación y a quien se le ocurrió la idea de simular el ataque del comando de la Gestapo para que desapareciera para siempre el cuerpo torturado de Andrés Nin.11

11. En: Andrés Nin, Los Problemas de la Revolución Española, Ruedo Ibérico, París, 1971 (colección de textos escogidos y presentados por Juan Andrade) está publicada una de las declaraciones que hizo Nin a la policía estalinista, en Madrid o en Alcalá de Henares, el 21 de junio de 1937. Esta declaración es de carácter biográfico. Como formaba parte del expediente del proceso del Comité Ejecutivo del POUM, el abogado del Partido supo de su existencia y permitió a la viuda de Nin copiarlo.

 

El proceso del POUM

 

En Barcelona, el 29 de octubre de 1938 se abrió ante el Tribunal Central de Espionaje y Alta Traición la causa contra el Comité ejecutivo del POUM. Por supuesto, los acusados habían estado durante todo ese tiempo en la cárcel y además había centenares de miembros del POUM, así como anarquistas, encarcelados en toda la España republicana. El proceso se abrió sin confesiones. Y los acusados, además de una intensísima campaña de solidaridad, recibieron durante el proceso testimonios a su favor del ex‑primer, Ministro Largo Caballero 12 y de los dirigentes de la CNT‑FAI entre otros, (El Comité Nacional de la CNT había protestado enérgicamente desde el 28 de junio de 1937, mediante un documento público firmado por el secretario nacional Mariano R. Vázquez, contra la represión que padecía el POUM desde diciembre de 1936.)

12. Poco después de haber sido expulsado del Gobierno, Largo Caballero fue expulsado de la UGT y afectado a su domicilio de Valencia. Todos sus partidarios fueron expulsados de los puestos de responsabilidad de la UGT, en las redacciones de los periódicos «Claridad», «Adelante», «La Correspondencia de Valencia», etc. Ese «complot» se llevó a cabo gracias a la alianza transitoria de los comunistas y socialistas de derechas. Pero casi siempre fue el Gobierno Negrín quien se ocupó de tomar, de modo autoritario, las medidas policíacas y otras de otro tipo para acabar con la oposición de izquierdas en las filas socialistas. (Véase, por ejemplo, Broué y Témime, Op. cit., pág. 281-284.)

Las pruebas de espionaje fabricadas por los servicios secretos rusos eran de tan «pésima calidad» que los jueces tuvieron que abandonar esa acusación para quedarse sólo con la de «rebelión» (!). No fueron condenados a muerte, como deseaban los estalinistas, pero de todos modos les cayeron fuertes penas de cárcel. He aquí algunos fragmentos de la sentencia:

«( ... ) Pretendieron conservar siempre la dirección de tales unidades militarizadas (las milicias del POUM [C.S.‑M.]) y extender su influencia de Partido sobre todas las unidades que pudieran con el fin de tener un apoyo sólido para conquistar el poder político, en el caso de que se presentaran las condiciones objetivas necesarias que ellos mismos se esforzarían en crear para sustituir, al Gobierno legítimo por otro Gobierno marcadamente obrero y campesino, dispuesto a instaurar revolucionariamente las doctrinas que les son propias y para ello se opusieron teóricamente, en el periódico de su partido, “La Batalla”, a la constitución de un ejército regular, como quería el Gobierno y a la desaparición de las milicias.

»b) Oposición violenta al Gobierno y crítica acerba de las disposiciones adoptadas por este último, así como de las instituciones de la República y de los partidos y organizaciones que la apoyan, para debilitar al régimen actual y crear las condiciones externas necesarias para tomar el poder, cosa que habrían hecho primero en Cataluña y después en el resto de la España leal e instaurar así un régimen comunista, organizado según la doctrina de su partido ( ... ) Los acusados abajo nombrados contribuyeron a sostener un estado de agitación y de rebelión de la clase obrera, quebrantaron la disciplina colectiva, tan necesaria en los graves momentos que atravesaba la República, pusieron en peligro el prestigio de esta última ante la opinión internacional, cuyas reacciones favorables a la causa del pueblo, fortalecían al Gobierno, con lo que favorecieron, en este sentido, indirectamente, y aunque no fuese ésta su intención, a los proyectos de los rebeldes ( ... ).

»Los acusados que aquí mencionamos se encontraban realizando estas acciones, cuando el 3 de mayo de 1937 tuvo lugar en Barcelona un encuentro entre un grupo de trabajadores y la fuerza pública... (los acusados) creyeron que había llegado el momento de dar un contenido y un fin concretos a los actos violentos y espontáneos (subrayado por mí [C. S.‑M.]) de las masas obreras e intentaron aprovecharlos para ejecutar sus designios de conquista del poder...

»De lo que precede no se puede deducir la prueba de que los acusados facilitaran a los elementos fascistas noticias de ninguna especie sobre la situación de los frentes de batalla o sobre la organización de la retaguardia; que hayan mantenido relaciones directas e indirectas con ellos, ni con organismos policíacos o militares de los países invasores; que estuviesen en contacto o ayudaran a grupos u organismos falangistas del país; que pretendieran apoyar a los combatientes rebeldes ni que recibieran ayuda económica de los enemigos del Estado para su propaganda política. (Por lo contrario, se deduce de lo que precede que gozan todos ellos de un grande y viejo ascendente antifascista; que han contribuido con su esfuerzo en la lucha contra la insurrección militar y que la posición que defienden responde únicamente al fin de suprimir la República democrática para instaurar un régimen según sus propias concepciones sociales.) ( ... )

»Tercer considerando: Que el Decreto‑ley del 13 de febrero de 1937 no puede aplicarse en este caso porque define y sanciona de modo exclusivo los actos de espionaje y de los hechos que se han declarado probados no se deduce que puedan estar incluidos en los números 2, 3, 4, del artículo 1.º de la disposición mencionada, sobre lo que el procurador de la República apoya su acusación, puesto que no se tratan de actos realizados con carácter secreto o reservado, que no existe ninguna ayuda de ningún tipo a organizaciones o a grupos sociales sometidos a la influencia de Estados extranjeros que favorezcan la guerra contra el Gobierno legítimo, ya que los actos que son objeto de las sanciones no han sido cometidos con el propósito de secundar los designios de los nacionalistas ni de los extranjeros en guerra contra la República.»

Estas fueron las condenas:

«Declaramos: que debemos condenar y condenamos a los acusados Julián Gómez García (Gorkin), Juan Andrade Rodríguez, Enrique Androher Pascual (Gironella) y Pedro Bonet Quito, a 15 años de separación de la comunidad social para cada uno de ellos, como reos de un delito de rebelión anteriormente definido y a Jorge Arquer Saltó a la de once años de separación de la comunidad social (Arquer no estaba en Barcelona durante las "jornadas de mayo", circunstancia que se consideró atenuante [C.S.‑M.]) como cómplice del mismo delito y que deberán cumplirlo en campos de trabajo y accesoriamente la suspensión de oficios o cargos de derechos de sufragio durante el tiempo que dure la condena.. »  

Dos acusados fueron absueltos.13

13. La traducción de la copia de esta sentencia nos ha sido amablemente cedida por W. Solano.

El Tribunal decretó igualmente la disolución de las Asociaciones del Partido Obrero de Unificación Marxista y Juventud Comunista Ibérica.

¡Absueltos por espías, fueron condenados por revolucionarios! Evidentemente, según eso y con mayor motivo, se habría podido acusar de los mismos «crímenes» a la CNT‑FAI, pero la CNT-FAI tenía en aquella época más de dos millones de miembros, y el POUM unos 50.000. Ahí residía todo el asunto.

El POUM y las Juventudes fueron oficialmente disueltos por el tribunal, situación en la que se encontraban de hecho desde hacía varios meses, cosa que no les impidió continuar ejerciendo su actividad (reducida, se entiende) en la clandestinidad y sobre todo continuar publicando, también clandestinamente, su prensa.

Conviene repetir que además de este proceso contra la directiva del POUM, cientos de militantes de esta organización estaban detenidos —con o sin proceso—. En el momento de la caída de Cataluña, muchos consiguieron, a menudo con la complicidad de sus carceleros, evadirse de sus cárceles y pasar a Francia.

Aunque lo que querían era golpear duramente al POUM, por los motivos políticos ya consignados, y aunque no se atrevieron a hacer lo mismo con la CNT-FAI ni qué decir tiene que la represión desbordó ampliamente las filas del POUM. He aquí algunos ejemplos: en Tortosa, se celebró un proceso contra 128 obreros acusados de haber tomado las armas durante las «jornadas de mayo». El Tribunal pidió 4 penas de muerte y varias penas de cárcel que iban de 6 a 20 años.14 R. Louzon, miembro de una delegación internacional de investigación sobre la represión contra los revolucionarios, oyó decir a Mariano Vázquez y a Federica Montseny que «la CNT tiene en la actualidad a 800 miembros encarcelados y 60 “desaparecidos”».15 Porque aunque las cárceles —«privadas» o no— estaban llenas de militantes revolucionarios condenados por los Tribunales de Orden Público, reorganizados por un Decreto del 23 de junio de 1937 (tres jueces civiles y dos militares, designados por el Gobierno, pues los antiguos Tribunales Populares habían sido disueltos), el método más utilizado para liquidar a la «chusma» anarquista o «trotsista», era la «desaparición», es decir, la tortura o el disparo en la nuca. Además de Nin, Berneri, A. Martínez, Marc Rhein, Bob Smilie, y todos los que he nombrado, otros militantes conocidos desaparecieron en España sin dejar rastro: «Kurt Landau, militante austríaco, antiguo secretario de la Oposición de Izquierda Internacional, solidario del POUM contra Trotski ( ... ) el trotskista polaco Freund, llamado Moulin, el trotskista checo Erwin Wolff, antiguo secretario de Trotski, José Robles, antiguo profesor de la Universidad John Hopkins...16» y los innumerables anónimos fusilados durante o después de las «jornadas de mayo» o por «insubordinación» en el frente.

14. Véase «La Révolution Prolétarienne», n.º 250 (10 de julio de 1937).  

15. Ibid.

16. Broué y Temime, Op. cit., pág. 278.

«La Comisión de Investigación dirigida por Félicien Challaye y el inglés McGovern se quedó estupefacta cuando se vio acogida en la Cárcel Modelo de Barcelona, en noviembre de 1937, por la Internacional, cantada por quinientos detenidos.17»

17. Ibid.

 

El SIM (Servicio de Investigación Militar)

 

Creado el 15 de agosto de 1937 por un Decreto del ministro de Defensa, Indalecio Prieto, este servicio pretendía ser un servicio clásico de contraespionaje que todo ejército «moderno» debe poseer, según parece. Pero dadas las condiciones específicas de la guerra civil en España, su carácter triangular: lucha entre revolución y contrarrevolución y guerra al fascismo de estas dos tendencias, el SIM se convirtió en seguida en el gran depurador, en el servicio que llevó a cabo la «caza de brujas» entre las tropas republicanas (y no solamente en el ejército). «Después del republicano Sayagües fue (el SIM) dirigido por el socialista Uribarri, ex oficial de la Guardia Civil que se entendía directamente con los rusos de los “servicios especiales” y después, luego de su huida a Francia (con una fortuna en joyas robadas), por Santiago Garcés que pasa por haber sido uno de los asesinos de Nin. Prieto, creador del SIM, ha contado detalladamente cómo veía que el Servicio se le escapaba de las manos. El comandante Duran, comunista, jefe del SIM de Madrid, designaba a militantes comunistas para todos los cargos importantes y los «técnicos rusos» protestaron cuando Prieto les quiso enviar de nuevo al ejército. Algunos meses después de su creación, el SIM, que escapaba completamente a la autoridad del ministro de la Defensa Nacional, contaba con más de 6.000 agentes y dirigía prisiones y campos de concentración.18»

18. Ibíd., pág. 286.

Así pues, en sus orígenes, el SIM era un servicio de contraespionaje militar, pero después de que lo controlaran los comunistas, aconsejados muy de cerca por los especialistas de la NKVD, se convirtió en una superpolicía política, fabricada sobre el modelo de ese servicio ruso que a su vez estaba muy inspirado en la Gestapo. Estaba dividido en una serie de secciones que cubrían todas las actividades militares, económicas y políticas («vigilancia» de los partidos y organizaciones) y contaba con la inevitable Brigada especial encargada de las torturas y ejecuciones. La red de cárceles «privadas» y campos de concentración, así como en general la mayoría de las actividades policíacas del SIM, escapaban al control de las autoridades republicanas y eran secretas, excepto cuando se trataba de arrestar a fascistas, de lo que se enorgullecían, para poder proseguir tranquilamente sus actividades terroristas contrarrevolucionarias.

José Peirats, ha reproducido en su libro toda una serie de datos sacados de los informes confidenciales de la CNT y de la FAI sobre las actividades y los métodos de esta superpolicía política.19 Según esos informes, el jefe del SIM era un ruso cuyo nombre no se menciona. Entre los estalinistas españoles colocados en puestos de responsabilidad de la Seguridad que colaboraron estrechamente con el SIM se citan los nombres de: Ortega, Burilo, Rodríguez Sala, José Cazorla, Santiago Carrillo.20 En cuanto a los métodos eran los de todas las superpolicías políticas, estalinistas o fascistas. Leyendo los testimonios publicados por Peirats no podemos dejar de pensar en las técnicas de los interrogatorios de los nazis bajo la ocupación (o en la misma Alemania) ¡o en las alegres fiestas proletarias en los sótanos de la Lubianka!

19. Peirats, Op. cit., t. III, págs. 277 a 291.

20. Santiago Carrillo, secretario general del PC español fue durante la guerra civil secretario general de la JSU —y uno de los artífices de su «estalinización»— y «responsable de la Seguridad» en la Junta de Defensa de Madrid hasta el mes de febrero de 1937, cuando fue sustituido por Cazorla. Por lo tanto no colaboró con el SIM, que fue creado más tarde, sino con la NKVD, y de una manera muy directa y... eficaz, durante los meses en que fue responsable de la Seguridad en Madrid. Eso le da, naturalmente, plena autoridad para charlar hoy sobre «socialismo y libertad».

El eje por supuesto, era la tortura. Todo sospechoso, todo disidente, tenía que acabar confesando que era un espía fascista. Los instrumentos de tortura eran tan variados como los de cualquier otra parte: además de los golpes, de colgar por los pies o las manos, de las agujas entre las uñas, etc., había sillas eléctricas «parecidas a las utilizadas en los Estados Unidos», salvo que no estaban destinadas a matar rápidamente sino por el contrario, a que durase el suplicio. También había una prensa para aplastar los cuerpos de los interrogados, cuya parte superior tenía, curiosamente (¿?) forma de cruz gamada... También había celdas minúsculas; en algunas, el detenido sólo podía estar de pie y el suelo estaba hecho con baldosas cortantes, que herían la planta de los pies; otras, a las que llamaban «armarios», eran de dos tipos: las grandes, en las que el detenido podía estar de pie pero sin apenas moverse y las pequeñas en las que sólo se podía estar en cuclillas; también había cajas, donde el cuerpo del prisionero quedaba estrechamente encerrado y de las que sólo sobresalta la cabeza. En todos estos «aislantes políticos» como se llamaban en la URSS, los prisioneros podían permanecer semanas, o todo el tiempo que agradase a sus verdugos, en tanto no confesaran que eran espías fascistas. En los testimonios recogidos por Peirats, se habla sobre todo de una de esas checas del SIM, situada en Valencia, en el antiguo convento de Santa Ursula. Pero, al igual que en cualquier otro servicio público bien centralizado, todas las checas eran del mismo modelo.21

21. Por ello causa escalofríos cuando, después de haber informado sobre las torturas y los horrores del SIM (de las que no he dado más que algún ejemplo), los dirigentes de la CNT-FAI discuten entre sí para saber si debieran aceptar el puesto que les ofrecen los comunistas en esa superpolicía política y acaban por no aceptar porque el puesto en cuestión no tiene... ¡poder real! (Véase Peirats, Op. cit., t. III, pág. 289. Indiquemos que Peirats critica muy duramente las actuaciones del SIM, formase o no parte de él la CNT-FAI)

 

La disolución del Consejo de Aragón

 

Dado que la lucha entre revolución y contrarrevolución en Cataluña concierne tan directamente a Aragón, creo que sería útil reseñar aquí brevemente cómo se vio alcanzada esta región por la oleada contrarrevolucionaria que se había desencadenado sobre Cataluña.

 

Cuando, nada más haber aplastado el levantamiento militar en Cataluña, las columnas de milicianos entraron en Aragón y cuando los obreros aragoneses se agruparon en «comunas libertarias», esta región se convirtió de algún modo, en la vanguardia de la Cataluña revolucionaria tanto en el plano militar como en el político, económico y social. El «poder» que tenían en ella los anarquistas era evidente, pero ella no era debido a que utilizasen el terror, como decían y dicen todavía los estalinistas22 sino simplemente a que eran mayoritarios en el frente y en la retaguardia. En octubre de 1936, los anarquistas organizaron el Consejo de Defensa Regional de Aragón, presidido por Joaquín Ascaso (hermano de Francisco, muerto durante los combates de Barcelona, el 20 de julio, y de Domingo que mandó la división Ascaso) y que estaba compuesto únicamente por miembros de la CNT-FAI. Ese Consejo pretendía ser el centro de coordinación entre la retaguardia y el frente, entre las columnas y las «comunas libertarias» —u otras— entre la revolución social y las necesidades de la guerra, etc. Por ejemplo, en su primera proclamación oficial se puede leer lo siguiente:  

22. Véanse los libros ya citados anteriormente de Dolores Ibarruri, Arthur London, la historia «oficial» de la guerra del PC, las memorias de Líster. etc.

«Primero: Que todas las demandas de artículos de primera necesidad, ganado, enseres y otras materias, sean pedidas directamente a este Consejo que cumplirá racionalmente con las posibilidades de la región, desautorizando, por lo tanto, enérgicamente los hechos esporádicos realizados por quien sea, en esta materia, de no darse un caso de extrema urgencia que imposibilite la tramitación natural al respeto, que este Consejo exige de todos; y

»Segundo: Que las columnas antifascistas no deben ni pueden inmiscuirse en la vida político-social de un pueblo que es libre por esencia y por propia personalidad.23»

23. Peirats, Op. cit., t. I, pág. 213.

Las dos principales preocupaciones del Consejo quedan resumidas en los puntos arriba mencionados: la necesidad evidente de una coordinación no sólo económica, sino también militar (armamento, abastecimiento de las columnas, por ejemplo, a los que hacen alusión otros «considerando» de la proclamación) y la necesidad no menos evidente de la autonomía, de la libertad de cada comuna libertaria —y más generalmente de cada pueblo— que se auto-organiza en el marco general —y complejo— de la revolución y de la guerra. Y puesto que me he permitido tan severas críticas hacia los dirigentes anarquistas, bien puedo reconocer ahora que el Consejo de Aragón respetó la autonomía de las comunas y la diversidad de sus experiencias revolucionarias. En ningún momento Joaquín Ascaso se mostró como el virrey regional, el déspota y el ladrón presentado por la propaganda comunista. En cuanto a los problemas de coordinación y a las exigencias de la guerra, las tesis contrapuestas son hasta tal punto partidistas que es difícil formarse una opinión, objetiva sobre ellos. Las comunas libertarias proliferaban en Aragón y transformaron profundamente la vida de los obreros y de los campesinos pobres, de los comerciantes y de los artesanos (aun cuando a veces se seguían conservando y consolidando algunas estructuras retrógradas; por ejemplo, ya comenté la ambigüedad, cuando menos, del salario familiar y de la discriminación salarial respecto al trabajo de las mujeres), pero es difícil decir hasta qué punto el Consejo de Aragón colaboró en estas transformaciones, ni si ha sido un factor esencial en la revolución social en Aragón o si, por el contrario, al proporcionar servicios para la coordinación entre comunas, ha sido una especie de escudo simbólico de las experiencias que aprobaba sin desempeñar en ellas un papel importante.

Sea como fuere, una vez formado el Consejo, Ascaso se fue a Madrid, para que lo reconociera el Gobierno central. A pesar de la opinión de los comunistas que querían volver a la administración política «legal» —gobernador civil y consejos municipales que habían sido sustituidos por el Consejo y los Comités revolucionarios locales— Largo Caballero, entonces Primer Ministro, aceptó reconocer el Consejo a condición de que estuvieran representados en él todos los partidos del Frente Popular. Ascaso aceptó y el Consejo, reorganizado en diciembre, se compuso de 7 miembros de la CNT-FAI y 7 miembros de otras organizaciones (PC, UGT, republicanos y un miembro de Partido sindicalista). Pero los anarquistas, mayoritarios en la región, continuaban «dominando» el Consejo.

Después de las «jornadas de mayo», en el ímpetu de la gran ofensiva por el retorno al orden burgués, los comunistas y los socialistas de derechas decidieron liquidar el Consejo de Aragón, las comunas libertarias (que eran el principal objetivo) y la relativa autonomía de esa región

«Las necesidades morales y materiales de la guerra exigen de una manera imperiosa ir concentrando la autoridad del Estado, de suerte que pueda ser ejercida con unidad de criterio y de propósito ( ... ). La región aragonesa, capaz por el temple de sus hombres de las más altas contribuciones humanas y económicas a la causa de la República, padece con mayor rigor que ninguna otra los efectos de la dispersión de la autoridad, de donde se sigue un daño a los intereses generales e ideológicos. 24» Estas reveladoras líneas han sido sacadas del Decreto de disolución del Consejo de Aragón, que fue sustituido por un Gobernador civil, el republicano Mancetón, compañero de viaje del PC —los Comités Revolucionarios fueron sustituidos, aquí como en Cataluña, por los Consejos Municipales que, por supuesto no fueron elegidos.

24. Idem, Op. cit., t. II, pág. 277.

Pero el Gobierno nunca se hubiera atrevido a anular de un plumazo el Consejo. Para hacerlo fue necesaria una nueva conspiración contrarrevolucionaria que consistió en invadir militarmente Aragón, bajo pretextos muy falaces (descanso de las tropas, maniobras militares, etc.) para que, cuando apareciera el Decreto en el Diario Oficial (el 10 de agosto de 1937 —o el 11, los historiadores no están de acuerdo en la fecha)— esas tropas «seguras» ya lo estuviesen aplicando.

Enrique Líster, uno de los jefes militares encargados de esta operación, con ese tranquilo cinismo que da la tontería, reveló algunos detalles de esa conspiración, en sus Memorias.25

25. E. Líster, Nuestra Guerra, Ediciones Ebro, París, pág. 152.

Indalecio Prieto, Ministro de Defensa le convocó en su despacho el 5 de agosto por la mañana.

«Me explicó que el Gobierno había decidido disolver el Consejo de Aragón, pero que temía que los anarquistas se negasen a obedecer a esa orden y, como además de las fuerzas de policía del Consejo, tenían también tres Divisiones del Ejército, había propuesto al Consejo de Ministros, y este último lo había aceptado, enviar allá una fuerza militar capaz de permitir el cumplimiento de esa decisión gubernativa ( ... ). Me declaró que no habría ninguna orden escrita para la misión que me encargaban, ni comunicados sobre el cumplimiento de la misma, que se trataba de un secreto entre el Gobierno y yo, que debía liquidar sin dudarlo y sin ningún procedimiento burocrático o legalista, a todos aquellos que estimara necesario liquidar (subrayado por mi [C.S.-M.]) y que tenía detrás de mí a todo el Gobierno.26»

26. Algunas páginas más adelante, Líster aparenta enfadarse por la actitud de Prieto que le reprochaba públicamente su brutalidad durante esa operación de limpieza. ¿Por qué se indignaba? ¿Acaso Prieto no le había explicado muy claramente los términos del acuerdo secreto: «Haga lo que quiera, nosotros le cubrimos, pero oficialmente no sabemos nada...»? (Observemos de paso que E. Líster es uno de los líderes de una escisión del Partido Comunista, que reprochaba a la dirección D. Ibarruri-Carrillo sus críticas «anti-sovíéticas» respecto a la intervención en Checoslovaquia. Líster y los suyos han formado un segundo partido comunista: el P.C.O.E.)

Líster y los demás comandantes «leales» se lanzaron alegremente a la represión.

«Inmediatamente, la 11.ª división del comandante comunista Líster ( ... ) pasó a la acción contra los Comités y las Colectivizaciones, cuya disolución reclamaba unánimemente la prensa del Frente Popular. El periódico del Consejo, “Nuevo Aragón”, fue suprimido y sustituido por el comunista “El Día”. Los Comités locales fueron sustituidos por Consejos Municipales, instalados por las tropas de Líster. Los locales de la CNT y de las organizaciones libertarias fueron ocupados militarmente y luego cerrados. Numerosos dirigentes fueron detenidos y entre ellos Joaquín Ascaso, el 12 de agosto acusado de «contrabando» y de «robo de joyas». El 18 de septiembre, aprovechando un sobreseimiento, fue puesto de nuevo en libertad. Por esa fecha, el objetivo había sido alcanzado, el último poder revolucionario había sido definitivamente liquidado.27»

27. Broué y Temime, Op. cit., pág. 280.

César M. Lorenzo observa:

 

«¿Iban a caer sobre las tropas comunistas las divisiones confederales asentadas en el frente de Aragón (las divisiones 25.ª, 26.ª y 28.ª, sin contar los restos de la 29.ª división, ex-poumista, que habían sido colocadas bajo las órdenes del libertario Miguel García Vivancos)? Los soldados lo deseaban ardientemente, pero el CN de la CNT y el CP de la FAI, intervinieron para impedir que desencadenaran una nueva guerra civil; les pidieron que siguieran teniendo paciencia y que no hicieran nada sin el consentimiento de la Organización, porque un acto de desesperación podría entregar rápidamente la zona republicana a Franco. Por lo tanto, las tropas confederales no se movieron.28»

28. Lorenzo, Op. cit., pág. 306.

«En cuanto al CN de la CNT y al CP de la FAI, su actitud pasiva se explicaba en la medida en que se desinteresaban por un organismo que se había constituido sin su autorización y a despecho de la disciplina interna; también se explicaba porque deseaban volver a colaborar con Negrín y por lo tanto no querían provocar ningún conflicto grave que pudiese envenenar las relaciones.29»

29. Ibid., pág. 207.

Sin darse cuenta, Lorenzo (cuyo libro tiende a demostrar que los anarquistas españoles estaban tan capacitados como cualquiera para convertirse en una burocracia política «responsable») hace aquí una crítica a la dirección CNT-FAI.

Evidentemente, tanto en Aragón como en Cataluña, o en cualquier otro sitio, todas las medidas revolucionarias realizadas por las masas anarquistas, se hicieron sin «su» autorización y a despecho de la disciplina interna.

Cogidos por sorpresa y «traicionados» por sus dirigentes nacionales (pues los otros estaban detenidos, las masas no opusieron una verdadera resistencia al «putch» militar que les arrancaba su autonomía. Una represión sangrienta se abatió sobre el Aragón ocupado y lo único que se puede decir a favor de los dirigentes de la CNT-FAI es que, gracias a su intervención junto al Gobierno, evitaron que muchos líderes anarquistas locales fueran fusilados. Hubo sin embargo cientos de detenciones y una nueva carretada de «desaparecidos».

«Pero la acción de las fuerzas militares comunistas, no tardó en evidenciar el alcance de la catástrofe. Aragón quedaba arruinado económicamente por el paso del ejército; los campesinos ya no sabían de quién fiarse; los colectivistas, desposeídos se negaban a trabajar como antes para los propietarios, las tropas confederales estaban desmoralizadas, miles de hombres se habían refugiado en Cataluña. El ministro comunista de Agricultura, Vicente Uribe, tuvo que dar marcha atrás y tolerar nuevamente las colectividades, porque había que salvar la cosecha. Y, como testimonio sobrecogedor de la fuerza del colectivismo agrario aragonés, los campesinos reconstruyeron casi todas las Colectividades, y los anarquistas fueron liberados y empezaron a recuperarse. Después de haber estado al borde de una guerra civil, después de haber arruinado a Aragón, irritado (¿?) a las divisiones confederales, matado a centenares de hombres, el gobierno, sometido al control comunista, soltaba lastre.30»

30 Ibid., pág. 309-310. Véase también Daniel Guérin, l'Anarchisme, y G. Munis, Jalones de Derrota.

 

 *        *       *

 

Ya está. El orden quedaba restablecido. El nuevo orden republicano se hacía cada vez más autoritario. La fachada «democrática» se había desmoronado, llevándose consigo las ilusiones de todos los que habían soñado para España un régimen de «justicia y libertad», una República parlamentaria, tolerante, pero eficaz. El nuevo Estado tenía una evidente vocación totalitaria, ultracentralista, represiva. La única fisura en el montaje de este hermoso edificio era la lucha entre las diversas fracciones burocráticas, pues ninguna, conseguía imponerse del todo a las demás.

En Cataluña, después de la cantidad inmensa de decretos que hasta ese momento habían quedado en «papel mojado», la policía procedió finalmente al «desarme de la retaguardia», es decir, a desarmar a los obreros. En Cataluña —como ya dije— el Orden Público estaba ya bajo la «responsabilidad» del Gobierno central. Las libertades democráticas de palabra, prensa y reunión, habían sido brutalmente liquidadas; ya no sólo eran el POUM y los grupos «extremistas» de la CNT-FAI quienes tenían que actuar en la clandestinidad, toda la actividad política, estaba sometida a un riguroso control: las reuniones sindicales debían ser autorizadas por el delegado de Orden Público, después de haberlo solicitado por lo menos tres días antes. Una nueva legislación (creada por el mismo Decreto del 23 de junio de 1937 que «reorganizó» a los tribunales) estableció una vasta serie de delitos políticos que permitían perseguir prácticamente a todo el mundo:

«La definición del delito de espionaje y altra traición» era lo suficientemente extensa como para permitir la utilización de esta arma terrible contra todo oponente, inclusive contra los que no eran fascistas...» (Sobre todo, diría yo, contra los revolucionarios. [C.S.-M.]). En efecto, eran considerados como delitos el hecho de «de realizar actos hostiles a la República, dentro o fuera del territorio nacional», «defender o propagar noticias, emitir juicios desfavorables a la marcha de las operaciones de guerra y a la autoridad de la República», los «actos o manifestaciones que tiendan a debilitar la moral pública, a desmoralizar al ejército o a disminuir la disciplina colectiva». Las penas previstas oscilaban entre seis años de cárcel y la pena de muerte. Y, lo que es una circunstancia agravante, eran las mismas penas tanto para el delito consumado como para «la tentativa y el delito fallido, para la conspiración y la incitación, así como para la complicidad y la protección». El decreto permitía todas las provocaciones y daba a la policía poderes discrecionales, puesto que estipulaba que «quedaban exentos de pena aquellos que, después de haber dado su consentimiento para cometer esos delitos, los denunciaran antes de que fueran realizados».31

31. Broué y Temime, Op. cit., pág. 284-285.

Gracias a esta legislación tan republicana como, por ejemplo, la de los coroneles griegos, se llenaron las cárceles de miembros del POUM y de anarquistas.

Esta brutal restricción a las libertades democráticas también se manifestaba por la intensificación de la censura de prensa y publicaciones. Se ha visto que la censura, aunque teóricamente estaba limitada a las informaciones de índole militar, en realidad, hacía estragos desde varios meses antes, para alcanzar, bajo el Gobierno Negrín, las delirantes características de los regímenes totalitarios. Sólo daré un ejemplo: «El 14 de agosto, una circular prohibió toda crítica al Gobierno ruso: “Con una insistencia que permite adivinar un plan preciso, destinado a ofender a una nación excepcionalmente amistosa, creando así dificultades al Gobierno, diversos periódicos se han ocupado de la URSS de una manera inadmisible... Esta licencia absolutamente reprobable no debería ser admitida por el Consejo de Censores. El periódico que no se pliegue será suspendido indefinidamente, aun si ha sido censurado; en este caso se presentará ante el Tribunal Especial encargado de los crímenes de sabotaje (!)”».32

32. Ibid., pág. 285-286.

Desde el 18 de junio de 1937, el Gobierno central se otorgó el monopolio de las estaciones de radio y se había apoderado de las emisoras utilizadas hasta ese momento por las centrales sindicales y los partidos políticos.

Paralelamente, a esta operación que consiguió meter en cintura a la opinión, reduciendo a la nada cualquier posibilidad de crítica (pero que no impedía que las diversas fracciones burocráticas se entregasen a una lucha que muchas veces fue sangrienta, hasta el momento mismo de la derrota militar) las propias organizaciones ponían orden en sus filas. Largo Caballero y los socialistas de izquierdas que no se habían agrupado bajo las banderas de la «entente cordial» del Gobierno Negrín, fueron apartados de los puestos de responsabilidad. Las escasas tentativas de rebelión por parte de algunos sectores de la JSU (influenciados por los «caballeristas») fueron aplastadas.33 La CNT-FAI no sólo expulsó de su seno a los «Amigos de Durruti» sino que también, algunos líderes como Abad de Santillán que reclamaban un «viraje a la izquierda» de la organización, fueron apartados de toda responsabilidad. La mayor parte de los Comités de «base» contestatarios, fueron metidos en cintura, especialmente entre las Juventudes Libertarias.

33. Sobre la JSU, véase la nota 14, pág. 362.

Dentro de la lógica del Estado fuerte, de la «unidad de mando», el Gobierno central acabó con la autonomía de que gozaba Cataluña. Tanto en el ámbito militar, del Orden Público como en el ámbito financiero o industrial, la Generalitat se vio paulatinamente despojada de todo poder efectivo. Los ministros catalán y vasco del Gobierno central (Ayguadé e Irujo) dimitieron en agosto de 1938, como protesta por la liquidación efectiva del pluralismo nacional ibérico, que había sido presentado como una de las conquistas democráticas de la República y del Frente Popular. A la vista de todas estas medidas, centralizadoras y autoritarias se podría pensar que la «identificación con el enemigo» rebasaba en la realidad el marco estrictamente militar, como si la mística del Estado fuerte hubiese ido impregnando progresivamente a los «defensores de la democracia».

Por lo que respecta a las colectivizaciones, la ofensiva del nuevo Estado crecía paralelamente a todas las medidas autoritarias de las que acabo de hablar. Las colectivizaciones (véase el capítulo sobre las mismas), a pesar de haber sido declaradas ilegales justo después de las «jornadas de mayo» por el Gobierno Negrín, no desaparecieron. Ante esta resistencia, a veces pasiva pero siempre encarnizada, el Gobierno multiplicó las amenazas, los decretos y las medidas de intimidación, para acabar con el escándalo de los escándalos para cualquier tipo de Poder: la autonomía y la autogestión obreras. Todos los decretos (siendo el del 11 de agosto de 1938 el más draconiano de todos) tendían a militarizar la industria. El pretexto era el mismo de siempre: las necesidades de la guerra. Para ello, el Gobierno central se encargó directamente de la dirección de la industria metalúrgica, las minas, transportes, etc., de Cataluña. Esta labor era realizada por un ejército de burócratas, casi siempre totalmente ignorantes de los problemas técnicos y otros de la producción, pero habían sido nombrados para esos puestos de control por su fidelidad política al Gobierno Negrín. Para no repetir lo que ya he dicho en el capitulo sobre las colectivizaciones, me limitaré a recordar la tenaz resistencia de los trabajadores a todas esas medidas burocráticas. Por otra parte, esa resistencia no la manifestaban en el hecho de que se negasen a fabricar las armas, los tanques, los aviones, encargados por el Gobierno, al contrario, los trabajadores criticaban la ineptitud de las autoridades y su lentitud en proporcionar las materias primas indispensables para aumentar la producción del material de guerra. Esta incapacidad era tal que algunas fábricas tuvieron que detener su trabajo durante semanas, por ausencia de materias primas, que se habían perdido en los meandros del papeleo burocrático. Su resistencia la manifestaban ante todo por su negativa a convertirse en simples ejecutantes de un proceso productivo, que estaba siendo dirigido burocráticamente por las autoridades estatales. La CNT, que seguía siendo muy fuerte en Cataluña, al verse a su vez desposeída de su papel directivo, hizo causa común con los trabajadores en muchas ocasiones, pero en otras se erigió en intérprete de las decisiones gubernativas ante los trabajadores.

Las colectividades agrícolas de Cataluña también tuvieron que soportar, como las de Aragón, una ofensiva en toda la regla. Los antiguos propietarios, alentados por la nueva política gubernativa recurrieron a los tribunales para que se les restituyeran las tierras «ilegalmente» confiscadas por los campesinos. Y a veces lo consiguieron. Tanto en la agricultura como en la industria, fue la relación de fuerzas la que determinó siempre la aplicación total de las medidas anticolectivistas gubernativas. Si en determinado pueblo la colectividad gozaba del apoyo de la mayoría de la población, y estaba rodeada de otras Colectividades agrícolas igualmente bien implantadas y defendidas por la CNT, las autoridades gubernamentales vacilaban en hacer una demostración de fuerza y en ese caso las recriminaciones de los antiguos propietarios quedaban sin efecto. Pero también sucedía lo contrario. En la industria pasaba lo mismo; la resistencia de los trabajadores obligaba al nuevo director y a los organismos tutelares a realizar concesiones importantes. Esta lucha sorda persistió hasta la derrota militar. Si los republicanos hubiesen ganado la guerra, el conflicto habría reaparecido indefectiblemente: si era la guerra la que supuestamente exigía la centralización, la disciplina, y el Estado fuerte, una vez acabada, los trabajadores, habrían exigido no sólo volver a la autogestión, sino además profundizarla y extenderla. Pero como, naturalmente no era la guerra el único motivo de que la burocracia rechazara la autogestión, entonces habrían tenido que intentar aplastar por la fuerza una de las más extraordinarias aventuras de nuestro tiempo.

 

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El elemento irrisorio que hay en todas las cosas aparece de modo pasmoso en la historia contemporánea de España, puesto que el franquismo ha sido quien ha realizado el programa comunista: es decir, la «revolución burguesa». Desde luego, cual la hija enclenque de unos viejos sifilíticos, esta revolución burguesa, tardíamente nacida, no tiene, como sus hermanas extranjeras, el brillo de un renacimiento cultural y social, el incremento de las libertades democráticas (en relación con el pasado) el retroceso de los prejuicios ancestrales (especialmente los religiosos), etc. Es una revolución burguesa de «derechas», que ha realizado la industrialización del país, el aumento de la producción y del nivel de vida, la regresión del peso de la agricultura sobre la economía, sin olvidar el consumo relativamente masivo de televisores, automóviles, etc., bajo la férula de un Estado fuerte y la losa de plomo de los tabúes y de los mitos del orden moral nacionalista. Para emplear la jerga de los epígonos marxistas, se ha creado la base económica de la revolución burguesa aun cuando las superestructuras políticas no parezcan «pegar» con su simplista visión. Es por esto precisamente por lo que los «marxistas» españoles continúan negando la importancia del desarrollo económico realizado en España bajo el franquismo. Cuando no se puede resolver un problema, siempre cabe negarlo.

La España de hoy es diferente a la de 1936. Diferentes el paisaje económico y social y la mentalidad de gran parte de las clases dirigentes. Diferentes son también la industria y la agricultura, la Universidad y sus problemas, la Familia y los suyos (hasta la misma Iglesia, por lo que parece, tiene los suyos), etc.

Los partidos y las organizaciones políticas de oposición han resistido muy mal el desgaste producido por el exilio; todos ellos están sacudidos por las crisis, pero no son crisis de renovación sino de estancamiento. La «nueva oposición del interior» ha desaparecido prácticamente o se ha integrado a la antigua, sin renovarla.

El proletariado, que ha sido verdaderamente —y no ideológicamente— el protagonista de las experiencias revolucionarias que hemos analizado, también ha cambiado. El proletariado agrícola, tan importante en aquella época, está ahora en «vías de desaparición», cosa que no sucede sin dramas, como se sabe. Y la clase obrera está en vías de integración, como en toda Europa, lo que no quiere decir que no haya huelgas —como en toda Europa— o que no se luche por unos «sindicatos libres» (sindicatos que sean unos instrumentos de integración mejor adaptados a esa nueva etapa de «democratización» que mucha gente sueña para el post-franquismo). En este sentido la revolución española ha sido, sin duda alguna, el último ejemplo de actividad específicamente proletaria, autónoma y revolucionaria (velase el anexó 2, página 348).

Esta visión «pesimista» no quiere en modo alguno decir que la sociedad española sea una sociedad sin conflictos. No hay sociedad sin conflictos y España no escapa a esta evidencia. Quiere decir, simplemente, que los conflictos se sitúan y se presentan de un modo diferente en muchos sentidos. La sociedad española se va convirtiendo, no sin esfuerzo —como por otra parte ha ocurrido o está ocurriendo en todas partes— en eso que se llama una «sociedad industrial» y los conflictos a los que tendrá que enfrentarse serán los conflictos modernos de las sociedades industriales. Lo que no excluye, sino todo lo contrario, que reaparezcan y a veces de un modo violento, los conflictos arcaicos.

¿Y las «perspectivas revolucionarias»? Porque el análisis de una revolución, tan profunda como ésta, que ha sido aplastada por las fuerzas «objetivamente» coaligadas del viejo mundo, nos remite al concepto mismo de revolución, tal y como se entiende hoy día. No me hago ilusiones: para unos, el relato de esta «derrota» les reforzará en su crítica al «espontaneísmo», mientras que otros se estancarán en el pantano simbólico, de la repetición.

Sin embargo, todas las revoluciones «triunfadoras» que se dicen procedentes —antes, durante, o después del marxismo-leninismo, han producido monstruos, dictaduras de la estupidez y de la policía, pesadas maquinarias de explotación y alienación de los individuos, donde hasta los problemas económicos —que hasta hace muy poco se citaban como la clave del éxito de los llamados países socialistas— han sido mal resueltos o no lo han sido en absoluto, donde la producción, desde el punto de vista cualitativo es tan absurda como en los demás países, mientras que desde el punto de vista cuantitativo, es menor. Sin embargo, todos aquellos que quisieran hacer algo, por ejemplo, en España para liberar a la sociedad del enorme peso del orden nacionalista y clerical, se tropezarán con las ruinas del marxismo-leninismo —que sigue pringando las organizaciones y los cerebros. También hay que precisar que todas las revoluciones de signo libertario, como la que hemos relatado aquí, han sido aplastadas. Esto plantea de todos modos algunos pequeños problemas respecto a la gran idea del siglo XIX, según la cual la revolución en un gran movimiento entusiasta, acabaría en pocos días —o en pocos meses— con la injusticia y la explotación capitalista para originar la «buena sociedad» sin clases.

No obstante —mucho antes que en la Cataluña de 1936 y mucho después: Mayo del 68, por ejemplo—, el hilo rojo de la revolución libertaria, antijerárquica, autogestionadora, estalla aquí o allá, es hoy como ayer aplastado, renace de sus cenizas, y este movimiento profundo, irrecuperable, invencible, irreductible, aunque algunas veces cambia los rasgos —o tics— de su rostro, en cuanto a lo esencial —el derecho de los individuos a disponer de sí mismos—, permanece idéntico a lo largo de toda la historia contemporánea. Este movimiento es para mí el único verdaderamente revolucionario, que ningún poder o jefe supremo —de «izquierdas» o de «derechas» conseguirá jamás dominar definitivamente. Si es verdad que hay que reinventar la revolución —como yo pienso—, sólo podrá hacerse a partir de ese movimiento, o mas bien, será ese movimiento —sin jefes, ni partidos ni banderas— quien, tal vez, la reinvente.


 

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